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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00562-02

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00562-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar y adicionar el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia el cual quedará de la siguiente manera: CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a: i) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas por Liliana Nelly Parra Pinzón causadas desde el 8 de mayo de 2012 y hacia adelante hasta que tenga derecho, por razón del cargo que ejerza o haya ejercido, sobre el 100 % de su remuneración mensual, es decir, teniendo en cuenta para el efecto el 30 % del salario que en su momento se había sustraído erróneamente a título de prima especial de servicios. ii) Reconocer y pagar la prima especial de servicios, sin carácter salarial, como una adición a la asignación básica, desde el 8 de mayo de 2012 y hacia adelante hasta que tenga derecho, por razón del cargo que ejerza o haya ejercido, sin superar la fecha de entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, siempre y cuando la entidad haya dado cumplimiento al referido decreto; de lo contrario, el reconocimiento se extenderá hasta la fecha en que ello ocurra. iii) Reliquidar y pagar las diferencias por concepto de aportes a pensión desde el 22 de mayo de 2006 y hasta la fecha en que funja o haya fungido en el cargo que la hace beneficiaria de dicha prima, con base en el 100 % de la remuneración básica mensual más el 30 % correspondiente a la prima especial de servicios, sin superar la fecha de entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, siempre y cuando la entidad haya dado cumplimiento al referido decreto; de lo contrario, el reconocimiento se extenderá hasta la fecha en que ello ocurra. El cumplimiento de lo aquí dispuesto está condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la demandante por los mismos conceptos y que el monto reconocido no supere en ningún caso los topes fijados por el gobierno nacional. Segundo. Adicionar al ordinal quinto de la sentencia de primera instancia el cual quedará así: QUINTO: DECLARAR la prescripción trienal las sumas derivadas de la reliquidación ordenada, causadas con anterioridad al 8 de mayo de 2012, excepto […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00562-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00562-02 (3013-2025)
Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional
Bucaramanga1

Tema: Prima especial de servicios. Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la
sentencia proferida el 15 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander, Sala de Conjueces, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Liliana Nelly Parra Pinzón presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de i) el Oficio DESAJN15-2424 del 22 de mayo de 2015,
mediante el cual la DESAJ negó su petición de reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales del 22 de mayo de 2006 al 31 de diciembre de 2006, y del 1
de enero de 2007 al 12 de abril de 2009; en calidad de Juez Penal Tercero Municipal
de Florencia Caquetá «en referencia a la prima especial de servidos que corresponde al
(30%) del salario básico mensual» [sic]; ii) el acto ficto negativo derivado de la falta de

1 En adelante DESAJ.
2 La demanda fue radicada el 19 de mayo de 2016. Visible en Samai tribunales. Índice 63. Archivo:

002ActaReparto. 001Demanda. Páginas 67 a 90.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00562-02 (3013-2025)
Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

respuesta al recurso de apelación interpuesto contra el referido oficio; iii) la
Resolución 3341 del 12 de mayo de 2015 mediante la cual la DESAJ negó su
petición de reconocimiento y pago de su salario y prestaciones sociales del 13 de
abril de 2009 «hasta la fecha […] en referencia a la prima especial de servidos que
corresponde al (30%) del salario básico mensual» [sic]; y iv) el acto ficto negativo
derivado de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto contra la
mencionada resolución.

2. Se inaplicara por inconstitucionalidad el «Decreto No. 0874 del 27 de abril de 2012 en
su artículo 8°, 1024 del 21 marzo de 2013 en su artículo 8°, 194 del 7 de febrero de 2014
en su artículo 8° y el Decreto 1105 de 2015, en sus Artículos 4°, dado que en ellos se reitera
los yerros que dieron lugar a la nulidad de las normas que en tal sentido les precedieron y
que a la fecha se encuentran declarados nulos en virtud de la sentencia del 29 de abril de
2014 dentro del proceso No. 2007-00087-00 por la Sala de Conjueces del H. Consejo de
Estado – Sección Segunda» [sic].

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago de los
valores por concepto de prestaciones sociales como «primas, cesantías, vacaciones,
intereses a las cesantías bonificación de servicio y bonificación por actividad judicial y prima
de servicio como factor salarial y demás emolumentos que la entidad demandada le adeude
desde el año de 2006 hasta la fecha y los años que se sigan causando durante el trámite
del presente medio control hasta cuando se produzca d pago» [sic]; ii) la reliquidación,
reconocimiento y pago desde el 22 de mayo de 2006 « hasta la fecha de presentación
de este medio de control y en adelante, todas sus prestaciones sociales, salariales y
laborales» [sic] con base en el 100% de su remuneración básica mensual, incluido
el 30% del sueldo básico con carácter salarial que se había denominado prima
especial; iii) la inclusión del 30% de la prima especial dentro de las prestaciones
sociales; iv) el pago de los intereses de conformidad con el artículo 195 del CPACA;
v) la indexación de la condena; y vi) el cumplimiento del fallo en los términos del
artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes señaló los siguientes:

3.1. Liliana Nelly Parra Pinzón se vinculó a la Rama Judicial el 22 de mayo de
2006 y se desempeñó como juez tercero penal municipal de Florencia, Caquetá y
como juez cuarto penal con función de garantías para adolescentes de
Bucaramanga desde el 13 de abril de 2009 «hasta la fecha» [sic].

