Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2017-01422-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2017-01422-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2017-01422-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 680012333000201701422-01
Actores: Omar Alejandro Alvarado Bedoya y otros1
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura, Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, Autovía Bucaramanga-Pamplona S.A.S., Área
Metropolitana de Bucaramanga, Municipio de Floridablanca, Municipio de
Piedecuesta y Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga2
Vinculado: Municipio de Bucaramanga3
Coadyuvantes: Defensoría del Pueblo - Regional Santander4, Giovanni Ortiz,
Conjunto Villa de Guadalquivir – PH y Martha Lucía Jerez Lizarazo
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del
Pueblo Regional Santander contra la sentencia de 24 de julio de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
1 Condominio Campestre Montearroyo, Ruitoque Condominio Unidad Residencial Inmobiliaria Cerrada (UIC),
Conjunto Residencial Calatrava, Conjunto Villa de Guadalquivir – PH, Conjunto Residencial Altos del Oriente,
Lavco Ltda. y La Floresta (Vereda Menzuly).
2 Cfr. ver folio 2247 del Cuaderno Principal 7, expediente físico.
3 Vinculado mediante auto de 22 de noviembre de 2017. Cfr. ver folios 735 a 737 del Cuaderno Principal 2,
expediente físico.
4 Vinculada mediante auto de 20 de marzo de 2019. Cfr. ver folios 1857 a 1858 del Cuaderno Principal 2,
expediente físico.
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I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Los señores Omar Alejandro Alvarado Bedoya y otros presentaron
demanda5 contra la Agencia Nacional de Infraestructura, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, la Autovía Bucaramanga-Pamplona S.A.S., el Área
Metropolitana de Bucaramanga, el Municipio de Floridablanca, el Municipio de
Piedecuesta y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, en ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de obtener
la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente
sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; ii) moralidad administrativa; iii) a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de
áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente; iv) al goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público; v) a la defensa del patrimonio
público; vi) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y vii)
a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: SEA ORDENADO a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA replantear el trazado de la CONECTANTE C1-C2 revisando
las otras alternativas que tiene a su disposición para no afectar el Valle de Menzuly
con esta obra de infraestructura.
SEGUNDO: SEA ORDENADO a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES no otorgar licencia ambiental al proyecto, con el fin de preservar
derechos tales como al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público y el
derecho al paisaje.
TERCERO: SEA ORDENADO a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA tomar todas las decisiones administrativas necesarias para
replantear el trazado contratado a través de la [C]oncesión número 2 de 2016 con
el concesionario AUTOVÍA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S[.]
5 Cfr. ver folios 695 a 727 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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CUARTO: SEA ORDENADO al [Á]REA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA, velar por el cumplimiento de sus propios planes como lo es el
PLAN VIAL METROPOLITANO 2030, generando un desarrollo urbano con arreglo
a las normatividades vigentes en los PLANES DE DESARROLLO Y PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, previniendo un uso racional de los recursos
públicos de hacer inversiones como en ANILLO VIAL EXTERNO PIEDECUESTA
• GIRÓN, sin proteger la coherencia, panificación y racionalidad de toda la
infraestructura pública.
QUINTO: SEA ORDENADO al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA tomar todas las
medidas administrativas necesarias para salvaguardar la calidad de vida de los
habitantes de su territorio y la eficacia del PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, protegiendo además los ecosistemas que se encuentran bajo la
Jurisdicción de la entidad.
SEXTO: SEA ORDENADO un comité de seguimiento compuesto por las entidades
vinculadas al proceso y delegados de la comunidad con el fin de acompañar el
proceso de evaluación y estructuración de un nuevo trazado para la vía
BUCARAMANGA - PAMPLONA, que genere equilibrio en la protección de los
derechos colectivos y respete la planificación del territorio.
OCTAVO: (sic) SEA ORDENADA la protección del Valle de Menzuly como un
ecosistema que protege al PARQUE NATURAL REGIONAL LA JUDÍA con el fin
de evitar en el futuro desarrollos urbanos y de infraestructura que afecten el
equilibrio actual del sector comprendido por las veredas: X; X; X (sic) […]”6.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Indicó que la empresa Autovía Bucaramanga – Pamplona S.A.S. ha
socializado el trazado de la Conectante C1-C2, en dichas actividades de
socialización la comunidad afectada ha manifestado su inconformidad en el sentido
de considerar que no guarda coherencia con el Plan Maestro de Movilidad del Área
Metropolitana de Bucaramanga debido a que dicho documento ya contiene una
serie de obras importantes que adicionarían tráfico sobre la autopista que ya se
encuentra saturada por el tráfico metropolitano.
3.2. Adujo que la Agencia Nacional de Infraestructura estableció tres alternativas
para decidir la ruta que se entregaría en concesión a la empresa Autovía
Bucaramanga-Pamplona S.A.S. y relacionó dichas opciones previamente indicadas
de la siguiente manera:
“[…] Alternativa 1: Ruta 45A en el PR.86+130 y sobre el tramo 03 de la vía nacional
Ruta 66 en el PR.8+400.
Alternativa 2: Ruta 45A en el PR.76+150 y sobre el tramo 03 de la vía nacional Ruta
66 en el PR.39 (Piedecuesta Vía Sevilla -Km 40).
6 Cfr. ver folio 722 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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Alternativa 3: Ruta 45A en el PR.76+150 y sobre el tramo 03 de la vía nacional Ruta
66 en el PR.8+400 [...]”.
3.3. Agregó que la Alternativa 1, denominada C1-C2, permite el ingreso del tráfico
pesado que se pretende movilizar a través de la autovía Bucaramanga-Pamplona
hasta el Municipio de Floridablanca, generando una desconexión con la totalidad
del planteamiento proyectado en cada región debido a que las autoridades locales
habían planteado que el flujo de tráfico se conectaba a Piedecuesta con anillos
viales externos, así:
3.4. Advirtió que la autovía Bucaramanga-Pamplona es una de las vías con
mayor tasa de accidentalidad en el Área Metropolitana de Bucaramanga y al
acrecentar el tráfico de carga pesada en el tramo Floridablanca- Piedecuesta, que
conforme al Fondo Adaptación el tráfico promedio para 2040 será de 6361 de
vehículos, aumentará el riesgo de accidentes en la autovía Bucaramanga-
Piedecuesta haciendo la vía más insegura y afectando al Hospital Internacional de
Colombia que se encuentra allí ubicado.
3.5. Adicionó que el 90% de los habitantes del Municipio de Piedecuesta trabajan
en el Municipio de Bucaramanga y la única ruta de comunicación es la vía
Bucaramanga-Pamplona a la que conectará el tramo C1-C2, la cual se verá
afectada debido a que se va a congestionar por el gran paso de vehículos.
3.6. Indicó que la construcción del tramo C1-C2 destruye el paisaje y el
ordenamiento del territorio debido a que incluye la realización de aproximadamente
27 puentes en el área del Valle de Menzuly, en la cual se ha ordenado garantizar
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áreas de cesión usos de bajo impacto medioambiental. El sector afectado por el
proyecto tiene determinadas recomendaciones que, según el artículo 32 del
Decreto núm. 086 de 22 de enero de 20167 sobre localización del sistema
fisiográfico, deben ser acatadas:
“[…]
ÁREA RECOMENDACIONES DE MANEJO
Uso Zona de Protección para su manejo
integral con posibles usos recreativos.
1. Ladera Oriental - Macizo de Santander,
Debido a sus altas pendientes y la
entre la cota 100 y hasta la (sic) 1150
potencial Inestabilidad geológica, debe
msnm.
restringirse cualquier tipo de usos urbano o
suburbano. Parque Cerros Orientales.
Uso Área Forestal Protectora. Todo terreno
con pendientes mayores del cien por ciento
(100%) localizado en cualquier formación
2. Laderas Macizo de Santander por ecológica y aquellos terrenos, cuyo perfil
encima de la cota 1150 msnm. de suelo, que presente características
geomorfológicas, físicas o químicas que
ameriten su protección con cobertura
vegetal permanente.
Uso Forestal Protector, zona de
6. Escarpe valle de Ruitoque. Pendientes recuperación para la protección. Escarpe
mayores del 60% con pendientes mayores del 60% que debe
ser restaurado para su protección.
[…]”.
3.7. Agregó que la conectante C1-C2 no es la ruta más eficiente en términos de
soluciones logísticas para el transporte de carga debido a que es la más larga, dicha
ruta hace que los vehículos de carga atraviesen el Municipio de Piedecuesta.
3.8. Recalcó que destruiría parte del Parque Natural Regional Cerro La Judía, el
cual es parte de una zona de amortiguación compuesta por bosques densos y una
extensa red de afluentes como el río Frío, y el Ecoparque Cerro del Santísimo por
destruir el paisaje que integra el complejo turístico que recibió una inversión del
Departamento de Santander por cerca de 74 mil millones de pesos.
Contestaciones de la demanda
4. El Municipio de Piedecuesta8 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos9:
4.1. Solicitó ser desvinculado del proceso agregando que el demandante alude a
apreciaciones subjetivas sin evidencia concreta.
7 “[…] Por medio del cual se compendia el contenido de los Acuerdos Municipales No. 036 de Noviembre 09
de 2001, No. 025 de Octubre 16 de 2002, No. 008 de Octubre 12 de 2005, No. 001 de Febrero 25 de 2013 y
No. 015 de Noviembre 24 de 2015, que contienen las disposiciones establecidas por el Plan de Ordenamiento
Territorial POT del Municipio de Floridablanca […]”.
8 Por intermedio de apoderado.
9 Cfr. ver folios 784 a 789 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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4.2. Indicó que un juez no puede ordenar la ejecución de una obra pública que
requiera una inversión considerable si no ha sido incluida en los planes de
desarrollo de la entidad territorial, tal decisión implicaría desviar recursos
destinados a fines específicos, lo que afectaría la eficiencia en el uso de los
recursos públicos y vulneraría los cometidos constitucionales y legales asignados
a las entidades.
4.3. Adujo que el principio de planeación en la contratación pública es
fundamental para asegurar que los contratos no se realicen de manera
improvisada, se exigen estudios previos, diseño y proyectos detallados antes de la
contratación, con el fin de garantizar que se contraten objetos que satisfagan el
interés general. Además, destacó que el Decreto 2474 de 7 de julio de 200810
refuerza la necesidad de un análisis previo de la conveniencia y factibilidad de la
contratación, lo cual debe ser llevado a cabo por la Administración y no por el juez.
4.4. Manifestó que no tiene responsabilidad en el caso planteado, teniendo en
cuenta que la vía objeto de la demanda está bajo la concesión de la Agencia
Nacional de Infraestructura y la Autovía Bucaramanga-Pamplona S.A.S., quienes
son los encargados del mantenimiento y gestión de la infraestructura. En este
sentido, subrayó que el Municipio de Floridablanca, la ANI y la concesionaria son
los sujetos que deben responder por los hechos y las pretensiones planteadas en
la demanda, lo que implica que no tiene legitimación pasiva para ser parte del
proceso.
4.5. Presentó las excepciones denominadas “la acción popular y el decreto de
obras públicas”, “el principio de planeación aplicado a la contratación pública” e
“inexistencia de la obligación por parte del Municipio de Piedecuesta – falta de
legitimación en la causa por pasiva”.
5. El Municipio de Bucaramanga11 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos12:
5.1. Indicó que no se aportaron elementos probatorios que respalden las
aseveraciones del actor, destacando que no es cierto que el proyecto del anillo vial
externo metropolitano tenga como fin conectar Bucaramanga con Pamplona y
Cúcuta. Aclaró que el proyecto está diseñado para desviar el tráfico pesado hacia
10 “[…] por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades
de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones […]”.
11 Por intermedio de apoderado.
12 Cfr. ver folios 799 a 803 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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las costas y la zona occidental del país, lo cual no aumentaría el tráfico en la
Autopista Bucaramanga-Piedecuesta debido a que es la misma autopista utilizada
actualmente para el paso del tráfico pesado.
5.2. Señaló que las afirmaciones relacionadas con los Planes de Ordenamiento
Territorial de los Municipios de Floridablanca y Piedecuesta están fuera de las
competencias del Municipio de Bucaramanga.
5.3. Manifestó que lo señalado por el actor respecto a la competitividad es
incorrecto teniendo en cuenta que utilizar el anillo vial propuesto por el actor sería
menos eficiente que la conectante C1-C2, que acortaría significativamente la
distancia del trayecto para el tráfico pesado.
5.4. Afirmó que no es competencia del Municipio adelantar las obras solicitadas
sino de la Agencia Nacional de Infraestructura y solicitó sean desestimadas en su
totalidad las pretensiones del actor dado que de ejecutarse las obras como él lo
propone, se vulnerarían los derechos colectivos de sus habitantes debido a que
obligaría al tráfico pesado que se dirige a los Municipios de Pamplona y Cúcuta a
atravesar gran parte de la zona urbana de Bucaramanga y, en consecuencia, zonas
urbanas densamente pobladas se verían gravemente afectadas, generando
secuelas negativas para la movilidad y las instituciones tanto educativas como de
salud allí ubicadas.
5.5. Propuso como excepciones las denominadas “falta de legitimación en la
causa por pasiva” e “improcedencia de la acción popular”.
6. El Municipio de Floridablanca13 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas, así14:
6.1. Expresó que no le consta la veracidad de los hechos narrados por la parte
accionante, sostuvo que no hay sustento para la manifestación relacionada con la
incongruencia del trazado C1-C2 con el Plan Maestro de Movilidad y el aumento de
accidentes en la vía Bucaramanga-Piedecuesta dado que se realizaron estudios de
viabilidad por la Agencia Nacional de Infraestructura y la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales que no sustentan las acusaciones.
6.2. Argumentó que a la fecha de la demanda no existía concepto de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y
13 Por intermedio de apoderado.
14 Cfr. ver folios 1252 a 1262 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
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destacó que las alternativas de trazado habían sido evaluadas y que la misma
autoridad ambiental había elegido la alternativa núm. 1, tras realizar un análisis
técnico y ambiental de las opciones propuestas.
