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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00278-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00278-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, los cuales quedarán así: 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036- 01(AP)REV-SU. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 68001-23-33-000-2019-00278-01 Actora: CLAUDIA HURTADO BERNAL «[…]SEGUNDO. ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BARBOSA – SANTANDER, al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y a ESBARBOSA S.A. E.S.P. para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: i) Elaboren, en el término máximo de (06) seis meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, un estudio con el objeto de determinar la solución adecuada y definitiva para canalizar las aguas que discurren por la Diagonal 18 del Municipio de Barbosa Santander – Variante de Barbosa 62 STA –, especialmente el descole de las aguas recibidas por la obra de drenaje superficial – Box Culvert – adyacente a la Urbanización La Primavera; y ii) Elaboren, en el término de dos (02) meses siguientes al otorgado para realizar los estudios, un cronograma en el que se especifiquen todas las gestiones y actividades a realizar de conformidad con los resultados obtenidos en los respectivos estudios, incluyendo la ejecución de la obra u obras que permitan la superación de la vulneración de los derechos e intereses colectivos vulnerados por las partes accionadas; en todo caso las actuaciones, gestiones y ejecución de las obras a realizar para la superación efectiva de la vulneración de los derechos e intereses colectivos no puede superar el término máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. TERCERO. INTÉGRASE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN el cual estará conformado por un delegado del Municipio de Barbosa – Santander, un delegado del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, un delegado de ESBARBOSA S.A. E.S.P., un delegado de la Defensoría del Pueblo y la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2019-00278-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2019-00278-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: CLAUDIA HURTADO BERNAL

TESIS: EL ESTUDIO TÉCNICO PARA DETERMINAR EL TIPO DE
OBRAS E INTERVENCIONES REQUERIDAS PARA HACER CESAR LAS
CAUSAS DE LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS EXIGE
LA CONCURRENCIA Y ACCIONES ARTICULADAS ENTRE EL INVIAS,
EL MUNICIPIO Y ESBARBOSA S.A. E.S.P.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: A LA
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, AL ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA
SALUBRIDAD PÚBLICA Y AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y
A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el

MUNICIPIO DE BARBOSA1 contra la sentencia de 18 de mayo de

2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2.

1
En adelante el MUNICIPIO.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2019-00278-01
Actora: CLAUDIA HURTADO BERNAL

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

La señora CLAUDIA HURTADO BERNAL, en ejercicio de la acción

popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, presentó

demanda contra el MUNICIPIO y el INSTITUTO NACIONAL DE

VÍAS4 tendiente a la protección de los derechos colectivos a la

seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de

servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

I.2.- Hechos

Indicó que el MUNICIPIO mediante Resolución núm. 004 de 2007

concedió a la Asociación de Autogestión de Vivienda Popular La

Primavera la licencia de urbanismo para la construcción de la

Urbanización La Primavera en la diagonal 18 núm. 15 par.

3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4
En adelante INVIAS.

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Actora: CLAUDIA HURTADO BERNAL

Sostuvo que para canalizar las aguas lluvias que recibe la diagonal

18 del MUNICIPIO, el INVIAS construyó una obra de drenaje -box

culvert- que recibe las aguas que discurren por esa vía para

transportarla debajo de esta y verterla finalmente en una calle de la

urbanización, lo que genera un riesgo para sus residentes en razón

a la cantidad de aguas que fluyen por dicha estructura.

Expuso que el INVIAS y el MUNICIPIO alegan no tener

competencia para atender la problemática y, en consecuencia,

persiste la situación de riesgo para los habitantes de la urbanización.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó:

«[…] PRIMERA. Que se declare que el Instituto Nacional de Vías –
INVIAS y el municipio de Barbosa con ocasión de la construcción de
la alcantarilla en la parte superior de la Diagonal 18 (Vía Nacional),
adyacente a la Urbanización la Primavera, vulnera derechos colectivos
(La seguridad y salubridad públicas, El acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública, El acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna), y
atenta contra la integridad de las personas que por allí transitan y de
quienes vivimos en el lugar, además de no permitir el uso, goce y
disfrute las vías públicas

SEGUNDA. Que, de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene al
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y al MUNICIPIO DE
BARBOSA – SANTANDER, el taponamiento del box culvert o la

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canalización de las aguas lluvias hasta el rio Suarez, con el fin de
evitar daños a las personas y predios del lugar.

