Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00320-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00320-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00320-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00320-01 (0562-2025)
Demandante: María Eugenia Báez Medina
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988.
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
régimen pensional aplicable a la actora es el previsto en la
Ley 100 de 1993.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 7 de noviembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora María Eugenia Báez Medina interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad de la Resolución 814 de 10 de abril de 2019, mediante la
cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión jubilación por aportes, y se
reconoció una pensión con fundamento en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas a
partir del 11 de enero de 2016, fecha en la que adquirió el estatus pensional, sin
que se le exija el retiro definitivo del servicio; (ii) pagar las mesadas causadas
desde la adquisición del derecho; (iii) indexar las sumas adeudadas y ordenar e
incluir los intereses moratorios que se generen después de la ejecutoria del fallo;
(iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA; y (v) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora indicó que nació el
11 de enero de 1961, que acumuló un total de 854,14 semanas cotizadas al
Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y que se vinculó en propiedad
como docente oficial a partir del año 2005.
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Demandante:María Eugenia Báez Medina
4. Como concepto de la violación, argumentó que la administración
desconoció las normas1 que sustentaban sus pretensiones, en atención a que se
vinculó al servicio oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, por lo que el régimen aplicable para el reconocimiento y pago de su pensión
de vejez es el consagrado en la Ley 71 de 1988.
Contestación de la demanda
5. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que el régimen pensional aplicable a la actora era el previsto en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, dado que se vinculó al servicio público oficial
el 15 de julio de 2005, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
6. En consecuencia, adujo que los factores salariales que integran el ingreso
base de liquidación son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron
aportes y que se encuentran previstos en el Decreto 1158 de 1994, mas no los
invocados por la demandante con fundamento en la Ley 62 de 1985.
7. Propuso como excepciones: (i) legalidad del acto acusado; (ii) cobro de lo
no debido; (iii) vinculación de la Secretaría de Educación de Floridablanca
(Santander) como litisconsorte necesario; (iv) principio de la congruencia de la
demanda; y (v) prescripción.
Decisión de las excepciones previas
8. Mediante auto del 22 de marzo de 20222, se declaró no probada la
excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario, al considerarse que
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio —FOMAG— sería el
responsable en caso de accederse a las pretensiones de la demanda y que la
intervención de la Secretaría de Educación se limita a la elaboración del proyecto
de acto administrativo para el reconocimiento pensional.
9. En la misma providencia se indicó que la excepción de prescripción sería
objeto de análisis en la sentencia. Dicha decisión no fue recurrida.
Sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo de Santander mediante la sentencia del 7 de
noviembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda.
11. Al respecto señaló que se encuentra acreditado en el expediente que la
demandante nació el 11 de enero de 1961 y que cuenta con un total de 854,14
semanas cotizadas en el Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones—,
correspondientes a los siguientes períodos: del 1.º de abril de 1981 al 8 de mayo
1
Artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989, numerales 1 y 2; 6 de la Ley 60 de 1993; 115
de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de
2003.
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Índice 23 SAMAI del Tribunal
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de 1993; del 1.º de abril de 1996 al 31 de diciembre de 2000; y del 1.º de junio de
2003 al 31 de marzo de 2004.
12. 12. Así mismo, consta que la actora estuvo vinculada en provisionalidad
desde el 5 de abril de 2004 hasta el 5 de julio de 2005, y que ejerció funciones
como docente en propiedad desde el 18 de julio de 2005 hasta el 30 de octubre
de 2017, fecha en la que fue expedido el certificado de tiempo de servicios, en el
cual se reporta un total de 12 años, 3 meses y 13 días laborados en el sector
oficial.
13. En consecuencia, concluyó que la primera vinculación de la demandante
al servicio docente ocurrió el 5 de abril de 2004, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, no le resulta aplicable el
régimen pensional consagrado en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.
14. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la demandante.
Recurso de apelación
15. La parte demandante interpuso recurso de apelación argumentando que
su representada se vinculó al servicio docente con anterioridad al 27 de junio de
2003, mediante contrato de prestación de servicios suscritos con el
Departamento de Santander.
16. Por otra parte, señaló que la demandante laboró durante más de veinte
años en el sector público, tiempo que se encuentra registrado tanto en
Colpensiones como en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio —FOMAG. Lo anterior, a su juicio, acredita el cumplimiento de los
requisitos establecidos para el reconocimiento de la pensión regulada en la Ley
71 de 1988.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. En auto del 12 de junio de 20253, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la accionante.
18. Las partes del proceso pese a ser notificadas4, guardaron silencio.
19. El ministerio público no rindió concepto en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
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Índice 9 SAMAI del Consejo de Estado
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la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
21. De acuerdo con los reproches planteados en el recurso de apelación, la
Sala debe establecer si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, para lo cual será
necesario establecer si es posible tener en cuenta contratos de prestación de
servicios que no fueron aportados con la demanda.
