Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00598-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00598-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2019-00598-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 68001-23-33-000-2019-00598-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: ÁNGEL AUGUSTO ARÉVALO MEJÍA
TESIS: LAS ÓRDENES IMPARTIDAS Y LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
PARA SU CUMPLIMIENTO SON RAZONABLES Y PROPORCIONALES,
EN ARAS DE HACER CESAR EL RIESGO DE DESASTRE AL QUE ESTÁ
EXPUESTA LA COMUNIDAD.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: A LA
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE, AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO, AL GOCE DEL
ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES
DE USO PÚBLICO, Y LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
del DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA1 contra la
sentencia de 18 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander2.
1
En adelante el DISTRITO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 68001 23 33 000 2019 00598 01
Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda3
El señor ÁNGEL AUGUSTO ARÉVALO MEJÍA, en nombre propio y
en condición de Presidente y Representante Legal de la Junta de
Acción Comunal de la Vereda Tenerife, en ejercicio de la acción
popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, presentó
demanda contra el DISTRITO, ECOPETROL S.A. y PALMERAS DE
YARIMA S.A. tendiente a que se protegieran los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público, y a la seguridad y
salubridad pública.
I.2. Hechos
Adujo que el río La Colorada ocasiona una erosión que afecta la vía
principal de acceso a la Vereda Tenerife, por lo que se requiere de un
muro de contención para su protección, cuya problemática se
agudiza porque ECOPETROL y PALMERAS DE YARIMA S.A. se
3
Índice SAMAI 00002, expediente digital, archivo “ED_02201959800DEM(.pdf) NroActua 2)”.
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“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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sirven de la vía para el tránsito de su maquinaria pesada para el
ejercicio de sus operaciones en la zona.
Manifestó que de concretarse el riesgo de pérdida de la banca de la
carretera, en el sitio conocido como El Boquete y en la Vía Pozo No.
2 del río La Colorada, dejaría incomunicada a la población de la región
y arrasaría con más de diez fincas con cultivos de palma y actividades
ganaderas.
Indicó que, desde los años 2008, 2009 y 2010, la problemática fue
informada al DISTRITO y su Secretaría de Infraestructura y Oficina
de Atención de Desastres, así como a las empresas ECOPETROL y
PALMERAS DE YARIMA S.A., sin obtener solución alguna.
Manifestó que el 29 de abril de 2011 la Junta de Acción Comunal
reiteró a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Infraestructura, a la
Personería Municipal de Barrancabermeja y a la Defensoría del
Pueblo dicha problemática e informó sobre la pérdida de cultivos de
maíz, plátano, pastos, frutos de palma, así como de ganado.
Sostuvo que en el año 2014 el secretario de Medio Ambiente
Municipal rindió informe técnico sobre la visita realizada a la vía de
la Vereda Tenerife, en el que concluyó que existe una grave
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afectación a raíz de socavación y erosión del río La Colorada, lo que
demanda acciones inmediatas para evitar que las veredas Tenerife y
La Florida quedaran incomunicadas, con las complicaciones de orden
económico que ello generaría.
I.3. Pretensiones
El accionante, además de la protección de los derechos colectivos
que estimó vulnerados, solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERA. Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, ECOPETROL S.A Y PALMERAS DE YARIMA S.A,
para que en forma inmediata ejecuten y realicen efectivamente la
recuperación y construcción de un muro de contención que proteja
la erosión que está provocando el río La Colorada a la única vía
principal de acceso que conduce el campo 25 a la Vereda Tenerife y
la Florida.
SEGUNDA. Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, ECOPETROL S.A Y PALMERAS DE YARIMA S.A,
para que de forma inmediata ejecuten y realicen la recuperación de
la vía que conduce el campo 25 a la Vereda Tenerife y la Florida.
TERCERA. Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, ECOPETROL S.A Y PALMERAS DE YARIMA S.A,
para que en forma inmediata ejecuten y realicen un estudio técnico
con el fin de determinar los daños en la vía de acceso desde el campo
25 a la Vereda Tenerife y La Florida, la cual viene siendo afectada
con ocasión del transporte de vehículos pesados por las diferentes
empresas de la región, para que una vez establecidas se proceda de
manera inmediata a su recuperación […]”.
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I.4. Defensa
I.4.1.- El DISTRITO argumentó que no era el responsable de la
erosión que presenta la vía, en tanto se trata de una situación de
fuerza mayor causada por el río La Colorada, por lo que no se
configura el nexo causal; no obstante, en el marco de la gestión del
riesgo, ha identificado las acciones de recuperación a través del
Concejo Distrital, emitiendo los respectivos informes técnicos para
evaluar el estado actual de la afectación, así como los puntos en los
que el río se encuentra socavando la vía.
