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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06061-01

Fecha
16 de junio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06061-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 29 de enero de 2021 , proferida por la Sección Segunda, Subsección E d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovid o por JIMENO A NTONIO SAAVEDRA VICENTES www.consejodeestado.gov.co 24 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000 23 42 000 2017 06061 01 (2684-2021) Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes contra la NACIÓN -MI NISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIA LES DEL MAGISTERIO y DISTRITO DE BOGOTÁ - SECRETARIA DE EDUCACIÓ N, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia , de conformidad con las razones expuestas. TERCERO. Efect uar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial del Con sejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolve r el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-06061-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

16 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022).

Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho.
Radicación: 25000 23 42 000 2017 06061 01 (2684-2021)
Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 1
y Dist rito de Bogotá - Secretaría de Educación .

Tema: Incompatibilidad entre pensión de jubilación y
pensión de invalidez docente . Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 29 de enero de 2021 , proferida por la
Sección Segunda, Subsección E d el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

El señor Jimeno Antonio Saavedra Vicentes , en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, formuló en síntesis las
siguientes:

1 En adelante FOMAG
2 Expediente digital obrante a índice 2 en SAMAI.
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en adelante CPACA.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 06061 01 (2684-2021)
Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

1.1. Pretensiones

La nulidad de la Resolución 3100 del 27 de abril de 2017, por
medio de la cual , el FOMAG, negó el reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó: (i) decla rar la compatibilidad de la pensión de
jubilación y la pensión de invalidez ; (ii) reconocer y pagar una
pensión de invalid ez con el 75% del promedio del último salario
devengado , efectiva a partir del 1 de agosto de 2016; (iii) pagar las
mesadas causadas, hasta que sea incluido en nómina; (iv) ajustar
las sumas reconocidas y adeudadas con base en lo dispuesto en
los artículos 187 y 193 del CPACA y, (v) dar cumplimiento a la
sentencia.

1.2. Fundamentos fácticos

El demandante relató que ( i) nació el 17 de julio de 1951 ; (ii); laboró
como docente al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá
desde el 17 de abril de 1974 hasta e l 19 de agosto de 2016; (iii)
mediante la Resolución 5492 del 26 de diciembre de 2006 , el
FOMAG reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación , y
fue ajustada mediante la Resolución 1008 del 6 de octubre de 2016;
(iv) a través de la Resolución 5198 del 1 de agosto de 2016, emitida
por la Secretaría de Educación de Bogotá, fue retira do del servicio
por invalidez, tod a vez que le fue determinada pérdida de la
capacidad laboral del 85% , catalogad a como enfermedad
profesional; (v) el FOMAG solicitó al a ccionante optar por la pensión
de jubilación ya re conocida o la de invalidez a lo que contestó, que
no autorizaba el dejar sin efectos la pensión de jubilación; (vi) el
16 de febrero de 2017 , presentó solicitud de reconocimiento y pago
de pensión de invalidez; ( vii) mediante la Resolución 3100 del 27
de abril de 2017, el FOMAG negó la petic ión argumentando
incompatibilidad entre la pensión de jubilación y la de invalidez.

1.3. Normas violadas y concepto de violación 4

4 Folios 9-15.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 06061 01 (2684-2021)
Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

El accionante invocó como disposiciones vulneradas las siguientes:
preámbulo y los artículos 2, 5, 6, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política ; 10 del Có digo C ivil; leyes 6 de 1945 , 33 y 62 de 1985, 91
de 1989, 100 de 1993, 776 de 2002 y 1562 de 2012; d ecreto s 614
de 1988, 1295 de 1994 y 1655 de 2015 .

Al desarrollar e l concepto de la violación indicó que tiene derecho
al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, toda vez que
fue otorgada con ocasión de la pérdida de capacidad laboral , como
consecuencia de una enfermedad de origen profesional que debe
ser cubierta por e l sistema de riesg os laborales y, po r lo tanto,
compatible con la pen sión de jubilación ya reconocida —por haber
cumplido con los requisitos establecidos en las leyes 3 3 de 1985 y
91 de 1989 -. Lo anterior, teniendo en cuenta que ambas tienen
origen en diferentes riesgos y así deben ser cubiertos .

Se mostró en desacuerdo c on el trato dado a los docentes respecto
de los afiliados al régimen general . Adujo que la Corte Suprema ha
indicado que un afiliado tiene derecho a percibir una pensión de
invalidez otorgado por el sistema de riesgos laboral cu ando tiene
su origen en un a ccidente o enfermedad laboral, y una pensión de
invalidez cuando su origen sea común , con ocasión de la excepción
de que trata el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 . Por su parte , los
docentes oficiales afiliados al F OMAG no gozan del mismo
tratamiento y cobertura , pues el artículo 7 de la Se cción 8 del
Decreto 1655 de 2015, señala que los docentes al verse afectados
por un accidente o una enfermedad de origen laboral, y cumpliendo
con los requisitos para acceder a una pen sión de vejez , deberán
optar por aquella que resulte más beneficiosa a sus intereses .

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 5

2.1 La Nación- Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , no contestó la

5 Expediente digital obrante a índice 2 en SAMAI.

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Radicación: 25000 23 42 000 2017 06061 01 (2684-2021)
Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

demanda según consta en el informe secretaria l de 13 de julio de
2018 6.

2.2 El Distrito de Bogotá 7 - Secretarí a de Educación se opuso a la
prosperidad de la s pretensiones por carecer de fundamentos de
hecho y de derecho.

Adujo que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva
y que corresponde es al FOMAG y a la Fiduprevisora como
administradora de la cuenta especial .