3.2. Ante la DESAJ de Neiva solicitó la reliquidación de sus prestaciones sociales
con base en el 100% de su remuneración mensual, con la inclusión del 30% que se
había estipulado como prima especial sin carácter salarial, y el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios como un agregado al salario, con «las
indexaciones correspondientes y la reliquidación de las prestaciones sociales conforme la
sentencia del 29 de abril de 2014, de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado» [sic].

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

3.3. La DESAJ de Neiva, Huila, mediante el Oficio DESAJN15-2424 del 22 de
mayo de 2015 negó la reliquidación solicitada. El 24 de junio de 2015 interpuso
recurso de apelación contra aquel, el cual no fue resuelto por lo que se configuró el
silencio administrativo negativo

3.4. El 7 de mayo de 2015 presentó petición ante la DESAJ de Bucaramanga en
la que solicitó la reliquidación y pago de sus prestaciones sociales con base en el
30% del salario básico «sobre el reajuste de la prima especial de servicios» [sic].

3.5. La entidad mediante la Resolución 3341 del 12 de mayo de 2015 negó su
solicitud y «no resolvió el recurso de apelación, operando el silencio ficto negativo en los
términos de lo dispuesto en el artículo 86 del CPACA» [sic].

3.6. Según el acta del 25 de abril de 2016, la Procuraduría 158 Judicial II para
Asuntos Administrativos declaró fallida la conciliación prejudicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, señaló los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53 y 209 de la Constitución Política;
2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; y el Decreto 272 de 2021.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:

6. La entidad no le pagó la prima especial del 30% como una adición de su
remuneración básica desde el 22 de mayo de 2006, conforme con la sentencia
proferida el 29 de abril de 2014 por el Consejo de Estado, por el contrario, fraccionó
su remuneración mensual en dos partes, el 70% como salario básico mensual y el
30% restante como prima especial sin carácter salarial.

7. El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ordenó la creación de la prima especial de la
que eran beneficiarios entre otros, los jueces y magistrados, la cual debía ser de
entre el 30% y el 60% de la remuneración básica mensual.

8. En sentencia del 29 de abril de 2014, el Consejo de Estado declaró la nulidad de
los decretos salariales anuales expedidos desde el año 1993 hasta el 2007 y señaló
que la prima especial debía ser entendida como un reconocimiento económico
adicional al salario básico de los servidores públicos y no como una disminución de
este.

9. Los actos demandados vulneraron los principios de favorabilidad y progresividad
toda vez que sostuvieron que el 30% de la prima especial no constituía factor salarial
ni fue pagada como una adición a la remuneración mensual básica, con lo cual se
le disminuyó el sueldo básico y las prestaciones sociales.

10. En cumplimiento del numeral 6 del artículo 9 del CPACA, debieron inaplicar los

4Samai tribunales. Índice 63. Archivo: 001Demanda. Páginas 67 a 90.

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

decretos salariales expedidos desde el año 2008 hasta el 2015, en tanto
reprodujeron lo señalado en las normas anuladas por la sentencia antes referida.

1.2. Contestación de la demanda

11. La DESAJ de Bucaramanga se opuso a las pretensiones de la demanda, por las
razones que se expresan a continuación5:

12. La liquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario y la adición
del 30% de prima especial señalada anualmente en los decretos salariales habría
implicado un pago excesivo frente al tope del Decreto 1251 de 2009. Además,
estaba impedida para la inclusión de mayores valores en la nómina para el
reconocimiento de dichas acreencias laborales.

13. La facultad para la fijación de la remuneración de los servidores públicos era
exclusivamente del gobierno nacional, que en desarrollo de la Ley 4ª de 1992
expidió los decretos anuales que regularon el régimen salarial y prestacional de los
funcionarios de la Rama Judicial. En consecuencia, la reliquidación de las
prestaciones sociales con la inclusión del 30% de prima especial como factor salarial
y el pago de las diferencias surgidas de la interpretación de la aplicación de la Ley
4ª de 1992 y de los decretos salariales implicaba el desacato del ordenamiento legal
vigente para la época

14. El Decreto 57 de 1993 y la Ley 4ª de 1992 señalaron que el 30% de prima
especial de servicios no tenía carácter salarial, por lo que ese porcentaje no se tenía
en cuenta para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones,
auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados.

15. El Consejo de Estado, en sentencia del 29 de abril de 2014 declaró la nulidad de
los decretos salariales anuales expedidos desde el año 1993 hasta el 2007, sin
embargo, no se pronunció respecto de aquellos que se dictaron a partir del año 2008
en adelante, por lo tanto eran válidos y se presumían legales, sin que fuera posible
reconocimiento y pago alguno.

16. La prima especial reclamada desde el año 2008 en adelante, se liquidó
correctamente y en atención a la reglamentación del gobierno nacional, la cual no
fue declarada nula. En consecuencia, la demandante debió demandar la nulidad de
los decretos salariales anuales al pretender el restablecimiento de un derecho, sin
embargo como ello no ocurrió, frente a las pretensiones de nulidad por
«inaplicabilidad» de dichos decretos operó la caducidad.

