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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2020-00017-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2020-00017-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y, en su lugar, se dispone INHIBIRSE de realizar un pronunciamiento de fondo por encontrarse acreditada la excepción de cosa juzgada, de conformidad las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia. CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2020-00017-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

28 de octubre de 2024

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: PARQUEADERO LA NUEVA NOVENA
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: Falta de pago por estacionamiento de vehículos en parqueadero
privado. Enriquecimiento sin justa causa. Actio in rem verso.
Cosa juzgada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 14 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, que declaro probada la excepción de caducidad del medio de control.

I. SINTESIS DEL CASO

A pesar de no mediar contrato alguno, desde el año 2001, Sergio Romero Bautista,
propietario del parqueadero “La Nueva Novena” de Bucaramanga, prestó el servicio
de estacionamiento a varios vehículos y motocicletas incautados por la Fiscalía
General de la Nación. En repetidas ocasiones Romero Bautista solicitó al ente
acusador el pago por concepto del estacionamiento de los automotores que habían
sido “depositados” en su parqueadero. No obstante, según se afirma en la demanda,
la entidad pública nunca pagó suma alguna por el servicio que se le prestó.

El demandante considera que la Fiscalía General de la Nación se ha enriquecido
sin justa causa, porque no le ha pagado el servicio de parqueadero de 33
automotores que fueron estacionados en el establecimiento de comercio referido.

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 19 de diciembre de 20191, Sergio Romero Bautista, mediante apoderado judicial
y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la
Nación – Fiscalía General de la Nación, para que fuera declarada patrimonialmente
responsable por el enriquecimiento sin justa causa derivado de la falta de pago del
servicio de estacionamiento de 33 automotores que permanecieron en el
parqueadero “La Nueva Novena”, de su propiedad.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte
demandada a pagarle, por perjuicios morales, 200 SMLMV; y por daño emergente
y lucro cesante, la suma de $636.633.236.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma desde el año 2001,
Sergio Romero Bautista, propietario del parqueadero “La Nueva Novena” de
Bucaramanga, prestó el servicio de estacionamiento a varios vehículos y
motocicletas incautados por la Fiscalía General de la Nación, sin mediar contrato
alguno para dichos efectos.

Sostiene que en repetidas ocasiones Romero Bautista solicitó infructuosamente al
ente acusador el pago por concepto del estacionamiento de más de 60 automotores
que habían sido “depositados” en el parqueadero referido.

Indica que la inacción de la entidad pública frente a dicha solicitud motivó al
propietario del parqueadero a presentar demanda de reparación directa en su
contra, pretendiendo el reconocimiento de una indemnización de perjuicios por el
enriquecimiento sin justa causa derivado de la falta de pago del servicio de
estacionamiento de los vehículos aludidos.

1 Expediente Digital. Archivo 007

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

Manifiesta que el proceso se radicó con el número 68001233100020060115900 y
mediante sentencia del 18 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de
Santander, quien conoció de la litis en primera instancia, desestimó las pretensiones
de la demanda, al considerar que el empobrecimiento del demandante se había
originado por su propia culpa, al incumplir los requisitos de la Ley 80 de 1993 para
contratar con la Administración.

Señala que luego de presentar recurso de alzada contra dicha decisión, mediante
sentencia del 20 de febrero de 2017, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo
de Estado, revocó el fallo apelado y, en su lugar, concedió una indemnización en
abstracto, pero solo por el estacionamiento de 27 vehículos, de los que “se pudo
constatar que… por cuenta de la Fiscalía General de la Nación estuvieron en el
parqueadero”. Para la liquidación del perjuicio ordenó adelantar un trámite
incidental que permitiera establecer “la fecha de salida [del estacionamiento y ]… el
valor o tarifa aplicable”.

Aduce que, no obstante lo anterior, posteriormente, los días 9, 16 y 29 de noviembre
de 2017 se presentó en el parqueadero “La Nueva Novena” un representante de la
sociedad DIACO S.A. para retirar 33 vehículos que se encontraban a cargo de la
Fiscalía General de la Nación y frente a los que no se había reconocido
indemnización alguna en la sentencia del 20 de febrero de 2017.

