Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2021-00341-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00341-01 (5781-2024)
Demandante: Verania Díaz Vides
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Tema: Incompatibilidad entre pensión de invalidez y de jubilación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 9 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Santander2, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Verania Díaz Vides presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,3 en orden a que
1 En lo sucesivo FOMAG
2 Se deja constancia que la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, si bien, en anteriores
oportunidades manifestó impedimento para conocer de asuntos en los que la Sala de Decisión de
primera instancia fue integrada por la doctora María Eugenia Carreño Gómez, este fue declarado
infundado por esta Subsección del Consejo de Estado en providencias como la proferida el 27 de
junio de 2025 (expediente 68001-23-33-000-2016-00684-01, radicado interno 3922-2024), al estimar
que no se configura la causal prevista en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del
Proceso.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00341-01 (5781-2024)
Demandante: Verania Díaz Vides
se declarara la nulidad del oficio «2021ER001210 y BAR2021EE001956» del 16 de
abril de 2021, por la cual la Secretaría de Educación del Distrito Especial de
Barrancabermeja le negó «la pensión de jubilación compatible con la pensión de
invalidez».
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de que tiene derecho a «continuar percibiendo la pensión de
jubilación sin renunciar a la pensión de invalidez»; ii) el pago «indexado de las mesadas
atrasadas»; iii) el pago de una «indemnización económica equivalente al valor de las
mesadas causadas desde el 21 de julio de 2017, como reparación integral del daño causado
por la suspensión del pago de la pensión de jubilación»; iv) el pago de los intereses de
mora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA; y v) la condena
en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
3. Asimismo, como pretensión subsidiaria solicitó la declaratoria de que tiene
derecho a que la pensión de invalidez sea liquidada con la inclusión de todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicio, «de manera especial,
la prima de vacaciones y con la indexación de la primera mesada pensional de invalidez».
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
4.1. Verania Díaz Vides prestó sus servicios como profesora de tiempo completo en
el municipio de Barrancabermeja entre el 15 de enero de 1996 y el 24 de julio de
2020.
4.2. Mediante la Resolución 1956 del 12 de octubre de 2017, le fue reconocida
pensión de jubilación, efectiva a partir del 21 de julio de 2017 por la suma mensual
de $2.559.375.
4.3. A través de la Resolución 1241 del 22 de agosto de 2017, le fue reconocida
pensión por invalidez por la suma mensual de $2.732.445. La prestación fue
reliquidada con la Resolución 0164 del 20 de febrero de 2020, con la inclusión de la
asignación básica, bonificación mensual docente, bonificación pedagógica, prima
de navidad, prima de servicio «y se omitió incluir la prima de vacaciones», por lo
que la mesada pensional aumentó a $3.648.501.
4.4. La pensión de jubilación le fue suspendida «sin que mediara ningún procedimiento
administrativo previsto en la ley».
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Demandante: Verania Díaz Vides
4.5. El 5 de marzo de 2021 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes, «de manera compatible con la pensión de invalidez», la cual fue negada
mediante el oficio «2021ER001210 y BAR2021EE001956» del 16 de abril de 2021.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales, se señalaron los artículos 21, 2,6, 13, 23, 29, 53, 58, 83, 84, 90, 95,
123, 124, 125, 128, 228. 230, 287 y 298 de la Constitución Política; 7 de la Ley 71
de 1988; 3 de la Ley 91 de 1989; 13.j y 278 de la Ley 100 de 1993; 153 de la Ley
115 de 1994; 1 a 6, 38 y 39 de la Ley 489 de 1998; 7 de la Ley 715 de 2001; 33.9,
35.19 de la Ley 734 de 2002; 3 del CPACA; 3.2, 26 y 27 de la Ley 1454 de 2011;
1234 del Código de Comercio; 3, 10, 31 y 36.f del Decreto 2277 de 1979; 6 del
Decreto 1222; y los decretos 2709 de 1994 y 1272 de 2018.
6. Como concepto de violación expuso que el acto administrativo acusado fue
expedido con infracción de las normas en que debía fundarse, por las siguientes
razones:
6.1. La entidad demandada desconoció el régimen exceptuado de los docentes,
según el cual, «la compatibilidad entre asignaciones provenientes del tesoro público, para
el caso de los educadores estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, es conforme con el régimen jurídico establecido en el artículo 128 de la Carta
Política», para lo cual es suficiente con que el docente esté afiliado al Fomag, porque
las prestaciones de las que son beneficiarios son compatibles con pensiones o
cualquier clase de remuneración, «lo que implica que no importa el organismo o entidad
del cual provengan».
