República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-00579-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la
República. Subtema 1: reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales por la deducción del 30 % del salario básico por concepto de prima
especial. Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Subtema 2:
prima especial como factor salarial únicamente para efectos pensionales. Subtema 3:
carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, el 8 de agosto de
2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante, en calidad de juez de la República, solicitó la reliquidación del salario y
de las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100 % de la remuneración mensual;
toda vez que, según lo afirma, le fue deducido de estas un 30 % por concepto de prima
especial, aun cuando dicho emolumento es adicional al salario.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que
dicho emolumento no se pagó al demandante en la forma ordenada por la ley, lo que
incidió en la base de liquidación de sus prestaciones. Asimismo, se definió que la prima
especial tiene carácter salarial solo para efectos pensionales.
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La Subsección confirmará parcialmente la decisión, al considerar que el demandante
tiene derecho a la reliquidación y pago de las diferencias salariales y de las
prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial. A su vez, se
ordenará la reliquidación de los aportes a pensión.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Jorge Enrique Forero Ardila, mediante apoderada judicial, presentó
demanda el 21 de abril de 20171, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con las siguientes pretensiones2:
2. Se inapliquen los decretos salariales a través de los cuales el Gobierno nacional
desde el año 1993 reglamentó la prima especial de servicios.
3. Se declare la nulidad de la Resolución 03485 del 6 de mayo de 2016 por medio
de la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
le negó al accionante el pago de las diferencias salariales y prestacionales debidas,
dada la deducción del 30 % por concepto de prima especial en la asignación básica.
4. Se declare la nulidad del acto ficto negativo que se configuró dada la no
respuesta al recurso de apelación interpuesto el 23 de mayo de 2016 contra la decisión
anterior.
5. A título de restablecimiento del derecho, la parte demandante solicitó que se
ordene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
reconocer y pagar a su favor el valor de la diferencia salarial y prestacional que resulte
entre lo liquidado y pagado, con el aumento del 30 % que se disminuyó por concepto
de prima especial de servicios. Esto, tomando como base para la liquidación el 100 %
del sueldo básico.
1 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 38, expediente digital, archivo
3_ED_LINK201700579(.pdf), link OneDrive, documento 003ActaReparto.PDF.
2 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 38, expediente digital, archivo
3_ED_LINK201700579(.pdf), link OneDrive, documento 002DemandaAnexos.PDF, págs. 1 a 16.
• La demanda se reformó, en el sentido de incluir como acto administrativo acusado la Resolución 03485 de 2016.
Dicha reforma fue admitida por el Juzgado Ad Hoc Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga en auto
dictado el 13 de marzo de 2020. Ver: Samai, gestion en otros despachos, radicación 68001233300020170057900,
índice 38, expediente digital, archivo 3_ED_LINK201700579(.pdf), link OneDrive, documentos
021ReformaDemanda.PDF y 025AutoAdmiteReformaDemanda.PDF.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
6. Pidió que, en lo sucesivo, la asignación básica se le pague en un 100 % y la
prima especial se liquide y pague como adicional al salario.
7. También, que se ordene a la entidad demandada la indexación de las sumas
adeudadas y los intereses moratorios a que haya lugar.
2.1.1. Hechos
8. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
9. El accionante ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, como juez de la
República. Durante el tiempo laborado, la entidad demandada fraccionó el salario
básico, al tomar el 70 % como sueldo básico y el 30 % restante como prima especial.
Esa forma de liquidación implicó que las prestaciones sociales no se calcularan con
base en el 100 % del salario, como correspondía.
10. El 3 de mayo de 2016 solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga el pago de las sumas adeudadas por los
conceptos mencionados, incluyendo la prima especial.
11. Mediante la Resolución 03485 del 6 de mayo de 2016 la entidad negó lo
pretendido por el demandante, quien inconforme con la decisión, el 23 de mayo de
2016, interpuso recurso de apelación. No obstante, la entidad accionada, según lo
afirma, no dio respuesta alguna al momento de la presentación del medio de control.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
12. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Constitución Política.
• De la Ley 4 de 1992, el artículo 14.
13. La parte accionante adujo que en los actos acusados la entidad demandada
aplicó incorrectamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues en lugar de efectuar a
favor del demandante el incremento del salario correspondiente al 30 % por concepto
de prima especial, lo redujo de la asignación básica en igual porcentaje. Lo anterior
conllevó la liquidación de las prestaciones sobre el 70 % del salario básico, y no en un
100 % como correspondía, vulnerando con ello el principio de progresividad y no
regresividad.
14. Indicó que la Sala de Conjueces de esta corporación, en sentencia del 29 de
abril de 2014, adujo que el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el
legislador al interpretar y aplicar de manera errónea el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Además, precisó la naturaleza jurídica de la prima especial, en el sentido de indicar
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que se trata de un concepto adicional a la asignación mensual que recibe el servidor
público.
15. Manifestó que el accionante tiene derecho a que se le reconozca y pague en
debida forma la prima especial de servicios prevista en la norma antes mencionada.
16. Afirmó que los actos administrativos no tuvieron en cuenta que de acuerdo con
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios es un valor adicional
al salario, por lo que no era viable tomar un 30 % de la remuneración mensual para
considerarlo prima.