Señaló que resulta incompatible percibir dos pensiones del mismo
nivel por cumplir la misma finalidad o propósito, por lo que debe
escoger la que le resulte más favorable , que en este caso
corresponde a la de invalidez en la medida en que el porcentaje de
pérdida de capacidad laboral corresponde al 85%, en tanto que la
pensión de jubilación se liquida sobre el 75% del promedio d e
salarios devengados en el último año.

Propuso las excepciones de: (i) falta de legitim ación en la causa
por pasiva; (ii) leg alidad de los actos acusados (iii) prescripción y,
(iv) la genérica o innominada.

3. AUDIENCI A INI CIAL 8

El 10 de septiembre de 2019 , se llevó a cabo la audiencia inicial
por parte de la Sección Segunda, Subsección E d el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca , la cual encontró que (i) no existe
ninguna irregularidad que deba subsanarse o que genere nulidad;
(ii) declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la Secretaría de Educación de Bogotá y (iii) delimitó el
problema jurídico, en los s iguientes términos:

6 Ibidem

7 Ibidem

8 Expediente digital obrante a índice 2 en SAMAI.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 06061 01 (2684-2021)
Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

« Se t r at a de det erm inar si el señor Jim eno Ant onio Saa vedr a
Vicent es t iene der echo a que le sea r econocida y pagad a la
pensión de inval idez por par t e del FO M AG por haber cum plido con
los r equis it os legal e s de edad y t iem po par a su ot or gam ient o ( sic) ,
en com pat ibil idad c on la pensi ón de j ubilac ión que act ua l m ent e
devenga . »

4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 9

La Sección Segunda, Subsección E d el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 29 de enero de 2021, negó las
pretensiones de la demanda con sustento en las siguientes razones:

(i) Atendiendo a la fecha de vinculación del demandante –1 de abril
de 1974–, lo cobija el régimen pensional contenido en las Leyes 33
y 62 de 1985, y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 que
establecen expresa mente la incompatibilidad entre la pensión de
invalidez y la de jubilación , y ello obedece a que ambas pensiones
cumplen con la misma finalidad, esto es, cubrir la pérdida de
capacidad de trabajo, ya sea por edad o por invalidez.

(ii) Ambas pensiones tie nen origen común en la misma relación
laboral del demandante con el FOMAG y se encuentran a cargo de
esta entidad, condicionadas a los aportes que hizo el demandante
a la seguridad social.

(iii) Atendiendo que a l demandante le fue reconocida por parte de
la entidad demandada una pensión de jubilación, no le asiste
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, por
expresa prohibició n legal. Sin embargo, sí puede optar por alguna
de ellas, la que le sea más favorable económicamente .

(iv) Condenó en costas a la parte demandante al haber resultado
vencida.

9 Expediente digital obrante a índice 2 en SAMAI.

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Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

5. RECURSO DE APELACIÓN 10

La parte demandante solicitó revo car la decisión del a quo y
acceder a las pretensiones de la demanda, en los siguientes
términos:

(i) Reiteró su inconformidad con la interpretación restrictiva que
para el caso de los docentes se ha dado respecto de la
compatibilidad entre las pensiones de jubilación y la de invalidez –
cuando ésta última es de origen profesional –, pues ello resulta de
un vacío normativo que no desarrolló en su momento la Ley 91 de
1989 y se remite a lo dispuesto en normas derogadas –Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969 –, generando una clara de sventaja en
comparación con los demás trabajadores tanto del sector público
como del privado.

(ii) Respecto a l argumento de que las pensiones que se reclaman
se originan en una misma causa, insist ió en que el vacío normativo
ha privado a los docentes de los avances que en esta materia si ha
tenido el régimen general, «que tuvo a bien considerar la
separación de los dos subsistemas , el pensional y el de riesgos ,
precisamente por las diferencias que en su naturaleza los
distinguen », buscando el aseguramiento del riesgo derivado de una
actividad laboral, diferente a vejez, invalidez y muerte de que trata
el Subsistema de Seguridad Social en pensiones y que han sido
desarrollados en la jurisdicción ordinaria en diferentes
pronunciamientos .

(iii) Contrario sensu, y si bien el magisterio ha intentado avanzar
en ese sentido según se constata con el Decreto 1655 del 20 de
agosto de 2015, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa aun
concluye que en el caso de los docentes se trata del mismo riesgo,
a cargo inclusive de la misma Entidad . Por lo anterior, considera,
que deben articularse y complementarse las normas e n beneficio

10 E x p e d i e n t e digital obrante a índice 2 en SAMAI.

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Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

de los docentes, quienes se han visto aislados de las garantías de
igualdad y favorabilidad que ha buscado proteger el legislador
desde 1993.

(iv) Respecto a la condena en costas, solicitó que «sea
reconsiderada», teniendo en cuenta que nunca existió
comportamiento temerario o doloso, sino el reclamo de un derecho
pensional válido para que sea analizado respecto d e un vacío
normativo.

6.ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes guardaron silencio.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público no se pro nunciaron según se constata en el aplicativo
SAMAI.

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 12 del Código

11« E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que c orresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
12« A R T Í C U L O
328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

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General del Proceso, la competencia del juez de se gunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2. Problema Jurídico

De acuerdo con el recurso de apela ción interpuesto por la parte
demandante, le corresponde a la Sala determinar:

➢ ¿si el señor Jimeno Antonio Saavedra Vicentes en calidad de
docente oficial , a quien le fue reconocida la pensión de
jubilación, tiene derecho al reconocimiento y pago simultáneo
de la pensión de invalidez ?

