Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00038-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2023-00038-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00038-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2023-00038-02
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
Temas: SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ESTATAL – Acto administrativo declarativo de siniestro
por falta de devolución del pago anticipado del contrato por las prestaciones no ejecutadas. / NULIDAD DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES – Análisis según los cargos invocados. / DEBIDO PROCESO
CONTRACTUAL – La entidad citó a la aseguradora y le permitió ejercer el derecho de defensa y contradicción
durante el trámite adelantado en sede administrativa. / FALSA MOTIVACIÓN – El acto administrativo que
declaró el siniestro se fundó en que el contratista no reintegró los recursos del pago anticipado que no ejecutó.
/ ALCANCE DE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL – No constituye un negocio adicional e independiente al acuerdo
del contrato que la motiva. / CAUSA PETENDI – Es improcedente su modificación en el recurso de apelación
con la inclusión de argumentos no planteados en la demanda.
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 30 de abril de 2025, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
2. El departamento del Valle del Cauca y Turnkey Logistics Colombia Consultants
S.A.S. celebraron un contrato para la adquisición de ventiladores pulmonares,
durante la pandemia por el COVID-19, para el tratamiento de los pacientes
afectados por el virus. El negocio fue coasegurado por la demandante, incluyendo
el riesgo por la no devolución del pago anticipado. La entidad contratante le
desembolsó al contratista, a ese título, la suma de $14.797’518.900. Éste no ejecutó
las prestaciones en su totalidad, lo que motivó el inicio de un procedimiento
administrativo sancionatorio y, antes de su finalización, las partes suscribieron el
acta de liquidación bilateral, en la que el contratista se comprometió a devolver los
recursos económicos recibidos y no ejecutados ($8.084’377.810). Esa restitución
no se consumó en su plenitud, en tanto reembolsó $404’418.850, por lo que la
entidad declaró el respectivo siniestro y ordenó hacer efectiva la póliza. Seguros del
Estado S.A. persigue la nulidad de dichas decisiones y que se restablezca su
derecho a través de la devolución de la suma de dinero que se le ordenó pagar,
para lo cual adujo violación del debido proceso, falsa motivación y desviación de
poder.
ANTECEDENTES
La demanda
3. El 19 de enero de 2023, Seguros del Estado S.A. presentó demanda de controversias
contractuales en contra del departamento del Valle del Cauca y pidió vincular como
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
litisconsorte cuasinecesario del extremo activo a Nacional de Seguros S.A.1, con el
fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas (se transcriben de
forma literal):
“Primera principal: declárese la nulidad de la Resolución No. 1.310.02.68-004 del 19 de
enero de 2022 (acto administrativo inicial) y la Resolución No. 1.310.02.68-033 del 23 de
febrero de 2022 (acto administrativo definitivo) proferidas por el Departamento por medio
de las cuales afectó ilegalmente el amparo de devolución del pago anticipado de la Póliza
No. 65-44-101183258, expedida en coaseguro por Seguros del Estado, por cuanto fueron
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse y/o de manera irregular
y/o falsa motivación y/o falta de motivación y/o abuso o desviación de poder, y/o debido
proceso o defensa y/o sin competencia, según los cargos expuestos en el respectivo
acápite de este escrito.
Primera subsidiaria de la primera principal: declárese la ineficacia de la de la Resolución
No. 1.310.02.68-004 del 19 de enero de 2022 (acto administrativo inicial) y la Resolución
No. 1.310.02.68-033 del 23 de febrero de 2022 (acto administrativo definitivo) proferidas
por el Departamento por medio de las cuales afectó ilegalmente el amparo de devolución
del pago anticipado de la Póliza No. 65-44- 101183258, expedida en coaseguro por
Seguros del Estado, con fundamento en los cargos expuestos en este escrito.
Segunda principal: declárese que las obligaciones surgidas del acta de liquidación bilateral
del 19 de octubre de 2020 del contrato de compraventa No. 1.220.02.59.02.3421 son
inoponibles a Seguros del Estado.
Primera subsidiaria de la segunda principal: declárese que las obligaciones surgidas del
acta de liquidación bilateral del contrato de compraventa No. 1.220.02.59.02.3421 del 24
de abril de 2020 única y exclusivamente eran y son oponibles al Contratista Turkney
Logistics S.A.
Tercera principal: declárese que las obligaciones del contrato de compraventa No.
1.220.02.59.02.3421 que amparó Seguros del Estado S.A. en la póliza No. 65-44-
101183258 se extinguieron a través de la novación que operó en virtud de la liquidación
bilateral del 19 de octubre de 2020.
Primera subsidiaria de la tercera principal: declárese la inexistencia de la liquidación
bilateral del 19 de octubre de 2020 del contrato de compraventa No. 1.220.02.59.02.3421,
según los cargos expuestos en el respectivo acápite de este escrito.
Segunda subsidiaria de la tercera principal: declárese la ineficacia de la liquidación
bilateral del 19 de octubre de 2020 del contrato de compraventa No. 1.220.02.59.02.3421,
según los cargos expuestos en el respectivo acápite de este escrito.
Tercera subsidiaria de la tercera principal: declárese la invalidez de la liquidación bilateral
del 19 de octubre de 2020 del contrato de compraventa No. 1.220.02.59.02.3421, según
los cargos expuestos en el respectivo acápite de este escrito.
Cuarta subsidiaria de la tercera principal: declárese la nulidad absoluta de la liquidación
bilateral del 19 de octubre de 2020 del contrato de compraventa No. 1.220.02.59.02.3421,
según los cargos expuestos en el respectivo acápite de este escrito.
Quinta subsidiaria de la tercera principal: declárese la nulidad relativa de la liquidación
bilateral del 19 de octubre de 2020 del contrato de compraventa No. 1.220.02.59.02.3421,
según los cargos expuestos en el respectivo acápite de este escrito.
Cuarta principal: restablézcase el derecho de mi mandante y, en consecuencia, condénese
al Departamento a la restitución la totalidad de las sumas de dinero que haya pagado
Seguros del Estado, en razón de los actos administrativos demandados, por valor de
cuatro mil ciento treinta y tres millones quinientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y nueve
pesos y cincuenta centavos ($4.133.520.499,50) m/cte.
Quinta principal: de declararse la prosperidad de las anteriores declaraciones, condénese
al Departamento a pagar en favor de mi mandante los intereses de mora, calculados a la
1 La solicitud se sustentó en que la póliza No. 65-44-101183258 que amparó el contrato 1.220.02.59.2.3421 fue
expedida en la modalidad de coaseguro, por la demandante y Nacional de Seguros S.A., por lo que ésta debía
ser vinculada al proceso como litisconsorte cuasinecesario en los términos del artículo 62 del CGP.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
máxima tasa legal permitida, desde el momento en que se efectuó cada uno de los pagos
por medio de los cuales se dio cumplimiento a la orden plasmada las resoluciones
demandadas, y hasta su restitución total y efectiva.
Primera subsidiaria de la quinta principal: De declararse la prosperidad de las anteriores
declaraciones, condénese a pagar en favor de mi mandante el valor equivalente a la
indexación sobre los valores pagados por mi mandante, calculados con base en el Índice
de Precios al Consumidor, desde el momento en efectuó cada uno de los pagos por medio
de los cuales se dio cumplimiento a la orden plasmada en las resoluciones demandadas,
y hasta su restitución total y efectiva.
Sexta principal: condénese en costas y agencias en derecho a la parte convocada”.
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron los siguientes:
5. El 24 de abril de 2020, entre el departamento y Turnkey Logistics Colombia
Consultants S.A.S. se celebró el contrato de compraventa No. 1.220.02.59.2-3421,
cuyo objeto fue el “suministro de ventiladores pulmonares para el tratamiento de los
pacientes afectados por el virus nuevo coronavirus Covid 19”. El negocio se
suscribió por un valor de $29.595’037.890 y su plazo se extendió hasta el 15 de julio
de 20202.
6. Seguros del Estado, en coaseguro con Nacional de Seguros, expidió la póliza de
cumplimiento No. 65-44-101183258 con el fin de garantizar el cumplimiento del
contrato No. 1.220.02.59.2-3421 de 2020. Cada una de las aseguradoras se
comprometió a asumir el 50% de los amparos, que correspondieron a: (i) calidad y
correcto funcionamiento de los bienes, (ii) cumplimiento del contrato y (iii)
devolución del pago anticipado.
7. El 22 de mayo de 2020, el departamento desembolsó al contratista el 50% del valor
total del contrato a título de pago anticipado y el 30 de junio3 siguiente, se suscribió
el “modificatorio No. 2” al contrato de compraventa, en el que se amplió el plazo de
ejecución hasta el 15 de julio de 2020.
8. El 22 de julio de 2020, la Secretaría de Salud del departamento, de conformidad con
el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, citó a audiencia
sancionatoria por incumplimiento a Turnkey Logistics S.A., junto con las
aseguradoras que ampararon el cumplimiento del negocio.
9. Según la demandante, durante la instalación de la diligencia, la ordenadora del gasto
de la entidad indicó que sería representada por un abogado que no era funcionario
público, ni tenía ningún tipo de relación con la entidad contratante.
10. La contratista no asistió a la audiencia, motivo por el cual Seguros del Estado S.A.
y Nacional de Seguros solicitaron su aplazamiento. Sin embargo, la funcionaria que
dirigió la actuación designó a una abogada que estaba presente para que
representara a Turnkey Logistics S.A. Por esta razón, las compañías aseguradoras
formularon recusación en contra de la señalada funcionaria, que, posteriormente,
fue desestimada por el superior jerárquico.
2 Según lo acordado por las partes en el acuerdo modificatorio número 2.
3 En el hecho de la demanda se señaló que ello ocurrió el “30 de abril”, pero, verificado el expediente, dicho
acuerdo se suscribió en el mes de junio.
3
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
11. Superado ese trámite, el departamento citó al contratista y a las aseguradoras para
proferir la decisión final sobre el incumplimiento. No obstante, la entidad contratante
suspendió el trámite administrativo sancionatorio porque Turnkey Logistics S.A.
presentó una “fórmula conciliatoria”, encaminada a realizar la liquidación bilateral
del contrato.
12. El 19 de octubre de 2020, las partes, de mutuo acuerdo, realizaron el balance final
de cuentas del contrato, en el que el contratista se obligó a restituir los dineros
entregados a título de pago anticipado, que ascendían a $8.034’377.810 (al restar
del desembolso los valores por deducciones y retenciones y por el monto
ejecutado), en dos momentos, así: (i) 1.° de diciembre de 2020: $2.022’094.250; y
(ii) 28 de febrero de 2021: $6.062’283.560. Sobre ello, la demandante indicó que las
aseguradoras no participaron en el referido acuerdo bilateral.
13. El 17 de diciembre de 2021, ante el incumplimiento de la señalada obligación
consignada en el acta de liquidación, el departamento reanudó la audiencia de que
trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Sin embargo, este procedimiento no
culminó, ni se archivó.
14. El gobernador del departamento del Valle del Cauca, a través del Decreto No. 1-
17-0010 del 6 de enero de 2022, delegó en el jefe de la oficina jurídica de la
Secretaría de Infraestructura de la entidad la facultad para adelantar los
procedimientos administrativos sancionatorios, imposición de multas, sanciones,
declaratorias de siniestros e incumplimiento en materia contractual en el contrato de
compraventa No. 1.220.02.59-02-3421 del 24 de abril de 2020.
15. El 19 de enero de 2022, la Secretaría de Infraestructura del departamento del Valle
del Cauca profirió la Resolución No. 1.310.01.68-004 por medio de la cual declaró
el siniestro por la no devolución del pago anticipado por un monto de $7.679’949.963
amparado en la póliza de seguro No. 65-44-101183258 y ordenó a Seguros del
Estado S.A. y a Nacional de Seguros pagar de manera “conjunta o solidariamente”
el valor de los perjuicios estimados por la entidad, sin que previamente se hubiese
resuelto sobre el incumplimiento del contratista.
