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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2021-00002-01

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2021-00002-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare. En su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR probada la COSA JUZGADA PARCIAL por las razones antes expuestas. SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Sabanalarga el reintegro de la suma de $713.388.894,67 a Seguros Generales Suramericana SA en los términos del artículo 192 del CPACA. SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS en esta instancia procesal, por lo expuesto. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 85001-23-33-000-2021-00002-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

15 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 15 de julio de 2026

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00002-01 (73.715)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – cosa juzgada – presupuestos de configuración de
la cosa juzgada – efectos ex tunc de la sentencia que declara la nulidad de un acto
administrativo – situación jurídica consolidada y no consolidada – reintegro de las sumas de
dinero pagadas con ocasión de un acto administrativo declarado nulo.

Síntesis del caso: La parte demandante solicitó la nulidad de las resoluciones demandadas y
el reintegro de las sumas de dinero pagadas con ocasión de ellas.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Casanare1, en la cual se declaró probada, de oficio, la
excepción de cosa juzgada, y se ordenó la terminación del proceso.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
litisconsorte necesario. 1.3. Proceso respecto del cual se declaró la cosa juzgada. 1.4. Trámite
relevante y sentencia de anticipada de primera instancia. 1.5. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 18 de diciembre de 20202, Seguros Generales Suramericana SA (en
adelante, la Aseguradora) presentó demanda de controversias contractuales
en contra del Municipio de Sabanalarga – Casanare (en adelante, el
Municipio), con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas (se trascribe)3:

1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las

sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Visible en el archivo “003-5001233300020210000200_ActaReparto_19-01-20214.35.42p.m..pdf” del expediente digital.
3 El 27 de agosto de 2021, la Aseguradora presentó escrito de reforma de la demanda. Sin embargo, en este escrito

no varió las pretensiones de la demanda (Índice 14 en SAMAI del Tribunal).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00002-01 (73.715)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
__________________________________________________________________________________________________________________

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 489 del 10 de julio de 2018.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 782 del 8 de noviembre de 2018.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 783 del 8 de noviembre de 2018.

4. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, o de cualquiera de
ellas, se declare, a título de restablecimiento del derecho, que la sociedad
demandante no tiene obligación de pago alguna para con la entidad
demandada, con base en cualquiera de los actos administrativos arriba
referenciados.

5. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, o de cualquiera de
ellas, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad
demandada a devolver a la demandante cualquier suma de dinero que ésta
hubiese llegado a cancelar, en cumplimiento de cualquiera de los actos
administrativos arriba referenciados.

6. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, y a título
de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a
reconocer a la demandante, el valor correspondiente a la indexación de las
sumas a las que hace referencia la anterior pretensión; indexación calculada
desde la fecha en que el(los) pago(s) se realizaron por parte de la accionante,
hasta la fecha en que, efectivamente, la entidad demandada cancele las sumas
a la que hace mención la pretensión anterior.

7. Que se ordene a la entidad demandada dar cumplimiento a la sentencia, en
los términos de los artículos 190, 192 y 195 del CPACA; con el debido
reconocimiento y pago de los intereses a los que haya lugar.

8. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada (art.
1882 CPACA)”.

2. En el escrito de la reforma de la demanda, la parte demandante narró,
en síntesis, los siguientes hechos:

3. 1) El 16 de septiembre de 2015, la Unión Temporal Redes Villa Paula 2015 y
el Municipio de Sabanalarga suscribieron el contrato de obra pública No. 115,
cuyo objeto fue la construcción de redes de servicios públicos e infraestructura
de movilidad para un proyecto de vivienda. El valor inicial era de
$1.835.898.480 y el plazo inicial era de 4 meses. El 2 de octubre de 2015 se
suscribió el Acta de inicio.