Afirmó que la erosión fluvial y socavación existente es irresistible e
impredecible, en la medida en que la ocurrencia del cambio en el
cauce del río no puede evitarse, así como tampoco las implicaciones
que esto tiene en la dirección y magnitud del movimiento de la
corriente que arrasa con la estabilidad de la estructura de terraplén
de la vía, todo lo cual no se soluciona con la construcción de un muro
de contención por tratarse de un tramo en curva, precisamente, por
efecto de las corrientes.
Sostuvo que era necesario realizar un estudio especializado que debe
tener en cuenta aspectos como la hidráulica fluvial, el transporte de
sedimentos y el tipo de material de construcción, con el fin de mitigar
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el riesgo al que está expuesta la vía, lo cual no puede ser asumido
por la falta de los recursos requeridos para ello, atendiendo al
principio de anualidad del presupuesto a ejecutar.
Propuso como excepciones la falta de legitimación en la “causa por
pasiva”, “no comprender la demanda todos los litisconsortes al
considerar como necesaria la vinculación del INVIAS”, “inexistencia
de vulneración de los derechos e intereses colectivos” e
“imposibilidad de adecuar la vía de acceso a la vereda Tenerife por
fuerza mayor”.
I.4.2.- ECOPETROL indicó que los daños presentados en la vía
obedecen a procesos erosivos de la geomorfodinámica del cauce del
río; y que por tratarse de una vía terciaria, su mantenimiento y
conservación es competencia del DISTRITO, aunado a que tales
actividades no están en su objeto social.
Manifestó que para la fecha de presentación de la demanda ya no
hacía uso de la vía con vehículos de carga pesada, pero en el tiempo
en que operó sus pozos sí empleaba tal maquinaria, razón por la que
frecuentemente realizaban actividades de mantenimiento a la vía
principal de acceso a las veredas Tenerife y La Florida.
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Formuló como excepciones la “falta de legitimación en la causa por
pasiva” y “la inexistencia de vulneración de derechos e intereses
colectivos por parte de Ecopetrol S.A.”.
I.4.3.- La sociedad PALMERAS DE YARIMA S.A alegó que no ha
vulnerado los derechos colectivos invocados y que no le era exigible
realizar la recuperación de la vía y la construcción de un muro de
contención para protegerla de la erosión provocada por el río La
Colorada.
Sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva
comoquiera que el solo hecho de usar una vía pública no implica que
las empresas privadas deban ser llamadas a ejecutar labores de
recuperación, mantenimiento o arreglos de la misma, porque para
ello paga los impuestos.
Indicó que aun cuando no le asiste responsabilidad en el asunto sub
examine, con anterioridad, ha asumido el arreglo y mantenimiento
por tramos, con grandes inversiones económicas a título de
solidaridad y retribución social a la zona donde tiene cultivos de
palma de aceite y genera empleo.
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Solicitó la vinculación del Departamento de Santander y del Instituto
Nacional de Vías - INVIAS.
I.5 Pacto de Cumplimiento
El 1o. de diciembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, declarada fallida porque no comparecieron la totalidad
de las partes5.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 18 de mayo de 20236, amparó los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del
equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de los recursos
naturales y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, con fundamento en lo siguiente:
Adujo que los problemas de erosión y deslizamiento de la vía son
causados por la socavación de la bancada atribuible al río La
Colorada, frente a lo cual el DISTRITO no ha tomado las medidas
que le resultan exigibles, pese a que la Secretaría de Infraestructura
5
Expediente digital, archivo “25ED_1520190059800A”.
6
Índice SAMAI 00002, expediente digital, archivo “ED_45_68001233300020190(.pdf) NroActua 2”.
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determinó la necesidad de realizar estudios especializados para
establecer las obras a ejecutar con el fin de evitar la socavación.
Precisó que pese a estar demostrado que la afectación de la zona es
de origen natural, ello no exime a las autoridades de su deber de
adoptar todas las medidas necesarias para conocer, reducir y
manejar su impacto, en aras de garantizar la seguridad de los
pobladores de la zona, cuya omisión vulnera los derechos colectivos.
Consideró que el DISTRITO, por ser el responsable de la gestión del
riesgo y administrador de la vía terciaria objeto de la acción, era el
llamado a ejecutar las obras para superar la problemática y no
ECOPETROL y PALMERAS DE YARIMA S.A., por lo que declaró la
falta de legitimación en la causa por pasiva.