16. A través de la Resolución No. 1.310.02.68-033 del 23 de febrero de 2022 se
resolvieron los recursos interpuestos por las aseguradoras que ampararon el
contrato y se decidió revocar parcialmente la decisión inicial para precisar que cada
una de las compañías aseguradoras debía pagar el 50% de los perjuicios causados
de conformidad con las condiciones de expedición de la garantía de cumplimiento.
En este acto, el departamento sostuvo que la afectación de la póliza no se
sustentaba en el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley 1474 de 2011.
Concepto de la violación
17. La demandante sostuvo que la Secretaría de Infraestructura del departamento del
Valle del Cauca vulneró su debido proceso porque no la citó para agotar el
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 previo a proferir
los actos administrativos que declararon el siniestro de no devolución del pago
4
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
anticipado. Agregó que la coaseguradora Nacional de Seguros tampoco fue
informada de un nuevo procedimiento con dicha finalidad.
18. Como fundamento de este reproche, indicó que no se le permitió presentar
descargos, discutir los fundamentos del incumplimiento imputado al contratista y
controvertir los hechos en que se cimentaron las decisiones con la presentación de
pruebas en su favor. Además, argumentó que, si bien la Secretaría de Salud
Departamental había iniciado un procedimiento sancionatorio en contra de Turnkey
Logistics S.A., dicho trámite no era oponible a las aseguradoras, debido a que se
trató de una actuación distinta que no fue finalizada en ningún momento por la
administración. De ello, concluyó que se incumplió con el procedimiento previsto en
la póliza No. 65-44-101183258, en la que expresamente se consignó que para
declarar el siniestro debía acudirse a lo descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011.
19. Adicionalmente, expresó que, aunque el gobernador del departamento, a través del
Decreto No. 1-17-0010 del 6 de enero de 2022 delegó en la Oficina Jurídica de la
Secretaría de Infraestructura la facultad para adelantar los procedimientos
administrativos sancionatorios relacionados con el contrato No. 1.220.02.59-02-
3421 del 24 de abril de 2020, la actuación desplegada por la directora jurídica de
dicha dependencia tampoco permitió a la aseguradora ejercer su defensa, según
las normas que debían seguirse para la declaratoria del siniestro4.
20. La demandante adujo la falsa motivación de las decisiones, en tanto el
departamento fundó la afectación del amparo de no devolución del pago anticipado
invocando la cobertura de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Sin
embargo, precisó que son dos amparos diferentes, por lo que los actos
administrativos se sustentaron de manera errónea. Agregó que la entidad
contratante no declaró el incumplimiento de su contratista, ni demostró los perjuicios
supuestamente causados. También consideró que los compromisos contenidos en
el acta de liquidación bilateral consistieron en obligaciones diferentes a las
establecidas en el contrato 1.220.02.59.2.3421 de 2020, por lo que, con aquel corte
de cuentas, operó la figura de la novación y las prestaciones originales -amparadas
por la póliza No. 65-44-101183258- fueron reemplazadas por las del balance final,
de modo que su incumplimiento no es oponible a las coaseguradoras.
21. Agregó que el riesgo declarado no se encontraba cubierto por la póliza de seguro,
debido a que las partes ampliaron el plazo contractual sin dar aviso a las
aseguradoras, por lo que los contrayentes incumplieron la obligación prevista en el
artículo 1060 del Código de Comercio -consistente en mantener el estado del riesgo
o notificar su agravación- y, por tanto, el contrato de seguro terminó, de modo que
no es posible exigir el pago del amparo por no devolución del pago anticipado. Sobre
este punto, invocó como cargos de nulidad, la falsa motivación, la desviación de
poder y el desconocimiento de las normas en que deberían fundarse los actos.
4 El demandante se refirió expresamente al procedimiento fijado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
5
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
Contestaciones de la demanda
22. El departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones de la demanda.
Como punto de partida, defendió la motivación de las Resoluciones 1.310.01.68-
004 de 2022 y 1.310.01.68-033 del mismo año, con sustento en: (i) el siniestro por
la no devolución del pago anticipado del contrato 1.220.02-59.02-3421 del 24 de
abril de 2020 fue debidamente demostrado; (ii) las decisiones adoptadas no
requerían el agotamiento de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011,
debido a que se fundaron en la competencia material que ostentaba la entidad para
para declarar la materialización del riesgo; (iii) el riesgo asociado a la no devolución
del pago anticipado se materializa a través del amparo de manejo del anticipo; y (iv)
la afectación de la póliza se justificó por el acaecimiento de un evento amparado.
23. Adicionalmente, indicó que la Jefatura Jurídica de la Secretaría de Infraestructura
tenía plenas facultades para declarar el siniestro de conformidad con la delegación
realizada por el gobernador del departamento mediante el Decreto 1-17-0010 del 6
de enero de 2022.
24. Añadió que en la liquidación bilateral se consignaron las prestaciones pendientes
por parte del contratista, entre las que se destacó la devolución del pago anticipado
por la terminación del negocio, de forma que no se pactó una nueva obligación
respecto de los compromisos asumidos en el contrato 1.220.02-59.02-3421.
25. Como consecuencia de lo expuesto, la entidad demandada propuso las
excepciones de (i) cobro de lo no debido; y (ii) la innominada.
26. La Compañía Nacional de Seguros S.A., en su calidad de litisconsorte
cuasinecesario de la parte accionante5, en primer lugar, indicó que por su propia
cuenta también inició un proceso judicial con el fin de que se declare la nulidad de
las Resoluciones No. 1.310.02.68-004 del 19 de enero de 2022 y No. 1.310.02.68-
033 del 23 de febrero del mismo año, el cual se encuentra en trámite de la primera
instancia ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca6. Seguidamente,
manifestó coadyuvar las pretensiones de nulidad formuladas por Seguros del
Estado S.A. y pidió que se extiendan, en su favor, los efectos de la eventual falta de
validez de las resoluciones adoptadas por el departamento, en torno a la restitución
de los dineros que hubieren sido pagados a la entidad.
27. Como respaldo de las pretensiones, también alegó el cargo de falta de competencia
funcional de la Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura del
Valle del Cauca para proferir los actos administrativos demandados, por los
siguientes motivos: (i) el contrato 1.220.02.59-02-3421 del 2020 se relacionó con el
sector salud, por lo que cualquier determinación respecto de la ejecución del
negocio jurídico correspondía a los funcionarios de la Secretaría de Salud
Departamental; (ii) el Decreto 1-17-0010 de 06 de enero de 2022, en el que se
pretendió justificar la competencia de la Jefe de Oficina Jurídica de la Secretaría de
Infraestructura, se refirió a funciones diferentes a las del sector salud, por lo que su
5 Bajo dicha figura fue vinculado al proceso en el auto admisorio de la demanda del 9 de marzo de 2025 (índice
5 del historial de actuaciones de Samai).
6 Identificado con radicado 76001233300020220087700.
6
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
aplicación en el caso concreto no era procedente y tampoco se encuentra que dicho
acto hubiera conferido la potestad para declarar el siniestro a quien profirió las
resoluciones cuestionadas; (iii) la Secretaría de Salud ya había iniciado un
procedimiento administrativo sancionatorio, según lo dispuesto en el artículo 86 de
la Ley 1474 de 2011, el cual se suspendió el 16 de diciembre de 2021; y (iv) la
entidad contratante, en lugar de reanudar el procedimiento sancionatorio iniciado, o
de resolver la recusación que se había formulado en contra de la secretaria de salud,
acudió a una servidora pública sin competencia funcional para proferir los actos
administrativos demandados.
Sentencia de primera instancia
28. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo del 30 de abril de
2025, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante.
29. El a quo consideró que el departamento podía declarar el siniestro sin tener que
acudir al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de modo que no se configuró la alegada
vulneración al debido proceso administrativo. Al respecto, indicó que los artículos 7
y 17 de la Ley 1150 de 2007 (sobre la declaratoria de sinestros y la garantía del
debido proceso en materia sancionatoria, respectivamente) difieren
sustancialmente, y, con esa precisión, consideró que el deber de la entidad pública
consiste en notificar a la aseguradora de la ocurrencia del siniestro, a través del acto
administrativo que así lo declare, de forma que, en el presente asunto, las
resoluciones acusadas no se sustentaban en el trámite sancionatorio de la Ley 1474
de 2011. Agregó que la administración podía acudir a la facultad prevista en el
numeral 4° del artículo 99 del CPACA sin necesidad de agotar un trámite especial
para tal fin.
30. También estimó que el cargo de falsa motivación no podía prosperar bajo la
sustentación que esbozó el demandante, debido a que, si bien el departamento hizo
alusión a los amparos de buen manejo y correcta inversión del anticipo y pago
anticipado, dicha invocación se dio con el fin de explicar las prerrogativas legales
que posee la administración, mas no para fundamentar el contenido de los actos
administrativos. Sobre la inoponibilidad para la aseguradora del contenido del acta
de liquidación bilateral del 19 de octubre de 2020, el a quo estimó que el compromiso
de restituir el monto del pago anticipado no ejecutado tiene fuente directa en el
contrato, sin que el referido balance de cuentas hubiera creado otra obligación, ni
modificado el objeto del amparo.
31. Adicionalmente, respecto de la aplicación de las consecuencias previstas en el
artículo 1060 por la ausencia de notificación de la agravación del estado del riesgo
-terminación del contrato de seguro-, indicó que la aseguradora demandante no
acreditó que la ampliación del plazo contractual configuró una agravación del estado
del riesgo, y que dicha consecuencia no procede en las pólizas de cumplimiento en
favor de las entidades estatales, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación,
pues ello se opone al interés asegurable que aquellas profesan.
32. A este último punto, agregó que la póliza se afectó ante la ocurrencia del siniestro
(el incumplimiento), porque (i) la entidad desembolsó al contratista $14.797’518.900
7
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
por dicho concepto, (ii) solo se ejecutaron $4.833’865.186, (iii) se reintegraron al
Departamento $404’418.850 y (iv) quedó pendiente un saldo de $7.679’949.963,
con lo cual concluyó que la resolución fue motivada debidamente.
El recurso de apelación
33. La parte demandante cuestionó la sustentación y las conclusiones a las que arribó
el Tribunal, por lo que pidió que se revoque la sentencia de primera instancia, con
fundamento en las siguientes razones:
34. Sostuvo que el a quo desconoció la violación al debido proceso en que incurrió la
demandada, al haber omitido surtir, con anterioridad a la emisión el acto
administrativo que declaró el siniestro, el procedimiento previsto en el artículo 86 de
la Ley 1474 de 2011. De modo subsidiario indicó que, de no ser aplicable, el
departamento debió agotar el procedimiento común y principal previsto en la Ley
1437 de 2011, en el que las coaseguradoras debieron ser citadas para ejercer su
defensa.
35. También argumentó que, a través del Decreto 1-17-0010 del 6 de enero de 2022,
se delegó a la Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura la
facultad para adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio contractual -
previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011- en el marco del Contrato No.
1.220.02.59-02-3421 del 24 de abril de 2020, de forma que, ante la falta de
consumación de dicho trámite, el a quo debió concluir que las resoluciones
demandadas fueron proferidas sin competencia funcional.
36. Adicionó que se pasó por alto que la garantía ofrecida por las aseguradoras solo
cubría las obligaciones del contrato No. 1.220.02-59-02 de 2020, pero no incluía lo
consignado en la liquidación bilateral del 19 de octubre de 2020 sobre la restitución
del pago anticipado, lo cual configuró una novación de las prestaciones originales,
por ser sustancialmente distinto a ellas. Como fundamento adicional, alegó que, si
se acepta que dicho compromiso derivado del acta sí estaba amparado, la entidad
actuó sin competencia temporal, porque las decisiones se profirieron después del
vencimiento del plazo contractual y de la liquidación bilateral del negocio.