4. 2) El 12 de octubre de 2015, la Aseguradora expidió la Póliza No. 1390370-
6 que tuvo como objeto garantizar el cumplimiento del contrato. Esta Póliza
tuvo 7 modificaciones; la última de estas –de 3 de julio de 2016– comprendía
los siguientes amparos y valores asegurados (se trascribe):

“• Buen manejo y correcta inversión del anticipo con vigencia del 10-12-2015 hasta
el 15-11-2016 y por un valor asegurado de: $917.949.240,00.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00002-01 (73.715)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
__________________________________________________________________________________________________________________

• Cumplimiento del contrato con vigencia del 10-12-2015 hasta el 15-11-2016 y por
un valor asegurado de: $239.979.695,30.

• Estabilidad y calidad de obra con vigencia del 02-10-2015 hasta el 02-10-2020 y
por un valor asegurado de: $239.979.695,30.

• Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales con
vigencia del 10-12-2015 hasta el 15-08-2019 y un valor asegurado de:
$119.989.847,65”.

5. 3) Mediante los otrosíes No. 1, 3, 4 y 5, el plazo contractual fue adicionado
en un total de 9 meses y 15 días. Es decir, el contrato terminó el 15 de julio de
2016.

6. 4) El 8 de julio de 2016, el Municipio citó a la Aseguradora a una audiencia,
de la que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se llevaría a cabo el
12 de julio de 2016.

7. 5) El 13 y el 14 de julio de 2016 se llevó a cabo la audiencia, diligencia en
la que el Municipio afirmó que el contratista había incurrido en unos
incumplimientos.

8. 6) El 10 de julio de 2018, el Municipio profirió la Resolución 489 de 2018,
mediante la cual declaró la ocurrencia del siniestro de la Póliza de
cumplimiento No. 1390370-6 e hizo efectivo los amparos de cumplimiento del
contrato y buen manejo y correcta inversión del anticipo. Respecto a este
acto, la Aseguradora indicó que tuvo como sustento unos hechos y
consideraciones que distaban de los presentados en junio de 2016. Esta
decisión fue confirmada mediante las Resoluciones No. 782 y 783 de 7 de
noviembre de 2018, por medio de las cuales se resolvieron los recursos de
reposición interpuestos por el contratista y la Aseguradora.

9. 7) El 7 de noviembre de 2018, la Aseguradora autorizó un pago a favor del
Municipio por la suma de $467.550.724, por concepto de la efectividad de los
amparos de “buen manejo y correcta inversión del anticipo” y “cumplimiento
del contrato” de la póliza.

10. 8) El 18 de diciembre de 2018, la Aseguradora libró a favor del Municipio
el cheque No. 005094, por un valor de $467.550.7244.

1.2. Posición de la parte demandada y litisconsorte necesario

4 En el escrito de la reforma de la demanda se formularon distintos cargos de nulidad en contra de los actos
administrativos demandados referentes a la vulneración al debido proceso, desviación de poder del Municipio, falta
de competencia y vulneración al principio de congruencia, entre otros. Sin embargo, en atención a la decisión que
se va a adoptar, no se relacionan.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00002-01 (73.715)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
__________________________________________________________________________________________________________________

11. El 13 de octubre de 20215, el Municipio de Sabanalarga contestó la
demanda y solicitó desestimar las pretensiones allí formuladas. Presentó las
siguientes excepciones: 1) “El municipio ejerció las acciones derivadas del
contrato de seguro”. Indicó que el Municipio contrató personal de apoyo para
verificar el incumplimiento del contrato, el cual, en efecto, determinó que
existió el incumplimiento. Así, manifestó que el procedimiento administrativo
que adelantó se basó en ese informe, se realizó dentro del término legal
establecido y se ajustó a lo señalado en el contrato de seguro; 2) Buena fe del
Municipio. Señaló que todas las acciones, trámites y diligencias derivadas del
contrato de seguro se adelantaron de buena fe y conforme a la normatividad
aplicable; y 3) Resoluciones 489, 782 y 783 de 2018. Manifestó que las
resoluciones demandadas respetaron el debido proceso y fueron expedidas
conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables.

