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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00122-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00122-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 7 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Raúl Eduardo Madera Ariza contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Sociales del Magisterio, Municipio de Barrancabermeja y Fiduprevisora S.A., de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. En su lugar se dispone: «Segundo. No condenar en costas.» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Reconocer personería al abogado Alberto Elías González Mebarack identificado con la cédula de ciudadanía 13.745.458 de Bucaramanga y portador de la tarjeta profesional 149.736 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado del municipio de Barrancabermeja, con las facultades y para los fines establecidos en el poder que obra en el índice 50 de SAMAI Tribunal. Quinto. Aceptar renuncia de Alberto Elías González Mebarack, por lo expuesto en la parte motiva. 26 Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023) Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KGO 27

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00122-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza
Demandada: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Sociales
del Magisterio1, Municipio de Barrancabermeja y Fiduprevisora
S.A.

Tema: Incompatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1 En adelante Fomag.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Raúl Eduardo Madera Ariza presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 2018EE1594 del 16 de julio de 2018, mediante el
cual el secretario de educación del municipio de Barrancabermeja [Santander], negó
la solicitud de continuar con el pago de la pensión de jubilación reconocida a través
de la Resolución 1255 del 8 de septiembre de 2015, de forma simultánea con la
pensión de invalidez; y la nulidad parcial de la Resolución 1485 del 8 de septiembre
de 2015, que reconoció la pensión de invalidez pues «tuvo en cuenta como requisito
para reconocer la pensión de invalidez la renuncia a la pensión de jubilación».

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaración de compatibilidad entre las pensiones de jubilación e
invalidez, en consecuencia, reanudar el pago a partir del 11 de marzo de 2013; ii) el
pago de las mesadas atrasadas; iii) el pago de la diferencia entre el valor de la
mesada pensional efectivamente pagada y «la que resulte de reliquidar la prestación a
la fecha de adquisición del estatus de pensional, con la inclusión de las primas de navidad,
vacaciones, alimentación y auxilio de movilización»; iv) la indexación de las sumas que
resultaren; v) el reajuste de las prestaciones conforme con el IPC; vi) el pago de los
intereses moratorios; vii) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del
CPACA; y viii) la condena en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1.Raúl Eduardo Madera Ariza laboró como docente en el municipio de
Barrancabermeja desde el 26 de julio de 1980 hasta el 25 de marzo de 2011, por el
lapso de 20 años.

3.2. A través de la Resolución 1255 del 21 de octubre de 2011 proferida por la
secretaria de educación municipal de Barrancabermeja, se reconoció y ordenó el

2 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 001. ANEXOS Y DEMANDA, visible

a folios 38 a 82.
3 En adelante CPACA.

2

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

pago de la pensión de jubilación, efectiva a partir del 26 de marzo de 2011, en
cuantía de $1.790.712.

3.3. Mediante la Resolución 1485 del 8 de septiembre de 2015 expedida por la
secretaria de educación municipal de Barrancabermeja, se reconoció la pensión de
invalidez, con efectividad a partir del 21 de mayo de 2015, en cuantía de $2.832.068.

3.4. El 19 de junio de 2018 solicitó ante la entidad demandada continuar pagando la
pensión de jubilación de forma simultánea con la prestación de invalidez, la cual fue
negada mediante el Oficio 2018EE1594 del 16 de julio de 2018.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58, 83, 84, 90,
95, 121, 128, 150, 209 y 230 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 1
Ley 71 de 1988; 2 y 15 Ley 91 de 1989; 13, 135.5, 141 y 279 de la Ley 100 de 1993;
Ley 678 de 2001; 4 de la Ley 700 de 2001; 34.1; artículo 35.1 de la Ley 734 de 2002;
Ley 776 de 2002; 16 de la Ley 793 de 2003; Ley 797 de 2003; 81 de la Ley 812 de
2003; 56 de la Ley 962 de 2005; Ley 1151 de 2007; Ley 1122 de 2007; Ley 1250 de
2008; Ley 1450 de 2011; Ley 1512 de 2012; 138 de la Ley 1753 de 2015; Decreto
Ley 3135 de 1968; 36.f del Decreto Ley 2277 de 1979; 206.5 del Decreto Ley 624
de 1989; Decreto Ley 1295 de 1994; Decreto 1848 de 1969; artículo 5.c del Decreto
1919 de 2002; 3.4 del Decreto 2831 de 2005; y Decreto 1655 de 2015.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:

5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, pues
la entidad desconoció el derecho que adquirió con el acto administrativo que
reconoció la pensión de jubilación, el cual se encuentra ejecutoriado.

5.2. Existe compatibilidad entre la pensión de invalidez reconocida y la de jubilación
que fue suspendida, pues cada una tiene origen en diferentes riesgos, además la
primera surgió con ocasión de una enfermedad profesional que debía ser cubierta
por el Sistema de Riesgos Laborales; y la segunda, se causó por el cumplimiento
de los requisitos previstos en la ley en calidad de docente afiliado al Fomag.

5.3. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
proferida el 13 de febrero de 20135, consideró que aun cuando el literal j) del artículo

4 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 001. ANEXOS Y DEMANDA, visible

a folios 59 a 76.

5 Radicación N° 40560, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.

3

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 prohibió
la concurrencia de las pensiones de invalidez y vejez, aquellas prestaciones
periódicas que se causaron por un accidente de trabajo o enfermedad profesional,
son compatibles con la de vejez, esto es las de origen común, en razón a que tienen
fuentes de financiación independientes, pues se cotiza separadamente para cada
riesgo.