17. Los actos acusados atendieron el marco normativo vigente para la época en que
se expidieron, por lo que no transgredió el ordenamiento jurídico. Por el contrario,
lo que se pretendió con la demanda era obligarla a desconocer el marco legal que

5 Samai tribunales. Índice 63. Archivo: 024EscritoContestacion.

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

estaba vigente y que ordenara «pagos ilegales» que iban en contravía de los
decretos anuales expedidos por el gobierno nacional.

18. El concepto de remuneración mensual comprendió todo lo que la demandante
percibió como contraprestación a su servicio, el sueldo básico y la prima especial,
sin que se tuviera en cuenta su carácter salarial o no, pues conforme con el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 esta última correspondía al 30% del sueldo básico.

19. Como excepciones propuso las siguientes: i) inexistencia del demandado; ii)
ineptitud de la demanda; iii) cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la
citación de otras personas que la ley dispone citar; iv) falta de legitimación en la
causa por pasiva; v) la demanda no comprendió a todos los litisconsortes
necesarios; y vi) prescripción trienal de los derechos reclamados.

1.3. La sentencia apelada

20. El Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, en sentencia del 15
de agosto de 20256 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas. En tal sentido ordenó lo siguiente:

«[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucional para el caso en concreto el artículo 6° de
los 389 de 2006, 618 de 2007 y 658 de 2008; el artículo 8° de los Decretos 723 de 2009,
1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y 1257 de 2015
y siguientes, y en su lugar se aplica el artículo 53 de la Constitución Política.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del oficio No. DESAJN15-2424 del 22 de mayo de
2015 proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva,
y la Resolución No.3341 del 12 de mayo de 2015 proferida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, así como los actos
administrativos fictos negativos productos de la falta de respuesta a los recursos de
apelación interpuestos contra las anteriores decisiones, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, si aún no lo ha
hecho, a reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas por LILIANA NELLY
PARRA PINZON, causadas desde el 08 de mayo de 2012 -en virtud del fenómeno
prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho, sobre el
100% de su remuneración mensual, es decir, teniendo en cuenta para el efecto el 30%
que en su momento se había sustraído erróneamente del salario básico a título de prima
especial de servicios.

QUINTO: DECLÁRARSE la prescripción trienal las sumas derivadas de la reliquidación
ordenada, causadas con anterioridad al 08 de mayo de 2012, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de esta sentencia.

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar de forma indexada las condenas dispuestas en

6 Samai tribunales. Índice 78.

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

esta sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y la
fórmula señalada en la parte motiva.

SÉPTIMO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar de forma indexada las condenas dispuestas
en esta sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y la
fórmula señalada en la parte motiva.

OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda. […]». [sic]

21. Para tal efecto, consideró que la prima especial de servicios debía entenderse
como un incremento a la asignación básica y constituía factor salarial únicamente
para la pensión de jubilación. Razón por la cual, la demandante tenía derecho a la
reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el 100% de su remuneración
mensual, con la inclusión del 30% sustraído erróneamente de su salario a título de
prima especial de servicios, desde el 8 de mayo de 2012 debido a que operó la
prescripción trienal.

1.4. Los recursos de apelación

22. Liliana Nelly Parra Pinzón presentó recurso de apelación7 con fundamento en
los siguientes argumentos:

22.1. El a quo consideró que la prima especial no integraba el salario básico mensual,
solo lo tomó como base para la liquidación de las prestaciones sociales y no había
pretensión alguna en ese sentido, lo que solicitó fue la inclusión del 30% de prima
especial en el sueldo básico y su reconocimiento para la incidencia en la liquidación
de las prestaciones sociales.

22.2. El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la jurisprudencia reconocieron el 30% como
asignación salarial.

22.3. La jurisprudencia del Consejo de Estado señaló que la prima especial no se
sustraía del salario básico, sino que era una adición a este, por lo que integraba la
remuneración mensual para la liquidación prestacional sobre el 100% del salario
básico más el 30% de prima especial.

22.4. El tribunal desconoció lo señalado en las sentencias proferidas por el Consejo
de Estado el 29 de abril de 2014 y el 2 de septiembre de 2019 en relación con el
pago de la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100% del salario
básico y el reconocimiento del 30% adicional por concepto de prima especial.

23. La DESAJ de Bucaramanga presentó recurso de apelación8 en el que ratificó
las razones de defensa señaladas en la contestación de la demanda y en los
alegatos de conclusión:

7 Samai tribunales. Índice 80.
8 Samai tribunales. Índice 81.

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

23.1. Respecto de las pretensiones de la demanda operó la caducidad, toda vez que
la accionante debió pretender la nulidad de los decretos salariales anuales dentro
de los términos señalados en los artículos 137 y 138 del CPACA, pues buscó el
restablecimiento automático de la reliquidación de sus salarios y prestaciones
sociales sin haberlos demandado oportunamente, las cuales eran legales y estaban
en firme, sin que se pudiera atacar su contenido mediante una acción de contenido
particular con el fin de «evadir» la aplicación del régimen salarial de los funcionarios
de la Rama Judicial.

