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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00048-03

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00048-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia del 20 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Esperanza Otero Rodríguez en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Administrativa de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. Modificar y adicionar al ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander así: CUARTO. CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar a favor de ESPERANZA OTERO RODRÍGUEZ a partir del 26 de junio de 2011 -en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación, razón por la cual la demandada debe realizar los descuentos de ley para los aportes al sistema general de seguridad social, de conformidad con los siguientes periodos i) desde el 1 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, debe efectuarse teniendo 26 Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025) Demandante: Esperanza Otero Rodríguez como base el 100% de remuneración básica mensual; y ii) desde la entrada en vigor de la anterior norma, esto es, desde el 19 de diciembre de 1996 hasta cuando por razón del cargo tenga derecho a ello, con base en la anterior asignación más el 30% correspondiente a la prima especial. El pago de la referida prima estará condicionado a los que se hayan efectuado en virtud del Decreto 272 de 2021. Tercero. Adicionar al ordinal quinto de la sentencia de primera instancia lo siguiente: DECLARAR la prescripción trienal las sumas derivadas de la reliquidación salarial y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00048-03

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada en contra de la sentencia del 20 de junio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.2. Las pretensiones

1. Esperanza Otero Rodríguez presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos: i) el Oficio DESRJ 004323 del 27 de

1 En adelante DEAJ.
2 Samai, índice 70, archivo «002Demanda». Presentó la demanda el 18 de diciembre de 2015.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

junio de 2014 que negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios
dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; ii) la Resolución 4987 del 20 de
agosto de 2015 que resolvió de forma negativa el recurso de apelación presentado
por la demandante contra la anterior; iii) la Resolución 3463 del 25 de mayo de 2015,
por medio del cual se le negó la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y
salarios con la inclusión del 30% de la prima especial de servicios como factor
salarial; iv) del acto ficto presunto configurado frente al recurso de apelación
presentado contra la resolución antes mencionada; y v) del acto ficto presunto
configurado de las peticiones presentadas el 5 de junio de 2015 a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Cúcuta.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación y pago de i) las
prestaciones sociales y del salario con la inclusión del 30% de la prima especial de
servicios; ii) la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la
asignación básica mensual; iii) la indexación e intereses moratorios de las sumas
antes señaladas; iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos
en el artículo 189 y 192 del CPACA.

1.1.3. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Esperanza Otero Rodríguez se desempeñó como juez desde el año 1983 y a
partir del 1 de enero de 1993 ha desempeñado los siguientes cargos:
«[…]
FECHA CARGO SECCIONAL
1/01/93 a Juez Penal Del Circuito De
Santander
14/03/1998 Malaga
15/03/98 a Juez Promiscuo del Circuito
Santander
14/06/98 San Vicente de Chucurí
16/06/1998
Juez Promiscuo del Circuito de Norte de
al
Los Patios N.S. Santander
14/10/2004
Del
Juez sexto Penal del Circuito Norte de
15/10/2004 al
de Cúcuta Santander
11/01/2009
12/01/2009 a Juez 8 Penal del Circuito de
Santander
la fecha Bucaramanga

[…]»

3.2. Desde el año 1993 se acogió al nuevo régimen salarial y prestacional contenido
en el Decreto 053 de 1994.

4 Samai, índice 70.

2

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

3.3. La entidad demandada pagó desde el año 1993 sus prestaciones sociales sin
tener en cuenta el carácter salarial de la prima especial de servicios, esto es, el 30%
del salario básico, según lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

3.4. No se le pagaron las sumas que resultaban de liquidar todas las prestaciones
sociales y salarios aplicando el 30% de la prima especial, como factor adicional.

3.5. El 26 de «julio»5 de 2014 la demandante presentó una petición ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga, a la cual se le dio respuesta
mediante Oficio DESRJ 4323 del 27 de junio de 2014 «entregado en la secretaria
del Juzgado en el cual se desempeñaba […] sin que se le notificara esa decisión
personalmente», no obstante se interpuso recurso de apelación que fue resuelto a
través de la Resolución 4987 del 20 de agosto de 2015 y notificada el 22 de octubre
de 2015, es decir, con posterioridad a la conciliación prejudicial.

3.6. El22 de mayo y 5 de junio de 2015 solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bucaramanga y Cúcuta, el reconocimiento y pago de las
diferencias que resultaran de reliquidar todas sus prestaciones sociales, esto es,
prima especial de servicios, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías,
bonificaciones, incluyendo la «bonificación por actividad judicial» aplicando el 30% de
la prima especial como factor salarial a partir del 1 de enero de 1993 hasta que se
hiciera el pago efectivo de ello.

3.7. En la fecha antes señalada solicitó también a esa misma Dirección el
reconocimiento y pago de las sumas dejadas de pagar de las prestaciones sociales
y salario aplicando el 30% de la prima especial de servicios como factor adicional
para efectos del IBL a partir del 1 de enero de 1993 hasta que se hiciera el pago
efectivo de ello.

3.8. Mediante la Resolución 3463 del 25 de mayo de 2015 la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bucaramanga negó las anteriores peticiones. Por lo que
el 13 de julio de 2015 presentó recurso de apelación contra esa decisión frente a la
cual la entidad demandada guardo silencio.