5.4. El requisito de renunciar a la pensión de jubilación para acceder a la pensión de
invalidez no está previsto en la Constitución Política ni en la Ley, porque el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 establece la compatibilidad entre las prestaciones; por
lo tanto, con los actos acusados se vulneró su derecho adquirido pues la finalidad
de las prestaciones es diferente, según lo previsto en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia.

5.5. Los docentes afiliados al Fomag fueron exceptuados del Sistema General de
Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993 y solo hasta la expedición
del Decreto 1655 de 2015 se previeron algunos aspectos respecto de la norma
general; en consecuencia, existe compatibilidad entre las asignaciones
provenientes del tesoro público, para los profesores afiliados al Fomag, y no
transgrede lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política.

1.2. Contestación de la demanda

6. Nación, Ministerio de Educación, Fomag, no contestó la demanda6.

7. La Fiduprevisora S.A., no contestó la demanda7.

8. El municipio de Barrancabermeja8 se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

8.1. Los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 establecen que las pensiones de
jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí, por lo tanto, el
empleado podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de
prestaciones.

6 Fue notificada del auto admisorio de la demanda el 3 de abril de 2019, de acuerdo con la constancia

de notificación visible en Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 002. Folios
83 - final, visible a folios 91 a 94.
7 Fue notificada del auto admisorio de la demanda el 3 de abril de 2019, de acuerdo con la constancia

de notificación visible en Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 002. Folios
83 - final, visible a folios 91 a 94.
8 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 002. Folios 83 - final, visible a folios

110 a 119.

4

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

8.2. El demandante desconoce las prohibiciones señaladas en los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, además interpretó de forma errada las normas del régimen
docente; pues si bien el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 establece que los
docentes pueden disfrutar de la pensión de jubilación y continuar con el ejercicio de
la docencia estando exceptuados de la prohibición de recibir doble asignación del
tesoro público; la compatibilidad de la pensión de invalidez y jubilación no existe
pues las normas que regulan el reconocimiento de estas, lo prohíben, por lo tanto,
no es procedente el reconocimiento simultáneo de las pensiones.

8.3. El Consejo de Estado en sentencia del 1° de febrero de 2018 «con radicado
06884»9, precisó que son incompatibles las pensiones de jubilación e invalidez de
origen común o profesional, porque el ordenamiento jurídico lo prohíbe, por lo cual
no pueden ser disfrutadas conjuntamente porque «i) tienen su origen en una misma
relación laboral; ii) están condicionadas a los aportes que la demandante haga a la
seguridad social; iii) su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez tiene
como finalidad cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a
la vejez, la pensión de invalidez también tiene por objeto cubrir la pérdida de la capacidad
laboral, en razón de la invalidez.».

8.4. La interpretación del demandante respecto de la compatibilidad de las pensiones
reclamadas con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
es errada pues el estudio de las situaciones fácticas y las fuentes de financiación
son diferentes de las que realiza el Consejo de Estado que recae en el régimen
pensional de docentes a cargo del Fomag.

8.5. Los actos administrativos demandados fueron expedidos de acuerdo con los
postulados constitucionales y legales, pues no es viable el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación e invalidez de forma simultánea.

8.6. Propuso la excepción de falta de legitimidad por pasiva.

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia proferida el 7 de octubre de
202110 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante,
con sustento en los siguientes argumentos:

9.1. Mediante la Resolución 1255 del 21 de octubre de 2011 se reconoció la pensión
de jubilación al demandante, pues acreditó los requisitos de tiempo de servicio y

9
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez.
10 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 009. 2019-00122-00
Incompatibilidad P. Invalidez-Jubilación.

5

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

edad. Posteriormente, por pérdida de capacidad laboral del 96%, solicitó el
reconocimiento de la pensión de invalidez y renunció a la de jubilación, por resultarle
más favorable. En consecuencia, con la Resolución 1485 del 8 de septiembre de
2015 se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez, efectiva a
partir del 21 de mayo de 2015.

9.2. Los docentes afiliados al Fomag son destinatarios del régimen pensional de los
empleados del orden nacional, en virtud de la exclusión que hizo la Ley 100 de 1993
y por la remisión prevista en las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003. Ahora bien, para
el reconocimiento de la pensión de invalidez, la Secretaría de Educación de
Barrancabermeja aplicó el régimen pensional previsto en los Decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969, los cuales establecen la incompatibilidad entre las pensiones de
invalidez y de jubilación.

9.3. El legislador confirió un tratamiento especial en el ejercicio de la profesión
docente, sin embargo, no existe un régimen especial de pensiones que les permita
percibir las pensiones de invalidez y jubilación de manera simultánea, pues en
materia pensional están sometidos al régimen prestacional de los empleados del
nivel central, que expresamente señaló la referida incompatibilidad pensional.

9.4. Si bien existen excepciones para el sector docente respecto de la prohibición de
erogar dos asignaciones con cargo al tesoro público, que dentro de las salvedades
previstas en el Decreto Ley 1278 de 2002, corresponden a la posibilidad de percibir
pensión gracia y jubilación y la compatibilidad de esta con el salario siempre que el
docente no tenga edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física; no
ocurre lo mismo respecto de la compatibilidad entre las pensiones de invalidez y de
jubilación, puesto que los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y la Ley 100 de
1993 la prohíben expresamente.

9.5. Por lo anterior, no es procedente el pago simultáneo de las pensiones
solicitadas, toda vez que provienen de los aportes a pensiones efectuados al
Sistema General de Seguridad Social y tienen la finalidad de cubrir la pérdida de
capacidad de trabajo. Además, no existe norma que establezca la compatibilidad
entre las pensiones de invalidez y jubilación.

