Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2016-00740-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2016-00740-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 68001-23-33-000-2016-00740-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
11 de agosto de 2022
Radicado: 68001-23-33-000-2016-00740-01 (26527)
Demandante: Fernando Hernández Vélez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00740-01 (26527)
Demandante: Fernando Hernández Vélez
Demandada: DIAN
Temas: Sanción por no declarar retención en la fuente. Sociedad liquidada.
Liquidador. Legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
del 21 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante (índice 2)1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante la Resolución nro. 042412015000010, del 26 de febrero de 2015, la demandada
sancionó por no presentar la declaración de retención en la fuente del período 11 de 2011
a la extinta sociedad Solsalud EPS, quien tuvo como agente especial liquidador el
demandante, en virtud del proceso de toma de posesión para liquidar la EPS adelantado
por la Superintendencia Nacional de Salud (índice 2). Tras ser recurrida, esa decisión fue
confirmada por la Resolución nro. 001758, del 08 de marzo de 2016 (índice 2).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):
A. Respetuosamente solicito (…), se declare la nulidad total de:
La resolución sanción por no declarar nro. 042412015000010, del 26 de febrero de 2015, por medio
de la cual se impuso sanción en contra de Solsalud liquidada, por no haber presentado la declaración
de retención en la fuente por el periodo 11 del año 2011 (…).
La Resolución nro. 001758, del 08 de marzo de 2016, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la resolución sanción objeto de esta demanda (…).
1 Del repositorio informático SAMAI.
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B. Como restablecimiento del derecho solicito que, además de reconocer la declaración de retención
en la fuente de Solsalud EPS S. A. (actualmente liquidada) correspondiente al periodo 11 del año
2011, presentada el 19 de julio de 2012, como válida; adicionalmente el tribunal declare que, en
dicha declaración, se incluyó de manera correcta los intereses moratorios, calculados hasta la fecha
en que se pagó la declaración, y por lo tanto, la DIAN no tiene derecho a reclamar un mayor valor
por concepto de intereses moratorios, sobre dicha liquidación.
C. Que como consecuencia la anterior declaración y, a título de indemnización, se condene a la DIAN
a reparar los perjuicios causados a la entidad demandante.
D. Que se condene igualmente a la DIAN al pago de costas, conforme a lo establecido en el artículo
188 de la Ley 1437 (…).
A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 95.9, 209 y 363 de la
Constitución; 580-1 del ET (Estatuto Tributario); 3.°, 42 y 138 del CPACA (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011); y
137 de la Ley 1607 de 2012. El concepto de violación planteado se sintetiza así (índice
2):
El actor señaló que el 19 de julio de 2012 Solsalud EPS S. A. presentó de forma
extemporánea la declaración de retención en la fuente por el período 11 de 2011, para lo
cual efectuó el pago de las sumas retenidas, los intereses moratorios y la correspondiente
sanción. A su turno, en su calidad de agente liquidador de la anterior sociedad, mediante
la Resolución nro. 004964, del 06 de junio de 2014, debidamente inscrita en la Cámara
de Comercio de Bucaramanga, declaró terminada la existencia legal de dicha entidad
promotora de salud, tras la finalización del proceso de liquidación forzosa adelantado por
la Superintendencia Nacional de Salud, conforme a lo autoriza el artículo 9.1.3.6.5 del
Decreto 2555 de 2010. Manifestó que a pesar de la liquidación definitiva de la sociedad,
la autoridad inició el procedimiento sancionador cuestionado, notificando a los deudores
subsidiarios y al demandante en su condición de agente liquidador de la extinta sociedad,
siendo que, para cuando se emitieron los actos enjuiciados la demandada carecía de
competencia para determinar la deuda en contra de la sociedad extinta, porque esa
acreencia había quedado definida con la resolución que resolvió la reclamación de la
Administración dentro del proceso de liquidación forzosa, en la que se rechazó por
improcedente. Adujo que los actos demandados deben anularse por cuenta de que no se
le dio oportunidad a la sociedad para controvertir la presunta diferencia entre el valor
pagado por intereses moratorios y el que determinó la autoridad, lo que produjo la
ineficacia de la declaración de la contribuyente. Alegó que los actos demandados
atentaban contra su patrimonio, dado que intervino como liquidador de la sociedad contra
quien se impuso la multa.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones del actor (índice 2), para lo cual propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa, habida cuenta de que no podía
representar una sociedad extinta, ni podía actuar a nombre propio porque los actos no
establecieron ningún tipo de responsabilidad en su contra. Esta excepción fue negada
por el a quo en providencia emitida en la audiencia inicial del primero de agosto de 2018,
al aclarar que, si bien el demandante en el escrito de demanda pretendía promover la
acción como ex liquidador de Solsalud liquidada, lo cierto es que también expresó que lo
hacía en nombre propio y en esta última condición se admitió la demanda, pues le asiste