24. No tenía competencia para «alterar, modificar o variar» el régimen legal y
reglamentario de los empleados públicos ni su asignación salarial, por lo que no
podía autorizar el pago de salarios superiores a los legamente fijados, estaba
«atada» a los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional, en
consecuencia, había falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no
debido e indebida conformación del contradictorio, por lo que las pretensiones
debieron dirigirse contra el gobierno nacional, pero no fue citado al proceso.

25. Sus actuaciones constituyeron actos de ejecución de los decretos salariales que
no creaban, modificaban ni extinguían derechos u obligaciones, por lo que no
podían ser objeto de control jurisdiccional de conformidad con el numeral 3 del
artículo 169 del CPACA.

26. La actuación administrativa se dio en atención al orden constitucional y legal, el
cual no fue objeto de suspensión, anulación o modificación alguna, por lo tanto, no
era posible el reconocimiento del carácter salarial a prestaciones que legalmente no
lo tenían.

27. La Corte Constitucional en la sentencia SU-132 de 2013 señaló que la
inaplicación por inconstitucionalidad era una herramienta para la protección de los
derechos fundamentales en riesgo por la aplicación de una norma de « inferior
jerarquía que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la
Constitución Política» [sic], en ese sentido, la administración solo podía apartarse de
la aplicación de estas «cuando no son claras y abiertamente inconstitucionales, situación
que no ocurre en el presente caso, pues es en virtud del principio de legalidad […]
como autoridad debe acatarlos y cumplirlos, hasta tanto no haya sido anulada o suspendida
estas normas en sus efectos por la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, máxime
cuando de su lectura no se genera duda con respecto a la interpretación y alcance del
mismo» [sic].

28. En consecuencia, no era dable la inaplicación de las disposiciones toda vez que
dio una correcta aplicación al contenido de la norma y solicitó que se «niegue las
pretensiones de la demanda y confirme la legalidad de los actos administrativos enjuiciados
[…] de lo contrario estaría desacatando el ordenamiento legal vigente» [sic].

29. No contaba con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para cubrir el reconocimiento de las acreencias laborales
causadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, lo que

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

imposibilitaba el «establecimiento de fórmulas conciliatorias que no cuenta con ningún
respaldo presupuestal además de ir en contravía a lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto
111 de 1996» [sic].

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

30. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. El Ministerio Público

31. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

2. Consideraciones
2.1. Competencia

32. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos [...]».

2.2. Los problemas jurídicos

33. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
en esas condiciones, los problemas jurídicos que se debe resolver en esta instancia
se contraen a determinar:

33.1. ¿si es procedente un pronunciamiento sobre la reiteración de las excepciones
propuestas, las cuales fueron decididas en la oportunidad procesal
correspondiente?;

33.2. ¿si el Oficio DESAJN15-2424 del 22 de mayo de 2015, la Resolución 3341 del
12 de mayo de 2015 y los actos fictos presuntos eran actos de ejecución de los
decretos salariales y por lo tanto no eran susceptibles de control jurisdiccional?

33.3. ¿si operó la caducidad en atención a que no se demandaron los decretos
salariales anuales?

33.4. ¿siera procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de los decretos
salariales anuales?

9 Samai índice 4.

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

33.5. ¿si las limitaciones presupuestales por parte de la DESAJ de Bucaramanga
pueden condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de
la condena?; y

33.6. ¿si Liliana Nelly Parra Pinzón tenía derecho al reconocimiento y pago del 30%
por concepto de prima especial de servicios como una adición al salario?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

34. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.

35. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

[…] El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial10 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad. [Se resalta].

36. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto [artículos 1 y 2].

10 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

9

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00562-02 (3013-2025)
Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

37. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[s]e considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

38. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas
Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal
Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de
la Procuraduría General de la Nación».

39. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200711, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar12».

40. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

41. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%

11 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
12 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

10

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00562-02 (3013-2025)
Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

42. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201913, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

«[…] La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

1. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

3. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo. […]».

43. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

11

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00562-02 (3013-2025)
Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

septiembre de 201914.

44. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201415 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].

16
45. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.

2.3.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

46. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
15 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
16 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00562-02 (3013-2025)
Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

47. En la sentencia del 2 de septiembre de 201917, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, a partir de la fecha de exigibilidad del derecho.

48. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

49. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

50. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior18 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

51. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

52. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0519 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
18 Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo

la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
19 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

53. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

53.1. Liliana Nelly Parra Pinzón se vinculó a la Rama Judicial como juez en distintos
periodos, tal y como se evidencia en las constancias del 27 de febrero20 y del 4 de
marzo de 201521 expedidas por la DESAJ de Neiva y Bucaramanga,
respectivamente así:

Cargo Desde Hasta
Juez en propiedad del juzgado tercero penal municipal de
Florencia, Caquetá. 22 de mayo de 2006 12 de abril de 2009
Juez municipal en propiedad del juzgado penal municipal para
adolescentes con función de garantías. 13 de abril 2009 «[A] la fecha»