9.6. Por otro lado, el demandante tiene ante la administración la posibilidad de optar
por la pensión que le resulte más favorable económicamente, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 31 y 88 de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969;
sin embargo, es un aspecto que ya fue valorado, toda vez que en la solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez el demandante manifestó que «en razón
a que la segunda opción (pensión por invalidez) de conformidad con el porcentaje de
calificación me otorga un monto pensional de 100% del promedio de último año,

6

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

acogiéndome al principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución
Policita, ACEPTO la pensión de invalidez y en ese orden de ideas le manifiesto que RENUNCIO
A LA PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN del 75%, ME ACOJO A LA PENSI]Ó]N POR INVALIDEZ del
100%».

1.4. El recurso de apelación

10. La parte demandante interpuso recurso de apelación11, el cual sustentó así:

10.1. El tribunal no estudió los derechos adquiridos respecto de la pensión de
jubilación reconocida mediante la Resolución 1255 del 21 de octubre de 2011 y la
excepción legal que autoriza el inciso 1° del artículo 128 de la Constitución Política,
pues solo analizó las normas que regulan la incompatibilidad entre las pensiones.

10.2. El a quo desconoció que el artículo 16 de la Ley 797 de 2003, dispuso que el
régimen pensional de los docentes será regulado por la ley, aunque constituye una
excepción al régimen general por expresa disposición del inciso segundo del artículo
279 de la Ley 100 de 1993, reiterada por el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el
Acto Legislativo 01 de 2005.

10.3. En la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que la compatibilidad
entre asignaciones provenientes del tesoro público, para el caso de los docentes
afiliados al Fomag, no transgrede lo establecido en el artículo 128 de la Constitución
Política.

10.4. El inciso 2° del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 derogó los artículos 31 del
Decreto Ley 3135 de 1968 y 77 y 88 del Decreto 1848 de 1969 respecto de los
docentes «la primera norma mencionada establece de manera amplia la COMPATIBILIDAD
ENTRE ASIGNACIONES PROVENIENTES DEL TESORO PÚBLICO, con carácter especial para este
grupo de servidores públicos. Es decir la sentencia impugnada se fundamenta en normas
derogadas y se muestra rebelde a darle aplicación a la excepción establecida en el artículo
128 de la Carta Política, desarrollado por el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100
de 1993, normas vigentes».

10.5. El Tribunal desconoció que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral12, , según la cual, la pensión de invalidez por causa de
enfermedad profesional es compatible con la prestación de jubilación, por cuanto la
primera proviene de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad
profesional y la segunda se deriva de un riesgo común, es decir, no es consecuencia

11 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 015. 1.APELACIÓN.
12
Sentencia de 13 de febrero de 2013, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, proferida en el proceso con
radicado 40560

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

obligada de la clase de trabajo; además, estas cubren contingencias distintas, tienen
reglamentación diferente, los recursos con que se pagan tienen fuentes de
financiación autónomas; y se cotiza separadamente para cada riesgo.

10.6. La sentencia impugnada se fundamentó en la postura jurisprudencial del
Consejo de Estado, en la cual se establece que las pensiones de jubilación y de
invalidez tienen como objetivo cubrir la pérdida de la capacidad laboral, lo cual no
es cierto porque el docente que adquiere el derecho a la pensión de jubilación no
pierde la capacidad laboral pues puede continuar laborado y percibiendo de manera
simultánea la pensión de jubilación, de conformidad con las excepciones
constitucionales y legales previstas en el artículo 5 del Decreto Ley 224 de 1972;
inciso primero del artículo 128 de la Carta Política y el artículo 279 de la Ley 100 de
1993.

10.7. Los aportes que se efectúan para las contingencias de invalidez y jubilación son
diferentes a los riesgos profesionales y, pese a que en el caso de los docentes
oficiales estos son administrados por la Fiduprevisora, de acuerdo con el artículo
132 de la Ley 100 de 1993, la entidad está obligada a llevar cuentas separadas, por
lo cual es diferente la fuente financiera de las pensiones respecto de los riesgos
profesionales.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

11. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. Se contrae a establecer ¿si la pensión de invalidez que devenga Raúl Eduardo
Madera Ariza es compatible con la de jubilación que pretende en este proceso, en
calidad de docente oficial?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

2.2.1. Sobre la prohibición de percibir doble asignación del erario

14.Desde 1886 se preveía la prohibición de recibir más de una erogación
proveniente del erario, disposición que se mantuvo con la expedición de la
Constitución Política de 1991, en los siguientes términos:

«[…] Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas […]». [Resalta la Sala].

15. Este mandato superior fue desarrollado por la Ley 4ª de 1992 con las siguientes
excepciones: i) las asignaciones percibidas por los profesores universitarios que se
desempeñaran como asesores de la Rama Legislativa, las del personal con
asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública, y aquellas
percibidas por concepto de sustitución pensional; y ii) los honorarios percibidos13
por concepto de sustitución pensional, hora-cátedra, servicios profesionales de
salud, los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia, siempre
que no se trate de más de dos juntas; y iii) las que a la fecha de entrada en vigencia
de la señalada ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados.

16. La Corte Constitucional14 al analizar la constitucionalidad del mencionado artículo
concluyó:

«[…] si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no
lo es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración
de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o
más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación
que provenga del erario público. El término ‹asignación› comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc.

