Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00928-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00928-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-00928-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2024
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00928-01 (5806-2019)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00928-01 (5806-2019)
Demandante: José Alejandro Valencia Giraldo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Tema: Pensión de Invalidez de miembro del Ejército Nacional. No se
demostró el porcentaje mínimo exigido del 50% por lesiones o
afecciones médicas ocurridas o contraídas en servicio activo.
Reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad
laboral. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve
(2019) por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron
las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor JOSÉ ALEJANDRO VALENCIA GIRALDO instauró demanda en contra
de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo presunto, respecto de la petición
de reconocimiento y pago de la pensión por sanidad y el reajuste de la
indemnización, frente al cual la demandada guardó silencio.
Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a pagar la pensión
de sanidad o invalidez, en cuantía del 85% mensual de lo equivalente al salario
que devengaba el demandante, a partir del momento de su retiro.
Que se reconozca el reajuste de la indemnización que legalmente le corresponda,
conforme a los parámetros de incapacidad psicofísica determinada por el
ordenamiento jurídico.
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Que se ordene pagar la indexación y la actualización respectiva, aplicando los
ajustes del IPC.
Que se reconozca y pague al demandante, el equivalente a 100 SMLMV como
reparación de los perjuicios causados.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios al Ejército Nacional siendo retirado del servicio activo
en condiciones de discapacidad médico laboral, contando en la actualidad con
una disminución del 93.1% según el informe o documento técnico realizado por
el Dr. Enrique Ayala Pérez.
Que las lesiones que dieron origen a la discapacidad son graves, al punto de
mantenerlo al margen del desempeño de cualquier actividad laboral en el sector
privado y que, sin duda, tuvieron origen durante su permanencia en la entidad
demandada.
Que no obstante las afecciones de salud, el demandante no ha recibido de la
demandada, con regularidad el tratamiento y la asistencia médica adecuada, lo
que seguramente ha permitido el grave decaimiento de sus condiciones de salud
al punto de padecer en la actualidad un alto grado de discapacidad laboral, lo que
considera, lo hace acreedor al acceso de la pensión de sanidad o invalidez.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53,
228, 229 y 230 de la Constitución Política; 2 y 3 del CPACA, 9 del Código
Sustantivo del Trabajo; Decreto 94 de 1989, 15, 37, 44 y 45 del Decreto 1496 de
2000; 40 de la Ley 100 de 1993; 3 numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004; 2 del
Decreto 1157 de 2014 y 32 del Decreto 4433 de 2004.
En el Concepto de la Violación se señaló que, cuando ingresó al Ejército
Nacional, se encontraba en óptimas condiciones de salud y que la alteración
grave de ésta la sufrió hallándose activo en ese organismo, lo que le ha originado
una incapacidad absoluta y permanente para el desempeño de actividades
remunerativas y que, se agrega a ello, el síndrome del complejo de inferioridad
suscitado por la frustración ante la búsqueda de trabajo y el impacto sobreviniente
para su normal desenvolvimiento en las actividades de su vida social.
Que en el acta de la Junta Médico Laboral realizada, no fueron consignadas
plenamente las lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado de
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manera ostensible su estado de salud; que prueba de ello es que se le declaró
no apto para el servicio.
Que el Decreto 94 de 1989 fue transgredido por cuanto no se le dio cabal
aplicación de acuerdo con la disminución de la capacidad psicofísica por él
sufrida.
Que los Decretos 1793, 1794 y 1796 de 2000 exigen como presupuesto para
optar a la pensión de invalidez, una incapacidad mínima del 75% con marcada
desfavorabilidad frente a los presupuestos requeridos en la norma general y
ordinaria de la Ley 100 de 1993.
Que en estos casos se impone dar aplicación a los precedentes jurisprudenciales
cuando por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o
más casos análogos.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se admitió mediante auto del 16 de noviembre de 2016, notificada a
la parte demandada, que solicitó que sean negadas las pretensiones, indicando
que el demandante prestó sus servicios a la Institución por un tiempo de 7 meses
y 18 días, siendo retirado del servicio por mala incorporación y que, no es cierto
que se haya retirado en condiciones de discapacidad médico laboral.