6.2. La decisión de negar la compatibilidad pensional pretendida se sustentó en
jurisprudencia y normas «no aplicables a los educadores estatales o derogadas». En
ese sentido, una «comparación entre el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de
1993 y el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 3° del Decreto 2709 de
1994» permite concluir que se trata de «dos disposiciones legales procedentes de la
misma ley, pero con destinatario diferente. Mientras el inciso segundo del artículo 279 de la
Ley 100 de 1993 tiene como destinatarios los docentes y directivos docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así: el literal j) del artículo 13 de
la Ley 100 de 1993 es aplicable a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social,
entre los cuales no están los docentes. Y se tiene una norma de segundo orden por ser
reglamentaria, que dispone lo contrario de lo que establece la norma superior, siendo ella
el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Se trata de una aplicación indebida
de la ley».
6.3. El análisis de los artículos 15.2 de la Ley 91 de 1989 y 279 de la Ley 100 de
1993, permite concluir que: i) el «inciso segundo del literal B del numeral 2 del artículo
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Demandante: Verania Díaz Vides
15 de la Ley 91 de 1989 fue modificado por el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100
de 1993, en el sentido de autorizar la compatibilidad entre pensiones»; ii) la «excepción
descrita encuentra su fundamento superior en el inciso primero IN FINE del artículo 128 de
la Carta Política». Lo anterior, permite concluir que tiene derecho a percibir «de
manera conjunta, simultánea y compatible» las pensiones de jubilación e invalidez.
1.2. Contestación de la demanda
7. La Nación, Ministerio de Educación, Fomag contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones con fundamento en las siguientes razones:
7.1. De conformidad con los decretos 2831 de 2005, 1075 de 2015 y 1272 de 2018,
se expidió la Resolución 1247 del 22 de agosto de 2019 con la que le fue reconocida
a la demandante pensión de invalidez, como consecuencia de lo anterior, « se le
informó a la docente la incompatibilidad en la percepción de las dos pensiones, frente a lo
cual, decidió manifestar la autorización correspondiente de suspender el pago de la PENSIÓN
DE JUBILACIÓN con el único y exclusivo fin de cumplir con la normatividad vigente y así
acceder a la PENSIÓN DE INVALIDEZ por ser más favorable económicamente».
7.2. El acto administrativo demandado se profirió con sustento en la jurisprudencia
del Consejo de Estado, según la cual son incompatibles las pensiones de jubilación
e invalidez «por cuanto se trata de prestaciones ordinarias que provienen de la misma
causa y se encuentran a cargo de la misma entidad», por lo que el beneficiario de estas
tiene la posibilidad de optar por aquella que le sea más favorable.
7.3. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) «legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad»; ii) ineptitud de la demanda por carencia de
fundamento jurídico; y iii) cobro de lo no debido.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 9 de agosto de 2024,
negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos
términos:
8.1. Los afiliados al Fomag son destinatarios de la normatividad pensional de los
empleados del orden nacional, con ocasión de la exclusión establecida en la Ley
100 de 1993, y por la remisión prevista en las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, «lo
que en modo alguno le otorga a los docentes un tratamiento pensional privilegiado para
percibir más de una prestación».
8.2. De acuerdo con lo anterior, en virtud de su fecha de vinculación [15 de enero de
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Demandante: Verania Díaz Vides
1996], el régimen aplicable a la demandante era el previsto en los decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, según los cuales resultan incompatibles las pensiones de
jubilación e invalidez. Esto, porque «ambas prestaciones buscan salvaguardar las
contingencias a que se puede ver sometido un trabajador, relacionadas con la afectación a
su salud o por el simple paso del tiempo».
8.3. Si bien «el ejercicio de la profesión docente como servicio público a cargo del Estado,
tiene un tratamiento especial de parte del legislador, en los términos previstos en el Decreto
Ley 2277 de 1979 y la Ley 115 de 1994. No obstante, esa situación no implica que los
docentes estén exentos de la prohibición constitucional del artículo 128 y, como en el caso
en concreto, a la actora se le reconoció una pensión de invalidez de conformidad con los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, la norma que se le aplica es la prevista en ese
mismo cuerpo normativo, el cual dispone la incompatibilidad entre la pensión de jubilación
y de invalidez».
8.4. Tampoco «pasa por alto la Sala que la prohibición de erogar dos asignaciones con
cargo al tesoro público tenga excepciones, en especial para el sector docente, que
conforme con las definiciones expresas de ley, y dentro de las salvedades previstas en el
Decreto Ley 1278 de 2002, corresponden a la posibilidad de percibir la pensión gracia y la
de jubilación, y la compatibilidad de ésta con el salario siempre que el docente no tenga
edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física».
8.5. En consonancia, la decisión de suspender el pago de la pensión de jubilación
como consecuencia del reconocimiento de la de invalidez no desconoció los
derechos de Verania Díaz Vides, en tanto, ninguna de las disposiciones aplicables
permite el goce de ambas prestaciones y «porque además no existe conflicto de normas
aplicables a su situación, que solo está gobernada por los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, en materia de invalidez».