El demandante considera que la Fiscalía General de la Nación se ha enriquecido
sin justa causa, porque no le ha pagado el servicio de parqueadero de 33
automotores que fueron estacionados en el establecimiento de comercio “La Nueva
Novena” y que corresponden a vehículos por los que ya solicitó indemnización de
perjuicios en el pasado, pero que en sentencia del 20 de febrero de 2017 no fueron
reconocidos por el “ocultamiento de información” del ente acusador, quien, en dicha
oportunidad, negó tener la “disposición jurídica” sobre los mismos.

Textualmente señala en el libelo introductorio: “Dentro del proceso de la referencia
60001233100020060115900 se declaró administrativamente responsable a la
Fiscalía General de la Nación respecto de un numero plural de vehículos dentro de
los cuales no se relacionó ni se cancelaron valores con ocasión de los [33] vehículos

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

[aquí] relacionados, en la medida en que la Fiscalía General de la Nación no
reconocía tener a su disposición los vehículos... En el transcurso del proceso en la
primera y segunda instancia los Magistrados omitieron reconocer los valores de los
33 vehículos en las sentencias, debido a la mala fe de la Fiscalía General de la
Nación… Para el día 30 de mayo de 2017… se ordena por la Fiscalía Cuarta
Delegada para la Descongestión de Bienes la realización de experticia técnica de
los 33 vehículos cuya reclamación hoy se eleva, es decir, con anterioridad al
expeditico técnico que se llevó a cabo sobre los vehículos que efectivamente fueron
reconocidos por parte de la Fiscalía de estar bajo su disposición lo que permite
inferir que siempre tuvieron conocimiento que la totalidad de los 60 vehículos sobre
los cuales se hizo la reclamación estaban a su cargo y no solo los 27 que aceptaron
dentro del proceso de radicado 60001233100020060115900… La negativa a
reconocer la disposición jurídica por parte de la Fiscalía conllevó a que el
Tribunal Administrativo de Santander y el Honorable Consejo de Estado no
incluyeran dentro de la liquidación el listado de los 33 vehículos que hoy se
reclaman y que habían sido incluidos en la demanda primigenia bajo el
radicado citado… El desconocimiento de la existencia de todas estas actuaciones
administrativas por nuestra parte y por las autoridades judiciales de instancia
impidieron la inclusión de los 33 vehículos que se retiraron por parte de la Fiscalía
en el mes de noviembre de 2017 en los fallos y liquidación de la condena en
concreto dentro del proceso de reparación directa mencionado con anterioridad”.

2. Contestación

El 17 de enero de 20202, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Fiscalía General de la Nación3 propuso las excepciones de cosa juzgada y
caducidad del medio de control, señalando que el demandante ya había promovido
otro proceso por los mismos hechos, que había sido fallado por la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de febrero de 2017.

2 Expediente Digital. Archivo 008
3 Expediente Digital. Archivo 015

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

3. Audiencia inicial

El 17 de marzo de 20224, el Tribunal Administrativo de Santander celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “se encuentra acreditada la caducidad del medio de control de
reparación directa en el caso concreto, porque de acuerdo con lo dispuesto en el
literal i), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, el término para acudir a la
jurisdicción, tratándose del daño causado por el error judicial, es de dos años
contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia proferida dentro del expediente radicado bajo la partida 20060115900, la
cual se surtió el día 9 de marzo de 2017, y en la que no se incluyó el total de los
vehículos automotores que estaban en custodia del demandante, dado que la
Fiscalía General de la Nación ocultó su existencia durante el trámite judicial”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 17 de marzo de 20225 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El demandante, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público
guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de diciembre 20226 el Tribunal Administrativo de
Santander declaro probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa, aduciendo que el demandante pretendía la reparación de
perjuicios por un error jurisdiccional en la sentencia proferida el 20 de febrero de

4 Expediente Digital. Archivo 035
5 Ibidem.
6 Expediente Digital. Archivo 053

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

2017 por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, y habían
transcurrido más de 2 años desde la fecha de su ejecutoria - 10 de marzo de 2017
• y aquella en la que se había presentado la demanda - 19 de diciembre de 2019.