En consecuencia, ordenó:
“[…] DECLARÁSE PROBADA la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, respecto ECOPETROL S.A y PALMERAS DE
YARIMA S.A, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE que el MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, hoy DISTRITO ESPECIAL DE
BARRANCABERMEJA vulnera los derechos e intereses colectivos a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al
goce de un ambiente sano, el goce del espacio público y la utilización
y defensa de los bienes de uso público, y la seguridad y salubridad
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pública, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
TERCERO. ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, hoy
DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA para que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: (i)
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, contrate la elaboración de un estudio
especializado detallado de dinámica fluvial, estudios de batimetría y
topografía en el tramo de afectación, estudio de hidrología e
hidráulica, con el objeto de obtener un diagnóstico técnico científico
de la situación y poder plantear alternativas de mitigación o
reducción, y con el objeto de determinar la solución adecuada y
definitiva para la estabilización y recuperación de la vía principal de
acceso que conduce el campo 25 a la vereda Tenerife y La Florida.
(ii) en el término de (02) meses siguientes al otorgado para realizar
los estudios elaborar un cronograma en el que se especifiquen todas
las gestiones y actividades a realizar de conformidad con los
resultados obtenidos en los respectivos estudios, incluyendo en el
mismo la ejecución de la obra u obras que permitan la superación
de la vulneración de los derechos e intereses colectivos amparados
en la presente providencia; (iii) apropien los recursos
presupuestales necesarios y se realice el proceso de contratación
respectivo de acuerdo al estatuto de contratación estatal, para la
realización de las obras correspondientes de acuerdo a lo que se
establezca en el estudio especializado que se realice. En todo caso
las actuaciones, gestiones y ejecución de las obras a realizar para la
superación efectiva de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos no puede superar el término máximo de dieciocho (18)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
CUARTO. INTÉGRASE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN el cual
estará conformado por un delegado del Municipio de
Barrancabermeja hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, un
delegado de la Defensoría del Pueblo (quien lo presidirá) y la parte
accionante, comité que deberá rendir a esta Corporación informes
periódicos sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno al culminar
sus labores.
QUINTO. CONDÉNASE en costas al Municipio de Barrancabermeja
hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Las costas
serán liquidadas por la Secretaría de esta Corporación de
conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso […]”.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El DISTRITO reiteró que no es responsable de la problemática de la
vía, por cuanto el río La Colorada es el que ha venido causando la
erosión, por lo que se trata de un evento de fuerza mayor, irresistible
e impredecible, comoquiera que el cambio en el cauce del río y sus
efectos, tales como la dirección y la magnitud del movimiento de la
corriente no son predecibles y de ninguna forma evitables con la
construcción de un muro de contención.
Destacó que aun cuando carece de responsabilidad, la solución para
el problema descrito amerita una consultoría para definir las
actividades a ejecutar, servicio que, conforme con el Estatuto
contractual, debe contratarse bajo la modalidad de mínima cuantía;
no obstante, atendiendo al principio presupuestal de anualidad,
después del 31 de diciembre del año fiscal no pueden asumirse
compromisos con cargo a las apropiaciones de éste, por tanto la
consultoría no debe superar en su ejecución ese límite temporal.
Señaló que, adicionalmente, las condiciones particulares del lugar
afectado y el comportamiento del cauce del río, llevan a que el
término fijado para el cumplimiento de la orden impartida por el
Tribunal sea insuficiente, por lo que requirió su ampliación.
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Solicitó reconsiderar la condena en costas, comoquiera que el
deterioro de la vía no es producto de sus conductas temerarias, sino
que deviene de acciones de la naturaleza.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- Mediante auto de 23 de junio de 2023, el Despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el
DISTRITO, contra la sentencia de primera instancia, advirtiéndole
al señor Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante
el Consejo de Estado que, de conformidad con el numeral 6 del
artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, podría emitir su concepto hasta
antes de que el proceso ingresara al despacho para sentencia.
Asimismo, en dicho auto se indicó que si en el término de ejecutoria
de la providencia las partes no solicitaban la práctica de pruebas en
los términos del artículo 327 del CGP, se prescindiría del traslado
para alegar de conclusión, ingresando el expediente al Despacho
para fallo, conforme lo ordena el numeral 5 del artículo 247 del
CPACA; y en todo caso, de acuerdo con el numeral 4 de la norma
ídem, los sujetos procesales podrían pronunciarse en relación con el
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recurso de apelación interpuesto hasta la ejecutoria del mencionado
proveído.
