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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01389-01

Fecha
5 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01389-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se accedió a las súplicas de la demanda radicada por la señora Julieta Murillo de Muñoz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 20 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 68001 23 33 000 2017 01389 01 Demandante: Julieta Murillo de Muñoz Protección Social-UGPP, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone, NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo dicho en la motivación. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: RECONOCER a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio, identificada con cédula de ciudadanía 1.075.227.003 de Ibagué y tarjeta profesional 133.077 del C.S de la J., como apoderada judicial principal de Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en los términos del poder general conferido. CUARTO: RECONOCER a la abogada Yury Tatiana Novoa Peñaloza, identificada con cédula de ciudadanía 1.033.688.727 de Bogotá y tarjeta profesional 268.119 del C.S de la J., como apoderada judicial sustituta de Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en los términos de la sustitución del poder otorgada. QUINTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-01389-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001 23 33 000 2017 01389 01 (6560-2019)
Demandante: Julieta Murillo de Muñoz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Ley 1437 de 2011

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte actora, contra la sentencia de 16 de julio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1.

La señora Julieta Murillo de Muñoz, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad de la Resolución 33810 de 27 de diciembre de 2002 expedida
por Cajanal, así como, los actos administrativos RDP 047845 de 18 de noviembre
de 2015, RDP 007842 de 23 de febrero de 2016 y RDP 0011486 de 11 de marzo
de 2016 emitidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP -, por medio de las
cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

Como restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente:

«SEGUNDA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar el reconocimiento y pago de la pensión
gracia de conformidad a la Ley 114 de 1913 desde que adquirió el estatus de
pensionado, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios y debidamente indexados.
TERCERA: […] ordenar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y
PARAFISCALES-UGPP, a pagar, a título de restablecimiento del derecho, a
favor de la señora, Julieta Murillo de Muñoz, el retroactivo originado por la

1 Folio 50 del cuaderno principal del expediente.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2017 01389 01
Demandante: Julieta Murillo de Muñoz

pensión gracia junto con la aplicación de la indexación de acuerdo al IPC, desde
cuando adquirió el estatus o categoría de pensionado, tal como lo regula la Ley
1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
CUARTA: Que se disponga en la sentencia, que las sumas reconocidas en ella
y liquidadas como se piden en el ordinal anterior, devengarán intereses
moratorios de acuerdo a la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
QUINTA: Que si la entidad demandada, se opusiere a la presente demanda, se
le condene a pagar las costas del proceso.» (sic)

1.2. Hechos que fundamentan la demanda2

Se explica que la señora Julieta Murillo de Muñoz nació el 20 de abril de 1952, razón
por la cual el 20 de abril de 2002 cumplió 50 años de edad. Así mismo, señaló que
prestó servicio como docente nacionalizada en el departamento de Santander de la
siguiente manera:

• Por Decreto 149 de 29 de enero de 1971, fue nombrada como maestra de un
grupo urbano del municipio del Socorro.
• Posterior a ello, el 7 de marzo de 1977 fue trasladada al colegio Nacional
Universitario de la misma entidad territorial.
• Nuevamente, el 1° de enero de 2003, se dispuso el traslado al instituto
educativo académico-Santa María Goretti del municipio de Bucaramanga.

En vista de lo anterior, aduce que el status pensional lo adquirió el 18 de noviembre
de 2015, al cumplir con 50 años de edad y 20 de servicio como docente territorial o
nacionalizada.

Relató que el 11 de julio de 2002 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la Caja Nacional de Previsión Social, seguidamente, a través
de petición presentada el 22 de junio de 2015 reclamó de nuevo el reconocimiento
de la referida prestación periódica, solicitudes resueltas de manera negativa con las
resoluciones hoy demandadas.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración3

Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió la Ley
91 de 1989, así como el numeral 3° del artículo 4° de la Ley 114 de 1913, el artículo
3° de la Ley 37 de 1933, y los artículos 13, 23, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política, ya que, las resoluciones cuya nulidad se invoca adolecen de falsa
motivación por no aplicar la ley correspondiente para la solución del caso, lo cual,
produjo la asignación de un régimen incorrecto a los maestros que tienen derecho
a la pensión gracia.