TERCERA. Que tanto el INVIAS como el Municipio de Barbosa acaten
inmediatamente la orden que su despacho le imparta, antes que
llegue la época invernal y pueda causar algún desastre, en las
viviendas o las personas que allí residimos.

CUARTA. Que la (sic) las entidades demandadas sean condenadas
en costas […]».

I.4. Defensa

I.4.1. El INVIAS alegó que no es la responsable de la construcción

de la variante Barbosa y tampoco de la estructura de drenaje de

aguas referida en la demanda que, incluso, fue construida antes de

iniciarse del desarrollo de la Urbanización.

Adujo que las pretensiones de la demanda están relacionadas con

una problemática propia de la prestación del servicio público de

alcantarillado, asunto que escapa a su objeto y funciones.

Expuso que no existen trámites relacionados con la urbanización del

talud inferior de la variante Barbosa, identificada con código 62STA,

ni de permisos de uso de la vía para obras de acceso a las viviendas

ubicadas en dicho talud inferior.

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Destacó que es obligación del urbanizador diseñar y construir las

redes de servicios públicos domiciliarios, al tiempo que compete al

MUNICIPIO exigir su cumplimiento a efectos de expedir los

respectivos permisos y licencias de construcción.

I.4.2. El MUNICIPIO expuso que en la licencia de urbanismo a favor

de la Asociación de Autogestión de Vivienda Popular La Primavera,

se determinó que correspondía al urbanizador hacer entrega de

andenes, sardineles, vías pavimentadas, obras de acueducto y

alcantarillado y la PTAR, obligaciones que, a la fecha, no ha cumplido.

Precisó que para la época en que fue aprobado el proyecto de

construcción de la Urbanización La Primavera ya existía el box

culvert, razón por la cual es responsabilidad de los urbanizadores

manejar las aguas que discurren por el predio en donde se adelantó

el proyecto, respetando las vías existentes y realizando las

adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento.

Propuso como excepciones:

«Falta de jurisdicción o de competencia» y «El medio de

control de protección de intereses colectivos no es procedente

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cuando han expirado los términos de otras acciones para

proteger derechos individuales»: destacó que como la

reclamación de la parte actora está llamada a ser atendida por la

Urbanizadora Becaria Hermanos Ltda., se debían acudir ante la

jurisdicción ordinaria para perseguir los perjuicios causados por el

incumplimiento de las obligaciones y condiciones técnicas fijadas en

la licencia para el desarrollo del proyecto.

«No existe vulneración de los derechos colectivos invocados

por la parte demandante» y «Es improcedente el medio de

control porque no se ha efectuado ninguna omisión o acción

por parte del municipio que haya violado o amenace violar los

derechos o intereses colectivos»: Adujo que la presunta

transgresión de derechos invocados no le es atribuible, dado que en

la licencia otorgada se fijaron las condiciones ambientales y de

infraestructura del predio, así como la existencia de la vía nacional

desde hace más de 40 años; además, la ausencia de alcantarillado

pluvial no es su responsabilidad sino de la urbanizadora, pues en

dicho acto se estableció que el proyecto debía garantizar la

infraestructura de servicios públicos y lluvias.

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I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 25 de

septiembre del 2019, declarándose fallida por la no comparecencia

de la totalidad de las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 18 de mayo de 2023, declaró la

vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad

públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice

la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que su

prestación sea eficiente y oportuna por parte de las entidades

accionadas, debido a la inexistencia de una correcta canalización y

descole de las aguas que discurren por la diagonal 18 del

MUNICIPIO “Variante de Barbosa 62 STA”, que ha generado una

situación de riesgo para los habitantes de la zona, especialmente

para quienes residen en la Urbanización La Primavera, que requiere

pronta intervención.

Consideró que el argumento del MUNICIPIO, referente a la

responsabilidad del urbanizador, no está llamado prosperar en

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atención a que el Decreto 3050 de 2013 prevé que al urbanizador

únicamente le compete el diseño y la construcción de la red

secundaria o red local de alcantarillado y, en el caso concreto, la vía

en cuestión hace parte de la Red Nacional de Carreteras construida

a cargo del INVIAS, quien también es competente para ejecutar los

programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción,

mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de

emergencias y demás obras que requiera la infraestructura a su

cargo.