IV.2.- Transcurrido el término anterior, las partes y el MINISTERIO
PÚBLICO guardaron silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión Previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, mediante escrito obrante
en el índice 15 del expediente digital7, manifestó su impedimento
para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto su cónyuge
Jeannette Forigua Rojas es Asesora Externa de la Junta Directiva
de la Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL S.A.,
empresa que funge como demandada en el proceso de la referencia,
por lo que considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA-.
7El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial,
SAMAI.
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Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene
disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de
impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del
caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma
en aspectos no regulados.
Precisado lo anterior, se observa que la causal de impedimento
invocada es la prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA,
que dispone:
“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los
siguientes eventos:
(…)
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición
de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en
una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en
calidad de parte o de tercero interesado. […]” (Resaltado fuera del
texto).
De la causal transcrita y los hechos que soportan el impedimento
manifestado por el consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, la Sala
considera que concurren los presupuestos para el efecto, toda vez
que su cónyuge, la señora JEANNETTE FORIGUA ROJAS, se
desempeña actualmente como Asesora Externa de la Junta Directiva
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de ECOPETROL, la cual es demandada en la acción popular de la
referencia.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ y lo
separará del conocimiento del presente proceso, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Problema jurídico
Con fundamento en los antecedentes expuestos, y considerando el
sustento del recurso de apelación, la Sala se referirá a los puntos
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objeto de debate, en los cuales no se controvierte la existencia de la
vulneración de los derechos colectivos. En consecuencia, los
problemas jurídicos a resolver son los siguientes:
i) ¿El DISTRITO es responsable de la transgresión de los derechos
colectivos invocados, cuando ésta se ocasione por eventos naturales?
ii) ¿Es procedente modificar el plazo concedido al DISTRITO para
ejecutar las órdenes impartidas por el Tribunal?
iii) ¿Hay lugar a revocar la condena en costas que le fue impuesta al
DISTRITO?
De la responsabilidad del Distrito
Para efecto de determinar la responsabilidad que le asiste al Distrito
en el asunto sub examine, la Sala se referirá a las competencias de
las entidades territoriales en materia de Gestión del Riesgo y de
protección del medio ambiente en los siguientes términos:
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La gestión del riesgo de desastres, cuya política fue adoptada
mediante la Ley 1523 de 24 de abril 20128, fue definida por el
Legislador como “[…] un proceso social orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible […]”.
Asimismo, a voces del artículo 1º ídem, constituye una política de
desarrollo indispensable para asegurar, entre otros, la seguridad
territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y
las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,
con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población9.
En línea con lo anterior, dicho cuerpo normativo radicó la
responsabilidad de los procesos que involucra la ejecución de dicha
política, principalmente, en las autoridades de naturaleza pública a
8
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.
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través de las cuales el Estado cumple sus cometidos; no obstante,
fue voluntad del legislativo atribuir, asimismo, responsabilidad en
esta materia a los particulares que residen en el territorio nacional,
tal y como quedó previsto en el artículo 2º ídem, que es del siguiente
tenor:
“[…] Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de
gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción
del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias,
su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables
de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad,
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y
acatarán lo dispuesto por las autoridades […]”.
De igual forma, mediante la citada ley fue creado el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres -Sistema Nacional-10, como el
conjunto integrado por entidades públicas y privadas, las políticas,
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos e información relacionada con la temática, que ha de
aplicarse de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo
en el País.
10
Ley 1523 de 2012. Artículo 5º
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En cuanto a su organización, la instancia superior del Sistema de
Gestión del Riesgo es el Consejo Nacional, integrado por el presidente
de la República, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo y los gobernadores y alcaldes en sus respectivas
jurisdicciones, órgano encargado de orientar el Sistema y, entre
otras funciones, de “[…] Propender por la armonización y la
articulación de las acciones de gestión ambiental, adaptación al
cambio climático y gestión del riesgo […]” y “[…] Orientar y articular
las políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento
territorial, planificación del desarrollo y adaptación al cambio
climático que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres
[…]”11.
Bajo esa estructura, se dispuso que a nivel local, los Alcaldes, al
ostentar la representación de los municipios, son los responsables
directos de la ejecución de la referida política en su territorio
que, valga decir, además de comprender el conocimiento y reducción
del riesgo, involucra el manejo de desastres en esa área
geográfica, procesos a partir de los cuales se fijan las líneas de
acción a seguir en aras de prevenirlo, controlarlo de haber
acaecido; y prepararse para el manejo de las situaciones de
11
Ley 1523 de 2012. Artículos 15, 16 y 21-8.