53.2. La certificación del 4 de marzo de 201522 expedida por el pagador de la Rama
Judicial señaló los pagos realizados a Liliana Nelly Parra Pinzón desde el año 2009
hasta el 2015. Se evidencia que la remuneración mensual fue fraccionada, por
ejemplo, los años 2009 y 2013 recibió los siguientes pagos por concepto de sueldo
básico y prima especial de servicios:

Liliana Nelly Parra Pinzón
Síntesis de los ingresos percibidos como juez municipal
Año Decreto salarial Remuneración mensual del Sueldo básico Prima especial de servicios
decreto
2009 Decreto 723 $4.005.424 $3.081.095 $924.329
2013 Decreto 1024 $4.600.487 $3.538.836 $1.061.651

53.3. El 8 de mayo de 201523 Liliana Nelly Parra Pinzón radicó ante la DESAJ de
Bucaramanga una petición en la que solicitó i) el reconocimiento y pago de sus
prestaciones sociales «y demás emolumentos dejados de liquidar» desde el 22 de
mayo de 2006 «hasta la fecha», debido a que solo se le reconoció el 70% de las
prestaciones y el 30% restante se le pagó como prima especial de servicios, la cual
no constituyó factor salarial; ii) la reliquidación del salario con la adición de la prima
especial de servicios del 30%; iii) el pago de la diferencia de los salarios
devengados; y iv) la inaplicación de los decretos salariales de los años 2008 hasta
el 2014.

53.4. La DESAJ de Bucaramanga en la Resolución 3341 del 12 de mayo de 201524,
notificada el 2 de julio de 2015 negó la petición con fundamento en que no se había

20 Samai tribunales. Índice 63. Expediente digital. Archivo: 001Demanda. Página 46.
21 Samai tribunales. Índice 63. Expediente digital. Archivo: 001Demanda. Página 50.
22 Páginas 53 a 57 ibidem.
23 Páginas 3 a 13 ibidem.
24 Páginas 32 a 37 ibidem.

14

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00562-02 (3013-2025)
Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

modificado el decreto salarial «vigente para los servidores de la rama judicial sometido
al régimen salarial y prestacional especial (Dto. 57 de 1993) el cual contiene esta previsión
legal, articulado que como autoridad administrativa debemos acatar, razón esta que impide
modificar el régimen salarial consagrado en el decreto de salarios, reliquidando el 30%
como un valor adicional sobre el salario básico mensual que estipula este decreto aunado
al carácter de factor salarial al 100% de lo devengado por el trabajador como remuneración
mensual, concepto este último que es el que fija el Gobierno en los Decretos» [sic].
Además, la sentencia del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos
salariales desde el año 1993 hasta el 2007 no era título constitutivo de gasto, por lo
que no podía aplicarse administrativamente a los reclamantes dicho fallo.

53.5. Si bien Liliana Nelly Parra Pinzón señaló en la demanda que presentó una
petición ante la DESAJ de Neiva, no obra en el expediente copia de esta, sin
embargo, se encuentra acreditado que mediante el Oficio DESAJN15-2424 del 22
de mayo de 201525, notificado el 19 de junio siguiente26, la DESAJ de Neiva negó la
aludida petición con fundamento en que sin una orden judicial y sin el respaldo
presupuestal no podía autorizar el reconocimiento y pago de las diferencias
reclamadas, toda vez que habría implicado un desacato del ordenamiento legal
vigente.

53.6. Liliana Nelly Parra Pinzón mediante escritos del 24 de junio de 201527 dirigido
a la DESAJ de Neiva, y del 14 de julio de 201528 dirigido a la DESAJ de
Bucaramanga, apeló el Oficio DESAJN15-2424 del 22 de mayo de 2015 y la
Resolución 3341 del 12 de mayo de 2015, respectivamente.

53.7. No obra en el expediente prueba de que los recursos de apelación se hayan
resuelto por parte de la DESAJ de Neiva ni de la DESAJ de Bucaramanga

53.8. El 22 de febrero de 2016, la demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial, la cual se declaró fallida en audiencia del 25 de abril de 201629.

2.4.2. Análisis sustancial

55. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces i) inaplicó por
inconstitucionalidad los artículos 6 de los Decretos 389 de 2006, 618 de 2007 y 658
de 2008; y 8 de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y 1257 de 2015 y «siguientes», y en su lugar
aplicó el artículo 53 de la Constitución Política; y ii) declaró la nulidad de los actos
acusados. A título de restablecimiento del derecho condenó a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial i) a la reliquidación y pago de las prestaciones sociales
causadas desde el 8 de mayo de 2012 «y hacía adelante hasta que por razón del cargo

25 Páginas 15 a 27 ibidem.
26 Página 14 ibidem.
27 Páginas 38 a 41 ibidem.
28 Páginas 42 a 43 ibidem.
29 Páginas 59 a 65 ibidem.

15

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tenga derecho», sobre el 100% de su remuneración mensual con la inclusión del 30%
que se había sustraído erróneamente del salario básico a título de prima especial
de servicios; y ii) al pago indexado de la condena.