➢ ¿si debe revocarse la condena en costas de primera inst ancia
a la parte dema ndante?

3. Marco normativ o y jurisprudenci al aplicable al caso

3.1. Prohibición de percibir doble asignación del Tesoro Público

La Constitución Política de 1991 en el artículo 128, prohíbe
desempeñar simultáneamente más de un empleo público y recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público.

Así lo contempla dicha norma:

«Nadi e podr á dese m peñar sim ult ánea m ent e m ás de un em pleo
públ ico ni r ecibir más de una asignación que pr ovenga del t esor o
públ ico, o de em pr esas o de inst it uci on es en las que t enga par t e
m ayor it ar ia el Est ado, salvo los casos expr esam ent e det er minado s
por la ley.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable refo rmar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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Ent iéndase por t esor o público el de la N ación, el de las ent i dades
t er r it or iales y el de l as descent r alizadas. »

De igual manera, la Ley 4 de 1992, por medio de la cual se
establecieron las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijac ión del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, entre otros, derogó
tácitamente el artículo 1 del Decreto 1713 de 1960, y en su lugar
dispuso:

«Ar t í culo 19. Nad ie podr á desem peñar s im ult áneam ent e m ás de un
em pleo públic o, ni recibir m ás de una asignac ión que pr ovenga del
Tesor o Público, o de em pr esas o de inst it uciones en las que t enga
par t e m ayor it ar ia el Est ado. Except úense las sig uient es
asignac iones:
( …)
g) Las que a l a f echa de ent r ar en vig encia la pr esent e Ley
benef icie n a los ser vidor es of icia les doc ent es pensionad os.
PARÁG RA FO . No se podr án r ecibir honor ar ios que sum ados
cor r espondan a m ás de ocho ( 8) hor as diar ias de t r abaj o a var ias
ent idades. » 13

En conclusión, no es posible acceder a dos asignaciones
provenientes del tesoro público salvo en los casos excepcionales
enunciados en el artículo anterior.

3.2. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales.
Sentencia de unifi cación del 25 de abril de 2019

Esta Sección del Consejo de Estado 14 en sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019 unificó su criterio en torno a la forma de
liquidar la pensión ordinaria de jubila ción de los docentes prevista
en la Ley 91 de 1989, y fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

« a. Los docent es vinculados ant es de la vigencia de la Ley 812 de
2003, gozan del m ism o r égim en de pensión or dinar ia de j ubi lació n
de los ser vid or es pú blicos d el or den nac iona l pr evist o en la Ley 33

13 A r t í c u l o
declarado exequible por la Corte Constitucion al en sentencia C-133
de 1993. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
14C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ -014-CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569 -
01 (0935-17)

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de 1985, y por t ant o los f act or es en sus liqu idac iones pens io nales
son aquel los sobr e los que ef ect uar on l os r espect ivos apor t es de
acuer do con el ar t í culo 1. º de la Ley 62 de 1985, y por lo t ant o, no
se puede inclu ir nin g ún f act or dif er ent e a los seña lados e n el cit ado
ar t í culo.

b. En el caso de los docent es vincu lados a par t ir de la ent r ada en
vigenc ia de la Ley 812 de 2003, af i li a dos al Fon do Nac io nal de
Pr est aciones So cia l es del M ag ist er io, se les de be ap li car el
r égim en pensiona l d e pr im a m edia est ablecid o en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los r equisit os pr evist os en dicho r égim en,
con excepción de l a edad que ser á de 57 años par a hombr es y
m uj er es. Par a la liq uidac ión pens iona l l os f act or es que se deben
inclu ir en el ingr es o base de l iqu idaci ón son los pr ev ist os en e l
Decr et o 1158 de 1994 sobr e los que se ef ect uar on las r espect ivas
cot izaciones. »

A las anteriores conclusiones arrib ó la Sección Segunda del
Consejo de Es tado previos los siguie ntes razonamientos:

«[ …]

51. En cr it er io de la Sala, los f act or es que hacen par t e de la base
de liqu idac ión y sob r e los cuales se deb en hacer los apor t es en el
r égim en gener al d e pensiones de l a Ley 33 de 1985, son
úni cament e l os señalados d e m aner a expr esa en el m enc ionad o
ar t í culo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego ent onces, los f act or es que deben inc luir se en la b ase de
la l iqu idaci ón de l a pensión d e j ubil ació n de los doc ent es b aj o el
r égim en gener al de la Ley 33 de 1985 son : asi gnaci ón bási ca,
gast os de represent aci ón; primas de ant i güedad, t écni ca,
ascensi onal y de capaci t aci ón; domi ni cal es y f eri ados; horas
ext ras; boni f i cación por servi ci os prest ados; y trabaj o
supl ement ari o o real i zado en j ornada noct urna o en dí a de
descanso obl i gat or i o.

53. La Ley 91 de 1989 est ableció en el ar t í culo 8º un esquem a de
cot izaciones o apor t es de la Nación com o em pleador a, y de los
docent es com o t r abaj ador es, dist int o al de los em pleados p úblic os
del or den nacional. En el m encionado ar t í cu lo 8º, que cont iene los
r ecur sos con los que se f inancia el FO N PREM AG , se incluye r on en
los num er ales 1 y 3, el 5% del sue ldo bá sico m ensual de l pe r sonal
af ili ado al Fo ndo, y el 8 % equiva lent e a l apor t e de la Nac ió n sobr e
“ los f act or es salar i ales que f or m an pa r t e del r ubr o de pa go por
ser vicios per sona les de los docent es” , r espect ivam ent e.

