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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00179-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2020-00179-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00179-01 (3188-2025)
Demandante: Ana Dolores Prada de Quintanilla
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema. Pensión gracia. Subtema. Validez del tiempo laborado. Origen de la plaza –
20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander el 25 de septiembre de 2025, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado en estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizada por más de 20
años, cumplió la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez, consagración y
buena conducta.

El Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la demanda,
decisión contra la cual la UGPP interpuso recurso de apelación, en el que insistió en
que la demandante no acreditó el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada exigido para el reconocimiento de la pensión
gracia.

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, en la medida en que se encuentra
acreditado el tiempo de servicio docente de 20 años, con vinculación territorial o
nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Radicación: 68001-23-33-000-2020-00179-01 (3188-2025)
Demandante: Ana Dolores Prada de Quintanilla
Demandado: UGPP

2. Antecedentes
2.1. La demanda

1. La señora Ana Dolores Prada de Quintanilla, mediante apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 6 de marzo de 20201, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:

(a) Se declare la nulidad de la Resolución 19712 del 1. ° de junio de 2009, a
través de la cual la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante Cajanal), le
negó el reconocimiento de la pensión gracia.

(b) Que se declare la nulidad de las resoluciones RDP-015879 del 21 de mayo
de 2014 y ADP-006488 del 7 de octubre de 2019, por medio de las cuales la
UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

(c) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar la pensión gracia a su favor, por reunir los
requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la Ley 114 de 1913.
Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el momento en que adquirió
el estatus, con inclusión de todos los factores salariales devengados, ajustes e
indexaciones a que haya lugar.

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La accionante nació el 10 de diciembre de 1949, por lo que cumplió la edad de
50 años el 10 de diciembre de 1999. Afirmó que laboró por más de 20 años al servicio
de instituciones educativas con vinculación de carácter territorial, así:

(a) desde el 7 de marzo de 1972 al 17 de julio de 1978, en virtud del Decreto 481
del 7 de marzo de 1972, expedido por el gobernador del departamento de
Santander, como maestra en la escuela rural El Salto del municipio de Simacota;
(b) a partir del 1 de agosto de 1994 al 20 de abril de 2008, en atención al Decreto
23 del 1. ° de agosto de 1994, expedido por el alcalde del municipio de Galán
(Santander), como docente en propiedad en la Escuela Nacionalizada José
Antonio Galán.

4. Señaló que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia el 29 de diciembre
de 2008, ante Cajanal, que le negó la prestación a través de la Resolución 19712 del
1.° de junio de 2009, bajo el argumento de que los tiempos laborados al departamento
de Santander entre el 1.° de agosto de 1994 y el 21 de enero de 1999 correspondían
a una vinculación de carácter nacional y debían desestimarse; acto contra el cual no
interpuso recurso alguno.

5. Relató que el 7 de marzo de 2014 solicitó nuevamente la prestación a la UGPP,
1 Samai, Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 01_PRESENTADEMANDA.

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Demandante: Ana Dolores Prada de Quintanilla
Demandado: UGPP

pero le fue negada por medio de la Resolución RDP 015879 del 21 de mayo de 2014,
con el argumento de que no era posible computar tiempos del orden nacional y
territorial; decisión que fue confirmada por medio de las resoluciones RDP 019757 del
25 de junio de 2014 y RDP-024770 del 11 de agosto de 2014, que resolvieron los
recursos de reposición y de apelación, respectivamente.

6. Agregó que el 25 de julio de 2019 radicó una última petición en el mismo sentido
ante la UGPP, pero también le fue negada mediante la Resolución ADP-006488 del 7
de octubre de 2019, bajo el dicho de que no se aportaron pruebas distintas a las
obrantes en el expediente administrativo, por lo que insistió en que no podían
computarse los tiempos de servicio con vinculación nacional, esto es, los prestados a
partir del 1.° de agosto de 1994; afirmó que no se le permitió interponer los recursos
de reposición y, en subsidio, de apelación contra este acto.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:

• Constitución Política, artículos 2, 25, 53 y 58.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 91 de 1989.
• Decreto 2277 de 1979.

8. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
concluir que, en su caso, la entidad accionada se apartó del ordenamiento jurídico e
hizo una interpretación errónea del carácter de la vinculación de los tiempos prestados
al servicio docente.

2.2. Contestaciones de la demanda

9. La UGPP, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda2,
porque la accionante no probó la prestación del servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculaciones de orden departamental, municipal, distrital o nacionalizada.