2 Folios 50 y 51 del cuaderno principal del expediente.
3 Folios 51-55, ibidem.

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Demandante: Julieta Murillo de Muñoz

1.4. Contestación de la demanda4

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP, presentó escrito con el que se opuso
a las pretensiones de la demanda; señaló que la demandante no tiene derecho al
reconocimiento del beneficio pensional, dado que al 31 de diciembre de 1980 no
estaba vinculada como docente departamental, distrital, municipal o nacionalizado
por veinte años. De igual manera, aseveró que la interesada es pensionada,
situación que genera la prohibición consagrada en el artículo 128 Constitucional de
recibir doble asignación del erario.

Formuló como excepciones las siguientes: i) cobro de lo no debido; ii) presunción
de legalidad de los actos administrativos; iii) inexistencia de la obligación; iv)
genérica e innominada; v) prescripción y vi) ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida individualización de los actos administrativos demandados, respecto de lo
anterior, aseguró que no se individualizó correctamente el acto administrativo que
negó el reconocimiento de la pensión gracia, pues, se manifestó que la Resolución
RDP 047845 negó la prestación periódica, cuando la decisión administrativa que
realmente resolvió la petición de reconocimiento fue la Resolución RDP 054007 de
15 de diciembre de 20155.

1.5. Sentencia de primera instancia6

En sentencia de 16 de julio de 2019 el Tribunal Administrativo de Santander
accedió a las pretensiones de la demanda y resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones RDP 54007 del 15 de
diciembre de 20157 y las Resoluciones RDP 007842 del 23 de febrero de 2016
y RDP 011486 del 11 de marzo de 2016, por medio de los cuales se negó a la
demandante el reconocimiento y pago de la pensión gracia, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL-
UGPP, a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora JULIETA
MURILLO DE MUÑOZ, a partir del 21 de abril de 2002, en cuantía del 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente
anterior a la consolidación de su estatus pensional. Las sumas reconocidas
serán reajustadas conforme la formula señalada en la parte motiva de esta
sentencia.

4 Folios 112-122 del cuaderno principal del expediente.
5 Esta excepción se declaró no probada por el a quo.
6 Folios 133-136 del cuaderno principal del expediente.
7 En la demanda se deprecó la nulidad de la Resolución 33810 de 27 de diciembre de 2002 expedida por

Cajanal, así como, de los actos administrativos RDP 047845 de 18 de noviembre de 2015, RDP 007842 de 23
de febrero de 2016 y RDP 0011486 de 11 de marzo de 2016 suscritos por la Ugpp, sin embargo, el juez
colegiado de primera instancia aclaró que realmente los actos acusados son las Resoluciones 54007 de 15 de
diciembre de 2015, RDP 007842 de 23 de febrero de 2016 y RDP 011486 de 11 de marzo de 2016.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2017 01389 01
Demandante: Julieta Murillo de Muñoz

TERCERO: DECLÁRASE PROBADA la excepción de prescripción respecto a
las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de agosto de 2012,
conforme las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Sin condena en costas de primera instancia, conforme lo expuesto
en la parte considerativa de este proveído.

QUINTO: Desde aplicación a los artículos 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia archívese el proceso.» (sic)

Como sustento de lo anterior, el a quo analizó el material probatorio anexado al
expediente, llegando a la conclusión que el tiempo laborado entre el 24 de febrero
de 1971 y el 3 de marzo de 1977, es válido para el computo de la pensión gracia,
pues el tipo de vinculación era de carácter territorial. Posterior a ello, prestó servicios
desde el 7 de marzo de 1977 y hasta el 31 de diciembre de 2002 en el colegio
Nacional Universitario del Socorro, y entre el 1° de enero de 2003 y hasta el 12 de
mayo de 2014 en el instituto educativo académico-Santa María Goretti de
Bucaramanga, sin variar la condición de docente territorial porque los cambios
acaecieron como consecuencia de traslados.