1.4. El recurso de apelación
9. Verania Díaz Vides solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se accedieran a las pretensiones. Lo anterior, con sustento en los
siguientes argumentos:
9.1. La sentencia recurrida desconoció el principio de congruencia interna, porque,
en el problema jurídico planteado se anunció que se estudiaría la compatibilidad
entre las pensiones de invalidez y en la parte considerativa concluyó que el régimen
aplicable era el que regulaba la incompatibilidad. En ese sentido «[a] pesar de aquella
definición del problema jurídico la sentencia no estudia la compatibilidad sino la
incompatibilidad».
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Demandante: Verania Díaz Vides
9.2. El a quo sustentó su decisión en «el numeral 2.3.2. [de la sentencia], se refiere a la
Ley 100 de 1993, como creadora del Sistema de Seguridad Social Integral», sin tener en
cuenta que el artículo 279 de esa norma excluyó a los educadores del Fomag.
9.3. En ese sentido, el «inciso 2º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no menciona una
exclusiva compatibilidad entre la pensión de jubilación, la pensión gracia y el salario. La
norma establece un espectro de compatibilidades tan amplio entre las prestaciones que
paga el “FOMAG” que incluye la compatibilidad entre pensiones, cuando precisa que
aquella compatibilidad es lícita cuando ocurre “con pensiones o cualquier clase de
remuneración”, donde el “FOMAG” paga tanto la pensión vitalicia de jubilación como la
pensión de invalidez, aunque la fuente de financiación y la fuente jurídica sean diferentes.
La PENSIÓN DE INVALIDEZ se costea con los aportes exclusivos del empleador, según el
artículo 6º de la Ley 1562 de 2012 y el artículo 2.4.4.3.9 del Decreto 1655 de 2015 y los
correspondientes recursos de una y otra prestación deben ser administrados en cuentas
separadas, según lo ordena el artículo 132 de la Ley 100 de 1993».
9.4. Adicionalmente, el tribunal declaró «que la pensión de invalidez se rige por el Decreto
Ley 3135 de 1968, norma de la cual transcribe el artículo 31, y el artículo 88 del Decreto
reglamentario 1848 de 1969, normas que establecían durante su vigencia la
incompatibilidad entre la pensión de invalidez, la pensión de jubilación y la pensión de vejez,
normas que están derogadas desde el 12 de agosto de 1993, por inciso 4ºº del artículo 6º
de la Ley 60 de 1993».
9.5. La sentencia de primera instancia le negó el acceso efectivo a la justicia, toda
vez que, solo garantizó una justicia formal al negarse a aplicar las normas que
regulan el asunto. Asimismo, omitió un pronunciamiento en relación con los
derechos adquiridos y «que con fundamentos en ese carácter se reclama la pensión
vitalicia de jubilación, también denominada pensión-derecho, compatible con la pensión de
invalidez».
9.6. «El Estado colombiano mediante interpretaciones le otorga el carácter de derecho
alternativo y excluyente, es decir: que el docente estatal debe escoger uno de los dos
derechos y no los dos simultáneamente, lo que implica que se le obliga a renunciar a uno
de los dos, porque según la interpretación referida, aquellas prestaciones se excluyen entre
sí. Aquellas interpretaciones son contrarias al ordenamiento jurídico colombiano y
especialmente al ordenamiento jurídico interamericano, a pesar de lo cual se han aplicado
en el caso de la demandante, pretendiendo haber garantizado el acceso a la justicia, lo que
sólo ha sido una mera formalidad. Aquellas interpretaciones también han convertido en
mera formalidad el cumplimiento por parte del Estado colombiano de la obligación de
respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, según
ordenado por los artículos 1º y 2º de la Convención ADH».
9.7. Finalmente, solicitó que se abordaran como problemas jurídicos: determinar si el
estado colombiano i) «ha garantizado el derecho de la demandante al acceso a la justicia
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efectiva según los artículos 8º, 24 y 25. de la Convención ADH»; y ii) «ha cumplido con la
obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno,
según ordenado por los artículos 1º y 2º de la Convención ADH, en relación el derecho
reclamado».
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
11.1. ¿La pensión de jubilación pretendida por Verania Díaz Vides es incompatible
con la de invalidez reconocida por el Fomag?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la prohibición de percibir doble asignación del erario
12. Desde 1886 se preveía la prohibición de recibir más de una erogación
proveniente del erario, disposición que se mantuvo con la expedición de la
Constitución Política de 1991, en los siguientes términos:
«[…] Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas […]». [Resalta la Sala].
13. Este mandato superior fue desarrollado por la Ley 4ª de 1992 con las siguientes
excepciones: i) las asignaciones percibidas por los profesores universitarios que se
desempeñaran como asesores de la Rama Legislativa, las del personal con
asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública, y aquellas
percibidas por concepto de sustitución pensional; y ii) los honorarios percibidos4 por
4 «[…] Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8)
horas diarias de trabajo a varias entidades».
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concepto de sustitución pensional, hora-cátedra, servicios profesionales de salud,
los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas,
siempre que no se trate de más de dos juntas; y iii) las que a la fecha de entrada en
vigencia de la señalada ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados.