[…]

El artículo 19 de la ley 4 de 1992 que, como se ha repetido a lo largo de esta sentencia,
consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar en forma
simultánea más de un cargo público y por tanto el recibo de más de una asignación que
provenga de las arcas del Estado, guarda perfecta armonía con la finalidad u objetivo
general de la ley a la cual pertenece -4a. de 1992-, pues en ésta se señalan las normas,
objetivos y criterios generales que debe observar el Gobierno Nacional para fijar el

13 «[…] Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8)

horas diarias de trabajo a varias entidades».
14 Sentencia C-133 de 1993

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso
Nacional y Fuerza Pública, como también el régimen prestacional de los trabajadores
oficiales. Y, como es obvio, las ‹asignaciones› tienen íntima relación con el tema salarial
de que trata la norma […]». [Resalta la Sala]

17. Así, en materia pensional, la norma solo excluyó la situación del personal con
asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública, las percibidas
por concepto de sustitución pensional, y las que a la fecha de entrar en vigencia esa
ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados.

2.2.2. Frente a la compatibilidad pensional en materia docente

18. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad
social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag, para lo cual
dispuso:

«[…] Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida
[…]». [Resalta la Sala].

19. La norma anterior, debe leerse en armonía con el propósito del constituyente de
1991 que estableció la prohibición de recibir más de una asignación proveniente del
erario, y que también fue éste el que dispuso la posibilidad de algunas excepciones
a la regla y entregó al legislador su desarrollo, el cual, en el caso de los docentes,
solo previó la posibilidad de que estos percibieran salario y pensión.

20. En efecto, el legislador quiso mantenerles el privilegio de recibir simultáneamente
la pensión de jubilación y el salario a los docentes pensionados; no obstante,
conservó la prohibición de recibir doble pensión, pues, la prerrogativa contenida en
el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 debe ser entendida entre salario y
pensión, mas no entre dos pensiones.

21. Lo anterior, toda vez que el propósito no era otro que el de darle continuidad a
las disposiciones que les permitían a estos servidores recibir más de una
asignación, entre otras, las contenidas en los artículos 5 del Decreto 224 de 1972 y
70 del Decreto 2277 de 1979 según las cuales i) los pensionados docentes podían

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continuar en el ejercicio de su labor, siempre que contaran con la aptitud física y
mental para el efecto y ii) los docentes podían disfrutar de la pensión sin acreditar
el retiro del servicio. Esto se materializó en el artículo 6, inciso 4 de la Ley 60 de
1993 que determinó que el régimen prestacional de los docentes15 sería el previsto
en la Ley 91 de 1989, y que las prestaciones en ellas reconocidas serían
«compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones». La
interpretación que esta Corporación16 ha dado a esta norma es que los docentes a
quienes se les ha reconocido la pensión de jubilación, pueden percibir otra
asignación, siempre que se desempeñen, como tal, hasta su retiro17.

22. Ahora bien, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 permitió la compatibilidad entre
la pensión gracia y «la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a
cargo total o parcial de la Nación». Esta es la única posibilidad que previó esa norma,
la que además precisó que para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de
1981 y para los que se nombren a partir del 1° de enero de 1990, «se reconocerá
sólo una pensión de jubilación».

23. Esta Subsección ha defendido el anterior entendimiento18 al señalar «[…] que la
prohibición de erogar dos asignaciones con cargo al tesoro público tiene excepciones, en
especial para el sector docente, que conforme con las definiciones expresas de ley, y dentro
de las salvedades previstas en el Decreto Ley 1278 de 2002 , corresponden a la posibilidad
de percibir la pensión gracia y la de jubilación, y la compatibilidad de ésta con el salario
siempre que el docente no tenga edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física
[…]», en dicha providencia concluyó que era incompatible la pensión gracia con la
remuneración de docente en un cargo administrativo.

24. En igual sentido, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado19 ha concluido que «[…] los docentes vinculados hasta antes de la vigencia del
Decreto 1278 de 2002 están exceptuados de la prohibición de recibir doble asignación del
tesoro público, en tanto que el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad

15 Los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las plantas departamentales o

distritales sin solución de continuidad.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de septiembre de 2011,

radicación 68001-23-15-000-2002-02200-01 (1803-2008), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Al
respecto, sostuvo: «la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre las prestaciones
pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la actividad docente. Dicho en otros
términos, mantuvo la posibilidad de que los docentes a los cuales se les ha reconocido una
pensión puedan, disfrutar de dicha prestación y, continuar laborado hasta su retiro
definitivo». [Resalta la Sala].
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2021, radicado

05001 23 33 000 2013 01857 01 (4381-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de agosto

de 2017, radicación: 25000 23 42 000 2013 06968 01, (1990-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2018,

radicación: 05001 23 33 000 2014 00357 01, número interno: 5041-16, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández; tal postura también se plasmó en sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 25000
23 42 000 2014 02117 01, número interno: 1667-15, con igual ponente.

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entre las prestaciones pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la
actividad docente […]».

25. Lo expuesto, encuentra respaldo en la exposición de motivos de la Ley 60 de
1993 que pretendió «[…] mantener las condiciones de la carrera docente y de las
remuneraciones de los docentes»20. En igual sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

«[…]
No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.

[…]

La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido […]» [Resalta la
Sala].

26. De acuerdo con el análisis anterior, las disposiciones del artículo 279 de la Ley
100 de 1993, que excluyen del sistema general de pensiones a los docentes
afiliados al Fomag, deben acompasarse con todo el sistema normativo dispuesto
para los docentes y en tal sentido, interpretarse bajo la consideración de que i) no
desarrolla las excepciones a las que alude el artículo 128 de la Constitución Política
y, por lo tanto, no puede considerarse como una nueva prerrogativa distinta a la
regla de prohibición de percibir más de dos asignaciones provenientes del erario; y
ii) la posibilidad entonces que tienen los docentes es la de recibir una pensión y la
remuneración por sus servicios en tal labor.