56. El a quo concluyó que la demandante tenía derecho a la reliquidación de sus
prestaciones sociales con la inclusión del 30% que fue sustraído erróneamente del
salario básico a título de prima especial de servicios. La prima especial era un
incremento de la asignación básica mensual que constituía factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación, por lo que negó «la pretensión de la demanda
que en este sentido fue formulada». Operó la prescripción de las sumas causadas
con anterioridad al 8 de mayo de 2012, debido a que la reclamación administrativa
se presentó el 8 de mayo de 2015.

57. Liliana Nelly Parra Pinzón cuestionó la anterior decisión con fundamento en que
se le negó el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 «como un componente salarial» y se desconoció que era un «fenómeno
retributivo» de carácter adicional, pues según la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 no
se sustraía del salario básico, sino que debía adicionarse para integrar la
remuneración mensual para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales
[100% del salario más el 30% de dicha prima]. Añadió que las pretensiones de la
demanda no estaban limitadas a la reliquidación toda vez que, también solicitó la
inclusión de la prima especial de servicios como un adicional al ingreso mensual.

58. Por su parte, la DESAJ de Bucaramanga insistió en los argumentos y
excepciones traídas en la contestación de la demanda y en los alegatos de
conclusión, que i) operó la caducidad debido a que la accionante debió demandar
los decretos salariales anuales dentro del término señalado en el artículo 138 del
CPACA; ii) las actuaciones de la entidad eran «meros actos de ejecución» de los
decretos salariales anuales, por lo tanto, no eran susceptibles de control
jurisdiccional; iii) no era procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de los
decretos salariales, toda vez que no adolecieron de vicio alguno y el gobierno
nacional podía establecer que «ciertos emolumentos salariales no tengan carácter
salarial» [sic]; iv) conforme con el Decreto 272 de 2021 y el auto aclaratorio de la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, la prima especial de servicios era adicional a la
asignación básica mensual pero no tenía carácter salarial; y v) la entidad no contaba
con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público que permitiera cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales.

59. Frente a la reiteración de las excepciones propuestas en la contestación de la
demanda, esta Sala advierte que la entidad no realizó manifestación o explicación
somera alguna sobre su inconformidad con lo decidido por el a quo al respecto y se
limitó a reproducir la argumentación expuesta en aquella oportunidad. En efecto, las
excepciones de inexistencia del demandado, ineptitud de la demanda, cobro de lo
no debido y no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, fueron
declaradas no probadas mediante el auto 033 del 21 de junio de 202230. Decisión

30 Samai tribunales índice 46.

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

confirmada a través de auto 563 del 13 de septiembre de 202431, en el que además
rechazó por improcedente el recurso de apelación.

60. Por su parte, aunque la falta de legitimación en la causa por pasiva fue resuelta
en el ordinal primero del fallo de instancia, lo cierto es que dicho cargo si bien fue
enunciado tampoco fue motivado. En consecuencia, la Sala no analizará estos
puntos, toda vez que fueron decididos en la oportunidad procesal correspondiente
y quedaron en firme.

61. Esta Sala advierte que los argumentos que dieron lugar a los problemas jurídicos
33.2 y 33.3 no constituyen reparos contra la sentencia apelada, sino planteamientos
que la entidad demandada formuló durante el proceso en ejercicio de su defensa,
pero sin una debida motivación. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala se pronunciará
sobre ellos, por cuanto el primero cuestiona la procedencia del control jurisdiccional
de los actos demandados y el segundo la presentación oportuna de la demanda, los
cuales son pertinentes verificar como garantía del acceso a la administración de
justicia.

62. La DESAJ de Bucaramanga señaló que los actos demandados eran «meros
actos de ejecución» de los decretos salariales anuales, por lo tanto, no podían ser
objeto de control jurisdiccional, argumento que no es de recibo para esta Sala, toda
vez que los actos demandados resolvieron negativamente las peticiones elevadas
por la demandante en sede administrativa, y en ese sentido decidieron de fondo
sobre la situación jurídica particular de la demandante, por lo que, de conformidad
con el artículo 43 del CPACA son actos definitivos. Por ello, el hecho de que la
entidad demandada hubiera motivado los actos acusados en los decretos salariales
no cambia su naturaleza, comoquiera que esta se determina por su contenido
decisorio y no por las normas en que se fundamenta.

63. En cuanto a la configuración de la caducidad, se precisa que las pretensiones se
dirigieron a cuestionar la legalidad de la Resolución 3341 del 12 de mayo de 2015,
del oficio DESAJN15-2424 del 22 de mayo de 2015 y de los actos fictos derivados
de la falta de respuesta a los recursos de apelación interpuestos contra aquellos,
mientras que respecto de los decretos salariales anuales se solicitó su inaplicación
para el caso concreto, sin que se hubiera formulado pretensión anulatoria alguna en
su contra. En ese sentido, de ser el caso, solo resultaría procedente analizar el
término de caducidad respecto de la pretensión de nulidad dirigida contra los
referidos actos particulares.

64. Sin embargo, se debe precisar, que tal como quedó acreditado, los recursos de
apelación presentados contra la Resolución 3341 del 12 de mayo de 2015 y el Oficio
DESAJN15-2424 del 22 de mayo de 2015 no fueron resueltos por la entidad por lo
que operó el silencio administrativo negativo. En consecuencia, de conformidad con
el literal d) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, podían demandarse en
cualquier tiempo, de modo que no operó la caducidad.

