Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-00459-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-00459-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2011-00459-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
12 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 05001233100020110045901 (59258)
Actor: Aceros y Concretos S.A
Demandada: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
Acción: Controversia Contractual
Temas: CARGA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO – debe contener claros motivos de
disenso contra el fallo recurrido – No se cumple con la mera expresión de afirmaciones
genéricas y vagas que no confronten la razón de la decisión de primera instancia
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
por medio de la cual se inhibió para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
La controversia versa sobre el presunto rompimiento del equilibrio económico que se
habría generado en el contrato de obra pública No. 547 celebrado el 19 de diciembre
de 2007 entre la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU y la sociedad Aceros y
Concretos S.A. El Tribunal se declaró inhibido para fallar de fondo la cuestión porque
no se pretendió la nulidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente el
referido contrato.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 8 de febrero de 20171, en la
que el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió (se transcribe literalmente,
incluso, con errores):
“PRIMERO. De Oficio, SE DECLARA PROBADA la excepción de INEPTA
DEMANDA y, en consecuencia, SE INHIBE para pronunciarse sobre el fondo
del asunto, de conformidad con las consideraciones que anteceden.
SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS.
TERCERO. SE RECONOCE personería al abogado Víctor Andrés Gómez
Angarita, para representar los intereses de la sociedad ERJAR Y CIA S.A., en
los términos y para los efectos del poder conferido visible a folio 2212.
CUARTO: SE RECONOCE personería a la abogada Paola Alexandra Leal
Sánchez, para representar los intereses de la Empresa de Desarrollo Urbano -
EDU- en los términos y para los efectos del poder conferido, visible a folio 2215.
QUINTO: Ejecutoriada esa decisión, ARCHÍVESE el expediente”.
1 Folio 2221 a 2231 del cuaderno del Consejo de Estado.
Radicación: 05001233100020110045901 (59258)
Actor: Aceros y Concretos S.A
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
Acción: Controversia Contractual
2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada el 21 de febrero de 20112
por la sociedad Aceros y Concretos S.A (en adelante, la sociedad, la contratista o la
demandante), en contra de la Empresa de Desarrollo Urbano (en adelante la EDU,
la contratante o la demandada), cuyas pretensiones y principales fundamentos de
hecho y de derecho son los siguientes:
Pretensiones
3. La demandante solicitó que se hagan las siguientes declaraciones y condenas
(se transcribe literalmente, incluso, con errores):
“PRIMERA. Que, por las razones alegadas en este escrito y que sean
demostradas en el curso de este proceso, se declare que durante la ejecución
del contrato Nro. 625 de 2006, cuyo objeto fue definido como la ‘Construcción
del puente peatonal de la carrera 48 A sobre la quebrada Juan Bobo y obras
complementarias, ubicado entre los barrios Andalucía y Villa del Socorro’, se
presentó un desequilibrio económico en contra del Contratista, la sociedad
ACEROS Y CONCRETOS.
SEGUNDA. Que, la Empresa de Desarrollo Urbano es responsable de
restablecer dicho equilibrio a un punto de no pérdida y de pagar la utilidad a que
tiene derecho el Contratista, de acuerdo con el Contrato.
TERCERA. Que, como consecuencia, se condene a la EDU a pagar las sumas
de dinero que sean demostradas en el proceso.
CUARTA. Que como consecuencia, se condene a la Empresa de Desarrollo
Urbano a resarcir a la parte demandante los perjuicios que sean demostrados en
el curso de este proceso.
QUINTA. Que las sumas líquidas establecidas en la Sentencia produzcan
intereses en la forma que determine la Ley.
SEXTA: Que se condene a la Empresa de Desarrollo Urbano a pagar las costas
del proceso y las agencias en derecho y se ordene la repetición de las sumas de
dinero que tenga que pagar la Entidad demandada en cabeza de quienes sean
responsables”.
Hechos
1. Después de hacer alusión a aspectos asociados con la celebración, el objeto
y demás términos del contrato de obra pública No. 547 de 2007, la parte demandante
afirmó, como fundamento de sus pretensiones, que la ecuación financiera se alteró.