6.3. Contrarió la acusación sobre la supuesta afectación al equilibrio ecológico o
al Parque Natural Regional Cerro de la Judía por el proyecto de la conectante C1-
C2, e indicó que el Estudio de Impacto Ambiental aún no había sido emitido y la
alternativa 1, elegida por la autoridad ambiental, había sido previamente analizada
por la Agencia Nacional de Infraestructura en un estudio de prefactibilidad que
incluyó componentes bióticos y abióticos.
6.4. Se opuso a todas las solicitudes de los demandantes, argumentando que las
pretensiones carecían de sustento legal y probatorio, aclarando que es la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales la competente para expedir las licencias
ambientales y que, según el trámite vigente, aún no se había otorgado dicha
licencia. Además, argumentó que no existían pruebas que demostraran la
vulneración de derechos colectivos, como el derecho a un ambiente sano, el acceso
al espacio público o la protección del paisaje.
6.5. Adujo que la competencia para planificar, coordinar, y ejecutar proyectos de
infraestructura vial corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura y aseguró
que no se habían violado las garantías jurídicas en la planificación del proyecto de
la Autovía Bucaramanga-Pamplona, el cual se ajustaba a la normativa vigente en
materia de infraestructura vial y protección del medio ambiente. Además, indicó que
el Municipio de Floridablanca no tenía legitimación en la causa pasiva para ser
demandado en este caso.
6.6. Propuso como excepciones las denominadas “el ordenamiento jurídico
establece las competencias y garantías para que en el diseño, planificación y
coordinación de los proyectos Nacionales de concesión de infraestructura vial del
transporte se protejan los derechos colectivos, pues el proceso no está sujeto a
arbitrio o juicio subjetivo”, “en el caso de la Autovía Bucaramanga-Pamplona no se
han violado las garantías que el ordenamiento jurídico establece para la
planificación, el diseño y la consolidación de proyectos [n]acionales de
infraestructura vial”, “el Municipio de Floridablanca no está legitimado en la causa
por pasiva en el caso concreto” e “improcedencia de la acción porque los actores
no demuestran la configuración de vulneración o amenaza de los derechos
colectivos que invocan”.
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7. El Área Metropolitana de Bucaramanga15 contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos16:
7.1. Expresó que no es cierto que la conectante C1-C2 carezca de coherencia
con el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana, este proyecto está
contemplado desde el año 2000, fue incorporado en el componente de
ordenamiento físico – territorial metropolitano del Plan Integral de Desarrollo,
aprobado mediante Acuerdo Metropolitano núm. 008 de 2000 y luego confirmado
mediante su inclusión en el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano y del Municipio
de Floridablanca, así como en las Directrices de Ordenamiento Territorial
Metropolitano aprobadas mediante Acuerdo Metropolitano núm. 013 de 2011 y en
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Floridablanca.
7.2. Desestimó la afirmación de que la autovía Bucaramanga-Pamplona
aumentará el riesgo de accidentes indicando que esto constituye un riesgo que
puede ser controlado y mitigado, por lo que podría mejorar la seguridad vial.
7.3. Refutó que la conectante C1-C2 destruya el paisaje y el ordenamiento
territorial aprobado, si bien podría alterar el paisaje no destruirá ambientalmente la
zona, destacando que la competencia ambiental corresponde a otras entidades
como la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga. Asimismo, adujo que la conectante afectará el Distrito Regional de
Manejo Integrado sin alcanzar los límites del Parque Natural Regional “Cerro de la
Judía”.
7.4. Destacó que no se puede desconocer la importancia del proyecto para el
mejoramiento de las condiciones de competitividad de la región, aludiendo a que
los posibles impactos serán mitigados a través de medidas en el diseño y ejecución
del proyecto, el cual es considerado de interés general para la región metropolitana.
7.5. Aseguró que es importante preservar el equilibrio ecológico subrayando que
el proyecto cuenta con puentes y viaductos para minimizar la intervención en áreas
sensibles. Además, se detalló que la conectante C1-C2 favorece la movilidad al
desviar el tráfico pesado fuera de las zonas urbanas, reconociendo que el problema
de tráfico en el Municipio de Piedecuesta no se resolverá completamente sin una
vía perimetral adicional.
15 Por intermedio de apoderado.
16 Cfr. ver folios 809 a 820 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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7.6. Presentó las excepciones denominadas “improcedencia de la acción frente
al área metropolitana de Bucaramanga” y “falta de legitimación por pasiva”.
8. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales17 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos18:
8.1. Indicó su oposición a la prosperidad de todas las pretensiones planteadas
en la demanda, argumentando que no ha vulnerado ni amenazado ningún derecho
o interés colectivo.
8.2. Explicó que la licencia ambiental es un mecanismo preventivo y correctivo
destinado a garantizar la protección del medio ambiente y los recursos naturales,
de acuerdo con la Ley 99. Se trata de un acto de autorización otorgado por el Estado
para realizar proyectos que puedan impactar negativamente el medio ambiente con
el propósito de prevenir, mitigar y corregir los efectos adversos.
8.3. Aclaró que el proceso de licenciamiento ambiental comienza con la entrega
de la documentación requerida, conforme al Decreto 1076 de 26 de mayo de
201519, en el cual se incluye que, previo a la solicitud de la licencia, se debe
presentar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) que será evaluado por
la autoridad ambiental, quien posteriormente elegirá la alternativa sobre la cual el
interesado deberá elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
8.4. Indicó que realiza un análisis exhaustivo de los Estudios de Impacto
Ambiental, incluyendo visitas técnicas al área del proyecto para verificar su
congruencia con las condiciones ambientales y sociales. Luego, la autoridad
ambiental determina la viabilidad del proyecto en función de su impacto ambiental
mediante un acto administrativo basado en un Concepto Técnico.
8.5. Resaltó que las empresas deben cumplir con los requisitos normativos sobre
la participación comunitaria, incluyendo la Consulta Previa cuando se trate de
comunidades étnicas, asegurando que la autoridad ambiental verifica que estos
procesos se hayan realizado correctamente antes de expedir una licencia
ambiental.
17 Por intermedio de apoderado.
18 Cfr. ver folios 827 a 834 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
19 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
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8.6. Manifestó que la solicitud de licencia ambiental para el proyecto objeto de
estudio está en trámite desde el 5 de julio de 2017, tras la presentación de la
concesionaria. Aclaró que evaluó el Estudio de Impacto Ambiental y realizó visitas
al área del proyecto para verificar su cumplimiento con los términos de referencia y
la normativa ambiental vigente.
8.7. Destacó que no tiene competencia sobre el Plan Maestro de Movilidad del
Área Metropolitana de Bucaramanga; sin embargo, la Agencia Nacional de
Infraestructura solicitó el pronunciamiento sobre la necesidad de un Diagnóstico
Ambiental de Alternativas en el trazado del proyecto y la entidad determinó que no
era necesario.
8.8. Indicó que no tiene competencia sobre la accidentalidad en la Autovía
Bucaramanga – Piedecuesta, aunque enfatizó que en el Estudio de Impacto
Ambiental se deben identificar los posibles impactos del proyecto sobre los medios
abióticos, bióticos y sociales; además, el Plan de Manejo Ambiental debe incluir
medidas para mitigar y corregir estos impactos.
8.9. Afirmó que no tiene competencia sobre la eficiencia de la ruta o la logística
del transporte local ni sobre el ordenamiento territorial del Municipio de
Bucaramanga; sin embargo, destacó que los planes de ordenamiento territorial son
inoponibles a la ejecución de proyectos de utilidad pública, como es el caso del
proyecto objeto de esta acción popular.
8.10. Mencionó que, al revisar la información geográfica disponible, el proyecto de
infraestructura vial se encuentra dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado
de Bucaramanga aunque no afecta directamente al Parque Natural Regional Cerro
La Judía.
8.11. Argumentó que la parte demandante no ha presentado suficiente evidencia
que demuestre responsabilidad de la entidad, teniendo en cuenta que la carga de
la prueba recae sobre el accionante.
8.12. Presentó las excepciones denominadas “ausencia de vulneración de
derechos colectivos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA”, “inexistencia de responsabilidad y nexo de causalidad”, “insuficiencia
probatoria – carga probatoria en cabeza del accionante” y “falta de legitimación por
pasiva”.
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9. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga20 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas
con fundamento en los siguientes argumentos21:
9.1. Manifestó que no tiene conocimiento sobre las reuniones de socialización del
proyecto, por lo que se atiene a lo que se demuestre en el proceso, y que no le
consta lo referido por los demandantes respecto a la conectante C1-C2, dado que
los temas de movilidad y transporte no son de su competencia, su enfoque está en
el manejo del medio ambiente y los recursos naturales.
9.2. Expresó que no le consta la afirmación sobre el aumento de accidentes
debido a que la obra aún no se ha construido y reiteró que no tiene competencias
en el diseño o estructuración de proyectos viales. Destacó que la empresa Autovía
Bucaramanga Pamplona S.A.S. es la responsable de la construcción del citado
proyecto.
9.3. Aclaró que no le consta que el trazado de la conectante C1-C2 destruya el
paisaje o afecte el ordenamiento territorial, recalcando que no le corresponde
evaluar la eficiencia logística del trazado.
9.4. Aseguró que el trazado de la conectante C1-C2 no afecta el Parque Natural
Regional Cerro La Judía debido a que el proyecto no cruza por esa área protegida,
ni afecta el equilibrio ecológico del parque teniendo en cuenta que el proyecto se
encuentra fuera de los límites del Parque Natural, dentro de la zona del Distrito
Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga, para la cual se ha autorizado una
sustracción de área por razones de utilidad pública.
9.5. Argumentó que la competencia para otorgar la licencia ambiental de la
conectante C1-C2 corresponde a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
la Corporación Autónoma Regional solo expide un concepto sobre el uso de
recursos naturales en su jurisdicción.
9.6. Solicitó ser excluida del proceso, al no ser responsable de los hechos
invocados en la demanda, y que se reconozca que su participación en el proceso
de licenciamiento ambiental es únicamente de carácter asesor, sin responsabilidad
en el diseño o construcción de la vía.
20 Por intermedio de apoderado.
21 Cfr. ver folios 865 a 878 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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9.7. Presentó las excepciones denominadas “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “la CDMB no es la entidad competente para expedir la licencia ambiental
en el caso de la construcción de la conectante C1 – C2”; y “no es cierto que la
conectante C1 – C2 afecta gravemente el equilibrio ecológico destruyendo gran
parte del Parque Natural Regional ‘Cerro La Judía’”.
10. La Agencia Nacional de Infraestructura22 contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos23:
10.1. Manifestó que durante el proceso de estructuración del proyecto de
concesión vial Bucaramanga – Pamplona consultó a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales para verificar la necesidad de realizar diagnóstico ambiental
de alternativas.
10.2. Indicó que no ha sido responsable de vulneración o amenaza de derechos o
intereses colectivos, es la encargada de la administración de los contratos de
concesión y frente a cada corredor vial determina específicamente las funciones
asignadas normativamente.
10.3. Señaló que el proyecto tiene como objetivo principal garantizar una conexión
adecuada entre los municipios del Departamento de Santander y Norte de
Santander, mejorando las condiciones de operación de la vía y disminuyendo los
tiempos de viaje.
10.4. Advirtió que la conectante C1-C2 tiene longitud aproximada de 13.5 km y
todo el proyecto Bucaramanga – Pamplona tiene una longitud total de 133.1 km, la
conclusión de los estudios fue que la alternativa 1 garantiza el cumplimiento de los
criterios técnicos, ambientales y socio prediales analizados, representando la
opción más viable para el desarrollo del proyecto.
10.5. Mencionó que para la Unidad Funcional 1 está prevista la construcción de
una vía nueva que permite que los vehículos de carga no accedan al casco urbano
de Bucaramanga, lo cual redundará en beneficios de índole económico, social y de
seguridad.
10.6. Manifestó que la carga de la prueba corresponde a la parte demandante, por
lo tanto, es quien debe aportar los elementos necesarios para corroborar lo que
manifiesta en sus argumentos.
22 Por intermedio de apoderado.
23 Cfr. ver folios 890 a 918 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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10.7. Presentó la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por
pasiva”.
11. Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S.24 contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos25:
11.1. Manifestó que el Contrato de Concesión divide el corredor vial en cuatro
trayectos o tramos denominados Unidades Funcionales, que para el caso de la
Unidad Funcional 1. Agregó que la Agencia Nacional de Infraestructura evaluó las
alternativas de trazado y seleccionó el corredor definitivo.
11.2. Indicó que es la competente de ejecutar las obras de construcción,
mejoramiento o rehabilitación de conformidad con las condiciones establecidas en
el contrato de concesión. Adicionó que el Contrato cuenta con la “no objeción” de
la interventoría del Contrato.
11.3. Señaló que en el Informe de Microsimulación se analizó el comportamiento
del tráfico vehicular que ingresará a la Unidad Funcional 1 y se dimensionaron las
intersecciones principales en dicho sector en los estudios realizados para el
contrato de concesión. Las proyecciones de tránsito indicadas en el Informe ABP-
I-VOLI.001 del Estudio de Transporte arrojaron que el tránsito promedio diario -TPD
proyectado para el año 2049 -escenario proyectado en el estudio- arroja un total
381 vehículos día, a diferencia de las cifras presentadas por la parte demandante
que indican un flujo vehicular de 3441 día según datos presentados por el Fondo
de Adaptación.
Audiencia de pacto de cumplimiento
12. El Tribunal Administrativo de Santander celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento los días 17 de julio de 201826 y 27 de agosto de 201827, sin que
existiera propuesta de acuerdo, por lo cual declaró fallida la posibilidad de pacto de
cumplimiento.