3.9. Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cúcuta no dio
respuesta a sus peticiones. Configurándose así el «silencio administrativo negativo».

3.10. El 19 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de conciliación
solicitada el 14 de octubre del año en mención, ante la Procuraduría 160 Judicial II

5 Sic. El mes corresponde a junio.

3

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

para asuntos administrativos, en la que se adicionaron las pretensiones y solicitud
de nulidad de la Resolución 4987 de 2015, conciliación que fue declarada fallida.

1.1.4. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 29, 53, 150 y 215 de la
Constitución Política; 12 del Decreto 717 de 1978; 10 y 14 de la Ley 4ª de 1992;
numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; y 14 del Código Sustantivo del
Trabajo y la Ley 482 de 1998.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. Los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos no se podían
desmejorar o disminuir, pues al considerarse que el 30% de su remuneración como
prima especial de servicios no tenía carácter salarial afectaba «gravemente» el
monto de las demás prestaciones sociales y a futuro la mesada pensional.

5.2. La entidad demandada no tuvo en cuenta el cambio jurisprudencial y reiterado
del Consejo de Estado en el que se dispuso que constituía salario la remuneración
permanente y periódica que percibía un empleado como retribución por sus
servicios y que constituía la base para efectos de la liquidación prestacional.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación6:

6.1. La prima especial dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tenía
carácter salarial para la liquidación y pago de las prestaciones sociales y demás
emolumentos salariales, por mandato expreso de la Ley 4 de 1992 y la sentencia C-
279 de 1996 de la Corte Constitucional.

6.2. No se podía acceder a la reliquidación de las prestaciones devengadas por la
demandante durante el tiempo en que se desempeñó como juez de la República
incluyendo el 30% de la prima especial como factor salarial y de las diferencias
surgidas de la interpretación de la aplicación de la Ley 4 de 1992 y de los decretos
anuales expedidos por el gobierno nacional implicaría que la administración
desconociera el ordenamiento legal vigente.

6.3. El gobierno tenía la facultad para expedir los decretos salariales y determinar el

6 Samai, índice 70, archivo «031EscritoContestacion».

4

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

que el 30% de la remuneración mensual fuera considerada prima especial sin
carácter salarial.

6.4. Solicitó que se declarara la prescripción de las sumas reclamadas.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia proferida el 20 de junio de
20257, accedió a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo
siguiente:

«PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES para el caso en concreto el
artículo 6° del Decreto 106 de 1994; el artículo 7° del Decreto 43 de 1995; el artículo 6°
de los Decretos 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998 y 44 de 1999; el artículo 7° de los
Decretos 2740 de 2000 y 2777 de 2001; el artículo 6° de los Decretos 673 de 2002, 3569
de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007 y 658 de 2008; el
artículo 8° de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013 y 194 de 2014, y en su lugar, se aplica el artículo 53 de la Constitución
Política.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en: (i) la
Resolución No. 3463 del 25 de mayo de 2015 suscrita por el Director Ejecutivo de
Administración Judicial Seccional Santander, (ii) el acto ficto o presunto producto del
silencio negativo al no resolver recurso de apelación interpuesto contra la resolución
anterior, (iii) el Oficio No. DESRJ 004323 del 27 de junio de 2014 suscrito por el Director
Ejecutivo de Administración Judicial Seccional Santander, (iv) la Resolución No. 4987
del 20 de agosto de 2015 emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
que resolvió confirmar lo dispuesto en el oficio DESRJ 004323; y (v) el acto ficto o
presunto producto del silencio negativo al no resolver las peticiones elevadas el 05 de
junio de 2015, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a
reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas por ESPERANZA OTERO
RODRÍGUEZ, causadas desde el 26 de junio de 2011 -en virtud del fenómeno
prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho, sobre el
100% de su remuneración mensual, es decir, teniendo en cuenta para el efecto el 30%
que en su momento se había sustraído erróneamente del salario básico a título de prima
especial de servicios.

CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a
reconocer y pagar a favor de ESPERANZA OTERO RODRÍGUEZ a partir del 26 de junio
de 2011 -en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del
cargo tenga derecho, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un
incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha prima

7 Samai, índice 77.

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Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

QUINTO: DÉCLARASE la prescripción trienal las sumas derivadas de la reliquidación
salarial y prestacional, causadas con anterioridad al 26 de junio de 2011, de conformidad
con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar de forma indexada las condenas dispuestas en
esta sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y la
fórmula señalada en la parte motiva.

SÉPTIMO: Ordenar a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos
que establece el artículo 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.

OCTAVO: SIN CONDENA en costas de conformidad con la parte motiva.
[…].» [Sic]

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. De acuerdo con el material probatorio la entidad demandada dio la denominación
de prima especial de servicios, establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, a
lo que en realidad constituía el 30% del salario de la demandante, quitándole la
posibilidad de que ese porcentaje fuera tenido en cuenta para la liquidación de sus
prestaciones.

8.2. La asignación básica debía pagarse en un 100% y liquidarse las prestaciones
sociales sobre ese porcentaje, comoquiera que se vieron afectadas por haberse
reducido el 30% el salario, según lo establecido en la sentencia de «unificación» del
2 de septiembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado.