Para estos efectos adujo que:
(i) el contrato se debió ejecutar en un mayor tiempo al previsto inicialmente, lo
que generó una menor facturación;
(ii) las modificaciones en diseños generaron que se aumentaran muchos ítems y
que los que representaban un mayor valor no se desarrollaran;
(iii) a pesar de que se ejecutaron obras extras, algunas de ellas no se pagaron
porque no se midieron o las partes no concretaron sus precios;
2 Folio 1715 al 1756 del cuaderno 1.
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Actor: Aceros y Concretos S.A
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
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(iv) respecto de algunas obras no se aceptó su calidad;
(v) los costos de acarreos de materiales no pudieron incluirse en la oferta; y,
(vi) se tuvieron que hacer sobre excavaciones por causas no atribuibles a la
sociedad.
La contestación
2. La demanda fue contestada por la EDU3, entidad que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones con base en que no era la legitimada para responder
por los hechos que se le endilgaban, en tanto había obrado como mandataria del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Con todo, alegó que en los pliegos de
condiciones que precedieron a la celebración del contrato se indicó que las
cantidades de obra eran aproximadas y que, por tanto, podían aumentar o disminuir,
lo cual se explicaba en razón de las condiciones del terreno en el que se debía
ejecutar la obra. Afirmó que, de conformidad con ello, a la contratista se le pagó lo
que efectivamente ejecutó. Finalmente, señaló que la EDU actuó de buena fe y
cumplió todas sus obligaciones.
3. En escrito separado, la demandada llamó en garantía a los integrantes del
consorcio Prodiseños –conformado por ERJAR y CIA S.A y Proyectos Civiles en
Construcción y Consultoría de Colombia S.A.S– que desarrolló la interventoría del
contrato No. 547 de 2007, a la compañía Seguros que amparó su cumplimiento y al
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Mediante auto del 27 de septiembre de 20134
el Tribunal admitió el llamamiento en garantía del consorcio e inadmitió la solicitud de
llamamiento en garantía realizada contra la aseguradora porque no se acreditó la
existencia de una relación legal o sustancial para hacer el llamamiento y en contra del
Área Metropolitana porque, según el proveído, el llamamiento se formuló contra su
representante como persona natural y no en contra de la entidad pública5.
3.1. Los integrantes del Consorcio Prodiseños se pronunciaron para manifestar que
el llamamiento no cumplía con los requisitos exigidos por la ley para su procedencia
porque en la solicitud no se hizo referencia a un nexo causal que vinculara a los
llamados en garantía con los hechos que se imputaron a la EDU, el cual, afirmaron,
no existe. Con todo, mencionaron que se adherían a lo expresado por la EDU en la
contestación de la demanda que demuestra la diligencia, pertinencia y actuación y
profesional de la interventoría6.
Alegatos en primera instancia.
4. Surtido el debate probatorio7, mediante auto del 1º de junio de 2015 se ordenó
dar traslado a las partes por el término de diez días para presentar sus alegaciones
3 Visible a folios 149 a 172 del c.1.
4 Folio 1918 a 1921 cuaderno 1
5 Contra esta decisión de interpuso recursos de reposición, el cual se rechazó por extemporáneo (folio 2103,
cuaderno 1).
6 Folios 1972 a 1984 y 2057 a 2071, cuaderno 1.
7 A través de auto del 11 de julio de 2014 se decretaron las siguientes pruebas (folio 2104 y 2105 cuaderno 1):
(i) las documentales aportadas con la demanda, (ii) se ordenó oficiar a la EDU para que aporte la información
relacionada con el proceso de selección, el contrato y la correspondencia existente entre la entidad y el
interventor durante la ejecución del contrato de obra (de lo cual obra constancia en el folio 2106 del cuaderno 1
y la respuesta que obra a folios 2117 a 2118 del cuaderno 1), (iii) se decretó dictamen pericial para evaluar los
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Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
Acción: Controversia Contractual
finales8. Las partes y los llamados en garantía se pronunciaron en esta oportunidad
para insistir en sus argumentos9. El Ministerio Público guardó silencio.
Los fundamentos de la sentencia de primera instancia
5. Como sustento de su decisión, el Tribunal expresó lo que la Sala se permite
resumir a continuación:
5.1. De manera preliminar advirtió que la demandante no se refirió a la liquidación
del contrato, ni aportó el documento que la contiene a pesar de que fue requerido
mediante auto del 9 de febrero de 2012 para tales efectos 10 y que tampoco la
demandada ni los llamados en garantía hicieron mención al respecto. Señaló que,
no obstante, en los anexos del dictamen pericial que se practicó a petición de la
sociedad se adjuntó la Resolución No. 763 del 15 de septiembre de 2010 “Por medio
de la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 547 de 2007”, la citación para
proceder a la notificación personal del contrato con constancia de envío y recibido y
el edicto mediante el cual se notificó finalmente la decisión11.
