Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00812-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00812-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00812-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00812-01 (2625-2023)
Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Pensión gracia, ausencia de requisitos legales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 30 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Jorge Álvaro Hoyos Quiceno, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP011551 del 3 de abril de 2018, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP033581 del 14 de agosto de 2018, que
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00812-01 (2625-23)
Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia
de jubilación a partir del día que cumplió el estatus, es decir, 50 años de edad y 20
años de servicio (o sea, a partir del 7 de julio de 2006); ii) cancelar los reajustes por
concepto del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii) dar cumplimiento a la sentencia
en los términos del artículo 192 del CPACA; y iv) pagar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Jorge Álvaro Hoyos Quiceno nació el 10 de abril de 1950, por lo que
cumplió 50 años de edad el «9» de abril de 2000.
ii) Prestó servicios a la educación pública entre el 4 de diciembre de 1969 y el
9 de octubre de 1979, en el departamento del Valle del Cauca, para un total de 9
años, 9 meses y 15 días, tiempo de carácter departamental – nacionalizado que
quedó cobijado por la nacionalización de la educación prevista en la Ley 43 de 1975.
iii) Posteriormente, se vinculó como docente de educación básica secundaria
según la Resolución 9565 del 7 de octubre de 1979, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, por lo que laboró en el municipio de Cali hasta el 1° de octubre
de 2010 con «vínculo nacional».
iv) El «vínculo nacional mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de
1993», dado que el departamento del Valle del Cauca fue certificado por el
Ministerio de Educación Nacional con la Resolución 6017 del 22 de diciembre de
1995, luego la Nación le entregó la educación al mentado departamento como
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00812-01 (2625-23)
Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
consta en el acta del 22 de abril de 1996. «Como consecuencia de la
descentralización los tiempos de servicio que corren desde el 22 de abril de 1996
hasta el 26 de junio de 2003 son de carácter territorial – departamental».
v) El vínculo departamental descrito, de similar forma, mutó a territorial –
municipal por mandato de la Ley 715 de 2001, dado que el municipio de Cali también
fue certificado a través de la Resolución 2749 del 3 de diciembre de 2002, y el
departamento le entregó la educación según el acta del 27 de junio de 2003. En ese
orden, los tiempos de labor desde el 27 de junio de 2003 hasta el 1° de octubre de
2010, son de carácter municipal.
vi) Cumplió 20 años de servicio el 7 de julio de 2006, por lo que en dicha data
alcanzó el estatus pensional.
vii) El 15 de diciembre de 2017, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos
administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley
24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; 1 y 15 de la Ley 91
de 1989; 2, 3, 4, 6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 14 de la Ley 100 de 1993; 7, 34,
37, 38 y 41 de la Ley 715 de 2001; 19, 34, 36, 40, 41, 42, 66, 67, 68, 69 y 74 de la
Ley 1437 de 2011; 5 del Decreto 1743 de 1966; y 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto 2277 de
1979.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso lo
siguiente:
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
i) Los actos administrativos acusados incurren en falsa motivación por cuanto la
UGPP dejó de analizar el argumento según el cual a partir de la ejecución del proceso
de descentralización previsto en la Ley 60 de 1993, el vínculo de la actora ya no era
nacional sino departamental.
ii) Los actos demandados infringen las normas en que debían fundarse, pues el
accionante ingresó como docente antes del 31 de diciembre de 1980 y laboró
durante más de 20 años, primero como educador departamental-nacionalizado,
luego como docente departamental y municipal, motivo por el cual tiene derecho a
la pensión gracia consagrada en la Ley 114 de 1913.