2.2. Contestación de la demanda
17. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «inexistencia del demandado; ineptitud de la demanda; falta de legitimación en la
causa por pasiva; la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios;
caducidad; cobro de lo no debido; e innominada»3.
18. Afirmó que la competencia general en materia salarial y prestacional para los
servidores del Estado está a cargo del Gobierno nacional, según lo prevé la
Constitución Política en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f). Por tal razón le es
prohibido a cualquier autoridad administrativa efectuar reconocimientos laborales
distintos a los establecidos por el Gobierno.
19. Sostuvo que, en sentencia del 2 de septiembre de 2019, la Sala de Conjueces
del Consejo de Estado señaló que los jueces de la República tendrían derecho al
reconocimiento y pago de: 1) las diferencias causadas por concepto de reliquidación
de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100 % del salario básico
mensual; y 2) el 30 % adicional, calculado sobre el 100 % del salario básico, por
concepto de prima especial del artículo 14 Ley 4.ª de 1992, pero sin carácter salarial.
20. Pidió estarse a lo resuelto en la anterior providencia, atendiendo los topes
salariales fijados por el Gobierno nacional, contenidos en los decretos salariales que
anualmente se expiden para esos efectos.
21. Indicó que el Decreto 272 de 2021 estableció una prima especial equivalente al
30 % del salario básico, la cual sería adicional a la asignación básica correspondiente
a cada empleo. Esta, según se previó, se pagaría mensualmente, y únicamente
constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los
mismos términos de la Ley 797 de 2003.
3 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 41, expediente digital, archivo
10_RECEPCIONDEMEMORIAL_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf).
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Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
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22. Manifestó que la entidad ha liquidado y pagado al demandante la prima especial
de servicios en los términos del decreto anterior, desde el 1 de enero de 2021.
23. Alegó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos
de presupuesto para pagar los mayores valores que se generarían por concepto de la
prima especial del 30 % –sin carácter salarial–, derivados de la sentencia del 2 de
septiembre de 2019; ni para el reconocimiento de las sumas que se hubiesen podido
causar con anterioridad al 1 de enero de 2021, con ocasión del Decreto 272 de 2021.
2.3. Sentencia de primera instancia
24. El Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del 8 de agosto de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
tal sentido, ordenó declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, y dispuso
lo siguiente4:
SEGUNDO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación- Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho,a reliquidar
y pagar las prestaciones sociales devengadas por JORGE ENRIQUE FOREERO
ARDILA, causadas desde el 03 de mayo de 2013 – en virtud del fenómeno prescriptivo-
y hacía adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho, sobre el 100% de su
remuneración mensual, es decir, teniendo en cuenta para el efecto el 30% que en su
momento se había descontado erróneamente del salario básico a título de prima especial
de servicios.
TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a
reconocer y pagar en favor de JORGE ENRIQUE FOREERO ARDILA a partir del 03 de
mayo de 2013 – en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacia adelante hasta que por
razón del cargo tenga derecho, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida
como un incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
CUARTO: DECLÁRARSE la prescripción trienal las sumas derivadas de la reliquidación
salarial y prestacional, causadas con anterioridad al 03 de mayo de 2013, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.
[…]
SÉPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: SIN CONDENA en costas de conformidad con la parte motiva.
4 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 60, expediente digital, archivo
22Sentenciadepr_00268001233300020170(.pdf).
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Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
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25. Afirmó que la entidad demandada ha llamado prima especial –artículo 14 de la
Ley 4 de 1992–, a lo que en realidad constituye el 30 % de la asignación mensual del
accionante, quitándole la posibilidad a que ese 30 %, que es parte de su salario básico,
sea teniendo en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales.
26. Indicó que, conforme a la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación, la asignación básica
debe pagarse en un 100 % y con base en ese porcentaje liquidar las prestaciones
sociales, pues estas se vieron afectadas al haber reducido el salario en un 30 %.
27. Señaló que el demandante tiene derecho a que se reliquiden sus prestaciones
sociales teniendo en cuenta el 30% que en su momento se había descontado
erróneamente del salario básico a título de prima especial de servicios. Ello durante el
lapso de su vinculación laboral y mientras ocupe el cargo que le otorga el beneficio a
la referida prima –sin perjuicio de la prescripción–.
28. Definió que el accionante tiene derecho, también, al reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios como un incremento del salario básico y durante la
vinculación laboral como funcionario judicial –sin perjuicio de la prescripción–. Advirtió
que tal emolumento solo constituye factor salarial para efectos pensionales.
29. Adujo que como se solicita el pago de las diferencias salariales causadas desde
que el demandante se vinculó como juez de la República, esto es, el 11 de agosto de
2006, hasta la fecha, y comoquiera que la reclamación administrativa se presentó el 3
de mayo de 2016, mientras que la demanda se radicó el 21 de abril de 2017, operó la
prescripción trienal del derecho a la reliquidación de los salarios y las prestaciones con
anterioridad al 3 de mayo de 2013.
30. Precisó que en el caso particular no se configuró la excepción de caducidad, toda
vez que las prestaciones reclamadas tienen el carácter de periódico y en tal sentido,
la demanda se puede presentar en cualquier tiempo, de acuerdo con el «artículo 138»
del CPACA.