8.3. La demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico durante los lapsos de su vinculación
laboral como juez de la República -sin perjuicio de la prescripción-, la cual sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación, de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

8.4. El
derecho al reconocimiento de la referida prima se hizo exigible para la
demandante a partir del 1 de enero de «1992», fecha a partir de la cual acreditó la
condición de juez, pero comoquiera que la reclamación administrativa fue
presentada el 26 de junio de 2014, se encontraban prescritas las sumas causadas
con anterioridad al 26 de junio de 2011.

1.4. El recurso de apelación

9. La DEAJ solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia con base en

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

los siguientes argumentos8:

10. La motivación y la parte resolutiva de la decisión de primera instancia fue
incongruente y extrapetita, pues lo resuelto no se correspondía con lo pretendido
por la demandante, pues en la petición presentada ante la entidad el 26 de junio de
2014, solicitó la adición a su salario «del 30% de la prima especial de servicios para
efectos del IBL».

11. Asimismo, en las pretensiones de la demanda solicitó a título de restablecimiento
del derecho el reconocimiento y pago de las sumas que resultaran de aplicar el 30%
de prima especial como factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones
sociales y el pago de los valores que resultaran de reliquidar las prestaciones
sociales y el salario aplicando el 30% de la prima especial «como factor retributivo
de carácter adicional para efectos del IBL». Por lo tanto, la demandante solicitó el
reconocimiento de la prima especial como factor salarial para la reliquidación de las
prestaciones sociales, no obstante, no había lugar a ese reconocimiento, pues ello
contrariaba la sentencia de «unificación» que regía la materia.

12. El fallo de primera instancia concedió 2 pretensiones que no fueron solicitadas
por la parte demandante, pues se condenó a la entidad9 a reliquidar y pagar las
prestaciones sociales causadas desde el 26 de junio de 2011, por prescripción, y
hasta que tuviera derecho debido al cargo sobre el 100% de su remuneración
mensual, es decir, teniendo en cuenta el 30% que en su momento fue sustraído
erróneamente del salarió básico. También se dispuso el reconocimiento y pago de
la prima especial de servicios, en cuantía equivalente al 30% de la asignación
básica, tenida como un incremento al salario básico, desde el 26 de junio de 2011,
por prescripción, y hacía adelante siempre que por razón del cargo tenga derecho.
Se advirtió que la mencionada prima solo constituía factor salarial para efectos de
la pensión de jubilación.

13. La caducidad respecto de las pretensiones se encontraba configurada.
Asimismo, la actuación administrativa se surtió de acuerdo con la normatividad
vigente a la fecha en atención a su constitucionalidad y legalidad y que no habían
sido objeto de suspensión, anulación o modificación alguna, razón por la cual no
resultaba posible reconocer el carácter salarial a las prestaciones que legalmente
no la tenían, pues sería desconocer los decretos salariales que regularon el salario
del servidor reclamante y atribuirse una competencia que no tenía para variar el
régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial.

8 Samai, índice 79.
9 Ordinales tercero y cuarto del resuelve.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

14. La entidad tenía la obligación de liquidar y pagar de conformidad con los decretos
que anualmente expide el gobierno para liquidar los salarios y prestaciones sociales
de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, sin que fuera posible modificar
las plantas de personal de las entidades que hacían parte del presupuesto general
de la nación sin contar previamente con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal o con la autorización previa del CONFIS.

15. La Rama Judicial no podía ser la demandada en este proceso porque realizó los
pagos de los salarios y prestaciones sociales a la demandante de conformidad con
los parámetros dispuestos en las normas que regían la materia y en los decretos
fijados por el gobierno nacional. Por lo que la sentencia que eventualmente se
dictara en el presente proceso en contra de los intereses del Estado, legalmente
afectaría el presupuesto general de la nación «y, por ende, deberán ser convidadas al
presente proceso el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la
Función Pública»

15.1. No contaba con la respectiva disponibilidad presupuestal que diera cuenta de
la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las
obligaciones que imponían la ley o las sentencias judiciales, razón por la cual estaba
impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones
salariales y prestacionales, de lo contrario se estaría desconociendo el
ordenamiento legal vigente, con las consecuencias disciplinarias, fiscales y penales
de una decisión en ese sentido.

15.2. Por último, solicitó que, en caso de que se confirmara el fallo de primera
instancia, se mantuviera su ordinal quinto que decretó la prescripción de las sumas
causadas antes del 26 de junio de 2011 y que no se le condenara en costas.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

16. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

17. El Ministerio Público no presentó concepto11.

10 Samai, índice 10.
11 Samai, índice 9.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

1.7. Pronunciamiento frente al recurso de apelación

18. La parte demandante presento memorial el 17 de octubre de 2025 12 en el que
descorrió traslado del recurso de apelación presentado por la demandada, pues
consideró que la decisión de primera instancia se había fundamentado en la
Constitución, la Ley y el precedente jurisprudencial. La Ley 4 de 1992 fue la que dio
origen al derecho reclamado y no los decretos posteriores como el expedido en el
año 2021 y posteriores. La prima especial de servicios debía reconocerse como un
adicional a la asignación básica y no quitar el 30% del salario para darle título de
prima especial.

