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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00598-01

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00598-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del mismo. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el cual quedará así: “[…] CUARTO. INTÉGRASE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN el cual estará conformado por un delegado del Municipio de Barrancabermeja hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, un delegado de la Defensoría del Pueblo, la parte accionante y el Magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Santander, quien lo presidirá, de conformidad con lo considerado en esta sentencia; comité que deberá rendir a esta Corporación informes periódicos sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno al culminar sus labores […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 Número único de radicación: 68001 23 33 000 2019 00598 01 Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 18 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2019-00598-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2019-00598-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: ÁNGEL AUGUSTO ARÉVALO MEJÍA

TESIS: LAS ÓRDENES IMPARTIDAS Y LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
PARA SU CUMPLIMIENTO SON RAZONABLES Y PROPORCIONALES,
EN ARAS DE HACER CESAR EL RIESGO DE DESASTRE AL QUE ESTÁ
EXPUESTA LA COMUNIDAD.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: A LA
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE, AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO, AL GOCE DEL
ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES
DE USO PÚBLICO, Y LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado

del DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA1 contra la

sentencia de 18 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal

Administrativo de Santander2.

1
En adelante el DISTRITO.
2
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 68001 23 33 000 2019 00598 01
Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda3

El señor ÁNGEL AUGUSTO ARÉVALO MEJÍA, en nombre propio y

en condición de Presidente y Representante Legal de la Junta de

Acción Comunal de la Vereda Tenerife, en ejercicio de la acción

popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, presentó

demanda contra el DISTRITO, ECOPETROL S.A. y PALMERAS DE

YARIMA S.A. tendiente a que se protegieran los derechos colectivos

al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público y la

utilización y defensa de los bienes de uso público, y a la seguridad y

salubridad pública.

I.2. Hechos

Adujo que el río La Colorada ocasiona una erosión que afecta la vía

principal de acceso a la Vereda Tenerife, por lo que se requiere de un

muro de contención para su protección, cuya problemática se

agudiza porque ECOPETROL y PALMERAS DE YARIMA S.A. se

3
Índice SAMAI 00002, expediente digital, archivo “ED_02201959800DEM(.pdf) NroActua 2)”.
4
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía

sirven de la vía para el tránsito de su maquinaria pesada para el

ejercicio de sus operaciones en la zona.

Manifestó que de concretarse el riesgo de pérdida de la banca de la

carretera, en el sitio conocido como El Boquete y en la Vía Pozo No.

2 del río La Colorada, dejaría incomunicada a la población de la región

y arrasaría con más de diez fincas con cultivos de palma y actividades

ganaderas.

Indicó que, desde los años 2008, 2009 y 2010, la problemática fue

informada al DISTRITO y su Secretaría de Infraestructura y Oficina

de Atención de Desastres, así como a las empresas ECOPETROL y

PALMERAS DE YARIMA S.A., sin obtener solución alguna.

Manifestó que el 29 de abril de 2011 la Junta de Acción Comunal

reiteró a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Infraestructura, a la

Personería Municipal de Barrancabermeja y a la Defensoría del

Pueblo dicha problemática e informó sobre la pérdida de cultivos de

maíz, plátano, pastos, frutos de palma, así como de ganado.

Sostuvo que en el año 2014 el secretario de Medio Ambiente

Municipal rindió informe técnico sobre la visita realizada a la vía de

la Vereda Tenerife, en el que concluyó que existe una grave
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afectación a raíz de socavación y erosión del río La Colorada, lo que

demanda acciones inmediatas para evitar que las veredas Tenerife y

La Florida quedaran incomunicadas, con las complicaciones de orden

económico que ello generaría.

I.3. Pretensiones

El accionante, además de la protección de los derechos colectivos

que estimó vulnerados, solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERA. Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, ECOPETROL S.A Y PALMERAS DE YARIMA S.A,
para que en forma inmediata ejecuten y realicen efectivamente la
recuperación y construcción de un muro de contención que proteja
la erosión que está provocando el río La Colorada a la única vía
principal de acceso que conduce el campo 25 a la Vereda Tenerife y
la Florida.

SEGUNDA. Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, ECOPETROL S.A Y PALMERAS DE YARIMA S.A,
para que de forma inmediata ejecuten y realicen la recuperación de
la vía que conduce el campo 25 a la Vereda Tenerife y la Florida.

TERCERA. Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, ECOPETROL S.A Y PALMERAS DE YARIMA S.A,
para que en forma inmediata ejecuten y realicen un estudio técnico
con el fin de determinar los daños en la vía de acceso desde el campo
25 a la Vereda Tenerife y La Florida, la cual viene siendo afectada
con ocasión del transporte de vehículos pesados por las diferentes
empresas de la región, para que una vez establecidas se proceda de
manera inmediata a su recuperación […]”.