Que con respecto al porcentaje de disminución a que se hace referencia, el
documento técnico que se acompaña a la demanda, no es prueba para
determinar el grado de disminución de la capacidad laboral para reclamar su
pensión de invalidez.
Indicó que si bien, la normativa aplicable a los miembros de la fuerza pública
establece el reconocimiento de una pensión de invalidez al personal de las
Fuerzas Militares, entre ellos, los soldados que padezcan una pérdida de la
capacidad laboral superior al 50%, el actor no es beneficiario de ella, por cuanto
no existe en la actualidad prueba que determine el porcentaje de la pérdida de
capacidad laboral.
Que, el dictamen pericial aportado con la demanda no es la prueba idónea para
determinar la disminución de la capacidad laboral del demandante, por cuanto,
tanto en el régimen general, como en el especial se determinó quienes tienen la
competencia para determinar la pérdida de capacidad laboral de las personas
con fines de reconocimiento de la pensión de invalidez.
Siendo ellas, para el régimen general las juntas regionales de invalidez en
primera instancia y la junta nacional de invalidez en segunda instancia y en el
régimen especial de las fuerzas militares la junta médico laboral militar o de
policía en primera instancia y el tribunal médico laboral de revisión militar y de
policía en segunda instancia.
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En audiencia inicial celebrada el 8 de noviembre de 2017, se fijó el litigio y se
efectuó el decreto de pruebas.
En la audiencia de pruebas celebrada el 28 de noviembre de 2017, compareció
el médico Enrique Ayala Pérez para exponer las razones y conclusiones de su
dictamen, la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento.
A través del auto del 14 de febrero de 2018 fueron incorporados al expediente los
elementos allegados dentro de la etapa probatoria y por auto del 1o de marzo de
2018, se corrió traslado por 10 días, para que las partes presentaran los alegatos
de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la sentencia del 18 de julio
de 2019, negó las pretensiones afirmando que un dictamen pericial de parte,
rendido por un perito particular; puede ser conducente para establecer la
disminución de capacidad laboral de un miembro de las fuerzas militares, luego
de ser sometido a la contradicción en los términos de los artículos 220 del CPACA
y 228 del CGP y que, con base en ello, el dictamen rendido por el señor Enrique
Ayala Pérez es idóneo para llegar a establecer la disminución de la capacidad
laboral del demandante
Seguidamente, hizo referencia a que la pensión de invalidez está supeditada a
que la pérdida de la capacidad laboral sea imputable al servicio prestado a las
fuerzas militares.
Posteriormente, al realizar el análisis del dictamen pericial aportado con la
demanda, concluyó que i) no está probado en el proceso que el demandante
tenga el diagnóstico de esquizofrenia y trastornos sicóticos agudos y ii) tampoco
prueba que las alteraciones de comportamiento del demandante durante su
vinculación al Ejército Nacional surgieron en razón del servicio militar.
Que, así las cosas, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara
los actos acusados.
Por último, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación, expresando que el
demandante obtuvo de su evaluación médica pericial realizada por el médico
Enrique Ayala Pérez, una discapacidad del 93.1% que supera el 50% exigido por
el artículo 3º, numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, por el artículo 2 del Decreto
1157 de 2014, que le daría derecho a la pensión de sanidad. Que ese medio de
prueba es plenamente eficaz y según el artículo 218 y ss. del CPACA en
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concordancia con el artículo 226 del CGP y que cumple con todas las normas
objetivas y los criterios legalmente establecidos para el acceso a dicha prestación
periódica.
Que es entendible que en el marco del debido proceso que, cada régimen, tiene
a su haber un marco legal dentro del cual deben desarrollarse sus
procedimientos, con aplicación adecuada y estricta de las exigencias probatorias
señaladas para cada caso.
Que, para la relación laboral al interior de la Fuerza Pública son los Decretos 94
de 1989 y 1796 de 2000 y el régimen judicial contencioso administrativo está
dispuesto en la Ley 1437 de 2011, siendo, por tanto, la prueba pertinente, idónea
y eficaz, al interior de esa última disciplina el dictamen pericial.