37. Igualmente, endilgó una contradicción, al sostener que el contratista incumplió una
obligación contractual y, al mismo tiempo, que no debía adelantarse el
procedimiento administrativo para declararlo, pues el amparo de devolución del
pago anticipado cubre el riesgo de incumplimiento de esa restitución. De igual
forma, alegó que se desconoció la falsa motivación en que se incurrió con los actos
acusados, al confundir la declaratoria de siniestro con el trámite de reclamación
consagrado en el Código de Comercio, y al no haber probado la ocurrencia de ese
siniestro y la cuantía de los perjuicios causados. En todo caso, consideró que el a
quo omitió que la ampliación del plazo en el acuerdo modificatorio 2 implicó una
agravación del estado del riesgo que no fue notificado a la aseguradora ni
consentido por ésta y que, por ser un hecho posterior, no está obligada a cubrir.
8
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
Trámite relevante en segunda instancia7
38. El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 19 de diciembre de
20258. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.
CONSIDERACIONES
39. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales relativos a
la jurisdicción, competencia, oportunidad, legitimación por activa y por pasiva, y
verificados los requisitos de la demanda en forma, la Subsección procede a decidir
la segunda instancia de la presente litis.
40. Con ese propósito, se adoptará el siguiente orden metodológico: (i) el objeto del
recurso de apelación y los problemas jurídicos para resolver la controversia; (ii) la
naturaleza y el régimen jurídico del contrato No. 1.220.02-59-02 de 2020; (iii) la
solución de los cargos de apelación relacionados con la nulidad de las Resoluciones
1.310.01.68-004 de 2022 y 1.310.01.68-033 del mismo año; (iv) las conclusiones; y
(v) las costas en segunda instancia.
El objeto del recurso de apelación y los problemas jurídicos para resolver la
controversia
41. A la Sala le corresponde resolver los reparos específicos presentados en contra de
la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la
competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se
deban auscultar y definir de manera oficiosa, en virtud de lo establecido en el artículo
328 del Código General del Proceso (CGP)9.
42. En adición a lo anterior, se precisa que no es viable pronunciarse sobre las
modificaciones a la causa petendi que se busquen introducir con posterioridad a las
oportunidades establecidas en la ley10, es decir, la presentación de la demanda y el
término previsto para su reforma11, en virtud del derecho fundamental al debido
7 El recurso de apelación fue concedido en auto del 24 de junio 2025 (índice 71 del historial de actuaciones de
Samai del Tribunal).
8 Índice 05 de Samai.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,
C.P. Danilo Rojas Betancourth. En esta providencia, se indicó: “si se apela un aspecto global de la sentencia,
el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…)
desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta
de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”.
10 Ley 1564 de 2012, artículo 117: “Los términos señalados en este código para la realización de los actos
procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en
contrario”. Disposición aplicable de conformidad con la remisión expresa dispuesta en el artículo 306 de la Ley
1437 de 2011: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo”.
11 Ley 1437 de 2011, artículo 173. “El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una
sola vez, conforme a las siguientes reglas:
1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda.
(…)
2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se
fundamentan o a las pruebas.
3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la
demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad (…)”.
9
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con
los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones
planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se sorprenda a las
partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate
en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser
resueltos de oficio”12. Tampoco son propias del recurso las simples reiteraciones de
los argumentos plasmados en etapas anteriores al proceso, en particular en los
escritos de demanda, de contestación y de alegatos de conclusión, sino que “de
cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones del fallo, corresponde al
apelante la formulación de una tesis diversa frente a éste”13.
43. En atención a estos preceptos, previo a formular los problemas jurídicos que se
deben resolver en esta instancia, la Sala debe realizar unas precisiones respecto
de los argumentos planteados en el recurso de apelación.
44. Con la finalidad de mantener la cohesión entre los argumentos presentados desde
el escrito inicial, sobre los cuales se defendió la entidad demandada y que fijaron el
marco de la discusión en primera instancia, resulta necesario advertir, en este
acápite, cuáles cargos de la apelación constituyeron una alteración de la causa
petendi, con el fin de preservar el derecho de defensa del demandado y delimitar
los argumentos que serán resueltos en esta oportunidad14.
45. Al respecto, se parte por señalar que, con la demanda, Seguros del Estado S.A.
pidió la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 1.310.01.68-004 de 2022 y
1.310.01.68-033 del mismo año. Para el efecto, alegó la violación del debido
proceso por falta de aplicación del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; expresó que
la actuación desarrollada por la Directora Jurídica de la Secretaría de
Infraestructura, en virtud el acto de delegación 1-17-0010 del 6 de enero de 2020,
debió respetar el trámite aplicable para la declaratoria del siniestro; objetó la falta
de cobertura de las obligaciones incumplidas contenidas en el acta de liquidación
bilateral; enrostró la falsa motivación de los actos, porque su argumentación se
sustentó en un amparo distinto -buen manejo del anticipo- a los finalmente afectados
-incumplimiento y no devolución del pago anticipado-; y sostuvo que la única
finalidad perseguida por la entidad fue afectar los intereses de la aseguradora, antes
que analizar de forma legal el contrato de seguro.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 12 de julio de 2024, exp. 70.692; y del 7
de noviembre de 2025, exp. 73.066. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
12 de septiembre de 2022. Rad. 05001233100020110045901 (59258). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
Reiterada en sentencia del 12 de julio de 2024, exp. 70.692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
14 Esta sentencia del 7 de febrero de 2025 (exp. 71.453, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez), esta Sala de
decisión consideró: “En efecto, la autoridad judicial, en procesos subjetivos (…) carece -por esencia- de
facultades para separarse de los argumentos que se plantean en la demanda para soportar la declaratoria de
invalidez de actos administrativos, pues tal ejercicio -entre otras consecuencias- implicaría un “desconocimiento
flagrante del principio relativo al debido proceso”, en la medida en que se sorprendería a la contraparte con
razonamientos fácticos o jurídicos que no tuvo la posibilidad de controvertir durante el proceso. La prohibición
descrita en el párrafo anterior también se predica respecto de las partes del litigio, quienes no pueden modificar
ni agregar aspectos a la controversia con posterioridad a las oportunidades previstas para el efecto. De este
modo, ni el recurso de apelación ni los alegatos de conclusión tienen por objeto que las partes adicionen o
modifiquen sus demandas con el objeto de variar la causa que se planteó desde la fijación del litigio y que motivó
la controversia puesta en consideración del juez del asunto, pues con ello sorprenderían a su contraparte con
nuevos hechos o pretensiones frente a los cuales no tuvieron la oportunidad de defenderse”.
10
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
46. Asimismo, en la pretensión primera principal, la demandante invocó que los actos
administrativos fueron expedidos irregularmente y bajo la infracción de normas en
que debían fundarse. No obstante, estos cargos no fueron desarrollados, ni
sustentados en el escrito inicial, por lo cual no fueron objeto de debate durante la
primera instancia15, ni existió pronunciamiento sobre ellos en la sentencia apelada.
47. A su vez, se recuerda que el litisconsorte cuasinecesario, al descorrer traslado de
la demanda, trajo de presente la falta de competencia funcional de la Oficina
Jurídica de la Secretaría de Infraestructura para proferir las resoluciones
impugnadas debido a que era una dependencia diferente a la del sector salud 16.
48. Posteriormente, la demandante planteó, como cargos de apelación, la falta de
competencia -funcional y temporal- para la declaratoria del siniestro. Para ello, fundó
sus reproches en que: (i) en virtud de la delegación efectuada a la jefe de la oficina
asesora jurídica de la Secretaría de Infraestructura, se transfirió el ejercicio de la
competencia para declarar el siniestro como resultado de un procedimiento
administrativo sancionatorio contractual, de forma que, a falta de dicho trámite, la
decisión se emitió sin la potestad legal para ello; y (ii) el ejercicio de la facultad
delegada fue extemporáneo, porque acaeció con posterioridad a la vigencia
contractual y a la liquidación bilateral del acuerdo.
49. Al respecto, se encuentra que Seguros del Estado S.A., en su escrito inicial, planteó
que la falta de agotamiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 constituyó una
vulneración a su debido proceso, por considerar que la alegada omisión le impidió
presentar descargos y ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, dicha premisa
-ausencia de un procedimiento sancionatorio contractual-, no fue esbozada como
sustento de la alegada falta de competencia “funcional” -así denominada por la
libelista- de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura del Departamento
para proferir las resoluciones demandadas, pues ese cargo no se planteó en la
demanda de la referida aseguradora.
50. Adicionalmente, el alegato de la oportunidad para declarar el siniestro (la aludida
falta de competencia temporal) no fue planteado en el escrito inicial, ni debatido en
la primera instancia.
51. Por las razones descritas, se advierte que Seguros del Estado S.A. procuró, a
través de su recurso de apelación, complementar la discusión con fundamento en
argumentos diferentes a los planteados en su demanda. Además, se constata que,
si bien reiteró su imputación por la supuesta omisión en el agotamiento del artículo
86 de la Ley 1474 de 2011, mutó ese aspecto, en el que fundó la vulneración de su
debido proceso, para alegar la supuesta incompetencia de la Oficina Jurídica de la
Secretaría de Infraestructura del Departamento, aspecto diferente al planteado en
15 La fijación del litigio en primera instancia estableció que “El problema jurídico consiste en determinar si debe
declararse la nulidad o ineficacia de las resoluciones nro. 1.310.02.68-004 del 19 de enero de 2022 y nro.
1.310.02.68-003 del 23 de febrero de 2022, por cuanto fueron expedidas con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa y mediante falsa motivación, según los argumentos relacionados en los fundamentos de la
demanda. En caso afirmativo, deberá analizarse si el reintegro de dineros del departamento del Valle del Cauca
a Seguros del Estado debe efectuarse con reconocimiento de intereses moratorios o con indexación”.
16 Se rememora que en el pronunciamiento también se puso de presente que la Secretaría de Salud ya había
iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio respecto del negocio jurídico suscrito entre el
Departamento y Turnkey Logistics Colombia Consultants S.A.S., el cual debía haber sido reanudado.
11
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
el escrito inicial y que la entidad demandada no tuvo la oportunidad de controvertir
en la primera instancia.
52. Sobre el particular, según lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del
Proceso (CGP)17, la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y las
pretensiones de la demanda, so pena de vulnerar el principio de congruencia 18 y el
derecho de defensa de la parte demandada. Por lo tanto, se proscribe condenar al
demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda y por causa diferente
a la invocada en esta19.
53. De ese modo, como lo ha explicado esta Subsección, la autoridad judicial carece
por completo de facultades para variar la causa petendi que se plantea en la
demanda, pues su modificación implicaría un “desconocimiento flagrante del
principio relativo al debido proceso”20, en la medida en que se sorprendería a la
contraparte con cargos que no tuvo la posibilidad de controvertir durante el proceso.
En igual sentido, las partes del litigio no pueden modificar ni agregar aspectos a la
controversia con posterioridad a las oportunidades previstas para el efecto21. Por lo
anterior, el recurso de apelación no tiene por objeto que la parte activa adicione o
modifique su demanda, pues con ello sorprendería a su contraparte con cargos
nuevos frente a los cuales ésta no tuvo la oportunidad de defenderse 22.
54. Así las cosas, los argumentos incorporados a través del recurso de apelación, en
los que se cuestionó la falta de competencia -funcional y temporal- de la Oficina
Jurídica de la Secretaría de Infraestructura para declarar el siniestro, conllevaron a
una modificación del fundamento de las pretensiones de la demanda y del sustento
de la causa petendi, por fuera de la oportunidad legal para realizar los ajustes del
escrito inicial. Por ende, la entidad demandada no tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa o de contradicción frente a tales reproches y, por lo tanto, éstos
no pueden ser objeto de análisis en esta instancia. Tampoco es viable analizar el
supuesto reproche relacionado con la agravación del estado del riesgo, toda vez
que, según se observa, la apelante no propuso una tesis distinta a la establecida
por el a quo en relación con ese cargo de nulidad (que fue denegado ante la
17 Ley 1564 de 2012, artículo 281. “Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.
18 “Cabe precisar que el principio de congruencia, que por antonomasia gobierna las decisiones de las
autoridades judiciales, se edifica sobre la base de la existencia de límites predeterminados por el mismo libelo
introductor que da origen a la controversia y que sirven de marco para la decisión. Dichos linderos determinan
la inviabilidad procesal de que el juez de conocimiento dicte la providencia con desconocimiento de lo pretendido
en la demanda o exceda los términos de la solicitud. Contrario sensu, se impone que su decisión guarde directa
correspondencia con la reclamación elevada por la actora, con los hechos que le sirven de fundamento y a las
pruebas en que se soporta su prosperidad o su negativa”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de febrero de 2019, exp. 58894. C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.