5.2. Dijo que como de tales documentos, junto con el dictamen pericial12, se corrió
traslado a las partes, la experticia como sus soportes se incorporaron al proceso y
las partes los tuvieron a su disposición para ejercer la contradicción; sin embargo,
ninguna de ellas cuestionó su autenticidad, por lo cual debían ser valorados, ejercicio
que condujo a afirmar que, a pesar de la conducta procesal asumida por las partes
que no se pronunciaron en relación con ese documento, se arribaba a la conclusión
de que el contrato No. 547 de 2007 se liquidó unilateralmente a través de Resolución
No. 763 del 15 de septiembre de 2010, la cual fue notificada por edicto, hecho que,
a su vez, imponía la necesidad de determinar si dicho acto administrativo era
oponible a la contratista y si, por ello, debió demandarlo para lograr sacar avante sus
pretensiones.
5.3. Al desarrollar el referido análisis, concluyó que la notificación de la Resolución
No. 763 se hizo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo (en adelante, CCA), en tanto, primero, a través de correo
certificado que indica que fue recibida el 5 de noviembre de 2010, se envió citación
perjuicios alegados por la parte actora (el dictamen y sus soportes obran en el cuaderno denominado anexo 1.
A través de auto del 20 de abril de 2015 se corrió traslado del dictamen. Se pronunció la demandada -que lo
objetó por error grave- y las llamadas en garantía –que pidieron aclaración que se rechazó por extemporánea–.
La demandante guardó silencio, pero fundó sus alegatos de conclusión en el dictamen), (iv) se ordenó que se
tuvieran como prueba los documentos relacionados y aportados con la contestación de la demanda, (v) se
decretaron los testimonios solicitados por la EDU (según constancia que obra a folio 2120 del cuaderno 1, en el
día y hora fijados para la recepción de los testimonios no se hicieron presentes ni los testigos ni los apoderados).
folio 2158 y 2159 cuaderno 1
8 folio 2158 y 2159 cuaderno 1
9 Folios 2160 a 2163, 2164 a 2181 y 2185 a 2211, cuaderno 1.
10 A través de auto del 9 de febrero de 2012 se inadmitió la demanda para que se aportara el acta de liquidación
del contrato para determinar si la demanda se había presentado en tiempo (folios 1757 y 1758, cuaderno 1). A
través de auto del 3 de mayo de esa misma anualidad el Tribunal admitió la demanda, con fundamento en que,
si bien no había sido corregida, lo cierto era que la caducidad de la acción podía determinarse al momento de
emitir el fallo (folios 1758 -numeración repetida - y 1759).
11 En el dictamen la perito indicó que con el fin de realizar el trabajo examinó detalladamente la documentación
arrimados al proceso y realizó dos visitas de campo a las instalaciones de la compañía Aceros y concretos con
el fin de profundizar en lo solicitado, por lo tanto se adjuntan al los anexos relacionados en la pericia, entre ellos
se encuentran los documentos a los que hizo alusión el Tribunal (folio 2, anexo 1).
12 Auto del 20 de abril de 2015, folio 2139, cuaderno 1.
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al representante legal de la demandante a la dirección reportada en el certificado de
existencia y representación, la misma a la que se hizo alusión en las diferentes
comunicaciones que esa sociedad presentó ante la EDU y que informó en la
demanda para efecto de las notificaciones del proceso; luego, ante la inasistencia
del representante legal a notificarse personalmente del acto administrativo, se hizo
la notificación por edicto que se fijó 16 de noviembre de 2010 y se desfijó el día 29
de esas mismas calendas.
5.4. Con base en lo anterior, concluyó que el acto administrativo fue notificado en
debida forma antes de la presentación de la demanda y, por tanto, le era oponible a
la contratista13, la que para lograr la prosperidad de sus pretensiones de
incumplimiento y evitar que se profiriera un fallo inhibitorio, debió demandarlo.