Al efecto, sostuvo: “como se observa, en su momento, el demandante solicitó el
reconocimiento de las sumas dejadas de percibir por concepto del servicio de
parqueadero que prestó a favor de 60 vehículos, pero lo que ocurrió en sede judicial
es que no se logró acreditar la presencia de la totalidad de vehículos reclamados en
las instalaciones del parqueadero, para así acceder a la totalidad de las
pretensiones invocadas. Es claro, entonces, que el daño se deriva de la falta de
reconocimiento de los 33 vehículos que son objeto del presente proceso, daño que
se materializa con la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia proferida al
interior del proceso con radicado 68001233100020060115901 de fecha 20 de
febrero de 2017 que ocurrió el 10 de marzo de 2017, más no como erróneamente
lo sostiene la parte demandante, a partir del día en que se retiraron los vehículos
[…] En otras palabras, lo pretendido por el demandante es que se repare un daño
que se consolidó con la expedición de la sentencia de segunda instancia proferida
al interior del proceso 68001233100020060115901 y que debió invocarse como
sustento del daño a los intereses del demandante que reclama ahora en este
proceso judicial. Puestas así las cosas aparece notorio que para la fecha de
presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la
Nación -el día 21 de octubre de 2019- , ya había operado el fenómeno de la
caducidad -el cual como ya se mencionó, comenzó a correr el día 10 de marzo de
2017- por lo que esta actuación no tuvo la virtualidad de interrumpir dicho término
y, a todas luces resulta evidente que para la fecha de presentación de la demanda
-el día 19 de diciembre de 2019-, que fue posterior, la misma se encontraba
caducada. Por las anteriores razones, para el momento en que se interpuso la
demanda, ya había vencido el término para acudir a la jurisdicción”.

5. Recurso de apelación

El 20 de enero de 20237, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el

7 Expediente Digital. Archivo 055

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

cual fue concedido el 9 de febrero de 20238 y admitido el 17 de marzo de 2023.

5.1. El accionante sostuvo que el a quo no valoró adecuadamente las pruebas del
proceso, pues estaba plenamente acreditado que los 33 vehículos por los que
reclamaba una indemnización se encontraban a disposición de la Fiscalía General
de la Nación para el momento en que se adelantó el incidente de liquidación de
perjuicios, en atención a lo ordenado en la sentencia del 20 de febrero de 2017.

Asimismo, señaló que no cuestionaba la providencia proferida el 20 de febrero de
2017 por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, sino la conducta
irregular de la Fiscalía General de la Nación, quien en dicho proceso había ocultado
información frente al órgano judicial, negando que tenía los vehículos referidos.

Finalmente, indicó que el a quo contó indebidamente el término de caducidad del
medio de control, dado que se trataba de un daño continuado. No obstante, pidió
que, en gracia de discusión, el término preclusivo se contase desde el 12 de
noviembre de 2019, cuando cobró firmeza el auto que resolvió el incidente de
liquidación de perjuicios ordenado mediante sentencia del 20 de febrero de 2017.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Comoquiera que no se solicitaron pruebas, ni se decretaron en el término de
ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247, numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar de conclusión.
En esta instancia el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación

8 Expediente Digital. Archivo 058

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 14 de diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, pues la cuantía, dada por el valor de la mayor pretensión
de la demanda9, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación10.

2. Cosa juzgada

En la contestación de la demanda la Fiscalía General de la Nación 11 propuso la
excepción de cosa juzgada, aduciendo que el demandante ya había promovido otro
proceso por los mismos hechos, que había sido fallado por la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de febrero de 2017.

Así pues, como una sentencia proferida por los mismos hechos y entre las mismas
partes puede dar lugar a que exista cosa juzgada, a continuación se analizará si se
configuró o no dicho instituto, no sin antes exponer algunas generalidades sobre éste
fenómeno procesal. En el evento que se verifique que el caso se enmarca en la
excepción referida, habrá lugar a revocar la sentencia apelada e inhibirse de realizar
un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Por el contrario, si se constata que ésta
no se presenta, deberá proseguirse con el estudio de los demás presupuestos
procesales y, solo en el evento en que todos ellos se encuentren acreditados, se
procederá al análisis del fondo del asunto.