Sentencia proferida, en primera instancia
13. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 24 de julio
de 2019, resolvió:
24 Por intermedio de apoderado.
25 Cfr. ver folios 942 a 950 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
26 Cfr. ver folios 1301 a 1304 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
27 Cfr. ver folios 1368 a 1370 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
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“[…] PRIMERO. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de Acción Popular
interpuesta por OMAR ALEJANDRO ALVARADO BEDOYA Y OTROS, contra
INFRAESTRUCTURA LICENCIAS AGENCIA la NACIONAL ANI; AUTORIDAD
NACIONAL DE ANLA; AUTOVIA METROPOLITANA MUNICIPIO PIEDECUESTA
DE y AMBIENTALES BUCARAMANGA - PAMPLONA SAS; ÁREA DE
BUCARAMANGA FLORIDABLANCA, MUNICIPIO AMB; DE CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA - CDMB y como vinculado el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- No se condena en costas, de acuerdo lo dispuesto en la parte motiva
de este fallo.
TERCERO.- ENVIESE una copia de esta decisión a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO
para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO.- EJECUTORIADA ésta providencia, ARCHIVENSE las diligencias previas
las anotaciones de rigor en el Sistema Justicia Siglo XXI […]”28.
Consideraciones del Tribunal
14. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] [D]eterminar si en el presente asunto ¿Hay lugar a declarar la vulneración o
amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano;
moralidad administrativa, existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales, goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; defensa del patrimonio público;
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes y el derecho al paisaje, con ocasión del
diseño de la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN CONECTANTE C1- C2
UNIDAD FUNCIONAL 1 BUCARAMANGA PAMPLONA, en cuanto estima la parte
actora de la acción popular que se optó por la alternativa menos conveniente en
términos de movilidad, seguridad vial, accidentalidad, ambientales y económicos?
[…]”29.
15. El Tribunal adujo que no se logró demostrar que haya habido un
quebrantamiento del ordenamiento jurídico o alguna actuación corrupta o amañada
por parte de algún funcionario de las entidades accionadas; en ese sentido, no
encontró afectación al derecho e interés colectivo de la moralidad administrativa.
16. Agregó que, de los estudios presentados por la Agencia Nacional de
Infraestructura, se pudo evidenciar que existen tres (3) alternativas para el Corredor
2 Bucaramanga-Pamplona y de las pruebas aportadas por el actor popular no se
puede concluir que haya una afectación a los derechos e intereses colectivos
invocados; al contrario, encontró que la alternativa uno (1), la cual fue adoptada, es
la más favorable en sus factores de perfil longitudinal, conectividad con la red vial
28 Cfr. ver folios 2158 y 2159 del Cuaderno Principal 7, expediente físico.
29 Cfr. ver folio 2148 del Cuaderno Principal 7, expediente físico.
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nacional, análisis ambiental relacionado con las zonas de protección, análisis
predial y análisis técnico.
17. Además, indicó que de otras pruebas se puede concluir que las entidades
accionadas han actuado dentro de los procedimientos legales debido a que han
seguido los lineamientos ambientales para la definición del trazado de la
Conectante C1-C2 Unidad Funcional 1 Bucaramanga-Pamplona, como se
demostró en el análisis de la Resolución 00345 de 12 de marzo de 2019, expedida
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la cual encontró viable
ambientalmente el mencionado proyecto.
18. Consideró que la acción no había sido presentada de forma temeraria ni con
mala fe y, en ese sentido, no hubo cabida a condenar en costas al actor popular.
Recurso de apelación
19. La Defensoría del Pueblo Regional Santander30 interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su
revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
19.1. Señaló que, frente a la seguridad de la ciudadanía, el Tribunal omitió analizar
las consecuencias que puede tener la construcción de la Conectante C1-C2 en
donde habrá tráfico de varios cientos de tractomulas por día y por los cruces de la
avenida deberá transitar gran afluencia estudiantil de los centros educativos como
la Universidad Pontificia Bolivariana.
19.2. Adujo que, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la
formalidad, el juez de primera instancia debió decretar pruebas de oficio en vez de
argumentar que el accionante no demostró el hecho cierto de la vulneración,
Actuaciones en segunda instancia
20. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander profirió
auto de 27 de agosto de 201931 mediante el cual se concedió, en efecto suspensivo,
el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del Pueblo Regional
Santander y se rechazó, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por
el actor popular contra la sentencia proferida, en primera instancia.
30 Cfr. ver folio 2170 del Cuaderno Principal 7, expediente físico.
31 Cfr. ver folio 2225 del Cuaderno Principal 7, expediente físico.
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21. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 9 de
octubre de 201932 mediante el cual admitió el recurso de apelación interpuesto por
la Defensoría del Pueblo Regional Santander contra la sentencia de 24 de julio de
2019 proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander.
Posteriormente, mediante auto de 16 de octubre de 202433 ordenó correr traslado
para la presentación de las alegaciones. La parte actora, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Municipio de
Piedecuesta, el Municipio de Floridablanca, la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el Municipio de Bucaramanga y la
Agencia Nacional de Infraestructura presentaron escrito dentro de la oportunidad
procesal correspondiente, mediante los cuales reiteraron los argumentos expuestos
a lo largo del proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
22. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
e interés colectivo relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente
previsibles; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la
seguridad y la salubridad pública en relación con la infraestructura pública vial o de
transporte terrestre; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y vii) el análisis del caso
concreto.
Competencia de la Sala
23. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201934, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15035 de
32 Cfr. ver folio 2249 del Cuaderno Principal 7, expediente físico.
33 Cfr. índice 103 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
158Autoquecorre_AP2017142201OmarAlej(.pdf) NroActua 103.
34 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
35 Modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 “[...] [p]or medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones [...]”.
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la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
24. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
25. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la Defensoría del Pueblo Regional Santander en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 24 de julio de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con los
artículos 32036 y 32837 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201238, norma aplicable al
presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar si el Tribunal analizó o no las consecuencias de la alternativa
núm. 1 elegida para la conectante C1-C2 en la vía Bucaramanga – Pamplona con
el fin de determinar si con la realización de dicha obra se presentaría una amenaza
o vulneración de los derechos e intereses colectivos.
27. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 24 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
28. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
36 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
37 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
38 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
29. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
30. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
31. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
32. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y
principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin
embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción
popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los
términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”39.
33. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).
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pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia,
cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés
colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador,
habrá de acudirse a las acciones pertinentes.
34. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles
35. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política40.
36. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.
37. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.
38. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201241, como “[…] un proceso social orientado a
40 “[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
41 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes
para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible […]”.
39. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación42, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
40. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad
y la salubridad pública en relación con la infraestructura pública vial o de
transporte terrestre
41. Vistos los artículos 2, 24 y 82 de la Constitución Política que indican, entre
otros derechos, el de circular libremente por el territorio nacional; al uso y goce de
42 Sección Primera. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación
número: 130012331000201100315-01(AP).
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los bienes de uso público como las carreteras, así como la correlativa obligación
del Estado de garantizar la integridad del espacio público y su destinación al uso
común.
42. La Ley 105 de 30 de diciembre de 199343 dispone como principio el de la
seguridad44 como prioridad del sistema y del sector transporte. En tal virtud, es
deber de las autoridades impulsar el desarrollo económico y el progreso social, y
para ello, ejecutarán las obras públicas correspondientes, entre estas, las
relacionadas con el servicio público de transporte, el mantenimiento y la
reconstrucción de la infraestructura vial del país. En los artículos 19.º y 20.º se
establece la obligación de la Nación y de las Entidades Territoriales en la
construcción y conservación de los todos y cada uno de los componentes de la
infraestructura de transporte.
43. La Ley 769 de 6 de agosto de 200045 establece en su artículo 1. º como
principios rectores los de seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad,
cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y
descentralización. El artículo 7. º de la misma norma resalta el deber que les asiste
a las autoridades de tránsito de velar “[…] por la seguridad de las personas y las
cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de
carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la
prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías […]”.
(Destacado fuera de texto)
44. Esta Sección se ha pronunciado en torno a las condiciones mínimas que debe
tener la infraestructura pública vial o de transporte terrestre a efectos de garantizar la
seguridad de los actores viales.
45. En sentencia de 26 de julio de 2007, se refirió a la importancia de que las vías
cumplan con las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los componentes
que las integran para efectos de garantizar la seguridad de las personas, así:
“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la
Autopista Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo
43 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
44 Artículo 2.°, literal “e”.
45 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
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(Atlántico) no cumple con las especificaciones técnicas necesarias que
garanticen la seguridad de los usuarios de la misma.
En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona
utilizable, la cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos
alcanza los 30 metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que
las calzadas de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en
algunos tramos a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo largo
de su recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la comunidad del
sector, debido a la circulación permanente de vehículos que desarrollan altas
velocidades.
La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de
retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en cuanto
se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.
Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas condiciones
que permitan la utilización segura de la misma tanto para los conductores de
vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en general, condiciones
éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que atraviesa el
municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales y
verticales en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el deber
de disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos que
resultan, en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía como la
mencionada, calificada por el INVIAS como de primera categoría debido a su
importancia, no estando acreditado debidamente, de otro lado, que haya adoptado
las medidas para la regulación del tráfico vehicular que se anuncian en el recurso de
apelación […]”46 (Destacado fuera de texto).
46. Posteriormente, la Sección Primera, mediante sentencia de 31 de enero de
2008, destacó, en los siguientes términos, que la falta de señalización de las vías y la
ausencia del mobiliario correspondiente son factores que contribuyen con la
maximización del riesgo de accidentalidad y, por consiguiente, afectan los derechos
colectivos relacionados con la seguridad pública:
“[…] En el caso concreto el Tribunal consideró probada la vulneración efectiva a los
derechos cuya seguridad y garantía reclama el actor […].
Adujo que con posterioridad a la práctica de la diligencia señalada quedó en
evidencia la carencia de las condiciones necesarias que garanticen la segura
movilidad de los peatones a lo largo del sector, y, como agravante, resultó
demostrada además la ausencia de señalización vertical y horizontal,
circunstancia que maximiza el riesgo que corren los peatones al transitar por el
sector.
Agregó que aunque en la actualidad existen los espacios necesarios para el tránsito
de los peatones, no es menos cierto que el uso de los mismos, por demás riesgoso,
es consecuencia del cotidiano uso por parte de aquellos a falta de andenes
acondicionados para tal efecto, de lo cual se colige que en efecto, el sector requiere
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de julio de 2007,
C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; núm. único de radicación 080012331000199902940-01.
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de la señalización horizontal y vertical pertinente y de la construcción del
mobiliario que garantice la seguridad de los derechos vulnerados. […]
[E]s a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que ponen
sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el cual se
realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario urbano
que garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de la vía,
como por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el
riesgo de quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores.
Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los peatones
que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por no estar
plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los transeúntes,
teniendo en cuenta además que quienes a diario circulan por el sector, en su
mayoría son niños y jóvenes estudiantes. […]”47 (Destacado fuera de texto).
47. Finalmente, la Sección, mediante sentencia de 18 de marzo de 201048, aludió
a las obligaciones que le corresponden al Instituto Nacional de Vías en materia de
señalización de vías del orden nacional con el objeto de reducir los índices de
accidentalidad y salvaguardar el derecho colectivo a la seguridad pública:
“[…] De las pruebas señaladas se constata que, la vía indicada en la demanda forma
parte de la Red Nacional de Carreteras a cargo del INVIAS, razón por la cual el
mantenimiento de la misma le corresponde a dicho instituto, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2056 de 2003 […].
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que es
responsabilidad de la Nación, por medio del Instituto Nacional de Vías, acometer las
obras de señalización necesarias para prevenir o reducir, por lo menos, los índices de
accidentalidad en las vías del orden nacional. […]
Para la Sala, la negligencia del recurrente frente al cumplimiento de su deber
legal de mantenimiento y señalización de las vías a su cargo, constituye, sin
lugar a duda alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la seguridad
pública, pues no es necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir
que la falta de señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los
usuarios de la misma, por lo tanto, en el caso examinado, basta con demostrar
la negligencia de la autoridad obligada al mantenimiento de la vía, para concluir
que tal conducta omisiva amenaza el citado derecho colectivo […]” (Destacado
fuera de texto).
48. Para la Sala, la seguridad pública en su modalidad de seguridad vial es una
prioridad y una finalidad esencial del Estado, como lo indica el artículo 2 de la
Constitución Política. A su vez el artículo 24 ibidem establece el derecho a la libre
circulación, pero ello supone que el Estado debe intervenir y limitarlo, con miras a
garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes del territorio. Por lo tanto, el
cumplimiento de las especificaciones técnicas en los diseños y trazados de la vía,
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de enero de 2008;
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación 190012331000200402748-01.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de marzo de 2010,
C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso; núm. único de radicación 4100123310002004001364-01.
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los cuales fueron objeto de verificaciones técnicas y socialización con la comunidad,
se traducen en una medida idónea para la protección de los derechos e intereses
colectivos en la medida en que impactan en el bienestar general, el logro de los
fines sociales del Estado49.
49. La Ley 1702 de 27 de diciembre de 201350 define la seguridad vial como:
“[…] el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir
el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya
sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque
multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que
contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y
equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del
tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la
inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de
conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión
policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas […]”.
(Destacado fuera de texto). Se puede concluir, que la finalidad de la seguridad vial
es la prevención, el control y la disminución de accidentes que ocurran sobre las
vías.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
50. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
51. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y
oportuna de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la
vida, la dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la
sentencia C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
49 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 2010, núm. único de radicación.
190012331000200501449-01, C.P. María Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 29 de febrero de 2024, núm. único de radicación 080012333000201900729-01; sentencia del 15
de febrero de 2024, núm. único de radicación 080012333000201800844-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
50 Por la cual se crea la agencia nacional de seguridad vial y se dictan otras disposiciones.
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“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’
(art. 365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”51
(Destacado fuera de texto).
52. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como
la vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que la Sección Primera, en sentencia
reciente52, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público, representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
53. Visto el literal “m” del artículo 4 de la Ley 472, sobre el derecho a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.
54. En relación con el alcance de este derecho, la jurisprudencia de esta
Corporación lo ha definido como “[…] la necesidad de proteger la adecuada
utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades
competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de
ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones
que estén fuera de su marco normativo […]”53.
51 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
52 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, número único de radicación:
170012333000201800493-01.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 6 de marzo de
2008; C.P. Mauricio Fajardo Gómez; núm. único de radicación 250002324000200500901-01.