12. El 7 de febrero de 20236, durante la audiencia inicial, el Tribunal
Administrativo de Casanare decidió vincular como litisconsorte necesario a la
Unión Temporal Redes Villa Paula 2015 a este proceso.

13. El 23 de marzo de 20237, la Unión Temporal Redes Villa Paula 2015 contestó
la demanda. En su escrito agregó unos hechos en los que pretendía demostrar
la vulneración al debido proceso en la que incurrió el Municipio en los actos
que expidió.

1.3. Proceso respecto del cual se declaró la cosa juzgada8

14. Con el fin de comprender el alcance de la declaración de la cosa
juzgada en el presente caso y si resultaba viable declararla, la Sala efectuará
una síntesis del proceso respecto del cual operó esta figura procesal.

15. El 11 de marzo de 20199, la Unión Temporal Redes Villa Paula 201510
presentó una demanda de controversias contractuales en contra del
Municipio de Sabanalarga – Casanare, en la que formuló las siguientes
pretensiones (se trascribe):

Primero. Se declare la nulidad de las resoluciones 782 y 783 de fecha 07 de
noviembre de 2018 emitida por la alcaldía Municipal de Sabanalarga, por medio
de la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto y se aclara el mismo.

5 Índice 18 en SAMAI del Tribunal.
6 Índice 45 en SAMAI del Tribunal.
7 Índice 49 en SAMAI del Tribunal.
8 El proceso respecto del cual se declaró la cosa juzgada tuvo como radicado el No. 85001-23-33-000-2019-00147-00.

En adelante la Sala se referirá a este como el proceso 2019-00147-00.
9 Índice 3 en SAMAI del Tribunal del proceso 2019-00147-00.
10 Conformada por la Fundación Métodos y Fusión Constructores SAS.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00002-01 (73.715)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
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Segundo. Se declare la nulidad de la resolución 489 de fecha 10 de julio de 2018
emitida por la alcaldía Municipal de Sabanalarga por medio de la cual se
declaran los siniestros amparados en la póliza única de seguro de cumplimiento a
favor del municipio de Sabanalarga, con ocasión del contrato de obra pública
No. 115 de 2015.

Tercero. Que se ORDENE al municipio de Sabanalarga a abstenerse de imponer la
declaración de la existencia del siniestro en contra de mi poderdante y a favor del
municipio de Sabanalarga por un valor de MIL VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS M/CTE. ($1.023.560.392,55).

Cuarto. Se CONDENE a la Alcaldía Municipal de Sabanalarga de Casanare, pago
de las costas, gastos y agencias en derecho que genere la presente demanda”.

16. El 5 de noviembre de 201911, el Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante Auto, admitió la demanda y vinculó a Seguros Generales
Suramericana SA como tercero interesado.

17. El 16 de septiembre de 202112, el Tribunal Administrativo de Casanare
profirió sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la
demanda. Esta decisión fue apelada por la parte demandante.

18. El 19 de octubre de 202313, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B profirió sentencia de segunda instancia en la que decidió lo
siguiente (se trascribe):

“1º) Revócase la sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare.

2º) Declárase la nulidad de las Resoluciones números 489 del 10 de julio, 782 y 783
del 7 de noviembre todas proferidas en el año 2018 por el municipio de
Sabanalarga (Casanare), mediante las cuales se declaró el incumplimiento del
contrato de obra número 115 del 16 de septiembre de 2015 y se hizo efectiva la
garantía número 1390370-6 expedida por la compañía Seguros Generales
Suramericana SA.

3º) Declárase que el municipio de Sabanalarga (Casanare) se debe abstener de
hacer efectivo el cobro del monto contenido de en los actos administrativos aquí
anulados.

4º) Niéganse las demás súplicas de la demanda.

5º) Condénase en costas de ambas instancias al municipio de Sabanalarga
(Casanare) y fíjanse las agencias en derecho para esta instancia en cuantía de
tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria
de esta decisión en favor de los integrantes de la Unión Temporal Redes Villa Paula
2015 (Fundación Métodos y Fusión Constructores SAS).