9 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta

o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin
que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean
los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”.
La demanda se presentó durante su vigencia el 19 de diciembre de 2019.
10 En el presente caso la pretensión mayor se estima en $636.633.236, lo cual es superior a 500

SMLMV ($414.058.000) del año en que ésta se presentó (2019).
11 Expediente Digital. Archivo 015

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

2.1. Generalidades de la cosa juzgada

El artículo 303 del Código General del Proceso dispone que la sentencia
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre
que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que
el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Por su parte, el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo prevé, entre otras cosas, que la sentencia dictada en
procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos
de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa
y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes.

Sobre la definición y efectos de la cosa juzgada, la Corte Constitucional en
sentencia C-100 de 2019, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes
términos:

“La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica (…). Los
efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal
derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en
segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo
e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se
prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio.”

La cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales
conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de
seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.

Así las cosas, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre hechos, conductas o
asuntos previamente culminados en otro proceso judicial en virtud de los principios
mencionados, y por ello su conocimiento se debe limitar exclusivamente al análisis
y decisión de cuestiones que no hayan sido debatidas y resueltas en un proceso

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

judicial anterior12.

Precisamente el Consejo de Estado en reciente sentencia sostuvo que el principio
de cosa juzgada busca que los hechos y conductas que han sido dirimidas por un
juez no vuelvan a ser debatidos en un juicio posterior, porque lo decidido es
vinculante para las partes. Textualmente indicó:

“El fenómeno de la cosa juzgada se ha asimilado al principio del ‘non bis in ídem’ y
tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de
cualquiera de los medios aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos en otro
juicio posterior; por tanto, lo resuelto obliga a las partes, dado que lo antes decidido
tiene carácter vinculante y obligatorio y, por ende, es inmutable al tener plena
eficacia jurídica13”

Entonces, de acuerdo con lo previsto en los artículos 303 del CGP y 189 del CPACA,
para que una sentencia tenga fuerza de cosa juzgada deben concurrir los siguientes
requisitos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, lo que implica que al proceso
deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y
obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada; (ii) identidad de objeto, esto
es, que la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial
sobre la cual se predica la cosa juzgada; y (iii) identidad de causa, que conlleva a
que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los
mismos fundamentos o hechos como sustento.

2. Imposibilidad de estudiar el fondo del asunto por existir cosa juzgada

En el presente caso se advierte que el 24 de febrero de 200614 se adelantó la acción
de reparación directa identificada con el número de radicado
68001233100020060115901 (39253), la cual fue promovida por Sergio Romero
Bautista contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, por “el incumplimiento del
pago… de las sumas adeudadas por concepto de parqueadero de… [varios]
vehículos” estacionados en el parqueadero “La Nueva Novena” de Bucaramanga.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.:

51066.
13 “Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente N°50001-23-31-000-2003-20430-01(36350).”
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 20 de febrero de 2017,

Rad.: 39253

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

De este caso conoció en segunda instancia la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado, quien mediante sentencia del 20 de febrero de 2017 decidió
conceder una indemnización en abstracto por el estacionamiento de 27 vehículos,
de los que “se pudo constatar que… por cuenta de la Fiscalía General de la Nación
estuvieron en el parqueadero”, pero de los cuales se desconocía “la fecha de salida
[del estacionamiento y ]… el valor o tarifa aplicable15”. Como sustento de la decisión
se manifestó en dicha oportunidad que “la Fiscalía General de la Nación se favoreció
del servicio de parqueadero impuesto y prestado por el actor, comoquiera que en
ultimas éste no recibió contraprestación alguna por la prestación de dicho servicio,
lo que conllevó a un enriquecimiento en el patrimonio de la entidad demandada,
motivo por el cual le es atribuible la responsabilidad en el sub iudice”.

Ahora bien, por otro lado, consta que, en este proceso de reparación directa,
identificado con el número de radicado 6800123330002020001701 (69592), Sergio
Romero Bautista pretende que la Nación – Fiscalía General de la Nación sea
declarada patrimonialmente responsable por el enriquecimiento sin justa causa
derivado de la falta de pago del servicio de estacionamiento de 33 automotores que
habían permanecido en el parqueadero “La Nueva Novena” de Bucaramanga y que
corresponden a vehículos por los que ya solicitó indemnización de perjuicios en el
pasado, pero que en sentencia del 20 de febrero de 2017 no fueron reconocidos por
el “ocultamiento de información” del ente acusador, quien negó tener la “disposición
jurídica” de los mismos.