Que, en este caso, se encuentra ausente el Acta de la Junta Médica Laboral, que
serviría como prueba documental para darle mejor certeza al juzgador sobre la
situación altamente incapacitante del demandante, que, ante la falta de la misma,
la valoración del dictamen debió haberse realizado con base en su expediente
clínico.
Que, las normas que gobiernan la materia son uniformes en cuanto a los
requisitos allí exigidos para el acceso a la pensión de sanidad del demandante,
que rebasa ampliamente el 75% de discapacidad médico laboral, sin que en el
proceso exista medio idóneo de prueba en contrario que lo desvirtúe
sustancialmente.
Consideró que se vulnera el principio de equidad, al observarse una manifiesta
incongruencia con lo verdaderamente probado; del principio iura novit curia, que
ha debido aplicarse en primera instancia, en el sentido de tener en cuenta los
medios probatorios aportados que le indicaban otro camino más ajustado a
derecho; que se pretermitió el principio de congruencia y de legalidad, ya que la
decisión no se acomodó plenamente ni a las pruebas ni a las pretensiones; el
derecho a la igualdad, al no tener en cuenta precedentes judiciales y el principio
pro homine, por considerar que se desconocieron normas de amplia favorabilidad
sustancial.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), se admitió el
recurso y a través del auto del veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020)
se dio traslado para la presentación de los alegatos de conclusión.
La parte demandante ratificó los planteamientos formulados en la primera
instancia, tanto en la demanda, como en la sustentación del recurso de apelación,
para solicitar que se revoque la sentencia de primera instancia y que, se
concedan las pretensiones de la demanda.
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La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional solicitó que se confirme la
sentencia, tras considerar que el dictamen presentado por la parte demandante
no es la prueba para determinar la pérdida de la capacidad laboral, por falta de
competencia de ese perito para proferirlo.
El agente del Ministerio Público guardó silencio en desarrollo de esta etapa
procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Conforme con el recurso de apelación, la Sala deberá determinar si al señor José
Alejandro Valencia Giraldo le asiste derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez por pérdida de capacidad laboral durante la prestación de
su servicio como soldado regular y si tiene derecho al reconocimiento y/o reajuste
de la indemnización por la pérdida de capacidad laboral.
Marco normativo y jurisprudencial
Pensión de invalidez en el régimen especial de la Fuerza Pública
La Ley 923 de 2004 previó en su artículo 3° los elementos mínimos que tendría
que considerar el Gobierno Nacional cuando reglamentara la materia,
estableciendo lo siguiente respecto de la pensión de invalidez:
«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública,
que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
(…)
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto,
será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la
capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los
Organismos Médico -Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes
especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de
acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad
laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para
acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al
cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso
será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables
para la asignación de retiro. […]». (Resaltado intencional).
Los términos definidos en esta Ley y, por consiguiente, en su respectiva
reglamentación serían aplicables únicamente a hechos ocurridos en misión del
servicio o en simple actividad a partir del 7 de agosto de 2002, pues así lo ordenó
su artículo 6°, declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-
924 de 2005, providencia en la cual se estudió una acción pública de
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inconstitucionalidad propuesta con fundamento en la vulneración del derecho a
la igualdad, es decir, que determinó efectos retroactivos para la aplicación de la
ley.
Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 del 2004, se
expidió el Decreto Reglamentario 4433 de sobre el reconocimiento y liquidación
de la pensión de invalidez, estableció:
«ARTÍCULO 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía
Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras
subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por
la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de
conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con
fundamento en las partidas computables que correspondan según lo
previsto en el presente decreto:
(…)»
No obstante, en sentencia del 28 de febrero de 2013, dentro del proceso radicado
11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238–2007), proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado se declaró la nulidad de la expresión «igual o
superior al setenta y cinco por ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del Decreto
4433 de 2004 pues, con base en lo regulado en el numeral 3.5 del artículo 3.° de
la Ley 923 de 2004, se concluyó que el Gobierno Nacional había excedido la
competencia que le fue otorgada para regular la materia al fijar un parámetro
distinto del 50%. Sobre el particular, sostuvo en esencia la Corporación:
«[…] Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho
al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu,
cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el
derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que si
esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por la propia
ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no
puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto
en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos
superiores a los establecidos por esa ley. De la confrontación entre lo
dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, y el contenido
del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, surge que mientras aquél
establece que no se tiene el derecho a la pensión de invalidez o al sueldo
de retiro correspondiente cuando la disminución de la capacidad laboral sea
inferior al 50%, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al señalar que se
tiene derecho al reconocimiento y liquidación de esa prestación social
cuando la incapacidad laboral de los servidores públicos allí mencionados
sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio activo, en realidad
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lo que establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%, no
existe el derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice desarrollar lo
dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta
a la que estableció el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma
que, además excluye del derecho a quienes deberían ser beneficiarios del
mismo […]».
Posteriormente, en fallo del 23 de octubre de 2014, en el proceso con radicado
11001-03-25-000-2007-00077-01(1551-07), esta Sección precisó el alcance de
aquella sentencia y declaró la nulidad de todo el articulado al considerar que:
«[…] Como surge del análisis conjunto de la totalidad del contenido
normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1, 30.2
y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que
exista una incapacidad laboral “igual o superior al setenta y cinco por ciento
75%”, ocurrida en servicio activo a los miembros de la Fuerza Pública, esos
tres numerales del artículo citado parten de la base de la existencia de tal
incapacidad para ordenar entonces como será liquidada, pues no se tendría
ningún derecho si esa incapacidad laboral fuese inferior al 75%, lo que
significa que tal liquidación con los porcentajes que allí se señalan, carece
entonces de fundamento, debido a que la disminución de la capacidad
laboral en un porcentaje igual o superior al 75% que le servía de base
desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre con la base de
liquidación de la pensión de invalidez del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados
profesionales a que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 30 del
Decreto 4433 de 2004, pues estas también parten del supuesto de la
existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el
artículo en mención, exigencia esta cuya nulidad ya se declaró por esta
Corporación; y, por la misma razón, resulta también afectada de invalidez la
disposición contenida en el parágrafo tercero de la norma que se analiza por
cuanto ella se refiere a un aumento en un 25% del monto de la pensión de
invalidez que habría de ser liquidada, cuando se cumpla el requisito de la
existencia de una disminución de la capacidad laboral igual o superior al
75% que afecte a un integrante de la Fuerza Pública y que hubiere ocurrido
en servicio activo, lo que sirve de base al descuento de ese porcentaje
adicional del 25% para efectos de la sustitución pensional que se ordenan
en el aludido parágrafo 3° de la norma acusada […]».
Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos
pronunciamientos, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas por
la Ley 923 de 2004, expidió el Decreto 1157 de 2014. El artículo 2° de esta
normativa consagró lo relativo al reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez en los siguientes términos:
«[...] Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez.
Cuando mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico
laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía
Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a
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partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta
cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la
incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con
los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las
partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos
4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:
2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta
y cinco por ciento (75%).
2.2 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e
inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).
2.3 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%),
e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).
2.4 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco
por ciento (95%).
Parágrafo 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un
Cabo Tercero o su equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y
Policía Nacional.
Parágrafo 2. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados
Profesionales, previstas en el Decreto Ley 1793 de 2000, serán reconocidas
por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
Parágrafo 3. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el
pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar
las funciones elementales de su vida, condición ésta, que será determinada
por los organismos médico laborales militares y de policía del Ministerio de
Defensa Nacional, el monto de la mesada pensional se aumentará en un
veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitución de ésta pensión,
se descontará éste porcentaje adicional [...]»
De acuerdo con lo anterior, el precepto llamado a reglar la pensión de invalidez
del demandante, se encuentra contenido en el artículo 3 de la Ley 923 de 2004,
que dispone que el derecho a la pensión de invalidez de los miembros de la
Fuerza Pública surge cuando se presenta una pérdida de capacidad laboral igual
o superior al 50%.