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Núm. único de radicación: 680012333000201701422-01
55. De igual forma, la Sala mediante la sentencia proferida el 7 de abril de
201154, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos
legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los
habitantes comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del
principio de función social y ecológica de la propiedad55; ii) protección del espacio
público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con
respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los
demás habitantes; iii) respeto de los derechos ajenos y no abusar del derecho
propio56; y iv) atención de los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del
interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social
de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el
desarrollo sostenible57.
56. Para la Sala resulta claro que el derecho señalado en el literal “m” del artículo
4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar los preceptos jurídicos
que rigen la materia urbanística; es decir, la forma como avanza y se desarrolla una
determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una
determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o rurales– con miras
a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
57. En efecto, esta Sección en relación con el derecho colectivo mencionado ha
manifestado que:
“[…] abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la propiedad
de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la protección del espacio
público, del patrimonio público y de la calidad de vida de los habitantes, el respeto
de los derechos ajenos y el acatamiento de la ley de ordenamiento territorial, planes
de ordenamiento territorial y demás disposiciones normativas en materia de uso del
suelo, alturas máximas de construcción y demás criterios y límites que determinan
las autoridades para construir […]”58.
58. En suma, el desconocimiento por parte de las autoridades públicas y/o los
particulares de la normativa que regula las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos vulnera el derecho colectivo mencionado.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de abril de 2011,
núm. único de radicación 630012331000200400688-01.
55 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
56 Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.
57 Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
58 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta, providencia de 19 de noviembre de 2009, núm. único de radicación 170012331000200401492-01(AP).
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Núm. único de radicación: 680012333000201701422-01
59. Adicionalmente, el precedente de la Corporación indica que para que se
entienda vulnerado o amenazado el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, no es suficiente con que se
incumplan las normas urbanísticas, sino que es necesario demostrar el daño o la
amenaza de daño al interés general59.
60. Ahora bien, el artículo 2.° de la Ley 105 de 30 de diciembre de 199360 define
los principios rectores del transporte y en específico el de la seguridad como “[…]
[l]a seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector
Transporte […]”.
61. De igual forma, el artículo 12 de la citada Ley define la constitución de la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación como “[…] aquella de su
propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de
producción y de consumo del país […]”. Incluye en la red nacional de carreteras
aquellas que “[…] unen las capitales de departamento con la red […]”.
62. Por lo tanto, las autoridades tienen el deber de garantizar la infraestructura
de transporte para otorgar la seguridad de las personas y ello es una prioridad para
el transporte e integración de las zonas de producción.
63. Los capítulos 1, 2, 3 y 6 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras61
del Instituto Nacional de Vías, regulan los aspectos generales, controles para el
diseño geométrico, diseño en planta del eje de la carretera y las intersecciones a
nivel y desnivel.
64. El capítulo 1 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras indica la
clasificación de las carreteras según su funcionalidad, determinando que las
primarias son “[…] aquellas troncales, transversales y acceso a capitales del
Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales
zonas de producción y consumo del país […]”.
65. El capítulo 2 del mencionado manual, establece los criterios generales para
la consistencia de la velocidad a lo largo del trazado de la carretera según el
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Vellilla
Moreno, providencia de 29 de noviembre de 2010, núm. único de radicación 250002326000200401474-01(AP).
60 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
61 Adoptado por la Resolución 744 de 2009 “Por la cual se actualiza el Manual de Diseño Geométrico para
Carreteras” y adicionado por la Resolución 20213040041135 del 13 de septiembre de 2021, “Por el cual se
adiciona un numeral al capítulo 7 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, adoptado mediante
Resolución No. 000744 del 04 de marzo de 2009 del Ministerio de Transporte”.
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entendimiento que “[…] la velocidad de diseño a lo largo del trazado deber ser tal
que los conductores no sean sorprendidos por cambios bruscos y/o muy frecuentes
en la velocidad a la que pueden realizar con seguridad el recorrido […]”.
66. Igualmente, en relación con las dimensiones y trayectorias de giro en la vía
se establece en el literal 2.2.2.2 que “[…] [l]os radios mínimos de giro de un vehículo
que se deben tener en cuenta en el diseño geométrico de las calzadas son: la
trayectoria de la proyección delantera exterior del ancho del vehículo, la trayectoria
de la rueda interior trasera y el radio mínimo de giro del eje central del vehículo. Las
dos primeras trayectorias (exterior e interior) definen un espacio mínimo absoluto
al realizar un giro de 180°, espacio que es indispensable controlar en el diseño de
las calzadas de enlace en intersecciones y retornos y en el cálculo de sobreanchos
[…]”.
67. De igual forma, dentro de los criterios generales para el diseño de una
intersección vial indicados en el capítulo 6 del manual, se establece la visibilidad
como elemento porque “[…] la velocidad de los vehículos que acceden a la
intersección debe limitarse en función de la visibilidad, incluso llegando a la
detención total. Entre el punto en que un conductor pueda ver a otro vehículo con
preferencia de paso y el punto de conflicto debe existir, como mínimo, la distancia
de parada […]”.
68. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación62 en
relación con la importancia de que las vías cumplan con las especificaciones
técnicas de los elementos que las componen, con la finalidad de garantizar la
seguridad de las personas, se resalta que:
“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que
se encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la
Autopista Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo (Atlántico)
no cumple con las especificaciones técnicas necesarias que garanticen la seguridad
de los usuarios de la misma.
En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona utilizable,
la cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos alcanza los 30
metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que las calzadas
de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en algunos tramos
a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo largo de su
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta, providencia de 26 de julio de 2007, núm. único de radicación 080012331000199902940-01(AP).
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Núm. único de radicación: 680012333000201701422-01
recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la comunidad del sector,
debido a la circulación permanente de vehículos que desarrollan altas velocidades.
La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de
retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en
cuanto se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.
Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas
condiciones que permitan la utilización segura de la misma tanto para los
conductores de vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en
general, condiciones éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que
atraviesa el municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales
y verticales en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el deber
de disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos que resultan,
en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía como la mencionada,
calificada por el INVIAS como de primera categoría debido a su importancia, no
estando acreditado debidamente, de otro lado, que haya adoptado las medidas para
la regulación del tráfico vehicular que se anuncian en el recurso de apelación. […]”
(Destacado fuera de texto).
69. La jurisprudencia de esta Sección, ha considerado igualmente que:
“[…] es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que
resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los
que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de
situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando
ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de
la realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la
efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros.
Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues
mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de
cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales [...]”63 (Destacado
fuera de texto).
70. De los anteriores recuentos normativo y jurisprudencial se puede concluir,
por un lado, que el derecho e interés colectivo relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, es transversal a otros derechos como los de seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público,
utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicos,
entre otros; y, por el otro, que se trata de un derecho e interés colectivo que se
sustenta en el principio de primacía del interés general.
Análisis del caso concreto
63 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de marzo de
2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. núm. único de radicación 150012331000201100031- 01. Reiterada en
sentencia del 18 de mayo de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. núm. único de radicación
130012331000201100315-01.
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Núm. único de radicación: 680012333000201701422-01
71. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
72. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine, que fueron valoradas en la sentencia proferida, en primera instancia, y no
controvertidas por las partes, son las siguientes64:
72.1. Copia del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP núm. 002 de 7
de junio de 201665, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la
concesionaria Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S., el cual tiene como objeto
“[…] [e]l presente Contrato de concesión bajo un esquema de asociación público
privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de
una concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el
Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico
del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1 […]”.
72.1.1. Al respecto, en la Parte Especial del contrato se señala que el alcance del
proyecto se trata de “[…] [l]os estudios y diseños definitivos, financiación, gestión
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación,
mantenimiento y reversión del corredor Bucaramanga Pamplona, de acuerdo con
el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato […]”. Asimismo, en el
acápite de división del proyecto se manifiesta lo siguiente:
“[…] (a) El Proyecto corresponde al corredor Bucaramanga Pamplona, el cual se
divide en cuatro (4) Unidades Funcionales, las cuales se describen a continuación:
Longitud
Origen Destino
aproximada
(nombre, (nombre, Intervención
UF Sector origen
abscisa, abscisa, prevista
destino
coordenadas) coordenadas)
(Km)
Floridablanca
Construcción
PR86+550 K13-511,57-
Conectante Vía Nueva,
1 (45A07)=K0+000 PR8+500 13,5
C1-C2 Operación y
(1270627 N (6603)
Mantenimiento
1110442 E)
[…]
Nota (1) Las longitudes son de referencia, así como las coordenadas indicadas, El
Concesionario será responsable de ejecutar las obras correspondientes a cada
Unidad Funcional según la descripción particular de cada Unidad Funcional […]”.
64 Cfr. ver Cuadernos Principales 1 al 3, expediente físico.
65 Cfr. ver folios 18 a 281 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
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Núm. único de radicación: 680012333000201701422-01
72.2. Copia del documento resumen del Plan Maestro de Movilidad del Área
Metropolitana de Bucaramanga 2011-203066, producto de un estudio realizado por
el grupo de investigación “Geomática, gestión y optimización de sistemas” de la
Universidad Industrial de Santander, en el cual se destacó que el objetivo de la
gestión del tránsito urbano es hacer el uso más seguro y productivo de los recursos
existentes del sistema de transporte con instrumentos como sistemas eficientes de
semaforización o balancear la oferta de infraestructura a la demanda vehicular u
optimizar los espacios de andenes o ciclovías.
72.2.1. Respecto a la optimización de la infraestructura vial, en el mismo
documento se planteó un conjunto de proyectos que facilitarán la integración de las
zonas de producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las
zonas residenciales del Área Metropolitana. Dichos proyectos son parte de un plan
de mejoras que tiene como propósito “[…] intervenir, diseñar, construir, mantener y
reparar la infraestructura vial […]”, para el cual sugirieron la priorización de varios
proyectos como la construcción y mejoramiento de corredores viales, entre los
cuales se encuentra:
“[…]
Grupo Competencia
Cód. Corredor Tipo de Longitud Localización
de institucional
mapa vial intervención (km) principal
prioridad proyectada
Floridablanca
Circunvalar Construcción
6 Grupo 2 13,1 – Vía nacional
de Mensulí del corredor
Piedecuesta
[…]
Autopista
Floridablanca
Floridablanca Adecuación
15 Grupo 2 13,2 – Vía nacional
• al perfil
Piedecuesta
Piedecuesta
[…]”.
72.2.1.1. Sobre el transporte de carga mencionó la relevancia de la
conectividad y la integración a través de este servicio, por lo cual “[…] se hace
inminente la necesidad de optimizar la infraestructura logística del país […]
[considerando] que con la implementación de [una serie] de medidas que
desarrollen la logística de distribución urbana como parte integral de los sistemas
de movilidad de las ciudades, se obtendrán beneficios generales para la economía
nacional y para su movilidad […]”.
66 Cfr. ver folios 282 a 473 y 546 a 551 de los Cuadernos Principales 1 y 2, expediente físico.
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72.3. Copia del Oficio núm. 2014-603-023816-1 de 4 de diciembre de 201467,
expedido por la Agencia Nacional de Infraestructura, relacionado con el “[…]
pronunciamiento sobre el trámite a seguir para el Proyecto ‘Construcción de la
Conectante del Corredor 1. Vía Nacional Bogotá - Bucaramanga y Corredor 2. Vía
Bucaramanga - Pamplona, en el Departamento de Santander’ […]”, en el cual se
señaló lo siguiente:
“[…] En el marco del contrato No. 185 de 2013, suscrito entre el FONDO
ADAPTACIÓN y el Consorcio Estructuración Vial, se está desarrollando la
Estructuración Integral de Proyectos de Concesiones Viales cuyo objeto es la
recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el
fenómeno de La Niña 2010-2011. Dicho contrato incluye la estructuración de seis
(6) corredores viales de interés nacional, dentro de la cual se plantea la
estructuración del Corredor 1. Bogotá - Bucaramanga y Corredor 2.
Bucaramanga - Pamplona como proyecto de concesión vial y que incluye
actividades relacionadas con la construcción de una conexión vial variante
Bucaramanga en doble calzada de la vía a San Gil Bucaramanga y la carretera
nacional Bucaramanga - Cúcuta. Así pues se plantea como solución el cambio
en el alineamiento de la vía actual incluyendo la construcción de una
conectante que garantice mejorar las condiciones de diseño, para lo cual se
plantean tres (3) alternativas.
Por lo anterior y conforme a lo establecido en el Decreto 2820 de 2010, artículos 18
numeral 12 y articulo 23, numeral 1, mediante el presente oficio solicitamos
comedidamente el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales en adelante la ANLA, sobre la necesidad de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, para las mejoras en las condiciones viales objeto del asunto dado que
requieren de la construcción de un tramo de vía nueva.
En este sentido se presentan los objetivos, el alcance, la descripción, la localización
y adicionalmente la información utilizada para evaluar y analizar el trazado desde el
punto de vista técnico, ambiental y socioeconómico bajo el cual es posible
desarrollar el proyecto mejorando las condiciones de movilidad en esta zona.
Además de los respectivos insumos cartográficos para la realización del análisis de
las alternativas propuestas.
1 JUSTIFICACI[Ó]N
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional se plantea el
mejoramiento de la vía Bogotá - Bucaramanga y Bucaramanga - Pamplona para lo
cual se contempla la construcción de la conectante entre el corredor 1 y 2; con el
objetivo de mejorar la capacidad de la infraestructura del transporte como un
importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y prosperidad de la Nación
[…].
[…]
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 OBJETIVOS
[…]
• Suministrar a la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales -ANLA, la
información utilizada en el análisis para evaluar y comparar las diferentes
67 Cfr. ver folios 474 a 545 y 1371 a 1409 de los Cuadernos Principales 1, 2 y 3, expediente físico.
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alternativas para la construcción de la conectante que se desarrolla entre el
tramo vial LOS CUROS (PR68+500) - BUCARAMANGA (PR3 + 0400) del
corredor 1. Bogotá - Bucaramanga y el tramo BUCARAMANGA (PR3+400) -
CUESTABOBA (PR67+000) del corredor 2. Bucaramanga – Pamplona.