31 Samai tribunales índice 64.

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

65. Asimismo, la entidad sostuvo que no procedía la inaplicación por
inconstitucionalidad de los decretos salariales, pues no se configuró vicio alguno en
las disposiciones que reglamentaron la prima especial de servicios. Señaló que el
gobierno nacional podía determinar que ciertos emolumentos carecieran de carácter
salarial y que, conforme con la sentencia SU-132 de 2013, la administración solo
podía apartarse de las normas cuando estas fueran clara y abiertamente
inconstitucionales.

66. En línea con lo anterior, se advierte que no le asiste razón a la entidad, toda vez
que el artículo 148 del CPACA faculta al juez para inaplicar, con efectos inter partes,
los actos administrativos que vulneren la Constitución o la ley. En el presente caso,
la incompatibilidad con el ordenamiento ya había sido establecida por esta
Corporación, toda vez que mediante sentencia del 29 de abril de 2014 anuló los
decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007 que regulaban la prima especial
de servicios, al considerar que interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la Ley 4ª de 1992.

67. Así, se recuerda que los decretos posteriores reprodujeron ese mismo contenido
normativo, además, en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 se consideró procedente,
en el caso allí analizado, inaplicar por inconstitucionalidad los decretos salariales
que reprodujeron el contenido de aquellos decretos declarados nulos mediante la
sentencia del 29 de abril de 2014, por cuanto vulneraban las garantías laborales de
los beneficiarios de la prima especial. En consecuencia, la inaplicación de los
decretos salariales realizada por el a quo resultó procedente.

68. En relación con la imposibilidad presupuestal alegada por la entidad, la Sala
destaca que, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 334 de la
Constitución Política, ninguna autoridad puede invocar la sostenibilidad fiscal para
limitar, afectar o negar la protección de los derechos fundamentales. En
concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional32, esta situación no es una
justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de
sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le
corresponde a la administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar
de las dificultades financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar]
una partida presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para
obtener los fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo
vital, gozan de prelación constitucional».

69. En consecuencia, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido a la parte demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a
la administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales.
Por lo tanto, se confirmará parcialmente la decisión del tribunal que declaró la

32 Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

nulidad de los actos demandados y ordenó el restablecimiento del derecho.

70. Finalmente, se tiene que la prima especial de servicios del 30% prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye un emolumento adicional al salario básico
mensual, que solo tiene carácter salarial para efectos pensionales. Así lo definió
expresamente la Ley 332 de 1996 al disponer que esta prestación solo integra el
ingreso base de liquidación para la pensión de jubilación, lo que excluye cualquier
incidencia en otras prestaciones sociales.

71. Este criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
entre otras, en las sentencias del 2 de septiembre de 201933 y 15 de diciembre de
202024, en las cuales se precisó que dicha prestación únicamente puede
considerarse como factor salarial para efectos pensionales, de manera que su
reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco legal y exceder la
voluntad del legislador.

72. Esta tesis se acompasa con lo definido por la Corte Constitucional34 al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial» que previó el legislador en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, situación a la que quedó sujeta la prima especial de
servicios contenida en dicha norma. Al respecto precisó que «[e]l considerar que los
pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de
los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de
protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta
de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

73. Tal como se expuso en el marco normativo de esta decisión la Ley 4ª de 1992
creó una prima «no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter
salarial» para unos servidores de la Rama Judicial, con efectos a partir del 1 de enero
de 1993.

74. En este proceso se demostró que la demandante ejerció el cargo de juez
municipal en diferentes periodos, en consecuencia, tenía derecho al reconocimiento
y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
modificada por la Ley 332 de 1996 por ser una prima prevista a favor de los
servidores de la Rama Judicial.

75. A pesar de lo anterior, se acreditó que su asignación básica mensual fue
fraccionada en un 30% que se pagó a título de prima especial de servicios, en lugar
de ser incrementada, lo que generó no solo la disminución de la base salarial, sino
también la liquidación de las prestaciones sociales a partir de una base de
liquidación desmejorada.

76. En otras palabras, la entidad demandada pagó el 30% de la asignación básica
salarial como si se tratara de la prima especial de servicios lo cual generó una

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
34 Al respecto ver las sentencias C-279 de 1996; C-052 de 1999.

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

disminución del monto a partir del cual se debía calcular, circunstancia contraria al
principio de progresividad laboral y al propósito del legislador de adicionarla a la
totalidad de aquella. En consecuencia, la demandante sí tenía derecho no solo a la
reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el 100% de su asignación básica,
como lo determinó el a quo, sino también al pago de la prima especial de servicios
como una adición a esta, bajo el entendido que solo constituye factor salarial para
los aportes a pensión, sin que pueda incorporarse en la base de liquidación de las
prestaciones sociales.