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desastre y la posterior recuperación, entendida como rehabilitación
y reconstrucción.
Entonces, en el ámbito territorial, el ordenamiento legal otorgó
funciones específicas a los alcaldes en materia de gestión del riesgo,
en los siguientes términos:
“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en
el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del
riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción”
(Negrillas fuera del texto)
2.- “Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública”.
3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se
sancione la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y
por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
fines, y en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de
1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales
como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a
amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o
antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a
tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución
de reservas de tierras para hacer posibles tales reasentamientos y la
utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación
de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en
alto riesgo, entre otros […]”.
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Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que las funciones
encomendadas a cada uno de los integrantes del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo están regidas por los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, definidos por la
misma Ley 1523.
Ahora, en lo que respecta a la protección del medio ambiente, la Sala
destaca que por mandato del Legislador a los municipios les
corresponde “[…] velar por el adecuado manejo de los recursos
naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley
[…]”12, lo que de suyo implica el deber de promover y ejecutar
programas y políticas que propendan por la protección del medio
ambiente, así como ejercer el control y la vigilancia de los recursos
naturales en su jurisdicción, amparado en sus atribuciones que, como
primera autoridad de policía del Municipio, ha de ejercer en
coordinación con las entidades que integran el Sistema Nacional
Ambiental y el apoyo de la Policía Nacional.
De conformidad con lo anterior, y de acuerdo con lo considerado por
el Tribunal respecto de la vulneración de los derechos colectivos, la
Sala advierte que el estado de deterioro de la vía es de tal magnitud
12
Ley 136 de 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios”. Artículo 3º, numeral 10.
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que constituye un riesgo de desastre para los habitantes de la
vereda Tenerife, derivado de los procesos erosivos y de socavación
que desde hace más de quince (15) años afectan la carretera que
garantiza la comunicación de los habitantes de esta zona con el
corregimiento El Centro, por lo que el DISTRITO es el principal
llamado en atender la situación de amenaza y vulnerabilidad a la que
se encuentra expuesta la comunidad.
En efecto, los lineamientos normativos que rigen la política de gestión
integral del riesgo imponen a la entidad territorial el deber de adoptar
las medidas correctivas que se tornan necesarias con el fin de reducir
el nivel del riesgo observado, y es en esa medida que el escenario
descrito demanda la ejecución oportuna de obras de estabilización y
protección del margen de terreno impactado por los efectos de la
erosión fluvial y el socavamiento que tiene por fuente la acción del
flujo de la corriente del río, pues solo ese tipo de acciones tienen la
virtualidad de evitar que el daño siga acentuándose y, de manera
consecuente, hacer cesar la vulneración que se cierne sobre los
derechos de esa colectividad.
En ese orden, no resulta de recibo el argumento a partir del cual el
recurrente pretende exonerarse de responsabilidad, porque, en su
criterio, se trata de un evento de fuerza mayor, impredecible e
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irresistible, pues lo cierto es que, de conformidad con lo dispuesto
por el legislador en materia de gestión del riesgo, la fuente de este,
sea natural o antrópico, no constituye un factor determinante para
establecer las competencias que tienen a su cargo los agentes
estatales, a quienes se les ha atribuido la ejecución de dicha política,
además de la protección del medio ambiente.
Al respecto, se destaca que la normativa en mención define el riesgo
de desastre como “[…]los daños o pérdidas potenciales que pueden
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen
natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no
intencional, en un período de tiempo específico y que son
determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por
consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de
la amenaza y la vulnerabilidad […]”13.
Asimismo, la amenaza, desastre y vulnerabilidad fueron definidas por
el artículo 4º ibidem en los siguientes términos:
“[…] Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen
natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios
de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
13
Ley 1523 de 2012. Artículo 4º, numeral 25.
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[…]
Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación
de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales,
causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o
ambientales, generando una alteración intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de
la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional
ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación
y reconstrucción.
[…]
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica,
social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento
físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a
sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos
físicos peligrosos […] (Resaltado fuera del texto)”.
En consecuencia, independientemente del origen del hecho dañoso
constitutivo del riesgo, en los términos definidos en precedencia,
ante su ocurrencia surge la imperiosa necesidad de que intervengan
las autoridades que integran el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo en sus diferentes instancias, como en efecto lo demandan los
hechos que sirven de sustento a esta acción, comoquiera que está
debida y suficientemente acreditado el eventual colapso de la única
vía terrestre que permite la comunicación entre la vereda Tenerife y
el corregimiento El Centro por la acción de un fenómeno natural, lo
que de suyo implica la configuración de un riesgo de desastre que
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involucra la integridad y la vida de quienes transitan la carretera
afectada, al tiempo que impacta la actividad económica de la que
deriva su sustento la comunidad rural residente en dicha vereda.