11 Índice 5 en SAMAI del Tribunal del proceso 2019-00147-00.
12 Índice 44 en SAMAI del Tribunal del proceso 2019-00147-00.
13 Índice 16 en SAMAI del Consejo de Estado del proceso 2019-00147-00.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00002-01 (73.715)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
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6º) Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

7º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.

19. Para llegar a tal conclusión, la Sala argumentó que la entidad desconoció
el derecho al debido proceso del contratista, pues varió los hechos
constitutivos del posible incumplimiento señalados en la citación a la
audiencia. Determinó que en la citación a la audiencia la entidad indicó que
esta giraría en torno al posible incumplimiento por la ausencia de personal
administrativo en la obra y la no presentación de informes mensuales a la
interventoría. Sin embargo, en la Resolución No. 489 de 2018, la entidad
demandada modificó estos aspectos, pues declaró el incumplimiento por la
poca ejecución contractual y la falta de amortización del anticipo, aspecto
que fue cubierto por la póliza de cumplimiento. En ese orden de ideas,
concluyó que la entidad desconoció el debido proceso, porque su actuación
impidió al contratista planear una defensa adecuada, oportuna y efectiva.

1.4. Trámite relevante y sentencia anticipada de primera instancia

20. El 12 de marzo de 202414, la Aseguradora puso de presente al Tribunal la
existencia de la sentencia de segunda instancia del proceso 2019-00147-00. A
partir de ello solicitó al Tribunal que reiterara la declaratoria de nulidad
establecida por el Consejo de Estado y accediera a las demás pretensiones
de la demanda como consecuencia de la cosa juzgada.

21. El 16 de abril de 202415, durante la audiencia de pruebas, el Tribunal
Administrativo de Casanare decretó que se incorporara al expediente la copia
de la demanda, la sentencia de primera y segunda instancia del proceso 2019-
00147-0016.

22. El 14 de enero de 202517, el Tribunal, mediante Auto, decidió suspender la
audiencia de pruebas y otorgó a las partes un término de 10 días para que
presentaran sus alegatos de conclusión. Lo anterior, en la medida en que la
parte actora informó acerca de la existencia del fenómeno de la cosa juzgada
parcial respecto de las pretensiones relativas a la declaratoria de nulidad de
los actos acusados. Así, aplicó lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 182A
del CPACA

14 Índice 70 en SAMAI del Tribunal.
15 Índice 78 en SAMAI del Tribunal.
16 Estos documentos fueron debidamente incorporados el 6 de mayo de 2024 (Índice 81 en SAMAI del Tribunal).
17 Índice 96 en SAMAI del Tribunal.

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Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
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23. El 18 de septiembre de 202518, el Tribunal Administrativo de Casanare
profirió sentencia anticipada de primera instancia, mediante la cual decidió
(se trascribe):

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de COSA JUZGADA
atendiendo las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, declarar terminado el proceso en
los términos del numeral 6° del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

24. Como sustento de su decisión, resaltó que el Consejo de Estado19 ha
establecido requisitos para que pueda operar la cosa juzgada, a saber: 1)
identidad jurídica de partes; 2) identidad de objeto, es decir que la demanda
debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial; 3) e identidad de
causa, es decir que la demanda y la decisión deben basarse en los mismos
fundamentos o hechos.

25. De esta manera, comparó las partes, el objeto y la causa del proceso
2019-00147-00 y el presente (2021-00002-00), a partir de lo cual estableció que
se cumplían los presupuestos establecidos por la ley y la jurisprudencia para
declarar probada la excepción de cosa juzgada. Lo anterior, en la medida en
que las órdenes impartidas en el otro proceso generaron (se trascribe):
“efectos plenos no solo sobre la eliminación de la eficacia jurídica de las
resoluciones anuladas, sino también sobre toda reclamación patrimonial
(como devoluciones de sumas, reintegros, restituciones o ajustes) derivada de
ellas, pues extinguida la fuente formal de la obligación (los actos anulados)
toda situación patrimonial vinculada se entiende automáticamente
restablecida como efecto directo”.