En consecuencia, dispuso lo siguiente:

“[…] SEGUNDO. ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BARBOSA –
SANTANDER y al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS para que,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias: i) Elaboren, en el término máximo de (06) seis meses
contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, un estudio con el
objeto de determinar la solución adecuada y definitiva para canalizar
las aguas que discurren por la Diagonal 18 del Municipio de Barbosa
Santander – Variante de Barbosa 62 STA –, especialmente el descole
de las aguas recibidas por la obra de drenaje superficial – Box Culvert
– adyacente a la Urbanización La Primavera; y ii) Elaboren, en el
término de (02) meses siguientes al otorgado para realizar los
estudios, un cronograma en el que se especifiquen todas las gestiones
y actividades a realizar de conformidad con los resultados obtenidos
en los respectivos estudios, incluyendo la ejecución de la obra u obras
que permitan la superación de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos vulnerados por las partes accionadas; en todo
caso las actuaciones, gestiones y ejecución de las obras a realizar
para la superación efectiva de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos no puede superar el término máximo de dieciocho

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(18) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.

TERCERO. INTÉGRASE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN el cual estará
conformado por un delegado del Municipio de Barbosa – Santander,
un delegado del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, un delegado de
la Defensoría del Pueblo (quien lo presidirá) y la parte accionante,
comité que deberá rendir a esta Corporación informes periódicos
sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno al culminar sus labores
[…]”.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El MUNICIPIO alegó la falta de legitimación por pasiva, en tanto

que la causa del daño alegado radica en la alcantarilla donde se

rebosan las aguas, cuya estructura fue construida por el INVIAS, tal

y como fue precisado en la sentencia apelada, por consiguiente, no

resulta aplicable el principio de concurrencia en razón a que la

responsabilidad recae en quien ejecutó la obra de la cual deriva la

afectación.

Indicó que, además de lo anterior, en el expediente no existe

reproche alguno frente a la licencia urbanística otorgada para el

desarrollo de la urbanización.

Manifestó que la presunta vulneración de los derechos colectivos

carece de sustento probatorio dado que la única prueba sobre el

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particular es el acta de una visita al lugar donde ocurren los hechos

alegados, cuya fecha data de más de 4 años.

Adujo que tener el acta como plena prueba no ofrece certeza en

cuanto la prestación deficiente del servicio de alcantarillado, pues se

trata de un hecho que requiere de conocimientos técnicos específicos

que escapan a los profesionales del derecho y, por lo tanto, tal

prueba no es suficiente para concluir que una situación puntual y

aislada acredite la ausencia de una prestación efectiva de tal servicio.

Aseguró que lo pretendido es la satisfacción de intereses particulares,

consistentes en obras de mantenimiento del box culvert, no la

protección de un interés general, dado que no hay evidencia ni

concepto técnico para afirmar que la modificación de dicha estructura

conlleve a hacer cesar la afectación al servicio de alcantarillado.

IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue

admitido mediante auto de 18 de agosto de 2023. Estando el proceso

al Despacho, mediante auto para mejor proveer de 30 de mayo de

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2025 se ofició a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios

de Barbosa E.S.P. para que informara lo siguiente:

“[…] i) El estado y la naturaleza de las redes de alcantarillado
instaladas en la Urbanización La Primavera, ubicada en la Diagonal 18
No. 15 PAR de ese municipio, y desarrollada por la Asociación de
Autogestión de Vivienda Popular La Primavera.
[…] ii) Si actualmente es la empresa que opera el sistema de
alcantarillado a través del cual se presta dicho servicio público en la
Urbanización La Primavera. De no ser así, informar qué entidad la
tiene su cargo […]”.

En respuesta a lo anterior, la Empresa de Servicios Públicos

Domiciliarios de Barbosa E.S.P. indicó que sí es la encargada de

prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en la zona, conforme

se evidencia del siguiente Oficio:

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Comoquiera que el objeto de la acción de la referencia se relaciona

con las falencias en el alcantarillado en el sector cuya prestación del

servicio de acueducto y alcantarillado está a cargo de la Empresa

de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa E.S.P., que no

está vinculada al proceso, en auto de 3 de octubre de 2025, el

Despacho sustanciador ordenó poner en conocimiento de dicha

empresa la nulidad de que trata el artículo en el artículo 133, numeral

8, del Código General del Proceso -CGP4; no obstante, dentro término

previsto para alegarla la entidad se abstuvo de hacerlo, por lo

que, en proveído de 19 de noviembre de 2025, se declaró saneada y

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se dispuso que el proceso continuara su curso con su citación y

audiencia5.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Delegado del Ministerio Público ante esta Corporación no emitió

concepto dentro de la oportunidad otorgada en esta instancia.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para el amparo de derechos colectivos.