5.5. Coligió, entonces, que no era procedente discutir sobre el incumplimiento y/o
rompimiento del equilibro económico del contrato No. 547 de 2007 haciendo
abstracción de la existencia de un acto administrativo de liquidación unilateral que
fue debidamente notificado y del cual no obra prueba en el expediente que hubiere
sido desvirtuado, lo que imponía que se debiera declarar la ineptitud sustantiva de la
demanda.
I. EL RECURSO DE APELACIÓN
6. En el texto de recurso, la demandante señaló que, al margen de lo que refirió
en relación con la nulidad que solicitó fuera declarada para que se le diera
oportunidad de reformar su demanda e incluir entre sus pretensiones la de nulidad
de la Resolución No. 763 del 15 de septiembre de 2010 por medio de la cual se
liquidó unilateralmente el contrato14, lo cierto era que debía primar la realidad sobre
las formas.
7. Después de realizar la anterior afirmación, citó doctrina referida al artículo 32
de la Ley 80 de 1993 –definición de lo que se debe entender por contrato estatal y
su carácter bilateral–, enseguida transcribió lo que, al parecer, es otra cita doctrinal,
concerniente a los derechos y deberes de las entidades públicas contratantes y de
sus contratistas y, luego, afirmó que a partir de ello se concluía que la contratista
tuvo que acudir a instancias judiciales para que la EDU cumpliera su deber de
restablecer el equilibrio económico del contrato a pesar de haberlo podido evitar,
pero que, en cambio, además de los perjuicios causados, la demandante tuvo que
asumir todos los costos para la presentación de la demanda, así como el tiempo
transcurrido en el proceso, a pesar de que cumplió sus obligaciones contractuales,
entregó la obra a satisfacción y la comunidad se ha beneficiado de ella.
13 Destacó que, de conformidad con lo indicado por la perito, la Resolución No. 763, la citación a la notificación
personal y el edicto se encontraron en las dependencias de la demandante.
14 La solicitud de nulidad fue resuelta a través de auto del 11 de agosto de 2022 (SAMAI, índice 20). En dicho
proveído se indicó que como la petición no cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 143 del C.P.C,
específicamente porque no se indicó la causal de nulidad que se invocaba la misma debía ser rechazada de
plano. Se advirtió que, en todo caso, no se observaba que, por los hechos mencionados por la recurrente se
configurara ninguna causal de nulidad. El auto se notificó por estado del 18 de agosto de 2022 (SAMAI, índice
22), contra el cual o se interpusieron recursos.
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8. Más adelante, citó el artículo 2 Constitucional, refirió que el artículo 13 de la Ley
80 de 1993 autoriza la aplicación supletiva de las normas del derecho común,
mencionó el contenido de los artículos 4 –numeral 8–, 27 y 40 de la Ley 80 de 1993
y seguidamente señaló que en este caso la entidad pública demandada no cumplió
con el deber de restablecer el equilibrio económico del contrato.
9. Seguidamente señaló que el objetivo principal es que se revise que, según lo
acreditan las pruebas que obran en el proceso, durante la ejecución del contrato se
presentaron circunstancias imprevisibles que rompieron el equilibrio económico, por
lo cual se debía dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 228 Constitucional, en
tanto debe existir igualdad jurídica entre las partes, pero en este caso no se da
porque la entidad pública aparece en una situación de superioridad jurídica respecto
de la contratista. Agregó que el principio de inalterabilidad de los contratos no puede
ser mantenido, sino que cede ante el ius variandi que tiene la administración al
introducir modificaciones que son obligatorias dentro de los límites de la
razonabilidad para el contratista.
10. El 7 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el
recurso de apelación15, el cual fue admitido por esta Corporación el 14 de junio de
201716. El 26 de julio de 201717 se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y para que, una vez concluido el término mencionado, se dejara a
disposición del Ministerio Público para que rindiera concepto.
10.1. La demandante se pronunció para señalar que, en aplicación del artículo
228 Constitucional, para decidir el recurso se debía dar aplicación a lo sustancial
sobre lo formal, lo que, afirmó, conducía a concluir que en este caso no se
configuró una ineptitud sustantiva de la demanda que impidiera resolver de fondo las
pretensiones, en tanto éstas se circunscribieron a debatir las actuaciones de la EDU
en el marco del contrato No. 547 de 2007 de las cuales “se desprende que generaría
la anulación de la resolución de liquidación que al parecer fue comunicada a la parte
actora, como de manera diáfana puede extraerse a partir de los supuestos fácticos,
de los fundamentos de violación expuestos en el libelo introductorio y de las
pruebas con sustento en las cuales la parte actora pretende sacar avante sus
pedimentos, vale decir, de la demanda íntegramente considerada”.