1.5. Recurso de apelación

26. El 25 de septiembre de 202520, la parte demandante interpuso recurso de
apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y en su lugar: 1) “[s]e indique que no ha lugar a decretar una excepción de
cosa juzgada que liquide las pretensiones de la demanda, ni siquiera a través
de una sentencia anticipada”; y 2) “se profiera por parte del Consejo de
Estado una sentencia de fondo que reconozca las pretensiones de la
demanda reformada”; o 3) “se le indique al Tribunal Administrativo de

18 Índice 106 en SAMAI del Tribunal.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 28 de

octubre de 2024, Rad. 68001-23-33-000-2020-00017-01 (69.592).
20 Índice 110 en SAMAI del Tribunal.

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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
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Casanare que, ante la imposibilidad de dictar una sentencia anticipada, debe
proferir una sentencia de fondo que reconozca las pretensiones de la
demanda reformada”.

27. En su escrito, reiteró cada uno de los argumentos expuestos en la
demanda. Indicó que el fenómeno de la cosa juzgada habilita al juez a emitir
una sentencia anticipada, pero solo cuando se alega como una excepción a
las pretensiones de la demanda, lo cual no sucedió en el presente caso.
Argumentó que la configuración del fenómeno de la cosa juzgada, en virtud
del artículo 189 del CPACA, conllevaba a la viabilidad parcial de las
pretensiones, ya que los actos demandados fueron anulados por esta
Corporación. Así, sostuvo que las sumas de dinero pagadas por la
Aseguradora, que fueron debidamente probadas dentro del proceso, debían
ser reembolsadas, con la indexación y los respectivos intereses solicitados.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Condena en costas.

2.1. Análisis sustantivo

28. La Sala revocará parcialmente la Sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual declaró
de oficio la excepción de cosa juzgada y terminó el proceso. En su lugar,
declarará la cosa juzgada parcial y ordenará al Municipio reintegrar las sumas
de dinero pagadas por la Aseguradora, por las razones que pasan a
explicarse.

29. En lo que concierne a la procedencia de la sentencia anticipada, la Sala
advierte que el artículo 182A del CPACA señala que puede proferirse “[e]n
cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa
juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de
legitimación en la causa y la prescripción extintiva”. De esta forma, la
Sentencia anticipada puede proferirse siempre que se encuentre probada la
cosa juzgada, independientemente de si se alegó como una excepción a las
pretensiones de la demanda o no; de modo que el Tribunal sí podía acudir al
trámite de la Sentencia anticipada al haber encontrado probada la cosa
juzgada.

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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
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30. El artículo 303 del CGP21 prevé que la sentencia ejecutoriada tiene fuerza
de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se base en la misma causa y exista una identidad jurídica de partes. Para ello,
resultan sumamente ilustrativas las consideraciones que ha realizado la Corte
Constitucional22 sobre el tema (se trascribe):

“Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre
una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron
declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada”.

31. Ahora bien, el artículo 189 del CPACA otorga a “[l]a sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de
cosa juzgada erga omnes”. Bajo ese orden de ideas, el análisis de la cosa
juzgada depende del tipo de pretensión alegada. Por un lado, para el análisis
relativo a la pretensión anulatoria, el juez solo debe verificar la identidad de
objeto –que se trate del mismo acto anulado por la sentencia ejecutoriada–
sin que se requiera comprobar la identidad de partes ni de causa. Por otro
lado, para el análisis de las pretensiones de restablecimiento del derecho por
tratarse de pretensiones patrimoniales derivadas de la nulidad, si resulta
exigible que el juez estudie la triple identidad prevista en el artículo 303 del
CGP. Dicho esto, procede la Sala a analizar si se produjo el fenómeno de cosa
juzgada en el caso:

32. 1) Sobre las pretensiones relativas a la nulidad. Como se indicó, para
declarar la cosa juzgada respecto a estas pretensiones solo se requiere
contrastar que, en efecto, se demandaron las mismas resoluciones. En el
presente caso, las pretensiones de la demanda –ver párrafo No. 1 de esta
providencia– versan sobre la declaratoria de nulidad de las resoluciones

21 “ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa

juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.
22 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-774 de 2001.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00002-01 (73.715)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
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demandadas. En el proceso 2019-00147-00, las pretensiones de la demanda –
ver párrafo No. 15 de esta providencia– versaban sobre la declaratoria de
nulidad de las mismas resoluciones. En consecuencia, se produjo el fenómeno
de la cosa juzgada respecto a estas pretensiones.

33. 2) Sobre las pretensiones relativas al restablecimiento del derecho. Para
este aspecto se estudiarán los requisitos establecidos en el artículo 303 del
CGP, reseñados previamente, para declarar la cosa juzgada:

34. A) Identidad de partes. En el presente proceso, la demanda de
controversias contractuales fue presentada por Seguros Generales
Suramericana SA en contra del Municipio de Sabanalarga y fue vinculada la
Unión Temporal Redes Villa Paula 2015. En el proceso 2019-00147-00, la
demanda de controversias contractuales fue presentada por la Unión
Temporal Redes Villa Paula 2015 contra el Municipio de Sabanalarga y fue
vinculado Seguros Generales Suramericana SA. De modo que, se evidencia
una identidad de intervinientes que concurrieron a ambos procesos, en
especial que tanto el Municipio como la Aseguradora concurrieron en ambos
procesos.

35. B) Identidad de objeto. En el presente caso, las pretensiones de
restablecimiento –ver párrafo No. 1 de esta providencia– buscan que se
declare que la Aseguradora no tiene alguna obligación de pago frente al
Municipio, y se condene al Municipio a devolver cualquier suma de dinero que
la Aseguradora hubiese llegado a pagar. En el proceso 2019-00147-00, las
pretensiones de restablecimiento –ver párrafo No. 15 de esta providencia–
buscaban que se ordenara al Municipio abstenerse de imponer “la
declaración de la existencia del siniestro en contra de [la parte demandante]
y a favor del municipio”. Lo anterior pone en evidencia que en ambos procesos
las pretensiones de restablecimiento distintas. Así, se evidencia que no habría
una identidad de objeto.

36. C) Identidad de causa. En el presente caso, el sustento factico se centró
en narrar el contexto del contrato respecto del cual se expidieron las
respectivas resoluciones, la forma en la que el Municipio realizó el
procedimiento administrativo contractual, y el posterior pago por parte de la
Aseguradora al Municipio23; como fundamento de derecho se alegó la
nulidad de las resoluciones demandadas por vulneración al debido proceso,
desviación de poder del Municipio, vulneración al principio de congruencia,
falsa motivación, falta de competencia, vulneración del principio de
proporcionalidad, y “violación del principio ‘nadie puede alegar su propia

23 Visible en el archivo “019-Reforma Demanda.pdf”, pp. 7-16, del expediente digital.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00002-01 (73.715)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
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culpa’”24. En el proceso 2019-00147-00, el sustento fáctico se centró en narrar
el contexto del contrato respecto del cual se expidieron las respectivas
resoluciones y la forma en la que se realizó el procedimiento administrativo
contractual25; como fundamento de derecho se alegó la nulidad de las
resoluciones por vulneración al debido proceso y defensa26. De conformidad
con los hechos y fundamentos expuestos en ambos procesos, se evidencia una
identidad de causa en ambos procesos. Así las cosas, no se configura el
fenómeno de cosa juzgada respecto de las pretensiones de restablecimiento.