2.4. Recurso de apelación
31. La parte accionada solicitó que se revoque el fallo de primera instancia5.
32. Alegó que el Tribunal profirió un fallo extra petita, en tanto lo ordenado en el
ordinal tercero de la sentencia impugnada no fue solicitado por el accionante en sede
administrativa ni judicial. Sostuvo que se condenó a la entidad al pago del 30 %
adicional calculado sobre el 100 % del salario básico por concepto de prima especial
de servicios, sin carácter salarial; no obstante, lo pretendido fue el pago de diferencias
salariales y prestacionales.
5 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 63, expediente digital, archivo
24_MemorialWeb_Recurso-APELACION201700579(.pdf).
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Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
33. Sostuvo que la entidad ha pagado al accionante los salarios y las prestaciones
de conformidad con los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, quien
es la autoridad competente para fijar el régimen salarial de los empleados de la Rama
Judicial.
34. Advirtió que el Gobierno nacional mediante el Decreto 272 del 21 de marzo de
2021 estableció, a partir del 1 de enero de 2021, la prima especial equivalente al 30 %
de salario básico, como un elemento adicional a la asignación básica.
35. Indicó que resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo presupuestal, toda
vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos
necesarios para cubrir los valores que se generarían al reconocer la prima especial del
30 % sin carácter salarial, derivados de la sentencia proferida el 2 de septiembre de
2019 por esta corporación.
36. Solicitó que se llamen como litisconsortes necesarios a la Nación, Presidencia de
la República; Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento
Administrativo de la Función Pública, toda vez que el asunto en discusión corresponde
al régimen salarial y prestacional de empleados públicos, que fija el Gobierno Nacional.
37. Manifestó que como la parte accionante no demandó dentro del término previsto
en el artículo 164 del CPACA, los decretos salariales anuales, operó la caducidad del
medio de control. Sostuvo que las pretensiones de inaplicabilidad de los mencionados
decretos son una «nulidad disfrazada», pues lo que se busca es el restablecimiento
automático de un derecho, esto es, la «reliquidación de salarios y prestaciones
causados desde 1993».
38. Pidió que se revoque la sentencia apelada; pero en caso de que se mantenga la
decisión, se revoque el ordinal tercero y se confirmen los ordinales segundo y cuarto,
en cuanto declararon la prescripción de algunas de las sumas causadas.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
39. Mediante auto del 20 de octubre de 2025 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia6.
2.6. Ministerio Público
40. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado7 no rindió
concepto.
6 Samai, índice 04, expediente digital, archivo 4Autoqueadmite_25982025(.pdf).
7 Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3. Consideraciones
3.1. Competencia
41. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Cuestión previa
42. La entidad accionada, en el recurso de apelación, solicita que se vincule en
calidad de litisconsorte necesario por pasiva a la Nación, Presidencia de la República;
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de
la Función Pública, en tanto, según lo afirma, son las entidades que fijan los decretos
salariales de los empleados de la Rama Judicial.
43. Al respecto, resulta claro que tal reparo se enmarca en una de las excepciones
previas contenidas en el artículo 100 del Código General del Proceso, puntualmente
la de «[n]o comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios»8.
44. Ahora bien, el artículo 175 del CPACA9 establece que la contestación de la
demanda es la oportunidad que tiene el demandado para presentar las excepciones.
En cuanto a su trámite, el Código General del Proceso10 establece que:
Artículo 101. Oportunidad y trámite de las excepciones previas. […]
Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:
1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de
tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el
caso, subsane los defectos anotados.
2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de
pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el
trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente,
declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.
8 Código General del Proceso, artículo 100, numeral 9.
9 «Artículo 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de
contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
1. El nombre del demandado, su domicilio y el de su representante o apoderado, en caso de no comparecer por sí
mismo.
2. Un pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda.
3. Las excepciones […]».
10 Aplicable por remisión del artículo 175 del CPACA.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella
las practicará y resolverá las excepciones […].
45. En el caso concreto, al revisar la contestación de la demanda se evidencia que
se formuló la referida excepción y mediante auto dictado el 14 de noviembre de 202411,
el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces la negó, al considerar que
no cumplía con los requisitos dispuestos en el artículo 61 del CGP para tal fin.
46. La entidad interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la
anterior providencia. No obstante, en auto del 18 de febrero de 202512 el Tribunal no
repuso la decisión y, a su vez, rechazó por improcedente la apelación.
47. En ese orden, al encontrarse en firme la negativa de la integración del
litisconsorte necesario, no es procedente abordar el asunto en el trámite de segunda
instancia, so pena de vulnerar el derecho al debido proceso de la parte demandante.
48. Lo expuesto, máxime cuando en el presente asunto, quien expidió los actos
acusados fue la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga, entidad que actúa en este asunto como accionada y es la llamada a
responder por los perjuicios ocasionados con aquellos.
3.3. Problemas jurídicos
49. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:
50. ¿Se debe declarar probada la excepción de caducidad, en tanto no se acusaron
dentro del término previsto en el artículo 164 del CPACA los decretos salariales
anuales, expedidos por el Gobierno nacional, que reglamentan los salarios de los
empleados de la Rama Judicial?
