Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 70001-23-33-000-2020-00353-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 70001-23-33-000-2020-00353-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 70001-23-33-000-2020-00353-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
12 de marzo de 2026
Radicado: 70001-23-33-000-2020-00353-01 (30612)
Demandantes: Karem Melissa Sanabria León y Clínica Rey David Sincelejo SAS liquidada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2020-00353-01 (30612)
Demandantes: Karem Melissa Sanabria León y Clínica Rey David Sincelejo SAS
liquidada
Demandada: DIAN
Temas: Retención 2015-05. Legitimación por activa. Inexistencia del
demandante. Sociedad liquidada. Responsabilidad del liquidador.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 06 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que
resolvió2:
Primero. Declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa,
propuesta por la parte demandada, e inexistencia de la parte demandante, estudiada de oficio.
Segundo. Sin costas en esta instancia …
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Liquidación Oficial de Aforo 232412019000005, del 20 de septiembre de
2019, la demandada determinó la retención en la fuente para el mes de mayo del año
2015 a cargo de una de las demandantes: sociedad -Clínica Rey David Sincelejo SAS-
(en adelante, Clínica Rey David) actualmente liquidada3, en la cual fungió como
liquidadora la persona natural que también interviene como demandante. Según el acto
de aforo, la clínica practicó retenciones en la fuente por «salarios, (…) honorarios y comisiones,
(…) servicios, (…) compras, (…) contratos de construcción y (…) otras retenciones » sin presentar la
correspondiente declaración. Dicho acto, aunque no vinculó a la ex liquidadora, sí le fue
comunicado y aquella, actuando en dicha calidad, lo recurrió, tras lo cual la decisión fue
confirmada con la Resolución 232012020000007, del 09 de septiembre de 20204.
1
Samai CE, índice 3, certificado 8772D34ED45C9841 D59EF02CCB6CEBFD 90678AE06D6C6FB6 4D9EDA2F4C5A7FAE (pdf), p.
1.
2
Samai tribunal, índice 49, certificado F3D395E66F747901 ED1B8DE42B5BCED9 8BBD363270EC92E5 8751E6D0732E4302 (pdf),
pp. 14 a 15.
3
El Certificado de Existencia y Representación Legal de la compañía, expedido el 30 de abril de 2020 por la Cámara de Comercio de
Sincelejo (Anexo 12.1.33 de la demanda), evidenció que: (i) el Acta 20, del 01 de noviembre de 2019, registrada bajo el número 28368
del Libro IX del registro mercantil el 05 de febrero de 2020, «decretó liquidación»; y (ii) el Documento Privado 1 del 14 de febrero de
2020, inscrito con el número 179100 de Libro XV del registro mercantil el 14 de febrero de 2020, reflejó «cancelación persona jurídica».
4
Samai CE, índice 2, certificado 410EA6C43D3E7396 5D2E3C5AEF8F91AC 5464700D2BE5CB71 027798260E31E502 (rar), 1 (pdf),
pp. 105 a 115 y 117 a 123.
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Demandantes: Karem Melissa Sanabria León y Clínica Rey David Sincelejo SAS liquidada
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones5:
(…) [S]olicito (…) que, como consecuencia de estar plenamente probada la ilegalidad de los actos
acusados, se declare la nulidad total de:
Liquidación Oficial retenciones en la fuente - Aforo 232412019000005 del 20 de septiembre de 2019,
correspondiente al periodo de retención en la fuente 5 del año gravable 2015, y la Resolución
232012020000007 del 9 de septiembre de 2020 que resolvió el recurso de reconsideración
interpuedto contra la mencionada liquidación oficial retenciones en la fuente - Aforo, proferida por la
… [DIAN].
Resolución 232012020000007 del 9 de septiembre de 2020 que resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la mencionada liquidación oficial retenciones en la fuente -Aa
Aforo 232412019000005 del 20 de septiembre de 2019, proferida por la … [DIAN].
Que como consecuencia de la anterior declaración y, a título de indemnización, se condene a la
DIAN, a reparar los perjuicios causados a la entidad demandante.
Que, ante la falta de definición de la litis, se declare que los actos sancionatorios no constituyen
títulos ejecutivos susceptibles de ser objeto de cobro por vía administrativa, dada la inexistencia de
la actora.
Que se condene igualmente, a la DIAN, al pago de costas conforme a lo establecido en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, y en concordancia con los criterios de aplicación de las tarifas
establecidas para este tipo de procesos a cuota litis en lo atinente a las agencias en derecho y dentro
de los lineamientos expuestos en la sentencia C-539 de julio 28 de 1999 de la honorable Corte
Constitucional.
La parte actora invocó como vulnerados los artículos 95.9, 209 y 363 de la Constitución;
el Código Civil (Ley 84 de 1873); 242, 255 y 256 del Código de Comercio (Decreto 410
de 1971); 3 y 138 del CPACA; 847 y 793 del ET (Estatuto Tributario); el Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993); el Decreto 2555 de 2010; y los Estatutos
Sociales de la Clínica Rey David, bajo el siguiente concepto de violación6:
-Precisiones previas. Señaló que, en lo atinente a la responsabilidad a cargo de la clínica
Rey David, entidad que describió como actualmente liquidada, la obligación pendiente
(período 5 de 2015) debía ser reclamada en el proceso liquidatorio y, como tal, atenderse
las reglas propias de la liquidación de la sociedad, teniendo en cuenta -principalmente
los siguientes aspectos: (i) el representante legal para la época de la omisión en la
presentación de la declaración y pago de la retención en la fuente de tal período; (ii) que
la autoridad empleó un procedimiento erróneo para comprometer la responsabilidad de
la ex liquidadora; y (iii) que la sanción por no declarar la retención en la fuente del
prenotado periodo fue un crédito reconocido y graduado como tipo C, pero declarado
«insoluto».
Relató que la Clínica Rey David no existía en el «mundo jurídico o físico». Al efecto, aludió a
dos actas de terminación de la existencia jurídica de la clínica: la 18 del 05 de diciembre
de 2018, registrada en la Cámara de Comercio el 10 de diciembre del mismo año y,
posteriormente, el acta 20 del 01 de noviembre de 2019, registrada el 05 de febrero de
5
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p. 99.
6
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pp.36 a 99.