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I.4. Defensa

I.4.1.- El DISTRITO argumentó que no era el responsable de la

erosión que presenta la vía, en tanto se trata de una situación de

fuerza mayor causada por el río La Colorada, por lo que no se

configura el nexo causal; no obstante, en el marco de la gestión del

riesgo, ha identificado las acciones de recuperación a través del

Concejo Distrital, emitiendo los respectivos informes técnicos para

evaluar el estado actual de la afectación, así como los puntos en los

que el río se encuentra socavando la vía.

Afirmó que la erosión fluvial y socavación existente es irresistible e

impredecible, en la medida en que la ocurrencia del cambio en el

cauce del río no puede evitarse, así como tampoco las implicaciones

que esto tiene en la dirección y magnitud del movimiento de la

corriente que arrasa con la estabilidad de la estructura de terraplén

de la vía, todo lo cual no se soluciona con la construcción de un muro

de contención por tratarse de un tramo en curva, precisamente, por

efecto de las corrientes.

Sostuvo que era necesario realizar un estudio especializado que debe

tener en cuenta aspectos como la hidráulica fluvial, el transporte de

sedimentos y el tipo de material de construcción, con el fin de mitigar

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el riesgo al que está expuesta la vía, lo cual no puede ser asumido

por la falta de los recursos requeridos para ello, atendiendo al

principio de anualidad del presupuesto a ejecutar.

Propuso como excepciones la falta de legitimación en la “causa por

pasiva”, “no comprender la demanda todos los litisconsortes al

considerar como necesaria la vinculación del INVIAS”, “inexistencia

de vulneración de los derechos e intereses colectivos” e

“imposibilidad de adecuar la vía de acceso a la vereda Tenerife por

fuerza mayor”.

I.4.2.- ECOPETROL indicó que los daños presentados en la vía

obedecen a procesos erosivos de la geomorfodinámica del cauce del

río; y que por tratarse de una vía terciaria, su mantenimiento y

conservación es competencia del DISTRITO, aunado a que tales

actividades no están en su objeto social.

Manifestó que para la fecha de presentación de la demanda ya no

hacía uso de la vía con vehículos de carga pesada, pero en el tiempo

en que operó sus pozos sí empleaba tal maquinaria, razón por la que

frecuentemente realizaban actividades de mantenimiento a la vía

principal de acceso a las veredas Tenerife y La Florida.

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Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía

Formuló como excepciones la “falta de legitimación en la causa por

pasiva” y “la inexistencia de vulneración de derechos e intereses

colectivos por parte de Ecopetrol S.A.”.

I.4.3.- La sociedad PALMERAS DE YARIMA S.A alegó que no ha

vulnerado los derechos colectivos invocados y que no le era exigible

realizar la recuperación de la vía y la construcción de un muro de

contención para protegerla de la erosión provocada por el río La

Colorada.

Sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva

comoquiera que el solo hecho de usar una vía pública no implica que

las empresas privadas deban ser llamadas a ejecutar labores de

recuperación, mantenimiento o arreglos de la misma, porque para

ello paga los impuestos.

Indicó que aun cuando no le asiste responsabilidad en el asunto sub

examine, con anterioridad, ha asumido el arreglo y mantenimiento

por tramos, con grandes inversiones económicas a título de

solidaridad y retribución social a la zona donde tiene cultivos de

palma de aceite y genera empleo.

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Solicitó la vinculación del Departamento de Santander y del Instituto

Nacional de Vías - INVIAS.

I.5 Pacto de Cumplimiento

El 1o. de diciembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia de pacto de

cumplimiento, declarada fallida porque no comparecieron la totalidad

de las partes5.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 18 de mayo de 20236, amparó los

derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del

equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de los recursos

naturales y a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente, con fundamento en lo siguiente:

Adujo que los problemas de erosión y deslizamiento de la vía son

causados por la socavación de la bancada atribuible al río La

Colorada, frente a lo cual el DISTRITO no ha tomado las medidas

que le resultan exigibles, pese a que la Secretaría de Infraestructura

5
Expediente digital, archivo “25ED_1520190059800A”.
6
Índice SAMAI 00002, expediente digital, archivo “ED_45_68001233300020190(.pdf) NroActua 2”.
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determinó la necesidad de realizar estudios especializados para

establecer las obras a ejecutar con el fin de evitar la socavación.

Precisó que pese a estar demostrado que la afectación de la zona es

de origen natural, ello no exime a las autoridades de su deber de

adoptar todas las medidas necesarias para conocer, reducir y

manejar su impacto, en aras de garantizar la seguridad de los

pobladores de la zona, cuya omisión vulnera los derechos colectivos.