Análisis del problema jurídico
22. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, al encontrar
acreditado que el régimen pensional aplicable a la actora es el previsto en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto su vinculación al servicio educativo
se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
23. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) La señora María Eugenia Báez Medina nació el 11 de enero de 19615
y trabajó como docente oficial en los siguientes periodos:
Tipo de vinculación Entidad Desde - Hasta Tiempo de
contratante o servicios
empleadora
No se especifica en el Secretaría de 5 de abril de 2004 457 días
acto administrativo de Educación hasta el 5 de julo de
reconocimiento de la Departamental 2005
Pensión de jubilación de Santander
con la Ley 100 de 19936
Resolución 83767 Secretaría de 12 de julio de 2005 4.567 días
(nombramiento en Educación hasta el 11 de enero
propiedad) Departamental de 2018 (fecha de
de Santander reconocimiento del
acto administrativo
demandado)
5.024 días
equivalentes a 13
años, 11 meses y
14 días
ii) La actora también registra 854,14 semanas de cotización en
Colpensiones8, producto de labores realizadas en el sector privado y
público entre el 1 de abril de 1981 y el 31 de marzo de 2004, de manera
discontinua, equivalentes a 17 años, 7 meses y 8 días.
5
Folios 8 a 9. índice 30 SAMAI del Tribunal.
6
Folios 41 a 45. Ibidem.
7
Folios 35 a 39. Ibidem.
8
Folios 11 a 19. Ibidem.
4
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24. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen
prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se
encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los
maestros que se vinculen al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de
2003 gozan de los derechos pensionales del régimen de prima media con
prestación definida de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con sus
requisitos, salvo el de la edad que es de 57 años para hombres y mujeres.
25. Ese beneficio se predica incluso de quienes no se encontraban vinculados
estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes de la
expedición de la norma.
26. Lo anterior, en atención al principio de la condición más beneficiosa, el
cual se distingue por:
«(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen
de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una
vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta,
la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»9.
27. En ese sentido, es necesario señalar que, debido a que la Ley 812 de 2003
no consagró un régimen de transición para quienes tuvieran una expectativa
legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas
anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en
aplicación del aludido principio de condición más beneficiosa.
28. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta que el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto
Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros
nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el
establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de
junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se
vinculen a partir de la fecha mencionada son beneficiarios de los derechos del
régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
29. A través de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la
Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido
de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio
educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que
el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa
fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad,
que es de 57 años para hombres y mujeres.
9
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011, Radicación:
40.662.
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30. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el
derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente
debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985»,
lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han
dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la
mesada pensional10, como ocurre con la bonificación pedagógica11 y la
bonificación mensual de docentes y directivos docentes12, por ejemplo.
31. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho
pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los
factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz
debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores que han establecido
el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos emolumentos (como es el
caso de las bonificaciones mencionadas), teniendo en consideración que se trata
de disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo
150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4.ª de 1992.
32. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ-014-CE-
S2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el previsto
en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la posibilidad
de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo porque en esa
oportunidad se analizó la situación pensional de una persona beneficiaria de la
Ley 33 de 1985, por lo que el estudio acerca de las normas anteriores a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 se limitó a aquella13.
33. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los
pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales
y nacionalizados vinculados a partir del 1.° de enero de 1981 y de los maestros
que ingresaron al servicio desde el 1.° de enero de 1990), aquellos no solo
pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989,
10
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2018-00143-01 (5066-2022); y
sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
11
El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor salarial para
tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4).
12
El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor salarial
para todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas posteriores, las
cuales han señalado que en el valor de las asignaciones básicas está incluida la bonificación mensual
docente.
13
En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo desarrolló la
determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido
prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivamente al FNPSM. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el
educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y aportados a otra administradora
como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de 1988 que
regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
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teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la
República se expresó lo siguiente:
EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES
[…]
Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley
71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del
movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la
repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios
asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera
lo permite.14
34. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el
legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de
que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio por
sentado e hizo innecesaria la reproducción o previsión expresa de la posibilidad
de aplicar dicha ley a los docentes oficiales.
35. En igual sentido lo han considerado ambas Subsecciones de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de manera reciente15.
36. Respecto el argumento planteado en el recurso de apelación, según el
cual no se habrían tenido en cuenta las vinculaciones mediante contratos de
prestación de servicios suscritos con el Departamento de Santander, debe
precisarse que dichos contratos no fueron aportados como prueba ni
mencionados en la relación fáctica de la demanda.
37. En esta, solo se mencionó la existencia de vinculaciones anteriores al 27
de junio de 2003 pero al servicio público, sin que se haya señalado que este lapso
se haya prestado al magisterio.
38. Es de resaltar que tampoco se demostró que estos contratos hayan sido
allegados a la solicitud realizada ante el FOMAG, motivo por el cual la entidad no
tenía forma de analizarlos al momento de resolver la petición.
39. Ahora bien, a pesar de que en el recurso de apelación se hayan remitido
a esta corporación y se haya sustentado el reproche frente a la sentencia de
primera instancia con base en estos, se advierte que no fueron allegados con la
demanda, ni al momento de pronunciarse respecto de las excepciones
propuestas.
40. En consecuencia, no es posible tenerlos en cuenta en esta instancia, por
cuanto no fueron allegados en el momento procesal oportuno.
14
Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989.
15
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, i) Subsección A,
sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022); y ii)
Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2024, expediente 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-
2022).
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41. En consecuencia, como no se demostró que la señora María Eugenia
Báez Medina haya tenido un vínculo como docente oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se confirmará íntegramente la
decisión apelada.
Condena en costas
42. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
43. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
44. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
45. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la Señora María
Eugenia Béz Medina, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la
presente sentencia.
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Demandante:María Eugenia Báez Medina
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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