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2020. Explicó que la última acta y su registro se efectuó luego de la orden impartida en
un fallo de tutela por parte del Juzgado 2 del Circuito de Sincelejo -notificado el 02 de
julio de 2019-, que tras la liquidación de la sociedad actora, la cual fue inscrita en la
primera oportunidad que se anotó, ordenó rehacer el trámite de la liquidación de la
sociedad, lo cual aseguró haber cumplido con la Resolución 12, del 19 de agosto de 2019
[sobre este particular se advierte que la demanda pone de presente que, no obstante ello,
el Juzgado 2 de Pequeñas Causas, mediante auto del 20 de febrero de 2020, decidió
«sancionar» a la liquidadora por desacato; sin embargo, acorde con las transcripciones
efectuadas en la misma demanda, el Juzgado 2 Civil del Circuito de Sincelejo, mediante
auto del 09 de marzo de 2020 decretó la nulidad de lo actuado por el juez de primera
instancia y le ordenó adelantar el trámite solicitado por la DIAN para verificar el
cumplimiento de la tutela].
Así, describió que con posterioridad a la prenotada Resolución 12 de agosto de 2019,
[proferida en acatamiento a la tutela] la asamblea general de la sociedad aprobó la cuenta
final de liquidación con la prenotada Acta 20 de 2019, la cual fue registrada el 05 de
febrero de 2020. En consecuencia, la extinción de la clínica significó que quien fungía
como liquidadora dejó de serlo desde la citada fecha. Igualmente, detalló que, si bien era
cierta la inexistencia de la declaración y su respectivo pago de las retenciones en la
fuente del periodo 5-2015, también lo era que la clínica estaba liquidada; había finalizado
el proceso en virtud de su insolvencia, lo que hacía nugatorio cualquier trámite por vía
diferente al proceso de calificación y graduación de créditos que adelantó oportunamente
el equipo liquidador. Subrayó que quien fue representante legal para el período 2015-5
fue el responsable de declarar y pagar la retención en la fuente objeto del aforo. Aseguró
que la ex liquidadora no vulneró la prelación de créditos, de acuerdo con la normativa
aplicable, ni el derecho de igualdad de los reclamantes a los efectos de evitar
irregularidades ante los organismos de inspección, control y vigilancia, así que no podía
comprometer, reconocer o pagar obligaciones por fuera del proceso de calificación y
graduación de créditos. Añadió, que la obligación de declarar se causó con anterioridad
a la decisión de liquidar la clínica, lo que ocurrió el 16 de mayo de 2018 cuando se ordenó
la disolución y liquidación inmediata de la clínica, por lo que firmar y presentar una
declaración con posterioridad a esa fecha contrariaba las normas del proceso concursal
y vulneraba los derechos fundamentales de los acreedores.
Luego, puntualizó que el valor de la sanción por no declarar la retención en la fuente 5
de 2015 alcanzó a incluirse en el proceso de calificación y graduación de créditos
oportunamente, a tal punto que se reconoció como crédito de tipo C, pero fue declarado
insoluto. Ahora, aunque también se expidieron los actos acusados que aforaron la
mencionada retención en la fuente, estos eran contrarios a los preceptos aplicables al
procedimiento liquidatorio de la clínica. Para finalizar, clarificó el régimen legal de
disolución y liquidación.
-(…) Falsa motivación: inexistencia de la clínica (…). Afirmó que, para la Administración,
una sociedad extinta permanecía en «un limbo de personería jurídica por más de 5 años», lo que
cuestionó, puesto que la terminación de la existencia por liquidación voluntaria sucedía
con el registro de la cuenta final de liquidación en la Cámara de Comercio y no con la
cancelación del Registro Único Tributario (en adelante, Rut). En esa línea, reiteró los
efectos de las actas de finalización del proceso liquidatorio inscritas el 10 de diciembre
de 2018 y el 05 de febrero de 2020. Reclamó la nulidad de los actos por su expedición
tras la «extinción» de la compañía. Seguidamente, reprodujo sentencias de la Sala que -
en circunstancias similares- adoptaron decisiones inhibitorias y precisaron que las
resoluciones de la demandada no constituían títulos ejecutivos. Censuró que la doctrina
oficial de la Administración efectuó una «interpretación deformada» sobre las consecuencias
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jurídicas de la desaparición física y jurídica de una compañía.
Resaltó la calificación y graduación del crédito exigido por su contraparte en el proceso
liquidatorio, sin perjuicio de insistir en que el destinatario de los actos no existía « a la fecha
de radicación de la demanda». En apoyo de esto, aludió a un auto de archivo donde la misma
autoridad cesó la fiscalización a una sociedad extinta, lo cual, a su juicio, reconocía la
falta de legitimación del fisco para investigar entidades extintas y a sus liquidadores.
-(…) El proceso liquidatorio (…) se llevó conforme a la ley. Informó que la Resolución 06
de 2018 reconoció pasivos a favor de la demandada por $4.128.182.426, mientras que
la Resolución 12 de 2019 aceptó $868.531.000 originados en actos administrativos que
determinaron obligaciones por retención en la fuente entre 2015 y 2016 [los actos
demandados no figuraban en ese listado]. Luego, expuso las etapas de la liquidación
voluntaria y reivindicó su acatamiento a las normas que la regían y a los derechos de los
acreedores. Precisó que la Administración no objetó la calificación de los créditos -
amparados parcialmente con el embargo de bienes de la clínica-. Frente al saldo no
cubierto, enfatizó en su declaración como «insoluto». Por ello, descartó la continuidad de
un proceso «administrativo y paralelo» que pretendía la determinación de un crédito.
-(…) La calificación y graduación (…) [observó] la ley (…) El desequilibrio financiero
impidió el pago (…). Refirió que con la Resolución 06 del 2018 realizó el « inventario de
activos, pasivos y contingencias judiciales [y] declar[ó] (…) el desequilibrio financiero ». Reprodujo y
explicó extractos de la decisión asociados a: (i) monto de los créditos aceptados; (ii) el
cumplimiento del artículo 847 del ET; y (iii) la notificación de emplazamientos para
declarar y liquidaciones oficiales tras la primera remisión de «las deudas (…) de plazo vencido»
por parte de la demandada, de modo que efectuó a esa entidad tres (3) solicitudes de
«presentación de acreencias consolidadas».
Describió que, en virtud de una acción de tutela promovida por la demandada, el Juzgado
2 del Circuito de Sincelejo, mediante auto del 29 de junio de 2019, « ordenó rehacer el proceso
liquidatorio desde la etapa de Inventarios», en acatamiento de lo cual expidió la Resolución 12,
del 23 de agosto de 2019, cuyos capítulos Cuarto y Quinto desestimaron las objeciones
de la demandada a la Resolución 06 de 2018 [por la cual inventarió los bienes y declaró
el desequilibrio financiero].