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

19. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia13, se circunscriben a
establecer ¿si la sentencia de primera instancia es incongruente porque la parte
motiva no se corresponde con la resolutiva y no atendió las pretensiones de la
demanda? ¿si la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 tiene carácter salarial?, y si ¿la falta de disponibilidad presupuestal de la
entidad demandada puede condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o
el cumplimiento de la condena?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

12 Samai, índice 6.
13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

20. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la fuerza pública.

21. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial14 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

22. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

23. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

14 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

10

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

24. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

25. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200715, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar16».

26. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

27. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%

15 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
16 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

11

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

28. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201917, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario
básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido
a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo» [sic].

29. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

12

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201918.

30. Asimismo, el Consejo de Estado19 declaró la nulidad de algunas normas que
reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada
Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución
y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].

31. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 20 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
19 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
20 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.

13

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

32. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

33. En la sentencia del 2 de septiembre de 201921, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

34. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada
en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la
reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

35. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

36. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior22 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
22 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».

14

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

37. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

38. Así, en palabras de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-0523 «no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales». Lo anterior obedece a que los aportes pensionales se relacionan en
mayor medida con el deber del empleador de cumplir con sus obligaciones frente al
sistema parafiscal.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

39.1. Esperanza Otero Rodríguez se desempeñó en los siguientes cargos, de
acuerdo con la certificación expedida por la entidad demandada así 24:

Cargo Despacho Fecha inicio Fecha final

Juez «grado 17» Juzgado de Málaga 01/01/«1994» 31/12/1998
Juzgado 001 promiscuo del
Juez del circuito circuito los patios conoc 906y «14/07/1998» 14/10/2004
600
Juzgado 006 penal del
Juez del circuito circuito Cúcuta, conocimiento 15/10/2004 12/01/2009
ley 600
Juzgado octavo penal del
Juez del circuito 13/01/2009 31/01/2011
circuito de Bucaramanga
Juez del circuito
Juzgado octavo penal del
01/02/2011 «a la fecha
circuito de Bucaramanga (18/06/2015)»25

23 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)
24
Según certificación del del 18 de junio de 2015. Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas
65 a 74.
25 La certificación fue expedida el 18 de junio de 2015.

15

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

39.2. Ahora, mediante la Resolución 4987 del 20 de agosto de 201526, se señaló que
la demandante desempeñó los siguientes cargos:
«[…]

Despacho Fecha inicio Fecha final

Juez 1 Penal del Circuito de
01/01/1993 15/03/1998
Málaga
Juez 1 Promiscuo del Circuito
16/03/1998 13/07/1998
de San Vicente de Chucurí
Juez 1 Promiscuo del Circuito
14/07/1998 14/10/2004
de los Patios
Juez 6 Penal del Circuito de
15/01/2004 12/01/2009
Cúcuta
Juez 8 Penal del Circuito de
13/01/2009 la fecha
Cúcuta
[…]»

39.3. A través del certificado del 18 de junio de 201527, expedido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander, se relacionaron los valores devengados
por Esperanza Otero Rodríguez desde el año 1994 hasta 1998, y desde el año 2009
hasta el 2015. Percibió los siguientes emolumentos: sueldo, prima técnica, prima de
servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, prima especial de servicios
(desde el año 1996), bonificación por servicios. Para el efecto, se enlistan los
valores registrados respecto del sueldo, de los cuales se destacan los siguientes:

Prima
Asignación especial
Salario
Año Decreto básica de Total
decretado
pagada servicios
pagada
2012 874 $5.722.632 $4.402.258 $1.320.678 $5.722.936
2013 1024 $5.919.805 $4.553.696 $1.366.109 $5.919.805
2014 194 $6.093.848 $4.687.575 $1.406.273 $6.093.848

39.4. El 26 de junio de 2014 Esperanza Otero Rodríguez solicitó a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga lo siguiente28:

«Me permito solicitarle le ordene a quien corresponda, proceda a efectuar la reliquidación
y el pago de los salarios y de todas las prestaciones sociales de la suscrita a saber: prima
de servicios, gastos de representación, bonificación por servicios, prima de nivelación,
ajuste salarial, servicios autorizados por ley, cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por actividad judicial y
demás emolumentos que me fueron cancelados en forma incompleta, desde el año
de 1993 hasta el 15 de junio de 1998 y desde el 11 de enero de 2009, incluyendo en la

26 Que resolvió el recurso de apelación presentado contra el Oficio que negó el reconocimiento y

pago de las diferencias por concepto de salario y de la prima especial de servicios.
27 Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 65 a 74.
28
Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 18 a 20.

16

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

misma la remuneración mensual prevista en los decretos por medio de los cuales el
Gobierno Nacional estableció el salario de los funcionarios de la rama judicial,
adicionando el 30% que corresponde a la PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS para
efectos del IBL, según el contenido del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y de conformidad
con la sentencia proferida por el Consejo de Estado del pasado 29 de abril de 2014, con
ponencia de la Magistrada, Dra. María Carolina Rodríguez Ruíz.»(sic)

39.5. Mediante Oficio DESRJ 004323 del 27 de junio de 201429 la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial de Bucaramanga dio respuesta de forma desfavorable a
la petición de la demandante en la que «solicitó el pago de la prima especial de servicios
dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992».