5
Índice SAMAI 00036.

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Problemas jurídicos

En atención a lo argumentado en los recursos de alzada, a la Sala le

corresponde determinar lo siguiente:

i) ¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva

respecto del MUNICIPIO?

ii) ¿La problemática expuesta afecta los derechos colectivos y si la

misma está probada?

iii) ¿La responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos

es atribuible al MUNICIPIO y al INVIAS?

De la falta de legitimación en la causa por pasiva

Sobre el particular, la Sala destaca que en materia de acciones

populares el estudio y análisis de esta excepción supone establecer

la relación jurídica material existente entre los extremos de la litis y,

a partir de esta, determinar quién tiene injerencia real en la causa o

fuente del hecho constitutivo de la transgresión de los derechos

colectivos.

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Así entonces, están legitimados por activa y pasiva, según la ley

(artículos 13 y 14 de la ley 472 de 1998) las personas naturales o

jurídicas que se vean perjudicados por la violación o amenaza a los

derechos e intereses colectivos y aquellas que con su accionar u

omisión, sean las que producen dicha violación o amenaza.

Es decir, dicha excepción constituye, a su vez, un presupuesto

procesal que de no acreditarse conlleva a la imposibilidad del juez de

emitir un pronunciamiento de fondo respecto del sujeto procesal en

quien recae la falta de legitimación para concurrir al litigio, siendo

procedente disponer su desvinculación del proceso.

Precisado lo anterior, y una vez revisados en su integridad los

supuestos fácticos de la demanda como sus pretensiones, surge con

claridad que los asuntos ventilados en esta acción constitucional

están relacionados con las funciones propias del MUNICIPIO como

garante de la prestación eficiente de los servicios públicos en su

territorio.

Otro asunto es que, en el marco del juicio de responsabilidad que

corresponde adelantar, luego de dilucidar si existe o no afectación de

los derechos alegados, eventualmente se advierta la ausencia de una

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acción u omisión del MUNICIPIO susceptible de calificarse como

causa determinante de la transgresión que motivó esta acción

constitucional.

Bajo tal entendido, para la Sala resulta claro que lo expuesto en el

recurso de apelación como argumento para solicitar la desvinculación

del MUNICIPIO de este trámite procesal, no tiene vocación de

prosperidad y, por consiguiente, el cargo será denegado.

De la afectación a los derechos colectivos

Con el fin de resolver tal cuestionamiento, es pertinente hacer

referencia a los hechos relevantes con pleno respaldo probatorio

dentro del acervo y de la suficiencia de estos para tener por

acreditada o no la afectación de los derechos e intereses colectivos

que fueron amparados por el Tribunal.

Así, a través de las pruebas documentales aportadas con la demanda,

en particular, los registros fotográficos y fílmicos se acreditó dentro

del plenario que las temporadas en que se incrementa la pluviosidad,

la capacidad de la alcantarilla construida para la evacuación de las

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aguas lluvias provenientes de la parte superior del talud de la vía

nacional 62STA diagonal 18 desbordan la capacidad de la estructura6.

De igual forma, está probado que las aguas canalizadas mediante

dicha alcantarilla son expulsadas sin control al talud ubicado en la

parte inferior de la vía en mención.

Conforme con las fotografías y videos tenidos como prueba, en el

terreno donde se realiza la descarga de aguas pluviales, el

MUNICIPIO ha otorgado licencia urbanística de construcción, al

punto que para la época en que fue promovida la demanda se habían

construido varias viviendas que, debido al incremento de las aguas

que discurren por esa zona, han quedado expuestas a inundaciones7:

6
Archivo de video «VID-20190225-WA0024».
7
Conforme con lo registrado en los archivos de video «VID-20190225-WA0019» y «VID-20190225-
WA0020».