iii) El proceso de descentralización involucró de manera indiscutible el vínculo
laboral entre docentes y el Estado, pues a partir del proceso progresivo de
descentralización de la educación iniciado con la Ley 60 de 1993, profundizado con
la Ley 715 de 2001, dicha relación laboral fue transformándose y pasó de un vínculo
nacional a un vínculo departamental, municipal o distrital, según el caso.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso como
razones de defensa que para el reconocimiento de la pensión gracia no es admisible
computar o complementar tiempos de servicio prestados en la Nación, o con
vinculación nacional, puesto que se desconocería el mandato legal que prescribe
dicha prestación.1
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, imposibilidad
jurídica para cumplir lo pretendido, cobro de lo no debido y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
1 Folios 373 y 374.
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia escrita proferida
el 30 de noviembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda, con
sustento en las siguientes consideraciones:2
i) El señor Jorge Álvaro Hoyos Quiceno nació el 10 de abril de 1950, por lo que
cumplió los 50 años de edad el 10 de abril de 2000 y desempeñó su labor docente
con honradez, consagración y buena conducta. Se hace énfasis en que la UGPP no
alegó que hubiere incurrido en alguna causal de mala conducta o ineficiencia
profesional en la actividad, ni que percibiera otra asignación incompatible con la
pensión solicitada.
ii) En el sub judice se demostró que acumuló tiempos servidos a la docencia
pública anteriores a 1980 con carácter departamental -nacionalizado, y que tuvo una
vinculación posterior a la descentralización de la educación en el departamento del
Valle del Cauca, que le permiten acreditar 20 años de servicio, cumpliendo así con
el requisito de tiempo laborado exigido por la Ley 114 de 1913 y adecuando su
situación a lo indicado en la sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997 de la Corte
Constitucional.
iii) Sin embargo, la UGPP dejó de analizar el argumento según el cual a partir de
la ejecución del proceso de descentralización previsto en la Ley 60 de 1993 el
docente ya no era nacional sino departamental, circunstancia que se probó con la
resolución de certificación por parte del Ministerio de Educación Nacional para la
prestación del servicio educativo al departamento del Valle del Cauca, así como con
el acta mediante la cual se protocolizó la entrega de la educación al ente territorial.
iv) Así las cosas, se reconocerá el derecho; empero, habrá lugar a ordenar la
prescripción de mesadas pensionales, ya que el accionante adquirió su estatus
pensional el 7 de julio de 2006, al cumplir con el requisito de los 20 años de servicio,
fecha para la cual ya contaba con la edad de 50 años, y la formulación de la petición
2 Folios 382 al 390. Con ponencia del magistrado Fernando Augusto García Muñoz.
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
de reconocimiento pensional ante la UGPP se realizó el 15 de diciembre de 2017, por
lo que los tres años anteriores a la solicitud, a efectos de computar el término
prescriptivo, se cumplirían el 15 de diciembre de 2014.
v) En suma, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y la
prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 15 de diciembre de 2014;
ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia al señor Hoyos Quiceno a
partir del 7 de julio de 2006, pero con efectos fiscales a partir del 15 de diciembre
de 2014 en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus de
pensionado; y condenó en costas a la entidad.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. El apoderado del señor Jorge Álvaro Hoyos Quiceno interpuso recurso de
apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) En las pretensiones de la demanda se solicitó condenar a la entidad
demandada a pagar los reajustes de la pensión conforme a lo establecido en el
artículo 14 de la ley 100 de 1993; no obstante, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca dejó de pronunciarse respecto de esta petición aun cuando aquella tiene
respaldo constitucional y legal. Así las cosas, el a quo violó el principio de
congruencia.
1.4.2. El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación en el que solicitó que
se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar las
pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:4
i) El señor Hoyos Quinceno no logró acreditar el cumplimiento de los requisitos
previstos para el reconocimiento de la prestación deprecada, aún más cuando se
3 Expediente digital obrante en la Plataforma Samai.
4 Ibidem.
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
tiene que de esta son beneficiarios los docentes de primaria y secundaria, cuyo tipo
de vinculación sea distrital, municipal, departamental o nacionalizados que hayan
sido vinculados antes del 31 de diciembre de 1980.
ii) Aunado a lo anterior la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un
docente nacional en tanto que constituye requisito indispensable para su viabilidad
que el maestro no reciba retribución alguna de la Nación o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella.