19 Vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 7 de noviembre de 2025, exp. 73066. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. En esta oportunidad, se explicaron
las razones por las cuales ciertos aspectos de la apelación del demandante no eran pasibles de ser estudiados,
por constituir puntos novedosos en comparación con lo expuesto en su escrito genitor.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24
de octubre de 2016, exp. 34357. C.P. Hernán Andrade Rincón; criterio reiterado por esta Subsección, entre
otras, en las sentencias del 20 de febrero de 2020, exp. 54407. C.P. María Adriana Marín y del 20 de noviembre
de 2020, exp. 64865, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30
de julio de 2021, exp. 50728. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13
de agosto de 2021, exp. 65589, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
12
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
improcedencia de la terminación del contrato de seguro de cumplimiento en favor
de entidades estatales, y ante la falta de prueba del supuesto incremento del riesgo).
Por el contrario, la aseguradora solo reiteró que nunca consintió en el modificatorio
no. 2, y no argumentó por qué aquel instituto sí es aplicable al caso, ni la medida en
que la prórroga habría aumentado la probabilidad de consumación del siniestro, lo
que impone separar este punto del pronunciamiento de la Sala.
55. De modo que, los asuntos que deben ser tratados por el ad quem corresponden a:
(i) el debido proceso de la aseguradora a partir del agotamiento del procedimiento
previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para que el demandante ejerciera
su defensa; (ii) la declaratoria de incumplimiento del contratista como presupuesto
para que opere el siniestro; y (iii) la afectación de la póliza de seguro por una
obligación que no habría sido cubierta por surgir del acta de liquidación bilateral.
56. En ese contexto, la Sala, previa verificación del régimen y de la naturaleza del
contrato, deberá resolver los siguientes interrogantes: (i) ¿el Tribunal erró al
considerar que en el trámite adelantado por el departamento no se configuró la
alegada vulneración al debido proceso administrativo de Seguros del Estado S.A.?;
(ii) ¿el a quo desacertó al estimar que la entidad respetó el debido proceso de la
aseguradora pese a razonar que no debía aplicarse el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011 para declarar el siniestro?; (iii) en caso de que las respuestas sean negativas,
¿el juzgador omitió verificar si era necesario agotar el procedimiento común y
principal consagrado en la Ley 1437 de 2011?; (iv) ¿el a quo erró al pasar por alto
que la entidad demandada no se habría pronunciado sobre el incumplimiento del
contratista de manera previa, por lo que no era posible declarar el siniestro ni
reclamar perjuicios?; y (v) ¿el Tribunal se equivocó al discurrir que el compromiso
de restituir el dinero acordado en el acta de liquidación bilateral estuvo cubierto por
la póliza de cumplimiento?
El régimen jurídico del contrato y la naturaleza de las resoluciones
57. Con el fin de resolver los cargos de la apelación relativos a los vicios de nulidad de
las decisiones enjuiciadas, es necesario dilucidar cuál es el régimen normativo del
contrato No. 1.220.02.59.2-3421 y, con base en ello, determinar la naturaleza
jurídica de las resoluciones acusadas.
58. Al respecto, la Sala parte por señalar que el referido negocio se suscribió bajo el
escenario de la pandemia COVID-19, producto del cual el Ministerio de Salud y
Protección Social, a través de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. A su vez, el departamento del
Valle del Cauca, mediante Decreto 1-3-0675, declaró la situación de calamidad
pública y, posteriormente, según el Decreto 1-3-0703 del 20 de marzo de 202023,
decretó la emergencia económica y urgencia manifiesta en su territorio 24.
23 Anexos de la contestación de demanda, archivo “CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 1” índice 11 de
Samai (folios 1 a 11).
24 En los estudios previos, el Departamento definió la necesidad de adquirir con urgencia los respiradores
pulmonares por la emergencia de salud pública causada por el Coronavirus -COVID-19. Id. Folios 181 a 220.
13
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
59. Conforme a lo descrito en precedencia, la Secretaría de Salud del Departamento
del Valle del Cauca -entidad que se encuentra entre las descritas en el artículo 2 de
la Ley 80 de 199325- y Turnkey Logistics Colombia Consultants S.A.S. suscribieron,
bajo la modalidad de contratación directa por urgencia manifiesta26, el contrato No.
1.220.02.59.2-3421 del 24 de abril de 202027, que tipificaron como “compraventa”,
su objeto fue realizar el “Suministro de ventiladores pulmonares para el tratamiento
de los pacientes afectados por el coronavirus Covid 19”.
60. La Subsección constata que, según la naturaleza jurídica de la contratante y el
propósito del acuerdo, aunado a que no existe ninguna norma que lo circunscribiera
en un régimen jurídico especial, se concluye que se trató de un contrato estatal
sometido a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública (EGCAP), según la normativa vigente a la fecha de su celebración -8 de
abril de 2020- y los decretos que regularon el estado de emergencia por el virus
COVID-19.
61. De ese modo, en el caso sub examine, el departamento, en ejercicio de sus
prerrogativas públicas, profirió las Resoluciones 1.310.01.68-004 de 2022 y
1.310.01.68-033 del mismo año, a través de las cuales declaró la ocurrencia del
siniestro por no devolución del pago anticipado en el contrato No. 1.220.02.59.2-
3421. Así, con sustento en las precisiones realizadas en precedencia, estas
decisiones tienen la naturaleza jurídica de actos administrativos, tal como se han
tratado en el caso sub examine, por lo que es posible analizar los reparos concretos
frente a su legalidad bajo los cargos de nulidad enfilados por la actora.
El alegado vicio por la supuesta violación del debido proceso de Seguros del
Estado S.A.
62. La parte demandante reprochó que el Tribunal hubiese considerado que la garantía
del derecho de defensa se satisfizo con la notificación de la Resolución 1.310.01.68-
004 de 2022 para que la aseguradora pudiera contradecir su contenido a través de
los recursos procedentes en sede administrativa. Frente a ello, el recurrente reiteró
que la administración debió agotar el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474
de 2011 o, en su defecto, el común y principal de la Ley 1437 de 2011, en el que se
garantizara ese derecho de defensa y contradicción, con antelación a proferir los
actos acusados, y alegó que la entidad no se podía excusar, para esos efectos, en
el procedimiento de reclamación previsto en el Código de Comercio.
25 Artículo 2: “Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”.
26 Ley 1150 de 2007. “Artículo 2. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las
siguientes reglas:
(…)
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los
siguientes casos:
a) urgencia manifiesta (…)”.
27 Anexos de la contestación de demanda, archivo “CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 2” índice 11 de
Samai (folios 169 a 185).
14
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
63. En relación con las actuaciones adelantadas por el departamento y que fundaron la
declaratoria del siniestro por la no devolución del pago anticipado del contrato No.
1.220.02-59.02-3421 de 2020, la Sala destaca:
64. Los días 16, 18 y 23 de junio de 2020, la entidad requirió a la contratista para la
entrega de los respiradores. El día 25 siguiente, se informó a Seguros del Estado
sobre estas comunicaciones y se le destacó que: “este contrato tiene pago
anticipado y que, de acuerdo al contrato original y sus modificaciones, el plazo para
cumplir con el objeto vence el próximo martes 30 de junio de 2020 y hasta la fecha
no tenemos una información clara por parte del contratista de que esta fecha se
cumpla”, a fin de dejar en su conocimiento la anterior situación28.
65. Los supervisores29, a través de oficio del 16 de julio de 202030, informaron a la
Secretaría de Salud del departamento que la contratista aún no había cumplido su
obligación frente al objeto del negocio, a pesar de que la entidad había realizado el
pago anticipado por $14.797’518.94531 desde el 14 de mayo de ese año. Sobre el
particular, se indicó que la supervisión realizó por lo menos 5 requerimientos al
contratista con el fin de que se allanara a cumplir con la entrega de los productos
pactados, pese a lo cual la sociedad desconoció el compromiso asumido en el
negocio.
66. La Secretaría de Salud convocó a Turnkey Logistics Colombia Consultants S.A.S.32
y a Seguros del Estado33 a la audiencia sancionatoria por incumplimiento del
contrato No. 1.220.02-59.02-3421, la cual se llevaría a cabo el 22 de julio de 2020,
de manera virtual, con fundamento en que “a la fecha no se ha dado cumplimiento
al contrato No. 1.220.02 59.02.3421 de abril 24 de 2020”. En dicho oficio, la entidad
anexó el ya mencionado informe de supervisión, en el que -según lo indicado- se
advirtió que se desembolsó el 50% del valor contractual por concepto de pago
anticipado, y en el que se recomendó “colocar (sic) en conocimiento a la entidad
que emitió las correspondientes pólizas de cumplimiento y calidad en contexto del
trámite legal a iniciar como medida al presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales”.
67. El día indicado por la entidad, se dio inicio a la audiencia prevista en el artículo 86
de la Ley 1474 de 201134, en la que se realizó un recuento de lo acontecido durante
la ejecución del contrato35 y se indicó que, a pesar de que el pago anticipado -
correspondiente al 50% del valor del negocio- se desembolsó según lo acordado en
el contrato, la entrega de los equipos se aplazó en varias ocasiones por solicitud del
28 Anexos de la contestación de demanda, archivo “CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 3” índice 11 de
Samai (folios 341 a 363).
29 Liliana Forero Zapara, Nayibe Paz Romero y Alex Herney Carabali Araujo, empleados de la Secretaría de
Salud, designados como supervisores del negocio por la Secretaria de Salud Departamental archivo
“CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 2”, índice 11 de Samai (folios 237 a 240).
30 Anexos de la contestación de demanda, archivo “CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 3” índice 11 de
Samai (folios 25 a 28).
31 Anexos de la contestación de demanda, archivo “CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 2” índice 11 de
Samai (folio 251 a 255).
32 Cit. archivo “CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 3” índice 11 de Samai (folio 31).
33 Id. folio 29.
34 Id. Memorias de la diligencia, folios 59 a 97.
35 Según el acta de inicio del 4 de mayo de 2020. Archivo “CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 2” índice
11 de Samai (folio 245).
15
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
contratista, desde el 14 de mayo de 2020 hasta el 15 de julio del mismo año, sin
que, para la fecha de la diligencia, se hubiera cumplido con la prestación a cargo
del contratista. Por ese motivo, y al tratarse de una adquisición urgente para atender
a los pacientes afectados por la pandemia COVID-19, la entidad consideró ese
acontecimiento como un motivo determinante para fundar la imputación de
incumplimiento para Turnkey Logistics Colombia Consultants S.A.S.
68. La persona que acudió en nombre de la sociedad contratista se opuso a la
realización de la audiencia, debido a que, durante ese momento, 50 de los equipos
adquiridos estaban listos para ser instalados en las instituciones hospitalarias. Una
vez consultado a los supervisores del negocio -presentes en la audiencia-, la entidad
contratante precisó que no se podían recibir los aparatos sin la calibración técnica
requerida. Posteriormente, el asesor de la parte convocada pidió la palabra,
nuevamente, porque apreció que aún no presentaba sus descargos; sin embargo,
la entidad estimó que ya había participado con tal fin y continuó con la diligencia
dando la oportunidad de intervenir a Seguros del Estado S.A. para que ejerciera su
derecho de defensa36.