[…]
2.3 LOCALIZACIÓN
El área de estudio del proyecto se encuentra ubicada en jurisdicción del municipio
de Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, en el Departamento de Santander.
Los trazados propuestos afectan la ruta 6603 y 45407 de acuerdo con la
codificación del INVIAS existente (Ver Figura 2-2), las cuales comunican el
municipio de Piedecuesta hasta Bucaramanga y de Bucaramanga hasta Berlín en
la Vereda Cuestaboba.
El Comedor 1 ‘Bogotá-Bucaramanga’ - correspondiente a la ruta 45,
interconectando la Capital del País, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá
y Santander, este corredor en el marco del contrato se divide en quince (15) tramos
y tiene aproximadamente 419 km de longitud; el Corredor 2 ‘Bucaramanga-
Pamplona’ - que se divide en dos (2) tramos y tiene aproximadamente 120 km de
longitud.
Para el Corredor 1, es de interés el tramo 07 de la ruta 45A (que corresponde al
tramo 14 ‘Los Curos- Piedecuesta’ del contrato) y para el Corredor 2 el tramo 03 de
la ruta 66 (que corresponde al tramo Tr.1 ‘Bucaramanga-Pamplona’ del contrato).
Figura 2-2. Ubicación General. Área desarrollo del proyecto
Fuente: Grupo estructurador, 2014.
El alcance de este proyecto es realizar los trámites ambientales para la construcción
de la conectante entre el corredor 1 y corredor 2 requerido por la ANLA, en donde
se realizar[á] una descripción técnica de las alternativas y ambiental de los
territorios involucrados, con el fin de determinar una evaluación de los posibles
efectos y una posterior comparación de la mejor alternativa para que el futuro
concesionario desarrolle el proyecto.
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A continuación[,] se indica la localización de los corredores 1 y 2 en el contexto de
la red vial de interés nacional, resaltando los tramos en los cuales se encuentran
divididos en el marco del contrato FA N°185 de 2013. (Ver Figura 2-1).
Figura 2-1 Corredores viales objeto de estructuración.
2.4 DESCRIPCI[Ó]N T[É]CNICA
De acuerdo al alcance del contrato, para garantizar que los flujos de tráfico liviano
y pesado atraviesen el municipio de Bucaramanga logrando las mejores
condiciones en términos de operación vehicular, seguridad vial e interferencia
veh[í]culos-peatones, se analizaron tres (3) alternativas para la construcción de
una conexión vial entre los corredores 1 y 2, que constituya una variante al
municipio de Bucaramanga. Dichas alternativas corresponden a:
1. Construcción de una vía nueva por el costado sur-oriental de la cabecera
municipal de Bucaramanga, con empalme sobre el tramo 07 de la vía nacional
Ruta 45A en el PR.86+130 y sobre el tramo 03 de la vía nacional Ruta 66 en el
PR.8+400 - Alternativa 1.
2. Construcción de una vía nueva por el costado sur-oriental de la cabecera
municipal de Piedecuesta y oriental de los municipios de Floridablanca y
Bucaramanga, con empalme sobre el tramo 07 de la vía nacional Ruta 45A en
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el PR.76+150 y sobre el tramo 03 de la vía nacional Ruta 66 en el PR.39 -
Alternativa 2.
3. Construcción de una vía nueva por el costado sur-oriental de la cabecera
municipal de Piedecuesta y oriental de los municipios de Floridablanca y
Bucaramanga, con empalme sobre el tramo 07 de la vía nacional Ruta 45A en
el PR.76+150 y sobre el tramo 03 de la vía nacional Ruta 66 en el PR.8+400 -
Alternativa 3.
En la Figura 2-4 se presenta el área de estudio donde se desarrolla el trazado de
las tres alternativas de conectantes estudiadas de acuerdo a la información
cartográfica disponible.
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Se analizaron los tres corredores relativos a las alternativas: los trazados fueron
geométricamente definidos sobre un modelo de terreno a curvas de nivel, la
información cartográfica fue complementada con las ortofotos tomadas en la misma
campaña de topografía aérea del proyecto que permitió, por nivel de detalle y fecha
de actualización, corroborar mediante fotointerpretación la información proveniente
de otras bases de datos.
En estos meses se adelantaron, adicionalmente a los recorridos técnicos, muchas
de las actividades de campo programadas en el marco del contrato; esto permitió
confirmar las informaciones secundarias reveladas y/o suministradas por las
diversas entidades.
Con base en datos topográficos recientes y los escenarios de tráfico actual y futuro,
se definieron los alineamientos horizontal y vertical de diseño, con el fin de lograr
las especificaciones de la vía de proyecto más adecuadas.
Cabe resaltar que para ambas alternativas 1 y 3, el diseño de proyecto corresponde
a una vía primaria bidireccional de una calzada, con una velocidad de diseño entre
30 y 50 km/h; el ancho total de la calzada es de 7.30 m, conformada por dos carriles
de 3.65 m de ancho. La sección típica está complementada por una berma en
ambos costados de 1.80 m, para un ancho total de corona de 10.90 m, lo cual
garantiza el cumplimiento de la Ley 105/93 (Ver Figura 2-5).
Para la alternativa 2 las características de la sección transversal se mantienen
iguales pero la especificación en términos de velocidad de diseño resulta limitada a
30km/h por las condiciones topográficas generalmente menos favorables.
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2.4.1 Alternativa 1
Corresponde a la construcción de una vía nueva que se desarrolla por el costado
suroriental de la cabecera municipal de Bucaramanga; inicia en el empalme sobre
la R45A07 - localizado en el PR. 86+130 de la vía nacional (Altura 960 msnm),
discurre sobre la margen oriental del límite determinado en el POT municipal como
‘área de expansión urbana’, atravesando terrenos entre ondulados y montañosos,
finalizando en el PR 8+400 de la Ruta 6603 hacia Pamplona (Altura 1490 msnm).
La longitud del recorrido es de 13 km aprox., las especificaciones de la vía
corresponden a una velocidad de diseño entre 30 y 50km/h, las pendientes
longitudinales -caracterizadas por un promedio del 3.9% y un máximo del 7% -
correspondiente a algunos tramos cortos; los empalmes con las vías menores y de
acceso a las veredas de la zona se prevén a nivel (Ver Tabla 2-1).
Las especificaciones definidas, en términos de radios de curvas horizontales y
pendiente longitudinal, permiten un diseño que se ajuste a la topografía de la zona,
sin necesidad de estructuras especiales significativas: se proyectan viaductos para
solucionar las interferencias con las quebradas que representan los cuerpos de
aguas más importantes y la orografía lo necesite; la longitud total de viaductos
proyectados es de 5.8 km. Las interferencias con el retículo hidrográfico menor son
solucionadas con alcantarillas y box culvert convencionales.
Las secciones transversales más significativas son de terraplén y media ladera
ordinarias, por lo tanto no se prevén obras de estabilización importantes.
El recorrido de la nueva conectante C1-C2 (Alternativa 1) finaliza para
empalmar con la ruta 6603 hacia Pamplona en una zona favorable para la
realización de una intersección, siendo localizado un amplio retorno a la vía
existente que se presenta en doble calzada y baja pendiente longitudinal.
Se observa que la geotecnia para la zona del proyecto presenta pocos
problemas: en general se trata de relieve entre ondulado y montañoso donde se
necesitan cortes y terraplenes de magnitud moderada para la construcción de la vía
de proyecto.
Dadas las condiciones del relieve y composición geológica, se observa que
prácticamente en la actualidad no hay áreas críticas por inestabilidad del terreno,
se estima que durante la construcción serán muy ocasionales los problemas críticos
ya que no hay altos cortes ni grandes movimientos de tierra.
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La actividad sísmica se puede clasificar de tipo moderado, pues históricamente han
ocurrido sismos de grado 6 en la escala de Richter, con aceleraciones entre 0.15g
0.20g, según datos de Ingeominas, correspondiente a nivel de intensidad media.
Para los detalles de diseño se remite al Anexo 5. Conformado por el reducido en
planta, reducido en perfil y sección transversal típica; en la tabla a continuación se
indica un resumen de las características técnicas de la vía en proyecto.
Tabla 2-1. Variables de diseño Alternativa 1.
VARIABLE VALOR
Categoría de la carretera Primaria de una calzada
Cumplimiento LEY 105 SÍ
Tipo de terreno Ondulado-Montañoso
Longitud 13 km
Velocidad de diseño (tramo
30-50 km/h
ALTERNATIVA 1 homogéneo)
Radio mínimo 71 m
Pendiente máxima 7,0%
Pendiente promedio 3,9%
Sección transversal, carril 3.65 m
Sección transversal, berma 1.80 m
Fuente: Grupo Estructurador, 2014.
2.4.2 Alternativa 2
Corresponde a la solución que inicia a sur-oriente de la cabecera municipal de
Piedecuesta, en el empalme sobre la R45A07 localizado en el PR 76+150 de la vía
nacional (Altura 1000 msnm), discurre sobre la margen oriental del límite
especificado en el POT municipal como ‘área de expansión urbana’, se desarrolla
hacia el oriente interesando terrenos montañosos, finalizando en el PR 39 de la
Ruta 6603 hacia Pamplona (Altura 2840 msnm).
La longitud del recorrido es de 35.6 km aprox., las especificaciones de la vía
corresponden a una velocidad de diseño de 30km/h, las pendientes longitudinales
• caracterizadas por un promedio del 5.2% y un máximo del 8%; los tramos de
pendiente máxima corresponden a una longitud total de 13 km aprox (sic) (Ver Tabla
2-2).
No obstante[,] las bajas especificaciones definidas para el proyecto, en términos de
radios de curvas horizontales y pendiente longitudinal, las condiciones topográficas
no permiten un diseño que se ajuste a la morfología de la zona sin necesidad de
estructuras especiales significativas y adecuado a las características del tr[á]fico
actual y proyectado. Se necesitan viaductos para solucionar las interferencias con
las quebradas y la orografía lo necesite y algunos túneles; la longitud total de
viaductos proyectados es de 9.9 km y de túneles es de 800m.
Las interferencias con el retículo hidrográfico menor son solucionadas con
alcantarillas y box culvert convencionales.
Las secciones transversales más significativas son de media ladera con taludes
importantes que podrían necesitar obras de estabilización significativas: los
terraplenes son poco representativos.
El recorrido de la nueva conectante C1-C2 (Alternativa 2) finaliza para empalmar
con la ruta 6603 hacia Pamplona en una zona poco favorable para la realización de
una intersección, siendo localizado en una zona donde la vía existente en calzada
sencilla tiene pendiente longitudinal marcada y baja visibilidad.
El corredor del proyecto aprovecha parcialmente la existente ‘vía de Sevilla’; el
grupo E.I. adelantó el día 7 de marzo de 2014 un recorrido técnico sobre la vía con
el fin de identificar las características regionales del sector y los sitios inestables.
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Se observó que la geotecnia para la zona del proyecto presenta algunos
problemas, más específicamente en los primeros cinco kilómetros del
trayecto hacia el Corredor 2 se observan pendientes escarpadas en
condiciones estables y suelos residuales areno limosos muy propensos a
procesos de erosión y carcavamiento profundo, los cuales en sectores (como
K17+000, K19+000 y K19+500) han generado procesos de carcavamiento
graves. El tramo comprendido entre el K21 y el K25 presenta un diseño
geométrico tortuoso donde será muy difícil conseguir una velocidad de
diseño mayor a 30 km/h, dada la topografía existente, con pendientes
escarpadas, donde las curvas son muy cerradas. Los cortes de ladera se
realizarán sobre roca muy fracturada y con buzamiento desfavorable al corte, donde
se pudieron apreciar caída de bloques y fallas planares y en cuña.
Finalmente el tramo comprendido entre el K25 y el K31+900 es el más problemático
de la variante, dado su diseño geométrico muy tortuoso, con ausencia de un ancho
de vía suficiente que implicaría cortes en roca que deben ser estabilizados con
cortes 0,25H:1V a 0,5H:1V, concreto lanzado, malla, pernos y tendones de anclaje.
Es un sector que presenta varios sitios inestables (K25+600, K27+400, K28+700,
K29+300, K30+200 y K30+400), con deslizamientos en roca, caída de grandes
bloques y avalanchas, donde su intervención requiere tratamientos como los
anteriormente descritos, además de barreras dinámicas, mallas y muros de
retención contra caída de rocas y puentes en zonas donde se han presentado
avalanchas. Por tanto, es un sector cuya intervención requiere inversiones altas y
diseños geotécnicos de detalle.
Resulta por lo tanto que en general se trata de relieve montañoso donde se
necesitan cortes significativos y obras especiales para la construcción de la vía de
proyecto, que además será de bajas especificaciones.
La actividad sísmica se puede clasificar de tipo moderado, pues históricamente han
ocurrido sismos de grado 6 en la escala de Richter, con aceleraciones entre 0.15g
0.20g, según datos de Ingeominas, correspondiente a nivel de intensidad media.
Para los detalles de diseño se remite al Anexo 5. Conformado por el reducido en
planta, reducido en perfil y sección transversal típica; en la tabla a continuación se
indica un resumen de las características técnicas de la vía en proyecto.
Tabla 2-2. Variables de diseño Alternativa 2.
VARIABLE VALOR
Categoría de la carretera Primaria de una calzada
Cumplimiento LEY 105 SÍ
Tipo de terreno Montañoso
Longitud 33+600 km
Velocidad de diseño (tramo
30 km/h
ALTERNATIVA 2 homogéneo)
Radio mínimo 30 m
Pendiente máxima 8,0%
Pendiente promedio 5,2%
Sección transversal, carril 3.65 m
Sección transversal, berma 1.80 m
Fuente: Grupo Estructurador, 2014.