De manera que el status pensional se configuró el 20 de abril de 2001, fecha en la
cual cumplió 20 años de servicio, y que presentó la reclamación ante la
administración el 28 de agosto de 2015, razón por la cual declaró la prescripción de
las mesadas causadas con anterioridad al 28 de agosto de 2012.

Por último, explicó que son compatibles la pensión de jubilación y la pensión gracia,
en esta perspectiva, el numeral 2° del literal a del artículo 14 de la Ley 91 de 1989
preceptuó que la pensión gracia seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación, en consecuencia, la pensión gracia y ordinaria son compatibles.

1.6. Recursos de apelación8

1.6.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de
apoderada, allegó escrito en el que manifestó su inconformidad con la sentencia de
primera instancia. Para tal efecto, manifestó que:

i) La señora Julieta Murillo de Muñoz no estuvo vinculada como maestra oficial de
naturaleza municipal, departamental, distrital o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980, tampoco acreditó 20 años de servicio en calidad de docente
territorial o nacionalizada.

8 Folios 143-149 del cuaderno principal del expediente.

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ii) Teniendo en cuenta que la interesada recibe mesada pensional de jubilación,
es incompatible e improcedente reconocerle la pensión gracia.

iii) No se solicitó la nulidad del acto administrativo que realmente negó el
reconocimiento de la prestación periódica, de acuerdo a la demanda, se pidió la
nulidad de las Resoluciones 33810 de 27 de diciembre de 2002, RDP 047845
de 18 de noviembre de 2015, RDP 007842 de 23 de febrero de 2016 y RDP
011486 de 11 de marzo de 2016, decisiones que no fueron objeto de
interposición de los recursos obligatorios para agotar la sede administrativa, de
ahí que, no se acusó a la Resolución RDP 054007 de 15 de diciembre de 2015,
la cual negó la solicitud pensional y es la decisión en contra de la que se
ejercieron los recursos de reposición y apelación, por lo tanto, se configura la
excepción de indebida identificación del acto demandado.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

El apoderado de la demandante9 presentó escrito en el que reiteró que su
poderdante cumplió con los requisitos de tiempo de servicio, edad y vinculación
territorial para tener derecho a la pensión gracia.

La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP10, argumentó que
los tiempos de servicio docente de la ciudadana son nacionales.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso12, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

9 Índice 23 del expediente digital disponible en SAMAI.
10 Índice 24, ibidem.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
12 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.»
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2.2. Cuestión previa

La Sala determina necesario precisar que no se analizará el cargo de apelación en
el cual se alegó la indebida identificación del acto administrativo que debió
demandarse, este es, la Resolución RDP 054007 de 15 de diciembre de 2015.

En primer lugar, es claro que el Tribunal Administrativo de Santander en la audiencia
inicial celebrada el 16 de julio de 2019 estudió la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda por indebida individualización del acto o actos administrativos a
demandar, oportunidad en la que se declaró no probada la excepción por los
motivos que a continuación se señalan:

i) A pesar de que fue evidente la falencia de no demandarse la Resolución
054007 de 15 de diciembre de 2015, lo que se decidió en una u otra Resolución
consistió en el no reconocimiento del beneficio pensional, situación que
conoció la entidad pública, tanto así que dentro de los antecedentes
administrativos aportó el acto administrativo que señaló como no demandado.

ii) Luego de realizar una interpretación del artículo 163 de la Ley 1437 de 2011,
concluyó que, si los actos que deciden los recursos se pueden tener por
demandados, también es posible inferir como acusado el acto primigenio ante
la hipótesis de no ser demandado éste, tal como sucedió en el caso.

iii) Si bien es cierto, únicamente se reclamó la nulidad de las Resoluciones 33810
de 27 de diciembre de 2002 y RDP 047845 de 18 de noviembre de 2015, sobre
los cuáles no se interpusieron los recursos obligatorios en sede administrativa,
también lo es que, los actos administrativos a tenerse en cuenta como
acusados son las Resoluciones 54007 de 15 de diciembre de 2015, RDP
007842 de 23 de febrero de 2016 y RDP 011486 de 11 de marzo de 2016 que
si resolvieron los recursos de reposición y apelación radicados en contra del
acto administrativo 54007 de 15 de diciembre de 2015.