10. Sostuvo que, con apoyo en las diferentes certificaciones obrantes en el
expediente administrativo, se encuentra probado que la demandante laboró del 28 de
marzo de 1972 al 16 de julio de 1978 con vinculación nacionalizada. Luego, del 1. °
de agosto de 1994 al 30 de diciembre de 2008 con carácter nacional, tiempos que
resultan incompatibles para efectos de la pensión gracia, conforme al artículo 105 de
la Ley 115 de 1994.

2 Samai, Tribunal, índice 00011, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 11_CONTESTACIONDELADEMANDA.

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Demandante: Ana Dolores Prada de Quintanilla
Demandado: UGPP

2.3. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Santander, en la sentencia del 25 de septiembre
de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

Primero. Declarar la nulidad de las Resolución No. 19712 del 1 de junio de 2009 y la
Resolución No. RDP-015879 del 21 de mayo de 2014, por medio de las cuales se negó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la demandante, conforme lo expuesto
en la parte motiva de la sentencia.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP, a reconocer y pagar la pensión de jubilación gracia a
favor de la señora Ana Dolores Prada de Quintanilla con cédula de ciudadanía No.
37.806.210, a partir del 12 de abril de 2008, en cuantía del 75 % del promedio de la
totalidad de los factores salariales devengados por la demandante durante su último
año de servicios anterior a la causación del derecho pensional, con los reajustes de
ley de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

Tercero. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en
cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 25 de julio de 2016.

Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
indicado en el artículo 192 del CPACA.

Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.

Séptimo. Denegar las demás pretensiones de la demanda, conforme las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Octavo: Archivar el expediente una vez en firme este proveído, previa las anotaciones
en el aplicativo SAMAI.

12. Al respecto, sostuvo que se probó que la primera vinculación de la demandante,
del 28 de marzo de 1972 al 17 de julio de 1978, lo fue en virtud del Decreto 481 de
1972, expedido por el gobernador del departamento de Santander, por lo que la
naturaleza de la misma fue del orden nacionalizado, de conformidad con la Ley 43 de
1975, sin que dicho acto de nombramiento revelara intervención del Ministerio de
Educación Nacional.

13. Indicó que la segunda vinculación, del 1. ° de agosto de 1994 al 10 de diciembre
de 2014, fue en virtud del Decreto 23 de 1994, dictado por el alcalde de Galán
(Santander), y que si bien existe una contradicción entre una certificación del 25 de
agosto de 2024 de la Secretaría de Educación del departamento de Santander –que
da cuenta que la vinculación fue nacional- el propio acto de nombramiento
expresamente señala que la designación como docente fue para la Escuela
Nacionalizada José Antonio Galán, que coincide con la certificación del 26 de octubre
de 2009.

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14. En ese orden, sostuvo que, en aplicación del principio de primacía del derecho
sustancial sobre el formal, tal vinculación fue de carácter nacionalizada y no nacional.

15. Por lo anterior, tuvo por acreditado un tiempo total de servicio de 26 años, 7
meses y 30 días, en condición de docente territorial – nacionalizada, así como el
cumplimiento de los demás requisitos, edad y buena conducta.

2.4. Recurso de apelación

16. La UGPP, a través de apoderada judicial, interpuso recurso de apelación en el
que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los
siguientes razonamientos:

17. El Tribunal valoró de forma arbitraria e irrazonable las pruebas al desestimar la
certificación del 25 de agosto de 2024 de la Secretaría de Educación del departamento
de Santander, que da cuenta que la vinculación de la demandante entre el 1. ° de
agosto de 1994 y el 10 de diciembre de 2014 fue de carácter nacional y, en cambio,
le dio pleno valor probatorio al Decreto 23 del 1. ° de agosto de 1994, por el simple
hecho de que allí se encuentra consignado que el alcalde del municipio de Galán
designó a la demandante como docente en la Escuela Nacionalizada José Antonio
Galán.

18. Con apoyo en lo anterior, sostuvo que la demandante no acredita los 20 años
de servicio docente de carácter territorial o nacionalizado exigidos por el artículo 1. °
de la Ley 114 de 1913, puesto que la mayor parte del tiempo fue a través de
vinculación nacional, no computable para la pensión gracia.