25 de julio de 2014 presentó recurso de apelación30 contra la anterior
39.6. El
decisión.

39.7. El 22 de mayo de 201531 solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Bucaramanga lo siguiente:

«Se me reconozca, liquide y cancele, por haber desempeñado en este distrito judicial,
los siguientes cargos: Desde el 1 de Enero de 1993 hasta 14 de Marzo de 1998, el cargo
de Juez Penal del Circuito de Málaga (S); desde el 15 de Marzo de 1998 hasta el 14 de
Junio de 1998, el cargo de Juez Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucurí (S) y
desde el 12 de Enero de 2009 a la fecha, el cargo de Juez Octavo Penal del Circuito de
Bucaramanga, los valores por concepto de prestaciones sociales, a saber primas, prima
de servicios, prima de nivelación, ajuste salarial, vacaciones, prima de vacaciones, prima
de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, gastos de representación, bonificación
por servicios, ajustes autorizados por la ley, la prima especial de servicios que
corresponde al 30% del salario básico mensual, la bonificación por actividad judicial
desde el día de su creación, los demás emolumentos que la entidad me adeuda desde
el 1 de Enero de 1993 a la fecha y durante los años que se sigan causando mientras me
sean cancelados en su totalidad, sumas que resultaren de aplicar el 30% de prima
especial como factor salarial y adicionando el 30% que corresponde a la PRIMA
ESPECIAL DE SERVICIOS para efectos del IBL.» (se resalta)

39.8. El 22 de mayo de 201532 solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Bucaramanga lo siguiente:

«Se me reconozcan, liquiden y paguen, por haber desempeñado desde el 1 de Enero de
1993 hasta el 14 de Marzo de 1998, el cargo de Juez Penal del Circuito de Málaga (S);
desde el 15 de Marzo de 1998 hasta el 14 de Junio de 1998, el cargo de Juez Promiscuo
del Circuito de San Vicente de Chucuri (S) y desde el 12 de Enero de 2009 a la fecha, el
cargo de Juez Octavo Penal del Circuito de esta ciudad, los valores por concepto de
prestaciones sociales, primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías,
bonificaciones, prima especial de servicios que corresponde al 30 del salario básico

29 Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 42 a 43.
30 Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 44 a 45.
31 Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 22 a 23.
32
Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 18 a 21.

17

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

mensual, la bonificación por actividad judicial desde el día de su creación, y demás
emolumentos que la entidad me adeuda desde el 1 de Enero de 1993 a la fecha y
durante los años que se sigan causando mientras me sean cancelados en su
totalidad, sumas que resultaran de aplicar el 30% de prima especial como factor
salarial, porcentaje que nunca fue reconocido en los decretos de aumento anual de
remuneración de los mencionados servidores públicos, Decretos Nos 053 de 1993; 106
de 1994; 043 y 049 de 1995; 36 y 108 de 1996; 054 076 de 1997; 050 y 064 de 1998;
038 y 044 de 1999; 2743 d 2000; 1480, 2729 y 2777 de 2001; 673 y 685 de 2002 y 356
de 2003.» (se resalta)

5 de junio de 201533 radicó petición ante la Dirección Ejecutiva de
39.9. El
Administración Judicial de Cúcuta, en la que solicitó:

«Se me reconozcan, liquiden y cancelen por haber desempeñado en ese Distrito Judicial
los siguientes cargos: Desde el 16 de Junio de 1998 hasta el 14 de Octubre de 2004, el
cargo de Juez Promiscuo del Circuito de Los Patios (N de S) y desde el 15 de Octubre
de 2004 hasta el 11 de Enero de 2009, el cargo de Juez Sexto Penal del Circuito de
Cúcuta (N de S), los valores por concepto de prestaciones sociales, primas, vacaciones,
cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, prima especial de servicios que
corresponde al 30% del salario básico mensual, la bonificación por actividad judicial
desde el día de su creación, los demás emolumentos que la entidad me adeuda desde
el 16 de Junio de 1998 hasta el 14 de Octubre de 2004 en el cargo de Juez Promiscuo
del Circuito de Los Patios (N de S) y desde el 15 de Octubre de 2004 hasta el 11 de
Enero de 2009, el cargo de Juez Sexto Penal del Circuito de Cúcuta (N de S), sumas
que resultarán de aplicar el 30% de prima especial como factor salarial, porcentaje que
nunca fue reconocido en los Decretos de aumento anual de remuneración de los
mencionados servidores públicos[…]».

39.10. El 5 de junio de 201534presentó otra petición ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Cúcuta, en la que solicitó:

«Se me reconozca, liquide y cancele por haber desempeñado en ese Distrito Judicial los
siguientes cargos: Desde el 16 de Junio de 1998 hasta el 14 de Octubre de 2004, el
cargo de Juez Promiscuo del Circuito de Los Patios (N de S) y desde el 15 de Octubre
de 2004 hasta el 11 de Enero de 2009, el cargo de Juez Sexto Penal del Circuito de
Cúcuta (N de S), los valores por concepto de prestaciones sociales, a saber primas,
prima de servicios, prima de nivelación, ajuste salarial, vacaciones, prima de vacaciones,
prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, gastos de representación,
bonificación por servicios, ajustes autorizados por la ley, la prima especial de servicios
que corresponde al 30% del salario básico mensual, la bonificación por actividad judicial
desde el día de su creación, los demás emolumentos que la entidad me adeuda desde
el 1 de Enero de 1993 a la fecha y durante los años que se sigan causando mientras
me sean cancelados en su totalidad, sumas que resultaren de aplicar el 30% de
prima especial como factor salarial y adicionando el 30% que corresponde a la
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS para efectos del IBL.» (sic) (se resalta).