14. La Corte Constitucional5 al analizar la constitucionalidad del mencionado artículo
concluyó:
«[…] si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no
lo es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración
de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o
más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación
que provenga del erario público. El término ‹asignación› comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc.
[…]
El artículo 19 de la ley 4 de 1992 que, como se ha repetido a lo largo de esta sentencia,
consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar en forma
simultánea más de un cargo público y por tanto el recibo de más de una asignación que
provenga de las arcas del Estado, guarda perfecta armonía con la finalidad u objetivo
general de la ley a la cual pertenece -4a. de 1992-, pues en ésta se señalan las normas,
objetivos y criterios generales que debe observar el Gobierno Nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso
Nacional y Fuerza Pública, como también el régimen prestacional de los trabajadores
oficiales. Y, como es obvio, las ‹asignaciones› tienen íntima relación con el tema salarial
de que trata la norma […]». [Resalta la Sala]
15. Así, en materia pensional, la norma solo excluyó la situación del personal con
asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública, las percibidas
por concepto de sustitución pensional, y las que a la fecha de entrar en vigencia esa
ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados.
2.2.2. Frente a la compatibilidad pensional en materia docente
16. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad
social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG, para lo cual
dispuso:
«[…] Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
5 Sentencia C-133 de 1993
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00341-01 (5781-2024)
Demandante: Verania Díaz Vides
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida
[…]». [Resalta la Sala].
17. La norma anterior, debe leerse en armonía con el propósito del constituyente de
1991 que estableció la prohibición de recibir más de una asignación proveniente del
erario, y que también fue este el que dispuso la posibilidad de algunas excepciones
a la regla y entregó al legislador su desarrollo, el cual, en el caso de los docentes,
solo previó la posibilidad de que estos percibieran salario y pensión.
18. En efecto, el legislador quiso mantenerles el privilegio de recibir simultáneamente
la pensión de jubilación y el salario a los docentes pensionados; no obstante,
conservó la prohibición de recibir doble pensión, pues, la prerrogativa contenida en
el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 debe ser entendida entre asignación
y pensión, mas no entre dos pensiones.
19. Lo anterior, toda vez que el propósito no era otro que el de darle continuidad a
las disposiciones que les permitían a estos servidores recibir más de una
asignación, entre otras, las contenidas en los artículos 5 del Decreto 224 de 1972 y
70 del Decreto 2277 de 1979 según las cuales i) los pensionados docentes podían
continuar en el ejercicio de su labor, siempre que contaran con la aptitud física y
mental para el efecto y ii) los docentes podían disfrutar de la pensión sin acreditar
el retiro del servicio. Esto se materializó en el artículo 6, inciso 4, de la Ley 60 de
1993 que determinó que el régimen prestacional de los docentes6 sería el previsto
en la Ley 91 de 1989, y que las prestaciones en ellas reconocidas serían
«compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones». La
interpretación que esta Corporación7 ha dado a esta norma es que los docentes a
quienes se les ha reconocido la pensión de jubilación pueden percibir otra
asignación, siempre que se desempeñen, como tal, hasta su retiro8.
6 Los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de septiembre de 2011,
radicación 68001-23-15-000-2002-02200-01 (1803-2008), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Al
respecto, sostuvo: «la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre las prestaciones
pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la actividad docente. Dicho en otros
términos, mantuvo la posibilidad de que los docentes a los cuales se les ha reconocido una
pensión puedan, disfrutar de dicha prestación y, continuar laborado hasta su retiro
definitivo». [Resalta la Sala].
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2021, radicado
05001 23 33 000 2013 01857 01 (4381-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00341-01 (5781-2024)
Demandante: Verania Díaz Vides
20. Ahora bien, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 permitió la compatibilidad entre la
pensión gracia y «la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la Nación». Esta es la única posibilidad que previó esa norma, la que
además precisó que para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 y
para los que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, «se reconocerá sólo una
pensión de jubilación».
21. Esta Subsección ha mantenido el anterior entendimiento9 al señalar «[…] que la
prohibición de erogar dos asignaciones con cargo al tesoro público tiene excepciones, en
especial para el sector docente, que conforme con las definiciones expresas de ley, y dentro
de las salvedades previstas en el Decreto Ley 1278 de 2002, corresponden a la posibilidad
de percibir la pensión gracia y la de jubilación, y la compatibilidad de ésta con el salario
siempre que el docente no tenga edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física
[…]», en dicha providencia concluyó que era incompatible la pensión gracia con la
remuneración de docente en un cargo administrativo.
22. Enigual sentido, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado10 ha concluido que «[…] los docentes vinculados hasta antes de la vigencia del
Decreto 1278 de 2002 están exceptuados de la prohibición de recibir doble asignación del
tesoro público, en tanto que el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad
entre las prestaciones pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la
actividad docente […]».