19. En conclusión, para la parte recurrente el juez de primera instancia omitió tener
en cuenta las probanzas obrantes en el expediente judicial que dan claridad acerca
de que el vínculo de la demandante fue nacional.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

20. Mediante auto del 5 de febrero de 20263, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación presentado por la parte demandada y prescindió del traslado
para alegar de conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se
solicitaron pruebas en segunda instancia.

2.6. Ministerio público

21. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.

3 Samai, índice 00011, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 11,12_AUTOQUEADMITE.

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Demandante: Ana Dolores Prada de Quintanilla
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3. Consideraciones
3.1. Competencia

22. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

23. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y en razón a
la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 4 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

24. ¿la demandante cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

25. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19135,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre y cuando se desempeñaran en el
empleo con honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de
carácter nacional.

26. La Ley 116 de 19286 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

27. Posteriormente, la Ley 37 de 19337 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio

4 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
5 «Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
6 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
7 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».

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estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

28. Por su parte, la Ley 91 de 19898, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

29. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 109 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

30. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199710,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido

8 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
9 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

31. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201811,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.

32. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.

33. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

34. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:

• Edad

35. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Ana Dolores Prada de Quintanilla nació el 10 de
diciembre de 1949, según se lee en la copia de su cédula de ciudadanía 14, en
consecuencia, cumplió la edad de 50 años el 10 de diciembre de 1999.

12 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
13 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
14 Samai, índice 00009, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 9, 8_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEDIGITAL pp.43.

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Demandante: Ana Dolores Prada de Quintanilla
Demandado: UGPP

• Vinculación docente

36. Se encuentra el acta del 28 de marzo de 197215, que da cuenta de que la
accionante se presentó al despacho del jefe de personal de la Gobernación de
Santander a fin de tomar posesión del cargo de maestra de la Escuela Rural El Salto,
para el cual fue nombrada a través de Decreto 481 del 7 de marzo de 1972.

37. La copia de la certificación de tiempo de servicio de la Secretaría de Educación
de la Gobernación de Santander del 16 de octubre de 200916, da cuenta de que la
accionante prestó sus servicios desde el 28 de marzo de 1972 hasta el 16 de julio de
1978, en la Escuela Rural El Salto, con vinculación en propiedad, como nacionalizada
en forma continua, en virtud del Decreto 481 del 7 de marzo de 1972.

38. Según la copia del Decreto 023 del 1 de agosto de 199417, por medio de ese
acto, el alcalde del municipio de Galán del departamento de Santander nombró a la
peticionaria en propiedad como docente de primaria en la «escuela nacionalizada
JOSE ANTONIO GALÁN».

39. También se evidencia la copia del acta 014 del 1 de agosto de 199418, según
la cual en esa fecha la señora Prada de Quintanilla se presentó ante el despacho de
la Alcaldía de la localidad con el objeto de tomar posesión del cargo para el que había
sido nombrada a través del Decreto 023 de ese mismo día, mes y año, en la Escuela
Urbana José Antonio Galán.

40. La copia del certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de
Educación del departamento de Santander del 26 de octubre de 2009 19 indica que la
parte demandante prestó sus servicios en el nivel básica primaria, con vinculación en
propiedad, como «Nacional» en forma continua, por nombramiento que se le hiciera a
través del Decreto 23 del 1 de agosto de 1994.

41. Por último, se encuentra el formato único para expedición de certificado de
historial laboral de la Secretaría de Educación del departamento de Santander el 24
de agosto de 202420, en el que consta, en los acápites «III. SITUACIÓN LABORAL»
e «IV. HISTORIA LABORAL», que la demandante laboró como docente en
provisionalidad con vinculación «nacional» en el Colegio Integrado Alfonso Gómez
Gómez (del cual hace parte como sede 2 la Escuela Urbana José Antonio Galán) por
nombramiento que se hiciera a través del Decreto 23 del 1 de agosto de 1994, y que
tomó posesión del cargo ese mismo día, mes y año; empleo que ocupó hasta el 10 de
diciembre de 2014, para un tiempo de servicio de 20 años, 4 meses y 10 días.

42. En resumen, de las copias de los decretos de nombramiento, actas de
posesión, certificaciones y del formato único para la expedición de certificado de

15 Samai, índice 00009, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 9, 8_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEDIGITAL pp.20.
16 Samai, índice 00009, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 9, 8_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEDIGITAL pp.21.
17 Samai, índice 00009, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 9, 8_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEDIGITAL pp.22.
18 Samai, índice 00009, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 9, 8_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEDIGITAL pp.24.
19 Samai, índice 00009, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 9, 8_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEDIGITAL pp.25.
20 Samai, Tribunal, índice 00037, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 37, 24_MEMORIALESWEB.