77. Frente a los aportes a pensión, esta Sala precisa que su cálculo depende del
ingreso base de cotización, de manera que, al haberse fraccionado el salario básico
de la demandante, las cotizaciones se efectuaron sobre una base inferior a la que
correspondía. Dichos aportes son un derecho irrenunciable e imprescriptible [como
se mencionó en el acápite 2.3.2], en ese sentido, la Sala reconocerá de oficio el
derecho al pago de estos aportes desde su fecha de vinculación en el cargo de juez,
esto es desde el 22 de mayo de 2006.

78. En consecuencia, se modificará y se adicionará el ordinal cuarto de la sentencia
de primera instancia para ordenar i) el pago del 30% de la prima especial de
servicios sin carácter salarial como una adición a la asignación básica de la
demandante desde el 8 de mayo de 2012; y ii) el pago de las diferencias de los
aportes a pensión desde el 22 de mayo de 2006 con base en el 100% de la
remuneración básica mensual más el 30% correspondiente a la prima especial de
servicios. Ambos restablecimientos, hasta que tenga derecho, por razón del cargo
que ejerza o haya ejercido, sin superar la fecha de entrada en vigencia del Decreto
272 de 2021, comoquiera que mediante este decreto el gobierno nacional regularizó
el pago de la prima especial y señaló que esta era un valor adicional la asignación
básica de los beneficiarios. Si la entidad no hubiere dado cumplimiento a dicha
norma, el reconocimiento se extenderá hasta la fecha en que efectivamente se
cumpla.

79. Además, se precisará que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos y que el monto a pagar en
ningún caso podrá superar los topes fijados por el gobierno nacional

80. Finalmente, si bien es cierto el tribunal declaró la prescripción de las sumas
causadas con anterioridad al 8 de mayo de 2012, lo cierto es que los aportes a
pensión son imprescriptibles, por lo que se adicionará al ordinal quinto de la
sentencia de primera instancia en ese sentido, en concordancia con el
restablecimiento anunciado en el párrafo 76 al respecto.

2.5. Costas

81. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

82. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

83. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.

84. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

85. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

86. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) no había lugar a
pronunciamiento de fondo respecto de las excepciones de la demanda reiteradas
en el recurso de apelación; ii) los actos demandados no eran actos de ejecución,
en tanto resolvieron la situación jurídica particular de la demandante, por lo que sí
eran susceptibles de control jurisdiccional; iii) no operó la caducidad alegada toda
vez que la demanda pretendió la nulidad de los actos proferidos por la entidad y no
la de los decretos salariales anuales; iv) era procedente la inaplicación de los
decretos salariales que regularon la prima especial debido a que reprodujeron el
contenido de aquellos anulados en la sentencia del 29 de abril de 2014; v) la
imposibilidad económica y presupuestal invocada por la entidad no constituye una
justificación válida para incumplir con las obligaciones laborales y prestacionales; y
vi) la demandante tenía derecho al pago de la prima especial de servicios, como
emolumento adicional al salario básico mensual, el cual constituye factor salarial
únicamente para efectos de los aportes a pensión, los cuales son imprescriptibles

35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, CP Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-
33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

87. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida el 15 de
agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, y
modificará y adicionará lo pertinente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

F A L L A:

Primero. Modificar y adicionar el ordinal cuarto de la sentencia de primera
instancia el cual quedará de la siguiente manera:

CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha
hecho, a:

i) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas por Liliana Nelly
Parra Pinzón causadas desde el 8 de mayo de 2012 y hacia adelante hasta
que tenga derecho, por razón del cargo que ejerza o haya ejercido, sobre el
100 % de su remuneración mensual, es decir, teniendo en cuenta para el
efecto el 30 % del salario que en su momento se había sustraído erróneamente
a título de prima especial de servicios.

ii) Reconocer y pagar la prima especial de servicios, sin carácter salarial, como
una adición a la asignación básica, desde el 8 de mayo de 2012 y hacia
adelante hasta que tenga derecho, por razón del cargo que ejerza o haya
ejercido, sin superar la fecha de entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021,
siempre y cuando la entidad haya dado cumplimiento al referido decreto; de lo
contrario, el reconocimiento se extenderá hasta la fecha en que ello ocurra.

iii) Reliquidar y pagar las diferencias por concepto de aportes a pensión desde el
22 de mayo de 2006 y hasta la fecha en que funja o haya fungido en el cargo
que la hace beneficiaria de dicha prima, con base en el 100 % de la
remuneración básica mensual más el 30 % correspondiente a la prima especial
de servicios, sin superar la fecha de entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021, siempre y cuando la entidad haya dado cumplimiento al referido decreto;
de lo contrario, el reconocimiento se extenderá hasta la fecha en que ello
ocurra.

El cumplimiento de lo aquí dispuesto está condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la demandante por los mismos
conceptos y que el monto reconocido no supere en ningún caso los topes fijados
por el gobierno nacional.

Segundo. Adicionar al ordinal quinto de la sentencia de primera instancia el cual
quedará así:

QUINTO: DECLARAR la prescripción trienal las sumas derivadas de la
reliquidación ordenada, causadas con anterioridad al 8 de mayo de 2012, excepto

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Demandante: Liliana Nelly Parra Pinzón

los aportes a seguridad social en pensiones, de conformidad con lo expuesto en
las consideraciones de esta sentencia.

Tercero. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 15 de agosto de
2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SSPS

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