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Asimismo, está acreditado que las aguas lluvias que atraviesan la

zona, a su salida del box culvert, han generado una cárcava que,

para la época de promoverse la acción popular, alcanzaba una

extensión y profundidad considerable, de acuerdo con las imágenes

registradas en el archivo de video VID-20190225-WA0023.

En igual sentido, en el acta de visita realizada por el Inspector de

Policía del MUNICIPIO al sector donde tienen lugar los hechos que

motivaron esta acción, que data de 8 de enero de 2019, se expuso

lo siguiente:

«[...] En la diagonal 18 se encuentra una alcantarilla que recibe todas
las aguas del sector, el INVIAS realizó un box culvert el cual no tiene
tubería y se rebosa por medio de una de las calles de la Urbanización
la Primavera Diagonal 18. La zona se ha derrumbado y se evidencia
zanja por acción de las aguas lluvias, las viviendas tienen puentes
artesanales para entrar y algunas viviendas están averiadas.

La escorrentía rebosa la alcantarilla según los videos
suministrados[...].

Se evidencia un box culvert abierto [...] y pasa por el medio de la
urbanización la primavera diagonal 18. Se evidencia derrumbe y zanja
por acción de las aguas lluvias, las viviendas tienen puentes
artesanales para entrar, así mismo las viviendas están averiadas. La
escorrentía rebosa la alcantarilla [...]».

Por otra parte, es un hecho probado que la vía en referencia y la

estructura que, según lo expuesto por la parte actora, es la causante

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de la problemática ventilada en este proceso, fueron construidas por

el entonces Ministerio de Obras Públicas, como fue admitido

expresamente por el INVIAS al contestar la demanda8.

Siendo ello así, contrario a lo expuesto por el recurrente, las pruebas

debida y oportunamente incorporadas al plenario revisten la

suficiencia necesaria para concluir que, tal y como fue advertido por

el Tribunal en el fallo de primera instancia, en el caso sub lite, la

situación fáctica acreditada constituye una evidente transgresión de

los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso

a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente

y oportuna, desvirtuándose de esta manera el cargo de apelación

acerca de la limitación probatoria de tal afectación y con ello la

improcedencia de la acción alegada en el recurso.

Adicionalmente, la Sala advierte que el apelante argumentó que lo

pretendido con esta acción es la satisfacción de intereses

8
Como se advierte de lo expuesto por la entidad al pronunciarse sobre el hecho 4, en el numeral 2 y
el inciso final del numeral 3, en los siguientes términos: «[...] 2. La variante Barbosa con código 62STA
fue construida antes de la creación del Invias, como lo demuestra la Resolución No. 5942 del
28/12/1999 [...]. 3. La obra de drenaje superficial referida en la presente demanda corresponde a una
alcantarilla en concreto reforzado de 36” de diámetro interno [...]. Estas obras de drenaje se construyen
con el fin de permitir el paso del agua de un lado de la vía al otro, con el fin de que continúe su curso
natural. [...] NO ES CIERTO, lo descrito por la accionante en cuanto a la construcción del BOX CULVERT,
haya sido realizada por el Invias sino por el otrora Ministerio de Obras Públicas y Transporte [...]».

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particulares; sin embargo, respecto de tal afirmación no se efectuó

un ejercicio argumentativo que la respaldara, amén de que de los

hechos descritos es incuestionable que el manejo inadecuado de las

aguas lluvias encauzadas por la estructura hidráulica instalada en la

vía nacional 62STA comporta una afectación que transciende la

esfera individual, de suerte que involucra el interés general relativo

al saneamiento básico y a la salubridad pública, así como derechos

de titularidad colectiva susceptibles de ser protegidos mediante el

ejercicio de este medio de control constitucional.

Por consiguiente, el argumento en cuestión no tiene la potencialidad

de desvirtuar el análisis llevado a cabo por el Tribunal para acceder

al amparo deprecado.

De la responsabilidad del INVIAS y el MUNICIPIO, y sus

competencias de cara a los hechos probados

De acuerdo con lo manifestado por el INVIAS en la contestación de

la demanda, tanto la vía nacional 62STA como la estructura dispuesta

para la evacuación de aguas por la parte inferior de dicha vía fueron

construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte,

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afirmación que no fue controvertida y está respaldada con el material

probatorio.