Seguidamente, transcribió el Capítulo Sexto de la mencionada resolución que abordó «la
acreencia a favor de la DIAN» destacando que se aceptaron todos los créditos presentados
por la demandada -que los calificó como tipo C-. Las transcripciones evidencian la
imposibilidad de cancelar los pasivos por insuficiencia de activos y enfatizó en los
extractos que declararon «insolutas» las obligaciones de la Clínica Rey David y la
incapacidad de constituir reservas para sufragar cualquier tipo de condena [se advierte
que en las acreencias reconocidas en ese proceso liquidatorio no se encuentran los actos
de aforo acusados; lo que se observa es la resolución sanción por ese periodo 2015-5].
Igualmente, reprodujo el Capítulo Séptimo ídem, dentro del cual fue señalado que la
sociedad únicamente poseía activos por $166.928.000, correspondiente al avalúo
catastral de bienes embargados por parte de la DIAN, quien negó el levantamiento de la
medida cautelar, de ahí que su destino fuera el remate por parte de esa entidad «a efectos
de pagar en una mínima porción los créditos reconocidos a su favor » que ascendían a
$4.996.713.426. Así, dado que la resolución ibidem fijó el monto de la deuda con la DIAN,
concluyó que la liquidación de aforo carecía de objeto y, como la resolución del recurso
de reconsideración tenía carácter accesorio, esta también había perdido su « razón de ser».
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-(…) El liquidador cumplió sus deberes [según] (…) los artículos 256 del Código de
Comercio y 784 del ET. Advirtió que la autoridad tenía herramientas para cuestionar el
crédito reconocido en la liquidación, entre ellas: (i) objetar las resoluciones que efectuaron
el inventario de activos y pasivos y declararon el desequilibrio financiero; (ii) reponer y
apelar el acta de inscripción de la cuenta final registrada el 10 de diciembre de 2018; (iii)
interponer recurso de queja ante la Superintendencia de Sociedades; y (iv) adelantar un
proceso verbal sumario que declarara la responsabilidad civil de los socios y liquidadores.
Precisó que los actos demandados no presentaron argumentos sobre actuaciones
dolosas o erradas de la liquidadora. Luego, invocó jurisprudencia, según la cual las
sociedades -como sujetos de derecho- desaparecían con la inscripción de la cuenta final
de liquidación en el registro mercantil y advirtió que el liquidador solo respondía « por los
perjuicios causados por el incumplimiento de sus deberes ». Adujo que las decisiones pretendían
su vinculación ilegal a la controversia, pues no consideraron que el « espíritu de la ley» frente
a la responsabilidad por el impago de tributos exigía ser reclamados a la sociedad, a los
administradores al momento en que ocurrió el incumplimiento y a los socios -en ese
orden-. Así, objetó que el fisco comprometiera su responsabilidad por créditos causados
antes del inicio del proceso.
-(…) Falta de motivación: la DIAN no sustent[ó] (…) el obrar ilegal (…) al calificar y
graduar el crédito (…). Afirmó que su responsabilidad estaba limitada a los bienes
«inventariados», de ahí que solo era imputable por negligencia o incumplimiento de sus
deberes -entre los cuales estaba el desconocimiento de la prelación de pasivos-. Adujo
que la satisfacción de las deudas fiscales de una entidad en liquidación exigía a la DIAN
hacerse parte del procedimiento y someterse a las reglas sobre prelación de créditos -en
especial la Ley 1797 de 2016 en el caso de las «entidades del sector salud»-.
Puntualizó que el reconocimiento y pago del crédito eran momentos diferentes del
proceso liquidatorio. Destacó que el pago de las acreencias debía hacerse en el orden
legal de prelación hasta el agotamiento de los activos. Insistió en la aceptación de la
totalidad de las deudas reclamadas por la Administración; sin embargo, los activos de la
entidad fueron insuficientes para cancelar los créditos tipo C -fiscales-, e inclusive de las
categorías anteriores. Enfatizó en la notificación de todas las resoluciones del trámite
liquidatorio, en particular las que calificaron y graduaron créditos, inventariaron los activos
y pasivos y declararon el desequilibrio financiero, pese a lo cual su contraparte no
interpuso recursos u objeciones. En consecuencia, descartó la atribución de cualquier
«responsabilidad» y su «vinculación» al proceso de determinación.
-(…) La DIAN usa (...) el procedimiento tributario para lograr el pago de deudas (…).
Especificó que las acciones de los socios o terceros en su contra estaban clasificadas en
dos (2) grupos: (i) las que pretendían el pago de créditos -que solo podían proponerse
en la liquidación-; y (ii) las asociadas al pago de perjuicios por la atención indebida de los
pasivos. Al efecto, reiteró que el fisco nunca le atribuyó negligencia o incumplimiento,
pero intentó su vinculación al proceso de determinación para comprometer su
responsabilidad patrimonial en un eventual trámite coactivo, lo cual era errado e ilegal.
-(…) Imposibilidad (…) de cumplir deberes (…) [tras] la terminación de la existencia (…).
Adujo la imposibilidad material y jurídica de presentar y pagar la declaración de retención
en la fuente por la falta de capital social. Arguyó la improcedencia de su vinculación a la
fiscalización porque se trataba de un tributo causado antes de su posesión como
liquidadora. Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual nadie está
obligado a lo imposible y planteó la improcedencia de una «sanción» por hechos ajenos a
su voluntad, con base en el «desequilibrio financiero» declarado en las resoluciones 06 de
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2018 y 12 de 2019. Aludió a la aplicación del principio de fuerza mayor o caso fortuito.
-(…) Inobservancia de un plazo razonable para adelantar una actuación administrativa
frente a una entidad (…) para liquidar. Censuró que la demandada tardara (4) años en
definir la situación tributaria de la Clínica Rey David. Manifestó que la orden de liquidación
de la sociedad se había dado en acta del 16 de mayo de 2018 y el incumplimiento de la
obligación fiscal había acontecido en 2015. Anotó que la Administración conocía que la
compañía atravesaba una «situación difícil» y solo profirió una resolución sanción por no
declarar el 19 de diciembre de 2018, de ahí que su fiscalización no se ajustó al « corto
tiempo» que tenía la sociedad para solventar sus compromisos.
Posteriormente, planteó cuestionamientos respecto de: (i) la representación de la
compañía «desde el (…) (5) de diciembre de 2018 hasta el 2 de julio de 2019 y, (...) desde el (…) (5) de
febrero de 2020» [se refiere a la fecha de registro de la liquidación inicial y al subsiguiente
registro, tras la tutela]; (ii) la suscripción de denuncios fiscales a nombre de una sociedad
extinta; y (iii) la ineficacia de la declaración de retención en la fuente por falta de recursos
para pagarla, así como a la sanción por no declarar.
