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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01580-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01580-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019 por el Tribunal de Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2017-01580-01 (2313-2020) Demandante: María Elvinia Báez de Gómez TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-01580-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de agosto de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2017-01580-01 (2313-2020)
Demandante: María Elvinia Báez de Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01580-01 (2313-2020)
Demandante: María Elvinia Báez de Gómez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Temas: Sanción moratoria por ajuste de cesantías definitivas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 7 de noviembre de 2019, proferida por
el Tribunal de Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora María Elvinia Báez de Gómez por intermedio de apoderada y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó que
se declare la nulidad del acto administrativo ficto producto de la no respuesta a la
petición del 17 de julio de 2017 que negó la sanción moratoria por retardo en la
cancelación de las cesantías2.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el pago de la penalidad desde los 65 días posteriores a la solicitud
del auxilio3, ii) el ajuste de la condena por la pérdida del poder adquisitivo, iii) el
cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA y iv) la condena en
costas.

Hechos.

1
Folios 16 a 37 del expediente físico.
2
Dicho así en la demanda.
3
Vista la demanda, la actora considera como fecha de solicitud de las cesantías, la calenda del 24 de febrero de 2015, momento
que correspondió en realidad a la petición de reajuste.

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Radicado: 68001-23-33-000-2017-01580-01 (2313-2020)
Demandante: María Elvinia Báez de Gómez

4. El 24 de febrero de 2015 la señora María Elvinia Báez de Gómez peticionó sus
«cesantías». Solicitud que fue resuelta a través de la Resolución núm. 0408 del 17 de
marzo de 2016 y cancelada el 27 de marzo de 2017, pese a que el plazo de 65 días
para el pago finalizó el 2 de junio de 2015, por lo que transcurrieron 645 días de mora.

5. El 17 de julio de 2017 reclamó la sanción moratoria dispuesta en las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, petición que fue resuelta negativamente a través del acto
ficto demandado.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

6. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 6, 25 y 29 de
la Constitución Política; 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y 4
y 5 de la Ley 1071 de 2006.

7. Al desarrollar el concepto de la violación, referenció la normativa y
jurisprudencia que consideró aplicable, para concluir que le asiste derecho a la sanción
moratoria por retardo en la cancelación de las cesantías.

Contestación de la demanda.

8. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio4, se opuso a las pretensiones y expuso que en
virtud del Decreto 2831 de 2005 se trasladó la función de reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales de los docentes a las entidades territoriales, por lo que carece
de competencia y legitimación en dicho trámite.

9. Señaló que el Fondo es administrado por la Fiduprevisora S.A., por lo que esta
es la entidad que ejecuta el pago de las prestaciones sociales de los maestros
afiliados.

Sentencia de primera instancia.

10. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 7 de noviembre
de 20195, negó las pretensiones de la demanda. Para ello consideró que lo realmente
pretendido es el reconocimiento y pago de una sanción moratoria por la tardanza en
el pago de un ajuste de cesantías definitivas realizado a través de la Resolución núm.
0408 del 17 de marzo de 2016.

4
Folios 55 a 66 del expediente físico.
5
Folios 198 a 102 del expediente físico.

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11. Por lo que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado6, no hay
lugar a la penalidad por dicho retardo, pues esa circunstancia fáctica no está prevista
en la ley.

«El Honorable Consejo de Estado en reiteradas ocasiones ha manifestado que la
sanción moratoria por la inoportuna consignación de cesantías, no procede respecto
de las diferencias de valor de tal prestación que se originen a causa de un incremento
salarial tardío y la consecuente reliquidación de la prestación. [...]

De conformidad con el análisis efectuado, se concluye que la demandante no tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la inoportuna
consignación del valor reconocido por concepto de reajuste de sus cesantías
definitivas.»

Recurso de apelación.

12. El apoderado de la señora María Elvinia Báez de Gómez, inconforme con la
decisión anterior presentó recurso de apelación7, en el cual solicitó se «revoque» la
sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

13. Adujo el recurrente que al ordenarse el reajuste de las cesantías se reconoce
un nuevo valor por el mismo concepto, de manera que cuando exista un reajuste, bien
por haber presentado recursos contra la decisión inicial o una nueva reclamación, lo
reconocido sigue siendo una misma prestación que debe ser pagada de manera
completa, por lo que le asiste el derecho a la penalidad por mora en su cancelación.

14. En el caso que se estudia hubo lugar al reajuste porque no se incluyeron en la
liquidación inicial las cesantías del año 2014 por negligencia de la entidad y no de la
parte demandante, quien tuvo que presentar un nuevo derecho de petición para
obtener el valor total del auxilio.