Consideró que el DISTRITO, por ser el responsable de la gestión del

riesgo y administrador de la vía terciaria objeto de la acción, era el

llamado a ejecutar las obras para superar la problemática y no

ECOPETROL y PALMERAS DE YARIMA S.A., por lo que declaró la

falta de legitimación en la causa por pasiva.

En consecuencia, ordenó:

“[…] DECLARÁSE PROBADA la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, respecto ECOPETROL S.A y PALMERAS DE
YARIMA S.A, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE que el MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, hoy DISTRITO ESPECIAL DE
BARRANCABERMEJA vulnera los derechos e intereses colectivos a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al
goce de un ambiente sano, el goce del espacio público y la utilización
y defensa de los bienes de uso público, y la seguridad y salubridad

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pública, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

TERCERO. ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, hoy
DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA para que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: (i)
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, contrate la elaboración de un estudio
especializado detallado de dinámica fluvial, estudios de batimetría y
topografía en el tramo de afectación, estudio de hidrología e
hidráulica, con el objeto de obtener un diagnóstico técnico científico
de la situación y poder plantear alternativas de mitigación o
reducción, y con el objeto de determinar la solución adecuada y
definitiva para la estabilización y recuperación de la vía principal de
acceso que conduce el campo 25 a la vereda Tenerife y La Florida.
(ii) en el término de (02) meses siguientes al otorgado para realizar
los estudios elaborar un cronograma en el que se especifiquen todas
las gestiones y actividades a realizar de conformidad con los
resultados obtenidos en los respectivos estudios, incluyendo en el
mismo la ejecución de la obra u obras que permitan la superación
de la vulneración de los derechos e intereses colectivos amparados
en la presente providencia; (iii) apropien los recursos
presupuestales necesarios y se realice el proceso de contratación
respectivo de acuerdo al estatuto de contratación estatal, para la
realización de las obras correspondientes de acuerdo a lo que se
establezca en el estudio especializado que se realice. En todo caso
las actuaciones, gestiones y ejecución de las obras a realizar para la
superación efectiva de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos no puede superar el término máximo de dieciocho (18)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

CUARTO. INTÉGRASE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN el cual
estará conformado por un delegado del Municipio de
Barrancabermeja hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, un
delegado de la Defensoría del Pueblo (quien lo presidirá) y la parte
accionante, comité que deberá rendir a esta Corporación informes
periódicos sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno al culminar
sus labores.

QUINTO. CONDÉNASE en costas al Municipio de Barrancabermeja
hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Las costas
serán liquidadas por la Secretaría de esta Corporación de
conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso […]”.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El DISTRITO reiteró que no es responsable de la problemática de la

vía, por cuanto el río La Colorada es el que ha venido causando la

erosión, por lo que se trata de un evento de fuerza mayor, irresistible

e impredecible, comoquiera que el cambio en el cauce del río y sus

efectos, tales como la dirección y la magnitud del movimiento de la

corriente no son predecibles y de ninguna forma evitables con la

construcción de un muro de contención.

Destacó que aun cuando carece de responsabilidad, la solución para

el problema descrito amerita una consultoría para definir las

actividades a ejecutar, servicio que, conforme con el Estatuto

contractual, debe contratarse bajo la modalidad de mínima cuantía;

no obstante, atendiendo al principio presupuestal de anualidad,

después del 31 de diciembre del año fiscal no pueden asumirse

compromisos con cargo a las apropiaciones de éste, por tanto la

consultoría no debe superar en su ejecución ese límite temporal.

Señaló que, adicionalmente, las condiciones particulares del lugar

afectado y el comportamiento del cauce del río, llevan a que el

término fijado para el cumplimiento de la orden impartida por el

Tribunal sea insuficiente, por lo que requirió su ampliación.
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Solicitó reconsiderar la condena en costas, comoquiera que el

deterioro de la vía no es producto de sus conductas temerarias, sino

que deviene de acciones de la naturaleza.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1.- Mediante auto de 23 de junio de 2023, el Despacho

sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el

DISTRITO, contra la sentencia de primera instancia, advirtiéndole

al señor Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante

el Consejo de Estado que, de conformidad con el numeral 6 del

artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo - CPACA, podría emitir su concepto hasta

antes de que el proceso ingresara al despacho para sentencia.