iii) De manera subsidiaria, en caso de no prosperar el recurso, solicitó
reconsiderar la condena en costas impuesta a la entidad vencida, por cuanto actuó
de forma legítima en defensa del patrimonio público.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.5 La parte demandante no emitió pronunciamiento alguno.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público rindió concepto6 en el que solicitó se modifique la
providencia impugnada en el sentido de conceder el derecho a la pensión gracia
con el reajuste del artículo 41 (sic) de la Ley 100 de 1993, y que se prescinda de la
condena en costas al haberse declarado prescripción parcial de las pretensiones, a
más de que la motivación precaria sobre la condena en costas solo dio prevalencia
al hecho fatal de la derrota por parte de la UGPP.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
5 Memoriales allegados por correo electrónico, adjuntados a la Plataforma Samai (índices 11 y 12).
6 Ibidem, índice 10.
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico principal consiste en determinar si el demandante tiene derecho
a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado
en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00812-01 (2625-23)
Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
i) Conforme la cédula de ciudadanía, el señor Jorge Álvaro Hoyos Quiceno nació
el 10 de abril de 1950, es decir, cumplió 50 años de edad el 10 de abril de 2000.19
ii) El 25 de noviembre de 1969, por medio del Decreto 1495 BIS, «Por el cual se
Hacen unos nombramientos en el ramo de la educación», el gobernador del
departamento del Valle del Cauca, en uso de sus facultades legales, nombró al
demandante como seccional de la Escuela núm. 83 República de Argentina del
municipio de Cali.20 Tomó posesión del empleo el 4 de diciembre de 1969.21
iii) A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca certificó que el
docente fue vinculado a través del Decreto 1495 del 25 de noviembre de 1969, al
servicio de la Institución Educativa República de Argentina y el vínculo se prorrogó
desde el 4 de diciembre de 1969 hasta el 9 de octubre de 1979, por retiro
voluntario.22 En dicho certificado no se dejó constancia de el régimen de pensiones
o el tipo de vinculación del demandante.
iv) Con el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral, la
Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca hizo constar que el
maestro fue nombrado mediante la Resolución 9156 del 5 de junio de 1979, en la
Institución Educativa Simón Rodríguez del municipio de Cali como docente de
básica secundaria en propiedad, tomó posesión del empleo el 10 de octubre de
1979 y se retiró de forma voluntaria del servicio el 1° de octubre de 2010.23 En dicho
certificado se dejó constancia de que el régimen de pensiones del actor fue
nacional.
19 Folio 186.
20 Folios 196 y 197.
21
Folio 198.
22 Folios 188 y 189.
23 Folios 190 al 192.
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
v) El 22 de diciembre de 1995, por medio de la Resolución 6017, el Ministerio de
Educación Nacional certificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por el
artículo 14 de la Ley 60 de 1993 para asumir la administración directa de los
recursos del situado fiscal y la prestación de los servicios educativos por parte del
departamento del Valle del Cauca.24
vi) El 22 de abril de 1996, se suscribió el acta de verificación de requisitos y
entrega de bienes al departamento del Valle del Cauca por parte del Ministerio de
Educación Nacional en atención a la expedición de la Resolución 6017 del 22 de
diciembre de 1995.25
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 3 de abril de 2018, la UGPP profirió la Resolución RDP011551 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por el demandante el 15 de diciembre de 2017, toda vez que el
peticionario no logró acreditar en debida forma 20 años en la docencia oficial de
carácter departamental, distrital o municipal o nacionalizado, pues el nombramiento
a partir de 1979 fue efectuado en una plaza nacional.26
ii) El día 14 de agosto de 2018, la UGPP expidió la Resolución RDP033581, por
la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.27
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
24 Folios 231 al 233.
25 Folios 207 al 230.
26 Folios 272 al 276.
27 Folios 277 al 279.
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia en favor del
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por el demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 4 de diciembre de 1969 al 9 de octubre de 197928
En este lapso el señor Jorge Álvaro Hoyos Quiceno laboró como docente del
departamento del Valle del Cauca en la Escuela República de Argentina. El
nombramiento fue efectuado por el gobernador del ente territorial, mediante el
Decreto 1495 BIS del 25 de noviembre de 1969, en uso de sus atribuciones legales,
como se aprecia en la siguiente imagen:
28 En atención a que según se certificó le fue aceptada la renuncia al cargo a partir del 9 de octubre
de 1979.