23. Lo expuesto, encuentra respaldo en la exposición de motivos de la Ley 60 de
1993 que pretendió «[…] mantener las condiciones de la carrera docente y de las
remuneraciones de los docentes»11. En igual sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«[…]
No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
9 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de agosto
de 2017, radicación: 25000 23 42 000 2013 06968 01, (1990-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2018,
radicación: 05001 23 33 000 2014 00357 01, número interno: 5041-16, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández; tal postura también se plasmó en sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 25000
23 42 000 2014 02117 01, número interno: 1667-15, con igual ponente.
11 Gaceta del Congreso 206 del 17 de junio de 1993, página 3. Se advierte que en el texto introducido
en la sesión que se refleja en esta gaceta, se incluyó lo siguiente «El régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones […]»
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Demandante: Verania Díaz Vides
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido […]» [Resalta la
Sala].
24. De acuerdo con el análisis anterior, las disposiciones del artículo 279 de la Ley
100 de 1993, que excluyen del sistema general de pensiones a los docentes
afiliados al Fomag, deben acompasarse con todo el sistema normativo dispuesto
para estos servidores y en tal sentido, interpretarse bajo la consideración de que i)
no desarrolla las excepciones a las que alude el artículo 128 de la Constitución
Política y, por lo tanto, no puede considerarse como una nueva prerrogativa distinta
de la regla de prohibición de percibir más de dos asignaciones provenientes del
erario; y ii) la posibilidad entonces que tienen los docentes es la de recibir una
pensión y la remuneración por sus servicios en tal labor.
2.2.3. Del sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
25. Con el propósito de desarrollar el derecho a la seguridad social previsto en el
artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el legislador por medio de la Ley 100
de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo a
la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte.
Este ambicioso sistema, entre otras, pretendió desarrollar los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad en materia pensional.
Además, procuró resolver el «[…] crecimiento incontrolable del correspondiente
gasto público, y aun mayor aumento de un pasivo escondido […]», toda vez que el
«[…] pago de pensiones en el sector público se realiza[ba] con cargo a los
presupuestos nacional y territorial, o a los recursos de las entidades, sin
contribución de los trabajadores, ni con rendimiento de inversiones de reservas
[…]»12.
12 Exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, Gaceta 087 de 1992.
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Demandante: Verania Díaz Vides
26. Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la aludida
incompatibilidad, esta Sala recuerda que dicho sistema, entre otras, fue creado para
cubrir las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del
reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la ley, así como
propender por la ampliación de cobertura a la población no cubierta con un sistema
de pensiones13.
27. En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema que
impone políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin desproteger
los riesgos que ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca la necesidad
de su protección. En tal sentido, la regla del sistema es la incompatibilidad entre
pensiones que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
señalado lo siguiente14:
«[…] Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con
tiempos prestados a empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya
contaba con una pensión de jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que
como ambas tenían idéntica naturaleza y además preservaban el mismo riesgo, no
era viable cargar al sistema con esa condena.
Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador de
segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que
bajo la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de vejez,
independientemente del origen de los servicios prestados.
[…]
En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado,
esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones
de las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad, cuando
provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo contrario se
entenderá que es inviable […]». [Resalta la Sala].
28. En ese orden, el sistema pensional no permitió que se accediera a una segunda
prestación que cubriera el riesgo que ya había sido amparado, por lo que resultaba
intrascendente su origen como sí su finalidad, esto es proporcionarle al ex
trabajador que cumple con los requisitos, lo necesario para su subsistencia. En
igual sentido lo ha considerado esta corporación, al señalar que «[…] al entrar en
vigor [la Ley 100] esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el
canon constitucional precitado, en el entendido de que no era posible devengar
13 Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL536-2018 del 28 de febrero
de 2018, radicado 48880, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.
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dos prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo de vejez […]»»15.
29. Sinembargo, como se expuso en el acápite precedente, dentro de los
denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley 100 de 1993,
estaban los afiliados al Fomag, quienes ya contaban con normativa propia que fijaba
los requisitos que los trabajadores beneficiarios debían cumplir para obtener la
pensión y reglan sus distintas modalidades de pensión.
30. Es así como la Ley Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio» regulaba el régimen prestacional de los docentes
oficiales con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad
anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor,
los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en
adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidieran en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
31. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispuso que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tenían derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
2.2.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
32. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de
la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en
las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la
Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio 1º).
15Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
sentencia del 1.º de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P.
William Hernández Gómez.
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33. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200316, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«[…] Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».
34. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201917, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
16 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
17 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».
35. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
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✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]
36. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años18. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».
37. Así las cosas, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.º del Acto legislativo 1 de
2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de si la
fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812
del 2003, comoquiera que aquellos vinculados al servicio educativo antes del 27 de
junio de 2003 estarían sujetos por disposición de la Ley 91 de 1989 a las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional; a diferencia
quienes ingresaron con posterioridad, quienes estarían amparados por el régimen
de prima media descrito en la citada Ley 100 de 1993.