[ …]

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62. La Secció n Segu nda en su f unci ón u nif icador a, sa lvagua r dando
los pr incip ios const it uciona les de igua l dad y segur idad j ur í dica,
acoge el cr it er io de i nt er pr et ac ión sobr e los f act or es salar ial es que
se deben t ener en cu ent a par a la liq uidac i ón de la m esad a pen siona l
en el r égim en de la Ley 33 de 1985 que f ij ó la Sala Plena de lo
Cont encioso A dm ini st r at ivo y sient a j ur ispr udencia f r ent e a los
f act or es que se deben t ener en cuenta par a la liquidació n de la
pensión or di nar ia de j ubilación de l os do cent es del ser vicio p úblic o
of icia l af il iados al Fondo Nac iona l de Pr est aciones Soc i ales de l
M agist er io vincu lad os ant es de la vig en cia de la L ey 812 d e 2003,
f ij ando la sig u ient e r egla:

En l a l i qui daci ón d e l a pensi ón ordi n ari a de j ubi l aci ón de
l os docent es vi ncul ados ant es de l a vi genci a de l a Ley 812
de 2003, que gozan del mi smo régi men de pensi ón ordi naria
de j ubi l aci ón para l os servi dores públ i cos del orden
naci onal previ st o en l a Ley 33 de 1985, l os f act ores que se
deben t ener en cue nt a son sol o l os f act ores sobre l os q ue
se hayan ef ect uado l os respect i vos aport es de acuerdo con
el art í cul o 1º de l a Ley 62 de 1985, y por l o t ant o, no se
puede i ncl ui r ni ngún f act or di f erent e a l os enl i st ados en el
menci onado art í cul o.

63. Con est a r egla se sient a una post ur a int er pr et at iva dist in t a a la
que sost ení a la Sec ción Segu nda a par t ir de la sent enc ia d el 4 de
agost o de 2010, según la cual, en la base de liq uidac ión de la
pensión de j ubilac ió n or dinar ia de los docent es se incluí an t odos
los f act or es salar iales devengados d ur ant e el últ im o año de
ser vicios.

64. De acuer do con el Act o Legislat ivo 01 de 2005 “ Par a la
liqu idac ión de las pe nsiones só lo se t end r án en cuent a los f a ct or es
sobr e los cuales cad a per sona hubier e ef ect uado las cot izac i ones” .
Los docent es no est án except uados de e st a disposic ión par a el goce
de la pensi ón or dina r ia de j ubilac ión. Por lo que, en el ingr es o base
de liqu idac ión de es t a pensión sol o pue den ser t enidos en cuent a
los f act or es sobr e l os que se apor t a y que est án cont enid o s en el
ar t í culo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La r egla que r i ge par a el ingr eso base de l iqu idaci ón en la
pensión de j ub ilac ió n de los docent es es la pr evist a en la L e y 33 de
1985 en cuant o a per iodo y f act or es. Lo que quier e deci r que el
per iodo es el de un ( 1) año y los f act ores son únicam ent e l os que
se señalan en el ar tí culo 1º de la Ley 62 de 1985 que m odif icó el
ar t í culo 3º de la Ley 33 de 1985.

66. Los docent es, com o ya lo pr ecisó l a Sala, est án excep t uados
del S ist em a G ene r al de Pe nsion es, por lo que no les a plica e l
ar t í culo 36 de la Ley 100 de 1993 que est ablece un r égim en de
t r ansición y f ij a r eglas pr opias par a el I ngr eso Base de Liqu idaci ón

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al dispo ner que: “ El ingr eso base par a l i quidar la pens ión de vej ez
de las per s onas r ef er idas en el inc iso ant er ior que les f alt ar e m enos
de diez ( 10) años p ar a adquir ir e l der e cho, ser á el pr om edio de l o
devengado en el t iem po que les hicier e f alt a par a ello, o el cot izado
dur ant e t odo el t iem po si est e f uer e super ior , act ualiza do
anualm ent e con ba se en la var iac ión del Í ndice de Pr ecios a l
consum idor según cer t if icación que exp i da el DAN E ” . Por la m ism a
r azón, t am poco les aplica la r egla sobr e I ngr eso Base de
Liqu idaci ón pr evist a en el ar t í culo 21 de l a Ley 100 d e 1993 q ue f ij a
en 10 años el per iodo que se debe t omar par a la liquid ació n de la
m esada pensiona l.

67. En r esum en, el der echo a la pensión de j ubilac ión de los
docent es vincula dos a par t ir del 1 de ener o de 1981 nacionales y
naciona liz ados y de los nom br ados a par t ir del 1 de ener o de 1990,
de acuer do con las Leyes 91 de 1 989 y 33 de 1985, se r ige por las
sigui ent es r eglas:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiem po de ser vicios : 20 años
✓ Tasa de r em plazo: 75%
✓ I ngr eso Base de Liquidac ión: Est e com ponent e com pr ende i)
el per í odo del ú lt im o año de ser vicio doc ent e y ii) l os f act ores que
hayan servi do d e b ase para cal cul ar l os aport es previ st o s en l a
Ley 62 de 1985, que son: asi gnaci ón bási ca, gast os de
represent aci ón; primas de anti güedad, t écni ca, ascensi onal y
de capaci t aci ón; domi ni cal es y f e ri ados; horas ext ras;
boni f i caci ón por servi ci os prest ados; y t rabaj o supl ement ari o o
real i zado en j ornada noct urna o en dí a de descanso
obl i gat ori o. » Destacado fuera del texto original.