Asimismo, en dicho auto se indicó que si en el término de ejecutoria

de la providencia las partes no solicitaban la práctica de pruebas en

los términos del artículo 327 del CGP, se prescindiría del traslado

para alegar de conclusión, ingresando el expediente al Despacho

para fallo, conforme lo ordena el numeral 5 del artículo 247 del

CPACA; y en todo caso, de acuerdo con el numeral 4 de la norma

ídem, los sujetos procesales podrían pronunciarse en relación con el

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recurso de apelación interpuesto hasta la ejecutoria del mencionado

proveído.

IV.2.- Transcurrido el término anterior, las partes y el MINISTERIO

PÚBLICO guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión Previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor

consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, mediante escrito obrante

en el índice 15 del expediente digital7, manifestó su impedimento

para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto su cónyuge

Jeannette Forigua Rojas es Asesora Externa de la Junta Directiva

de la Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL S.A.,

empresa que funge como demandada en el proceso de la referencia,

por lo que considera que se encuentra incurso en la causal de

impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -

CPACA-.

7El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial,
SAMAI.
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Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

Precisado lo anterior, se observa que la causal de impedimento

invocada es la prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA,

que dispone:

“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los
siguientes eventos:

(…)

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición
de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en
una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en
calidad de parte o de tercero interesado. […]” (Resaltado fuera del
texto).

De la causal transcrita y los hechos que soportan el impedimento

manifestado por el consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, la Sala

considera que concurren los presupuestos para el efecto, toda vez

que su cónyuge, la señora JEANNETTE FORIGUA ROJAS, se

desempeña actualmente como Asesora Externa de la Junta Directiva

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de ECOPETROL, la cual es demandada en la acción popular de la

referencia.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ y lo

separará del conocimiento del presente proceso, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Problema jurídico

Con fundamento en los antecedentes expuestos, y considerando el

sustento del recurso de apelación, la Sala se referirá a los puntos

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objeto de debate, en los cuales no se controvierte la existencia de la

vulneración de los derechos colectivos. En consecuencia, los

problemas jurídicos a resolver son los siguientes:

i) ¿El DISTRITO es responsable de la transgresión de los derechos

colectivos invocados, cuando ésta se ocasione por eventos naturales?

ii) ¿Es procedente modificar el plazo concedido al DISTRITO para

ejecutar las órdenes impartidas por el Tribunal?

iii) ¿Hay lugar a revocar la condena en costas que le fue impuesta al

DISTRITO?

De la responsabilidad del Distrito

Para efecto de determinar la responsabilidad que le asiste al Distrito

en el asunto sub examine, la Sala se referirá a las competencias de

las entidades territoriales en materia de Gestión del Riesgo y de

protección del medio ambiente en los siguientes términos:

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La gestión del riesgo de desastres, cuya política fue adoptada

mediante la Ley 1523 de 24 de abril 20128, fue definida por el

Legislador como “[…] un proceso social orientado a la formulación,

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el

manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al

desarrollo sostenible […]”.

Asimismo, a voces del artículo 1º ídem, constituye una política de

desarrollo indispensable para asegurar, entre otros, la seguridad

territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y

las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,

con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles

de gobierno y la efectiva participación de la población9.

En línea con lo anterior, dicho cuerpo normativo radicó la

responsabilidad de los procesos que involucra la ejecución de dicha

política, principalmente, en las autoridades de naturaleza pública a

8
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
9
Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.
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través de las cuales el Estado cumple sus cometidos; no obstante,

fue voluntad del legislativo atribuir, asimismo, responsabilidad en

esta materia a los particulares que residen en el territorio nacional,

tal y como quedó previsto en el artículo 2º ídem, que es del siguiente

tenor:

“[…] Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano.

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de
gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción
del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias,
su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables
de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad,
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y
acatarán lo dispuesto por las autoridades […]”.

De igual forma, mediante la citada ley fue creado el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres -Sistema Nacional-10, como el

conjunto integrado por entidades públicas y privadas, las políticas,

normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,

mecanismos e información relacionada con la temática, que ha de

aplicarse de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo

en el País.

10
Ley 1523 de 2012. Artículo 5º
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Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía

En cuanto a su organización, la instancia superior del Sistema de

Gestión del Riesgo es el Consejo Nacional, integrado por el presidente

de la República, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del

Riesgo y los gobernadores y alcaldes en sus respectivas

jurisdicciones, órgano encargado de orientar el Sistema y, entre

otras funciones, de “[…] Propender por la armonización y la

articulación de las acciones de gestión ambiental, adaptación al

cambio climático y gestión del riesgo […]” y “[…] Orientar y articular

las políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento

territorial, planificación del desarrollo y adaptación al cambio

climático que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres

[…]”11.