2.2.5. Sobre la pensión de invalidez y su incompatibilidad con la de jubilación
en el sector docente oficial
38. En consonancia con lo anterior, los docentes vinculados antes de la vigencia de
la Ley 812 de 2003 conservarían la normativa que los regía según lo establecido en
18 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
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el artículo 15 de la Ley 91 de 1985.
39. El Decreto 3135 de 1968 estableció tres prestaciones destinadas a amparar al
trabajador retirado definitivamente del servicio: invalidez, jubilación y vejez, las
cuales, de acuerdo con su artículo 29, no pueden ser concurrentes sino alternativas,
esto es, que solo puede devengarse una de ellas a la vez, como lo determina
expresamente su artículo 31:
«[…] Artículo 31: Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son
incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable
cuando haya concurrencia de ellas.» [Se resalta]
40. En igual sentido, el Decreto 1848 de 1969 reglamentario del anterior, en el
artículo 88 previó que «[l]as pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son
incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará
por la que más le convenga económicamente […]».
41. En lo referente a los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, el régimen aplicable en cuanto a la pensión de invalidez es el
consagrado en la Ley 100 de 1993, que en su artículo 38 indicó que esta prestación
está dirigida a cubrir la contingencia de la pérdida de la capacidad laboral en un
50% o más y, al igual que el régimen explicado en párrafos anteriores, también
estipuló la prohibición de recibir simultáneamente la pensión de invalidez y la de
vejez en su artículo 13.
42. Por consiguiente, de acuerdo con las normas precitadas, tanto para los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 como para los que se
vincularon a partir de ella, la pensión de invalidez es incompatible con la pensión de
jubilación, de tal forma que no se pueden devengar las dos simultáneamente. Así lo
ha reconocido esta Sección19 de manera reiterada con sustento en las razones que
se concretan a continuación:
«1.- Tienen su origen en una misma relación laboral;
2.- Están condicionadas a los aportes que la demandante realice al Sistema General
de Seguridad Social;
19 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. De la Subsección A,
sentencias del 3 de agosto de 2023, rad. 25000 23 42 000 2014 03053 01 (1608-2019); del 16 de
junio de 2022, rad. 25000 23 42 000 2017 06061 01 (2684-2021); del 8 de abril de 2021, rad. 20001-
23-33-000-2016-00164-01(4785-17); del 9 de julio de 2020, rad. 25000-23-42-000-2014-02537-
01(3048-17); del 30 de enero de 2020, rad. 25000-23-42-000-2013-01834-01(1499-14); y del 28 de
febrero de 2020, rad. 25000-23-42-000-2013-06203-01(0897-17). De la Subsección B, sentencias
del 6 de julio de 2023, rad. 68001-23-33-000-2018-00613-01 (316-2023); del 7 de diciembre de 2021,
rad. 25000-23-42-000-2013-06924-01 (2986-2019); y del 27 de febrero de 2020, rad. 25000-23-42-
000-2013-05778-01(2380-14).
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3.- Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez o jubilación tiene
como objeto cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona
a la vejez, la pensión de invalidez se encamina a cubrir la pérdida de la capacidad
laboral pero ya en razón de la invalidez, es decir cumplen la misma función protectora
para permitir la subsistencia de la persona sea por su condición de vejez o
invalidez.»20
43. En este orden de ideas, se concluye que cuando una persona percibe una
pensión, sea de invalidez o jubilación en razón de los aportes efectuados, es
improcedente que devengue la otra simultáneamente, pues son incompatibles en la
medida en que reconocen dos prestaciones a cargo del erario, en tanto el FOMAG
es el patrimonio autónomo de la Nación y cubren una misma prestación.
2.3. Análisis del caso concreto
2.3.1. Lo probado dentro del proceso
44. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
44.1. Verania Díaz Vides nació el 20 de julio de 196221.
44.2. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 14, expedido el 12 de enero de 2021, por la Secretaría de
Educación de Barrancabermeja, prestó sus servicios como docente municipal entre
el 15 de enero de 1996 y el 22 de agosto de 2019. En este se indicó como causal
de retiro «pensión de invalidez».
44.3. A través de la Resolución 1956 del 12 de octubre de 2017 le fue reconocida
pensión de jubilación, por la suma de $2.559.375.
44.4. Mediante Resolución 1019 del 8 de julio de 2019, el secretario de educación del
municipio de Barrancabermeja la retiró del servicio, lo anterior, porque «según el
trámite de pensión la hoja de revisión con radicado 2019-PENS-725624, revisado la totalidad
del expediente, el proyecto acto administrativo de reconocimiento de la prestación se
encuentra ajustado al derecho. Estado: APROBADO».
44.5. El
secretario de educación del municipio de Barrancabermeja, con la
Resolución 1247 del 22 de agosto de 2019 le reconoció pensión de invalidez por la
suma de $2.731.445, efectiva a partir del 22 de agosto de 2019.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019,
radicación: 25000-23-42-000-2014-00169-01 (1009-2018), actor: Aura Suanir Mena.