20 Gaceta del Congreso 206 del 17 de junio de 1993, página 3. Se advierte que en el texto introducido

en la sesión que se refleja en esta gaceta, se incluyó lo siguiente «El régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones […]»

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2.2.3. Del sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

27. Con el propósito de desarrollar el derecho a la seguridad social previsto en el
artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el legislador por medio de la Ley 100
de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo a
la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte.
Este ambicioso sistema, entre otras, pretendió desarrollar los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad en materia pensional.
Además, procuró resolver el «[…] crecimiento incontrolable del correspondiente gasto
público, y aun mayor aumento de un pasivo escondido […]», toda vez que el «[…] pago
de pensiones en el sector público se realiza[ba] con cargo a los presupuestos
nacional y territorial, o a los recursos de las entidades, sin contribución de los
trabajadores, ni con rendimiento de inversiones de reservas […]»21.

28. Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la aludida
incompatibilidad, esta Sala recuerda que dicho sistema, entre otras, fue creado para
cubrir las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del
reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la ley, así como
propender por la ampliación de cobertura a la población no cubierta con un sistema
de pensiones22.

29. En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema que
impone políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin desproteger
los riesgos que ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca la necesidad
de su protección. En tal sentido, la regla del sistema es la incompatibilidad entre
pensiones que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
señalado lo siguiente23:

«[…] Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con
tiempos prestados a empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya
contaba con una pensión de jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que
como ambas tenían idéntica naturaleza y además preservaban el mismo riesgo, no
era viable cargar al sistema con esa condena.

Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador de
segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que
bajo la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de vejez,
independientemente del origen de los servicios prestados.

21 Exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, Gaceta 087 de 1992.
22 Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL536-2018 del 28 de febrero

de 2018, radicado 48880, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.

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[…]

En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado,
esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones
de las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad, cuando
provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo contrario se
entenderá que es inviable […]». [Resalta la Sala].

30. En ese orden, el sistema pensional no permitió que se accediera a una segunda
prestación que cubriera el riesgo que ya había sido amparado, por lo que resultaba
intrascendente su origen como sí su finalidad, esto es proporcionarle al
extrabajador que cumple con los requisitos, lo necesario para su subsistencia. En
igual sentido lo ha considerado esta corporación, al señalar que «[…] al entrar en
vigor [la Ley 100] esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon
constitucional precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos prestaciones
destinadas a contener el mismo riesgo de vejez […]»24.

31. Sin embargo, como se expuso en el acápite precedente, dentro de los
denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley 100 de 1993,
estaban los afiliados al Fomag, quienes ya contaban con normativa propia que fijaba
los requisitos que los trabajadores beneficiarios debían cumplir para obtener la
pensión y reglan sus distintas modalidades de pensión.

32. Es así como la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio» regulaba el régimen prestacional de los docentes oficiales con
el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo que
el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidieran en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

33. En materia pensional, el citado artículo 15.3.b), dispuso que i) a los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional
que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las normas
vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales
y nacionalizados, tenían derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen
general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los

24Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
sentencia del 1.º de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P.
William Hernández Gómez.

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artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

2.2.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

34. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).

35. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200325, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«[…] Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
[…]».

36. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201926, precisó:

25 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
26 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

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«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».

37. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por
lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de
la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta
pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que

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están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del
1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de
enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicio: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». [Se resalta]

38. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años27. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».

39. Así las cosas, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.º del Acto legislativo 1 de
2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de si la
fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812
del 2003, comoquiera que aquellos vinculados al servicio educativo antes del 27 de
junio de 2003 estarían sujetos por disposición de la Ley 91 de 1989 a las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional; a diferencia
quienes ingresaron con posterioridad, quienes estarían amparados por el régimen

27 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.

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de prima media descrito en la citada Ley 100 de 1993.

2.2.5. Sobre la pensión de invalidez y su incompatibilidad con la de jubilación
en el sector docente oficial

40. En consonancia con lo anterior, los docentes vinculados antes de la vigencia de
la Ley 812 de 2003 conservarían la normativa que los regía según lo establecido en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1985.

41. El Decreto 3135 de 1968, estableció tres prestaciones destinadas a amparar al
trabajador retirado definitivamente del servicio: invalidez, jubilación y vejez, las
cuales, de acuerdo con su artículo 29, no pueden ser concurrentes sino alternativas,
esto es, que solo puede devengarse una de ellas a la vez, como lo determina
expresamente su artículo 31:

«[…] Artículo 31: Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son
incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable
cuando haya concurrencia de ellas.» [Se resalta]

42. En igual sentido, el Decreto 1848 de 1969 reglamentario del anterior, en el
artículo 88 previó que «[l]as pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son
incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará
por la que más le convenga económicamente […]».

43. En lo referente a los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, el régimen aplicable en cuanto a la pensión de invalidez es el
previsto en la Ley 100 de 1993, que en su artículo 38 indicó que esta prestación
está dirigida a cubrir la contingencia de la pérdida de la capacidad laboral en un
50% o más y, al igual que el régimen explicado en párrafos anteriores, también
estipuló la prohibición de recibir simultáneamente la pensión de invalidez y la de
vejez en su artículo 13.