Bajo esa estructura, se dispuso que a nivel local, los Alcaldes, al

ostentar la representación de los municipios, son los responsables

directos de la ejecución de la referida política en su territorio

que, valga decir, además de comprender el conocimiento y reducción

del riesgo, involucra el manejo de desastres en esa área

geográfica, procesos a partir de los cuales se fijan las líneas de

acción a seguir en aras de prevenirlo, controlarlo de haber

acaecido; y prepararse para el manejo de las situaciones de

11
Ley 1523 de 2012. Artículos 15, 16 y 21-8.
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desastre y la posterior recuperación, entendida como rehabilitación

y reconstrucción.

Entonces, en el ámbito territorial, el ordenamiento legal otorgó

funciones específicas a los alcaldes en materia de gestión del riesgo,

en los siguientes términos:

“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en
el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del
riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción”
(Negrillas fuera del texto)

2.- “Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública”.

3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se
sancione la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y
por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
fines, y en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de
1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales
como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a
amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o
antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a
tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución
de reservas de tierras para hacer posibles tales reasentamientos y la
utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación
de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en
alto riesgo, entre otros […]”.

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Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que las funciones

encomendadas a cada uno de los integrantes del Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo están regidas por los principios de

coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, definidos por la

misma Ley 1523.

Ahora, en lo que respecta a la protección del medio ambiente, la Sala

destaca que por mandato del Legislador a los municipios les

corresponde “[…] velar por el adecuado manejo de los recursos

naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley

[…]”12, lo que de suyo implica el deber de promover y ejecutar

programas y políticas que propendan por la protección del medio

ambiente, así como ejercer el control y la vigilancia de los recursos

naturales en su jurisdicción, amparado en sus atribuciones que, como

primera autoridad de policía del Municipio, ha de ejercer en

coordinación con las entidades que integran el Sistema Nacional

Ambiental y el apoyo de la Policía Nacional.

De conformidad con lo anterior, y de acuerdo con lo considerado por

el Tribunal respecto de la vulneración de los derechos colectivos, la

Sala advierte que el estado de deterioro de la vía es de tal magnitud

12
Ley 136 de 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios”. Artículo 3º, numeral 10.
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que constituye un riesgo de desastre para los habitantes de la

vereda Tenerife, derivado de los procesos erosivos y de socavación

que desde hace más de quince (15) años afectan la carretera que

garantiza la comunicación de los habitantes de esta zona con el

corregimiento El Centro, por lo que el DISTRITO es el principal

llamado en atender la situación de amenaza y vulnerabilidad a la que

se encuentra expuesta la comunidad.

En efecto, los lineamientos normativos que rigen la política de gestión

integral del riesgo imponen a la entidad territorial el deber de adoptar

las medidas correctivas que se tornan necesarias con el fin de reducir

el nivel del riesgo observado, y es en esa medida que el escenario

descrito demanda la ejecución oportuna de obras de estabilización y

protección del margen de terreno impactado por los efectos de la

erosión fluvial y el socavamiento que tiene por fuente la acción del

flujo de la corriente del río, pues solo ese tipo de acciones tienen la

virtualidad de evitar que el daño siga acentuándose y, de manera

consecuente, hacer cesar la vulneración que se cierne sobre los

derechos de esa colectividad.

En ese orden, no resulta de recibo el argumento a partir del cual el

recurrente pretende exonerarse de responsabilidad, porque, en su

criterio, se trata de un evento de fuerza mayor, impredecible e
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irresistible, pues lo cierto es que, de conformidad con lo dispuesto

por el legislador en materia de gestión del riesgo, la fuente de este,

sea natural o antrópico, no constituye un factor determinante para

establecer las competencias que tienen a su cargo los agentes

estatales, a quienes se les ha atribuido la ejecución de dicha política,

además de la protección del medio ambiente.

Al respecto, se destaca que la normativa en mención define el riesgo

de desastre como “[…]los daños o pérdidas potenciales que pueden

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen

natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no

intencional, en un período de tiempo específico y que son

determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por

consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de

la amenaza y la vulnerabilidad […]”13.

Asimismo, la amenaza, desastre y vulnerabilidad fueron definidas por

el artículo 4º ibidem en los siguientes términos:

“[…] Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen
natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios
de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

13
Ley 1523 de 2012. Artículo 4º, numeral 25.
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[…]

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación
de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales,
causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o
ambientales, generando una alteración intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de
la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional
ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación
y reconstrucción.

[…]

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica,
social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento
físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a
sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos
físicos peligrosos […] (Resaltado fuera del texto)”.