Adicionalmente, esta Corporación ha señalado, que, por vía de excepción, es
viable inaplicar las disposiciones de los regímenes especiales de seguridad social
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cuando estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido por
el sistema general contenido en la Ley 100 de 19931.
Valor probatorio de los dictámenes emitidos por médicos particulares.
El Decreto 094 de 1989, en su artículo 21, establece que la capacidad sicofísica
del personal de la Fuerza Pública debe ser determinada por las autoridades
médico militares y de Policía, entre ellas la Junta Médico Laboral Militar o de
Policía.
El Decreto 1796 de 2000 en su artículo 14, establece cuales son los organismos
y las autoridades que son competentes a la hora de emitir los conceptos médicos
• laborales:
«ARTICULO 14. ORGANISMOS Y AUTORIDADES MÉDICO-LABORALES
MILITARES Y DE POLICÍA. Son organismos médico-laborales militares y de
policía:
1. El Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía
2. La Junta Médico-Laboral Militar o de Policía
Son autoridades Medico-Laborales militares y de policía:
1. Los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
2. Los integrantes de las Juntas Médico-Laborales.
3. Los médicos generales y médicos especialistas de planta asignados a
Medicina.
4. Laboral de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional».
Por su parte, el Decreto 2463 de 2001, en el artículo 1 exceptúa de su aplicación
«el régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación
que soliciten a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez como peritos» y el
artículo 24 regula quienes pueden solicitar la valoración de la Junta:
«Presentación de la solicitud. La solicitud ante la junta deberá contener el
motivo por el cual se envía a calificación y podrá ser presentada por una de
las siguientes personas:
1. El afiliado o su empleador, el pensionado por invalidez o aspirante a
beneficiario o la persona que demuestre que aquél está imposibilitado, para
lo cual deberá anexar la copia del aviso a la administradora o entidad a cargo
del reconocimiento de prestaciones o beneficios.
2. La administradora del régimen solidario de prima media con prestación
definida.
1
Como ejemplo se cita la sentencia del 3 de mayo de 2018, radicado: 76001-23-31-000-2012-
00059-01 (3189-17) de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00928-01 (5806-2019)
3. La administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad.
4. La administradora de riesgos profesionales.
5. La compañía de seguros.
6. La entidad promotora de salud, por intermedio de la administradora, en
los casos de solicitud para determinación del origen de la invalidez o de la
muerte.
7. Los aspirantes a beneficiarios de subsidios, indemnizaciones o
pensiones, por intermedio de la caja de compensación familiar, la
administradora del Fondo de Solidaridad Pensional o la administradora del
Fondo de Solidaridad y Garantía.
8. Las entidades o personas autorizadas por las secretarías de educación y
las autorizadas por la Empresa Colombiana de Petróleos.
9. Las entidades o personas autorizadas por los fondos o empresas que
asumían prestaciones sociales en regímenes anteriores a los establecidos
en la Ley 100 de 1993, para los casos de revisión o sustitución pensional.
10. Las personas con discapacidad y los empleadores que requieran el
certificado de pérdida de capacidad laboral o invalidez para obtener
beneficios de ley.
11. Por intermedio de las administradoras del Fondo de Solidaridad
Pensional, las personas que requieran la pensión por invalidez como
consecuencia de eventos terroristas.
12. Por intermedio de los inspectores de trabajo y seguridad social del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los trabajadores no afiliados al
sistema de seguridad social o sus empleadores, en el evento que exista
reclamación.
13. Las autoridades judiciales o administrativas, cuando éstas designen a
las juntas como peritos».
En el mismo sentido los Decretos 1352 de 2013 y 1072 de 2015, exceptúan de
la aplicación en lo referente a las Juntas de Calificación de Invalidez, al régimen
especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación que
soliciten a esas juntas, como peritos.
Visto lo anterior, la competencia para determinar la capacidad psicofísica de los
miembros de la Fuerza Pública corresponde a las autoridades militares, no
obstante, los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez
tienen la calidad de peritajes, que auxilian la valoración del juez sobre el estado
de salud del interesado.