3.3. La pensión de invalidez de los docentes y su
incompatibilidad con la pensión de jubilación

En punto a la pensión de invalidez, dando aplicación a la sentencia
de unificación precitada, los docentes vinculados antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003 conservarían la normativa que los
venía rigiendo según lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91
de 1985.

En ese orden de ideas, el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, dispuso
que «A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación
o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más
entidades de Derecho Público se liquidarán y pagarán tomando

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como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio
mensual obtenido en el último año de servicios.».

Por su parte, el Decreto 3135 de 1968, estableció tres pres taciones
destinadas a amparar al trabajador retirado definitivamente del
servicio: invalidez, jubilación y vejez, las cuales, de acuerdo con su
artículo 29, no pueden ser concurrentes sino alternativas, esto es,
que solo puede devengarse una de ellas a la vez, como lo determina
expresamente su artículo 31:

«Ar t í culo 31: Las pensi ones de j ubi l ación, i nval i dez y ret iro por
vej ez son i ncompat i bl es ent re sí . El em pleado o t r abaj ador podr á
opt ar por la m ás f avor able cuando haya concur r encia de el la s. »

Ahora bien, el Decreto 1848 de 1969 que reglamentó el anterior, en
su artículo 68 estableció la cuantía de las pensiones de invalidez
así:

«El valor de la pen sión de inval idez s e liqui dar á con base en el
segundo salar io devengado por el em pleado of ici al y ser á
equiva lent e al gr a do de incapaci dad labor al, conf or m e a los
por cent aj es que se est ablecen a cont in uación, así :

a. Cuando la incapa cidad sea super ior al novent a y cinco por cient o
( 95%) , el valor de la pensión m ensual ser á igual al últ im o salar io
devengado por el e m pleado of icia l, o al últ im o pr om edio m ensual,
si f uer e var iable.

b. Si la incapac idad excedier e de l set ent a y cinco por cient o ( 75%)
sin pasar de novent a y cinco por cient o ( 95%) , la pensión mensua l
ser á equivale nt e al set ent a y cinco por cient o ( 75%) del últ im o
salar io devenga do por el em pleado of icial, o del últ im o prom edio
m ensual.

c. Si la incapac idad labor al es de l set ent a y cinco por cient o ( 75%),
dicha pens ión ser á igua l al c incuent a p or cient o ( 50%) del últ im o
salar io devenga do po r el em pleado of icial, o del últ im o prom edio
m ensual, si f uer e var iable. »

Y en su artículo 88, dispuso, igualmente, la incompatibilidad entre
la pensión de jubilación y la de invalidez en estos términos: « Las
pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son
incompatibles entre sí . En caso de concurrencia del derecho a
ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga

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económicamente .»

En lo referente a los docentes vinculados a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 200 3, el régimen aplicable en cuanto a la
pensión de invalidez es el consagrado en la Ley 100 de 1993, que
en su artículo 38 , indicó que esta prestación está dirigid a a cubrir
la contingencia de la pérdida de la capacidad laboral en un 50% o
más y, al igual q ue el régimen explicado en párrafos anteriores,
también consagra la prohibición d e recibir simultáneamente la
pensión de invalidez y la de vejez en su artículo 13.

Adicionalmente, bajo esta ley debe considerarse el origen de la
invalidez: (i) por riesgo común, cuya financiación dependerá de si
el trabajador se encuentra afiliado al régimen de prima media con
prestación definida (art. 20), o al de ahorro individual con
solidaridad (art. 70 ), o (ii) por accide ntes de trabajo y enfermedad
profesional, se fin ancia por la compañía aseguradora contratada
(art. 251).

Por consiguiente, de acuerdo con las normas precitadas, tanto para
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003
como para los que se vincularon a partir de ella, la pensión de
invalidez es incompatible con la pensión de jubilación, de tal forma
que no se pueden devengar las dos simultáneamente. Así lo ha
reconocido esta Sección 15 de manera reiterada con sustento en las
razones que se concretan a continuación:

«1. - Tienen su or ige n en una m ism a r elación labor a l;

2. - Est án condiciona das a los apor t es qu e la dem andant e r ea lice a l
Sist em a G ener al de Segur idad S ocia l;

3. - Su f inalidad es la m ism a, es decir , m ient r as la pensión de vej ez
o j ubilación t iene co m o obj et o cubr ir la pér dida de la capaci dad de

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2016. Radicación: 1793 -
2015, posición reiterada en la providencia de la Subsección A, sentencia del
11 de abril de 2019, radicación: 25000 -23-42-000-2013-01670-01(2554-2017),
actor: Margarita Isabel Torres Sánchez.

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t r abaj o por haber llegado la per sona a la vej ez, la pens ión d e
inval idez se encam i na a cubr ir la p ér di da de la ca pacid ad labor al
per o ya en r azón de la inva lidez, es decir cum plen la m ism a función
pr ot ect or a par a perm it ir la subs ist encia de la per sona sea por su
condic ión de vej ez o inval idez. » 16

4. Caso concreto

4.1. Hechos demostrados

En el caso del señor Jimeno Antonio Saavedra Vicentes se
encuentra acreditado lo siguiente:

a. Ingresó al servicio docente el 22 de marzo de 1974 y estuvo
afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio 17 hasta el 19 de agosto de 2016 , fecha en la que fue
retirado del servicio según Resolución 5198 del 1 de agosto de
2016 18.

b. Nació el 1 7 de julio de 1951 19.

c. Mediante Resolución 5492 del 26 de diciembre de 2006 20, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Mag isterio
reconoció y ordenó el pago al demandante de una pensión
vitalicia de jubilación en cuantía de $1. 422.374 equivalente al
75% del promedio de sa larios devengados en el año anterior al
cumplimiento del estatus de pensionad o, efectiva a partir del
18 de julio de 2006 .

d. De acuerdo con el «Formulario de dictamen para calificación
de la pérdida de capacidad laboral y determinación de

16Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 25000 -23-42-000-2014-00169-01 (1009-2018).
17 Información que se desprende del formato único para expedición de
certificado de historia laboral emitido por la Secretaría de Educación de
Bogotá D.C., en el expediente digital, índice 2, SAMAI .
18 A l l e g a d a también al expediente digital relacionado.
19 De acuerdo con la información obtenida de la fotocopia de la cédula de
ciudadanía visible en el expediente digital, índice 2, SAMAI.
20 E x p e d i e n t e digital obrante a índice 2 en SAMAI.