15. Además, consideró que, si bien contra el acto inicial procedía el recurso de
reposición y no hizo uso del mismo, este medio de impugnación es facultativo para
acceder a la jurisdicción, de tal manera que la resolución de reajuste modificó la
decisión inicial de la administración relativa las cesantías definitivas. En consecuencia,
el acto que reconoce el nuevo valor debe pagarse dentro de los 70 días que se tenían
para ello.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

16. Mediante auto del 10 de diciembre de 20208 se admitió el recurso de apelación.

6
Para ello citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, número interno: 2839-
14, M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
7
Folio 227 del expediente físico.
8
SAMAI. 17001233300020180018101. Índice: 00007.

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17. Dentro de la oportunidad legal, la entidad demandada guardó silencio; la parte
demandante9 reiteró su derecho a la sanción moratoria con fundamento en las normas
invocadas en la demanda y el agente de Ministerio Público10 solicitó confirmar la
providencia, puesto que no hay lugar a la penalidad con ocasión al reajuste de las
cesantías.

18. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

19. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo11.

20. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó el recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

Problema jurídico.

21. Le corresponde a la Subsección determinar si hay lugar a reconocer la sanción
moratoria dispuesta en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, con ocasión al pago
tardío del reajuste posterior de las cesantías definitivas.

22. A fin de dar respuesta al problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Actuación administrativa II) De la naturaleza de las cesantías III) Solicitud de
cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria y IV) Caso concreto.

Actuación administrativa.

23. De conformidad a lo previsto en la primera parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, una de las formas de iniciar la

9 SAMAI. Índice 00014.
10 SAMAI. Índice 00015.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12 En adelante CPACA.

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actuación administrativa, es a través del ejercicio del derecho de petición en interés
particular13, y su objeto es obtener resolución de lo pretendido.

24. Dicha actuación está sujeta a un procedimiento compuesto por unas etapas y
términos preclusivos, el cual finaliza con la expedición de una decisión definitiva, esto
es con un acto administrativo; contra el cual, dentro del término de ejecutoria proceden
los recursos en sede administrativa, prerrogativa que permite la revisión de la
decisión14, adquiriendo firmeza, entre otros «3. Desde el día siguiente al del
vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos,
o se hubiere renunciado expresamente a ellos».15

25. Acto administrativo que se presume legal mientras no haya sido anulado por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 16.

26. De la normatividad citada, aplicada al caso concreto, se desprende que la
petición de cesantías definitivas es una actuación administrativa que inicia a solicitud
de parte. Aunque la administración puede reconocerla de oficio.

27. Actuación que tiene un término especial para su resolución definido en la ley, y
la jurisprudencia, como se advierte seguidamente.

De la naturaleza de las cesantías.

28. Las cesantías conciernen a una prestación social a cargo del empleador, que
constituye un auxilio para el trabajador en caso de quedar cesante.

29. En el ordenamiento jurídico, existen dos sistemas para la liquidación y pago de
las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el anualizado.

30. En el régimen retroactivo, el valor del auxilio está en poder del empleador
durante la vigencia de la relación laboral y se paga con base en el último salario
devengado, conforme a las Leyes 6a de 1945, 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

31. Y en el régimen anualizado previsto en el Decreto 3118 de 1968 y, después, en
la Ley 50 de 1990, las cesantías se liquidan anualmente y deben consignarse a la
Administradora del Fondo de Cesantías, el 14 de febrero de cada año.

13 Artículo 4 CPACA
14
El trámite y decisión para los asuntos no sujetos a régimen especial se encuentra previsto en los artículos 74 a 85 de la misma
codificación.
15
Artículo 87 ibidem.
16
Artículo 88 CPACA

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32. El carácter unitario o periódico de esta prestación, en criterio de la jurisprudencia
de esta Corporación lo define la terminación del vínculo laboral17. En tal sentido, este
órgano ha precisado que mientras subsista la vinculación, la prestación social es
periódica, no obstante, se considera prestación unitaria cuando ha culminado el
vínculo laboral del trabajador con la administración.

Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.

33. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, establece
en su artículo 118 un término de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales para expedir el acto
administrativo de reconocimiento de la prestación. Posterior a ello, la entidad
pagadora tiene un plazo máximo de 45 días hábiles, contados a partir de que quede
en firme el acto, para su cancelación19.