51. ¿La sentencia de primera instancia es incongruente con las pretensiones de la
demanda?
52. ¿El demandante tiene derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales
devengadas durante el ejercicio del cargo de juez de la República con la inclusión del
30 % que presuntamente se descontaba de la asignación básica por concepto de prima
especial de servicios?
11 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 45, expediente digital,
archivo 13AutodeTramite_68968001233300020170(.pdf).
12 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 53, expediente digital,
archivo 18AutodeTramite_03568001233300020170(.pdf).
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
53. ¿Es procedente el restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia,
pese a que la Rama Judicial argumentó la imposibilidad presupuestal para darle
cumplimiento?
54.Para resolver los interrogantes planteados se desarrollarán algunas
consideraciones sobre la prima especial de servicios.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial
3.4.1. De la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
55. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior
al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
56. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199313 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30 %)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
(…).
57. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
13 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones14, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
58. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30
%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de
los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30 %) de la «remuneración mensual».
59. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad solicitada
con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera
fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en
“quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como
toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en
orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»15.
60. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, efectuó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»16.
61. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
14 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-
00(121-03).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-
00(1831-07).
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
62. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»17. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 18.
63. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/o asignación básica»19.
En este escenario, estableció unos criterios de interpretación del artículo 14 de la Ley
4 de 1992, en el siguiente orden:
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-
00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes
Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto
104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º
del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto
76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569
de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º,
10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto
618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
18 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, exp. 41001-23-33-000-2016-
00041-02(2204-18).
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80 %, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80 % es un piso y un techo.
64. Frente a la prescripción de la prima especial, la sentencia citó los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, para establecer que el cómputo
de dicho término supone la definición de dos aspectos, a saber: «(i) el momento en
que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió la prescripción,
para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito), contar 3 años hacia
atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años anteriores a la interrupción».
65. En lo atinente a la exigibilidad precisó que «el hecho constitutivo del derecho a la
prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que
reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992 (…) En consecuencia, desde el 7 de
enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal.
Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril
de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza
declarativa».
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
66. Por último, en sentencia del 9 de abril de 202420, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto
658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de
2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los decretos 722
de 2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013, 204 de 2014; 1105
de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en tanto previeron que «la
prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, como una parte del
salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario». Lo anterior, al
considerar que dichos decretos replicaron el contenido de las disposiciones de los
decretos salariales de los años 1997 a 2007, que fueron anuladas en la sentencia del
29 de abril de 2014.
67. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó argumentos específicos para
disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
3.5. Hechos probados relevantes
68. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
69. El señor Jorge Enrique Forero Ardila ha prestado sus servicios a la Rama Judicial
en el cargo de juez municipal, desde 11 de agosto de 2006; vinculado al 8 de marzo
de 2023, según la certificación de esa fecha, expedida por el director ejecutivo
seccional de administración judicial de Bucaramanga, Santander21.
70. El 3 de mayo de 2016, el accionante le solicitó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga la reliquidación y pago de los salarios y de
las prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial de servicios, dado que
la base salarial se redujo en un porcentaje del 30 % por concepto de tal emolumento22.
71. Mediante la Resolución 03485 del 6 de mayo de 2016, la entidad negó lo
pretendido23.
72. El 23 de mayo de 2016, el demandante interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión24; sin embargo, la entidad demandada no dio respuesta25.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del
9 de abril de 2024, exp. 11001032500020190060900(4735-2019).
21 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 41, expediente digital,
archivo 11_RECEPCIONDEMEMORIAL_CERTFOREROARDILA(.pdf).
22 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 38, expediente digital,
archivo 3_ED_LINK201700579(.pdf), link OneDrive, documento 002DemandaAnexos.PDF, págs. 19 a 30.
23 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 38, expediente digital,
archivo 3_ED_LINK201700579(.pdf), link OneDrive, documento 002DemandaAnexos.PDF, págs. 31 a 34.
24 Samai, gestión en otros despachos, radicación 68001233300020170057900, índice 38, expediente digital,
archivo 3_ED_LINK201700579(.pdf), link OneDrive, documento 002DemandaAnexos.PDF, págs. 35 a 47.
25 Así se sostuvo en los hechos de la demanda, sin que la parte accionada lo hubiese controvertido.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3.6. Caso concreto
3.6.1. De la presunta omisión de la solicitud de nulidad de los decretos salariales
anuales dictados por el Gobierno nacional
73. La parte recurrente sostuvo que como el demandante no acusó, dentro del
término previsto en el artículo 164 del CPACA, los decretos salariales anuales
proferidos por el Gobierno nacional, operó la caducidad del medio de control.
74. Con este argumento está planteado que la demanda debió solicitar la nulidad de
los referidos decretos y no solamente el análisis de validez de los actos administrativos
que le negaron las diferencias salariales y prestaciones reclamadas.
75. Sobre el particular, se destaca que de acuerdo con el artículo 138 del CPACA
cualquier persona que considere vulnerado un derecho subjetivo estará legitimada
para solicitar la nulidad del acto administrativo correspondiente y, de manera
consecuente, reclamar el restablecimiento de dicho derecho. En esa medida, le
corresponde al afectado acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo para
demandar el acto administrativo que contiene la manifestación de la voluntad mediante
la cual se creó, modificó o extinguió su situación jurídica.