Resolución al caso concreto
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Se tiene que el demandante prestó su servicio militar obligatorio en calidad de
soldado regular, desde el 29 de noviembre de 2011 al 6 de julio de 20122 y que,
fue retirado del servicio por mala incorporación mediante OAP-EJC No 1602 del
6 de julio de 2012, para un total de tiempo de servicios de 7 meses y 16 días3.
Que, según verificación del Sistema Integrado de Medicina Laboral (SIML), no se
evidencia que al actor se le haya realizado Acta de Junta Médica Laboral
Definitiva4.
Se encuentra además que, con la demanda, se aportó la valoración médica
realizada al demandante el 17 de noviembre de 2015, por el médico cirujano
Enrique Ayala Pérez en el que se estableció un índice total de disminución de la
capacidad laboral del 93.1%5.
En este caso, la parte actora en el recurso de apelación insistió en que el
dictamen practicado por el médico cirujano debe ser valorado en su integridad,
toda vez, que es procedente para establecer que el ex militar cuenta con una
discapacidad superior al 50%, lo que lo haría acreedor a una pensión de invalidez
y a que se le reliquide la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral.
Sobre el particular, debe hacerse claridad en el sentido de que como lo ha
considerado la Subsección, los únicos documentos aptos para calificar la pérdida
de capacidad laboral respecto del personal de las Fuerzas Armadas y de la
Policía son los provenientes de las autoridades Médico - Militares y de Policía y
el Tribunal Médico - Laboral de Revisión y por las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez, las cuales tienen competencia para dictaminarla una
vez se haya surtido previamente la calificación del padecimiento o lesión6.
Teniendo en cuenta lo anterior, para acceder al reconocimiento del derecho
pensional es necesario el concepto o la valoración médico - laboral de una
autoridad competente en el que se determine la pérdida de la capacidad laboral,
por lo que no es de recibo pretender el reconocimiento de la pensión de invalidez
partiendo de un concepto médico particular, pues no es el medio probatorio
apropiado para este tipo de controversias y no otorga certeza y convencimiento
para suplir la valoración que debe realizar la autoridad competente, esto es, por
la Junta Médica Laboral7.
En este caso era indispensable que previamente el interesado hubiera solicitado
ante el Tribunal Médico - Laboral de Revisión Militar y de Policía la evaluación de
sus condiciones médicas, pues en atención al resultado obtenido, la entidad
2
Folio 168.
3
Folio 10.
4
Folio 96.
5
Folios 7 y 8.
6 Sentencia del 15 de febrero de 2024, Sección Segunda, Subsección A Exp. 81001233300020160000601
(1952-2020), CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
7 Sentencia del 25 de enero de 2024, Sección Segunda, Subsección A Exp. 81001233300020170002101
(4448-2019), CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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demandada podía establecer si le asistía o no el derecho al reconocimiento de la
pensión de invalidez y/o de la liquidación o reliquidación de la indemnización por
la pérdida de capacidad laboral.
Sin embargo, el actor pretermitió la actuación que correspondía realizar ante la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional para remplazarlo por el informe
rendido por un médico particular.
En ese sentido, se advierte que el dictamen allegado con la demanda practicado
por el médico cirujano Enrique Ayala Pérez carece de validez y eficacia en la
determinación de la pérdida de capacidad laboral del demandante y, en
consecuencia, no puede ser valorado, ello toda vez que el demandante no agotó
el trámite que le correspondía ante los organismos Médico - Laborales Militares
y de Policía, entes a cuyo cargo está reservada la valoración de la capacidad
sicofísica del personal de la fuerza pública.
Es por lo anterior que no se observa que, con la decisión de la entidad de negar
la pensión de invalidez y la indemnización por la pérdida de capacidad laboral,
haya vulneración de los derechos fundamentales del demandante.
En estas condiciones, la Sala advierte que el fallo apelado que negó las
pretensiones de la demanda deberá ser confirmado, por no lograrse desvirtuar la
presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo demandado, pero,
conforme a las consideraciones anteriormente expuestas.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
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que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida en su
escrito expuso argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del proferida el dieciocho (18) de julio de dos
mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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