No obstante, el inciso cuarto del numeral sexto del artículo 180 del CPACA consagró
expresamente que «contra el auto que decida sobre las excepciones será
susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso», sin embargo,
la UGPP no ejerció el recurso de apelación.

Así y todo, la parte demandada conociendo que la mencionada decisión adquirió
firmeza, consideró procedente formular el mismo argumento en el recurso
presentado en contra de la sentencia.

En atención a las ideas expuestas, no es posible estudiar de nuevo la situación
descrita en la alzada, ya que, se extinguió el derecho de llevar a cabo el acto
procesal de recurrir la decisión de no declarar probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda por indebida individualización del acto o actos
administrativos a demandar, debido a esto, conocer en la segunda instancia el
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cargo, desconocería el principio de preclusión de las etapas procesales pues se
estaría abriendo la posibilidad de desarrollar una carga procesal propia del periodo
de la audiencia inicial que quedó debidamente agotado.

2.3. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la mesada de la pensión
gracia es compatible con la pensión de invalidez que le fue reconocida a la
demandante mediante Resolución 1527 del 7 de mayo de 2014.

De resolverse favorablemente el anterior interrogante, se establecerá si la señora
Julieta Murillo de Muñoz, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la
vinculación con anterioridad al 1° de enero de 1980, y los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para dicho reconocimiento.

2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.4.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
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«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»13

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201814
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Julieta Murillo de Muñoz

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial

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Demandante: Julieta Murillo de Muñoz

sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».15

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4.2. Compatibilidad de la pensión de gracia y la pensión de invalidez

Tal como se anticipó, la pensión gracia fue concebida como una dádiva en favor de
los docentes territoriales que tenían una diferencia salarial en comparación con los
maestros de carácter nacional. Las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
91 de 1989, establecieron dicha prestación de carácter especial para los docentes
que presten sus servicios a instituciones educativas del orden territorial o
nacionalizadas vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan los
demás requisitos exigidos en las referidas normas.

La pensión gracia es una prestación cuyo reconocimiento no depende de aporte o
cotización y, además, el legislador estableció que es compatible: (i) con la pensión
de jubilación (Leyes 115 de 1994, artículo 115; 91 de 1989; 60 de 1993, artículo 6,
y (ii) con el salario (artículo 5 del Decreto 224 de 1972; artículo 70 del Decreto Ley
2277 de 1979; y artículo 19 de la Ley 334 de 1996).

Por su parte, la pensión de invalidez es una prestación que fue instituida con el fin
de suplir los ingresos de una persona que por razones involuntarias perdió su
capacidad laboral y, por consiguiente, se encuentra impedida para percibir sus
ingresos del normal desempeño de su trabajo16.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

16 Corte Constitucional, sentencia T-057 de 2017.

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En cuanto a esta última prestación (pensión de invalidez) debe destacarse que el
reconocimiento de aquella sí está condicionado al aporte de cotizaciones al Sistema
General de Pensiones.

Ahora, en lo que corresponde a la compatibilidad de la pensión gracia y la pensión
de invalidez, la Corte Constitucional17 hizo alusión a la línea que ha sostenido esta
corporación y explicó lo siguiente:

«En primer lugar, se trata de dos pensiones con finalidades distintas, pues
mientras la pensión de gracia fue creada por el legislador con el fin de
compensar a los maestros del orden territorial por los bajos salarios que
percibían, y como reconocimiento a la difícil labor que desempeñaban, la
pensión de invalidez fue prevista para garantizar al trabajador que ha perdido
parte considerable de su capacidad laboral, unos medios que posibiliten su
subsistencia digna y la de su familia, de manera que se trata de una medida de
protección para la salvaguarda de sus derechos.

Y en segundo lugar, dado que el régimen pensional de los docentes, que es de
carácter especial, no prohibe (sic) expresamente la compatibilidad de estas dos
pensiones, de manera que no es posible concluir que no se pueden percibir
simultáneamente una pensión de gracia y la de invalidez cuando se han reunido
los requisitos para acceder a ambas.