69. La aseguradora -demandante- rindió sus descargos, en los que, en primer lugar,
consideró que debía accederse a la petición del contratista para que finalizara con
la presentación de su defensa; acto seguido, estimó que no se debatió la situación
constitutiva del incumplimiento, e indicó que la entidad omitió que la póliza 65-44-
101183258 se expidió como coaseguro junto con la Compañía Nacional de Seguros
S.A., la cual no fue citada al procedimiento sancionatorio. Además, solicitó como
prueba un informe de la supervisión en el que se manifestara la idoneidad del
cronograma de entrega e instalación de equipos, por lo cual discurrió que era
necesaria la suspensión de la diligencia, a lo cual el departamento accedió para
atender a los reparos de la aseguradora.
70. Los supervisores del contrato, a través de informe del 27 de julio de 2020 37, se
refirieron al incumplimiento de Turnkey Logistics Colombia Consultants S.A.S. Al
respecto, explicaron que el contratista realizó la entrega y verificación de 48 de los
300 ventiladores pulmonares; también precisaron que el desfase entre lo contratado
y lo efectivamente entregado correspondía a 252 equipos médicos, situación que se
consideró grave para la atención de los pacientes afectados por el COVID-19.
71. El contratista se opuso al informe de supervisión y presentó un escrito denominado
“justificación por retardo según el contrato No. 1.220.02.59.02-3421”38, en el que
indicó que el retraso en el pago anticipado afectó el cronograma previsto para
cumplir con el objeto contractual, dado que otros compradores tuvieron prelación
frente a la empresa productora de los equipos médicos.
72. Posteriormente, la supervisión presentó un nuevo informe el 30 de julio de 2020, en
el que reiteró los atrasos graves en la entrega de los equipos adquiridos por la
36 Ibidem.
37 “CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 3” índice 11 de Samai (folio 31). Folios 195 a 203.
38 Id. Folio 219.
16
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
entidad y añadió que 9 de los ventiladores pulmonares entregados presentaron
fallas en su funcionamiento39.
73. El departamento, a través de Resolución 168-0400 18 de agosto de 202040 rechazó
la recusación presentada en contra de la secretaria de Salud, la cual se fundó en el
artículo 11, numeral 11 de la Ley 1437 de 2011, por considerar que la funcionaria
había emitido concepto por fuera de la actuación al haber intercambiado mensajes
de texto -por WhatsApp- con el contratista sobre el cumplimiento del objeto
contractual. Esta decisión fue confirmada el 26 del mismo mes y año 41, y el día
siguiente se negó por improcedente el recurso presentado por la Compañía
Nacional de Seguros en contra de la determinación que decidió la recusación 42.
74. El 19 de octubre de 2020, la Secretaría Departamental de Salud y Turnkey Logistics
Colombia Consultants S.A.S. suscribieron la liquidación bilateral del contrato No.
1.220.02.59.02-342143. En esa oportunidad, las partes realizaron un resumen de lo
acontecido durante la ejecución contractual y detallaron el siguiente balance de
cuentas:
Valor total del contrato $29.595’037.890
Valor ejecutado $4.833’856.189
Pago anticipado $14.797’518.900
Total pagado $14.797’518.900
Saldo a favor del contratista 0
Saldo a favor del Departamento $9.963’662.711
Deducciones y retenciones -$1.879’284.901
Total valor a reintegrar al Departamento $8.084’377.810
75. El contratista se comprometió a realizar el reintegro de la suma fijada en favor del
departamento, en dos pagos: (i) $2.022’094.250 el 1.° de diciembre de 2020; y (ii)
$6.062’283.560 el 28 de febrero de 2021. Así las cosas, en el documento se
consignó que las partes se declararían a paz y salvo una vez cumplida la devolución
de los montos acordados en favor de la entidad contratante.
76. El 19 octubre de 2021, la Secretaría de Salud del departamento comunicó a las
garantes del contrato sobre la novedad del incumplimiento ante la no devolución del
saldo a su favor, derivado de la ejecución del negocio jurídico44. Al respecto, se
precisó que el único reembolso realizado por el contratista acaeció el 1.° de
diciembre de 2020 por la suma de $404’418.850.
77. Advertida la novedad sobre la falta de devolución del monto indicado, mediante
oficio No. 1.2.20-1113706 del 13 de diciembre de 2021, el departamento citó al
contratista, a Seguros del Estado S.A. y a la Compañía Nacional de Seguros S.A.,
para la reanudación de la audiencia por incumplimiento contractual45. En este
39 Id. Folios 235 a 247.
40 Archivo “CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 4” índice 11 de Samai (folios 114 a 117).
41 Id. Folios 167 a 173.
42 Id. Folios 182 a 185.
43 Id. Folios 286 a 314.
44 Folios 612 a 616.
45 Archivo “53_760012333000202300038002ALLEGAMEMORIAL20231102140135” índice 37 de Samai. Folios
39 a 60.
17
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
documento, se realizó una narración de los antecedentes contractuales surtidos
hasta ese momento, en los que se recordó la póliza que ampara el negocio, el
desembolso del pago anticipado, los requerimientos realizados al contratista para el
cumplimiento del objeto y los informes de supervisión que los motivaron y la
actuación procedimental relevante, con lo cual se advirtió que la diligencia tendría
por objeto, entre otros tópicos, “Solicitar la devolución del pago anticipado, en la
proporción del incumplimiento, es decir, descontando de este valor, los 48
ventiladores que fueron entregados por el contratista. Este valor se deberá devolver
indexado”46.
78. A su vez, el representante legal de Turnkey Logistics Colombia Consultants S.A.S.
presentó una nueva recusación en contra de la secretaria departamental de salud 47.
Ante dicha situación, la funcionaria se pronunció mediante oficio del 22 del mismo
mes y año en el que indicó que no aceptaba los motivos de su recusación; pero, se
declaró impedida48 para continuar con el trámite sancionatorio “con cargo al numeral
7 del artículo 11 del CPACA”49.
79. El gobernador (e) del Valle del Cauca, a través del Decreto 1-17-0010 del 6 de
enero de 202250, con el fin de dotar de plenas garantías e imparcialidad al
contratista, y para evitar la suspensión del trámite sancionatorio debido a las
reiteradas recusaciones propuestas contra la secretaria de salud departamental,
decidió delegar en el jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura
la facultad para adelantar el procedimiento administrativo contractual relacionado
con el contrato No. 1.220.02.59.02-3421 de 2020 y hacer efectiva la garantía única
de cumplimiento.
80. La jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura, a través de
Resolución No. 1.310.02.68-004 del 19 de enero de 202251, declaró la ocurrencia
del siniestro de no devolución del pago anticipado del contrato No. 1.220.02.59.02-
3421 de 2020; cuantificó los perjuicios padecidos en la suma de $7.679’949.963,
correspondientes al saldo que no le fue reintegrado; y ordenó a Seguros del Estado
y a la Compañía Nacional de Seguros, “conjunta o solidariamente”, pagar la suma
estimada en favor de la entidad contratante con fundamento en el amparo de la
póliza No. 65-44-101183258.
81. Posteriormente, a través de la Resolución 1.310.02.68-033 del 23 de febrero de
2022, se resolvieron los recursos de reposición interpuestos por Seguros del Estado
y la Compañía Nacional de Seguros52. En ese acto, la entidad contratante adujo que
46 Fl. 58 ibid.
47 La recusación se fundó en que la funcionaria había conocido del trámite sancionatorio en oportunidad anterior,
y que ya había enunciado un concepto sobre el particular según el informe enviado el 2 de diciembre de 2020
a su superior -Gobernadora- en el que consideró que la contratista había incumplido el contrato. Id. Folios 91 a
101.
48
Id. Folio 119.
49 También se encuentra un borrador de Resolución 1.220.54 -sin fecha exacta- en la que se declara el siniestro
-sin especificar- según la Póliza No. 65-44-10183258, el cual, a pesar de tener la identificación de la Secretaria
de Salud, no se encuentra firmado.
Archivo “54_760012333000202300038003ALLEGAMEMORIAL20231102140135” índice 37 de Samai. Folios
127 a 137.
50 Archivo “24_CONTESTACIONDEDEMANDA_ANEXOS”, fls. 26-28.
51 Anexos de la demanda, índice 3 de Samai.
52 En el acto administrativo se indicó: “Artículo Primero. Reponer parcialmente la Resolución No. 1.310.02.68-
004 de fecha 19 de enero de 2022 (…). Segundo. Ordenar a Seguros del Estado S.A., en su calidad de garante
18
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
garantizó el derecho de defensa y contradicción de las aseguradoras, al
comunicarles sobre el trámite sancionatorio y las pruebas en que se fundó el
incumplimiento del contratista; además, precisó que aquéllas ejercieron su derecho
de defensa a través de sus intervenciones, los descargos planteados y la posibilidad
de impugnar la decisión inicial en sede administrativa.
82. La Sala advierte que la entidad contratante podía declarar el incumplimiento,
cuantificar sus perjuicios e imponer multas y sanciones, de conformidad con el
artículo 86 de la Ley 1474 de 201153, siempre y cuando se desarrollara la audiencia
en la que se presentaran los motivos de hecho y las normas en que soporta el
incumplimiento del negocio, se permitiera el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción del contratista y las aseguradoras y, finalmente, teniendo en cuenta lo
acaecido en la diligencia, se adoptara una decisión sobre el particular.
83. Pues bien, en el caso concreto, se encuentra que la actuación adelantada por el
departamento del Valle del Cauca, en relación con Seguros del Estado S.A., se
ajustó, en su materialidad, al trámite previsto en la disposición normativa referida en
precedencia. Al respecto, se constató que la entidad contratante, una vez advirtió el
presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, citó al contratista y a la
en un 50% del valor del contrato, pagar la suma indexada de cuatro mil ciento treinta y tres millones quinientos
veinte mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con cincuenta centavos ($4.133’520.449.50) a favor del
Departamento del Valle del Cauca (…). Tercero. Ordenar a Nacional de Seguros S.A., en su calidad de garante
en un 50% del valor del contrato, pagar la suma indexada de cuatro mil ciento treinta y tres millones quinientos
veinte mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con cincuenta centavos ($4.133’520.449.50) a favor del
Departamento del Valle del Cauca (…). Anexos de la demanda, índice 3 de Samai de primera instancia.
53 “Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar
el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará
a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la
soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y
enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización
de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía
de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;
b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que
motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad;
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la
audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo
procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión
sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la
audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello
resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión,
se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.
Procedimientos sancionatorios. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias
programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo, se podrán realizar a
través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan
expedido la garantía.
La entidad estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que utilizará, así como
los mecanismos para el registro de la Información generada.
Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente podrá decretar la suspensión de
términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia de este Decreto”.
19
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
mencionada aseguradora para debatir el asunto. En el desarrollo de la diligencia54
se comunicaron los cuestionamientos por la falta de entrega de los ventiladores
pulmonares adquiridos por la entidad según el objeto del negocio, por lo cual, ante
la falta de cumplimiento de la totalidad de las prestaciones pactadas, la entidad
reclamó la devolución del pago anticipado no ejecutado; acto seguido, se le otorgó
la palabra a los convocados para que presentaran sus descargos, oportunidad en
la que la aseguradora alegó la necesidad de convocar a la coaseguradora -
Compañía Nacional de Seguros- y de revisar un nuevo informe de la supervisión del
contrato.
84. Asimismo, en aras de garantizar el derecho de contradicción, se suspendió el
trámite para incorporar el informe de supervisión solicitado por la demandante, en
el cual los supervisores corroboraron que el contratista no había cumplido con sus
obligaciones en los términos pactados55 y luego se resolvieron las recusaciones
planteadas en contra de la secretaria de salud departamental.
85. Posterior a ello, las partes del contrato estatal suscribieron el acta de liquidación
bilateral, en la que se previeron dos hitos temporales para que Turnkey Logistics
Consultants S.A. realizara la restitución del pago anticipado no ejecutado. Sin
embargo, según lo concluido por la autoridad, el deudor no realizó la restitución
acordada, sin que a este plenario se allegaran pruebas que desestimaran dicho
aserto. Al respecto, se encuentra que la etapa de liquidación no mutó la causa de
dicho incumplimiento, pues se fundó en la necesidad de retornar el monto adeudado
a la entidad contratante por la falta de ejecución de las obligaciones contractuales.