76. Según la anterior norma, se podrá pedir que se declare la nulidad de un acto
administrativo particular y se restablezca el derecho cuando una persona se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica. Asimismo, se
recuerda que los actos particulares pueden ser demandados de forma autónoma
cuando contienen una decisión propia, que generan efectos jurídicos directos y no se
limitan a ejecutar mecánicamente un acto general.
77. En ese orden de ideas, las pretensiones de la demanda son las que determinan
el marco decisorio del juez, y su análisis permite establecer el alcance y los efectos
jurídicos que eventualmente se derivarían de la declaratoria de nulidad del acto
administrativo enjuiciado. Tratándose del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, resulta indispensable identificar con precisión la
actuación que originó la afectación; esto es, debe demandarse el acto administrativo
que produjo la lesión alegada sobre el derecho subjetivo, de modo que dicha
declaratoria pueda traducirse válidamente en un restablecimiento a favor de la parte
demandante26.
78. Descendiendo al caso concreto, se tiene que se pretende la nulidad de la
Resolución 03485 del 6 de mayo de 2016, mediante la cual la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga le negó al accionante el pago
de las diferencias salariales y prestacionales, dada la deducción del 30 % por concepto
26 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 28 de julio de 2020, exp. 25000-23-
42-000-2018-01939-01 (4767-2019), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de prima especial en la asignación básica; además, la del acto ficto que confirmó dicha
decisión.
79. En esta medida, no se evidencia que el demandante esté pretendiendo la
anulación de los decretos salariales que dictó el Gobierno nacional, es decir, que los
mismos se excluyan del ordenamiento jurídico con efectos erga omnes, de manera tal
que no se advierte yerro alguno al no haberlos incluido como parte de los actos
acusados.
80. Desde luego, no se pasa por alto que, como fundamento de la petición de nulidad
de la referida resolución, se hayan controvertido sus fundamentos, entre los cuales se
encuentran los decretos anuales del Gobierno nacional, en la medida que
determinaron que la prima especial de servicios hace parte de la remuneración
mensual.
81. Así, se advierte que con el anterior reproche lo que la parte accionante pretendió
fue la inaplicación de los decretos salariales anuales, es decir, que para el caso
concreto se considere que no son el referente normativo válido para analizar su
situación, más no que se excluyan del ordenamiento jurídico para todos los efectos;
petición que resulta válida de conformidad con el artículo 148 del CPACA que señala:
ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio
o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando
vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte.
82. Vale la pena recordar que la petición de declaratoria de nulidad de un acto
administrativo, a través de los distintos medios de control previstos en el
CPACA, conlleva la depuración del ordenamiento jurídico, a fin de que la decisión
cuestionada deje de hacer parte de este con efecto erga omnes, es decir, frente a
todos o respecto de todos, como lo indica el artículo 189 del CPACA27. Distinto ocurre
con la petición o la posibilidad que existe de inaplicar por inconstitucional o ilegal un
acto administrativo, escenario en el que no se está buscando la depuración del
ordenamiento jurídico en términos generales y frente a todas las personas, sino
simplemente que una decisión de la administración no se aplique a una situación
particular y respecto de personas concretas, como lo señala el artículo 148 del mismo
estatuto.
83. Teniendo claro lo anterior, se precisa que la intención del accionante es
que se defina la legalidad de la Resolución 03485 del 6 de mayo de 2016 y del acto
27 «La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se
haga el examen. […]».
16
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ficto que la confirmó, es decir, la permanencia de dichos actos en el ordenamiento
jurídico, lo cual se circunscribe a su situación particular, y no a que dicha pretensión
(estudio de legalidad) se extienda a todos los decretos salariales anuales que rigieron
durante buena parte de su vinculación laboral. En tal sentido, se aclara que, para
decidir sobre la nulidad del acto administrativo particular, no es imperativo que se
defina la permanencia en el ordenamiento jurídico, con efecto erga omnes, del acto
general en el que este se fundamentó.
84. En suma, se estima que resulta válido que la parte demandante, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, únicamente solicitara la
nulidad del acto administrativo particular que definió su situación laboral. Dicho de otro
modo, no incurrió en error alguno al formular las pretensiones y no incluir dentro de
estas la solicitud de nulidad (con efectos erga omnes), de algunas de las decisiones
que hacen parte de los fundamentos de los actos enjuiciados.
85. En ese orden de ideas, también resulta impertinente que la parte demandada
alegue la excepción de caducidad frente a decisiones cuya nulidad no se solicitó en el
presente trámite. En tal sentido, el argumento de la apelación no tiene la vocación de
revocar la sentencia de primera instancia.
3.6.2. De la congruencia de la sentencia de primera instancia
86. La entidad accionada manifestó que el Tribunal falló extra petita, al emitir una
orden en el numeral tercero de la decisión, que no corresponde a las pretensiones de
la demanda, ni a lo solicitado en sede judicial.
87. Por ende, corresponde a la Sala determinar si la decisión impugnada es
congruente o no respecto a las pretensiones del medio de control de la referencia.