En consecuencia, independientemente del origen del hecho dañoso

constitutivo del riesgo, en los términos definidos en precedencia,

ante su ocurrencia surge la imperiosa necesidad de que intervengan

las autoridades que integran el Sistema Nacional de Gestión del

Riesgo en sus diferentes instancias, como en efecto lo demandan los

hechos que sirven de sustento a esta acción, comoquiera que está

debida y suficientemente acreditado el eventual colapso de la única

vía terrestre que permite la comunicación entre la vereda Tenerife y

el corregimiento El Centro por la acción de un fenómeno natural, lo

que de suyo implica la configuración de un riesgo de desastre que

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involucra la integridad y la vida de quienes transitan la carretera

afectada, al tiempo que impacta la actividad económica de la que

deriva su sustento la comunidad rural residente en dicha vereda.

En efecto, conforme lo advirtió el Tribunal, en el acervo no existen

pruebas que den cuenta de las gestiones de orden presupuestal y

contractual que ha llevado a cabo la entidad territorial con el objeto

de ofrecer una solución a dicha situación, al punto que sus acciones

se han limitado a visitas técnicas al lugar afectado, informes técnicos

y comunicaciones remitidas a la comunidad indicando la falta de

recursos para ejecutar las respectivas obras, lo que denota la desidia

del DISTRITO para ofrecer una solución adecuada y definitiva para

la estabilización de la vía, en claro desconocimiento de las

competencias que le han sido expresamente atribuidas en el marco

funcional previsto en la Ley 1523.

Por lo precedente, en atención a que la entidad territorial se ha

sustraído de manera prolongada y sistemática de los deberes

funcionales que le asisten para conjurar la problemática, es

responsable de la vulneración de los derechos colectivos amparados

por el Tribunal y, por tanto, el cargo no prospera.

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Del plazo

Para abordar este asunto, se destaca que el Tribunal ordenó lo

siguiente:

“[…] TERCERO. ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
hoy DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA para que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias: (i) dentro del término de cuatro (4) meses contados
a partir de la ejecutoria de esta sentencia, contrate la elaboración de
un estudio especializado detallado de dinámica fluvial, estudios de
batimetría y topografía en el tramo de afectación, estudio de
hidrología e hidráulica, con el objeto de obtener un diagnóstico técnico
científico de la situación y poder plantear alternativas de mitigación o
reducción, y con el objeto de determinar la solución adecuada y
definitiva para la estabilización y recuperación de la vía principal de
acceso que conduce el campo 25 a la vereda Tenerife y La Florida. (ii)
en el término de (02) meses siguientes al otorgado para realizar los
estudios elaborar un cronograma en el que se especifiquen todas las
gestiones y actividades a realizar de conformidad con los resultados
obtenidos en los respectivos estudios, incluyendo en el mismo la
ejecución de la obra u obras que permitan la superación de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos amparados en la
presente providencia; (iii) apropien los recursos presupuestales
necesarios y se realice el proceso de contratación respectivo de
acuerdo al estatuto de contratación estatal, para la realización de las
obras correspondientes de acuerdo a lo que se establezca en el
estudio especializado que se realice. En todo caso las actuaciones,
gestiones y ejecución de las obras a realizar para la superación
efectiva de la vulneración de los derechos e intereses colectivos no
puede superar el término máximo de dieciocho (18) meses contados
a partir de la ejecutoria de la presente providencia […]”.

Dichas órdenes se impartieron en concordancia con el informe

técnico del año 201714 producto de la visita realizada a solicitud de la

comunidad afectada, en el cual se concluyó:

14
Informe técnico No. 0442-17, folios 72 a 79, expediente digital, archivo PDF
“13ED_01201959800CUA”.

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“[…] 1. El lecho del Río La Colorada puede ser rocoso, aluvial o de
material cohesivo. […] Debido a su gran capacidad de transporte de
sedimentos, este tipo de cauces de régimen torrencial presentan a lo
largo de sus trayectorias fenómenos de socavación y agradación; la
segunda como consecuencia de la primera.

Antes de diseñar obras para tratamiento de cauces es
necesario conocer la magnitud de la socavación. Para
determinar la magnitud de la socavación general se deben
realizar análisis geomorfológicos entre puntos de control, o
sea entre secciones estables […].

2. Mediante un estudio se deben evaluar las posibles obras a
ejecutar para evitar la socavación de estos puntos en curva del
Río La Colorada, donde se tenga en cuenta aspectos tales como
la hidráulica fluvial y el transporte de sedimentos y el tipo de
material de construcción, al igual que determinar las longitud
de márgenes a proteger, la cual no debe alterar demasiado el
comportamiento fluvial aguas abajo, y se deben conservar las
curvas existentes en el cauce del río y el mismo ancho del río.