Igualmente, se evidencia que, ante la materialización del incumplimiento del objeto
contractual y el no reintegro, a la terminación del contrato, de lo desembolsado por
pago anticipado, se previó un término adicional que permitiera solventar los efectos
negativos del riesgo acaecido; sin embargo, tampoco se acreditó que el contratista
haya cumplido ese compromiso. En ese sentido, las obligaciones de entrega de los
equipos y la devolución del pago anticipado se encontraban íntima e
inseparablemente ligadas, toda vez que, a falta de ejecución de la primera -pese a
haberse desembolsado el monto discutido-, la segunda se tornaba exigible al
vencimiento del plazo de ejecución, pues al no destinarse el pago anticipado al
cumplimiento del objeto contractual, aquél debió ser devuelto. Para ello, no era
exigible el agotamiento de un nuevo trámite administrativo bajo el rótulo específico
de afectación del amparo de no devolución del pago anticipado, porque, como
quedó evidenciado en precedencia, dicha exigencia fue discutida reiteradamente
durante el procedimiento adelantado por la entidad contratante.
86. En efecto, con fundamento en la mencionada no restitución del valor
correspondiente al pago anticipado que no fue ejecutado por el contratista, la
entidad profirió la Resolución No. 1.310.02.68-004 del 19 de enero de 2022 en la
que declaró el siniestro por no devolución del rubro indicado, a pesar de que en la
54 De conformidad con el texto adicionado al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según el artículo 2 del Decreto
537 de 2020, durante la vigencia de la emergencia sanitaria con ocasión del virus COVID-19 las diligencias
podían desarrollarse de manera virtual.
55 Mediante correo electrónico se citó al contratista, a Seguros del Estado y a Nacional de Seguros -
coaseguradoras- a la reanudación de la audiencia sancionatoria el 5 de agosto de 2020. Folio 43 del Archivo
“CONTRATO No 3421 TURNKEY CARPETA 4”, índice 11 de Samai.
20
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
liquidación bilateral se otorgó un plazo adicional para retornar el dinero al
departamento. Frente a esta decisión, Seguros del Estado S.A. y la Compañía
Nacional de Seguros S.A. presentaron recursos de reposición, los cuales fueron
resueltos a través de la Resolución 1.310.02.68-033 del 23 de febrero de 2022.
87. Según lo descrito, la Sala evidencia que el trámite administrativo sancionatorio
llevado a cabo cumplió con las garantías y etapas precisas descritas en el artículo
86 de la Ley 1474 de 2011. Así, existió una actuación previa a la declaratoria del
siniestro, que se materializó con el desarrollo de la audiencia, en la cual intervino
Seguros del Estado S.A., y en la que fue informada de las circunstancias
relacionadas con la falta de ejecución de las prestaciones del contrato y en la
realización del pago anticipado al contratista, las cuales se sustentaron en el informe
de supervisión del 16 de julio de 2020 en el que se puso de presente que, a pesar
de que el pago anticipado por $14.797’518.945 se desembolsó desde el 14 de mayo
de ese año, el contratista no había realizado la entrega de los equipos, inclusive, en
desatención de, por lo menos, 5 requerimientos.
88. Lo descrito en precedencia permite evidenciar que, desde la citación a la audiencia,
no solo se puso en conocimiento el incumplimiento en la entrega de los equipos,
sino que también se destacó el desembolso de los recursos correspondientes al
pago anticipado. Así, se observa la advertencia que realizaron los supervisores y
que la entidad transmitió a la demandante en la citación a la audiencia sancionatoria,
la cual comprendió tanto la presunta deshonra de la prestación material como de la
ausencia de devolución de ese rubro.
89. También se encontró que Seguros del Estado S.A. ejerció su derecho de defensa
y contradicción durante la audiencia, en la que expresó sus argumentos orientados
a la incorporación de un nuevo informe de supervisión, el cual fue rendido el 27 de
julio de 2020, en el que se concluyó que, a pesar de la entrega de 48 equipos, dicha
circunstancia no permitía subsanar el incumplimiento del contratista que, según lo
pactado en el contrato, debió entregar 300 implementos a la entidad contratante.
90. En ese contexto, se constató que el incumplimiento en la entrega de los equipos
médicos acaeció el 15 de julio de 2020 al vencimiento del plazo de ejecución, por lo
que, al momento en se convocó a Turnkey Logistics Consultants S.A. y su garante
a la audiencia sancionatoria -con fundamento en la comunicación de la supervisión
del 16 del mismo mes-, ya se había materializado el riesgo y, por tanto, era exigible
la restitución del valor no ejecutado por el contratista. Así, ante la finalización del
negocio sin que se hubiera satisfecho el objeto contractual, la entidad contratante
quedó habilitada para iniciar el procedimiento sancionatorio y declarar el siniestro.
91. En efecto, conforme a la cláusula 16 del negocio, el contratista se obligó a garantizar
la devolución del pago anticipado a través de la garantía única de cumplimiento;
también se encuentra que Seguros del Estado, de conformidad con el clausulado
de la póliza 65-44-1018325856, adquirió la obligación de cubrir a la entidad
asegurada frente a incumplimientos del contratista y, entre los amparos, se
56 Anexos de la demanda, índice 3 de Samai. Se constata que la póliza de seguro fue aprobada por la entidad
contratante según instrumento que se encuentra en el folio 215 del archivo “CONTRATO No 3421 TURNKEY
CARPETA 2”.
21
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
contempló la devolución del pago anticipado “cuando a ello hubiere lugar”57; lo cual,
según el procedimiento adelantado por el departamento del Valle del Cauca,
aconteció cuando el contratista faltó a la ejecución total del objeto contractual y,
como consecuencia de ello, había lugar al retorno en favor de la entidad contratante
de los recursos económicos no ejecutados. Así, el riesgo declarado se encontró
debidamente cubierto. Bajo ese escenario, se reitera, la demandante conoció que
el amparo aquí discutido (la plurimencionada devolución del pago anticipado) fue
contemplado en la garantía citada, además que dicho rubro cubría a la entidad
estatal por no recuperar, ante el contratista, los recursos económicos públicos
entregados a éste con ocasión del acuerdo de voluntades protegido por las
aseguradoras. Riesgo que se consumó, ante la falta de entrega del objeto
contractual y, con ello, por la renuencia del tomador del seguro a reintegrar los
dineros al Estado. Todo ello fue advertido desde la primera citación a la audiencia
de declaratoria del siniestro -sustentada en el informe de supervisión del 16 de julio
de 2020-, de manera que no resultó en un evento sorpresivo para las garantes, sin
que los hitos temporales referidos en el acta de liquidación para satisfacer la
devolución de dicho rubro hubiesen suprimido la circunstancia fáctica de
incumplimiento que se presentaba desde el día siguiente al vencimiento del plazo
negocial, sin la entrega del objeto contractual y sin el retorno de los recursos
económicos.
92. Así las cosas, no se advierte motivo que liberara a la contratista de la
responsabilidad por el incumplimiento y que, por el contrario, de acuerdo con los
conceptos de la supervisión del proyecto, se estableció que la no ejecución del
contrato tenía como causa que Turnkey Logistics Consultans S.A., según se adujo,
no consumó la entrega total de los equipos médicos ofrecidos al Departamento.
Asimismo, conforme a las condiciones generales del contrato de seguro, la
compañía aseguradora ostentaba la facultad de vigilar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista58 y, en el mismo sentido, en la póliza No. 65-44-
10118325859 se reservó el derecho de revisar y acompañar el riesgo asumido. Sin
embargo, en el caso sub examine no hay prueba de que Seguros del Estado S.A.
haya actuado de conformidad con esa prerrogativa, que le hubiese permitido hacer
seguimiento al cumplimiento del objeto negocial y, especialmente, a la consecuente
devolución del pago anticipado, incluso, en los términos establecidos en el acta de
liquidación bilateral.
93. De conformidad con lo expuesto, dado que se realizó la audiencia para sustentar
los descargos y se atendieron los puntos de defensa planteados por la aseguradora,
no se atisba violación alguna del debido proceso de dicha compañía. Además, ésta
impugnó la decisión inicial y se decidieron los recursos interpuestos por los
intervinientes en la actuación adelantada por la entidad contratante, lo que permite
57 Id. “1.3. Amparo de devolución de pago anticipado. El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la
entidad estatal asegurada, de los perjuicios que se le causen por la no devolución total o parcial, del dinero
entregado al contratista garantizado a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar”.
58 Id. “10. SEGURESTADO (sic) TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO,
PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA
PARA ELLO (…)”.
59 Íd. “Nota: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER
ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN (sic) SU COLABORACIÓN”.
22
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
concluir que el departamento garantizó el debido proceso de Seguros del Estado
S.A. y que se cumplieron materialmente los presupuestos de citación y contradicción
para la aseguradora.
94. Así, ante la verificación del cumplimiento de los presupuestos previstos en el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para proceder a la declaratoria del siniestro, la
Sala queda relevada de examinar si era necesario el agotamiento de un trámite
distinto al de la referida normativa, como podía serlo el previsto de manera residual
en la parte primera del CPACA, conforme a lo alegado en el recurso de apelación.
En efecto, se encontró que la entidad sí surtió el trámite propio de la citada norma,
no era del caso acudir a una actuación separada para hacer efectiva la póliza por la
no devolución del pago anticipado, dado que ya se habían adelantado las etapas
necesarias para garantizar los derechos de audiencia y defensa de la aseguradora.
Según lo narrado, Seguros del Estado se encontraba enterada de la situación de
presunto incumplimiento de Turnkey Logistics desde los primeros requerimientos
que se le efectuaron, además del desembolso del primer contado pactado en el
negocio (amparado por la póliza).
95. En esos términos, se resuelven los primeros tres problemas jurídicos, en el sentido
de concluir que: (i) el Tribunal de primera instancia no erró al considerar que en el
trámite adelantado por la entidad no se configuró la alegada vulneración al debido
proceso administrativo de Seguros del Estado S.A.; (ii) como el departamento
cumplió con las etapas fijadas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el a quo no
desacertó al concluir que estas exigencias sí se surtieron, pese a que estimó que
no era aplicable esa norma; de manera que (iii) ante la acreditación del agotamiento
material de las etapas previstas para la declaratoria del siniestro, no es necesario
constatar la realización de un trámite distinto al de la referida disposición normativa,
como el común y principal consagrado en la Ley 1437 de 2011.
96. Ahora, si -en gracia de discusión- se considerara que el Departamento del Valle del
Cauca no agotó el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, dicha
circunstancia no variaría la conclusión de la Sala. Dadas las particularidades de este
caso, es posible sostener que, para el único propósito de hacer efectiva la garantía,
no era necesario que se surtiera un procedimiento administrativo sancionatorio
respecto de la aseguradora, en la medida que no es el sujeto sancionable. La razón
por la que la ley impone que, cuando se surta el procedimiento sancionatorio en
contra del contratista, se la vincule es porque tiene interés en ello, en la medida que
el asunto concluirá con un acto administrativo que determinará si hubo o no
incumplimiento, lo que es el riesgo cubierto. Esto, sin embargo, no desdice de que
la entidad asegurada pueda hacer efectiva la garantía de conformidad con las
normas del derecho común, lo que no supone que se determine de manera previa
mediante una decisión unilateral vinculante de su parte la responsabilidad de
aquél60.
60 Este entendimiento no afecta los derechos del contratista ni de la aseguradora, puesto que, en caso de que
aquella realizara el pago, se subrogaría en los derechos de la entidad pública frente a él y, por tanto, el proceso
judicial será el escenario para que se discuta frente a él acerca del incumplimiento.