Igualmente, aclaró que no era que la liquidación eximiera a una sociedad del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino que « la discusión» obedecía a la
extinción de la entidad. Advirtió que un motivo para objetar las decisiones demandadas
era su «posterioridad a la determinación del crédito (…) dentro del proceso liquidatorio », sin perjuicio
de reiterar los efectos del «desequilibrio financiero». Explicó que «desde el (…) (5) de diciembre
de 2018 hasta el 2 de julio de 2019 y, (...) desde el (…) (5) de febrero de 2020» era imposible suscribir
y pagar la retención en la fuente. Asimismo, manifestó que su cargo solo existió hasta
esa última fecha.
Sostuvo que la anterior conclusión era apoyada por la DIAN, pues en un auto de archivo
[de una investigación contra otro sujeto] concluyó que no era posible adelantar un
proceso tributario contra una entidad liquidada. De igual forma, aludió a providencias de
esta corporación en las que se ha precisado que la capacidad para actuar se extingue
con la inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil y, a partir de
ese momento, las personas jurídicas desaparecen del mundo jurídico, de modo que no
pueden ser sujeto de derechos y obligaciones y, por ende, hacer parte de un proceso
(sentencia del 07 de marzo de 2018, exp 23128 CP Stella Jeannette Carvajal Basto).
Invocó la sentencia del 20 de febrero de 2019 de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca7, según la cual: (i) una entidad liquidada no podía ser
parte de un proceso; (ii) el liquidador terminaba su labor y capacidad para actuar con la
terminación de la existencia de la entidad; (iii) los actos y/o hechos causados por tales
sujetos estaban limitados a la existencia de la compañía; y (iv) su régimen de
responsabilidad -siempre y cuando se demostrara dolo o culpa grave- se regulaba en los
artículos 256 del Código de Comercio y 784 del ET.
Contestación de la demanda
Aseveró que la demanda no clasificó ni determinó los supuestos de hecho que le servían
de fundamento a lo pretendido. Seguidamente, adujo que las pretensiones carecían de
razones fácticas o jurídicas. Luego, manifestó que: (i) las decisiones estaban ajustadas
a derecho; (ii) su contraparte carecía de legitimación en la causa por activa8.
7
Exp. 25000233600020160173600, MP: José Élver Muñoz Barrera.
8
Samai tribunal, índice 27, certificado 9814BE2F61D41C5F B1F410BEED96670E BB7E6792 (pdf), pp. 2 a 8.
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Demandantes: Karem Melissa Sanabria León y Clínica Rey David Sincelejo SAS liquidada
Explicó que no había propuesto la excepción de « inexistencia del demandante» porque, aun
cuando la Clínica Rey David estaba extinta, era «muy probable» que recuperara su vida
jurídica «en cualquier momento» por una futura decisión en el marco del cumplimiento del
fallo de tutela que ordenó «rehacer» la liquidación [se refiere a la orden impartida en la
providencia del 27 de junio de 2019 que, según la demandante, fue acatada con la
Resolución 12 de agosto de 2019]. Manifestó estar a la espera de que esa autoridad
judicial dictara las órdenes necesarias para el cabal cumplimiento del fallo de tutela, entre
las cuales estaría la revocatoria de los actos de inscripción a través de los cuales se dio
por extinguida la persona jurídica, para que rehaga nuevamente la liquidación siguiendo
lo previsto en la ley, lo que se hacía necesario, entre otras cosas, porque la demandante
y los socios liquidaron la clínica sin disponer de tres (3) inmuebles, lo que era a todas
luces irregular. A continuación, expuso como «razones de la defensa»:
-Falta de legitimación (…). Precisó que la actora no podía demandar en «causa propia» los
actos, porque estos no la afectaban. Explicó que los actos no impusieron una sanción,
sino que determinaron un tributo a cargo de la sociedad. Al respecto, precisó que los
liquidadores respondían en forma subsidiaria por el incumplimiento de « deberes formales»
y no por el tributo a cargo del obligado. En esa línea, planteó que, como los actos
acusados no se dirigían contra la liquidadora, ni contenían una obligación que afectara
su patrimonio, como erradamente lo aducía, era claro que estos no constituían título
ejecutivo contra ella, por lo que mal podría adelantarse en su contra un proceso de cobro
coactivo y, por esa misma razón, resultaba evidente la falta de legitimación en la causa
por activa de la liquidadora para demandar los actos enjuiciados. Agregó que la actora
era responsable por los hechos ocurridos desde la fecha en que asumió como liquidadora
y, en este caso, la omisión al deber de declarar ocurrió en un momento previo.
-Legalidad de los actos enjuiciados. Sostuvo que la demanda pretendía enjuiciar los actos
acusados, haciendo recuentos del trámite de la liquidación voluntaria que nada tenía que
ver con la legalidad de estos. Adujo que estaba claro para la justicia que la liquidadora
había adelantado irregularmente el proceso liquidatorio en desmedro del derecho de
terceros, conforme lo evidenciaba la sentencia de tutela que ordenó « rehacer» el trámite,
y ello lo reafirmaba el auto que sancionó a la ex liquidadora por desacato a la orden de
tutela (auto del 16 de abril de 2021). Advirtió que una cosa era el cobro del acto y otra su
legalidad, de modo que, al parecer, la actora confundía los conceptos de legalidad,
ejecutoriedad y ejecutividad del acto. Añadió que, mal podía alegar la parte demandante
que los actos eran nulos por violar las normas que regían el trámite de la liquidación
voluntaria, pues estos no tenían como fundamento de hecho ni de derecho tales
disposiciones.
Luego, resaltó que el procedimiento de aforo demostró que la sociedad practicó
retenciones en la fuente a título de renta, pero omitió su deber de declarar y pagar dichos
valores. Al efecto, destacó que la actora no discutió esa situación, ni la competencia de
la DIAN o la aplicación de las normas fiscales para determinar la obligación de la
compañía.
-(…) Costas. Solicitó su imposición en virtud de la «evidente falta de mérito» de la demanda.
Finalmente, alegó la excepción previa de «inepta demanda por falta (…) de interposición del
recurso de reconsideración»9, pues la actora impugnó la liquidación de aforo como ex
liquidadora de la Clínica Rey David y no «en nombre propio», por lo que no agotó el recurso
9
Samai tribunal, índice 52, certificado 783CCCE7D954D76F 46AA9867EF1286EF F04C5D5FEB0E8C6B 1B06B7B096456437 (pdf),
pp. 4 a 19.