34. La norma en comento también dispone una sanción cuando se incumplen los
términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su cancelación, equivalente
a un «día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas», tal como lo dispone el parágrafo del artículo 220.

35. Esta Sección, en sentencia de unificación CE-SUJ2-01218 del 18 de julio de
2018, sentó jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se
consideró en esa oportunidad que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir
de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437

17
Sentencia del 25 de julio de 2024, núm. Interno: 5466-2019 C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves
18 «Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías,
deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el
inciso primero de este artículo.» (Negrilla fuera de texto)
19 «Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual
quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.» (Negrilla fuera de texto)

20 Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo.
Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este. (Subrayado fuera de texto)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-01580-01 (2313-2020)
Demandante: María Elvinia Báez de Gómez

de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

Caso concreto.

36. Expone la apelante que hay lugar a reconocer la sanción moratoria por el
retardo en la cancelación del reajuste posterior de las cesantías, dado que el acto que
ordenó la reliquidación modifica la decisión inicial y, en consecuencia, solo cuando
este fue cancelado existió un pago completo del auxilio.

37. Desde ya advierte la Sala que no le asiste razón a la recurrente, dado que el
derecho a percibir la penalidad halla su origen en la presentación de la solicitud del
auxilio, a partir de la cual se contabiliza su cancelación tardía de acuerdo con las
hipótesis taxativas previstas en la norma, y no en el reconocimiento de una diferencia
realizada en fecha subsiguiente, producto de una nueva reclamación.

38. La improcedencia de la sanción moratoria producto de una reclamación
posterior de reliquidación o reajuste de cesantías21 es consecuencia de la imposibilidad
de revivir los términos para interponer los recursos en sede administrativa contra el
acto que reconoció el auxilio en forma definitiva, el cual reviste la naturaleza de
prestación unitaria.

39. Y aunque con la Resolución núm. 0408 del 17 de marzo de 201622 se ajustó la
prestación, lo cierto es que la Resolución núm. 0164 del 9 de febrero de 201523 es una
decisión ejecutoriada24 que puso fin a la actuación administrativa respecto del auxilio

21
De la Resolución núm. 0408 del 17 de marzo de 2016 visible en folios 8 y 9 del expediente físico, se extrae que existió
«solicitud de revisión de la prestación reconocida, recibida en esta regional el: 24/02/2015».
22 Folios 8 y 9 del expediente físico.
23
«1. Qué mediante resolución número 0164 de fecha: 09/FEB./2015, se reconoció y ordenó el pago de una CESANTIA
DEFINITIVA a: MARIA ELVINIA BAEZ DE GOMEZ, con C.C.28.379.370, por valor de $18.052.929.00.
2. Qué: MARIA ELVINIA BAEZ DE GOMEZ, fue notificada el 14 de Febrero de 2015, sin que dentro del término legal se hubiere
interpuesto recurso alguno, quedando en consecuencia ejecutoriada la Resolución N° 0164 de fecha: 09/FEB./2015.
3. Qué la entidad Fiduprevisora con fundamento en la Ley 91 de 1989 y Decreto 2831 de 2005 a través de Hoja de Revisión con
radicación: 2015-CES-023897, APROBO el ajuste de la prestación señalando en OBSERVACIONES: "Señores secretaria de
educación se liquida el ajuste a la cesantía definitiva con base en los valores del extracto anexo, el cual reporta para el año 2014,
$1.755.159, y la suma total de los mismos es de $39.165.752. Descontando a este valor pagado por la cesantía definitiva y el de
los anticipos, teniendo en cuenta el valor reintegrado al fondo por $2.163.490.00. El valor a descontar es de $36.936.612.00 (se
reitera que este valor disminuyo debido al valor reintegrado ya mencionado) por lo tanto el valor a reconocer por el ajuste es de
$2.229.140, el cual se debe al reintegro y la diferencia del reporte del año 2014".
4. Qué la prestación se encuentra aprobada y se anexan los siguientes documentos:
Solicitud de revisión de la prestación reconocida, recibida en ésta Regional el: 24/02/15.
Copia de la Resolución N° 0164 de fecha: 09/FEB./2015, por el cual se reconoce el pago de una cesantía definitiva.
Fotocopia del tiempo de servicio, de salarios y reporte de cesantías expedido por la oficina regional del fondo de prestaciones,
dirigido al Dr. Oswaldo Higuera Navia, del cual se anexa.» (Transcrito de la Resolución núm. 0408 del 17 de marzo de 2016.)
24
CPACA. Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según
el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

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Radicado: 68001-23-33-000-2017-01580-01 (2313-2020)
Demandante: María Elvinia Báez de Gómez

definitivo, de modo que, para efectos de la sanción moratoria, contrario a lo señalado
en el recurso, lo cancelado con posterioridad por concepto de reajuste no constituye
un pago parcial de lo otorgado inicialmente25.