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Se trata sin duda de una vinculación de carácter territorial, por cuanto el
nombramiento provino de una autoridad del mismo orden; en el acto no se
17
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
especifica que la plaza sea nacional y no proviene directamente o por autorización
del Ministerio de Educación Nacional. Ahora, en lo que corresponde a determinar
cuándo un docente es de carácter territorial, distrital o nacionalizado, resulta
relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C-084 de 1999, al
analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió
conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían solo en dos categorías, así:
i) nacionales; y/o ii) territoriales. Específicamente, expuso lo siguiente:
«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización" de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en
nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos
la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente
extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco
se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del
31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio
general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta
que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio
de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohibe (sic)
dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual ocurre en este
caso. […]» (Negritas de la Sala) .
Así las cosas, del material probatorio se desprende que este primer período resulta
computable para determinar el derecho a la pensión gracia reclamada, el cual
corresponde a 9 años, 10 meses y 6 días; sin embargo, no sería suficiente para
decretar la prestación, por lo que deberá revisarse la vinculación restante.
2.4.2. Segundo período. Del 10 de octubre de 1979 al 1° de octubre de 201029
29 En esta última fecha fue retirado del servicio, según el acto de aceptación de renuncia (folio 190).
18
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
En este segundo lapso el señor Jorge Álvaro Hoyos Quiceno laboró como docente
de básica secundaria en la Institución Educativa Simón Rodríguez del municipio de
Cali, en virtud del nombramiento efectuado con la Resolución 9156 del 5 de junio
de 1979, emanada del Ministerio de Educación Nacional. De ello da cuenta el
siguiente documento:
19
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
Ahora bien, no queda duda de que se trata de una vinculación de carácter nacional,
como lo reconoce el demandante en el hecho quinto de la demanda,30 solo que
sugiere que ello tuvo lugar hasta el momento en que fue incorporado a la planta de
personal del departamento del Valle del Cauca, lo cual ocurrió, a su juicio, el 22 de
abril de 1996.
De lo anterior se puede inferir que el actor perdió la condición de docente territorial
que ostentó, en virtud de la designación efectuada por el gobernador del Valle del
Cauca por medio del Decreto 1495 BIS del 25 de noviembre de 1969, teniendo en
cuenta que presentó renuncia al cargo y le fue aceptada con efectos a partir del 9
de octubre de 1979, como lo certificó el profesional de recursos humanos de la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca en el Formato Único para Expedición
de Certificado de Historia Laboral detallado en el acápite de hechos probados.
En este orden de ideas, el accionante culminó tal vinculación (territorial) e inició otra
como docente de la Nación, por cuanto el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 dispone
que se entiende por personal nacional aquellos «docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional», conforme ocurrió en este caso con la
designación efectuada por la Resolución 9156 del 5 de junio de 1979.
Por su parte, el demandante refiere que sí tuvo la condición de docente nacional
entre el 10 de octubre de 1979 y el 21 de abril de 1996, pero que el vínculo mutó a
departamental con ocasión de la certificación del departamento del Valle del Cauca
por parte del Ministerio de Educación Nacional y posterior entrega de la educación.
De la misma manera razonó el a quo.
Al respecto, esta Sala ha precisado31 que si bien la descentralización de la
educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales
30 «Mi mandante se vinculó como docente de educación básica, según Resolución No. 9565 del 7
de octubre de 1979, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, tomando posesión del cargo
en forma legal el día 10 de octubre de 1979, laborando en el Departamento del Valle del Cauca,
Municipio de Cali. Con este vínculo nacional laboró hasta el 1° de octubre de 2010».