un interés legítimo en tanto que estimó le fue conculcado un derecho, lo cual lo habilita
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para ejercitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2. En lo que
respecta al debate de fondo, argumentó que los procedimientos especiales de liquidación
forzosa de sociedades no le impedían a la Administración ejercer las potestades de
gestión sobre obligaciones anteriores a la liquidación de sociedades y, en el caso
concreto, la contribuyente incumplió el deber formal de declarar la retención en la fuente
del período 11 de 2011, pues la autoliquidación que presentó resultó ineficaz al
constatarse que los intereses de mora cancelados eran inferiores a los causados, de
manera que al no corresponder a un proceso de cobro coactivo la autoridad no debía
concurrir al proceso de liquidación forzosa de la obligada tributaria.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante
(índice 2). Como cuestión previa abordó la legitimación en la causa del demandante y
advirtió que este tenía calidad de deudor solidario de la obligación del contribuyente, en
la medida en que hubiera desestimado la prelación de créditos fiscales que la autoridad
fiscal pusiera en su conocimiento, pues, una de sus funciones corresponde a la de
cancelar las deudas de terceros en los términos de los artículos 225 a 259 del Código de
Comercio. Sobre los aspectos de fondo, consideró que el proceso de intervención forzosa
que finalizó con la liquidación definitiva de Solsalud no impedía a la Administración ejercer
su potestad sancionadora por infracciones cometidas con anterioridad a la extinción de
la personalidad jurídica de la contribuyente, de ahí que resultaba indiferente el que el
agente liquidador con anterioridad haya rechazado las acreencias reclamadas por la
demandada. Adicionalmente, se incumplió el requisito de pago respecto de la deuda
tributaria autoliquidada en la declaración de retención en la fuente por el período 11 del
año 2011, pues, el mismo demandante admitió que el monto pagado por intereses era
inferior al cuantificado por la autoridad fiscal, de ahí que los pagos se imputaran en los
términos del artículo 804 del ET, al punto que resultaba insoluta una parte de la deuda
tributaria.
Recurso de apelación
El demandante sostuvo que en su calidad de ciudadano interesado y como agente
liquidador de la extinta Solsalud EPS S. A., apelaba la decisión de primera instancia
(índice 2), ya que no era cierto que pudiera atribuírsele algún tipo de responsabilidad
respecto de los actos enjuiciados, porque, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero —que es la norma que rige la intervención forzosa administrativa para
liquidación de las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud—, las
acciones en contra del liquidador caducan al cabo de dos meses desde la rendición final
de cuentas efectuada por el liquidador que, en el caso concreto se publicó el 10 de junio
de 2014 en un diario de amplia circulación nacional. A continuación, insistió en que la
demandada debía someterse a las reglas del proceso concursal para que se le
reconocieran las acreencias contingentes. Adujo que el tribunal no se pronunció sobre un
aspecto importante de la contienda relativo a la imposibilidad de gravar los recursos de
la salud y, por lo demás, prescindió del cargo relativo a la eficacia de la declaración de
retención en la fuente objeto de controversia. No apeló la condena en costas.
Pronunciamientos sobre el recurso
La demandada reiteró lo argumentado en la contestación de la demanda e hizo énfasis
en que resulta contradictorio que el ex liquidador de la obligada tributaria adujera que con
2 De hecho, el tribunal, en el auto admisorio del 09 de agosto de 2016, admitió la presente demanda únicamente frente
al actor y no respecto de la sociedad extinta (índice 2).
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la extinción definitiva de la entidad cesaran sus funciones, pero al propio tiempo
promueva la presente demanda, siendo que no tiene legitimidad para ello pues los actos
no estuvieron dirigidos en su contra (índice 8). Por su parte, el demandante y el ministerio
público no se pronunciaron en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos demandados, atendiendo a los cargos de
impugnación planteados por el demandante en calidad de apelante único, contra la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas. Al efecto, sería del caso establecer el planteamiento de la apelante tendente a
que se compruebe si su eventual responsabilidad solidaria por la deuda de la sociedad
extinta caducó al cabo de los dos meses siguientes a la publicación de la rendición final
de cuentas dentro del procedimiento de liquidación forzosa regido por el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero (Decreto-Ley 663 de 1993). No obstante, aun cuando la
censura de la parte recurrente está propiciada por el juicio que tuvo el tribunal acerca de
que el actor era un deudor solidario, para la Sala resulta pertinente que primero se analice
la legitimidad de la parte actora para demandar el acto sancionador y la resolución que
confirmó la multa, habida cuenta de que estos actos están dirigidos contra la extinta
Solsalud EPS S.A., quien era la obligada tributaria con el deber formal de presentar la
declaración de retención en la fuente con su respectivo pago. Superado ese análisis y,
de ser procedente, se revisarán los aspectos de fondo reprochados en la apelación.