En efecto, el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 permite la
compatibilidad de la pensión de gracia creada por la Ley 114 de 1913 con la
pensión ordinaria de jubilación, sin prohibir en parte alguna la compatibilidad
de la primera con otro tipo de pensiones, lo que conduce lógicamente a concluir
que dicha norma no excluye la posibilidad de que se perciban simultáneamente
la pensión de gracia referida y la pensión de invalidez, toda vez que de la
existencia de una norma permisiva sólo se deriva la imposibilidad de existencia
simultánea de otras normas que prohíban lo prescrito.

La incompatibilidad de estas dos pensiones tampoco está prevista en otras
disposiciones normativas, razón por la cual es necesario concluir que es posible
que un docente de primaria del orden territorial, vinculado al magisterio antes
del 31 de diciembre de 1980, y en cuyo favor se ha reconocido el derecho a la
pensión de gracia establecido por la Ley 114 de 1913, pueda reclamar
legítimamente la pensión de invalidez a la que tiene derecho cuando ha perdido
más del 75% de su capacidad laboral.»

En atención a las anteriores precisiones, la Sala considera que en efecto no existe
norma que expresamente prohíba el reconocimiento de la pensión gracia y
simultáneamente el de la pensión de invalidez, puesto que la primera prestación
tiene una naturaleza disímil con cualquier otra pensión, dado que no requiere de
cotizaciones y es otorgada como una compensación a quienes cumplan los

17 Corte Constitucional, sentencia T-653 de 2004.

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requisitos contemplados en las Leyes 114 de 1913; 116 de 1928; 37 de 1933; y 91
de 1989.

De esta forma, se concluye que la pensión gracia sí es compatible con la pensión
de invalidez y, por consiguiente, se procederá a examinar las pruebas obrantes en
el expediente a fin de verificar si a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

2.5. Actuación administrativa

Está acreditado que la señora Julieta Murillo de Muñoz radicó el 28 de agosto de
2015 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, resolviendo dicha entidad de manera negativa a través
de la Resolución RDP 054007 de 16 de diciembre de 2015, así:

«Que una vez revisada la base interna de FOMAG se estableció que la
peticionaria tiene calidad de docente NACIONAL con vinculación a partir del 07
de marzo de 1997, motivo por el cual no es posible acceder a la solicitud de
reconocimiento de una pensión gracia.»18

Inconforme con la precitada decisión, la peticionaria interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos negativamente con las
resoluciones RDP 007842 de 28 de febrero de 201619 y RDP 011486 de 11 de
marzo de 201620 expedidas por la UGPP.

2.6. Caso concreto

A efectos de desatar la alzada estima la Sala que se deberá verificar si la
demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás
normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado para el
reconocimiento de la acreencia pensional en discusión, especialmente lo
relacionado con el requisito del tiempo de servicio como docente nacionalizado o
territorial, como a continuación se procede.

2.6.1. Del cumplimiento de los requisitos

A. Edad

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que Marco Enrique Cotera Fuentes nació el 20 de abril

18 CD de los antecedentes administrativos, folio 111 del cuaderno principal del expediente.
19 Documento visible en los folios 40-42, ibidem.
20 Documento visible en los folios 43-49, ibidem.

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de 195221, razón por la cual, el 20 de abril de 2002 cumplió 50 años de edad.

B. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.

C. Tiempo de servicio

Respecto de este requisito, se observan las siguientes novedades laborales como
docente oficial:

• Del 24 de febrero de 1971 al 6 de marzo de 1977

En primer lugar, se observa que a través del Decreto 149 de 29 de enero de 197122
el gobernador de Bolívar nombró a la señora Julieta Murillo de Muñoz como
profesora de un grupo urbano del Socorro; el acto administrativo anexado al
expediente da cuenta de lo siguiente:

«DECRETO NÚMERO 149 de 1971

Por el cual se causan novedades en el personal de maestros de enseñanza
primaria del Departamento.
El GOBERNADOR DE SANTANDER
en uso de sus Facultades Legales,
DECRETA:
[…]
Art.2o. - A partir del primero de febrero del presente año, nómbrase el siguiente
personal de maestros:

Srta. JULIETA MURILLO, de 2a. categoría, maestra de un grupo urbano del
municipio del Socorro.
[…]»

En el índice 42 de Samai, se observa que el acto administrativo también fue
aportado por la secretaria de Educación de Bucaramanga, en virtud, del
acatamiento de las órdenes contenidas en el auto de mejor proveer dictado el 10 de
agosto de 2023.