44. Por consiguiente, de acuerdo con las normas precitadas, tanto para los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 como para los que se
vincularon a partir de ella, la pensión de invalidez es incompatible con la pensión de
jubilación, de tal forma que no se pueden devengar las dos simultáneamente. Así lo
ha reconocido esta Sección28 de manera reiterada con sustento en las razones que

28 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. De la Subsección A,

sentencias del 3 de agosto de 2023, rad. 25000 23 42 000 2014 03053 01 (1608-2019); del 16 de
junio de 2022, rad. 25000 23 42 000 2017 06061 01 (2684-2021); del 8 de abril de 2021, rad. 20001-
23-33-000-2016-00164-01(4785-17); del 9 de julio de 2020, rad. 25000-23-42-000-2014-02537-
01(3048-17); del 30 de enero de 2020, rad. 25000-23-42-000-2013-01834-01(1499-14); y del 28 de
febrero de 2020, rad. 25000-23-42-000-2013-06203-01(0897-17). De la Subsección B, sentencias

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se concretan a continuación:

«1.- Tienen su origen en una misma relación laboral;

2.- Están condicionadas a los aportes que la demandante realice al Sistema General de
Seguridad Social;

3.- Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez o jubilación tiene
como objeto cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a
la vejez, la pensión de invalidez se encamina a cubrir la pérdida de la capacidad laboral
pero ya en razón de la invalidez, es decir cumplen la misma función protectora para
permitir la subsistencia de la persona sea por su condición de vejez o invalidez.»29

45. En este orden de ideas, se concluye que cuando una persona percibe una
pensión sea de invalidez o jubilación en razón de los aportes efectuados, es
improcedente que devengue la otra simultáneamente, pues son incompatibles en la
medida que reconocen dos prestaciones a cargo del erario, en tanto el Fomag es el
patrimonio autónomo de la nación y cubren una misma prestación.

2.3. Caso concreto

46. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

46.1. Raúl Eduardo Madera Ariza nació el 25 de marzo de 195630 y laboró como
docente en el municipio de Barrancabermeja [Santander] desde el 17 de julio de
1980 hasta el 21 de mayo de 201531.

46.2. De acuerdo con los actos administrativos de reconocimiento de la pensión de
jubilación y de retiro del servicio, el fondo de previsión en el cual el demandante
efectuó los aportes fue el Fomag32.

46.3. Con la Resolución 1255 del 21 de octubre de 201133 expedida por la secretaria
de educación municipal de Barrancabermeja, se le reconoció la pensión de
jubilación en cuantía de $1.790.712, efectiva a partir del 26 de marzo de 2011, por

del 6 de julio de 2023, rad. 68001-23-33-000-2018-00613-01 (316-2023); del 7 de diciembre de 2021,
rad. 25000-23-42-000-2013-06924-01 (2986-2019); y del 27 de febrero de 2020, rad. 25000-23-42-
000-2013-05778-01(2380-14).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019,

radicación: 25000-23-42-000-2014-00169-01 (1009-2018), actor: Aura Suanir Mena.
30 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 001. ANEXOS Y DEMANDA,

visible a folios 2 y 3 en la cédula de ciudadanía y el Registro Civil de Nacimiento.
31 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 001. ANEXOS Y DEMANDA,

visible a folios 4 a 6 en el certificado de historia laboral expedido por el Fomag.
32 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 001. ANEXOS Y DEMANDA,

visible a folios 11 a 13.
33 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 001. ANEXOS Y DEMANDA,

visible a folios 11 y 12.

19

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

sus servicios prestados como docente con vinculación nacional.

46.4. Dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral y determinación de
invalidez34 del demandante, proferido el 17 de mayo de 2015 por la «UT ORIENTE
REGION 5», en el cual se determinó la pérdida de capacidad laboral del 96%.

46.5. Mediante la Resolución 0733 del 21 de mayo de 201535 suscrita por la secretaria
de educación municipal de Barrancabermeja, fue retirado del servicio docente a
partir del 21 de mayo de 2015, toda vez que se le determinó una pérdida de
capacidad laboral del 96% de origen profesional.

46.6. Oficio del 25 de mayo de 201536 dirigido a la Secretaría de Educación Municipal
de Barrancabermeja, en el cual el demandante manifestó que «renuncio a la pensión
ordinaria de jubilación del 75%, me acojo a la pensión por invalides del 100% y en
consecuencia le solicito respetuosamente se sirva ordenar a quien corresponda radique y
trámite ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.a.
la pensión por invalidez.».

46.7. A través de la Resolución 1485 del 8 de septiembre de 201537 expedida por la
secretaria de educación municipal de Barrancabermeja, se le reconoció la pensión
de invalidez equivalente al 100% del salario devengado al momento de presentarse
la invalidez, en cuantía de $2.832.068, efectiva a partir del 21 de mayo de 2015. En
el acto administrativo se precisó «[…] que mediante oficio radicado bajo el No. 6045 del
14-07-2015 con fecha 25-05-2015 el docente RAÚL EDUARDO MADERA ARIZA, desiste de la
pensión de jubilación y solicita se haga efectiva a partir de la aprobación de la pensión de
invalidez. […]». Como disposiciones aplicables señaló los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969, las Leyes 6 de 1945, 33 de 1985, 71 de 1988, y 91 de 1989.