De hecho, en el libelo introductorio señala: “La negativa a reconocer la disposición
jurídica por parte de la Fiscalía conllevó a que el Tribunal Administrativo de
Santander y el Honorable Consejo de Estado no incluyeran dentro de la
liquidación el listado de los 33 vehículos que hoy se reclaman y que habían
sido incluidos en la demanda primigenia bajo el radicado citado
[68001233100020060115900]… El desconocimiento de la existencia de todas estas
actuaciones administrativas por nuestra parte y por las autoridades judiciales de
instancia impidieron la inclusión de los 33 vehículos que se retiraron por parte de la
Fiscalía en el mes de noviembre de 2017 en los fallos y liquidación de la condena

15 Ibídem.

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

en concreto dentro del proceso de reparación directa mencionado con
anterioridad”16.

Al efecto, se tiene, entonces, que en los procesos de reparación directa referidos: i)
hay identidad de causa: porque los hechos del proceso
68001233100020060115901 (39253) y aquellos que sustentan la presente acción
son los mismos, pues versan sobre la falta de pago del servicio de estacionamiento
de varios automotores que permanecieron en el parqueadero “La Nueva Novena”,
de Bucaramanga; ii) hay identidad de objeto: toda vez que en ambos se pretende
que la entidad accionada sea declarada patrimonialmente responsable por el
enriquecimiento sin justa causa derivado de la falta de pago del servicio de
estacionamiento de 33 automotores que permanecieron en el parqueadero “La
Nueva Novena”; y iii) hay identidad de partes en tanto en ambos obra como
demandante Sergio Romero Bautista y como demandada la Nación – Fiscalía
General de la Nación.

De tal suerte, se concluye que en el presente caso se cumplen los presupuestos
para tener por acreditada la configuración de la cosa juzgada y así habrá de
declararse en la parte resolutiva de esta sentencia, donde no será posible proferir
un fallo de mérito por encontrarse acreditados los requisitos del instituto procesal
referido.

Por demás, es importante indicar al demandante que en todo proceso las partes
deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen (art. 167 CGP) y su indebido ejercicio en un caso
determinado no faculta a quien resulte perjudicado a presentar una nueva demanda
por los mismos hechos. Asimismo, para mayor claridad del libelista, vale la pena
precisar que si alguna de las partes oculta información o engaña al administrador
de justicia, el ordenamiento jurídico prevé otros mecanismos extraordinarios para
romper el carácter de cosa juzgada de las decisiones judiciales, tales como el

16 Código General del Proceso. “Artículo 193. Confesión por apoderado judicial. La confesión por

apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual
se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la
audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se
tendrá por no escrita”.

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

recurso extraordinario de revisión por haberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, o haberse dictado la sentencia
con fundamento en documentos falsos o adulterados17.

De conformidad con lo anterior, entonces, dado que se comprobó que el presente
asunto ya fue resuelto en una oportunidad anterior, fuerza es revocar la decisión
proferida el 14 de diciembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Santander,
que declaro probada la excepción de caducidad del medio de control, y en su lugar
inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo por encontrarse acreditada la
excepción de cosa juzgada.

3. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

17 CPACA. “Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 3.
Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición…”.

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

Ahora, en relación con las agencias en derecho18 en segunda instancia, es menester
poner de presente que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad,
la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora 19. A su
turno, el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determinó que en los procesos declarativos, en
segunda instancia, éstas podrán fijarse hasta en 6 SMLMV de las pretensiones20.

No obstante, comoquiera que la Fiscalía General de la Nación no desplegó ninguna
actuación en segunda instancia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho
a cargo de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

18 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
20 “Artículo 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: 1.1. Proceso ordinario.

(…) Segunda instancia. Hasta el cinco por ciento (5) del valor de las pretensiones confirmadas o
revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce o niega obligaciones de
hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este
concepto. En los casos en que únicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de
hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)”.

Radicación: 68001233300020200017 01 (69592)
Demandante: Parqueadero La Nueva Novena

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de diciembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control y, en su lugar, se dispone INHIBIRSE de realizar un
pronunciamiento de fondo por encontrarse acreditada la excepción de cosa juzgada,
de conformidad las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado

VF

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