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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00482-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00482-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 4 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Belarmino Monsalve Suárez, contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo.- Sin condena en costas de la segunda instancia. 19 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 16 Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21) Demandante: Belarmino Monsalve Suárez Tercero.- Por secretaría, corríjase la información consignada en la plataforma SAMAI respecto del nombre del demandante, el cual corresponde a Belarmino Monsalve Suárez y no a Belarmino Sandoval Suárez como esta consignado. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00482-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-2021)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez1
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)

Temas: Reconocimiento pensional, docente vinculado después de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 4 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo, el señor Belarmino Monsalve Suárez, por intermedio
de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en orden a que se declare la nulidad del acto ficto o presunto derivado
del silencio administrativo negativo en el cual incurrió la Nación (Ministerio de

1 Aunque en la información que reposa en el acta de reparto se indica que los apellidos del
demandante son Sandoval Suarez, revisado el expediente se advierte que en realidad corresponden
a Monsalve Suárez.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) al no
haber resuelto la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación «por
aportes» elevada por este.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) condenar a la demandada a reconocer y pagar una pensión de jubilación
equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas anteriores al cumplimiento del
estatus jurídico de pensionado, es decir, a partir del «20 de diciembre de 2014», sin
exigirle el retiro definitivo del cargo; ii) dar cumplimiento al fallo que se dicte en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) cancelar los ajustes de valor a que
haya lugar; iv) reconocer intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha
de ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago; y v) condenar en costas
a la entidad.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El 8 de marzo de 1958, nació el señor Belarmino Monsalve Suárez.

ii) El 7 de junio de 1989 fue vinculado como empleado público en la
Gobernación de Santander, para desempeñar el empleo de recaudador de rentas,
dicha relación se prorrogó hasta el 3 de enero de 2000.

iii) Posteriormente, el 19 de julio de 2005, fue nombrado en propiedad en la
Secretaría de Educación de Santander como docente oficial hasta la fecha de
presentación de la demanda.2

iv) El 28 de enero de 2019, solicitó a la Secretaría de Educación del
departamento de Santander el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación

2
Según el expediente ello ocurrió el 8 de julio de 2019.

2

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas anteriores al cumplimiento del
estatus jurídico de pensionado.

v) Transcurridos tres meses después de la presentación de la reclamación se
configuró el fenómeno del silencio administrativo negativo, pues la entidad no
contestó el requerimiento.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1° de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de
1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) Al actor, por tratarse de una persona que ejerció alguna actividad en el sector
público diferente a la docencia (en la Gobernación de Santander), se le deben
aplicar a efectos del reconocimiento pensional las previsiones de la Ley 33 de 1985,
es decir, la normatividad anterior, tal como lo establece la Ley 812 de 2003.

ii) Así pues, a los docentes que fueron vinculados antes del año 2003 se les
debe respetar el régimen pensional anterior, así el tiempo laborado con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (23 de junio de 2003) no hubiese
sido prestado como docente oficial, pues la transición a la que se hace referencia
en la norma ibidem solo exige para su aplicación tener más de 20 años en el sector
público u oficial, no exclusivamente docente.

iii) La afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es
obligatoria por orden de la ley sin que ahora pueda alegarse que el accionante no
se encontraba vinculado a este antes del 23 de junio de 2003, cuando lo que tendría

3

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

que hacerse a efectos del reconocimiento pensional únicamente sería cobrar las
cuotas partes a la entidad de previsión a la que se encontraba afiliado.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) no emitió pronunciamiento alguno en esta etapa del
proceso.3

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia anticipada proferida el
4 de febrero de 2021,4 negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:

i) El régimen pensional de los docentes se encuentra definido a partir de la
fecha de vinculación, por ende, quienes ingresen al servicio público docente con
anterioridad al 26 de junio de 2003 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003), se encuentran cobijados por los parámetros de la Ley 33 de 1985; mientras
que quienes se vinculen con posterioridad a dicha fecha se rigen por los parámetros
de la Ley 100 de 1993.

ii) Conforme a las pruebas obrantes en el dosier, el demandante se vinculó al
servicio oficial docente el 19 de julio de 2005, es decir, luego de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, y, en consecuencia, su derecho pensional se encuentra
regido por la Ley 100 de 1993.

iii) Teniendo en cuenta ello no se comparte la posición de la parte actora cuando
pretende la aplicación de la Ley 71 de 1988, que consagra la posibilidad del
reconocimiento de la pensión por aportes, ni de la Ley 33 de 1985, pues, se itera,

3 Folio 3 de la sentencia.
4 Carpeta 05 del expediente digital. Con ponencia del magistrado Julio Edisson Ramos Salazar.

4

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se
encuentran regidos para efectos pensionales por la Ley 100 de 1993.

iv) Para el año 2014 (fecha a partir de la cual solicita el reconocimiento
pensional), el demandante contaba con 7.303 días laborados que equivalen a 1.043
semanas de cotización, por lo que no cumple con el requisito previsto en la Ley 100
de 1993 para el reconocimiento de su pensión (1300 semanas de cotización).