En cumplimiento del Decreto 149 de 1971, el 23 de julio de 1971, la señora Murillo
de Muñoz tomó posesión ante el alcalde municipal del Socorro con retroactividad al

21 Fotocopias de la cédula de ciudadanía y del certificado de registro civil de nacimiento, visibles a

folios 2 y 3 del cuaderno principal del expediente.
22 Documento visible en los folios 28 y 29, ibidem.
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1.° de febrero de 1971.23

Así mismo, la Fiduciaria la Previsora S.A. - FIDUPREVISORA - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG - Secretaría de Educación de
Bucaramanga en certificación expedida el 26 de enero de 202424, indicó que dicha
vinculación se mantuvo vigente hasta el 6 de marzo de 1977 por retiro voluntario, a
saber:

De lo anterior, se observa que la docente Murillo de Muñoz en efecto fue nombrada
en propiedad para prestar servicio docente a un grupo urbano del municipio del
Socorro, además, que dicha vinculación inició con el Decreto 149 de 29 de enero
de 1971 y se mantuvo vigente hasta su retiro voluntario, acaecido el 6 de marzo de
1977.

Lo descrito previamente, permite concluir que no hubo ninguna novedad laboral que
rodeara la prestación del servicio, tampoco se observó la intervención u orden de la
Nación-Ministerio de Educación Nacional; además, la actividad docente ocurrió con
anterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1975 por medio de la cual se nacionalizó
la educación en Colombia, sin que se vislumbre en los mencionados actos
administrativos que la plaza a ocupar corresponda a una que se haya sido objeto
de ese proceso de nacionalización posteriormente.

Resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C – 084 de
1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley
91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió

23 Documento visible a folio 30 del cuaderno principal del expediente y en el índice 42 del expediente
digital que se encuentra en SAMAI.
24 Documento visible en el índice 42 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.

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conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así:
(i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:

«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización"
de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley
114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de
1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en
el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues
la diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la
Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo
de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma
acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio
de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohibe
(sic) dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual
ocurre en este caso. […]» (Negrilla de la Sala)

Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado de la designación
[…] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C - 085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».

Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación en
la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
concluyó:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de
nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a
partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron
nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la norma
en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades
de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta
genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

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Adviértase que esas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con todos elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco la naturaleza de la vinculación del respectivo docente.

Lo anterior, resulta necesario para destacar que en el asunto bajo análisis la docente
mantuvo una vinculación de naturaleza territorial (departamental), pues fue
nombrada por una entidad territorial, con anterioridad a la expedición de la Ley
43 de 1975 por medio de la cual se adelantó la nacionalización, sin que se
evidencie que la plaza ocupada haya sido sometida a ese proceso de
nacionalización.

En cuanto a la naturaleza de la vinculación, el período transcurrido entre el 24 de
febrero de 1971 y el 6 de marzo de 1977, esto es de 6 años y 10 días, resulta
ser de naturaleza territorial, tal y como se explicó previamente, y resultara válido
como tiempo de servicio docente para reconocer la pensión gracia, siendo, además,
prueba de la vinculación previa al 31 de diciembre de 1980.

• Del 7 de marzo de 1977 al 12 de mayo de 2014

La Sala de Decisión, mediante el auto de mejor proveer de fecha 10 de agosto de
2023, solicitó a la Secretaría de Educación de Bucaramanga, entre otros
documentos, la copia de la Resolución 2415 de 28 de marzo de 1977 dado que no
fue aportada al expediente, sin embargo, en el oficio signado por la secretaria de
Educación de la entidad territorial se señaló que se remitió certificación expedida
por el rector y pagador del Colegio Nacional Universitario de Socorro, pues, «dentro
de la historia laboral no se encontró la Resolución 2415 de 28 de marzo de 1977,
sin embargo, en el mentado documento si se hace referencia a dicho acto
administrativo fue proferido por el Ministerio de Educación Nacional».