46.8.El 16 de agosto de 201838, Raúl Eduardo Madera Ariza solicitó ante la
Secretaría de Educación de Barrancabermeja, por ser compatibles las prestaciones,
continuar pagando la pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución 1255
del 21 de octubre de 2011, y pagar de formar simultánea con la pensión de invalidez

34
Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, carpeta 02.1. Folio 120 Archivos CD
Antecedentes Administrativos, pdf Expediente pensión invalidez Raul Eduardo Madera Eriza, visible
a folios 3 a 6.
35 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 001. ANEXOS Y DEMANDA,

visible a folio 13.
36 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, carpeta 02.1. Folio 120 Archivos CD

Antecedentes Administrativos, pdf Expediente pensión invalidez Raul Eduardo Madera Eriza, visible
a folios 18 y 19.
37 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 001. ANEXOS Y DEMANDA,

visible a folios 14 y 15
38 Samai Tribunal, índice 50, EXPEDIENTE(.zip) NroActua 50, pdf 001. ANEXOS Y DEMANDA,

visible a folios 19 a 34.

20

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

reconocida a través de la Resolución 1485 del 8 de septiembre de 2015.

46.9. Por medio del Oficio 2018EE1594 del 16 de julio de 2018 suscrito por el
secretario de educación municipal de Barrancabermeja, se precisó que es
improcedente la solicitud de acuerdo con la ley y la jurisprudencia del Consejo de
Estado39, porque es incompatible devengar de forma simultánea las pensiones de
jubilación e invalidez, en los siguientes términos:

«[…] En cuanto a su específica petición de continuar pagando simultáneamente, tanto la
Pensión de Jubilación, reconocida mediante la Resolución No 1255 del 21 de octubre de
2011 y la Pensión de Invalidez, otorgada mediante la Resolución No. 1485 del 08 de
2015.

Cabe precisar que para el caso de la doble percepción de las pensiones que nos ocupa,
la ley establece una incompatibilidad clara y precisa, en el Decreto 3135 de 1968,
aclarado por el art. 1, Decreto Nacional 3193 de 1968 reglamentado por el Decreto
Nacional 1848 de 1969, el cual, en su tenor literal nos dice:

Artículo 31. Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles
entre s[í]. El empleado o trabajador podrá optar por lo más favorable cuando haya
concurrencia de ellas.

Igualmente, en este mismo sentido, el Decreto Nacional 1848 de 1969, el cual
reglamenta el Decreto 3135 antes citado, mantuvo la incompatibilidad en el pago de las
dos pensiones que aquí nos ocupa, en la siguiente forma:

Artículo 88. Incompatibilidad. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez son
Incompatibles entre si. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario
optará por lo que más le convenga económicamente.

Sobre el particular de la percepción de las pensiones precedentes señaladas, el Consejo
de Estado en reciente pronunciamiento sentó su jurisprudencia al respecto,
la cual expresó:

[…]

En este sentido, la decisión de la administración de negarle al actor el reconocimiento
de la pensión de jubilación por ser incompatible con la de invalidez que ya tiene
reconocida, en manera alguna desconoce sus derechos adquiridos, puesto que ninguna
disposición permite el goce de ambas prestaciones. Por tanto, como lo ha señalado esta
Corporación en reiterada jurisprudencia, el demandante tiene ante la administración la
posibilidad de optar por la pensión que le resulte más favorable económicamente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 88 de los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969 respectivamente. […] Conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo
de Estado y con base en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, aplicables al
demandante por haberse vinculado antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, las
pensiones de invalidez y jubilación son incompatibles por cuanto se trata de prestaciones
ordinarias que provienen de la misma causa y se encuentran a cargo de la misma

39 Sentencia del 1° de febrero de 2018, proferida en el expediente con radicado 25000-23-42-000-

2013-06884-01 [3857-2014], C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

21

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

entidad.

[…]».

2.4. Análisis sustancial

47. El Tribunal Administrativo de Santander, negó las pretensiones de la demanda
porque los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y la Ley 100 de 1993, establecen
una prohibición de devengar de forma simultánea las pensiones de invalidez y de
jubilación; además, no existe norma que establezca expresamente la compatibilidad
entre estas prestaciones.

48. El demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que el origen
de las pensiones de jubilación e invalidez y su fuente de financiación son diferentes,
por la cual tiene derecho a percibirlas de forma simultánea.

49. Como se advirtió en precedencia, los afiliados al Fomag son destinatarios de la
normatividad pensional de los empleados del orden nacional, en virtud de la
exclusión del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y por la remisión prevista en las
Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.

50. Ahora bien, el demandante ingresó al servicio como docente nacional el 16 de
julio de 1980, esto es con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, razón por la cual el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 33 de
1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, en virtud de los cuales se
reconoció la pensión de invalidez por medio de la Resolución 1485 del 8 de
septiembre de 2015, y en la que se precisó que Raúl Eduardo Madera Ariza desistió
de la pensión de jubilación.

51. Es preciso señalar que ambas prestaciones tienen igual finalidad, esto es,
garantizar la subsistencia de la persona cuando pierde la capacidad laboral, lo cual
puede ocurrir por haber llegado a la vejez [jubilación] o porque se generó una
situación de invalidez; de modo que es improcedente devengar dos prestaciones
que tiene idéntico objeto y que serían pagadas en ambos casos por una sola
entidad, esta es, el Fomag.

Ahora bien, el apelante reprochó la decisión de primera instancia, por cuanto, esta
se fundamentó en los artículos 31 del Decreto Ley 3135 de 1968 y 77 y 88 del
Decreto 1848 de 1969, disposiciones «que fueron derogadas» respecto de los
docentes por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, puesto que, esta última
estableció «de manera amplia la COMPATIBILIDAD ENTRE ASIGNACIONES PROVENIENTES DEL

22

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

TESORO PÚBLICO, con carácter especial para este grupo de servidores públicos».