1.4. El recurso de apelación

El señor Belarmino Monsalve Suárez, actuando por intermedio de apoderado,
interpuso recurso de apelación5 en contra de la sentencia previamente referenciada,
y solicitó que se revoque y, en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de su pretensión expuso lo siguiente:

i) En el expediente se acreditó que el actor laboró por más de 20 años en
entidades públicas, por tanto, su derecho pensional no debía examinarse conforme
a las premisas del régimen de prima media al cual direcciona la Ley 812 de 2003
para los docentes que se vincularon con posterioridad a su vigencia, dado que su
ingreso al servicio público, data de tiempo atrás, de tal suerte que, debía regirse por
lo previsto en la Ley 33 de 1985, norma que para cumplir con el tiempo de servicios,
posibilita computar el tiempo laborado en diferentes entidades, no siendo entonces
viable examinar la pretensión bajo la óptica de la Ley 812 de 2003, que no permite
tal sumatoria.

ii) El señor Monsalve Suárez «tuvo vinculación al sector educativo estatal con
anterioridad al 26 de junio del 2003», estando cobijado en el régimen de
transitoriedad del sector docente; asimismo, nació el 8 de marzo de 1958, por lo que
tiene más de 55 años de edad, luego debió reconocerse su pensión a la luz de lo
dispuesto en la Ley 33 de 1985.

5 Documento 34 del expediente digital.

5

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

iii) En suma, al actor no le resultaba aplicable la regla inserta en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003 y, de contera, el régimen pensional de prima media previsto
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pues su vinculación al servicio público
data del 7 de junio de 1989, fecha que es anterior a la de entrada en vigencia de la
primera ley en cita (27 de junio de 2003), razones por las cuales se le debe aplicar
el régimen contenido en la Ley 33 de 1985 y reconocerse una pensión por cuotas
partes, en concordancia con los principios del derecho laboral y constitucional.

1 1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación

La Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) no se pronunció respecto del recurso de apelación
propuesto por el demandante.6

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, en los términos del recurso de apelación propuesto, si
el señor Belarmino Monsalve Suárez en calidad de docente oficial, afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a partir del 19 de junio de 2005,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por cuotas partes, con
fundamento en la Ley 33 de 1985.

6
Constancia secretarial obrante en el índice 12 de la plataforma SAMAI.
7 Ibidem.

6

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

2.2. Marco normativo

Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales

Frente al régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
esta Corporación mediante sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, señaló
que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o
vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial y que la aplicación de cada uno de estos está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial.8

Concretamente respecto del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales,
en la sentencia se señaló lo siguiente:

35. Antes de abordar el estudio de los factores que integran el ingreso base de
liquidación de las pensiones de jubilación y de vejez de los servidores públicos
vinculados al servicio docente, la Sala considera necesario precisar los siguientes
aspectos:

✓ Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema Integral
de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

✓ Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco les
aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de liquidación del
monto de la mesada pensional.

✓ El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de 1989,
normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para adquirir la
pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo
15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es
decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019, del 25 de

abril de 2019, radicado 68001 23 33 000 2015 00569 01.

7

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

✓ De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de
Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y nacionalizados
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio exceptuados del
Sistema General de Pensiones, esta clase de servidores públicos no gozan de un
régimen especial de jubilación, pues ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo
establecieron, y tampoco lo hizo la Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de
jubilación previsto en la Ley 33 de 1985, como norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su
tiempo al amparo de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 de 1968, antecesoras de la
Ley 33 de 1985, lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de “especiales”.

Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción
de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. (Negrilla
del texto).

Asimismo, en la providencia se indicó que de acuerdo con el parágrafo transitorio
1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los educadores estatales tanto
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está condicionada a la
fecha de ingreso al servicio público educativo, así:

i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, quienes,
en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación,
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.

Al respecto, la mencionada providencia fijó la siguiente regla:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo. (Negrilla del texto).