10.2. Señaló que como los supuestos fácticos de la demanda y las pruebas se
dirigieron a relatar y demostrar todo lo acontecido desde la celebración del contrato
No. 547 de 2007 y los fundamentos de violación se orientaron a señalar las
irregularidades en las que habría incurrido la demandada en desarrollo de ese
negocio jurídico, así como los perjuicios que se habrían derivado de ello, se debía
deducir que “la parte demandante cumplió con la carga procesal que le imponía el
numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativos -Decreto 01 de
1984- en relación con la obligación de indicar las normas vulneradas y el fundamento
de su violación”.
15 folio 2235 cuaderno Consejo de Estado
16 folio 2339 cuaderno consejo de estado.
17 Folio 2241 cuaderno Consejo de Estado
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Radicación: 05001233100020110045901 (59258)
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10.3. Añadió que la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de
la acción debe partir de un criterio sustancial que en este caso no se observa porque
entender que la acción ejercida fue la contractual derivada del acto de liquidación
unilateral no afecta materialmente el litigio en la medida que no se varía la causa
petendi, además de que no se altera la competencia del juez ni vulnera el debido
proceso.
10.4. La demandada y las llamadas en garantía se pronunciaron para insistir en sus
argumentos de defensa y, adicionalmente, para señalar que las razones en las que
el a quo se basó para expedir un fallo inhibitorio son acertadas. El Ministerio Público
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Consideraciones previas sobre la sustentación del recurso de apelación
11. Para proceder a la determinación de los asuntos que deberían ser resueltos
en esta instancia, la Sala estima necesario detenerse en el análisis de lo que expresó
la sociedad en su recurso de apelación de cara a las razones que fundaron la
decisión que se cuestiona, para establecer si, en verdad, revela razones de
inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para declarar la
ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse para decidir de fondo el asunto.
12. Empieza la Sala por señalar, como ya en otras oportunidades lo ha hecho18,
que el alcance del recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones
judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e
inconformidad generada en curso del proceso, ni puede estar orientado a repetir, sin
razones, el trámite acontecido en la primera instancia, pues, fundamentalmente –
léase esta expresión en términos de garantías constitucionales– busca garantizar el
principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible para
controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento
jurídico.
13. Bajo este análisis, esta Subsección ha reparado en la definición que del
recurso de apelación ha ofrecido la doctrina especializada, al señalar que éste
corresponde a la más importante herramienta de concreción de la regla de doble
instancia, que constituye “ … la forma más civilizada de expresar el descontento
frente a providencias que nos son lesivas y evitar sus efectos … en virtud de ella
será el juez de otra instancia, ad quem, directo superior del juez de la primera
instancia, a quo, quien habrá de decidir la manifestación de inconformidad
presentada por una de las partes, o terceros habilitados por intervenir, contra una
providencia judicial”19.
18 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del 6
de julio de 2022, Exp. 44707, sentencia del 20 de mayo de 2022, Exp. 53800 y sentencia del 6 de julio de 2022,
Exp. 54666.
19 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. “Código General del Proceso”, Segunda Edición, Dupré Editores, Bogotá,
2019. Pág. 802. Tomada de sentencia del 20 de mayo de 2022, Exp. 53800, Subsección A.
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14. En línea con lo anterior, la Sala ha señalado que, si la aspiración de justicia
que subyace al recurso de alzada tiene por finalidad que el superior revise la decisión
de primer grado acusada de ser errática o de romper o lesionar el ordenamiento
jurídico, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos
planteados, qué asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico; razón por
la cual no basta con la simple interposición del recurso, ni resulta suficiente repetir
un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los planteamientos
de la apelación son los que definen los temas objeto de control, de cara a la decisión
judicial que es rebatida20.