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado:
73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
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certificadas en educación, primero a los entes departamentales (y en algunos casos
a los municipios de más de 100.000 habitantes32), como lo determinó la Ley 60 de
1993 y después a los municipales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001,33
y en ese sentido resulta consistente sostener que luego de la expedición de las
Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la administración tanto del personal docente como
del servicio educativo quedó radicada en cabeza de los entes territoriales
certificados en educación, lo cierto es que tales condiciones no generaron un
cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores que habían sido
nombrados con anterioridad a dicho proceso, particularmente para aquellos que
continuaron su relación legal y reglamentaria sin interrupción como sucede en el
caso del actor.
Resulta pertinente indicar que la Ley 60 de 199334 estableció que dentro del proceso
de descentralización y previo el cumplimiento de determinados requisitos, las
entidades territoriales podrían administrar el servicio de educación con cargo al
Situado Fiscal,35 y para ello esos recursos eran cedidos a las entidades territoriales
con destinación específica.
En ese orden, se distribuyeron las competencias educativas entre la Nación y los
entes territoriales, de manera que a los departamentos se les atribuyó la dirección
y administración directa, junto con los municipios, de los servicios de educación y
32
Artículo 16 de la Ley 60 de 1993. Numeral 7o., que dispone lo siguiente: «A solicitud de los
concejos de los Municipios que tengan población igual o superior a 100.000 habitantes según el
censo nacional de 1985 y con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las
asambleas otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la
asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los distritos».
33 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio
de 2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de
Consulta y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
34 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
35 Artículo 9. Naturaleza del situado fiscal.<Ley derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>
El situado fiscal, establecido en el artículo 356, de la Constitución Política, es el porcentaje de los
ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos
especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de educación y
salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la
Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos
y distritos de conformidad con la Constitución Política.
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
los docentes dejaron de ser nacionales y nacionalizados, para denominarse del
orden nacional, departamental, distrital o municipal, según el caso.
Así, el artículo 6.º de la mencionada ley dispuso:
[…]
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y
las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualesquiera otras clases de remuneraciones.
[…].
Luego, so pretexto de la descentralización de la educación, no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la
vinculación laboral con la administración se adquieren al momento en que se
profiere el acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas
del cargo a desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el
servidor.36 De suerte que, la cesión de la administración de las plantas de personal
a las entidades territoriales certificadas en educación, así como las demás
competencias que les fueron trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación
primigenia de los docentes.
En efecto, debe recordarse que, en la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de
vinculación, sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales
conlleve implícita la modificación de su vínculo, de nacional a territorial para los
efectos del reconocimiento de la pensión objeto de controversia.
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente del demandante no se
36 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de
2010, radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012,
radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.
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modificaron a pesar de los traslados de que fue objeto, comoquiera que el último
nombramiento se efectuó el 5 de junio de 1979, por el ministro de educación y este
se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral.37 En consecuencia,
dada la naturaleza de la vinculación del actor, es claro que el segundo lapso,
comprendido entre el 10 de octubre de 1979 y el 1° de octubre de 2010 no resulta
válido para reconocer la pensión gracia.
Así las cosas, le asiste razón a la entidad apelante al afirmar que, contrario a lo
considerado por el a quo, el tiempo de servicio prestado por el demandante en el
departamento del Valle del Cauca a partir del 10 de octubre de 1979 no puede ser
tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia por ser este de
carácter nacional. En atención a la prosperidad del recurso de la UGPP, resulta
inocuo emitir pronunciamiento alguno respecto de la apelación de la parte
demandante.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,38 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
37 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en sentencias del 23 de marzo
de 2023, radicación 17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023,
radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–2018).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
23
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Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, en concordancia con el numeral 4 del artículo 365 del CGP,
pese a que se revocará la decisión apelada, se observa que los fundamentos
planteados tanto en la demanda como en el trámite de primera instancia no
presentan carencia de fundamentación legal. Contrario a ello, la parte actora
propuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses y fue luego
del debate jurídico y probatorio que se determinó, en segunda instancia, la no
procedencia del derecho, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en
costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada por
cuanto el demandante no acreditó en el proceso los requisitos para ser beneficiario
de la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
24
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00812-01 (2625-23)
Demandante: Jorge Álvaro Hoyos Quiceno
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Jorge Álvaro Hoyos Quiceno, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone, Negar las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
25
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