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invalidez» emitido por la Unión Temporal MEDICOLSA LUD 21,
del 19 de febrero de 2016 , le fue determinada invalidez con
pérdida de capacidad ocupacional del 85% de origen
profesional .

e. A través de Reso lución 5198 del 1 de agosto de 2016 , la
Secretaría de Educación de Bogotá efectuó el retiro del servicio
por invalidez por presentar una pérdida de la capacidad laboral
del 85%, efectiva a partir del 19 de agosto de 2016 .

f. Mediante Oficio S -2016-179935 del 26 de noviembre de 2016 22
la demandada solicitó al accionante radicar una carta en la que
expresamente manifestara si optaba por la pensión de invalidez
y autorizaba dejar sin efectos fiscales la de jubilación por
favorabilidad, a lo cual, mediante escrito de 9 de diciembre del
mismo año, el accionante no autorizó dejar sin efectos fiscales
la de jubilación y solicitó que le fuera reconocida la de invalidez
por considerar que a mbas son irrenunciables y deben aplicarse
en desarrollo de los principios constit ucionales de favorabilidad
e igualdad .

g. Por medio del Oficio S-2016-198979 de 28 de diciembre de
2016, se reitera al accionante que debe optar por una de las
dos, y, mediante radicado de 16 de febrero de 2017, expresó
su voluntad para que le fuera reconocida la de invalidez, por
considerar que es compatible con la de jubilación.

h. El accionante elevó derecho de petición el 7 de septiembre de
la misma anualidad 23, para q ue le fuera reconocida la pe nsión
de invalidez por pérdida de capacidad laboral del 85% por
enfermedad de origen profesional sin relacionar la norma que
sustenta su solicitud y para el cálculo de la misma debía

21 I b i d e m

22 E x p e d i e n t e digital obrante a índice 2 en SAMAI.
23 S e g ú n s e e x t r a e d e l c o n t e n i d o d e l a R e s o l u c i ó n 3 1 0 0 d e l 2 7 d e a b r i l d e 2 0 1 7 .

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tenerse en cuenta todos los factores salarial es devengados en
el último año de servicios (con sustento en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010) , y la siguiente operación
aritmética :

i. A través de la Resolución 3100 del 27 de abril de 2017 24
expedida por la Dirección de Talento Humano de la Secretaría
de Educación de Bogotá en representación del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, desató
desfavorablemente la solicitud bajo el argumento de que
aquella prestación sería incomp atible con la ya reconocida
pensión de jubilación de acuerdo con lo establecido en los
artículos 88 del Decreto 1848 de 1969 y el 31 del Decret o 3135
de 1968.

j. De acuerdo con el f ormato único para expedición de certificado
de salarios correspondiente a los años 2015 y 2016 (hasta el
18 de agosto), el accionante devengó los siguientes factores
salariales:

• Sueldo
• Prima especial
• Prima de dedicación
• Bonificación decreto
• Prima de vacaciones
• Prima de navidad
• Prima de servicio

24 I b i d e m

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4.2. Análisis sustancial

4.2.1 ¿El señor Jimeno Antonio Saavedra Vicentes en calidad
de docente ofici al a quien le fue reconocida la pensión de
jubilación, tiene derecho al reconocimiento y pago simultáneo
de la pensión de invalidez?

Como quedó demostrado, por Resolu ción 5492 del 26 de diciembre
de 2006, la Secretaría de Educación de Bogotá en nombre y
representación del FOMAG, reconoció al demandante la pensión de
jubilación, para lo cual , aplicó una tasa de remplazo del 75% del
promedio de salarios del año de servicios anterio r al cu mplimiento
de la fecha estatus de pensionado , efectiva a partir del 18 de julio
de 2006, en cuantía de $1.422.374.

En el sub lite , el demandante pretende adicionalmente el
reconocimiento de la pensión de invalidez, por pérdida de
capacidad laboral del 85% de origen profesional, con una tasa de
remplazo del 75% del promedio del último salario devengado
teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: su eldo, prima
especial, prima de dedicación, prima de servicio, bonificación
decreto y prima de navidad.

Al respecto, debe re iterar la Sala que los docentes afiliados al
FOMAG, vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son destinatarios de la normatividad pensional de
los empleados del orden nacional, en virtud de la exclusión que hizo
la Ley 10 0 de 1993, y por la remisión prevista en las Leyes 91 de
1989 y 812 de 2003.

En consecuencia, el régimen pensional aplicable al accionante , en
particular, lo conce rniente a la pensión de invalidez, es el regulado
por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1 969; dichas normas
señalan la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la de
jubilación.

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Así las cosas, no es posible acceder al reconocimiento de la
pensión de invalidez solicitada por cuanto las pensiones
pretendidas en el presente asunto provienen de una misma causa,
esto es, de los aportes a pensiones efectuados por aquel a l FOMAG
y tienen la misma finalidad, es decir, cubrir la pérdida de capacidad
de trabajo .