En relación con lo anterior, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial
de esta providencia, de acuerdo con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los
afiliados al Fomag fueron excluidos del sistema integral de seguridad social
contenido en esta norma, lo que conllevó a que para este grupo se extendiera la
vigencia de las normas que contenían el régimen pensional de los servidores
públicos del orden nacional, esto es, de las disposiciones contenidas, entre otros,
en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 que definió y unificó el régimen
laboral de los educadores oficiales.

Así las cosas, contrario a lo expuesto en el recurso de apelación, el a quo
fundamentó la decisión en normas que se encuentran vigentes para los docentes
que son beneficiarios del régimen de transición de la Ley 812 de 2003, como es el
caso de Raúl Eduardo Madera Ariza.

De otra parte, se precisa que el inciso 2° del artículo 279 según el cual, las
«prestaciones [de los afiliados al Fomag] […] serán compatibles con pensiones o cualquier
clase de remuneración» debe leerse en armonía con el propósito del constituyente de
1991 que estableció la prohibición de recibir más de una asignación proveniente del
erario y la posibilidad de que el legislador estableciera algunas excepciones a la
regla, que para el caso de los docentes, solo previó la posibilidad de que estos
percibieran salario y pensión. Es decir, debe entenderse que esta prerrogativa se
limita a la compatibilidad entre salario y pensión, más no entre dos pensiones40.

54. En este orden de ideas, contrario a lo señalado en el recurso de apelación, el
acto demandado por el cual se negó continuar pagando la pensión de jubilación no
desconoció sus derechos adquiridos ni principios de orden constitucional, puesto
que ninguna de las disposiciones prestacionales aquí analizadas le permite el goce
de ambas, además no existe conflicto de normas aplicables a su situación, que solo
está prevista por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, en materia de
invalidez, máxime cuando le facultaron para escoger cuál de esas pensiones le era
más favorable.

57. Contrario a la posición de la Corte Suprema de Justicia, esta Corporación 41 ha
señalado que los supuestos fácticos y jurídicos son distintos, en la medida en que

40
Con excepción de la pensión gracia que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
«será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total
o parcial de la Nación»
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia de 21 de julio de 2016, número interno 1793-2015 ii) Consejo de Estado, Sala de lo

23

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

las pensiones pretendidas en el presente asunto ocurren de una misma causa, esto
es, los aportes efectuados por el demandante al Fomag según lo previsto en el
artículo 8 de la Ley 91 de 1989; y tienen la misma finalidad, es decir la cobertura de
contingencia por la pérdida de capacidad de trabajo, ya sea por la vejez o por
invalidez.

58. Aunado a lo anterior, las referidas pensiones se encuentran a cargo del Fomag,
y de acuerdo con el artículo 128 de la Constitución Política y los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, está prohibido el reconocimiento simultáneo entre las
pensiones de invalidez y jubilación tratándose de empleados públicos como los
docentes. Además, no existe norma que establezca expresamente la compatibilidad
entre las prestaciones

59. En tal sentido, Raúl Eduardo Madera Ariza no tiene derecho a percibir las
pensiones de invalidez y jubilación de forma simultánea. En consecuencia, la Sala
confirmará la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

2.6. Costas

60. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

61. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

62. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016,
número interno: 2415-2013.

24

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.42

63. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

64. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada y revocará la decisión de primera instancia en tanto condenó en costas
a la parte demandante, pues no se observa que hubiese realizado análisis de
temeridad o mala fe.

3. Reconocimiento personería y renuncia al poder

65. Se reconocerá personería al abogado Alberto Elías González Mebarack
identificado con la cédula de ciudadanía 13.745.458 de Bucaramanga y portador de
la tarjeta profesional 149.736 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderado del municipio de Barrancabermeja, con las facultades y para los
fines establecidos en el poder que obra en el índice 50 de SAMAI Tribunal, archivo
denominado «04. RADICACIÓN PODER-SOLICITUD EXPEDIENTE».

66. Alberto Elías González Mebarack identificado con la cédula de ciudadanía
13.745.458 de Bucaramanga y portador de la tarjeta profesional 149.736 del
Consejo Superior de la Judicatura, presentó memorial43 en el cual manifestó su
renuncia al poder otorgado, en atención a la terminación del contrato de prestación
de servicios, y aportó la comunicación realizada a la entidad.

67. En tal sentido, se aceptará la renuncia del poder presentada por el abogado
Alberto Elías González Mebarack, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74
y 76 del CGP.

4. Conclusión

68. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que de conformidad con el

42
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
43
Samai, índice 8.

25

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

artículo 128 de la Constitución Política y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
normativa aplicable a los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, existe incompatibilidad
entre las pensiones de jubilación e invalidez toda vez que cumplen con la misma
finalidad de proporcionar a la persona lo necesario para subsistir debido a la pérdida
de capacidad laboral, y se encuentran a cargo del Fomag.

69. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 7 de octubre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas al demandante.

70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 7 de octubre de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Raúl Eduardo Madera Ariza contra la Nación, Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Sociales del Magisterio, Municipio de
Barrancabermeja y Fiduprevisora S.A., de acuerdo con lo expuesto en esta
providencia.

En su lugar se dispone:

«Segundo. No condenar en costas.»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021
por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Reconocer personería al abogado Alberto Elías González Mebarack
identificado con la cédula de ciudadanía 13.745.458 de Bucaramanga y portador de
la tarjeta profesional 149.736 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderado del municipio de Barrancabermeja, con las facultades y para los
fines establecidos en el poder que obra en el índice 50 de SAMAI Tribunal.

Quinto. Aceptar renuncia de Alberto Elías González Mebarack, por lo expuesto en
la parte motiva.

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00122-01 (2234-2023)
Demandante: Raúl Eduardo Madera Ariza

Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.

Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

KGO

27

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