37. En virtud de lo anterior, se evidencia una cosa juzgada parcial respecto
de las pretensiones relativas a la declaratoria de nulidad de las resoluciones
demandadas. En ese orden de ideas, se revocará parcialmente la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, declarará la cosa juzgada respecto de las
pretensiones encaminadas a declarar la nulidad de las resoluciones que fueron
suprimidas del ordenamiento por esta Corporación. Ahora bien, se
determinará si el Municipio debe regresar el dinero que le pagó la Aseguradora
por las resoluciones que expidió

38. La Sala advierte que, en el presente caso, no resultaría adecuado haber
ordenado la devolución del expediente al Tribunal para que continúe con el
trámite procesal correspondiente con ocasión a la revocatoria parcial de la
sentencia anticipada, en la medida en que en esta instancia procesal se
cuentan con todos los elementos probatorios requeridos para adoptar una
decisión de fondo en la que se ha garantizado el derecho a la contradicción
de las partes, pues con la reforma de la demanda la Aseguradora allegó los
elementos de prueba mediante los que se demostró que, en efecto, había
realizado el pago27; cuyo contenido no fue controvertido por el Municipio, ya
que con la contestación de la reforma de la demanda afirmó que era “cierto”
y, junto a ello, corroboró que “estos dineros ingresaron el 21 de diciembre de
2018 al Municipio (pág. 2353 expediente contractual de obra 115 de 2015)”28.
Asimismo, esta decisión materializa los principios de economía y celeridad
procesal que se pretenden con la sentencia anticipada29.

39. Se debe aclarar que, por regla general, la declaratoria de nulidad de
actos administrativos de carácter particular, expedidos por sujetos habilitados
por el ordenamiento jurídico para tal efecto, realizada en una sentencia

24 Ibid. pp. 31-84.
25 Índice 3 en SAMAI del Tribunal del proceso 2019-00147-00. Visible en el archivo
“1_850012333000201900147001EXPEDIENTEDIGI20212189244.pdf”, pp. 2-6.
26 Ibid. pp. 8-16.
27 Visible en los archivos “Autorización de pago[19].pdf” y “Soporte de pago[47].png” del expediente digital.

28 Visible en el archivo “027-Contestación Reforma – Sabanalarga.pdf” p. 7 del expediente digital.
29 Esta Subsección ha llegado a la misma conclusión en un asunto anterior. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de abril de 2026, Rad. 19001-23-33-000-
2020-00535-01 (71.776).

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Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
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ejecutoriada produce efectos ex tunc –hacia el pasado–, a menos de que la
Sentencia imponga un efecto ex nunc –hacia el futuro–, siempre y cuando
tenga habilitación legal para tal efecto30. Cabe precisar que el efecto ex tunc
no genera un automático restablecimiento sobre las situaciones que generó la
norma retirada mientras se encontraba vigente, en la medida en que
corresponde al juez examinar si encuentra, o no, una “situación jurídica
consolidada”, la cual no es dable de alteración en virtud del principio de
seguridad jurídica.

40. Al respecto, la Corte Constitucional31, citando a esta Corporación32, ha
definido a este tipo de situaciones como aquellas que se “encuentran
definidas en cuanto a sus características jurídicas y sus efectos, al momento de
entrar en vigencia una disposición normativa, esto es, estas situaciones se
encuentran en firme por entenderse surtidas y, por tanto, no son objeto de las
normas que entran a regir, a contrario sensu, las no consolidadas son aquellas
que no se han agotado y que son en estricto sentido las pasibles de regulación
por la nueva legislación”. Por otro lado, ha definido como “situaciones jurídicas
no consolidadas” a aquellas que “al momento de producirse el fallo se
debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas
o ante la jurisdicción contenciosa”.

41. Bajo este orden de ideas, en el presente caso, la nulidad declarada sobre
los actos demandados tiene efectos ex tunc y versó sobre una situación
jurídica no consolidada dable de ser restablecida, pues las resoluciones fueron
impugnadas por la Aseguradora tanto en sede administrativa como judicial.
En consecuencia, se encuentra que, al desaparecer del mundo jurídico las
resoluciones demandadas se extinguió la obligación clara, expresa y exigible
que fundamentó el pago realizado por la Aseguradora al Municipio33. En
consecuencia, la Aseguradora no tiene ninguna obligación de pago hacia el
municipio y tiene derecho al reintegro del pago que efectuó, siempre que
resulte probado en el proceso.