88. En primer lugar, conforme con los artículos 280 y siguientes del CGP28 y el
artículo 187 del CPACA29, la sentencia que decide el proceso debe contener una
28 Artículo 280. Contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las
pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales,
de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta
procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda,
las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus
apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.
Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación.
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por
causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de
oficio.
29 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen
de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad
17
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
motivación breve y precisa de las razones constitucionales, legales y doctrinales
necesarias, realizando un examen riguroso de las pruebas aportadas con la
explicación de las conclusiones que sobre ellas se hagan. Para el caso de las
sentencias proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, a efectos
de restablecer el derecho particular vulnerado o violado, se podrán adoptar
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, o modificarlas o reformarlas.
89. Asimismo, la decisión deberá proferirse de acuerdo con los hechos y las
pretensiones contenidas en la demanda, además de las excepciones que resulten
probadas en el trámite judicial. Por tales razones no puede condenarse al demandado
por un objeto diferente al solicitado, ni por causa distinta a la invocada.
90. Sobre el tema se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-455 de
2016, en la que destacó que el principio de congruencia «se traduce en una garantía
del debido proceso para las partes, puesto que garantiza que el juez sólo se
pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra petita, ni ultra petita, porque
en todo caso, la decisión se tomará de acuerdo con las pretensiones y excepciones
probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto, además, garantiza el derecho a
la defensa de las partes, puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos que
la ley ha establecido para ello en los términos adecuados»30.
91. Descendiendo al asunto en concreto, se advierte que las pretensiones de
restablecimiento del derecho en el presente medio de control fueron las siguientes:
3. Como consecuencia de la anterior declaración, la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RECONOCER y PAGAR a favor de mi
poderdante las diferencias pecuniarias negadas en el acto administrativo impugnado,
derivadas de la reliquidación salarial y prestacional solicitada. Teniéndose en cuenta
dentro del salario: el 100% de la remuneración mensual, sin la disminución que se ha
venido realizando por cuenta del pago de la prima especial a la que igualmente ha tenido
derecho, así como las diferencias prestacionales resultantes de pagar en debida forma
el salario que ha sido objeto de disminución. Sumas debidamente indexadas, tal como
lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de
liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.
4. Se reconozca los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que
resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.
5. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante
con la totalidad del 100% de su asignación salarial junto con las repercusiones de
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones
nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
30 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
reliquidación de prestaciones sociales que ello implique, sin que el pago de salarios se
vea mermado por el pago de la prima especial de que trata el Articulo 14 de Ley 4ª
de 1992 que, a su vez, debe ser liquidada y pagada por separado respecto del
sueldo mensual. (Negrillas fuera del texto).
92. Ahora bien, comoquiera que la incongruencia de la sentencia impugnada,
alegada por la parte recurrente, radica en lo dispuesto en el ordinal tercero de la parte
resolutiva, se tiene que, en este, el Tribunal ordenó lo siguiente:
TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reconocer
y pagar en favor de JORGE ENRIQUE FOREERO ARDILA a partir del 03 de mayo de
2013 – en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacia adelante hasta que por razón del cargo
tenga derecho, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía
equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un incremento del
salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha prima especial sólo constituye
factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
93. Advertido lo anterior, se destaca que la parte accionante en el escrito de la
demanda solicitó a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago a
su favor del valor de la diferencia salarial y prestacional que resulte entre lo liquidado
y pagado, con el aumento del 30 % que se disminuyó por concepto de prima especial
de servicios. Asimismo, pidió que, en adelante, la asignación básica se le pagara en
un 100 % y la prima especial se liquidara y pagara como adicional al salario, según lo
previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 –pretensión número 5–.
94. Lo anterior, evidencia que la causa petendi del medio de control de la referencia
es el reconocimiento y pago de la diferencia del 30 % que se disminuyó a la asignación
básica tenida en cuenta en la liquidación de los salarios y de las prestaciones sociales,
por concepto de la prima especial de servicios; y que, a su vez, tanto la asignación
mensual como la prima especial se continuaran pagando en debida forma, es decir,
reconociendo la prima especial de servicios como un emolumento adicional al salario.
95. Así las cosas, al encontrarse que el Tribunal ordenó la reliquidación y pago de
las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100 % de la asignación básica y
también, que la prima especial del 30 % se pagara en adelante como un incremento al
salario, la Sala estima que la sentencia apelada es congruente con las pretensiones
de la demanda, contrario a lo afirmado por la entidad accionada.
96. Al respecto, se entiende que la decisión procura garantizar que la prima especial
de servicios se reconozca en la manera en la que la ordenó el mismo artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, que la creó; esto es, como el equivalente al 30 % del 100 % del salario,
es decir, una adición de la asignación básica mensual, aspecto que constituye uno de
los puntos centrales de la demanda, por lo que al analizarse el mismo por el a quo, no
se evidencia desatención del principio de congruencia. Decisión que se acompasa con
lo dispuesto por el legislador.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
97. Por consiguiente, al no probarse la falta de congruencia endilgada por la parte
recurrente, se considera que sus alegaciones no son suficientes para revocar el fallo
de primera instancia.