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obligatorio10. Agregó que la demandante actuó «en causa propia» a partir de una creencia
«errónea» de que los actos comprometieron su responsabilidad y patrimonio.
Sentencia apelada
El tribunal declaró probadas las excepciones « falta de legitimación en la causa por activa» -
propuesta por la DIAN- y la de «inexistencia de la demandante» -analizada de oficio-11. Sobre
el particular, aclaró que las sociedades podían «ser parte» de un proceso hasta la
aprobación e inscripción de la cuenta final de liquidación en el registro mercantil. Destacó
que dicha circunstancia implicaba la inexistencia de la entidad y el cese de las funciones
del liquidador, de manera que este no podía «representar a la sociedad ni actuar en su nombre».
Aunque reconoció que la demandante actuó « en nombre propio y en su condición de ex
liquidadora de la (…) CLÍNICA REY DAVID (…)», precisó que a la fecha de presentación de la
demanda -15 de diciembre de 2020 [acorde con el acta de reparto, inserta en la
providencia del tribunal, la presentación fue el 16 de diciembre de 2020], fecha para la
cual, se había extinguido la clínica y, por ende, el « titular de los derechos a discutir», lo que
conllevaba la ausencia de capacidad para ser parte « como presupuesto procesal y material de
la sentencia». A los efectos anteriores, se refirió a la inscripción del acta de la cuenta final
en el registro mercantil el 10 de diciembre de 2018, así como a la reapertura del proceso
a instancias de la tutela y, finalmente, a la segunda acta de liquidación inscrita el 05 de
febrero de 2020, conforme al certificado de Cámara de Comercio.
Frente a la falta de legitimación en la causa por activa, puntualizó que la demandante no
era titular del interés jurídico debatido, pues los actos sometidos a control no adoptaron
ninguna decisión en su contra. Subrayó que las « sanciones» impuestas estaban dirigidas
a la clínica y su extinción impedía a la liquidadora obrar como representante legal.
Recurso de apelación
La actora recurrió la decisión del tribunal y solicitó aceptar sus pretensiones. En forma
«subsidiaria» señaló que si la Sala decidía «revocar o complementar la sentencia (…) y declarar la
falta de legitimación por activa», debía tener en cuenta que el a quo no concluyó respecto de
la inexistencia de la sociedad ni precisó que los actos no constituyeran títulos ejecutivos
susceptibles de cobro coactivo en su contra, aun cuando los alegatos de conclusión en
primera instancia solicitó expresamente que en caso de que el tribunal declarara la falta
de legitimación en la causa por activa, precisara que los actos recayeron sobre una
sociedad liquidada y no sobre la actora, de modo que la demandada no podía exigirle el
pago de las sanción; los actos no constituían títulos ejecutivos en su contra, conforme se
había señalado en pronunciamientos anteriores de esta corporación12.
Advirtió que en tales oportunidades, la corporación había precisado que la inexistencia
del obligado principal al momento de imposición de la «sanción» significaba que los actos
carecían de alcance para determinar consecuencias adversas a los « responsables
10
Mediante auto del 12 de agosto de 2024 (índice 31 de Samai del tribunal), el tribunal declaró no probada la excepción previa. Al
respecto, manifestó que la actora interpuso el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de aforo en forma oportuna, de
manera que satisfizo su obligación de agotar el medio de impugnación obligatorio en sede administrativa. Por otra parte, subrayó que
el debate planteado por el fisco no implicaba la ausencia del recurso de reconsideración, sino la calidad del «recurrente» que acudió
a la etapa jurisdiccional, lo cual correspondía a una discusión sobre la legitimación en la causa por activa que debía analizarse «con
el fondo del asunto de la sentencia». Pese a que la parte demandada interpuso recurso de reposición en contra de la mencionada
providencia, este fue rechazado por extemporáneo mediante auto del 10 de marzo de 2025 (índice 44 de Samai del tribunal).
11
Samai tribunal, índice 49, certificado F3D395E66F747901 ED1B8DE42B5BCED9 8BBD363270EC92E5 8751E6D0732E4302 (pdf),
pp. 8 a 15.
12
Identificó los procesos 68001233300020160070801 del 9 de febrero de 2023; 68001233300020160071502 del 9 de febrero de
2023 y 68001233300020160074001 del 11 de agosto de 2022.
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solidarios». Las autoridades tendrían que haber emitido actos en los cuales establecieran
las eventuales responsabilidades de los obligados solidarios o subsidiarios; sin embargo,
la actora no fue vinculada «bajo ninguna calidad de deudor».
También, solicitó la observancia a las sentencias del 09 de febrero de 2023 (exps. 26880
y 26805, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto y Myriam Stella Gutiérrez Argüello), las
cuales concluyeron (entre otras cosas) que: (i) la inexistencia del sujeto pasivo en la fecha
de imposición de la «sanción» implicaba que los actos no tenían efectos negativos para
los responsables solidarios, entre ellos el liquidador; (ii) dicho sujeto carecía de
legitimación en la causa para demandar las decisiones; y (iii) aquellas no constituían un
título ejecutivo para adelantar un cobro coactivo contra el liquidador.
Igualmente, trajo a colación la sentencia del 11 de agosto de 2022 (exp. 26527, CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez), a partir de la cual sostuvo que la posición de la Sala en
situaciones donde la Administración expedía «actos sancionatorios» contra sociedades
«extintas» consistía en: (i) proferir un fallo inhibitorio; y (ii) advertir que los actos
administrativos no constituían un título ejecutivo. En idéntico sentido, adujo que la
prenotada línea jurisprudencial fue «ratificada» por doce (12) sentencias expedidas entre
2015 y 2023. Así, con base en el artículo 287 del CGP, solicitó que la parte considerativa
de la providencia indicara que, ante la inexistencia de la Clínica Rey David, las decisiones
sometidas a control judicial no eran títulos ejecutivos susceptibles de cobrarse en
jurisdicción coactiva.
En general, criticó que el tribunal no evaluara todos los argumentos de la demanda y
cuestionó la falta de valoración de sus alegatos de conclusión. Luego, detalló que los
medios probatorios evidenciaban que «la fecha de cancelación de la matrícula mercantil» de la
compañía era el 05 de febrero de 2020, momento en el cual cesaron sus funciones como
liquidadora. En apoyo de lo anterior, invocó las sentencias del 23 de abril de 2015 (exp.
20688, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia) y del 07 de marzo de 2018 (exp. 23128,
CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), según las cuales la inscripción de la cuenta final de
liquidación en el registro mercantil implicaba la extinción de la sociedad, por lo que esta
no podía ser parte de un proceso y el liquidador solo ejercía su representación hasta ese
momento. En consecuencia, solicitó la nulidad de los actos y, a título de restablecimiento
del derecho, una condena a la DIAN por los perjuicios causados y el pago de las costas
-agencias en derecho-.