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historia laboral, se demuestra que la demandante prestó el servicio docente durante
los siguientes periodos:

Institución Cargo Acto Periodo Tiempo
educativa administrativo Fecha de Fecha de laborado
inicio finalización
Escuela Rural Docente Decreto 481 del 28/03/1972 16/07/1978 6 años, 3
El Salto 7 de marzo de meses y
1972 22 días
Escuela Docente Decreto 23 del 01/08/1994 10/12/2014 20 años,
Nacionalizada 1 de agosto de 4 meses
José Antonio 1994 y 17 días
Galán.
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)

3.5. Caso concreto

43. La Sala procede a verificar si la accionante tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, para lo cual hará el análisis relacionado con el requisito del tiempo
de servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980, pues solo de superarse este
supuesto habrá lugar a determinar si se acreditaron los 20 años de servicios docente
con vinculación territorial – nacionalizada.

3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980

44. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se recuerda que en
materia del reconocimiento de la pensión gracia, conforme lo ha sostenido esta
Subsección21, no existe una tarifa legal para probar la calidad de docente territorial, tan
así que la Sección Segunda de esta corporación, en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201822 indicó que para acreditar tal calidad resulta
idónea la copia de los actos administrativos en los que conste el vínculo y en los que
se pueda establecer con claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, los certificados de la entidad
nominadora, siempre que de forma inequívoca evidencien el tipo de vinculación. Esto,
en los siguientes términos:

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

21 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2025, exp. 73001-

23-33-000-2021-00061-01 (5634-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018, exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandado: UGPP

45. De acuerdo con la sentencia anterior, no solo los actos administrativos de
nombramiento y posesión son válidos para acreditar el vínculo docente con carácter
territorial, sino que es posible hacerlo a través de otros medios probatorios, como las
certificaciones de la autoridad nominadora, en la medida que a partir de estas puede
inferirse la existencia de una decisión de la administración que designó a una persona
para la prestación del servicio docente.

46. En tal sentido, la decisión de unificación estableció un criterio orientador para
tener por acreditada la calidad de docente territorial, destacando los actos
administrativos o las certificaciones en los que conste el vínculo, pues a partir de ellos
puede predicarse razonablemente la referida condición, lo que no significa que con tal
parámetro se estén excluyendo otro tipo de pruebas que permitan confirmar o
desvirtuar el tipo de vinculación y la prestación del servicio.

47. A la luz de las anteriores consideraciones, del análisis en conjunto de las
pruebas documentales, referidas en el acápite de hechos probados, se tiene que la
demandante ejerció la actividad docente del orden territorial en la Escuela Rural El
Salto del departamento de Santander, desde el 28 de marzo de 1972 hasta el 16 de
julio de 1978, en virtud del Decreto 481 del 7 de marzo de 1972, con vinculación en
propiedad, como nacionalizada en forma continua, tal y como da cuenta las copias del
acta del 28 de marzo de 1972 y la certificación de tiempo de servicio de la Secretaría
de Educación de la Gobernación de Santander del 16 de octubre de 2009.

48. Por lo anterior, se tiene por satisfecho el requisito temporal de haber estado
vinculado el maestro a una plaza departamental, municipal o nacionalizada antes del
31 de diciembre de 1980.

49. Ahora, el punto central del recurso de apelación es la naturaleza de la segunda
vinculación, desarrollada entre el 1.° de agosto de 1994 y el 10 de diciembre de 2014,
mediante el Decreto 23 de 1994. Sobre este punto, la UGPP sostiene que dicho período
corresponde a una vinculación de carácter nacional, con fundamento en las
certificaciones expedidas el 26 de octubre de 2009 y el 25 de agosto de 2024, por la
Secretaría de Educación de Santander.

50. Al respecto se tiene, según la copia del Decreto 023 del 1 de agosto de 1994,
que a través de ese acto el alcalde del municipio de Galán (Santander) nombró a la
peticionaria en propiedad como docente de primaria en la «escuela nacionalizada
JOSE ANTONIO GALÁN».

51. En virtud de esta designación, la copia del acta 014 del 1 de agosto de 199423,
da cuenta de que en esa fecha la señora Prada de Quintanilla se presentó ante el
despacho de la alcaldía de la localidad con el objeto de tomar posesión del cargo.