15. Instrumentalizando lo anterior, el artículo 212 del CCA, aplicable al sub júdice,
determina que la parte inconforme con la decisión debe interponer y sustentar el
recurso ante al a quo; a su vez, el parágrafo 1 del artículo 352 del C. de P.C.
establece que “… [p]ara la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente
exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia” (se
resalta); y en el artículo 357 de esa misma codificación se prescribe que “[l]a
apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el
superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso
…”.
16. Es así como, reitera en esta oportunidad la Sala, la carga de sustentación que
corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de
disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque
para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme, y menos aún
con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. Lo que la ley impone es que
se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la
providencia, en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión
sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad, a
su juicio, una razón por la que considere que lo fallado en primera instancia no
corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco
al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.
17. En este sentido, es ajeno al recurso de apelación la reiteración de las hipótesis
que se plantearon como punto de partida en la construcción del proceso en primera
instancia, en tanto aquellas luego de haber transitado, en términos generales, por las
etapas probatorias, de contradicción y de alegaciones finales, no pueden volver a
presentarse al ad quem en su estado germinal, es decir, como se postularon al
presentar la demanda, pues ya fueron objeto de comprobación y debate; sino que,
de cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones del fallo, corresponde al
apelante la formulación de una tesis diversa frente a éste, exigencia que, conforme
lo prevé el legislador, se cumple a través de la carga de sustentación, siendo
“suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su
inconformidad con la providencia”, como dispone el artículo 352 del C. de P.C.
20 El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: (i) del 17 de
marzo de 2010, radicación 2009-00045 (36838), (ii) del 9 de junio de 2010, radicación 1997-08775-01(19283), y
(iii) del 14 de mayo de 2014, expediente 31469.
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18. En consecuencia, es claro que le corresponde al apelante confrontar los
argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión,
con sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al ad quem que decida sobre
los puntos o aspectos que se debaten en la segunda instancia; de ahí que la carga
de sustentación tampoco puede entenderse cumplida con la mera expresión de
afirmaciones genéricas y vagas que no confronten la razón de la decisión 21, pues,
aunque sucintas, deben ser suficientes por sí mismas para evidenciar las razones o
motivos que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia resultó
desacertado, en tanto, dado el marco de competencia fijado, al juez de la segunda
instancia no le está dado construir tales motivos de disenso; si lo hiciera, vulneraría
el principio de imparcialidad22 y el derecho al debido proceso de la
contraparte23. Recuérdese que la tarea de confrontación entre los argumentos del
apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta
vía, es la que determina la competencia material del juez de segunda instancia 24,
pues precisamente el tema de decisión a cargo del ad quem queda delimitado, por
regla general, al examen de dos tesis opuestas cuyo enfrentamiento debe ser
desatado.
19. Esta Corporación, de forma reiterada, ha reconocido la relevancia del
cumplimiento de tal exigencia y, en ese sentido, ha señalado que se constituye en
indispensable la indicación de los aspectos que deben ser analizados por el ad quem,
pues, de no ser así, la segunda instancia quedaría desprovista de elementos que
conduzcan a determinar con certeza las razones de inconformidad del apelante
respecto de la providencia apelada –los cuales no pueden ser de construcción del
juez– y, por lo mismo, huérfana de elementos de juicio que permitan revisar la
corrección de la decisión impugnada25, lo que conduce también a resaltar que el
cumplimiento de la carga de sustentación del recurso de apelación no se surte de
cualquier manera, sino que exige que se hagan referencias claras y concretas de
cara a los argumentos que soportaron la decisión que se cuestiona para que el
superior funcional pueda realizar las confrontaciones pertinentes que lo conduzcan
a determinar si la providencia debe o no ser confirmada26.
20. A partir de lo dicho, la Sala reitera que, si se advierte la ausencia de una
sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyos
21 “(…) no puede darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la
admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de
ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, ‘sí hay prueba de los
hechos’ u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad
e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del
apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en s proveído impugnado”. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415. M.P. Humberto Murcia
Ballén.
22 “Cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 13 Superior, impone al juez la obligación de dar
un trato igual a las personas que acuden a la administración de justicia”. Corte Constitucional, sentencia C-450
de 2015.
23 Artículo 29 Constitucional.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de
marzo de 2022, radicación 73001-23-33-000-2015-00512-01 (66390), Consejera Ponente: Marta Nubia
Velásquez Rico.