42. Es importante recalcar que la diferencia entre ambos procesos radica en
que para el momento en el que se presentó la demanda en el proceso 2019-
00147-00 no se había efectuado el pago por parte de la Aseguradora por lo

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 19 de

septiembre de 2025, Rad. 25000-23-36-000-2018-00826-02 (72.451).
31 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-121 de 2016.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto de 6 de agosto de

2014, Rad. 88001-23-33-000-2014-00003-01(50.408).
33 Esta Corporación ha concluido de manera idéntica respecto de la inexistencia de un título ejecutivo ante la

declaratoria de nulidad de la Resolución que lo contenía. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 13 de abril de 2016, Rad. 25000-23-26-000-2000-00764-02
(35.010); y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 26
de mayo de 2016, Rad. 25000-23-26-000-2000-02457-02 (29.103).

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2011)
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que la sentencia del otro asunto solo ordenó que el Municipio se abstuviera de
realizar cualquier procedimiento de cobro. Sin embargo, como se indicó, en el
presente asunto, la situación jurídica no consolidada radica sobre el hecho de
que la Aseguradora realizó el pago y este quedó sin fundamento jurídico por
lo que se tendrá en cuenta este hecho para tomar la presente decisión en
virtud de lo establecido en inciso 4 del artículo 28134 del CGP.

43. Se encuentra probado que el 18 de diciembre de 2018, la Aseguradora
autorizó y libró un cheque a favor del Municipio por un valor de $467.550.72435,
el cual ingresó a la cuenta de ahorros No. 48648300231-9 del Municipio de
Sabanalarga el 21 de enero de 201936. De esta manera, se constata que el
Municipio debe reintegrar el pago realizado, el cual, actualizado al valor
presente como se solicitó en la demanda, arroja como resultado la suma de
$713.388.894,6737. Cuyo trámite se efectuará en los términos del artículo 19238
del CPACA.

44. Por las razones expuestas, la Sala revocará parcialmente la Sentencia de
primera instancia y, en su lugar, declarará la cosa juzgada parcial y ordenará
al Municipio reintegrar las sumas de dinero pagadas por la Aseguradora.

2.2. Condena en costas

45. De conformidad con el artículo 18839 del CPACA y el numeral 540 del
artículo 365 del CGP, no se condenará en costas en esta instancia, toda vez
que la demanda no prosperó en su totalidad.

34 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. (…) En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo

del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que
la ley permita considerarlo de oficio”.
35 Visible en los archivos “Autorización de pago[19].pdf” y “Soporte de pago[47].png” del expediente digital.
36 Visible en el archivo “A- EN 2356 FOLIOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 115-2015 OBRA PUBLICA.pdf” p. 2628 del

expediente digital.
37 Para calcular el valor actualizado la Sala ha utilizado la siguiente fórmula:

IPC𝑓
𝑉𝐴 = 𝑉𝐻 ×
IPC𝑖

VA = Valor actualizado
VH = Valor histórico ($467.550.724)
IPCf = IPC final –junio 2026– (152,58)
IPCi= IPC inicial –diciembre 2018– (100,00)
38 “ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (…)

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán
cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada”.
39 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal”.
40 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00002-01 (73.715)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Casanare
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente
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3. DECISIÓN

46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia proferida el 18 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare. En su lugar, se
dispone:

PRIMERO: DECLARAR probada la COSA JUZGADA PARCIAL por las razones antes
expuestas.

SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Sabanalarga el reintegro de la suma de
$713.388.894,67 a Seguros Generales Suramericana SA en los términos del artículo
192 del CPACA.

SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS en esta instancia procesal, por lo
expuesto.

En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para
lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
FCG

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.

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