Sumado a lo anterior, no existe norma que consagre expresamente
la compatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de
jubilación, por el contrario –tal como se indicó en el marco
normativo y así lo manifestó también la accionada en la Resolución
3100 del 27 de abril de 2017 –, los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969 la prohíben expresamente.

Respecto a los arg umentos esbozados en el recurso de apelación,
la Sala no desconoce el tratamiento especial que le ha dado el
legislador al ejercicio de la profesión docente 25; no obstante, resulta
claro que este no expidió un régimen especial de pensiones que les
permita percibir varias prestaciones al amparo de una misma
normatividad y por las mismas causas, pues, se reitera, en materia
pensional están some tidos al régimen prestacional de los
empleados del nivel central, que expresamente consagra la referida
incompatibilidad pensional .

Pretende el apelante que se le dé el mismo trato respecto de los
beneficiarios del régimen general, sin embargo, ello no resulta
procedente, toda vez que se trata de contextos fácticos y jurídicos
distintos, en la medida en que las pensiones pretendidas en este
caso, provienen de una mism a causa , esto es, los aportes
pensionales efectuados por el demandante con destino a pensión
por su relación laboral docente , prestaciones estas que se
encuentran a cargo de una misma entidad, esto es, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magiste rio pues,
precisamente, el docente, durante los años en que cotizó, lo hizo,

25 E s t a t u t o
Docente, Decreto Ley 2277 de 1979, Ley General de la Educación,
Ley 115 de 1994

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no con el ánimo o la pretensión de recibir simultáneamente el
reconocimiento de una pensión de invalidez y una de jubilación para
enriquecerse, comoquiera que, lo que procuran ambas, es
salvaguardar a la persona frente a un riesgo común, esto es, la
pérdida de capacidad laboral, bien sea por una enfermedad, un
accidente que haya disminuido sus capacidades laborales, o por
efectos comunes de la vejez , lo que no ocurre para quienes e stán
afiliados al sistema general de pensiones que administran las otras
entidades de previsión regidas por la Ley 100 de 1993, aspecto que
dista considerablemente de las razones expuestas por la apelante.

La Subsección no es ajena a las excepciones establecidas para el
sector docente respecto de la prohibición de erogar dos
asignaciones con cargo al tesoro público, que, dentro de las
salvedades previstas en el Decreto Ley 1278 de 2002 26,
corresponden de manera expresa a la posibilidad de percibir
pensión gracia 27 y de jubilación, y la compatibilidad de esta con el
salario siempre que el docente no tenga edad de retiro forzoso y
mantenga aptitud mental y física 28.

Por lo tanto, como lo ha advertido esta Corporación e n reiterada
jurisprudencia , el accionante tiene, ante la administración , la
posibilidad de optar por la pensión que le resulte más favorable
económicamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
31 y 88 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
respectivamente 29.

26 P o r
el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente, artículo 45,
vigente desde el 19 de junio de 2002.
27 L e y 114 de 1913.
28 D e c r e t o 224 de 1972.
29 En ese mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 11 de febrero
de 2021, (rad. Interno 0025-2019), C.P William Hernández Gómez; 17 de junio
de 2021 (rad. Interno 0439-2020) C.P Gabriel Valbuena Hernández; 4 de marzo
de 2021 (rad. Interno 4950-2018), C.P Rafael Francisco Suárez Vargas; 18 de
febrero de 2016 (rad. interno 2415 -2013) C.P Gabriel Valbuena Hernández.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B de 21 de julio de 2016 (rad. Interno 1793 -2015), C.P Sandra

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Bajo esa línea argumentativa, se debe confirmar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, toda
vez que el acto administrativo demandado se encuentra ajustado a
derecho, dado que el régimen especial aplicable al d emandante
prohíbe expresamente que se devenguen las dos prestaciones de
manera simultánea.

Finalmente, atendiendo la línea jurisprudencial acogida por esta
Sala de Subsección el 7 de noviembre de 2019 30, se tiene que al
accionante le asiste la facultad de elegir ante la entidad de
previsión, la pensión que más le favorezca económicamente, razón
por la cual, no se vulneran principios constitucionales como el de
favorabilidad o los derechos adquiridos, razón adicional para
confirmar la provid encia apelada.

4.2.2 ¿Debe revocarse la condena en costas de primera
instancia a la parte demandante?

Teniendo presente el contenido de lo s artículos 188 de la Ley 1437
de 2011 y 365 y siguientes del Código General del Proceso, esta
Subsección ha decantado las siguientes conclusiones básicas sobre
la condena en costas:

«a. El legislad or int r oduj o un cam bio sust ancial r espect o de la
condena en cost as, al pasar de un cr it erio “ subj et ivo” –CCA- a uno
“ obj et ivo valor at ivo” –CPA CA- :
b. Se concluye qu e es “ obj et ivo” por que en t oda sent encia se
“ dispondr á” sobr e cost as, es decir , se decidir á, bien se a par a
condenar t ot al o pa r cialm ent e, o bien p ar a abst ener se, según las
pr ecisas r eglas de l CG P.
c. Sin em bar go, se l e calif ica de “ va lor a t ivo” por que se r equ i er e que
en el expedi ent e el j uez r evise si las m ism as se causar on y en la
m edida de su com pr obación. Ta l y com o lo or dena el CG P, est o es,
con el pago de gast os or dinar ios de l pr oceso y con la act ivi dad de l
abogado ef ect ivame nt e r ealiz ada dent r o del pr oceso. Se r ecalca, en
esa valor ación no s e incluye la m ala f e o t em er idad de las par t es.