3. Se requiere realizar la intervención inmediata en los
sectores visitados donde el Río La Colorada, que amenaza con
dejar sin vía de acceso a los pobladores de la Vereda Tenerife
y Las Delicias, debido a la socavación que se presenta por
acción del cauce del Río, especialmente en los tiempos de crecida
y descenso del nivel súbitos, que generan zonas de inestabilidad y
aumenta el desprendimiento de materiales en las orillas,
específicamente en las zonas de curva del Río que golpean al
terraplén del carreteable existente, y de esta manera mitigar el riesgo
que se presenta con la comunidad de esta región del Corregimiento
El Centro […]”. (Negrillas fuera del texto original).

Del material probatorio allegado al expediente se advierte que desde

el año 201015, el DISTRITO advirtió que la solución para la

15
En oficio con radicado S.I. 2329/10 de 8 de noviembre de 2010, expresamente indicó: “[…] para
garantizar la estabilidad de la orilla en estos sectores se requiere de un estudio que evalúe la corriente
y permita hacer una adecuada protección de la orilla. La experiencia de estas contenciones es positiva
para los tramos rectos, sin embargo en sectores en curva es bastante difícil por efecto de las mismas
corrientes […]”.
De igual manera, en oficio No. 0367 de 7 de marzo de 2014, expuso: “[…] En cuanto a los daños
causados por la quebrada La Colorada a la infraestructura vial, se requiere de unos estudios
especializados, los cuales en el año 2011 fueron valorados en $80.000.000, y que a precios de hoy
pueden estar del orden de $100.000.000 millones de pesos, recursos con los que no se cuenta en el
momento. Hay que tener en cuenta que sin este estudio toda inversión que se realice corre la suerte
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problemática que presenta la zona requiere estudios de carácter

técnico sobre aspectos geomorfológicos y de hidráulica fluvial, de

suerte que solo teniendo claridad sobre la composición de la

superficie por la cual transcurre el río y el comportamiento que

presenta su corriente, es posible establecer el tipo y la magnitud de

las obras a ejecutar con miras mitigar el riesgo en los términos ya

descritos.

Por consiguiente, la Sala considera que, contrario al criterio del

recurrente, los cuatros (4) meses otorgados, además de estar

acordes con los tiempos fijados en el Estatuto Contractual 16 para

surtir el proceso de contratación para la consultoría que, según el

dicho del DISTRITO, corresponde al proceso de mínima cuantía17,

de la inversión ya realizada por ECOPETROL, la cual fue arrastrada por las crecientes de la quebrada
La Colorada […]”.
Lo anterior fue reiterado en el informe técnico realizado en el año 2017, en los siguientes términos:
“[…] Antes de diseñar obras para tratamiento de cauces es necesario conocer la magnitud de la
socavación. Para determinar la magnitud de la socavación general se deben realizar análisis
geomorfológicos entre puntos de control, o sea entre secciones estables […]. 2. Mediante un estudio
se deben evaluar las posibles obras a ejecutar para evitar la socavación de estos puntos en curva del
Río La Colorada, donde se tenga en cuenta aspectos tales como la hidráulica fluvial y el transporte de
sedimentos y el tipo de material de construcción, al igual que determinar las longitud de márgenes a
proteger, la cual no debe alterar demasiado el comportamiento fluvial aguas abajo, y se deben
conservar las curvas existentes en el cauce del río y el mismo ancho del río […]”.
16
Ley 80 de 28 de octubre de 1993.
17
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de
mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por
ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro
contrato.
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera
debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la
Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del
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constituyen un término razonable y adecuado a afectos de obtener

el diagnóstico de las obras que resultan necesarias e iniciar la

intervención con el fin de conjurar la situación de amenaza, más aún

cuando de tiempo atrás la entidad territorial tiene conciencia de la

magnitud y características de tales obras, conforme fue acreditado.

De igual forma, la Sala destaca que el proceso de selección que, se

reitera, a juicio de la entidad territorial, corresponde adelantar para

presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el
término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral
anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo
caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas
de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda
expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en
el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que
publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá
participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual
los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado
el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con
las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de
los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior
sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas,
en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo
en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En
caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes
de que finalice el traslado del informe de evaluación.
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que
durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la
Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta,
la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069
de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.

PARÁGRAFO . De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020,
en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2
a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo,
las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho
numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso
aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier
Mipyme nacional”.

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contratar la consultoría, no es de aquellos sobre los cuales recaía la

restricción temporal vigente en la fecha de proferirse el fallo apelado,

consistente en la prohibición de suscribir convenios o contratos

interadministrativos dentro de los cuatro (4) meses previos a las

elecciones regionales, de suerte que este argumento carece de

sustento jurídico y, por lo mismo, no tiene vocación de prosperidad.