25 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicación 54001-23-31-000-1998-00289-01 (31469),
Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
26 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia del 4 de septiembre de 2014, Exp. 25001 2324 000 2007 90029 01.
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Radicación: 05001233100020110045901 (59258)
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Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
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fundamentos sean simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación
argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior no le queda una
opción diferente a la de confirmar el proveído apelado27.
21. Precisado lo anterior, y revisado el recurso de apelación se encuentra que, a
pesar de que formalmente se presentó una sustentación, lo cierto es que
materialmente no puede deducirse con claridad un argumento que esté destinado a
debatir las razones que el a quo expuso como fundamento de su decisión, en tanto
lo consignado en el escrito de la impugnación carece de claridad suficiente para
poder desentrañar lo que pretende la demandante en esta instancia.
22. En efecto, mientras el Tribunal fundó su decisión en que encontró probado
que antes de la fecha de la presentación de la demanda el contrato No. 547 de 2007
había sido liquidado unilateralmente por la EDU y que, con la misma antelación, la
resolución que contenía esa decisión había sido debidamente notificada a la
sociedad, lo que le imponía el deber de demandarla para sacar avante sus
pretensiones, en tanto estas alterarían el balance final de cuentas contenido en ese
acto administrativo, la sociedad, después de pasar por la transcripción y alusión de
citas doctrinales y normales legales alusivas a la figura del rompimiento del equilibrio
económico, refirió que probó que durante el desarrollo del contrato No. 547 de 2007
se generaron unos perjuicios en su contra y que debió asumir no solo aquellos
perjuicios, sino los costos de este proceso, para luego afirmar que, en prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal debe existir igualdad jurídica entre las partes
contratantes.
23. Como se observa, aunque la parte menciona que debe darse aplicación al
principio constitucional que indica que en las actuaciones de la administración de
justicia debe primar lo sustancial sobre lo formal, lo cierto es que, dada la falta de
concreción del recurso, no es posible deducir el alcance que verdaderamente le
quiso dar a tal expresión de cara a lo resuelto por el a quo. Lo único que se puede
extraer sin manto alguno de duda, es que el centro alrededor del cual gravita lo
alegado por la sociedad en su apelación es que, al margen de lo decidido por el
Tribunal, se probaron los perjuicios que se alegaron en la demanda, lo cual no puede
tenerse como un argumento suficiente para confrontar las razones expuestas por el
a quo como soporte de su decisión, pues fuera de insistir en el rompimiento del
equilibrio económico del contrato, no presenta razones de disenso claras frente a la
razón de la decisión inhibitoria, razonando acerca de los motivos por los que la
contratista no estaba obligada a controvertir la liquidación unilateral del contrato, o
por qué su existencia no era impedimento para fallar de fondo sobre las pretensiones
de restablecimiento de la ecuación económica del contrato.
24. En este punto, estima la Sala pertinente advertir que las referencias que hizo
la sociedad en el texto del recurso de apelación en relación con la notificación del
acto administrativo de liquidación –cuyo trámite admitió que se hizo en debida forma
porque la citación para la notificación personal se realizó efectivamente en la
dirección correcta– estuvieron todas dirigidas a pretender que se declarara la nulidad
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de
marzo de 2022, radicación 77001-23-31-000-2004-04217-01 (47098), Consejera Ponente: María Adriana Marín.
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Radicación: 05001233100020110045901 (59258)
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de lo actuado en este proceso para llevarlo a un punto en el que fuera posible
reformar la demanda para incluir la pretensión de nulidad en contra de la Resolución
No. 763 de 2010, aspecto que ya fue definido en providencia que a la fecha se
encuentra ejecutoriada y en firme.
25. Con todo, cabe mencionar que aun si en gracia de discusión, y solo de ella,
la Sala pasara por alto todo lo anterior y pretendiera interpretar el recurso para
extraer de él que lo que la sociedad discute es que en la decisión de primera instancia
se dio prevalencia a un aspecto meramente formal sobre uno sustancial28 –la
supuesta demostración de los perjuicios por cuya indemnización se reclama–, lo
cierto es que ni siquiera en ese hipotético escenario el recurso estaría llamado a
prosperar, en la medida que cuando el referido axioma constitucional manda que en
las actuaciones de la administración de justicia debe prevalecer el derecho
sustancial, lo contrapone frente a normas de carácter meramente adjetivo o
procesal29, sobre las cuales no se fundó la decisión recurrida.