2.4.3 Alternativa 3
Corresponde a la construcción de una vía nueva que se desarrolla por el costado
suroriental de la cabecera municipal de Piedecuesta; inicia en el empalme sobre la
R45A07 - localizado en el PR. 76+170 de la vía nacional (Altura 960 msnm),
discurre sobre la margen oriental del límite especificado en el POT municipal
como ‘área de expansión urbana’, atravesando terrenos entre ondulados y
montañosos, finalizando en el PR 8+400 de la Ruta 6603 hacia Pamplona (Altura
1490 msnm).
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La longitud del recorrido es de 21.8 km aprox., las especificaciones de la vía
corresponden a una velocidad de diseño entre 30 y 50 km/h, las pendientes
longitudinales - caracterizadas por un promedio del 2.5% y un máximo del 7% -
correspondiente a algunos tramos cortos; los empalmes con las vías menores y de
acceso a las veredas de la zona se prevén a nivel (Ver Tabla 2-3).
Las especificaciones definidas, en términos de radios de curvas horizontales y
pendiente longitudinal, permiten un diseño que se ajuste a la topografía de la zona,
sin necesidad de estructuras especiales significativas: se proyectan viaductos para
solucionar las interferencias con las quebradas que representan los cuerpos de
aguas más importantes y la orografía lo necesite; la longitud total de viaductos
proyectados es de 5.3 km. Las interferencias con el retículo hidrográfico menor son
solucionadas con alcantarillas y box culvert convencionales.
Las secciones transversales más significativas son de terraplén y media ladera
ordinarias, por lo tanto[,] no se prevén obras de estabilización importantes.
El recorrido de la nueva conectante C1-C2 (Alternativa 3 y tramo común con la
Alternativa 1) - finaliza para empalmar con la ruta 6603 hacia Pamplona en una zona
favorable para la realización de una intersección, siendo localizado un amplio
retorno a la vía existente que se presenta en doble calzada.
Se observa que la geotecnia para la zona del proyecto presenta pocos problemas:
en general se trata de relieve entre ondulado y montañoso donde se necesitan
cortes y terraplenes de magnitud moderada para la construcción de la vía de
proyecto.
Dadas las condiciones del relieve y composición geológica, se observa que
prácticamente en la actualidad no hay áreas críticas por inestabilidad del terreno;
se estima que durante la construcción serán muy ocasionales los problemas criticos
ya que no hay altos cortes ni grandes movimientos de tierra.
La actividad sísmica se puede clasificar de tipo moderado, pues históricamente han
ocurrido sismos de grado 6 en la escala de Richter, con aceleraciones entre 0.15g
0.20g, según datos de Ingeominas, correspondiente a nivel de intensidad media.
Para los detalles de diseño se remite al Anexo 5. Conformado por el reducido en
planta, reducido en perfil y sección transversal típica; en la tabla a continuación se
indica un resumen de las características técnicas de la vía en proyecto.
Tabla 2-3. Variables de diseño Alternativa 3.
VARIABLE VALOR
Categoría de la carretera Primaria de una calzada
Cumplimiento LEY 105 SÍ
Tipo de terreno Ondulado-Montañoso
Longitud 21 km
Velocidad de diseño (tramo
30-50 km/h
ALTERNATIVA 3 homogéneo)
Radio mínimo 71 m
Pendiente máxima 7,0%
Pendiente promedio 2,5%
Sección transversal, carril 3.65 m
Sección transversal, berma 1.80 m
Fuente: Grupo Estructurador, 2014.
[...]
4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio para el desarrollo de las alternativas de conectante entre el
Corredor 1 Bogotá - Bucaramanga y el Corredor 2 Bucaramanga - Pamplona, en el
departamento de Santander, se encuentra ubicado en la Provincia Biogeográfica
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Norandina que comprende las vertientes y valles intercordilleranos interiores,
encerrados por sectores septentrionales de la cordillera donde se encuentran
representados todos los pisos térmicos.
[…]
4.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO
[…]
4.3.3 Dimensión Espacial
[…]
4.3.3.2 Servicios Sociales
4.3.3.2.1 Bucaramanga
[…]
Transporte y vías: Entre las problemáticas asociadas a la movilidad vial y peatonal,
se señalan: Baja movilidad vehicular en la ciudad, causada principalmente por el
creciente parque automotor y la divergencia existente entre la planeación del
territorio y la planificación del sistema de transporte, la malla vial urbana deteriorada
y la invasión del espacio público vial. Las causas asociadas a la Movilidad Vial se
fundamentan en: La subutilización del Sistema Integrado de Transporte Masivo -
SITM, generado por la baja cobertura geográfica del mismo, el paralelismo del
servicio de transporte tradicional incumpliendo los recorridos y planes de servicio;
así como la informalidad e ilegalidad del transporte68.
4.3.3.2.2 Floridablanca
[…]
Transporte y vías: Según el Plan Maestro de Movilidad de Floridablanca, el estado
de las vías del Municipio es regular; el 5% requiere mantenimiento periódico y el
9% mantenimiento rutinario, al igual que el 50% de los puentes. Según el Banco
Inmobiliario de Floridablanca (BIF) y la Secretaría de Infraestructura, en el sector
urbano hay 30 puentes vehiculares, siendo el de mayor deterioro el puente vía
conexión Carmen - Vericute, el puente vía conexión Villa luz, La Esmeralda, Cerros
de Villa Luz y el puente Box-Coulvert, que exigen requieren intervención inmediata.
Se concluye que es necesario construir un 52% más del total de metros de
corredores peatonales y mejorar el estado de los 10 puentes peatonales. El sector
rural cuenta con 9 puentes vehiculares: vía Helechales sector Puente Rojo, Altos
de Mantilla, acceso al estadio- La Cidra, conexión Plaza de Toros - La Cidra, La
Judía, Box-Coulvert, vía Km.19, Batea y Ruitoque Bajo (Los dos últimos necesitan
reconstrucción) 69
4.3.3.2.3 Piedecuesta
[…]
Transporte y vías: El casco urbano del Municipio de Piedecuesta, se encuentra
enmarcado en dos sectores, el casco antiguo comprendido entre las calles 3 a 12
entre carreras 7 a 15 y calles 3 a 16 entre carreras 1 a 6, y otro establecido por los
desarrollos urbanísticos periféricos. La interconexión vial entre estos sectores se
realiza principalmente en sentido norte sur a través de las carreras 46 y 15
(autopista a Bucaramanga) y en sentido oriente occidente a través de las calles 3,
68 Plan de Desarrollo Municipal Vigente, Bucaramanga ‘Capital Sostenible’.
69 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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Núm. único de radicación: 680012333000201701422-01
6, 7, 8, 9,10 y 17. Las vías existentes son de impacto municipal con funciones de
conexión urbana y urbano - rural sobre las que aparecen usos urbanos. Estas vías
están clasificadas como interurbanas, carreteras y peatonales y ciclo vías
permanentes. De estas vías, corresponden al sector rural 305 Km de vías terciarias,
con un ancho de calzada promedio de 4 a 5 mts y comunican al 90% de las veredas
del municipio con el casco municipal, muchas las cuales presentan serios deterioros
debido a la crudeza de la ola invernal de los dos últimos años (2010-2011).
[…]
6 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
[…]
[…]
7. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
En la Tabla 7-1 se presenta el resumen de los resultados del análisis multicriterio
de las alternativas objeto de estudio y cuál se establece cual es la más favorable.
El análisis realizado para el desarrollo de la estructuración se ejecutó a través de la
toma de información en campo con GPS, imágenes satelitales del sensor Rapideye
de la zona del proyecto suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) y la base cartográfica nacional. La información fue levantada en campo, por
lo que la documentación base para la toma de decisiones está actualizada y
corresponde a las condiciones reales de la zona del proyecto.
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Núm. único de radicación: 680012333000201701422-01
Mediante la utilización de la herramienta ArcGis, se realizó el análisis inicial de
posibles impactos ambientales y socioeconómicos que se podrían llegar a generar
por el trazado propuesto y lo que se puede recomendar a la ANLA sobre el
mejoramiento del corredor 1 y 2; los Especialistas del Grupo Estructurador
determinaron que la alternativa 1 muestra mejores características técnicas,
ambientales y sociales; y cuyo trazado por este costado tiene mayores
facilidades topográficas, menor movimiento de tierras y menores
afectaciones ambientales. También se recomendó este trazado por ser el que
mejor conecta los corredores entre sí.
Realizando un análisis de las condiciones ambientales y socioeconómicas de la
zona de área de estudio del trazado propuesto para la conectante, se puede señalar
lo siguiente:
Desde el punto de vista abiótico las variables más representativas del componente
abiótico son la hidrología y la hidrogeología, puesto que definen el impacto sobre el
recurso hídrico, por tal motivo, se selecciona la alternativa 1 como la más viable
ya que es la que menos drenajes intersecta (sic) y su intervención contempla
un menor volumen de material de excavación y relleno y por ende la amenaza
de la generación de procesos de remoción en masa e inundación y
colmatación de cauces es menor que en las otras dos alternativas.
En el caso del componente Biótico, en lo referente con la valoración y
caracterización de la cobertura vegetal, ecosistemas y áreas prioritarias de
conservación se tiene que las alternativas 1 y 3 por la remoción de cobertura vegetal
podrán afectar en su mayoría coberturas de origen antrópico correspondientes a
mosaico de cultivos con espacios naturales y finalmente con bosque de galería y/o
ripario. Por lo tanto[,] desde el punto de vista biótico, las alterativas 1 y 3 no
representan intervenciones que afecten la vulnerabilidad del componente
biótico, ya que con ellas se intervienen en su mayoría áreas de pastos, las
cuales presentan una sensibilidad biótica baja, además las obras propuestas
no representan afectación significativa sobre este componente.
Respecto a las áreas de protección regional las alternativas 1 y 3 atraviesan el
Distrito de Manejo Integrado de Bucaramanga lo que para el proyecto
representa aplicar las medidas que condicionan la construcción de la vía en
esta área. Para el caso de la alternativa 2, el trazado se intercepta con el Parque
Natural Regional Cerro La Judía y se encuentra en cercanías al Parque Natural
Regional Bosques Andinos Húmedos El Rasgón, los cuales se encuentran inscritos
en el RUNAP, por lo que presenta una alternativa con menor viabilidad.
Respecto al componente social, el trazado es viable teniendo en cuenta las
variables de costos y las posibles afectaciones a unidades sociales,
actividades económicas y a los asentamientos de la zona. Por otro lado, cabe
resaltar que se generará progreso y crecimiento económico, se incentivará el
desarrollo regional, comunicará y entrelazará regiones, unirá centros de producción,
y adicionalmente el proyecto permitirá la integración nacional generando empleo en
las fases de construcción y operación; aumentando la presencia institucional y
dinamización de las actividades turísticas, entre otros efectos positivos. Así mismo,
durante la operación de la alternativa 1 se generarán ahorros de costos de
operación de vehículos, ahorros de tiempo de viaje de los usuarios y ahorros
de costos del mantenimiento de la vía. Es transcendental recalcar que la
alternativa 3 tiene gran similitud en cuanto a diseños técnicos y otros
aspectos con la alternativa 1 pero es importante mencionar que la alternativa
3 intercepta zonas del municipio de Piedecuesta propensas al desarrollo
suburbano.
Las alternativas 1 es viables (sic) desde el punto de vista Predial, ya que estas no
afectan Zonas urbanas o de expansión; hay que tener en cuenta que para la
alternativa 1 y 3 se deben realiza[r] algunos ajustes al trazado que minimicen la
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afectación de condominios o puntos críticos que puedan impedir futuras
negociaciones o que puedan llegar a hacer inviable su construcción.
Desde el punto de vista técnico cabe aclarar que las condiciones topográficas de la
alternativa 2 son bastante complejas y dificultan su construcción, debido a que
técnicamente el corredor tiene dificultades para cumplir con las características de
diseño geométrico (radios de giro, pendientes, etc.) exigidas por las
especificaciones constructivas requeridas para el proyecto y debe cruzar parte de
montañas a través de túneles y viaductos debido a los precipicios que tiene la
topografía de la zona, por lo tanto las alternativas 1 y 3 planteadas se encuentran
en el mismo costado y son similares en su recorrido final afectando mínimamente
las condiciones geográficas del sector.
Por lo anteriormente expuesto y a partir del análisis realizado, se considera que la
propuesta de construcción de una nueva vía que conectará el municipio de
Piedecuesta y Floridablanca con el corredor 2 a la salida oriental de Bucaramanga
(alternativa 1) aliviará el tráfico vehicular nacional que actualmente tiene que
cruzar por el centro de Bucaramanga y Floridablanca (ruta 45A05). Así mismo
de acuerdo con la información analizada del área de influencia de desarrollo
del proyecto, se logra determinar que los posibles impactos, la sensibilidad
ambiental, las condiciones de los recursos naturales, entre otros factores,
permiten determinar que la propuesta corresponde a un corredor viable.
8 SOLICITUD
En este sentido, atentamente solicitamos a esta autoridad pronunciamiento sobre
el trámite a seguir para el Proyecto ‘Construcción de la Conectante del Corredor 1.
Vía Nacional Bogotá - Bucaramanga y Corredor 2. Via Bucaramanga - Pamplona,
en el Departamento de Santander’, teniendo en cuenta que el trazado propuesto es
viable técnica, ambiental y socialmente, y que involucra un beneficio para el
desarrollo y movilidad vial a nivel local, regional y nacional […]” (Destacado fuera
de texto).
72.4. Copia del Oficio núm. 2014068313-2-001 de 9 de marzo de 201570,
expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, relacionado con el
“[…] pronunciamiento sobre el requerimiento o no de presentación de Diagnóstico
Ambiental de Alternativas – DAA, para el proyecto ‘Construcción de la Conectante
del Corredor 1. Vía Nacional Bogotá - Bucaramanga y Corredor 2. Vía
Bucaramanga - Pamplona’, radicado 2014068313 del 9 de diciembre de 2014. NDA
1021 […]”, en el cual se indicó que el proyecto referido hace parte de la red vial
nacional, por lo que tiene la competencia para adelantar el trámite para el
otorgamiento de licencia ambiental.