En efecto, conforme lo advirtió el Tribunal, en el acervo no existen
pruebas que den cuenta de las gestiones de orden presupuestal y
contractual que ha llevado a cabo la entidad territorial con el objeto
de ofrecer una solución a dicha situación, al punto que sus acciones
se han limitado a visitas técnicas al lugar afectado, informes técnicos
y comunicaciones remitidas a la comunidad indicando la falta de
recursos para ejecutar las respectivas obras, lo que denota la desidia
del DISTRITO para ofrecer una solución adecuada y definitiva para
la estabilización de la vía, en claro desconocimiento de las
competencias que le han sido expresamente atribuidas en el marco
funcional previsto en la Ley 1523.
Por lo precedente, en atención a que la entidad territorial se ha
sustraído de manera prolongada y sistemática de los deberes
funcionales que le asisten para conjurar la problemática, es
responsable de la vulneración de los derechos colectivos amparados
por el Tribunal y, por tanto, el cargo no prospera.
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Del plazo
Para abordar este asunto, se destaca que el Tribunal ordenó lo
siguiente:
“[…] TERCERO. ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
hoy DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA para que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias: (i) dentro del término de cuatro (4) meses contados
a partir de la ejecutoria de esta sentencia, contrate la elaboración de
un estudio especializado detallado de dinámica fluvial, estudios de
batimetría y topografía en el tramo de afectación, estudio de
hidrología e hidráulica, con el objeto de obtener un diagnóstico técnico
científico de la situación y poder plantear alternativas de mitigación o
reducción, y con el objeto de determinar la solución adecuada y
definitiva para la estabilización y recuperación de la vía principal de
acceso que conduce el campo 25 a la vereda Tenerife y La Florida. (ii)
en el término de (02) meses siguientes al otorgado para realizar los
estudios elaborar un cronograma en el que se especifiquen todas las
gestiones y actividades a realizar de conformidad con los resultados
obtenidos en los respectivos estudios, incluyendo en el mismo la
ejecución de la obra u obras que permitan la superación de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos amparados en la
presente providencia; (iii) apropien los recursos presupuestales
necesarios y se realice el proceso de contratación respectivo de
acuerdo al estatuto de contratación estatal, para la realización de las
obras correspondientes de acuerdo a lo que se establezca en el
estudio especializado que se realice. En todo caso las actuaciones,
gestiones y ejecución de las obras a realizar para la superación
efectiva de la vulneración de los derechos e intereses colectivos no
puede superar el término máximo de dieciocho (18) meses contados
a partir de la ejecutoria de la presente providencia […]”.
Dichas órdenes se impartieron en concordancia con el informe
técnico del año 201714 producto de la visita realizada a solicitud de la
comunidad afectada, en el cual se concluyó:
14
Informe técnico No. 0442-17, folios 72 a 79, expediente digital, archivo PDF
“13ED_01201959800CUA”.
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“[…] 1. El lecho del Río La Colorada puede ser rocoso, aluvial o de
material cohesivo. […] Debido a su gran capacidad de transporte de
sedimentos, este tipo de cauces de régimen torrencial presentan a lo
largo de sus trayectorias fenómenos de socavación y agradación; la
segunda como consecuencia de la primera.
Antes de diseñar obras para tratamiento de cauces es
necesario conocer la magnitud de la socavación. Para
determinar la magnitud de la socavación general se deben
realizar análisis geomorfológicos entre puntos de control, o
sea entre secciones estables […].
2. Mediante un estudio se deben evaluar las posibles obras a
ejecutar para evitar la socavación de estos puntos en curva del
Río La Colorada, donde se tenga en cuenta aspectos tales como
la hidráulica fluvial y el transporte de sedimentos y el tipo de
material de construcción, al igual que determinar las longitud
de márgenes a proteger, la cual no debe alterar demasiado el
comportamiento fluvial aguas abajo, y se deben conservar las
curvas existentes en el cauce del río y el mismo ancho del río.