33
Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 25 a 28.
34
Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 29 a 30.

18

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

39.11. Mediante la Resolución 3463 del 25 de mayo de 201535 la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial de Bucaramanga negó la petición de reliquidación de las
prestaciones sociales y salarios con la inclusión de la prima especial del 30% que
se había excluido como factor salarial.

39.12. El 1 de julio de 2015 fue notificada personalmente la anterior resolución a la
demandante36.

39.13. La actora presentó recurso de apelación (la fecha del recibo es ilegible) contra
la anterior decisión, sin embargo, no obra constancia de respuesta alguna37.

39.14. El 20 de agosto de 2015, con la Resolución 498738, la entidad resolvió el
recurso de apelación presentado «el 26 de junio de 2014», en el sentido de confirmar
el contenido del Oficio DESRJ 004323 del 27 de junio de 2014.

39.15. La anterior resolución fue notificada a la demandante el 22 de octubre de
201539.

39.16. El 14 de octubre de 2015 Esperanza Otero Ródriguez presentó solicitud de
conciliación extrajudicial40 ante la Procuraduría 160 Judicial para Asuntos
Administrativos, la cual fue declarada fallida el 19 de noviembre de 2015.

2.4. Análisis sustancial

40. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Santander declaró la nulidad de los actos acusados y a título de
restablecimiento del derecho condenó a la DEAJ a i) reliquidar y pagar todas las
prestaciones sociales que devengó la demandante desde el 26 de junio de 2011
hasta que permaneciera en el servicio devengando la prima especial, sobre el 100%
de su remuneración mensual «teniendo en cuenta [e]l 30% que en su momento se había
sustraído erróneamente del salario básico a título de prima especial»; y ii) a reliquidar y
pagar la prima especial de servicios desde el 26 de junio de 2011 hasta que
permaneciera en el servicio percibiendo la referida prestación «en cuantía del 30% de
la asignación básica mensual, entendida como un incremento del salario básico y se advirtió
que esa prestación solo constituía factor salarial para efectos de la pensión de jubilación».

41. La DEAJ solicitó que se revocara el fallo de primera instancia, porque era una

35 Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 31 a 36.
36 Samai, índice 70, archivo «002Demanda», página 37.
37 Samai, índice 70, archivo «002Demanda», página 38 a 41.
38 Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 46 a 63.
39
Samai, índice 70, archivo «002Demanda», página 64.
40 Samai, índice 70, archivo «002Demanda», páginas 116 a 119.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

decisión incongruente y extrapetita, comoquiera que la parte motiva no se
correspondía con lo pretendido por la demandante, pues en la petición presentada
ante esa entidad el 26 de junio de 2014 se solicitó la adición a su salario «del 30%
de la prima especial de servicios para efectos del IBL.»; y en las pretensiones de la
demanda pidió i) el reconocimiento y pago de las sumas que resultaran de aplicar
el 30% de prima especial como factor salarial para efectos de liquidar las
prestaciones sociales; y ii) el pago de los valores que resultaran de reliquidar las
prestaciones sociales y demás emolumentos aplicando el 30% de la prima especial
«como factor retributivo de carácter adicional para efectos del IBL.», es decir, el
reconocimiento de la prima especial como factor salarial para la reliquidación de las
prestaciones sociales «constitutiva de salarios».

42. No obstante, en el fallo se resolvió condenar a la demandada a reliquidar y pagar
las prestaciones sociales causadas desde el 26 de junio de 2011, por prescripción,
y hasta que tuviera derecho en razón del cargo, sobre el 100% de su remuneración
mensual, esto es, teniendo en cuenta el 30% que en su momento fue sustraído por
error del salario básico. También se dispuso el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica, como
un incremento al salario básico, desde el 26 de junio de 2011, por prescripción, y
hacía adelante siempre que por razón del cargo tuviera derecho.

43. Se configuró la caducidad del medio de control y era necesario «convidar» al
proceso «al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública,
porque de confirmarse la sentencia afectaría al Presupuesto General de la Nación».
Además, se encontraba en la imposibilidad presupuestal para cumplir con la
condena impuesta por el juez de primera instancia e insistió en que la prima especial
de servicios no constituía factor salarial, comoquiera que solo lo era para efectos de
la pensión de jubilación.

44. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte

20

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de
oficio.
[…]».

45. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en
su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita41, como regla general.

46. Es importante precisar que ese principio se analiza bajo 2 ámbitos o facetas. Una
externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado por
las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte motiva de
la providencia42. Al respecto, se destaca que, en caso de existir incongruencia en
cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe
ser de tal magnitud que no proceda solución diferente de su nulidad.