2- El actor aseguró desde la demanda que le asistía interés legítimo para demandar los
actos enjuiciados, pues, a su entender, atentaban contra su patrimonio. Por su parte, la
demandada ha señalado que el actor no tiene legitimidad para pretender la anulación de
los actos demandados, dado que estos no fueron emitidos en su contra ni le atribuyeron
algún tipo de responsabilidad, ni fue vinculado en calidad de responsable, sino que la
sanción le fue notificada como representante legal de la entidad extinta.
A ese respecto, se observa que luego de que la demandada recurriera el auto admisorio
de la demanda, el tribunal, mediante el auto del 12 de mayo de 2017, decidió no reponer
la admisión ya que en la sentencia se definiría si al actor le asistía o no interés legítimo
para demandar. A su turno, en la audiencia inicial, al resolver la excepción previa de falta
legitimación que planteó la demandada, el a quo adujo que, de acuerdo con el artículo
138 del CPACA, cualquiera que se creyera lesionado en un derecho por cuenta de un
acto administrativo particular podía promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, de ahí que el actor sí estaba legitimado para demandar los
actos sancionadores pues este consideraba que los actos enjuiciados podían atentar
contra su patrimonio. En la sentencia apelada dicha corporación sostuvo que, en la
medida en que el liquidador no hubiere atendido la prelación de créditos fiscales al
momento de saldar las acreencias de la sociedad sometida a liquidación forzosa, era
responsable solidario de las obligaciones de la sociedad que era la agente retenedora y
que debió declarar la retención en la fuente del período 11 de 2011, de tal forma que el
actor tenía interés legítimo para obtener la nulidad de los actos sancionadores.
Para controvertir ese punto de la decisión el apelante sostiene que cualquier
responsabilidad que la autoridad le quisiera atribuir había caducado, pues, el término para
interponer alguna acción en su contra tenía un plazo perentorio de dos meses, según lo
dispone el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Ese aspecto sobre la legitimidad de
las personas que acusan de nulidad los actos administrativos de contenido tributario
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proferidos contra sociedades liquidadas ha sido un punto decidido según el criterio
adoptado por la Sala, entre otras providencias, en las sentencias del 21 de mayo de 2015
y del 16 de noviembre de 2016, exps. 20549 y 20131, CP: Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas; del 07 de marzo de 2018, exp. 23128, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; del
23 de agosto de 2018 y del 29 de abril de 2020, exps. 23560 y 24521, CP: Milton Chaves
García; del 04 de abril de 2019 y del 27 de agosto de 2020, exps. 24006 y 23564, CP:
Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 10 de junio de 2021, exp. 24642, CP: Milton Chaves
García.
3- Como lo han señalado las sentencias indicadas, el artículo 633 del CC prescribe que
las personas jurídicas tendrán capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, así
como ser representadas judicial y extrajudicialmente. En armonía con esa disposición, el
artículo 54 del CGP establece que las personas jurídicas comparecerán al proceso
judicial por medio de sus representantes y, desde luego, con observancia del derecho de
postulación que exija la ley para promover cierto tipo de acciones judiciales. Ahora bien,
el proceso liquidatorio de una entidad promotora de salud (EPS) que fue intervenida
forzosamente para liquidarla, tiene como finalidad la pronta realización de los activos y el
pago gradual y rápido del pasivo externo hasta la concurrencia de los activos del ente
societario, de tal forma que, al finalizar el proceso liquidatorio se extingue la existencia
legal de la entidad y con ello su capacidad jurídica, entre tanto, las actuaciones
posteriores a la resolución que ordena la liquidación solamente serán enfocadas a la
liquidación del patrimonio social, y la intervención de la EPS en liquidación en las distintas
actuaciones correspondientes, entre ellas, la de promover o contestar demandas
judiciales, será a través del agente especial liquidador (artículos 116 y 117 y 293 y
siguientes del Decreto-Ley 663 de 1993). Sobre la última circunstancia, el artículo 847
del ET prescribe que una vez que la sociedad entra en causal de disolución —para el
caso concreto, este evento se corresponde con la orden de liquidación tras la toma de
posesión forzosa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud—, el representante
legal debe darle aviso a la autoridad tributaria dentro de los diez días siguientes y
provisionar lo concerniente para saldar las deudas de plazo vencido con la Hacienda
Pública, siguiendo la prelación de créditos fiscales (artículo 293 del Decreto-Ley 663 de
1993), so pena de constituirse como responsable solidario de las deudas tributarias
insolutas.