8

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1.º
de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados a
partir del 1.º de enero de 1990, pero en todo caso antes del 27 de junio de 2003
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas:

• Edad: 55 años para hombres y mujeres

• Tiempo de servicios: 20 años

• Tasa de remplazo: 75%.

• Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año
anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación
básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y
de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.

ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, aplica
el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, esto con los requisitos previstos en dicha reglamentación, con excepción de
la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para este personal, el ingreso
base de liquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores
señalados por el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.

Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:

9

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica
el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de
1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. (Negrilla del
texto).

En ese orden, los parámetros que se deben atender para efectos del reconocimiento
de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con posterioridad a
la Ley 812 de 2003, son los siguientes:

• Edad: 57 años para hombres y mujeres

• Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993

• Tasa de remplazo: entre el 65% y el 80%

• Ingreso Base de Liquidación: Comprende i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de representación,
prima técnica, cuando sea factor de salario, primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario, remuneración por trabajo
dominical o festivo, bonificación por servicios prestados, remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

En conclusión, la aplicación de uno u otro régimen está condicionada a la fecha de
vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

10

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante

i) El señor Belarmino Monsalve Suárez nació el 8 de marzo de 1958.9

ii) El 28 de septiembre de 2018, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, a través del formato único para expedición de certificado de historia
laboral hizo constar que el actor se vinculó como docente departamental desde el
19 de julio de 2005 mediante la Resolución 8592 de 2005, en la Escuela Rural
Cuzaman el municipio de Lebrija (Sant.) y que se encuentra afiliado a dicho fondo.10

iii) El 11 de diciembre de 2018, la coordinadora del grupo de documentos de la
Gobernación de Santander expidió el certificado de información laboral «formato
núm. 1», en el que hizo constar que el actor prestó servicios a esa entidad territorial
entre el 6 de julio de 1989 y el 3 de enero de 2000, en el cargo de recaudador de
rentas III.11

iv) Por medio de constancias, Colpensiones, la UGPP y el Fondo de Pensiones
Territorial de Santander certificaron que el señor Monsalve Suárez no se encuentra
pensionado por ninguna de esas entidades.12

2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio

i) El 28 de enero de 2019, el señor Monsalve Suárez elevó petición ante la
Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) con el propósito de que se reconociera una pensión de
jubilación a su favor, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas

9 Carpeta 1 del expediente digital, folio 3.
10 Ibidem (folio 10).
11 Ibidem (folio 7).
12
Ibidem (folios 12 y 13).

11

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, a partir del «20 de
diciembre de 2014».13

ii) La entidad no dio respuesta a la anterior petición.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

La Sala precisa que en el presente caso se encuentra en discusión el régimen
pensional aplicable al demandante en su condición de docente oficial, esto es, si se
rige por las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, o si, por tratarse de un docente
vinculado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, la norma
que gobierna su situación pensional es la Ley 100 de 1993, como lo determinó el a
quo.

En el dossier se encuentra probado que el accionante se vinculó al servicio de la
docencia oficial el 19 de julio de 2005, es decir, después de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), y, por lo tanto, en aplicación de la regla
de unificación de la sentencia de 25 de abril de 2019, sería destinatario del régimen
de prima media contenido en la Ley 100 de 1993, que exige 57 años de edad y más
de 1.300 semanas de cotización.

En consecuencia, es dable concluir que no le asiste derecho a que su pensión se
reconozca y liquide con aplicación de la Ley 33 de 1985, esto es, con 55 años de
edad, 20 años de servicios, y con un ingreso base de liquidación correspondiente al
promedio de los salarios devengados en el último año de cotizaciones.

Sin embargo, el señor Monsalve Suárez insistió en el recurso de apelación en que
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se encontraba
vinculado «al servicio público», razón por la cual puede ser beneficiario del régimen
previsto en normas anteriores.

13
Ibidem (folio 4).

12

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

Así pues, en atención a lo dispuesto taxativamente en la Ley 812 de 2003 y la
interpretación dada en la sentencia de unificación tantas veces mencionada, la
condición de docente estatal debe estar acreditada antes de la entrada en vigor de
la norma ibidem, «pues en atención a la data a partir de la cual se asuma dicha
calidad se podrá realizar el análisis pensional adecuado con motivo de la
excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos».14