21 Según la cédula de ciudadanía.
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44.6. La prestación de invalidez fue reajustada a través de la Resolución 0164 de 20
de febrero de 2020, con la que la mesada pensional aumentó en la suma de
$3.648.501.
44.7. El 5 de marzo de 2021 solicitó que se continuara pagando la pensión de
jubilación «sin renunciar a la pensión de invalidez», petición que fue negada por la
Secretaría de Educación del municipio de Barrancabermeja, mediante los oficios
con radicados BAR2021ER001210 y BAR2021EE001956 del 16 de abril de 2021,
al considerar que las pensiones de jubilación e invalidez eran incompatibles.
2.3.2. Análisis de la Sala
45. En el presente caso, el a quo negó las pretensiones de la demanda en razón a
la incompatibilidad que de manera expresa establecían los artículos 31 del Decreto
3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de 1969 entre la pensión de invalidez y la de
jubilación. La demandante manifestó su desacuerdo, al considerar que el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 «establece un espectro de compatibilidades tan amplio entre
las prestaciones que paga el “FOMAG” que incluye la compatibilidad entre pensiones,
cuando precisa que aquella compatibilidad es lícita cuando ocurre “con pensiones o
cualquier clase de remuneración”».
46. Con el fin de resolver el recurso de apelación, se advierte que la demandante
ingresó al servicio como docente municipal el 15 de enero de 1996, esto es con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual el
régimen pensional aplicable era el previsto en la Ley 33 de 1985 y en los decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, en virtud de los que inicialmente le fue reconocida la
pensión de jubilación mediante la Resolución 1956 del 12 de octubre de 2017 y, con
posterioridad, la de invalidez a través de las resoluciones 1247 del 22 de agosto de
2019 y 0164 de 20 de febrero de 2020.
47. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, si bien el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema
integral de seguridad social a los afiliados al Fomag y precisó que las prestaciones
a cargo de esta entidad eran «compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración»; esta disposición debe leerse en el marco del régimen constitucional
vigente que contiene la prohibición de recibir más de una asignación proveniente
del erario.
48. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de
1992, se encuentran exceptuadas de la mencionada prohibición «[l]as que a la fecha
de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados». Sin embargo, como se precisó antes, lo que permitió dicha norma fue
mantener la compatibilidad entre asignación y pensión, mas no entre dos pensiones.
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Demandante: Verania Díaz Vides
Esto, porque el objetivo fue mantener vigentes las excepciones que de manera
previa habían sido previstas en favor de los educadores oficiales y que se
encontraban vigentes en la fecha en la que entró en vigencia, las cuales, según lo
dispuesto en los decretos 224 de 1972 y 2277 de 1979 consistían en que, después
de pensionados pudieran continuar ejerciendo la docencia y como consecuencia
percibir la respectiva remuneración por su labor.
49. En orden con lo expuesto, no le asistía razón a la recurrente cuando afirmó que
el mencionado artículo 279 permitió «un espectro de compatibilidades tan amplio entre
las prestaciones que paga el “FOMAG” que incluye la compatibilidad entre pensiones»,
puesto que, la regla general en el marco constitucional colombiano es que nadie
pueda recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo en
aquellos casos en los que el legislador, de manera expresa, determinara una
excepción, sin embargo, no se advierte una prerrogativa que permita la
compatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez.
50. Ciertamente el ejercicio de la profesión docente como servicio público a cargo
del Estado tiene un tratamiento especial de parte del legislador, en los términos
previstos en el Decreto Ley 2277 de 197922 y la Ley 115 de 199423, sin que ello
conlleve que los docentes estén exentos de la prohibición constitucional del artículo
128.
51. Sobre este aspecto, la subsección señala que la prohibición de erogar dos
asignaciones con cargo al tesoro público tiene excepciones, en especial para el
sector docente, que de conformidad con las definiciones expresas de ley y dentro
de las salvedades previstas en el Decreto Ley 1278 de 200224, corresponden a la
posibilidad de percibir la pensión gracia25 y la de jubilación, y la compatibilidad de
estas con el salario siempre que el docente no se encuentre en edad de retiro
forzoso y mantenga su aptitud mental y física26.
52. De otra parte, el recurrente cuestionó que la decisión del tribunal se sustentara
en los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de 1969, disposiciones
que fueron derogadas «desde el 12 de agosto de 1993, por inciso 4º del artículo 6º de la
Ley 60 de 1993».
53. Como se explicó, la prerrogativa contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, mantuvo vigente el régimen prestacional de los docentes oficiales establecido
en la Ley 91 de 1989, según el cual «[l]os docentes nacionales y los que se vinculen a
partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se
22
“Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”.
23
“Por la cual se expide la ley general de educación”.
24
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente, artículo 45, vigente desde el 19 de junio de 2002.
25
Ley 114 de 1913.
26
Decreto 224 de 1972.