3. Se requiere realizar la intervención inmediata en los
sectores visitados donde el Río La Colorada, que amenaza con
dejar sin vía de acceso a los pobladores de la Vereda Tenerife
y Las Delicias, debido a la socavación que se presenta por
acción del cauce del Río, especialmente en los tiempos de crecida
y descenso del nivel súbitos, que generan zonas de inestabilidad y
aumenta el desprendimiento de materiales en las orillas,
específicamente en las zonas de curva del Río que golpean al
terraplén del carreteable existente, y de esta manera mitigar el riesgo
que se presenta con la comunidad de esta región del Corregimiento
El Centro […]”. (Negrillas fuera del texto original).
Del material probatorio allegado al expediente se advierte que desde
el año 201015, el DISTRITO advirtió que la solución para la
15
En oficio con radicado S.I. 2329/10 de 8 de noviembre de 2010, expresamente indicó: “[…] para
garantizar la estabilidad de la orilla en estos sectores se requiere de un estudio que evalúe la corriente
y permita hacer una adecuada protección de la orilla. La experiencia de estas contenciones es positiva
para los tramos rectos, sin embargo en sectores en curva es bastante difícil por efecto de las mismas
corrientes […]”.
De igual manera, en oficio No. 0367 de 7 de marzo de 2014, expuso: “[…] En cuanto a los daños
causados por la quebrada La Colorada a la infraestructura vial, se requiere de unos estudios
especializados, los cuales en el año 2011 fueron valorados en $80.000.000, y que a precios de hoy
pueden estar del orden de $100.000.000 millones de pesos, recursos con los que no se cuenta en el
momento. Hay que tener en cuenta que sin este estudio toda inversión que se realice corre la suerte
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problemática que presenta la zona requiere estudios de carácter
técnico sobre aspectos geomorfológicos y de hidráulica fluvial, de
suerte que solo teniendo claridad sobre la composición de la
superficie por la cual transcurre el río y el comportamiento que
presenta su corriente, es posible establecer el tipo y la magnitud de
las obras a ejecutar con miras mitigar el riesgo en los términos ya
descritos.
Por consiguiente, la Sala considera que, contrario al criterio del
recurrente, los cuatros (4) meses otorgados, además de estar
acordes con los tiempos fijados en el Estatuto Contractual 16 para
surtir el proceso de contratación para la consultoría que, según el
dicho del DISTRITO, corresponde al proceso de mínima cuantía17,
de la inversión ya realizada por ECOPETROL, la cual fue arrastrada por las crecientes de la quebrada
La Colorada […]”.
Lo anterior fue reiterado en el informe técnico realizado en el año 2017, en los siguientes términos:
“[…] Antes de diseñar obras para tratamiento de cauces es necesario conocer la magnitud de la
socavación. Para determinar la magnitud de la socavación general se deben realizar análisis
geomorfológicos entre puntos de control, o sea entre secciones estables […]. 2. Mediante un estudio
se deben evaluar las posibles obras a ejecutar para evitar la socavación de estos puntos en curva del
Río La Colorada, donde se tenga en cuenta aspectos tales como la hidráulica fluvial y el transporte de
sedimentos y el tipo de material de construcción, al igual que determinar las longitud de márgenes a
proteger, la cual no debe alterar demasiado el comportamiento fluvial aguas abajo, y se deben
conservar las curvas existentes en el cauce del río y el mismo ancho del río […]”.
16
Ley 80 de 28 de octubre de 1993.
17
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de
mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por
ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro
contrato.
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera
debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la
Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del
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constituyen un término razonable y adecuado a afectos de obtener
el diagnóstico de las obras que resultan necesarias e iniciar la
intervención con el fin de conjurar la situación de amenaza, más aún
cuando de tiempo atrás la entidad territorial tiene conciencia de la
magnitud y características de tales obras, conforme fue acreditado.
De igual forma, la Sala destaca que el proceso de selección que, se
reitera, a juicio de la entidad territorial, corresponde adelantar para
presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el
término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral
anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo
caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas
de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda
expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en
el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que
publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá
participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual
los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado
el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con
las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de
los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior
sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas,
en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo
en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En
caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes
de que finalice el traslado del informe de evaluación.
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que
durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la
Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta,
la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069
de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.
PARÁGRAFO . De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020,
en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2
a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo,
las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho
numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso
aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier
Mipyme nacional”.
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contratar la consultoría, no es de aquellos sobre los cuales recaía la
restricción temporal vigente en la fecha de proferirse el fallo apelado,
consistente en la prohibición de suscribir convenios o contratos
interadministrativos dentro de los cuatro (4) meses previos a las
elecciones regionales, de suerte que este argumento carece de
sustento jurídico y, por lo mismo, no tiene vocación de prosperidad.