Pronunciamientos finales
La Administración reiteró las consideraciones expuestas en la contestación a la
demanda13. Por su parte, el ministerio público guardó silencio en esta oportunidad
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de las decisiones acusadas atendiendo los cargos de
apelación planteados por la actora contra la sentencia de primera instancia, que declaró
probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por
la demandada y la de inexistencia de la demandante analizada de oficio.
13
Samai CE, índice 11, certificado 4576513EA17C6B04 273F56B6CCC6FBCE FA996900392B70F3 A26643BE03095145 (pdf), pp.
1 a 4.
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Problemas jurídicos
En concreto, la Sala advierte que los reproches de la apelante sobre la falta de
pronunciamiento del tribunal respecto de los argumentos de la demanda y lo aducido en
los alegatos de conclusión, en realidad van dirigidos a que se determine el alcance y/o
efectos jurídicos de la declaratoria de la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa de la apelante, esto es, que se especifique que la obligación determinada en
los actos acusados [aforo retención en la fuente mayo 2015] no le sería exigible.
Previo a analizar lo anterior, se advierte que, aunque la entidad demandada sostuvo que
no había propuesto la excepción de «inexistencia del demandante» porque, aun cuando la
Clínica Rey David estaba extinta era «muy probable» que recuperara su vida jurídica «en
cualquier momento» por una futura decisión en el marco del cumplimiento del fallo de tutela
que ordenó «rehacer» la liquidación, no presentó apelación a la decisión del tribunal de
declarar oficiosamente la excepción de inexistencia de la demandante.
Análisis del caso concreto
2- La parte apelante alegó que el a quo no presentó conclusiones sobre la inexistencia
de la Clínica Rey David ni precisó si los actos constituían títulos ejecutivos susceptibles
de cobro coactivo en su contra. A partir de jurisprudencia de la Sala, señaló que el fisco
debió endilgarle las eventuales «responsabilidades», sin embargo, destacó su falta de
vinculación «bajo ninguna calidad de deudor» y trajo a colación múltiples sentencias según las
cuales: (i) la inexistencia del sujeto pasivo en la fecha de imposición de la «sanción»
implicaba que los actos no tenían efectos negativos para los responsables solidarios,
entre ellos el liquidador; (ii) dicho sujeto carecía de legitimación en la causa para
demandar las decisiones; y (iii) aquellas no constituían título ejecutivo para efectuar cobro
al liquidador.
Destacó que, en situaciones donde la Administración expedía «actos sancionatorios» contra
sociedades «extintas», la postura de esta corporación era: (i) proferir un fallo inhibitorio; y
(ii) advertir que los actos no constituían un título ejecutivo. Cuestionó que el tribunal no
evaluó todos los argumentos de la demanda y lo señalado en los alegatos de conclusión
en primera instancia. Asimismo, detalló que los medios probatorios evidenciaban que «la
fecha de cancelación de la matrícula mercantil» de la compañía era el 05 de febrero de 2020,
momento en el cual cesaron sus funciones como liquidadora. Invocó sentencias de la
Sección que fijaron la inscripción de la cuenta final de liquidación en el registro mercantil
como el momento de extinción de la entidad, por lo que esta no podía ser parte de un
proceso y el liquidador únicamente ejercía su representación hasta ese momento.
Por su parte, la demandada aseguró que su contraparte no podía someter a control
judicial los actos en «causa propia», porque estos no la afectaban, pues los actos
determinaron un tributo a cargo de la Clínica Rey David y no de la actora, de modo que
no se tenía un título para cobrarle la deuda a la liquidadora, razón por la que esta última
carecía de legitimación en la causa por activa. Puntualizó que la actora era responsable
por los hechos ocurridos desde la fecha en que asumió como liquidadora y, en este caso,
la omisión ocurrió en un momento previo.
A su turno, el a quo explicó que la aprobación e inscripción de la cuenta final de
liquidación en el registro mercantil implicaba la inexistencia de la sociedad y el cese de
las funciones del liquidador, de manera que este no podía «representar[la] (…) ni actuar en su
nombre». En tal sentido, relató que la presentación de la demanda sucedió el 15 de
diciembre de 2020, momento en el cual la compañía no existía de acuerdo con un
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10
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certificado de existencia y representación legal. Así, la inexistencia del «titular de los
derechos a discutir» conllevaba a la ausencia de capacidad para ser parte «como presupuesto
procesal y material de la sentencia». Frente a la falta de legitimación en la causa por activa,
puntualizó que la demandante no era titular del interés jurídico debatido, pues los actos
no adoptaron ninguna decisión en su contra, sino que impusieron una obligación tributaria
a cargo de la Clínica Rey David, extinta.
2.1- A fin de dirimir el litigio, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio de decisión que
orientó las sentencias del 16 y 23 de octubre de 2025 (exps. 29734 y 29752, CP: Claudia
Rodríguez Velásquez); y del 21 y 28 de agosto de 2025 (exps. 29751 y 29749, CP: Wilson
Ramos Girón), que resolvieron asuntos similares al del presente caso, pero en relación
con otros períodos de la retención en la fuente del año gravable 2015.
En tales precedentes, esta judicatura explicó que en relación con el análisis de la
legitimación en la causa por activa se atendería el criterio de la Sala contenido en la
sentencia del 12 de junio de 2025 (exp. 28009, CP: Wilson Ramos Girón) en la cual se
precisó que la pretensión de anulación de los actos administrativos debía reclamarse por
«la parte procesal titular del derecho subjetivo presuntamente vulnerado», de modo que la decisión
debía «definir una situación jurídica particular que afecte el interés de quien promueva la acción»14. En
consecuencia, la legitimación en la causa «es un presupuesto para dictar sentencia de fondo»15
y exige «identidad entre quien alega la pretensión y quien, de acuerdo con el derecho sustancial, tiene la
titularidad del derecho que invoca»16. Así, una vez liquidada la sociedad, quien fungió como
liquidador deja de tener las atribuciones para representar a la compañía extinta, por lo
que no solo carecería de potestades de representación para demandar en nombre de
una sociedad inexistente, sino que, adicionalmente, en tanto los actos acusados no
definan una situación jurídica particular y concreta contra la persona natural que cumplió
funciones de liquidador no acreditaría un interés afectado que la legitime a demandar, en
procura de evitar consecuencias adversas.