23
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
97. Lo anterior es concordante con las condiciones generales estipuladas en la póliza,
la cual en su numeral 5. ° determinó el procedimiento que debía seguirse para hacer
efectivos los diferentes amparos. Señaló que para cualquiera de ellos era necesario
agotar el procedimiento establecido en el art. 86 de la Ley 1474 de 2011, pero a la
vez fijó que, en el caso de los que no correspondieran a caducidad y multas, se
haría mediante acto administrativo que surtiría las veces de una reclamación61, es
decir, que en este caso aplicaría lo dispuesto en el art. 1077 del Código de Comercio
y, por tanto, dicha reclamación podía ser objetada por la aseguradora en los
términos del art. 1053 de esa misma normativa, oportunidad dispuesta en ese
código para que exponga lo que estime procedente de cara a la exigibilidad de su
obligación de pago; a diferencia de lo que ocurre con un verdadero acto
administrativo, que en virtud de la presunción de legalidad que los cobija, se
predican vinculantes para su destinatario a partir de su firmeza, lo que explica que
en sede administrativa se deba surtir un debido proceso en la fase previa a su
expedición.
98. A través de comunicación del 19 de octubre de 2021, la demandada se remitió a la
aseguradora para que realizara las gestiones tendientes a la afectación de la póliza
e informara en el menor tiempo posible su determinación al respecto. La compañía
de seguros pidió que se desarrollara el procedimiento del art. 86 de la Ley 1474 de
2011, según lo estipulado en el numeral 5. ° de las condiciones generales. Si se
entendiera que en realidad la entidad no desarrolló ese procedimiento, esto, en todo
caso, resultaría insubstancial, puesto que lo que hizo la demandada fue expedir las
resoluciones aquí impugnadas, con lo cual cumplió con las condiciones exigidas en
la póliza que determinaron que para hacer efectiva la garantía se debía expedir un
acto administrativo que haría las veces de reclamación, la cual, sin embargo, no fue
objetada por la demandante.
99. El camino que decidió seguir la aseguradora consistió en demandar tales
resoluciones sobre la base de que no se garantizó su debido proceso, argumento
que también en este segundo escenario tendría que descartarse porque al tratarse
de una reclamación no se impone desarrollar ese procedimiento, puesto que la
oportunidad para que la aseguradora se pronuncie frente a la exigibilidad de su
obligación es la que disponen las normas del Código de Comercio para objetar la
reclamación, a lo que se añade que lo acreditado en este proceso no determina que
la demandante estuviese exonerada de su obligación de pago.
La supuesta falsa motivación de las decisiones adoptadas por el
Departamento
100. Según lo aducido por Seguros del Estado S.A. en su escrito de apelación, el
Tribunal de primera instancia desconoció que las resoluciones demandadas
declararon el siniestro por la no devolución del pago anticipado, sin haberse
pronunciado previamente sobre el incumplimiento del contratista, lo que denotaría
la falta de motivación de dichos actos. También cuestionó el contenido de las
decisiones por declarar el siniestro con fundamento en una obligación contenida en
61 Esto es concordante con lo dispuesto en el art. 2.2.1.2.3.1.19 del Dcto. 1082 de 2015, sobre la forma de hacer
efectiva la garantía.
24
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
el acta de liquidación bilateral y ajena al contrato, por lo que no se encontraba
amparada por la póliza de cumplimiento.
101. Ante los cuestionamientos planteados por el recurrente, la Sala estima pertinente
examinar las razones esbozadas por el departamento en el contenido de los actos
administrativos que declararon el siniestro por no devolución del pago anticipado.
Así, se tiene que la Resolución No. 1.310.02.68-004 del 19 de enero de 2022 se
fundó en los siguientes argumentos, relacionados con la existencia de la póliza, el
pago anticipado, la suscripción del acta de liquidación y la falta de desembolso de
los contados consagrados en ésta:
“El contrato objeto de esta Resolución cuenta con Póliza No. 65-44-101183258 expedida por
Seguros del Estado S.A., en su calidad de garante del 50% del valor del contrato, la cual fue
aprobada mediante acta de fecha del 20 de 2020 (…).
(…)
En ese sentido, se resalta que el día 20 de mayo de 2020 la Gobernación del Valle del Cauca
realizó el pago anticipado, correspondiente al 50% del valor inicial del contrato,
correspondiente a la suma de $14.797’518.900.
(…) Valga exponer entonces que, el acta de liquidación celebrada el día 19 de octubre de
2020, entre el Departamento del Valle del Cauca y el contratista Turnkey Logistics Colombia
Consultants S.A.S., contenía la obligación para el contratista de hacer efectiva la devolución
del valor pendiente del anticipo pagado, hecho futuro e incierto que constituye una condición
que de cumplirse en los términos pactados, el acta de liquidación cobraría sus efectos
naturales de culminar el contrato, pero de no cumplirse, este debe continuar su vigencia.
(…) El día 30 de noviembre del 2020, el contratista envía comunicado proponiendo que el día
1 de diciembre no se reciba el valor pactado en el acta de liquidación de $2.022’094.250, sino
que se reciba un pago de $404’418.850 y el saldo de $1.617’675.400 se reciba dentro de los
60 días siguientes. No obstante, el 2 de diciembre de 2020 la Gobernación emite el oficio
554339 mediante el cual sostiene el presunto incumplimiento de la obligación del acta de
liquidación y pone en conocimiento de los hechos a la Subdirección de Defensa y
Representación Judicial del Departamento Administrativo de Jurídica, a fin de salvaguardar
los intereses del Departamento a través del correspondiente trámite judicial o administrativo.
Cabe resaltar que el contratista Turnkey Logistics Colombia Consultants S.A.S., solo realizó
un pago parcial de la devolución del anticipo pago, por un valor de $404’418.850 el día 1 de
diciembre de 2020, incumpliendo el valor restante a $7.679’949.963”62.
102. Posteriormente, la entidad desestimó los recursos de reposición presentados por
Seguros del Estado y Compañía Nacional de Seguros, a través de la Resolución
1.310.02.68-033 del 23 de febrero de 2022, que sustentó así:
“La liquidación entonces es un ajuste o rendición final de cuentas que se produce con el objeto
de que las partes contratantes establezcan con fundamento en el desarrollo del contrato, las
acreencias pendientes o saldo a favor o en contra de cada uno o se declaren a paz y salvo.
(…) Lo anterior no significa que las obligaciones contractuales se extingan en virtud de la sola
declaración contenida en la liquidación respecto del cumplimiento de las obligaciones. En
síntesis, en cuanto atañe a la función declarativa, desde una perspectiva general, la
liquidación es el instrumento en el que se declara o se hace constar cual es el punto final de
la relación contractual en torno a las obligaciones contraídas, relacionadas con el objeto y la
contraprestación.
(…) El texto mismo del acta de liquidación bilateral del 19 de octubre de 2020, nos indica que
ratifica el negocio jurídico inicial, el cual claramente contiene una obligación de reintegrar el
62 Anexos de la demanda, índice 3 de Samai de primera instancia.
25
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
pago anticipado, motivo por el cual el acta de liquidación no contiene la constitución de nuevas
obligaciones, conciliaciones o transacciones que merecieran un nuevo amparo o la extensión
de los ya existentes para el reintegro del valor que por anticipado había entregado la
Gobernación al contratista”63.
103. De lo anterior se constata que el departamento fundó el procedimiento en el
incumplimiento del contratista, quien, a pesar de haber recibido $14.797’518.900
por concepto de pago anticipado, únicamente logró justificar la inversión de
$4.833’856.18964, por lo que no cumplió con el objeto y tampoco restituyó la
totalidad de los recursos no ejecutados. Por ese motivo, se ordenó el reintegro a la
entidad del monto no ejecutado para la entrega de los respiradores pulmonares65.
104. Adicionalmente, no se puede desconocer que en el acta de liquidación bilateral las
partes reconocieron que solo se realizó una entrega de 49 ventiladores,
debidamente recibidos por la entidad contratante. Asimismo, se consignó que
únicamente se ejecutó el 16,33% del objeto contractual, lo cual correspondía a
$4.833’856.189. Con sustento en lo descrito, los contrayentes realizaron el cruce de
cuentas en el que se relacionó el pago anticipado en favor del contratista por
$14.797’518.900, suma a la que se le descontó el valor de las retenciones legales
y el monto ejecutado en el plazo contractual, de lo cual se fijó un saldo a favor del
departamento por $8.084’377.810 por concepto del valor que había sido pagado
anticipadamente y que no fue ejecutado por el contratista. Se pactó, igualmente,
que la devolución se haría en dos pagos que debían realizarse el 1.° de diciembre
de 2020 por $2.022’094.250 y el 23 de febrero de 2021 por $6.062’283.560.
105. No obstante, llegado el momento en que el contratista debía desembolsar el primer
pago, únicamente reintegró la suma de $404’418.850, motivo por el cual la entidad
decidió proseguir con la declaratoria del siniestro por la falta de devolución del pago
anticipado no ejecutado, riesgo que se encontraba amparado por la póliza expedida
por las coaseguradoras aquí intervinientes. Dado que éste es uno de los puntos
debatidos por Seguros del Estado en su apelación, importa descender en él para
verificar la corrección del fallo de primer grado a ese respecto.
106. En relación con la cobertura de la devolución del pago anticipado, la Sala
considera necesario precisar que la liquidación de los contratos estatales tiene como
finalidad realizar los ajustes, revisiones y reconocimientos entre los partes
relacionados con lo acontecido durante la ejecución contractual, y expresar sus
reparos o salvedades respecto de futuros reclamos que no se hayan podido
superar66. Asimismo, según lo previsto en el artículo 1602 del Código Civil, lo allí
consignado tiene un carácter vinculante para quienes concurrieron a su celebración
y, de conformidad con la buena fe, no es posible desconocer con posterioridad el
63 Idem.
64
Según el contenido del acta de liquidación del contrato que el mismo suscribió. Archivo “CONTRATO No 3421
TURNKEY CARPETA 4” índice 11 de Samai (folios 286 a 314).
65 En la Resolución 1.310.02.68-033 del 23 de febrero de 2022 se expuso que: “el acta de liquidación (…)
contenía la obligación para el contratista de hacer efectiva la devolución del valor pendiente del anticipo pagado,
hecho futuro e incierto que constituye una condición que de cumplirse en los términos pactados (…) cobraría
sus efectos naturales de culminar el contrato, pero de no cumplirse, este debe continuar su vigencia”. Ese criterio
no fue objeto de cuestionamiento por el demandante, ni debatido en el sub lite.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2005, exp. 14.113. C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez. Criterio reiterado por esta Sala de decisión en providencia del 8 de mayo de 2020, exp.
64.701 C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
26
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
balance final de cuentas, por lo que las partes se encuentran obligadas a respetar
lo allí acordado.
107. Bajo ese supuesto, el acta de liquidación bilateral recapituló los derechos y
obligaciones derivados de la relación contractual, y, según lo acontecido en el
desarrollo de ésta, las partes acordaron la devolución del pago anticipado no
ejecutado, con el fin de poder declarase a paz y salvo. Así, tal como lo estimó el a
quo, lo pactado en dicho instrumento no incorporó prestaciones ajenas a las
derivadas de la relación negocial, debido a que la devolución del pago anticipado
no ejecutado tuvo asidero en el incumplimiento previo del contratista sobre los
compromisos asumidos en el contrato No. 1.220.02.59.2-3421 de 2020.
108. De lo acontecido se destaca que, con la liquidación bilateral, las partes
pretendieron contener las consecuencias negativas -perjuicios- ante el
acaecimiento del riesgo por la falta de ejecución del pago anticipado que se había
entregado al contratista, de forma que, si el contratista hubiera restituido el dinero
en los plazos acordados, no hubiera existido la necesidad de afectar la póliza de
seguro 65-44-101183258. Sin embargo, ante esa omisión, la entidad quedó
habilitada para proseguir con la declaratoria del siniestro y ordenar a la aseguradora
asumir el monto adeudado por el contratista con el fin de mitigar los perjuicios
patrimoniales causados a la entidad.
109. Así, la Sala pone de presente que la liquidación del contrato No. 1.220.02.59.2-
3421 de 2020, realizada de común acuerdo entre los contrayentes, se refirió
expresamente a la falta de satisfacción del objeto contractual y, en consecuencia, a
la necesidad de retornar a la entidad contratante los recursos no ejecutados y que
habían sido transferidos al contratista por concepto de pago anticipado.