Ahora, la Sala destaca que en el año 1992 el Ministerio de Obras

Públicas y Transporte fue reestructurado9, cuyo proceso dio paso a la

creación del INVIAS como un establecimiento público del orden

nacional con personería jurídica y autonomía administrativa y

presupuestal, encargado de, entre otras funciones, ejecutar los

programas y proyectos en las vías nacionales no concesionadas, así

como en sus infraestructuras conexas, como es dable concluirlo de

los decretos 2171 de 1992 y 1292 de 2021, que prevén:

Decreto 2171 de 1992

«[...] ARTÍCULO 52. REESTRUCTURACION DEL FONDO VIAL
NACIONAL COMO EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. -
Reestructúrase el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de
Vías, establecimiento público del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al
Ministerio de Transporte [...]».

Decreto 1292 de 14 de octubre de 202110

«[...] ARTÍCULO 1°. OBJETO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
VÍAS - INVÍAS. El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, tendrá como
objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y

9
Decreto 2171 de 1992, artículo 52.
10
«Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías – INVIAS».

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proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y
sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

ARTÍCULO 2°. FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
• INVÍAS. Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional
de Vías - INVÍAS, desarrollará las siguientes funciones generales:

2.17 Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el
desarrollo de la infraestructura a su cargo y prioridades nacionales
[...]” (Resaltado de la Sala)

Por su parte, la Ley 105 de 30 de diciembre de 199311 define la

infraestructura que hace parte de la red nacional de carreteras bajo

la administración del INVIAS, en los siguientes términos:

«[...] ARTÍCULO 12.- Definición e integración de la infraestructura
de transporte a cargo de la Nación. Se entiende por infraestructura
del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que
cumple la función básica de integración de las principales zonas de
producción y de consumo del País, y de este con los demás países.
Esta infraestructura está constituida por:

1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y
su señalización [...]». (Negrillas y subrayado fuera del texto).

En tal sentido, el Decreto 1735 de 28 de agosto de 2001, fijó la Red

Nacional de Carreteras cuya administración se encuentra a cargo del

11
«Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones».

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INVIAS y dentro de la cual figura la vía referenciada en esta acción,

acto administrativo del cual se destaca lo siguiente:

«[...] Que de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 12
de la Ley 105 de 1993, la Red Nacional de Carreteras, con sus zonas,
facilidades y su señalización, hacen parte de la infraestructura de
transporte a cargo de la Nación y cumplen con la función básica de
integración de las principales zonas de producción y de consumo [...].

[...] Artículo 4°. Fijar la Red Nacional de Carreteras construida a
cargo del Instituto Nacional de Vías, de conformidad con el
Documento Conpes número 3085 del 14 de julio de 2000, la cual está
constituida por 16.575,1 km. de los cuales 11.650,4 km.
corresponden a carreteras pavimentadas y 4.924,70 km. a carreteras
en afirmado, de acuerdo con la evaluación realizada en diciembre de
1999, así:

[...] 6. Troncal Central

Visto lo anterior, la Sala considera que no resulta de recibo el

argumento del MUNICIPIO según el cual el INVIAS es el único

responsable de la vulneración de los derechos afectados.

Al respecto, la Sala precisa que, en efecto, al INVIAS le asiste

responsabilidad por la vulneración de los derechos afectados, pues

es claro que tiene a su cargo la administración de las vías nacionales

no concesionadas y de las obras complementarias de esa

infraestructura vial. Asimismo, lo probado en el proceso evidencia

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que aunque el sistema de evacuación cuestionado fue construido

para evitar que las aguas provenientes de la parte superior del talud

fluyeran por la superficie de la carretera, mitigando su deterioro y

garantizando su buen funcionamiento y el tránsito seguro, lo cierto

es que el haber omitido una solución técnica para evacuar dichas

aguas de forma adecuada y controlada en la parte inferior del talud,

luego de su paso por el box culvert, constituye un factor

determinante de la vulneración de los derechos colectivos y, en esa

medida, una razón suficiente para considerarlo responsable de esta.