3.1- Las anteriores premisas han llevado a la Sala a concluir, en los precedentes citados,
que, si se expiden los actos administrativos preparatorios y/o definitivos, cuando ya se ha
liquidado la sociedad, no será posible promover acción alguna en nombre de la entidad
extinta para obtener su anulación, porque la sociedad carece de capacidad jurídica para
contraer las obligaciones que en ellos se determinen y para promover acciones judiciales.
De modo que si los ex socios, ex revisores fiscales y ex liquidadores instauran acciones
judiciales contra aquellos actos, carecerán de legitimación en la causa por activa, como
quiera que no tendrían legitimidad para obtener su nulidad; sin perjuicio de que sí puedan
demandar el acto administrativo que la autoridad conforme en contra de esas personas
por el incumplimiento de sus deberes legales, debido a que afectan derechos subjetivos.
En esa medida, la autoridad tributaria solo podrá conformar obligaciones a cargo de las
personas que sí pueden contraerlas (sentencias del 27 de agosto de 2020, exp. 23564,
CP: Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 10 de junio de 2021, exp. 24642, CP: Milton
Chaves García).
3.2- En el sub lite, son hechos ciertos, no controvertidos por las partes, que la sociedad
Solsalud EPS S. A. fue liquidada tras la terminación de la existencia legal ordenada por
el agente especial liquidador mediante Resolución nro. 4964, del 06 de junio de 2014,
debidamente publicada en el diario La República y en la página web de la sociedad
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liquidada, e inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, según consta en el
certificado de cancelación de matrícula mercantil emitido el 04 de agosto de 2014 (índice
2); y que la Resolución nro. 042412015000010, mediante la cual se le impuso sanción
por la omisión del deber formal de declarar la retención en la fuente del período 11 de
2011 a la extinta Solsalud, fue proferida con posterioridad a su liquidación, i.e. 26 de
febrero de 2015 (índice 2), pese a que la Administración ya conocía de la extinción de la
personalidad jurídica de dicha sociedad, según se advierte del expediente administrativo.
3.3- Considerando la inexistencia del obligado principal como sujeto de derechos y
obligaciones para el momento en que la sanción fue impuesta, los actos demandados
carecen del alcance para determinar consecuencias adversas a los responsables
solidarios. Las autoridades tendrían que haber emitido actos en los cuales establezcan
las eventuales responsabilidades de los responsables solidarios o subsidiarios, tal como
lo juzgó esta Sección en sentencia de simple nulidad del 12 de marzo de 2020 (exp.
21565, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Agréguese que, tal como lo advirtió la
demandada en la contestación de la demanda, el actor no fue vinculado al proceso
administrativo bajo ninguna calidad de deudor, supuesto adicional para que la autoridad
fiscal no pueda exigirle el pago de la multa que se impuso a la empresa liquidada.
3.4- Además, es pertinente recalcar que el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho exige que la pretensión de anulación de los actos
administrativos la reclame la parte procesal titular del derecho subjetivo presuntamente
vulnerado. De modo que es un presupuesto de legitimidad procesal en este medio de
control, que el acto administrativo tenga la entidad de definir una situación jurídica
particular que afecte el interés de quien promueva la acción (artículo 138 del CPACA).
Por consiguiente, el actor carece legitimidad en la causa para reclamar la nulidad de los
actos demandados, porque su pretensión de nulidad no estuvo dirigida contra actos
administrativos que fijaran obligaciones a su cargo o afectaran sus derechos subjetivos;
más aún si de acuerdo con los precedentes de la Sección citados, los actos acusados no
constituyen un título ejecutivo para adelantar un cobro coactivo en su contra. No prospera
el cargo de apelación.
4- En suma, la Sala revocará la sentencia apelada para, en su lugar, declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa del demandante, según lo
considerado en esta providencia. Esa revocatoria se proyectará sobre la condena en
costas impuesta en primera instancia, en tanto que no habrá parte vencida en el juicio.
5- Finalmente, no se impondrá condena en costas en esta instancia, toda vez que no se
encuentran acreditadas las exigencias que hace el ordinal 8.º del artículo 365 del CGP
para su procedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada, la cual quedará así:
Primero. Declarar probada, de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa del demandante,
por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia. En consecuencia,
abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo.
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2. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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