26. Al respecto, cabe mencionar que la posición jurisprudencial en la que se
apoyó el Tribunal para adoptar su decisión no parte de un aspecto procesal, en tanto
las normas adjetivas que rigen el proceso de lo contencioso administrativo no
disponen como requisito de procedibilidad de las pretensiones contractuales que se
deba demandar el acto administrativo de liquidación unilateral cuando este se
hubiere adoptado, sino que parte de un aspecto material y sustantivo asociado a la
presunción de legalidad del los actos administrativos y los atributos que de ella se
desprenden, condiciones que imponen que, mientras judicialmente no se declare su
nulidad, su contenido es vinculante, de manera que ante la existencia de un acto
administrativo de liquidación unilateral que supone, para los contratos estatales
regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –
EGCAP30– que el balance final de cuentas es definitivo, no pueda alterarse ese
contenido sin antes pasar por desvirtuar judicialmente y a petición de parte esa
presunción de estar ajustado al ordenamiento jurídico.
27. Por último, advierte la Sala que en la etapa de alegatos de conclusión de esta
instancia la demandante expresó argumentos de disenso diferentes a los señalados
en el recurso de apelación, consistentes, en suma, en señalar que, a pesar de que
no pretendió la nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral, ello se podía
deducir a partir de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y de las
28 Desconociendo que, verdaderamente eso no se desarrolló y, en lugar de eso, como ya se dijo, cuando en el
recurso de apelación se hizo alusión a que debía primar lo sustancial sobre lo formal este argumento se entrelazó
con la supuesta superioridad jurídica que tendría la demandada respecto de la demandante y la necesidad de
que, por ello, se estableciera una igualdad entre los contratantes, lo que, en su entender, implicaba que no
debiera mantenerse el principio de inalterabilidad de los contratos.
29 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que: “5.4.1. El artículo 228 de la Constitución prevé que en las
actuaciones que se adelanten ante la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial. Este tribunal
ha puesto de presente que el derecho formal o adjetivo, valga decir, el que rige el procedimiento tiene una función
instrumental, pese a que de él depende la garantía del principio de igualdad ante la ley y en su aplicación y el
freno a la arbitrariedad, no es un fin en sí mismo.
5.4.2. Al tener una función instrumental, el derecho formal o adjetivo es un medio al servicio del derecho
sustancial, de tal suerte que su fin es la realización de los derechos reconocidos por el derecho sustancial. Entre
uno y otro existe una evidente relación de medio a fin”. Sentencia C-499 de 2015.
30 De conformidad con el Decreto 158 del 20 de febrero de 2002, la EDU es una empresa industrial y comercial
del Estado. El contrato No. 547 se celebró el 19 de diciembre de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 1150 de ese año (17 de enero de 2008), cuando, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º
de la Ley 80 de 1993 y 93 de la Ley 489 de 1998, su actividad contractual se regía por el EGCAP.
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Radicación: 05001233100020110045901 (59258)
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pruebas arrimadas al proceso, por lo cual debía entenderse que cumplió con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 137 del CCA 31. Añadió que en este caso no
se configuró una ineptitud sustantiva de la demanda porque entender que la que
acción que se presentó fue la contractual derivada de la nulidad del acto
administrativo de liquidación unilateral no varía la causa petendi.
28. Sobre lo antes indicado, la Sala no se pronunciará por la sencilla pero
potísima razón de que fueron expuestos después de vencida la etapa procesal
dispuesta preclusivamente por el legislador para presentar los reparos contra de la
sentencia de primera instancia.
29. Así las cosas, comoquiera que a partir de lo expresado por la sociedad
demandante en el recurso de apelación no es posible extractar razones de disenso
que confronten el fundamento de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia en la sentencia del 8 de febrero de 2017 y, por lo mismo, los dejan
libres de reparo o censura, se debe concluir que resultan insuficientes para revocar
esa decisión que, en consecuencia, se impone confirmar.
Costas
9. En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA., modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
III. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de febrero de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
31 “ARTICULO 137. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá
dirigirse al tribunal competente y contendrá:
(…)
Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo
deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”.
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Radicación: 05001233100020110045901 (59258)
Actor: Aceros y Concretos S.A
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma
electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite
validar su integridad y autenticidad en el siguiente
enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
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