Asimismo, la Sala destaca que del análisis y valoración probatoria

llevada a cabo en líneas anteriores es razonable concluir que la forma

en que vienen siendo evacuadas las aguas lluvias a su salida del box

culvert, da cuenta asimismo de falencias en el sistema dispuesto

para la prestación integral del servicio de alcantarillado12

existente en el ente territorial, comoquiera que el manejo adecuado

12
Conforme con lo previsto en el artículo 2.3.1.1.1, numeral 46 del Decreto 1077 de 2015 y lo precisado
por la Sala en sentencia de 9 de agosto de 2024, este servicio no se limita a la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de aguas residuales, sino que comprende las pluviales. En efecto, en
dicha providencia se estableció que: «[...] Sobre la definición de servicio público domiciliario de
alcantarillado, prevista en el artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015, se tiene que
es “[…] la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por medio de
tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las actividades complementarias de transporte,
tratamiento y disposición final de tales residuos […]” (Destacado fuera de texto). 122. En ese contexto,
a pesar de lo argumentado en el recurso de apelación, la Sala considera relevante tener en cuenta que
la prestación del servicio de alcantarillado pluvial es una subdivisión que no se encuentra en la Ley 142
y que, si bien, es posible diferenciar la naturaleza de las aguas que se vierten a los sistemas de
alcantarillado, en este caso, la Empresa prestadora del servicio público es la competente para la
prestación integral de ese servicio en el Municipio [...]».

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de dichas aguas lluvias impone su conducción controlada hacia la red

de alcantarillado pluvial por, entre otras razones, la necesidad de

mitigar los riesgos derivados para la seguridad y la salubridad pública

de quienes residen en el sector, obligación radicada en cabeza del

MUNICIPIO.

En tal contexto, resulta asimismo procedente endilgar

responsabilidad al MUNICIPIO por la transgresión de los derechos

colectivos, habida cuenta que por expreso mandato constitucional le

compete la prestación de los servicios públicos de manera directa o

a través de terceros, pero en todo caso, conservando su papel de

garante de la prestación eficiente y continua de estos, al tenor de lo

previsto en el artículo 311 de la Constitución Política13, en armonía

con los artículos 2 de la Ley 142 de 1994 y 76, numeral 76.114 de la

Ley 715 de 200115; obligación que, a la luz de la problemática

expuesta, no ha cumplido a cabalidad, contribuyendo con ello a la

consolidación de las causas de la afectación ya advertida.

13
«[...] ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político<sic>-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le
asignen la Constitución y las leyes [...]».
14
«[...] 76.1. Servicios Públicos. Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios
públicos además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción,
ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos [...]».
15
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».

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Dilucidado lo anterior, la Sala concluye que los reparos frente a la

orden impartida en la sentencia, consistente en la realización de los

estudios necesarios para establecer qué tipo de medidas y obras

demanda la problemática en mención por parte del INVIAS y el

MUNICIPIO, no tienen vocación de prosperidad, comoquiera que el

análisis normativo que sustentó tal orden no desconoce ni excede las

funciones legales de dichas entidades.

Asimismo, en atención a que la Empresa de Servicios Públicos

Domiciliarios de Barbosa E.S.P. admitió que dentro del área de

cobertura del servicio de alcantarillado a su cargo se encuentra la

Urbanización La Primavera, la Sala modificará la orden impartida por

el Tribunal en el sentido de extenderla a la empresa en mención, en

razón a que, como prestadora de dicho servicio en el sector afectado,

tiene la obligación de garantizar su prestación en condiciones

eficientes e ininterrumpidas16, así como el diseño, construcción y

mantenimiento de las redes que conforman dicho sistema, conforme

lo ordena el artículo 2.3.1.3.2.4.19 del Decreto 1077 de 201517.

16
De conformidad con el mandato legal previsto en el artículo 11, numeral 11.1 de la Ley 142 de 1994.
17
Decreto 1077 de 2015, ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.19. “Mantenimiento de las redes públicas. La
entidad prestadora de los servicios públicos está en la obligación de hacer el mantenimiento y
reparación de las redes públicas de acueducto y alcantarillado. Así mismo deberá contar con un archivo
referente a la fecha de construcción de las redes, especificaciones técnicas y demás información
necesaria para el mantenimiento y reposición de la misma”.

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En efecto, la articulación en comento ha sido destacada por la Sala

en el estudio de casos similares al sub examine, en los que se ha

hecho énfasis en la necesidad de una gestión interinstitucional

coordinada con miras a determinar la solución adecuada y efectiva

para hacer cesar las causas de la vulneración18.