47. De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que Esperanza Otero
Rodríguez solicitó el 26 de junio de 2014 a la DEAJ la reliquidación y pago de los
salarios y todas las prestaciones sociales que se le pagó de forma incompleta y la
inclusión de la prima especial de servicios dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 para efectos del IBL; por lo tanto, de una lectura integral de la mencionada
solicitud se observa que al pedir que se le pagara de forma completa sus
prestaciones, se entiende que se refería a que su sueldo básico fue fraccionado y
por ende no se liquidaron en debida forma aquellas, además pidió la inclusión de la
prima especial de servicios en la base para calcular las prestaciones sociales.

47.1. Asimismo, el 22 de mayo de 2015 pidió a la demandada el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios y de las sumas que «le adeudaban desde el 1
de Enero de 1993 a la fecha y durante los años que se sigan causando mientras me sean
cancelados en su totalidad, sumas que resultaren de aplicar el 30% de prima especial como
factor salarial y adicionando el 30% que corresponde a la PRIMA ESPECIAL DE

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia
judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo
“ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un
derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no
alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de

noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina
Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

21

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

SERVICIOS para efectos del IBL.», lo que demuestra que las citadas peticiones sí se
acompasaron con las pretensiones de la demanda bajo estudio, las cuales son: «la
reliquidación y pago i) de las prestaciones sociales y del salario con la inclusión del 30% de
la prima especial de servicios; ii) de la prima especial de servicios en cuantía del 30%
adicional a la asignación básica mensual.»

48. En cuanto a la congruencia entre el razonamiento desarrollado en la parte motiva
de la sentencia de primera instancia y la resolutiva se observa que el a quo después
de una valoración probatoria encontró que la asignación básica de la demandante
había sido fraccionada en un 30% para darle la denominación de prima especial de
servicios, es decir, que sus prestaciones sociales habían sido liquidadas solo con el
70% de su asignación básica, lo cual era incorrecto, razón por la cual tenía derecho
a que se le reliquidaran sus prestaciones sociales sobre el 100% de su asignación
básica o remuneración mensual y que también se le reconociera la referida prima
como una adición de su salario básico, incluso se precisó que esta solo constituía
factor salarial para efectos pensionales. Por tal razón, no es de recibo el argumento
de la demandada relativo a que se había reconocido un derecho que no había sido
pedido «extra-petita».

49. La decisión de reconocer la prima especial con carácter salarial solo para efectos
pensionales se encuentra en línea con lo expuesto en el marco normativo de esta
providencia, pues como se mencionó la Ley 4ª de 1992 creó la mencionada
prestación «[s]in carácter salarial» para los servidores de la Rama Judicial, con
efectos a partir del 1 de enero de 1993. A su vez, con el Decreto 57 de 1993, el cual
previó en su artículo 6 que la prima especial de servicios no tenía carácter salarial,
y se acompasa con el análisis realizado en la sentencia C-279 de 1996 de la Corte
Constitucional, en la que se dispuso de forma clara que la prima especial de
servicios no tenía carácter salarial y, en consecuencia, no debía hacer parte del
cálculo de liquidación de las prestaciones sociales; asimismo, en la sentencia del 2
de septiembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado43 en la que se estableció
que esa prestación solo constituiría factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

50. Por otra parte, se observa que en el recurso de apelación se insistió en que se
encontraba configurada la caducidad del medio de control y que era necesario
convocar a otras entidades al proceso, esto es, «al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el
Departamento Administrativo de la Función Pública, porque de confirmarse la sentencia
afectaría al Presupuesto General de la Nación», frente a la caducidad se observa que
aun que la demandada no la sustentó, el juez de conocimiento puede decretarla de

43
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).

22

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

oficio, de encontrarse configurada, no obstante, esta no operó, pues de acuerdo con
el material probatorio44 cuando Esperanza Otero Rodríguez presentó la demanda el
18 de diciembre de 2015 se encontraba vigente su relación laboral con la entidad
demandada, es decir, que su reproche estaba relacionado con prestaciones
periódicas45, debido a ello podía demandar en cualquier tiempo.

51. Respecto de la petición de vincular a este proceso al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se observa que la entidad
demandada solicitó en el trámite de la primera instancia que se llamara como litis
consorte necesario a las entidades mencionadas, sin embargo, esta fue resuelta de
forma desfavorable mediante auto del 27 de julio de 2018 proferido en la audiencia
inicial y confirmada mediante providencia del 16 de febrero de 2021 proferida por
esta Corporación. Decisión que se encuentra ejecutoriada, razón por la cual no hay
lugar a emitir pronunciamiento alguno.

52. Frente al argumento de la imposibilidad de dar cumplimiento a la condena por no
tener presupuesto asignado para ello, la Sala destaca que esta situación no es una
justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas. En consecuencia, no existe
sustento legal o jurisprudencial para afectar los derechos de la demandante por una
supuesta deficiencia económica del empleador.

53. De ese modo, el incumplimiento de las órdenes de restablecimiento del derecho
no solo desconocería los derechos laborales, sino también el mandato previsto en
el artículo 334 de la Constitución Política, según el cual el Estado tiene a su cargo
la dirección general de la economía y debe garantizar el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes bajo un marco de racionalización y sostenibilidad fiscal.