40. Asimismo, a diferencia de lo expresado por la apelante la presentación de una
reclamación posterior difiere del evento en el cual, la modificación del valor de las
cesantías es el resultado de la interposición de los recursos contra el acto de
reconocimiento, pues, en este último caso, ambas decisiones constituyen una misma
manifestación de voluntad26.

41. En este escenario, se encuentra acreditado que mediante Resolución núm.
0164 del 9 de febrero de 201527, le fueron reconocidas a la parte actora sus cesantías
definitivas, acto que, se reitera, puso fin a la actuación administrativa y contra el cual
no se interpuso recurso alguno ni se realizaron acciones encaminadas a controvertir
su legalidad.

42. Y es que, la falta de ejercicio de los mecanismos de defensa judiciales oportunos
no puede ser subsanada con una petición posterior que en todo caso fue debidamente
atendida por la parte demandada28.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere
renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.
25
Así lo ha considerado esta Subsección en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencias del
25 de julio de 2025, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, Núm. Interno: 6402-2019, 5466-2019, 5433-2019 y 3888-
2023.

26 «Configuran una unidad jurídica el acto administrativo definitivo que finalizó la actuación administrativa
resolviendo la cuestión de fondo mediante la creación de una situación jurídica y aquel que resolvió el recurso en
su contra, confirmado o reformado la decisión inicial, al conformar el uno y el otro una misma voluntad de la
administración.» (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 20 de junio de 2024, C. P. Luis
Eduardo Mesa Nieves, núm. Interno: 6681-2022)
27 «1. Qué mediante resolución número 0164 de fecha: 09/FEB./2015, se reconoció y ordenó el pago de una

CESANTIA DEFINITIVA a: MARIA ELVINIA BAEZ DE GOMEZ, con C.C.28.379.370, por valor de $18.052.929.00.
2. Qué: MARIA ELVINIA BAEZ DE GOMEZ, fue notificada el 14 de Febrero de 2015, sin que dentro del término
legal se hubiere interpuesto recurso alguno, quedando en consecuencia ejecutoriada la Resolución N° 0164 de
fecha: 09/FEB./2015.
3. Qué la entidad Fiduprevisora con fundamento en la Ley 91 de 1989 y Decreto 2831 de 2005 a través de Hoja de
Revisión con radicación: 2015-CES-023897, APROBO el ajuste de la prestación señalando en OBSERVACIONES:
"Señores secretaria de educación se liquida el ajuste a la cesantía definitiva con base en los valores del extracto
anexo, el cual reporta para el año 2014, $1.755.159, y la suma total de los mismos es de $39.165.752. Descontando
a este valor pagado por la cesantía definitiva y el de los anticipos, teniendo en cuenta el valor reintegrado al fondo
por $2.163.490.00. El valor a descontar es de $36.936.612.00 (se reitera que este valor disminuyo debido al valor
reintegrado ya mencionado) por lo tanto el valor a reconocer por el ajuste es de $2.229.140, el cual se debe al
reintegro y la diferencia del reporte del año 2014".
4. Qué la prestación se encuentra aprobada y se anexan los siguientes documentos:
Solicitud de revisión de la prestación reconocida, recibida en ésta Regional el: 24/02/15.
Copia de la Resolución N° 0164 de fecha: 09/FEB./2015, por el cual se reconoce el pago de una cesantía definitiva.
Fotocopia del tiempo de servicio, de salarios y reporte de cesantías expedido por la oficina regional del fondo de
prestaciones, dirigido al Dr. Oswaldo Higuera Navia, del cual se anexa.» (Transcrito de la Resolución núm. 0408
del 17 de marzo de 2016.)
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de julio de 2025, C. P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, núm. Interno: 3888-2023.

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Radicado: 68001-23-33-000-2017-01580-01 (2313-2020)
Demandante: María Elvinia Báez de Gómez

43. Por lo que corresponde confirmar la sentencia proferida el 7 de noviembre de
2019 por el Tribunal de Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la
demanda.

Condena en costas

44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas a la parte vencida en el proceso.

46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del articulo 188 del CPACA.

47. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019 por el Tribunal
de Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia.

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Demandante: María Elvinia Báez de Gómez

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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