En la certificación de 6 de septiembre de 199325, expedida por el rector y pagador
del Colegio Nacional Universitario de Socorro, se indicó:

«Que la licenciada JULIETA MURILLO DE MUÑOZ, identificada con cédula de
ciudadanía […], viene prestando sus servicios en este plantel educativo como
profesora de tiempo completo desde el 07 de marzo de 1977, según Resolución
2415 del 28 de marzo de 1977, originaria del Ministerio de Educación Nacional.
[…]»

De igual manera, en el acta de posesión del 1° de abril de 197726 se señaló:

«En el Socorro, Departamento de Santander, a 1o. de abril de 1977 se presentó
en la alcaldía mayor Julieta Murillo Vargas con el fin de tomar posesión del cargo
de profesora enseñanza secundaria Colegio Nacional Universitario para que fue
nombrada por Resolución 2415 de fecha 28 de marzo de 1977 procedente de

25 Documento visible en el índice 42 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
26 Documento visible en folio 26 del cuaderno principal del expediente.
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Mineducación. […]. Se observa que es con retroactividad al siete de marzo de
1977. […]»

Por lo tanto, se infiere que con el Decreto 2415 de 28 de marzo de 1977, el
Ministerio de Educación nombró a Julieta Murillo de Muñoz como docente en
propiedad de básica secundaria Colegio Nacional Universitario de Socorro, con
efectos retroactivos a partir del 7 de marzo de 1977.

Del nombramiento descrito, la hoy demandante tomó posesión el 1° de abril de 1977
ante el alcalde del municipio del Socorro.27

Así mismo, obra certificado de tiempo de servicios emitido por la Secretaría de
Educación de Bucaramanga el 26 de enero de 2024, en el que se registró que la
demandante es maestra municipal, así:

En ese orden, contrario a lo determinado por el Tribunal de primera instancia, se
considera que la anterior vinculación no sucedió por traslado, sino que se produjo

27 Documento visible a folio 26 del cuaderno principal del expediente y en el índice 42 del expediente
digital que se encuentra en SAMAI.

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por la nueva nominación para ocupar el cargo de profesora en el Colegio Nacional
Universitario de Socorro, en ese sentido, para la Sala es claro que en el tiempo
transcurrido entre el 7 de marzo de 1977 y el 21 de enero de 1998, la educadora
Julieta Murillo de Muñoz prestó servicio docente con una vinculación de naturaleza
nacional, a pesar de que la certificación mencionada la haya catalogado como
municipal, pues la fuente de su ingreso como educadora es el acto reglamentario
de nombramiento y posesión en los que se deriva que la designación la realizó el
Ministerio de Educación y por tal razón, no podría tener una posición distinta en
esas condiciones a las de un docente nacional.

Así las cosas, la demandante perdió la condición de docente territorial que disfrutó,
en virtud de la designación efectuada por el gobernador de Santander mediante el
Decreto 149 de 29 de enero de 1971, dado que se retiró voluntariamente del
servicio, como lo certificó el profesional de recursos humanos de la Secretaría de
Educación de Bucaramanga en el Formato Único para Expedición de Certificado de
Historia Laboral.

En consecuencia, la señora Julieta Murillo de Muñoz finalizó la vinculación territorial
e inició otra como docente de la Nación, por cuanto el artículo 1° de la Ley 91 de
1989 dispone que se entiende por personal nacional aquellos «docentes vinculados
por nombramiento del Gobierno Nacional», conforme ocurrió en este caso con el
nombramiento realizado por el Ministerio de Educación con el Decreto 2415 de 28
de marzo de 1977.