Lisset Ibarra Vélez; de 13 de noviembre de 2014 (rad. Interno 3008 -2013) C.P
25 de marzo de 2010, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 3058 -
2004; de 30 de septiembre de 2 010 (rad. interno 1067-2009) C.P. Gerardo
Arenas Monsalve, entre otros.
30 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a . S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e l 7 d e

noviembre de 2019, radicación: 25000 -23-42-000-2014-00169-01 (1009-2018),
actor: Aura Suanir Mena.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 06061 01 (2684-2021)
Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

d. La cuant í a de la condena en agenci as en der echo, en m at er ia
labor al, se f ij ar á at endiendo la posic ión de los suj et os pr oce sales,
pues var í a según s ea la par t e vencida el em pleador , el t r abajador o
el j ubilado, est os últ im os m ás vulner ables y gener alm e nt e de
escasos r ecur sos, así com o la com plej idad e int ensida d de la
par t icipac ión pr oce sal ( Acuer do núm . 1887 de 2003 Sala
Adm inist r at iva de l C onsej o Su per ior de l a Judicat ur a) .
e. Las est ipulaci one s de las part es en mat er ia de cost as se tendr án
por no escr it as, por lo que el j uez en su liqu idac ión no est ar á at ado
a lo así pact ado por ést as.
f . La liquidac ión de l as cost as ( incluidas las agencias en de r echo) ,
la har á el despach o de pr im er a o única inst ancia, t al y com o lo
indic a el CG P 31, pr evia elabor ación de l secr et ar io y apr obación del
r espect ivo f uncionar io j udicia l.
g. Pr ocede condena en cost as t ant o en pr im er a com o en segund a
inst ancia. » 32

Esta Subsección 33 ha precisado que el concepto de las costas del
proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles
dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los
denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
gastos ordinarios del proceso y otros , como son los necesarios para
traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericia l, los
honorarios de auxiliares de la just icia como peritos y secues tres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.

Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias en derecho
que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento
dentro del proceso que el juez reconoce di screcionalmente a favor

31A r t í c u l o 3 6 6 . L i q u i d a c i ó n . L a s c o s t a s y a g e n c i a s
en derecho serán liquidadas
de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en
primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o noti ficado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
32 C o n s e j o
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
– Subsección “A” Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Sentencia de
7 de abril de dos mil 2016. Radicación: 13001 -23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014). Nulidad y Restablecimiento del Derecho Actor: José Francisco
Guerrero Bardi
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia d e 2 de junio de 2018, C.P. William
Hernández Gómez, número de radicado: 13-001-23-33-000-2013-00100-01
(3515-2015)

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Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en los
ordinales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, y
que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los
honorarios pagados por dicha part e a su abogado los cuales
deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los
criterios previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la le y 1123 de
2007 34.

A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente
sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel que
resultara vencido e n el lit igio. Ello, en consideración a q ue debían
observarse una serie de factores ta les como la temeridad, la mala
fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar
dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen
de análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunstanci as
para imponerla o no.

Sin embargo, en sentencia del 7 de abril de 2016 la Subsección A 35
dentro del proceso radicado 15001 -23-33-000-2012-00162-01
(4492-2013), varió aquella posición y acogió el crite rio objetivo
para la imposición de costas al concluir que no se debe evaluar la
conducta de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos
objetivos respecto de la causación de las costas, tal co mo lo prevé
el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365.

Por tanto, en ese hilo argumentativo, en el presente caso se
advierte que la condena en costas en primera instancia se ajusta a

34 R e g u l a
la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios
con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al serv icio prestado o
de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada
vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.
35 C o n s e j e r o p o n e n t e : D r . W i l l i a m H e r n á n d e z G ó m e z . V e r s e n t e n c i a s p r o f e r i d a s

dentro de los números internos : 4492-2013, Demandante: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

derecho, en la medida que el accionante resultó vencid o, y la part e
demandada tuvo que incurrir en l os gastos propios de su defensa
con su intervención en el proceso, con lo que quedó demostrada su
causación.

Con fundamento en lo expuesto, se confirmará la condena en costas
de primera instancia.

5. Conclusión

Corolario de todo lo expuesto, se confirmará la sentencia del 29 de
enero de 2021 proferida por la Sección Segunda, Subsección E d el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda y conden ó en costas a la parte
demandante .

6. Condena en costas

Atendiendo las razones antes expuestas, con fundamento en los
numerales 1 y 8 d el artículo 365 del Código General d el Proceso,
no se condenará al recurrente en las costas de segunda instancia,
toda vez que, aunque la sentencia de primera instancia será
confirmada en su totalidad, no s e demostró su causación en la
medida que la parte contraria no intervino en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la Repú blica y por autoridad
de la Ley.

FALLA

PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 29 de enero de 2021 ,
proferida por la Sección Segunda, Subsección E d el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la
demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovid o por JIMENO A NTONIO SAAVEDRA VICENTES
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Demandante: Jimeno Antonio Saavedra Vicentes

contra la NACIÓN -MI NISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIA LES DEL
MAGISTERIO y DISTRITO DE BOGOTÁ - SECRETARIA DE
EDUCACIÓ N, de acuerdo con las consideraciones expuestas en
esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia , de
conformidad con las razones expuestas.

TERCERO. Efect uar las anotaciones correspondientes en el
Sistema de Gestión Judicial del Con sejo de Estado – “SAMAI”, y
ejecutoriada esta providencia devolve r el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión de dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2 022) .

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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