54. Además, señala que en ninguna circunstancia puede acudirse a la sostenibilidad
fiscal para «menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su
protección efectiva», lo que impide que bajo ese argumento pueda permitirse el

44
Esto es, la certificación laboral y de salarios del 24 de julio de 2015, en la que se señaló que seguía
desempeñando el cargo de juez del circuito. Y en el contenido de la Resolución 4987 del 20 de
agosto de 2015 expedida por la demandada, se indicó que a la fecha se desempeñaba como juez
penal del circuito.
45 El Artículo 164 del CPACA dispone:

«OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; […]»

23

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

desconocimiento de los derechos laborales cuyo restablecimiento se ordena y del
mandato expreso del legislador previsto en las leyes 4ª de 1992 y 332 de 1996 que
son claros y expresos.

55. Por lo tanto, el incumplimiento de las órdenes de restablecimiento del derecho
no solo desconocería los derechos laborales, sino también los mandatos legales
previstos en las leyes 4ª de 1992 y 332 de 1996 que son claros y expresos.

56. Así las cosas, a pesar de las dificultades financieras manifestadas, a la entidad
le corresponde reconocer y pagar los derechos causados a favor de Esperanza
Otero Rodríguez, para lo cual deberá adoptar las medidas que considere necesarias
para cumplir con las obligaciones laborales y prestacionales que le impone la ley y
que gozan de prelación en los términos explicados por la Corte Constitucional en
las sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.

57. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia que ordenó el
pago de la prima especial de servicios como un emolumento adicional al salario
básico, la reliquidación de las prestaciones sociales de acuerdo con el 100% de la
asignación mensual establecida por el gobierno nacional y se precisará que el pago
de la referida prima estará condicionado a los que se hayan efectuado en virtud del
Decreto 272 de 2021.

58. No obstante, y en consideración a la imprescriptibilidad del derecho a la
seguridad social, se ordenará a la entidad demandada realizar el pago de los
aportes o cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico
mensual, más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios46, desde la
fecha de la vinculación al cargo47. Esto quiere decir, que para la liquidación de los
aportes a seguridad social en pensión se hará de conformidad con los siguientes
periodos i) desde el 1 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de
1996, debe efectuarse teniendo como base el 100% de remuneración básica
mensual; y ii) desde la entrada en vigor de la anterior norma, esto es, desde el 19
de diciembre de 1996 hasta cuando por razón del cargo tenga derecho, con base

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de septiembre

de 2023, exp. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, exp.
05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014).
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del

25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a
Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión,
en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras
que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles
del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».

24

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

en la anterior asignación más el 30% correspondiente a la prima especial.

59. Además, se indicará que el cumplimiento de la condena estará condicionado a
que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por
los conceptos aquí reconocidos y en ningún caso podrá superar los topes fijados por
el gobierno nacional.

2.5. Costas

60. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

61. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

62. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.48

63. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

64. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

3. Conclusión

65. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) la sentencia de primera
instancia no desconoció el principio de congruencia, pues esta se acompasa con lo
que se expuso en la parte motiva y resolutiva, así como en las pretensiones de la
demanda; ii) la prima especial solo tiene carácter salarial respecto de los aportes a
pensión; iii) las dificultades financieras de la entidad no justifican el incumplimiento
de sus obligaciones de origen laboral; iv) no operó la caducidad del medio de control
y la prescripción trienal respecto de los aportes a pensión comoquiera que son
imprescriptibles; y v) se precisará que el cumplimiento de la condena estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
accionante por los mismos conceptos aquí reconocidos.

66. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia apelada del 20 de
junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia del 20 de junio
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Esperanza Otero
Rodríguez en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Administrativa de
Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.

Segundo. Modificar y adicionar al ordinal cuarto de la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander así:

CUARTO. CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a
reconocer y pagar a favor de ESPERANZA OTERO RODRÍGUEZ a partir del 26 de junio
de 2011 -en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del
cargo tenga derecho, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un
incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación, razón por
la cual la demandada debe realizar los descuentos de ley para los aportes al sistema
general de seguridad social, de conformidad con los siguientes periodos i) desde el 1 de
enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, debe efectuarse teniendo

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00048-03 (2453-2025)
Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

como base el 100% de remuneración básica mensual; y ii) desde la entrada en vigor de
la anterior norma, esto es, desde el 19 de diciembre de 1996 hasta cuando por razón del
cargo tenga derecho a ello, con base en la anterior asignación más el 30%
correspondiente a la prima especial. El pago de la referida prima estará condicionado a
los que se hayan efectuado en virtud del Decreto 272 de 2021.

Tercero. Adicionar al ordinal quinto de la sentencia de primera instancia lo
siguiente:

DECLARAR la prescripción trienal las sumas derivadas de la reliquidación salarial y
prestacional, causadas con anterioridad al 26 de junio de 2011, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de esta sentencia, con excepción de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por ser imprescriptibles.

Cuarto. Adicionar un ordinal a la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander que quedará de la siguiente manera:

UNDÉCIMO. El cumplimiento de la condena estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los conceptos aquí
reconocidos y en ningún caso podrá superar los topes fijado por el gobierno nacional.

Quinto. No condenar en costas en esta instancia.

Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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Demandante: Esperanza Otero Rodríguez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

KBV

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