En ese orden, quedó demostrado dentro del proceso que la vinculación del actor
ocurrida entre el 6 de julio de 1989 y el 3 de enero de 2000 no fue como docente
oficial, sino como servidor público vinculado a la Gobernación de Santander, razón
por la cual no le es aplicable la Ley 91 de 1989, ni tampoco la Ley 33 de 1985. Así
pues, comoquiera que el régimen prestacional del que pretende beneficiarse el actor
está dirigido a los docentes, no podría acudirse a una vinculación con carácter
diferente para tratar de acreditar los requisitos del referido régimen, pues «esta
distinción obedece a sus servicios como educador» únicamente.15

Dicho de otra forma, la Sala observa que el demandante ingresó a laborar en la
Gobernación de Santander el 6 de julio de 1989 para desempeñar el empleo de
recaudador de rentas III, luego esa vinculación no le sirve para acreditar el requisito
señalado en la Ley 812 de 2003 y en la regla jurisprudencial establecida en la
sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, pues no fungió como docente, ya
que ingresó por primera vez al sistema especial de la docencia estatal hasta julio de
2005.

Así las cosas, las afirmaciones realizadas en el recurso de apelación carecen de
sustento, pues de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 no podría
deducirse válidamente que se exigiera solo la vinculación al servicio público, en
cualquier entidad o cargo, con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de febrero de 2022,
radicado 63001 23 33 000 2018 00183 01 (4650-2019), M.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, radicado

76001 23 31 000 2011 01517 01 (4192-2017), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

13

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

para beneficiarse del régimen prestacional de los docentes establecido en la Ley 91
de 1989, pues la norma es clara al requerir la «vinculación efectiva como docente
oficial».

No obstante, comoquiera que la Ley 100 de 1993 «no despojó a los docentes de la
posibilidad de acudir a otros regímenes anteriores» siempre que le resultaran más
favorables16 corresponde analizar si, en gracia de discusión, el accionante logró
acreditar los requisitos que le permiten beneficiarse de la transición de que trata el
artículo 36 ibidem.

Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a nivel territorial, esto
es, el 30 de junio de 1995, el demandante llevaba 5 años, 11 meses y 24 días de
servicios, y tenía 37 años de edad, motivo por el cual, no es beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la norma ibidem. En tal sentido, tampoco
le asistiría razón a su pretensión de reconocimiento del derecho pensional con
aplicación del régimen anterior contenido en la Ley 33 de 1985, pues esta norma
solo sería aplicable para quienes se encontraban cobijados por la transición,
requisito que no cumple.

De suerte que el señor Belarmino Monsalve Suárez en calidad de docente oficial,
no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación con base en lo
dispuesto en las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, por lo que se impone confirmar la
decisión de primera instancia.

Asimismo, aunque en el proceso se logró determinar que el derecho pensional del
accionante está regido por las previsiones de la Ley 100 de 1993, no es posible
ordenar el reconocimiento de su prestación, pues para la fecha de la reclamación y
según los medios de prueba aportados no reúne las 1300 semanas de cotización
exigidas.17 Además, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 34 ibidem el señor

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021,

63001 23 33 000 2018 00229 01(5290-19), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 Para el 28 de septiembre de 2018, fecha en la cual fue expedido el formato único para expedición

de certificado de historia laboral por parte del Fomag, según el contenido del documento, el actor

14

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

Monsalve Suárez podría continuar acumulando tiempo de cotización con el
propósito de incrementar el monto mensual de su prestación.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201618, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.

acreditaba un total de 13 años, 2 meses y 9 días de servicio, que sumado al tiempo servido a la
Gobernación de Santander (10 años, 5 meses y 25 días), representan un total de 23 años, 8 meses
de servicios, esto es, 1.234,8 semanas.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, C. P. William Hernández Gómez.

15

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso19, la Sala considera que no es dable condenar en
costas de segunda instancia al demandante, pese a que el recurso de apelación fue
resuelto desfavorablemente, por cuanto no resultó probada su causación.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que no le asiste derecho al señor Belarmino Monsalve
Suárez al reconocimiento de su pensión en los términos en que fue solicitada tanto
en sede administrativa como judicial. En consecuencia, se confirmará la sentencia
del a quo. Sin condena en costas de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 4 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por el señor Belarmino Monsalve Suárez, contra la Nación
(Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo.- Sin condena en costas de la segunda instancia.

19 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el

expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

16

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00482-01 (3412-21)
Demandante: Belarmino Monsalve Suárez

Tercero.- Por secretaría, corríjase la información consignada en la plataforma
SAMAI respecto del nombre del demandante, el cual corresponde a Belarmino
Monsalve Suárez y no a Belarmino Sandoval Suárez como esta consignado.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

17

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