72.4.1. En el mismo documento destacó que la alternativa 3, al ser de mayor
longitud, presenta requerimientos técnicos y áreas de intervención mayores que la
alternativa 1. Las amenazas naturales son similares en las tres alternativas
propuestas indicando que se ubican en una zona de amenaza sísmica alta, están
en una zona de amenaza media por remoción en masa donde se presentan
70 Cfr. ver folios 552 a 569 y 1410 a 1418 de los Cuadernos Principales 2 y 3, expediente físico.
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procesos de erosión, deslizamientos, flujos de detritos e intenso carcavamiento y
se ubica en una zona de amenaza de inundación baja.
72.4.2. En ese sentido, advirtió que en estudio de la solicitud expidió el Concepto
Técnico núm. 701 de 18 de febrero de 2015, concluyó que “[…] se evidencia la
favorabilidad de la alternativa propuesta 1 respecto a las alternativas propuestas 2
y 3 […] se concluye que el proyecto […] requiere de la presentación de Estudio de
Impacto Ambiental y no de la realización de un Diagnóstico Ambiental de
Alternativas […]” teniendo en cuenta que las alternativas 1 y 3 tienen presencia en
áreas de protección y zonas forestales que por su interés ecosistémico deben ser
objeto de evaluación ambiental.
72.4.3. Asimismo, instó a que se evalúe la posibilidad de realizar un único trazado
vial óptimo que presente los mínimos impactos ambientales potenciales y la menor
afectaciones a las condiciones de estabilidad de la zona debido a que el proyecto
“interconexión de la vía San Gil – Bucaramanga con la vía Bucaramanga -
Cuestaboba” prácticamente coincide con el trazado núm. 1 presentado en el
proyecto bajo estudio.
72.5. Copia de la Resolución núm. 1933 de 13 de noviembre de 201571,
expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio de la cual se declaró
de utilidad pública e interés social un proyecto de infraestructura vial y, en su parte
resolutiva se resolvió:
“[…] ARTICULO PRIMERO.- DECLARESE de utilidad pública e interés social el
Proyecto Bucaramanga- Pamplona.
ARTÍCULO SEGUNDO.- CONSIDERESE de utilidad pública e interés social la
franja de terreno del corredor vial del Proyecto Bucaramanga Pamplona, que se
determina por las coordenadas geo[r]referenciadas de acuerdo al Marco
Geocéntrico Nacional de referencia MAGNA- SIRGAS del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC), origen Bogotá, contenidas en el Anexo No. 1, el cual forma
parte integral de la presente resolución, según consta y se certifica en el
Memorando No. 2015-200-011935-3 del 16 de Octubre de 2015, de la
Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura, el cual
forma parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO. DETERMINESE como parte integral de la presente
resolución, el Anexo No. 2 que contiene el shape del proyecto Bucaramanga -
Pamplona.
ARTÍCULO CUARTO.- COMUNIQUESE la presente resolución a la Agencia
Nacional de Minería, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA,
Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS, Corporación Autónoma
Regional de Norte de Santander- CORPONOR, Gobernación de Santander,
Gobernación de Norte de Santander, a la Secretaria de Planeación de
71 Cfr. ver folios 882 a 883 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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Bucaramanga, Floridablanca, Tona, Piedecuesta, Silos, Mutiscua y Pamplona que
comprenden las coordenadas mencionadas, con el fin de que adopten las medidas
pertinentes para salvaguardar el interés público […]”.
72.6. Copia de Auto núm. 1933 de 21 de septiembre de 201772, expedido por la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
mediante el cual se inició un trámite de sustracción definitiva73 de un área del
Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI – Bucaramanga.
72.7. Copia del documento denominado “ALTERNATIVA MODIFICACIÓN
TRAZADO K0-K2 CONECTANTE C1-C2. SECTOR VALLE DE MENSULI”74,
expedida por la Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S., el cual “[…] recopila los
análisis realizados con información secundaria recopilada por el Concesionario,
referente al estado vial y predial sobre el Valle de Mensulí sobre el cual actualmente
se encuentra inmerso el trazado de la Conectante C1-C2 en sus dos primeros
kilómetros […]”.
72.8. Copia de Oficio de 31 de agosto de 201775, expedido por el director de
interventoría de Ingeandina Consultores de Ingeniería S.A.S., en el cual se indicó
que la “[…] interventoría procede a manifestar su decisión de no objetar los estudios
de detalle de la UF 1 […]”.
72.9. Acta núm. 01 de diligencia de inspección judicial de 14 de enero de 201976,
elaborada por el Tribunal Administrativo de Santander, en la cual se describió la
visita realizada a la vía nacional núm. 45 a la altura del puente elevado ubicado en
la entrada del Hospital Internacional y la Universidad Pontificia Bolivariana, punto
desde donde se observó la posible entrada a una de las alternativas, advirtiendo
que hay permanente flujo vehicular, el perfil de la zona es residencial y se tiene
previsto que la vía pase a 70 metros. De allí parten hacia el Municipio de
Piedecuesta, ubicándose en el sector Tres Esquinas, aproximadamente a 100
metros de la Mesa de los Santos, perímetro que se congestiona por el tránsito
vehicular y desde donde se inició el recorrido por la segunda alternativa
visualizando las condiciones del entorno. En esta diligencia los intervinientes
indicaron que era necesario que la Agencia Nacional de Infraestructura aportara los
diseños definitivos del proyecto.
72 Cfr. ver folios 884 a 888 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
73 Ver artículo 2.2.2.1.3.9.del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 “[…] por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.
74 Cfr. ver folios 1263 a 1274 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
75 Cfr. ver folios 931 a 939 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
76 Cfr. ver folios 1764 a 1767 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
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72.10. Copia de Resolución núm. 00345 de 12 de marzo de 201977, expedida por
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por la cual “[…] se otorga una
licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones […]” relacionada con el
proyecto objeto de la presente acción popular. Este documento fue valorado en la
sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de
Santander y no fue controvertido por las partes.
73. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de
la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Solución a los problemas jurídicos
74. La Sala procederá a estudiar las consecuencias de la alternativa núm. 1
elegida para la conectante C1-C2 en la vía Bucaramanga – Pamplona, con el
propósito de determinar si con la realización de dicha obra se genera una amenaza
o vulneración de los derechos e intereses colectivos. En ese orden y en armonía
con el problema jurídico planteado, se determinará si son procedentes o no las
medidas impartidas por el Tribunal.
Análisis de los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la
Defensoría del Pueblo Regional Santander, en el caso concreto
75. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda por considerar que con las
pruebas aportadas por el accionante no se demostró que haya afectación a los
derechos colectivos invocados; además, consideró que las entidades accionadas
han actuado dentro de los procedimientos legales para la definición del trazado de
la Conectante C1-C2 Unidad Funcional 1 Bucaramanga – Pamplona debido a que
se evidenció que los criterios de evaluación se efectuaron de conformidad con las
normas pertinentes para el licenciamiento ambiental y se cuenta con el suficiente
sustento técnico para así determinarlo.
76. Adicionó que no se logró desvirtuar que la alternativa 1 es la más viable para
este proyecto, por el contrario, se observó que de los estudios presentados es la
mejor opción y la más completa “[…] de perfil longitudinal, conectividad con la red
77 Cfr. ver folios 1940 a 2073 del Cuaderno Principal 6, expediente físico.
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vial nacional, análisis ambiental (zonas de protección) análisis predial, medio
abiótico y biótico, y análisis técnico […]”. Tampoco se acreditó que fuera necesaria
la realización de nuevos estudios ni nuevos diseños técnicos.
77. La entidad apelante formuló reparo concreto en su recurso de apelación, en
el que expresó que el análisis realizado por el Tribunal no incluyó las consecuencias
que puede tener la construcción de la conectante C1-C2 para centros educativos
que cuentan con gran afluencia estudiantil a diario y se verían afectados por un
incremento de vehículos de tráfico pesado en el tránsito de dicha zona. Además,
que si el Tribunal consideraba que no hubo pruebas suficientes para acreditar la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos debió decretar
pruebas de oficio supliendo la insuficiencia probatoria presentada.
78. En ese sentido, al analizar los elementos que fueron decretados como
prueba en el presente proceso, la Sala encontró demostrada, en primer lugar, la
relevancia de las obras de infraestructura vial a nivel nacional y, como se señaló en
el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana de Bucaramanga, de forma
general, “[…] se hace inminente la necesidad de optimizar la infraestructura
logística del país […]”, por lo cual impera la obligación de ejecutar medidas que “[…]
desarrollen la logística de distribución urbana como parte integral de los sistemas
de movilidad de las ciudades, se obtendrán beneficios generales para la economía
nacional y para su movilidad […]”.
79. En ese sentido, la Sala tuvo en cuenta que el proyecto “CONSTRUCCIÓN
CONECTANTE C1-C2 UNIDAD FUNCIONAL 1 BUCARAMANGA - PAMPLONA”,
como mencionó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, principalmente
está localizado en el Municipio de Floridablanca y que, respecto a la importancia de
la obra objeto de estudio, la Resolución núm. 1933 de 13 de noviembre de 201578,
expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura, declaró que el Proyecto
Bucaramanga - Pamplona era una obra de utilidad pública e interés social.
80. En dicha Resolución se mencionó lo siguiente:
“[…] [E]n línea con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
para mejorar la infraestructura de transporte y garantizar la conectividad de las
regiones, la Agencia Nacional de Infraestructura ha planteado un ambicioso
programa de concesiones de carreteras compuesto por seis grupos de proyectos,
los cuales impactan importantes regiones del país en materia económica, para lo
cual a partir del año 2012 la Agencia Nacional de Infraestructura inició la cuarta
generación de concesiones.
78 Cfr. ver folios 882 a 883 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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Que en concordancia con lo anterior se expidió el Documento CONPES 3760 del
20 de agosto de 2013, para Proyectos Viales bajo esquemas de Asociaciones
Público Privadas Cuarta Generación de Concesiones Viales, donde se
presentan los lineamientos de política del programa de cuarta generación de
concesiones viales (4G), dirigido a reducir la brecha en infraestructura y
consolidar la red vial nacional a través de la conectividad continua y eficiente
entre los centros de producción y de consumo, con las principales zonas portuarias
y con las zonas de frontera del País.
Que dentro de los Proyectos Viales bajo esquemas de Asociaciones Público
Privadas Cuarta Generación de Concesiones Viales se encuentra el
Bucaramanga- Pamplona.
Que en cumplimiento de sus funciones, la Agencia Nacional de Infraestructura
cuenta con la estructuración en estudios de prefactibilidad y factibilidad,
estructuración financiera, diseños de ingeniería y gestión ambiental, social, predial,
que permitan un adecuado esquema de asignación de riesgos y responsabilidades
asociadas al diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura
del proyecto Bucaramanga- Pamplona [...]” (Destacado fuera de texto).
81. Más adelante, la Sala encontró evidenciado que la Agencia Nacional de
Infraestructura realizó una serie de estudios analizando distintos factores para
determinar la alternativa más favorable y, mediante Oficio núm. 2014068313-2-001
de 9 de marzo de 201579, la entidad indicó que “[d]e acuerdo al alcance del contrato,
para garantizar que los flujos de tráfico liviano y pesado atraviesen el municipio de
Bucaramanga logrando las mejores condiciones en términos de operación
vehicular, seguridad vial e interferencia vehículos-peatones, se analizaron tres
(3) alternativas para la construcción de una conexión vial entre los corredores 1 y
2, que constituya una variante al municipio de Bucaramanga […]” (Destacado
fuera de texto).
82. De lo anterior, la Sala destaca la evaluación de las tres alternativas que se
ha mencionado desde la relación probatoria indicada supra, así como la claridad de
que la construcción tiene la proyección de ser una variante al Municipio de
Bucaramanga; lo cual hace parte de la evaluación del factor transporte que resaltó
la entidad apelante. En ese sentido, en la licencia ambiental otorgada, mediante
Resolución núm. 00345 de 12 de marzo de 2019, se advirtió que “[…] [e]n lo
relacionado con las características técnicas del proyecto, se considera que el
corredor vial propuesto […] busca evitar el paso del flujo vehicular por la zona
urbana de Bucaramanga, específicamente en relación con los vehículos de
carga pesada procedentes del interior del país hacia el oriente y la zona
fronteriza con la república de Venezuela […] [e]s de resaltar que el corredor se
proyecta al oriente del área metropolitana de Bucaramanga […]” (Destacado
fuera de texto).
79 Cfr. ver folios 552 a 569 y 1410 a 1418 de los Cuadernos Principales 2 y 3, expediente físico.
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83. En el mismo documento, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
consideró que, por un lado, “[…] las zonas de mayor sensibilidad ambiental se
concentran hacia las áreas colindantes con el municipio de Floridablanca, que
corresponde a los primeros 5 kilómetros del corredor, a medida que el corredor se
acerca al Distrito de Manejo de Bucaramanga la sensibilidad ambiental se
considera menor, considerando que se califica de manera subvalorada […]”.
84. Por otro lado, sobre el medio biótico relacionado con las coberturas
vegetales y, por ende, la fauna, se afirmó que “[…] la mayor área, es decir, el
68,87% del área total se encuentra en zona de sensibilidad ambiental alta y
moderada, y el 31, 13% en sensibilidad ambiental baja y sin sensibilidad, lo cual
significa que el área del proyecto se encuentra en su mayoría en un estado natural,
sin intervenciones antrópicas considerables, ajustándose a lo descrito en el
documento de EIA de información adicional, y a lo evidenciado en la visita de
evaluación para la Conectante C1-C2 Unidad Funcional 1 […]”80.
85. Igualmente, sobre el aprovechamiento forestal adujo que “[…] las coberturas
afectadas y las áreas de afectación […] así como el número de individuos a ser
aprovechados, están de acuerdo con las actividades planteadas por la
Concesionaria en el área de estudio. Por tal razón se considera procedente
autorizar el aprovechamiento forestal un aprovechamiento forestal en un
volumen total de 5.527,71 m³, en un área total de 84.59 hectáreas […]”81.