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Demandante: Verania Díaz Vides
regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional,
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con
las excepciones consagradas en esta Ley» [se resalta].
54. Así las cosas, en vigencia de la Ley 100 de 199327, los decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969 continuaron rigiendo las prestaciones de las que eran acreedores
estos servidores. Esto fue reiterado por el legislador a través de la Ley 812 de 2003,
según el cual el «régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley», el cual se encontraba previsto en la referida Ley 91.
55. En consonancia, toda vez que Verania Díaz Vides se vinculó antes de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003 [15 de enero de 1996] su régimen prestacional se
regía por aquellas disposiciones que beneficiaban a los empleados públicos del
orden nacional antes de la Ley 100 de 1993, dentro de los que se encontraban los
decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
56. En cuanto a la supuesta derogatoria, se precisa que el inciso 4 del artículo 6 de
la Ley 60 de 1993 disponía que:
«El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal
será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el
régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial».
57. La disposición transcrita se limitaba a reiterar lo dispuesto en el artículo 279 de
la Ley 100 de 1993, el cual, se insiste, tenía por objeto mantener vigente las
compatibilidades de las que se beneficiaban los docentes oficiales antes de la
entrada en funcionamiento del actual sistema general de pensiones, las cuales se
limitaban a la compatibilidad de las pensiones gracia y jubilación entre sí y con el
salario producto del ejercicio de la docencia. Sin que de esta se pueda advertir una
derogatoria, tácita o expresa, de los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del
Decreto 1848 de 1969.
58. Adicionalmente, dentro de los argumentos en los que la demandante sustentó el
recurso de apelación, sostuvo que la interpretación en la que se sustentó la decisión
de instancia desconoció los artículos 1, 2, 8, 24 y 25 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, con lo que se le privó del acceso efectivo a la administración
27 Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
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de justicia.
59. Frente al anterior cuestionamiento, encuentra la sala que se sustentó en
afirmaciones abstractas, esto es, sin precisar de manera concreta en qué consistió
la supuesta restricción frente al acceso a la administración de justicia. Contrario a lo
manifestado por la recurrente, se advierte que el presente proceso se adelantó con
«las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley28» y, asimismo, tuvo la
oportunidad de presentar «un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes29».
60. Aunado a lo anterior, en el sub judice no se advierte un desconocimiento de los
derechos de la demandante, al contrario, de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente le fue resuelta su situación a través de una decisión que consultó y
respetó las garantías constitucionales y sus derechos fundamentales e
irrenunciables.
61. De igual forma, no se advierte el desconocimiento de un derecho adquirido frente
a la pensión de jubilación, puesto que, en el caso en estudio aconteció una nueva
situación, esta fue la pérdida de capacidad laboral de la docente que la hizo
acreedora del derecho de optar o por la pensión de jubilación o la de invalidez, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968, según el
cual, al ser estas prestaciones incompatibles el «empleado o trabajador podrá optar
por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas».
62. Lo anterior tiene sustento en el hecho de que ambas prestaciones buscan
salvaguardar las contingencias a que se puede ver sometido un empleado,
relacionadas con la afectación a su salud o por el simple paso del tiempo y que,
desde el entorno de la universalidad, cubren la misma contingencia, a saber la
terminación del vínculo legal y reglamentario, de modo que es improcedente
devengar dos prestaciones que surtirán igual efecto y que serían pagadas en ambos
casos por una sola entidad, esto es, el Fomag.
63. Finalmente, tampoco se encontró acreditada la incongruencia interna planteada
por la recurrente, porque no se advirtió una falta de coherencia entre las
pretensiones y las consideraciones y la resolutiva de la sentencia de primera
instancia. Asimismo, porque si bien el tribunal planteó como problema jurídico el de
determinar si las pensiones de jubilación e invalidez son compatibles, este tenía
como objetivo determinar si las prestaciones eran compatibles o incompatibles, por
lo que, la denominación del título en el que se desarrolló el marco jurídico y
28 Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
29 Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Demandante: Verania Díaz Vides
jurisprudencial aplicable no era suficiente para concluir la incongruencia señalada.
64. De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 9
de agosto de 2024, por el Tribunal Administrativo de Santander con la que se
negaron las pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
65. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
66. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
67. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.
68. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
69. En el caso concreto, como no se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia.
30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014).
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Demandante: Verania Díaz Vides
3. Conclusión
70. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que de conformidad con el
artículo 128 de la Constitución Política y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
normativa aplicable a los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, existe incompatibilidad
entre las pensiones de jubilación e invalidez toda vez que no se encuentran dentro
de las excepciones expresamente previstas por el legislador y cumplen con la
misma finalidad, es decir proporcionarle a la persona lo necesario para subsistir
debido a la pérdida de capacidad para laboral y se encuentran a cargo del Fomag,
patrimonio autónomo de la Nación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda presentada por Verania Díaz Vides contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según lo considerado en esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto
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Demandante: Verania Díaz Vides
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
25
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