110. De ese modo, es claro que el balance final de cuentas no contiene un negocio
jurídico independiente y ajeno al contrato celebrado entre el departamento del Valle
del Cauca y Turnkey Logistics Colombia Consultants S.A.S.; está coligado a él y
guarda su causa, justamente, a raíz de lo allí pactado. No es cierto que, con ese
instrumento, se hubiese configurado una novación de los compromisos originales
del contrato. Lo anterior es así teniendo en cuenta que tales débitos no sufrieron
una extinción a partir de lo consignado en el acta, sino que ésta tuvo por finalidad
establecer, con ocasión de lo que efectivamente ocurrió en el desarrollo contractual
(y una vez vencidos los plazos para cada prestación), quién debía a quién y en qué
monto, además de condicionar la declaratoria de paz y salvo a que se cumpliera
con las restituciones acordadas.
111. Así las cosas, la Subsección considera que, aun cuando las resoluciones
demandadas no hayan declarado expresamente en su parte resolutiva el
incumplimiento de Turnkey Logistics Colombia Consultants S.A.S., en el presente
asunto se demostró que el siniestro por la no devolución del pago anticipado no
ejecutado sí estuvo soportado en la no satisfacción de las obligaciones
contractuales a su cargo. A pesar de haber recibido el dinero, no ejecutó el monto
equivalente al valor recibido según lo pactado en el contrato No. 1.220.02.59.02-
3421, por lo que le asistía la obligación de restituir el monto restante a la entidad
contratante (lo cual fue amparado con la póliza emitida por Seguros del Estado y
27
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
Nacional de Seguros67), y Turnkey Logistics no procedió en ese sentido. Según se
indicó, al plenario no se aportaron medios de mostrativos que desvirtúen dicha
conclusión.
112. Las obligaciones asumidas en el acta se corresponden con aquellas consignadas
en el negocio jurídico a cargo del contratista, balance que -además- era necesario
para definir el monto de la ejecución alcanzada durante la relación negocial y el
valor que se adeudaba al Departamento. Dicho de otro modo, las obligaciones que
fueron amparadas con la póliza no sufrieron ninguna mutación, pues -se insiste- no
es viable concluir que se haya configurado una novación de dichas prestaciones
con la suscripción del acta, ni con la devolución parcial del pago anticipado, contrario
a lo alegado por la aquí apelante. Ligado a lo anterior, la aseguradora cubrió, de
manera especial, la no devolución del pago anticipado (riesgo separado del
denominado, en estricto sentido, “cumplimiento del contrato”), y fue sobre aquel
amparo que versaron los actos aquí acusados, de manera que se evidencia la
concordancia entre uno y otro instrumento, a diferencia de lo expuesto por la
libelista.
113. Así, el cargo de apelación por falsa motivación de las resoluciones proferidas por
el Departamento debe ser desestimado y, en ese sentido se resolverán los últimos
tres problemas jurídicos planteados. En concreto, se constata que el tribunal no erró
al realizar la valoración de ese cargo de nulidad, en tanto la entidad contratante sí
tuvo en cuenta la no satisfacción de las obligaciones contractuales a cargo de
Turnkey Logistics Consultants S.A.S. como fundamento para declarar el siniestro
por la no devolución del pago anticipado, aunado a que dicha situación sí estaba
cubierta por la póliza No. 65-44-101183258, debido a que se trató de prestaciones
propias (y riesgos derivados) del contrato 1.220.02.59.02-3421 del 24 de abril de
2020. Así, dado que no se advierte que el tribunal haya desacertado al apreciar lo
anterior, el cargo de apelación no está llamado a prosperar. Bajo esas
consideraciones el Tribunal acertó al negar la totalidad de las pretensiones,
incluidas las subsidiarias (relativas a la ineficacia e inexistencia de los actos
administrativos cuestionados), debido a que tuvieron un fundamento idéntico -
violación del debido proceso, falsa motivación y desviación de poder-, que no fue
demostrado.
Remisión de la presente sentencia al proceso judicial promovido por el
litisconsorte cuasinecesario
114. La Compañía Nacional de Seguros S.A, en su condición de litisconsorte
cuasinecesario, puso de presente que, por su propia cuenta, promovió un proceso
judicial con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 1.310.02.68-
004 del 19 de enero de 2022 y No. 1.310.02.68-033 del 23 de febrero del mismo
67 El amparo definido como “devolución del pago anticipado” se desarrolló en las condiciones generales de la
póliza así: “el amparo de devolución de pago anticipado cubre a la entidad estatal asegurada, de los perjuicios
que se le causen por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista garantizado a título de
pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar”.
28
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
año, el cual se encuentra en el trámite de la primera instancia en el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca bajo el radicado 7600123330002022008770068.
115. De ese modo, la Sala advierte que el objeto del presente litigio -legalidad de las
decisiones adoptadas por la entidad contratante- guarda relación con lo debatido en
el proceso promovido por el litisconsorte cuasinecesario, en el que se discute ese
mismo asunto. En esas circunstancias, se dispondrá que por Secretaría de la
Sección se remita copia de la presente decisión, una vez ejecutoriada, al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con destino al proceso con radicado
76001233300020220087700.
Conclusiones
116. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección resolverá
desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Seguros del Estado
S.A., recapitulando que:
117. A la parte demandante no le es dable modificar, con posterioridad a que se haya
trabado la litis, las razones de sus pretensiones, ni fundar una imputación distinta a
la realizada en el escrito de demanda (en el caso concreto, al pretender incorporar
el cargo de nulidad por falta de competencia), so pena de incurrir en una vulneración
del debido proceso y del derecho de defensa de su contraparte.
118. El recurso de apelación no tiene por objeto que las partes adicionen o modifiquen
sus demandas, sino sentar los reproches concretos frente al razonamiento de la
sentencia que se impugna. En el presente asunto, Seguros del Estado S.A.
pretendió, con su alzada, incorporar argumentos que no fueron incluidos en su libelo
y que, por tanto, son ajenos a los fundamentos de hecho y de derecho en los que
se sustentó la pretensión de nulidad de los actos administrativos que declararon el
siniestro. Dado que, con esa conducta, se sorprende a su contraparte con cargos
nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse, éstos fueron
excluidos del debate en esta instancia.
119. Quedó acreditado que Seguros del Estado S.A. -en su calidad de cogarante- fue
citado al procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el
departamento del Valle del Cauca, y en él se le permitió presentar sus descargos,
solicitar pruebas y contradecir las imputaciones por la insatisfacción del objeto
contractual y, con ello, por la no devolución del pago anticipado a cargo del
contratista, así como interponer los recursos procedentes en sede administrativa
contra la declaratoria del siniestro. Con ello, la Sala evidenció que la entidad
contratante garantizó el debido proceso y derecho de defensa de la demandante.
120. En todo caso, en gracia de discusión, se precisó que aun si se admitiera que el
Departamento del Valle del Cauca no agotó el procedimiento administrativo
sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, ello no afecta las
conclusiones a las que se arriba en la providencia, en tanto bastaba con la citación
68 Consultado en la plataforma Samai, se advierte que el expediente se encuentra pendiente de realización de
la audiencia inicial, la cual está programada para el 17 de marzo de 2026 (Índice 37).
29
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
al trámite y la comunicación de la ocurrencia del siniestro en los términos del artículo
1077 del Código de Comercio, la entidad surtió la reclamación requerida en la póliza
y, en definitiva, la aseguradora no acreditó estar exonerada de su obligación de
pago.
121. La actuación administrativa surtida por el departamento estuvo motivada en que el
contratista no cumplió el contrato y, con ocasión de lo anterior, no restituyó a la
entidad contratante la totalidad de la suma que le fue desembolsada por concepto
de pago anticipado, tras -se itera- no cumplir con el objeto contractual, sin que al
plenario se hubiesen allegado pruebas que desvirtuasen esas circunstancias. Por
ende, aunque no se consignara en la parte resolutiva la mención al incumplimiento,
la declaratoria del siniestro estuvo sustentada en la no satisfacción de las
obligaciones contractuales.
122. La liquidación de los contratos estatales tiene como finalidad que las partes del
negocio realicen el balance de cuentas sobre lo acontecido durante su ejecución.
De ese modo, el recuento sobre el desarrollo de las prestaciones y los saldos
reconocidos en favor de una de las partes que se hagan en esta etapa se
corresponde con las obligaciones del negocio jurídico a cargo del contratista, lo cual
-además- resulta necesario para que las partes pudieran declararse a paz y salvo
por las prestaciones ejecutadas, debido a la necesidad de restituir el monto pagado
y no ejecutado durante la vigencia del negocio. Dicho ejercicio no tiene la naturaleza
de una novación, comoquiera que, en su esencia, no implica la sustitución de las
obligaciones pactadas. Por ende, en el presente asunto, se concluyó que los
compromisos pactados en el balance final de cuentas estuvieron cubiertos por la
garantía otorgada por Seguros del Estado S.A., que abarcó la no devolución del
pago anticipado realizado al contratista.
123. La Sala constató que el riesgo de la no devolución del pago anticipado se materializó
ante la falta de ejecución de las prestaciones pactadas y la negativa del contratista
de restituir los saldos correspondientes a la entidad contratante. Dicha situación
acaeció durante el iter contractual, sin que el plazo otorgado en el acta de liquidación
bilateral del negocio hubiera configurado una alteración de este fenómeno, sino que,
por el contrario, correspondió a una actuación con la que se pretendió contener los
efectos negativos de dicho evento.
La condena en costas
124. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, modificado con el artículo 47 de la
Ley 2080 de 202169, y según lo establecido en el numeral 3 del artículo 365 del
CGP70, en aplicación de un criterio objetivo, se condenará en costas a la parte
69 Artículo 188. “Condena en costas: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
70 Artículo 365 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda. (…).
30
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
demandante71, comoquiera que, en el presente asunto, no prosperará la
impugnación presentada por la parte demandante que pretendió la declaratoria de
nulidad de las Resoluciones 1.310.02.68-004 y 1.310.02.68-033 proferidas por el
Departamento -demandado-. La liquidación de las costas la hará el Tribunal a quo
de forma concentrada, en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso.
125. Las costas procesales se componen, entre otros, de las agencias en derecho
(artículo 361 del CGP). En la medida en que la entidad demandada, en segunda
instancia, mantuvo la designación de su apoderado judicial, y debió realizar la
vigilancia de los acontecimientos del proceso, la Sala estima que dicha circunstancia
es suficiente para que se disponga ese concepto en su favor.
126. En cuanto al monto, el Acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016
por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó
la demanda72, establece que para la fijación de agencias en derecho debe tenerse
en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el
apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes. También señala que, en los “procesos declarativos en general”, en
segunda instancia deben establecerse entre 1 y 6 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
127. En ese sentido, las agencias para esta instancia se establecen a cargo de Seguros
del Estado S.A. -derrotada en esta instancia-. Dicha suma corresponderá al
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de la
presente providencia, en favor del departamento del Valle del Cauca -parte
demandada-. En cuanto a la Compañía Nacional de Seguros S.A., se aclara que no
debe ser beneficiaria ni condenada en costas; lo primero, porque su vinculación al
proceso se dio como litisconsorte cuasinecesario por activa -esto es, del extremo
vencido en segunda instancia- y coadyuvó las pretensiones de la demanda; lo
segundo, porque no interpuso el recurso de apelación desestimado en esta
providencia.
128. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
71 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante
(no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado
-con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios
relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas
con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció
manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica,
por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual
posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
72 Acuerdo PSAA16-10554. Artículo 7. “Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará
respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los
reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003,
2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
31
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00038-02 (73270)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Referencia: Controversias contractuales
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas por el Tribunal a quo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho, se fija la
suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
esta providencia, en favor del departamento del Valle del Cauca y a cargo de
Seguros del Estado S.A.
TERCERO: REMITIR, por Secretaría, copia de la presente providencia en firme al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con destino al proceso con radicado
76001233300020220087700.
CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
32
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.