86. Asimismo, respecto a los ecosistemas estratégicos sensibles, la licencia
ambiental señaló que “[…] ‘[l]as obras de construcción de la Conectante C1-C2 de
la unidad funcional 1; transcurre por algunos sectores del Distrito Regional de
manejo integrado de Bucaramanga declarado mediante el Acuerdo 0839 de 1996
[…]” y que mediante Acuerdo de Consejo Directivo núm. 1347 de 31 de enero de
2018, expedido por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga, se sustrajeron 28,75 hectáreas del área del Distrito
Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) que “[…] corresponden al
trazado propuesto para el proyecto [...]”.
87. En ese orden de ideas, de conformidad con los artículos 2.2.2.1.2.1. y
2.2.2.1.2.5. del Decreto 1076 de 2015, los Distritos Regionales de Manejo Integrado
(DRMI) son una categoría en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y están
80 Cfr. ver folio 2024 del Cuaderno Principal 6, expediente físico.
81 Cfr. ver folio 2028 del Cuaderno Principal 6, expediente físico.
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definidos como el “[…] [e]spacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas
mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y
cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población
humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración,
conocimiento y disfrute […]”82, destacando que las hectáreas sustraídas han sido
separadas de dicha clasificación facultando la realización del proyecto bajo estudio.
88. Respecto a la comparación de las posibles alternativas para la realización
de la Conectante C1-C2, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mediante
Oficio núm. 2014068313-2-001, manifestó que “[…] al ser la alternativa 3 de mayor
longitud, presenta requerimientos técnicos y áreas de intervención mayores que la
alternativa 1 […]”83 y expuso el ejercicio comparativo con la siguiente tabla:
Tabla 2-1. Características de diseño de las alternativas
Variable Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Categoría de la carretera Primaria de una calzada
Cumplimiento LEY 105 Sí Sí Sí
Ondulado- Ondulado-
Tipo de terreno Montañoso
Montañoso Montañoso
Longitud 13 km 33,6 km 21,8 km
Velocidad de diseño (tramo
30 a 50 km/h 30 km/h 30 a 50 km/h
homogéneo)
Radio mínimo 71m 30m 71m
Pendiente máxima 7,0% 8% 7,0%
Pendiente promedio 3,9% 5,2% 2,5%
Sección transversal, carril 3.65 m
Sección transversal, berma 1.80 m
Fuente: radicado 2014068313 del 09 de diciembre de 2014.
89. De la tabla anterior se evidencia que, posterior al estudio de las opciones
viables para la realización de esta obra de infraestructura vial en Bucaramanga –
Pamplona, la alternativa núm. 1 es la más viable teniendo en cuenta la menor
longitud, así como los valores registrados de la pendiente máxima y la velocidad de
diseño.
90. Respecto a lo mencionado, en audiencia celebrada el 27 de agosto de
201884, se plasmó la manifestación de la gerente de proyectos de la Agencia
Nacional de Infraestructura en los siguientes términos: “[…] [la directora] concluye
que tienen unos recursos limitados y resalta que tienen dos proyectos para esta
zona, entre ellos el que [es] objeto de litigio, buscando aprovechar el corredor
existente en consideración a los recurso públicos […] refiere que se aparta del
estudio realizado por la Cámara de Comercio que la concibe como una vía
segundaria, cuando es una vía primaria, presenta un análisis ambiental y las zonas
82 https://codechoco.gov.co/publicaciones/3476/que-es-un-drmi/.
83 Cfr. ver folio 1411 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
84 Cfr. ver folios 1368 a 1370 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
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de protección (nacional y local), señala el análisis predial y las tres alternativas de
los proyectos, así como el medio abiótico (matriz multicriterio), presenta una
comparación de las alternativas - análisis técnico, Plan Maestro de Movilidad AMB
2011-2030, concluye que la alternativa uno es la cumple con criterios
técnicos, ambientales y socio prediales, la dos presenta limitaciones y la tres
requiere mayor área de intervención […] [se sostuvo en] que la conectante tiene
sustento sólido para sostenerse y no se improvisó en la realización de la misma
[…]” (Destacado fuera de texto).
91. La Sala destaca lo señalado por la Agencia Nacional de Infraestructura en el
Oficio núm. 2014-603-023816-1, cuando realizó la caracterización del área de
estudio y evaluó la condición de transporte y vías en el Municipio de Floridablanca
afirmando que “[…] es necesario construir un 52% más del total de metros de
corredores peatonales y mejorar el estado de los 10 puentes peatonales […]”.
92. En ese sentido, el Apéndice Técnico 185 del Contrato de Concesión núm. 002
de 2016 establece lo siguiente:
“[…] 3.5[.] Puentes peatonales
Tabla 41 – Puentes Peatonales
Número Unidad Funcional Ubicación Tipología
1 6 Pamplona Calzada Sencilla
1 3 Pamplonita Doble Calzada
1 6 Vereda el Diamante Calzada Sencilla
1 6 Los patios Doble Calzada
La localización mostrada de puentes peatonales es referencial y estará a cargo del
Concesionario la definición de su ubicación teniendo en cuenta factores como
operación de la vía y seguridad vial. El Concesionario deberá realizar una
propuesta de tipo y ubicación soportada en un estudio de Análisis de Flujo Peatonal
considerando las necesidades de cada población y del resultado de su
interacción con las autoridades locales. La propuesta deberá ser sometida a la
Interventoría para su verificación. El Concesionario deberá concertar con las
respectivas alcaldías, así como con las autoridades municipales competentes de
cada Municipio, la ubicación de los puentes peatonales, señalados, teniendo en
cuenta para ello los planes locales de manejo del espacio público y el plan de
desarrollo del municipio […]” (Subrayas dentro del texto original y destacado fuera
del texto original).
93. Al respecto, la construcción de los puentes o cruces peatonales debe ceñirse
a los lineamientos de la normativa vigente -como la Norma Colombiana de Diseño
de Puentes (CCP-14) y el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras86- y tendrá
como fin último la protección de los derechos e intereses colectivos a la seguridad
pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la
85 Numeral 3.5. del Capítulo III sobre “Instalaciones en el corredor del proyecto”.
86 Adoptado mediante Resolución núm. 000744 de 4 de marzo de 2009, expedida por el Ministerio de
Transporte.
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realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes. Estos tres derechos colectivos confluyen
para dar respuesta a la necesidad de los usuarios del proyecto de la Conectante
C1-C2 respecto a contar con condiciones de seguridad en la vía.
94. Con relación a lo mencionado, la Ley 1702 define la seguridad vial como:
“[…] el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir
el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya
sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque
multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que
contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y
equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del
tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la
inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de
conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión
policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas […]”
(Destacado fuera de texto). Se puede concluir, que la finalidad de la seguridad vial
es la prevención, el control y la disminución de accidentes que ocurran sobre las
vías.
95. En ese sentido, para la Sala, la seguridad vial es una prioridad y una finalidad
esencial del Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política. A su vez
el artículo 24 ibidem establece el derecho a la libre circulación, lo cual supone que
el Estado debe intervenir y limitarlo con miras a garantizar la seguridad y bienestar
de los habitantes del territorio; por lo tanto, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas en los diseños y trazados de la vía deben traducirse en una medida idónea
para la protección de los derechos e intereses colectivos en la medida en que
impactan en el bienestar general y facultan el logro de los fines sociales del
Estado87 como garantía de protección de los derechos e intereses colectivos, entre
ellos los de seguridad pública, seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
87 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28de octubre de 2010, núm. único de radicación.
190012331000200501449-01, C.P. María Elizabeth García González.
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96. Teniendo en cuenta el artículo 4 del Decreto 4165 de 3 de noviembre de
201188, el cual establece las funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura,
entre las que se encuentran las siguientes:
“[…] 4. Definir metodologías y procedimientos en las etapas de planeación,
preadjudicación, adjudicación, postadjudicación y evaluación de proyectos de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.
[…]
6. Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la
información de carácter predial, ambiental y social requerida para una efectiva
estructuración y gestión de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación
Público Privada a su cargo.
7. Identificar y proponer, como resultado del análisis de viabilidad técnica,
económica, financiera y legal, las modificaciones requeridas a los proyectos de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, con la finalidad
de asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos.
[…]
9. Coordinar y gestionar, directa o indirectamente, la obtención de licencias y
permisos, la negociación y la adquisición de predios y la realización de las acciones
requeridas en el desarrollo de los proyectos de concesión u otras formas de
Asociación Público Privada a su cargo.
[…]
11. Identificar, analizar y valorar los riesgos de los proyectos de concesión u otras
formas de Asociación Público Privada a su cargo e incorporar en todos los contratos
de concesión y sus modificaciones las reglas de distribución de riesgos de forma
que sea explícita la asunción de riesgos de cada una de las partes […]”.
97. A partir de casos similares, esta Sección adoptó el concepto de “derecho al
acceso a la infraestructura pública vial o de transporte terrestre” para referirse al
derecho que abarca la convergencia existente entre las prerrogativas dispuestas
en los literales d), j) y l) del artículo 4° de la Ley 472 en el régimen legal de transporte
público y de infraestructura vial.
98. Específicamente, la Sección Primera del Consejo de Estado utilizó este
concepto en las sentencias de 5 de julio de 201989, 24 de octubre de 201990, 26 de
junio de 202091, 6 de agosto de 202092, 24 de septiembre de 202093, 21 de enero
88 “[…] Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del
Instituto Nacional de Concesiones (INCO) […]”.
89 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2019. Radicación núm.:
150012333000201700192-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
90 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de octubre de 2019. Radicación núm.:
170012333000201700823-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
91 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020. Radicación núm.:
850012333000201800091-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
92 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de agosto de 2020. Radicación núm.:
850012333000201600235-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
93 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020. Radicación núm.:
630013333004201700369-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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de 202194 y 23 de julio de 202195; para estudiar el derecho y el deber correlativo del
Estado que consiste en garantizar el acceso a una infraestructura pública vial o de
transporte terrestre en condiciones de seguridad.
99. Así también, esta Sección96 consideró lo siguiente:
“[…] La infraestructura vial, conforme a la Constitución y a las leyes 105 de
1993 y 769 de 2002[97], además de hacer parte del Sistema Nacional de
Transporte, justamente está diseñada y regulada con el propósito de
garantizar la materialización de los intereses de la colectividad[98]
relacionados con la libre circulación por el territorio nacional, el acceso a los
bienes afectados para el uso y goce público, el acceso y expansión del
comercio, el desarrollo social y económico, y la prosperidad general, entre
otras garantías difusas o supraindividuales.
Bajo esa perspectiva, la Ley 105 consagró el principio de “acceso al
transporte”, según el cual se debe garantizar que el usuario “pueda
transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones
de acceso, comodidad, calidad y seguridad” 99. Aunado a ello, los artículos
19 y 20 de la Ley 105 complementaron cuáles serían las entidades
encargadas de garantizar en favor de los usuarios, las infraestructuras viales
[…]”.
100. Se aclara que las medidas a tomar por las entidades responsables no
obedecen directamente a una razón exclusiva de accidentalidad, sino al
cumplimiento de sus competencias en materia de seguridad vial en los términos de
la normativa aplicable.
101. Teniendo en cuenta lo anterior, no es procedente que el juez ordene la
ejecución de obras sin fundamentación técnica que justifique su construcción y
mucho menos cuando no se han materializado las acciones que se deben adelantar
para garantizar la seguridad vial del sector; en ese sentido, como lo ha considerado
la Sala en sus pronunciamientos “[…] [t]oda construcción de infraestructura debe
estar motivada en aspectos e insumos técnicos, estadísticos, administrativos,
estratégicos, económicos o de planeación que demuestren, con el mayor nivel de
precisión posible, la necesidad y la magnitud de la medida. [En ese orden, se
94 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 2021. Radicación núm.:
850012333000201800145-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
95 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de julio de 2021. Radicación núm.:
130012333000201800715-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
96 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.:
170012333000202200071-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
97 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
98 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2006. Radicación núm.:
250002326000200401092-01(AP). C.P. Martha Sofia Sanz Tobón. Derecho colectivo “es todo aquel que se
halla en cabeza de un grupo social, que es de muchos, pero de nadie en particular, expuesto al agravio o
vulnerado por la acción u omisión de la autoridad, o de los particulares en casos excepcionales, el grupo o
cualquiera de sus miembros en representación legal de todos, está legitimado para reclamar ante el juez
administrativo la protección de los derechos afectados, sin perjuicio de que exista o se acuda a otro medio de
defensa judicial”.
99 Ley 105 de 1993, artículos 2.°, literal e., y 3.° y Ley 769 de 2002, artículos 1°. y 7.°.
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considera] […] inadecuado que el juez de la acción popular adopte una medida
como ordenar la construcción de un ordenador vial sin contar con los fundamentos
que lo justifiquen […]”100.
102. Los estudios para la realización del proyecto de la conectante C1-C2 de la
Concesión Bucaramanga – Pamplona y las demás pruebas del proceso, incluyendo
la no objeción de la interventoría del Contrato de Concesión núm. 002 de 2016, no
determinan con certeza que haya necesidad de realizar estudios técnicos
adicionales o que se haya adoptado la alternativa incorrecta debido a que no se
evidenció el riesgo con relación a los índices de accidentalidad o frente a asuntos
de seguridad vial o el daño a los derechos colectivos incoados en la presente acción
popular.
103. En este punto, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone el artículo
30 de la Ley 472, salvo en aquellos casos en los que, por razones de orden
económico o técnico, no pueda cumplirla, evento en el cual se impartirán órdenes
para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para
proferir una sentencia de mérito.
104. En el presente caso, la Sala no evidenció causal de orden técnico o
económico que impidiera a la parte actora cumplir con la carga que le corresponde
de acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
105. En orden a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 24 de julio de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, por
considerar que no se acreditó la vulneración o amenaza de los derechos e intereses
colectivos en la presente acción popular.
106. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Conclusiones de la Sala
107. En suma, la Sala confirmará en lo demás la sentencia de 24 de julio de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander debido a que no se encontró
demostrada la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos y, en
100 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia del 24 de
septiembre de 2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; NUR 630013333004201700369-01.
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ese sentido, no se demostró que las entidades accionadas hubieran incurrido en
alguna acción u omisión contraria a lo que corresponde de conformidad con sus
competencias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de julio de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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