Ahora bien, según la referida certificación de tiempo de servicios, a través de la
Resolución 6624 de 24 de diciembre de 1977, se sustrae que desde el 22 de enero
1998 fue trasladada la docente a la Institución Educativa Santa María Goretti de
Bucaramanga y que acaecieron las novedades que se verán enseguida:

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De lo anterior, se observa que en el lapso comprendido entre el 22 de enero de
1998 y el 12 de mayo de 201428 no cambió la naturaleza nacional de la vinculación,
se presentó una continua dependencia laboral de la accionante respecto de la
Nación, pues fue nombrada de manera directa por el Ministerio de Educación, es
diáfano que no aparece un nuevo acto de nombramiento por parte de ninguna
entidad diferente a la del Ministerio de Educación Nacional proferido en 1977.

No obstante, como consecuencia de la descentralización de la educación que
involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales certificadas
en educación, primero a los entes departamentales (y en algunos casos a los
municipios de más de 100.000 habitantes), el municipio de Bucaramanga incorporó
a la planta global de cargos del sector educativo de la entidad territorial a la señora
Julieta Murillo de Muñoz, lo anterior, por medio de la Resolución 069 expedida el 14
de febrero de 2003 por el alcalde de Bucaramanga29.

Es necesario precisar que el proceso de incorporación fue para dar cumplimiento a
los mandatos de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, acontecimiento que no varió
la vinculación nacional inicial ni el régimen prestacional que de ella se derivaba, tal
como se ha determinado en anteriores oportunidades30.

Así, el tiempo de servicio docente prestado desde el 7 de marzo de 1977 al 12 de
mayo de 2014, es decir, 30 años, 7 años, 2 meses y 7 días no es válido para ser
tenido en cuenta para el cómputo de la pensión gracia, pues es de carácter nacional,

28 Documento visible en el índice 42 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.

29 El 12 de mayo de 2024 se notificó a la demandante la Resolución 1527 de 7 de mayo de 2014, la

cual reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez a la señora Julieta Murillo de Muñoz,
folios 19-21 del cuaderno principal del expediente.

30Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 25 de abril de 2024,
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00812-01 (2625-2023). Demandante: Jorge Álvaro Hoyos
Quiceno. CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Julieta Murillo de Muñoz

circunstancia que resulta coherente con el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 que
señala como personal nacional a «los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.»

2.7. Conclusión

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que la sentencia de
primera instancia debe revocarse, toda vez que la docente Julieta Murillo de Muñoz
sólo acreditó 6 años y 10 días como docente territorial entre el 24 de febrero de
1971 al 6 de marzo de 1977, tiempo insuficiente para acceder a la pensión gracia,
puesto que, posterior a ello, la vinculación ocurrida en el día 7 de marzo de 1977
fue de naturaleza de nacional.

2.8. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
demandante, comoquiera que, si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar
a condenar en costa s, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de
las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en
esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la
revisión de la demanda, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derechose sustentaron las
razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en
costas a la parte vencida.

2.9. Otras órdenes

En índice 46 de las actuaciones registradas en el Sistema de Gestión Judicial-
Samai, se vislumbra que la profesional del derecho Marcela Patricia Ceballos
Osorio radicó poder general conferido por la UGPP y sustitución que realizó a la
abogada Yury Tatiana Novoa Peñaloza, por consiguiente, se efectuará el respectivo
reconocimiento de personería adjetiva como apoderada principal y apoderada
sustituta, respectivamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual se accedió a las súplicas de la
demanda radicada por la señora Julieta Murillo de Muñoz contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 20
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2017 01389 01
Demandante: Julieta Murillo de Muñoz

Protección Social-UGPP, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar se dispone, NEGAR las pretensiones de la demanda, por
lo dicho en la motivación.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: RECONOCER a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio,
identificada con cédula de ciudadanía 1.075.227.003 de Ibagué y tarjeta profesional
133.077 del C.S de la J., como apoderada judicial principal de Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social-UGPP, en los términos del poder general conferido.

CUARTO: RECONOCER a la abogada Yury Tatiana Novoa Peñaloza, identificada
con cédula de ciudadanía 1.033.688.727 de Bogotá y tarjeta profesional 268.119
del C.S de la J., como apoderada judicial sustituta de Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP,
en los términos de la sustitución del poder otorgada.

QUINTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y
efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
AUSENTE EN COMISION

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 21
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

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