2.2- Con esto presente, resultan relevantes los siguientes hechos y/o medios probatorios:
(i) Mediante Acta 16, del 16 de mayo de 2018 (prueba 12.1.4), inscrita en el registro
mercantil el 07 de junio del prenotado año, la Asamblea General de Accionistas de la
Clínica Rey David ordenó (entre otras cosas) la disolución y liquidación inmediata de la
compañía y nombró a la demandante como liquidadora. En el marco de sus funciones, la
actora expidió la Resolución 0002, del 26 de julio de 2018 (prueba 12.1.14), donde calificó
y graduó «la acreencia presentada por la (…) DIAN (…) (Acreencia A10.4) (…) ». Al respecto, la
decisión aceptó todos los pasivos -$4.021.274.426- y los calificó como «Tipo C», así:
Número de obligación Acto Concepto Valor
232382018000016 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (01) $18.533.000
232382018000017 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (02) $53.732.000
232382018000018 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (03) $36.546.000
232382018000019 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (04) $73.950.000
232382018000020 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (05) $52.992.000
232382018000021 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (06) $23.718.000
232382018000022 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (07) $69.494.000
232382018000023 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (08) $11.690.000
232382018000024 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (09) $57.692.000
232382018000025 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (10) $14.511.000
232382018000026 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (11) $42.658.000
232382018000027 Emplazamiento para declarar Retención 2015 (12) $45.246.000
900.002 Resolución sanción Renta Cree 2015 (01) $2.827.123.000
232412017000007 Resolución sanción Renta 2014 (01) $463.000
14
Sentencias del 27 de agosto de 2020, 25 de noviembre de 2021 y 16 de junio de 2022 (exps. 23564, 24587 y 26002, CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez); y del 10 de junio de 2021 (exp. 24642, CP: Milton Chaves García).
15
Sentencia del 13 de julio de 2023 (exp. 27008, CP: Milton Chaves García).
16
Sentencia del 11 de febrero de 2014 (exp. 18456, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).
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Demandantes: Karem Melissa Sanabria León y Clínica Rey David Sincelejo SAS liquidada
232412017000012 Resolución sanción por no Retención 2014 (01) $29.570.865
declarar
232412017000013 Resolución sanción por no Retención 2014 (02) $19.354.000
declarar
232412017000014 Resolución sanción por no Retención 2014 (03) $36.707.000
declarar
232412017000015 Resolución sanción por no Retención 2014 (04) $78.486.000
declarar
232412017000016 Resolución sanción por no Retención 2014 (05) $46.476.000
declarar
232412017000016 Resolución sanción por no Retención 2014 (06) $63.485.000
declarar
232412017000018 Resolución sanción por no Retención 2014 (07) $36.919.000
declarar
232412017000019 Resolución sanción por no Retención 2014 (12) $143.189.000
declarar
232412017000007 Resolución sanción Renta 2017 (01) $463.000
100114001362941 N/A Renta 2014 (01) $22.160.000
100115003971558 N/A Renta 2015 (01) $66.759.000
100116001913007 N/A Renta 2016 (01) $5.117.00
101716000740100 N/A Riqueza 2016 (01) $107.469.561
101717000839936 N/A Riqueza 2017 (01) $36.771.000
Valor total reconocido $4.021.274.426
(ii) Posteriormente, la liquidadora expidió la Resolución 0006, del 26 de septiembre de
2018 (prueba 12.1.15), mediante la cual efectuó «el inventario de activos, pasivos y contingencias
judiciales, declar[ó] configurado el desequilibrio financiero y [dictó] otras disposiciones (…) ». En el acto
se aceptó la «Acreencia A10.4» -$4.021.274.426- y relató que la DIAN presentó nuevos
créditos -E10.1- que cobijaban «liquidaciones oficiales [retención] en la fuente: 232412018000010,
periodo 12 año 2014, 232412018000009, periodo 7 año 2014, 232412018000008, periodo 6 año 2014,
232412018000007, periodo 5 año 2014, 232412018000006, periodo 4 año 2014, 232412018000005
periodo 3 año 2014, 232412018000004, periodo 2 año 2014 y 232412018000003 periodo 1 año 2014 ».
La decisión aceptó la nueva «acreencia» y, en suma, reconoció pasivos totales a favor del
fisco por $4.128.182.426.
(iii) Como resultado de una acción de tutela presentada por la Administración, el Juzgado
Segundo 2 Civil del Circuito de Sincelejo emitió la sentencia del 27 de junio de 2019 (exp.
2019-00210-01(2019-083)), que ordenó a la demandante «[rehacer] el trámite de liquidación
voluntaria desde el inventario y avalúo de los activos y pasivos; [confeccionar] un documento en el que
califique y gradúe los créditos y [continuar] con el trámite de [la] liquidación voluntaria con sujeción a lo
establecido en el Código de Comercio» (prueba 12.1.22). A consecuencia de lo anterior, la
liquidadora profirió la Resolución 00012, del 23 de agosto de 2019 (prueba 12.1.27), que
«da cumplimiento a la sentencia de tutela (…), cierra el traslado común de los acreedores y resuelve la
objeción o solicitud de aclaración interpuesta contra la Resolución No. 0006 de 26 de septiembre de 2018,
presentada por la (…) DIAN». En términos generales, el artículo séptimo ídem ordenó
«MODIFICAR la Resolución 006 (…), en la parte concerniente al reconocimiento de la acreencia de la (…)
DIAN, para que sea incorporada a la masa liquidatoria (…) como crédito de TIPO C, por valor de (…)
$4.996.713.426». En tal sentido, el Capítulo Sexto ibidem reiteró la aceptación a los pasivos
presentados por la entidad demandada en oportunidades anteriores y, a renglón seguido,
reconoció como deudas múltiples resoluciones notificadas los días 28 de enero de 2019
y 22 de agosto de 2019:
Número Fecha Periodo y concepto Valor
232412018000013 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (1) $18.533.000
232412018000014 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (2) $53.732.000
232412018000015 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (3) $36.546.000
232412018000016 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (4) $73.950.000
232412018000017 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (5) $52.992.000
232412018000018 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (6) $23.718.000
232412018000019 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (7) $69.494.000
232412018000020 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (8) $11.690.000
232412018000021 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (9) $57.692.000
232412018000022 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (10) $14.511.000
232412018000023 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (11) $42.658.000
232412018000024 19 de diciembre de 2018 Retención 2015 (12) $45.246.000
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 70001-23-33-000-2020-00353-01 (30612)
Demandantes: Karem Melissa Sanabria León y Clínica Rey David Sincelejo SAS liquidada
232412019000018 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (1) $20.564.000
232412019000019 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (2) $7.900.000
232412019000020 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (3) $53.711.000
232412019000021 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (4) $31.935.000
232412019000022 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (5) $84.481.000
232412019000023 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (6) $14.346.000
232412019000024 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (7) $73.475.000
232412019000025 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (8) $41.266.000
232412019000026 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (9) $5.000.000
232412019000027 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (10) $18.141.000
232412019000028 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (11) $11.950.000
232412019000029 16 de agosto de 2019 Retención 2016 (12) $5.000.000
Total $868.531.000
(iv) El Certificado de Existencia y Representación Legal de la Clínica Rey David, emitido
por la Cámara de Comercio de Sincelejo el 30 de abril de 2020 (prueba 12.1.33), reflejó
que: (a) «Por acta número 20 del 01 de noviembre de 2019 (…), registrado (…) bajo el número 28368
del Libro IX del registro mercantil el 05 de febrero de 2020, se decretó: liquidación »; y (b) «Por documento
privado número 1 del 14 de febrero de 2020 (…), registrado (…) bajo el número 179100 del Libro XV del
registro mercantil el 14 de febrero de 2020, se inscribe: cancelación persona natural o jurídica ».