Ahora bien, en el evento en que la contratación de las obras y su
ejecución requieran, de manera justificada, la ampliación del plazo
concedido para el cumplimiento de las órdenes, el Comité de
Verificación será el escenario en el cual podrá determinarse la
procedencia o no de conceder un plazo adicional, en todo caso,
considerando la necesidad de garantizar en forma oportuna la
protección concedida por el juez constitucional18.
Finalmente, la Sala no advierte ningún argumento que justifique la
ampliación del plazo atendiendo a las condiciones particulares de la
zona y el comportamiento del cauce del río, entonces, ante el
incumplimiento de la carga argumentativa exigible en sede de
apelación, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.
18
Al respecto, ver entre otras: Sentencia del 1 de junio de 2020. Radicado: 68001 23 31 000 2021
00091 01. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 9 de febrero de 2023.
Radicado: 68001 23 33 000 2019 00410 01. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
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De la condena en costas
Para resolver el último problema jurídico planteado, es pertinente
referirse a la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo de esta Corporación el 6 de agosto de
201919, en la que se precisó el alcance del artículo 38 de la Ley 472,
en los siguientes términos:
“[…] 163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento
de las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte
demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las
pretensiones protectoras de los derechos colectivos, y la condena en
costas, a la luz del artículo 361 del Código General del proceso, incorpora
tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las agencias
en derecho.
[…] 166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
armonizado con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las
acciones populares la condena en costas a favor del actor popular incluye
las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia de que la
parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso mediante
apoderado judicial o lo haya hecho directamente.
167. En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las
costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales
o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte
demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en
el artículo 365 del Código General del Proceso, de forma que sólo
se condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas y se
liquidarán en la medida de su comprobación.
169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en derecho
siempre que el actor popular resulte vencedor en la pretensión
protectoria de los derechos colectivos y su acreditación
corresponderá a la valoración que efectúe el fallador en atención a
los criterios señalados en el numeral 4 del artículo 366 del Código
General del Proceso, es decir, en atención a la naturaleza, calidad
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío
Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.
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y duración del asunto, o a cualquier otra circunstancia especial que
resulte relevante para tal efecto.
170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si
aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de
si actuó directamente o mediante apoderado, u otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas. […]” (Destacado de la Sala).
En ese orden, es del caso traer a colación los artículos 365 y 366 del
CGP que prevén el trámite de la condena y liquidación de las costas,
en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en
costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto
en relación con la temeridad o mala fe.
[…]
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez
podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las
costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el
proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en
costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que
hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
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8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los
casos de desistimiento o transacción” (Resaltado de la Sala).
“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán
liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga
fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o
rehacerla.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si
aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”
(Destacado de la sala).
De lo reseñado es claro que uno de los presupuestos de procedencia
de esta condena consiste en que las pretensiones de protección de
los derechos colectivos hayan sido estimadas y, en consecuencia, la
entidad accionada fuere declarada responsable de la vulneración de
derechos advertida, como en efecto ocurre en el presente asunto y,
por tanto, este cargo tampoco prospera.
Del comité de verificación
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Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía
La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada en relación
con el comité de verificación adujo que estaría conformado por un
delegado del Municipio de Barrancabermeja hoy - Distrito Especial de
Barrancabermeja, un delegado de la Defensoría del Pueblo quien lo
presidiría y por la parte actora.
Sin embargo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 y la
jurisprudencia de la Sección20, el comité de verificación de la
sentencia debe estar presidido por el Juez, en consecuencia, debido
a que el Tribunal no está incluido en el mismo en calidad de
presidente, se modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva del
fallo recurrido, en dicho sentido.
Finalmente, la Sala MODIFICARÁ el numeral CUARTO de la parte
resolutiva de la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de
Verificación del cumplimiento de la sentencia estará integrado por el
magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, y se confirmará
en lo demás el fallo de primera instancia.
20
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, Consejero
Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018-
00361-01, Consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
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Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor
consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ para intervenir en el proceso
de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del
mismo.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral CUARTO de la parte resolutiva
de la sentencia apelada, el cual quedará así:
“[…] CUARTO. INTÉGRASE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN el
cual estará conformado por un delegado del Municipio de
Barrancabermeja hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, un
delegado de la Defensoría del Pueblo, la parte accionante y el
Magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Santander, quien
lo presidirá, de conformidad con lo considerado en esta sentencia;
comité que deberá rendir a esta Corporación informes periódicos
sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno al culminar sus
labores […]”.
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Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 18 de mayo
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión de 12 de septiembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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