3.6.3. De la reliquidación de las prestaciones sociales por el fraccionamiento del
salario
98. La parte recurrente alegó que el demandante no tiene derecho a que se liquiden
sus prestaciones sociales con la inclusión del 30 % por concepto de prima especial de
servicios, toda vez que la entidad le efectuaba los pagos correspondientes a salarios
y prestaciones sociales de conformidad con lo establecido en los decretos salariales
anuales expedidos por el Gobierno nacional.
99. Al respecto, se advierte que el Tribunal ordenó la reliquidación de las
prestaciones sociales del accionante, al considerar que la prima especial de servicios
no se pagó en la forma ordenada por la ley, lo que incidió en la base de liquidación de
sus prestaciones.
100. En tal sentido, corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho
a la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas durante el ejercicio del
cargo de juez de la República con la inclusión del 30% que presuntamente se
descontaba de la asignación básica por concepto de prima especial de servicios.
101. En primer lugar, se destaca que, revisada la contestación de la demanda, se
observa que la entidad accionada, contrario al recurso de apelación, se allanó a la
pretensión de reliquidación de las prestaciones sociales del accionante dado el
fraccionamiento del salario del 30 % por concepto de prima especial; el cual se tuvo
en cuenta como base de liquidación de tales prestaciones. Ello, por cuanto manifestó
que:
[…] conforme a la sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019, los jueces de la
República tendrían derecho al reconocimiento y pago de: I) las diferencias causadas por
concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100%
del salario básico mensual; y, II) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario
básico, por concepto de prima especial del artículo 14 Ley 4ª de 1992, pero sin carácter
salarial.
102. Lo anterior, evidencia que la Rama Judicial reconoció que en la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces de esta corporación el 2 de septiembre de 2019 31,
se demostró el fraccionamiento de la remuneración mensual de los jueces, al haberse
probado que se le pagó el 70 % por concepto de sueldo y el 30 % por concepto de
prima especial.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de
2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
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103. Precisado lo anterior, según se dijo en el acápite de hechos probados de esta
sentencia, se tiene que el señor Jorge Enrique Forero Ardila prestó sus servicios como
juez municipal desde el 11 de agosto de 2006, vinculado al 8 de marzo de 2023.
104. Por consiguiente, se estima que ostentó uno de los empleos públicos que otorga
el derecho a la prima especial de servicios en los términos del artículo 14 de la Ley 4
de 1992 y se encuentra en una situación fáctica y jurídica análoga a la decidida en la
sentencia proferida por esta corporación el 2 de septiembre de 2019.
105. Ahora bien, en la referida decisión se hizo referencia a la sentencia del 29 de abril
de 201432, en la que se declaró la nulidad parcial de los decretos emitidos por el
Gobierno nacional entre 1993 y 2007, que establecieron que el 30 % correspondiente
a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 hacía parte del salario.
Se explicó que, a partir de dicha situación, se dio una interpretación errada por parte
de las entidades encargadas de aplicarlos, por cuanto consideraron que el 30 % del
salario correspondía a la prima y el 70 % restante a la asignación básica. En ese orden,
indicó que la forma de liquidación que se ajustaba a los principios constitucionales de
progresividad, favorabilidad y no regresividad era la de reconocer como prima especial
el 30 % del 100 % del salario, es decir, como una adición de la asignación básica
mensual.
106. Así las cosas, se destaca que, aunque la Rama Judicial considerara en el recurso
de alzada que actuó conforme a derecho al actuar en cumplimiento de los decretos
salariales expedidos por el Gobierno nacional, lo cierto es que lo hizo bajo una
interpretación errónea, contraria a las normas superiores que pretenden desarrollar
aquellos, la cual debe ser corregida para garantizar los principios antes mencionados,
particularmente, en escenarios en los que está demostrado que se fraccionó la
remuneración mensual, se pagó el 30 % de esta a título de prima especial, y liquidaron
las prestaciones sociales sobre el 70 % restante.
107. En esa medida, se estima que como lo decidió el Tribunal, le asiste el derecho al
demandante a la reliquidación de las prestaciones con el 100 % de la remuneración
mensual, dado que la prima especial no forma parte de ese porcentaje, sino que
constituye un emolumento adicional equivalente al 30%. En consecuencia, sobre el
particular se confirmará la sentencia apelada.
3.6.4. De la procedencia del restablecimiento del derecho a favor del
demandante, ante la imposibilidad presupuestal manifestada por la Rama
Judicial
108. En el recurso de apelación, la Rama Judicial sostuvo que carecía de presupuesto
para efectuar el pago de los derechos reconocidos en la sentencia impugnada, toda
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014,
rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los recursos para
cancelar la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
109. En este orden de ideas, corresponde a la Sala definir si procede el
restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia, pese a que la entidad
demandada argumentó la imposibilidad presupuestal para darle cumplimiento.
110. Sobre el particular, se precisa que la jurisprudencia constitucional ha indicado
que «la situación económica del empleador, sea este público o privado, [así como] los
argumentos económicos, presupuestales o financieros, no justifican el incumplimiento
del deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los
trabajadores»33, ni que se omita el deber de adoptar las medidas preventivas
necesarias para evitar el cese en los pagos salariales, en la medida en que este tipo
de conductas desconocen los derechos fundamentales de los trabajadores y sus
familias34.
111. Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 previó, de manera clara, la
obligación de que se efectúe el reconocimiento y pago de la prima especial, y
posteriormente, el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 estableció que aquella haría parte
del ingreso base, únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación.
112. En tal sentido, se considera que la alegada imposibilidad de asumir el
restablecimiento del derecho en el caso concreto por falta de presupuesto, además de
vulnerar el derecho establecido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, supone la
afectación en el pago de los aportes que, por mandato legal, se deben realizar al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por su carácter irrenunciable e
imprescriptible.
113. Por consiguiente, se desestima el reparo formulado en el recurso de alzada.
3.6.5. Consideraciones adicionales. Sobre la procedencia del pago de los aportes
a seguridad social en pensiones
114. La Sala resalta que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 constituye un factor a tener en cuenta para liquidar la pensión, y que los aportes
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones son irrenunciables35 e imprescriptibles36.
33 Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: SU-995 de 1999, T-015 de 1995,
T-146 de 1996, T-220 de 1998.
34 Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998 y SU-484 de 2008.
35 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
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Esta circunstancia supone el deber en cabeza de los jueces de instancia, de ordenar
su reconocimiento, en consonancia con el restablecimiento del derecho al que haya
lugar en un determinado caso, para efectos de evitar que se vulnere el derecho
fundamental a la seguridad social y las garantías constitucionales que lo protegen.
115. En ese sentido, se advierte, que el Tribunal en la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia precisó «que dicha prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de pensión de jubilación».
116. De acuerdo con lo anterior, la Subsección estima que, en consideración a la
naturaleza irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, se debe adicionar la parte resolutiva de la sentencia para precisar
los términos en los que estos deben efectuarse, teniendo en cuenta que la orden del
Tribunal en dicho aspecto no fue clara, y que la mencionada autoridad declaró la
prescripción de lo causado con anterioridad al 3 de mayo de 2013.
117. Así las cosas, en el presente asunto, hay lugar al pago de los aportes a pensión
por los periodos comprendidos desde el 11 de agosto de 2006 en el cuadro que
antecede, y hasta la fecha en que el demandante ocupe un cargo que dé lugar al pago
de la prestación, sobre el 100 % de la remuneración básica mensual y el 30 % por
concepto de prima especial. Por tal motivo, se modificará el numeral tercero de la parte
resolutiva del fallo impugnado, atinente a las cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social a cargo de la demandada, lo siguiente:
La accionada deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes hechos al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones en favor del señor Jorge Enrique Forero
Ardila durante su permanencia en el cargo que le otorgó el derecho a este
reconocimiento, siempre que la entidad no los hubiera realizado, teniendo en cuenta
como ingreso base de liquidación, el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
118. Asimismo, se adicionará en el sentido de aclarar que lo reconocido con ocasión
del proceso de la referencia, será procedente siempre y cuando no se supere el tope
salarial fijado por el Gobierno nacional para cada anualidad, y las sumas a pagar por
concepto de las reliquidaciones ordenadas no se hayan sufragado por la entidad
accionada previamente; sin perjuicio de que verifique los pagos realizados, por
ejemplo, con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del
cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
como una acreencia adicional a la asignación básica correspondiente.
3.6. Conclusión de la decisión
119. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que procede la reliquidación y pago
de las diferencias salariales y de las prestaciones sociales del accionante sobre el
100 % de su asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
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excluido a título de prima especial. En consecuencia, el fallo de primera instancia se
confirmará parcialmente.
120. Por otra parte, se modificará el numeral tercero, para ordenar a la entidad
demandada realizar la reliquidación de los respectivos aportes a seguridad social en
pensiones a favor del demandante, por ser la seguridad social un derecho
irrenunciable e imprescriptible; solo en el evento de que no los haya pagado.
121. Finalmente, se adicionará la sentencia impugnada en el sentido de precisar que
el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la accionada no
haya realizado otro pago a la parte accionante por los mismos conceptos aquí
reconocidos y, sin perjuicio de que verifique los pagos realizados con ocasión de la
entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un emolumento adicional
a la asignación básica correspondiente. Sin que en ningún caso supere el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional para cada anualidad.
3.7. Costas
122. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014).
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, Sala de Conjueces, el 8 de agosto de 2025, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. Modificar el numeral tercero de la parte resolutiva de la anterior sentencia,
que quedará así:
TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a
reconocer y pagar en favor de JORGE ENRIQUE FORERO ARDILA a partir del 03 de
mayo de 2013 – en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacia adelante hasta que por
razón del cargo tenga derecho, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida
como un incremento del salario básico y/o asignación básica.
La accionada deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes hechos al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones en favor del señor Jorge Enrique Forero
Ardila durante su permanencia en el cargo que le otorgó el derecho a este
reconocimiento, siempre que la entidad no los hubiera realizado, teniendo en cuenta
como ingreso base de liquidación, el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Tercero. Adicionar la sentencia impugnada, así:
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional.
El cumplimiento de la presente sentencia está condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos y, sin perjuicio de que verifique los pagos realizados con ocasión de la
entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025)
Demandante: Jorge Enrique Forero Ardila
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Aclara voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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