En consecuencia, la Sala modificará el numeral segundo de la parte

resolutiva del fallo impugnado en el sentido de incluir a ESBARBOSA

S.A. E.S.P. como destinataria de la orden de amparo.

Finalmente, respecto del argumento del MUNICIPIO, según el cual

la licencia de urbanismo no fue cuestionada en su momento, la Sala

destaca que el hecho de que no se hubiese controvertido la legalidad

de dicho acto no descarta la existencia de la vulneración de los

derechos colectivos, como se sugiere en la apelación, habida cuenta

que tal afectación fue debida y suficientemente acreditada en el

plenario y, además, porque no deriva de la licencia sino de otros

18
En sentencia de 27 de noviembre de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación:
63001-33-33-005-2022-00484-01, esta Sala precisó: “114. En todo caso, se debe resaltar que la
sentencia determinó que el municipio de Calarcá y las Empresas Públicas de Calarcá E.S.P. también
eran responsables por la vulneración de los derechos e intereses colectivos en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias.
115. Por lo tanto, las autoridades del orden nacional y local deben articular sus acciones en el marco
de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para contribuir a la protección, cuidado,
preservación y conservación de las zonas aledañas a las carreteras nacionales, para efectos de
garantizar no solo su uso adecuado, sino también el bienestar de la comunidad…”.

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hechos y actuaciones, tal y como se explicó en detalle en líneas

precedentes, razón por la que este argumento tampoco prospera.

Del Comité de Verificación

La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada, al disponer

la conformación del Comité de Verificación omitió referir que sería

integrado y presidido por el magistrado ponente de esa Corporación

Judicial.

En consecuencia, atendiendo al artículo 34 de la Ley 472 y la

jurisprudencia de la Sección19, se modificará el numeral tercero de la

parte resolutiva del fallo impugnado en el sentido de establecer que

corresponderá al magistrado ponente de dicha providencia fungir

como presidente del Comité y, además, también se dispondrá la

integración del representante legal o un delegado de la ESBARBOSA

S.A. E.S.P., teniendo en cuenta que le asiste el deber de concurrir a

la solución de la problemática en estudio.

19
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01,
magistrado ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-
000-2018-00361-01, magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez).

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En lo demás, la sentencia objeto de reparo será confirmada, tal y

como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

De la condena en costas

En consideración a las reglas fijadas en la sentencia de unificación

proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación el 6 de agosto de 201920, en la que se precisó el alcance

del artículo 38 de la Ley 472, no se condenará en costas, pues dentro

del plenario no obra prueba alguna de actuaciones procesales para

su causación durante el trámite de esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la

parte resolutiva de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:

20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.

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«[…]SEGUNDO. ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BARBOSA –
SANTANDER, al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y a
ESBARBOSA S.A. E.S.P. para que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias: i) Elaboren, en el término
máximo de (06) seis meses contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, un estudio con el objeto de determinar la solución adecuada
y definitiva para canalizar las aguas que discurren por la Diagonal 18 del
Municipio de Barbosa Santander – Variante de Barbosa 62 STA –,
especialmente el descole de las aguas recibidas por la obra de drenaje
superficial – Box Culvert – adyacente a la Urbanización La Primavera; y
ii) Elaboren, en el término de dos (02) meses siguientes al otorgado
para realizar los estudios, un cronograma en el que se especifiquen
todas las gestiones y actividades a realizar de conformidad con los
resultados obtenidos en los respectivos estudios, incluyendo la ejecución
de la obra u obras que permitan la superación de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos vulnerados por las partes accionadas;
en todo caso las actuaciones, gestiones y ejecución de las obras a
realizar para la superación efectiva de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos no puede superar el término máximo de dieciocho
(18) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

TERCERO. INTÉGRASE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN el cual estará
conformado por un delegado del Municipio de Barbosa – Santander, un
delegado del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, un delegado de
ESBARBOSA S.A. E.S.P., un delegado de la Defensoría del Pueblo y la
parte accionante; comité que será presidido por el Magistrado Ponente
del fallo del Tribunal, y deberá rendir ante dicha Corporación informes
periódicos sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno al culminar
sus labores [...]».

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 18 de mayo

de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en las

consideraciones.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

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Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 5 de febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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