(v) En lo relativo a la fiscalización que derivó en los actos demandados, se observa (i)
que la Liquidación Oficial de Aforo 232412019000005, del 20 de septiembre de 2019, fue
notificada por correo el 26 de septiembre de 2019, esto es, antes de la extinción de la
sociedad (ii) que el acto no ordenó la vinculación de la demandante al proceso de
determinación como deudora solidaria o subsidiaria y (iii) que se alude a «los oficios
remitidos al representante legal y a los socios comunicándoles sobre la expedición del emplazamiento para
declarar (…) y la resolución sanción por no declarar ». Igualmente, el proceso de notificación de la
decisión incluyó la expedición de oficios a los socios y/o miembros de la junta directiva
«para efectos de la responsabilidad solidaria - subsidiaria». Por su parte, la Resolución
232012020000007, del 09 de septiembre de 2020, notificada por correo electrónico el 17
de septiembre de 2020 -ya liquidada la sociedad-, confirmó la liquidación de aforo y
guardó silencio sobre cualquier responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de la actora.
(vi) El acta individual de reparto del 16 de diciembre de 2020 (índice 2 de Samai) pone
de presente que la demanda fue presentada el 16 de diciembre de 2020 a las 02:41:51
pm.
2.3- A partir de lo anterior, la Sala evidencia que la Clínica Rey David fue liquidada el 14
de febrero de 2020, dado que en tal fecha fue registrada la cancelación de la matrícula
mercantil, por lo cual, para cuando se radicó la demanda -16 de diciembre de 2020- la ex
liquidadora no tenía potestades para representar e instaurar la demanda y,
adicionalmente, la Sala constata que los actos enjuiciados solo determinaron la retención
en la fuente a cargo de la sociedad para el mes de mayo del año gravable 2015 y
guardaron silencio sobre la responsabilidad subsidiaria o solidaria de la liquidadora, con
prescindencia de los oficios que comunicaron a la demandante, representantes legales
y/o accionistas de la contribuyente la expedición de actos previos y definitivos « para efectos
de la responsabilidad solidaria - subsidiaria», pues una vinculación debe estar definida en el
correspondiente acto administrativo de determinación, aforo o sancionador. Inclusive, la
propia Administración reconoció de forma contundente que los actos no afectaban a la
liquidadora y que carecía de un título para cobrarle a esta la deuda de los actos acusados.
De acuerdo con lo anotado, la demandante carecería de legitimación en la causa por
activa, conforme lo determinó el tribunal, porque la liquidación de aforo y su confirmatoria
no fijaron obligaciones a su cargo ni afectaron sus derechos subjetivos, solo determinaron
una deuda por las retenciones en la fuente omitidas a cargo de la sociedad actualmente
liquidada y, por esto mismo, los actos de liquidación oficial demandados en este proceso
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no constituyen títulos ejecutivos que puedan ser cobrados a la apelante 17. Por
consiguiente, resulta infundada la petición de la actora para que en el presente juicio, de
forma concomitante a la declaratoria de la excepción de falta de legitimación en causa
por activa, se le reconozcan perjuicios o daños como lo reclama en su apelación, pues la
consecuencia de hallarse probado el medio exceptivo es la imposibilidad o inhibición de
la judicatura para estudiar de fondo la legalidad de los actos administrativos que, en el
presente caso, no le definieron alguna situación jurídica a la ex liquidadora.
3- A partir de las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas en los párrafos
precedentes, esta corporación confirmará el fallo de primera instancia. Asimismo,
ordenará a la Secretaría remitir una copia de esta providencia al despacho judicial que
conoce del reclamo de incumplimiento de la sentencia del 27 de junio de 2019 que había
ordenado a la demandante rehacer -parcialmente- la liquidación voluntaria.
Conclusión
4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la
presente sentencia que: (i) la legitimación en la causa «es un presupuesto para dictar sentencia
de fondo» y exige «identidad entre quien alega la pretensión y quien, de acuerdo con el derecho
sustancial, tiene la titularidad del derecho que invoca », lo que no se encontró acreditado en el
caso concreto, en tanto los actos acusados no definieron una situación jurídica particular
y concreta contra la persona que, en su oportunidad, fue la liquidadora de la sociedad
actualmente inexistente.
Costas
5- Con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 361 del CGP, se condenará en
costas -agencias en derecho- en esta instancia a la demandante en la medida en que se
confirma la providencia apelada. Así, se fijarán como agencias de derecho en esta
instancia en el equivalente a un salario mínimo de conformidad con el acuerdo PCSJA2
512355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo tanto, ordenar al tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme con las reglas
consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia.
2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar al
tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.
3. Por Secretaría, remítase copia de esta providencia al despacho judicial -Juzgado
Segundo de Pequeñas Causas Laborales y Competencias Múltiples de Sincelejo- que
conoce del trámite promovido por la DIAN, asociado al cumplimiento de la sentencia
de tutela del 27 de junio de 2019.
17
Sentencias del del 23 de junio de 2015 (exp. 20688, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia); 07 de marzo de 2018 (exp. 23128,
CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); 29 de octubre de 2020 (exp. 24365, CP: Milton Chaves García); 19 de noviembre de 2020 (exp.
25174, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez); y del 07 de diciembre de 2022 (exp. 20850, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
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4. Por Secretaría, corríjase el nombre de los demandantes en la carátula y en el sistema
de búsqueda de Samai, de acuerdo con la identificación que de dicha parte hace esta
providencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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