Ahora bien, en el evento en que la contratación de las obras y su

ejecución requieran, de manera justificada, la ampliación del plazo

concedido para el cumplimiento de las órdenes, el Comité de

Verificación será el escenario en el cual podrá determinarse la

procedencia o no de conceder un plazo adicional, en todo caso,

considerando la necesidad de garantizar en forma oportuna la

protección concedida por el juez constitucional18.

Finalmente, la Sala no advierte ningún argumento que justifique la

ampliación del plazo atendiendo a las condiciones particulares de la

zona y el comportamiento del cauce del río, entonces, ante el

incumplimiento de la carga argumentativa exigible en sede de

apelación, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

18
Al respecto, ver entre otras: Sentencia del 1 de junio de 2020. Radicado: 68001 23 31 000 2021
00091 01. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 9 de febrero de 2023.
Radicado: 68001 23 33 000 2019 00410 01. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
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De la condena en costas

Para resolver el último problema jurídico planteado, es pertinente

referirse a la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo de esta Corporación el 6 de agosto de

201919, en la que se precisó el alcance del artículo 38 de la Ley 472,

en los siguientes términos:

“[…] 163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento
de las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte
demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las
pretensiones protectoras de los derechos colectivos, y la condena en
costas, a la luz del artículo 361 del Código General del proceso, incorpora
tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las agencias
en derecho.

[…] 166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
armonizado con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las
acciones populares la condena en costas a favor del actor popular incluye
las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia de que la
parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso mediante
apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

167. En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las
costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales
o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte
demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en
el artículo 365 del Código General del Proceso, de forma que sólo
se condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas y se
liquidarán en la medida de su comprobación.

169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en derecho
siempre que el actor popular resulte vencedor en la pretensión
protectoria de los derechos colectivos y su acreditación
corresponderá a la valoración que efectúe el fallador en atención a
los criterios señalados en el numeral 4 del artículo 366 del Código
General del Proceso, es decir, en atención a la naturaleza, calidad

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío

Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.
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y duración del asunto, o a cualquier otra circunstancia especial que
resulte relevante para tal efecto.

170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si
aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de
si actuó directamente o mediante apoderado, u otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas. […]” (Destacado de la Sala).

En ese orden, es del caso traer a colación los artículos 365 y 366 del

CGP que prevén el trámite de la condena y liquidación de las costas,

en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en
costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto
en relación con la temeridad o mala fe.

[…]

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez
podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las
costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el
proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en
costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que
hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
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8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los
casos de desistimiento o transacción” (Resaltado de la Sala).

“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán
liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga
fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o
rehacerla.

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si
aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”
(Destacado de la sala).

De lo reseñado es claro que uno de los presupuestos de procedencia

de esta condena consiste en que las pretensiones de protección de

los derechos colectivos hayan sido estimadas y, en consecuencia, la

entidad accionada fuere declarada responsable de la vulneración de

derechos advertida, como en efecto ocurre en el presente asunto y,

por tanto, este cargo tampoco prospera.

Del comité de verificación

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La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada en relación

con el comité de verificación adujo que estaría conformado por un

delegado del Municipio de Barrancabermeja hoy - Distrito Especial de

Barrancabermeja, un delegado de la Defensoría del Pueblo quien lo

presidiría y por la parte actora.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 y la

jurisprudencia de la Sección20, el comité de verificación de la

sentencia debe estar presidido por el Juez, en consecuencia, debido

a que el Tribunal no está incluido en el mismo en calidad de

presidente, se modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva del

fallo recurrido, en dicho sentido.

Finalmente, la Sala MODIFICARÁ el numeral CUARTO de la parte

resolutiva de la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de

Verificación del cumplimiento de la sentencia estará integrado por el

magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, y se confirmará

en lo demás el fallo de primera instancia.

20
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, Consejero
Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018-
00361-01, Consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor

consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ para intervenir en el proceso

de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del

mismo.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral CUARTO de la parte resolutiva

de la sentencia apelada, el cual quedará así:

“[…] CUARTO. INTÉGRASE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN el
cual estará conformado por un delegado del Municipio de
Barrancabermeja hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, un
delegado de la Defensoría del Pueblo, la parte accionante y el
Magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Santander, quien
lo presidirá, de conformidad con lo considerado en esta sentencia;
comité que deberá rendir a esta Corporación informes periódicos
sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno al culminar sus
labores […]”.

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Actor: Ángel Augusto Arévalo Mejía

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 18 de mayo

de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión de 12 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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