52. Ahora, la docente prestó sus servicios desde el 1 de agosto de 1994 hasta el 10
de diciembre de 2014, según da cuenta el formato único para expedición de certificado

23 Samai, índice 00009, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 9, 8_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEDIGITAL pp.24.

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de historial laboral de la Secretaría de Educación del departamento de Santander del
24 de agosto de 2024.

53. Ahora, en esa misma certificación consta, en los acápites «III. SITUACIÓN
LABORAL» e «IV. HISTORIA LABORAL», que la demandante laboró como docente en
provisionalidad con vinculación «nacional», en virtud del nombramiento que se hiciera
a través del Decreto 23 del 1 de agosto de 1994.

54. Lo anterior se acompasa con la copia del certificado de tiempo de servicio
expedido por la Secretaría de Educación del departamento de Santander del 26 de
octubre de 2009, que indica que la parte demandante prestó sus servicios en el nivel
básica primaria, como «Nacional», por nombramiento que se le hiciera a través del
Decreto 23 del 1 de agosto de 1994.

55. Para resolver esta controversia, la Sala acude a la regla fijada en el numeral vi)
de la sentencia de unificación SUJ2-011-S2 de 2018, conforme a la cual para acreditar
tal calidad de docente territorial resulta idónea la copia de los actos administrativos en
los que conste el vínculo y en los que se pueda establecer con claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, los certificados de la entidad nominadora, siempre que de forma inequívoca
evidencien el tipo de vinculación.

56. Como se vio el acto de nombramiento, esto es, el Decreto 23 de 1994, no deja
margen de duda que fue expedido por el alcalde del municipio de Galán (Santander),
es decir, por una autoridad territorial y no por una autoridad nacional, como lo es el
Ministerio de Educación Nacional; esta circunstancia se acompasa a los términos del
artículo 105 de la Ley 115 de 199424.

57. Adicionalmente, ese mismo decreto no se limita a nombrar a la demandante
como docente, sino que la designa de manera expresa para desempeñarse en la
«Escuela Nacionalizada José Antonio Galán», denominación que por sí misma da
cuenta, con la claridad que exige la regla de unificación, de que la plaza ocupada
correspondía a las que la ley reservó para el régimen nacionalizado.

58. La anterior conclusión no se desvirtúa con el hecho de que las certificaciones de
2009 y 2024 hayan dado cuenta que tal vinculación fue de carácter «nacional», pues
ninguna de ellas explica el fundamento de dicha clasificación y no obra en el expediente
documental alguna que permita inferir que la denominación «nacionalizada» contenida
en el Decreto 23 de 1994 sea ajena a la naturaleza real de la plaza ocupada por la
demandante.

59. Ahora, se vuelve sobre la sentencia de unificación SUJ2-011-S2 de 2018, en la
24 ARTÍCULO 105. VINCULACIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL. La vinculación de personal docente,

directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial.
Únicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro
de la planta de personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales.

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que se dijo que para acreditar la calidad de docente territorial resulta idónea primero el
acto de nombramiento, y en su defecto la certificación, bajo el entendido que el primero
es el que materializa la designación y las condiciones en que se realiza la misma, por
ejemplo, nacional o territorial; mientras tanto la certificación es la constatación de otro
hecho, precisamente del acto de nombramiento, por lo que puede ocurrir que al dar fe
de ese hecho, esto es, la designación, se equivoque o no sea precisa en identificar la
características del nombramiento, por ejemplo, la naturaleza de la plaza sobre la que
recae, lo que, se insiste, en principio, se deriva en primera medida del acto de
nombramiento.

60. En consecuencia, la Sala concluye que el período comprendido entre el 1.° de
agosto de 1994 y el 10 de diciembre de 2014 corresponde a una vinculación de carácter
nacionalizado y, por tanto, computable para efectos de la pensión gracia.

61. En ese orden, como tabla 1 de tiempos de servicios da cuenta de que la
demandante prestó su servicio docente por más de 20 años y se pudo determinar que
fueron en el orden territorial – nacionalizado, resulta dable confirmar la sentencia de
primera instancia.

62. Por último, la Sala se permite aclarar que, de acuerdo con lo descrito en el
acápite de hechos probados de esta providencia, la accionante acreditó 50 años y más
de 20 años de servicio, requisitos que se exigen, como se vio en el marco normativo,
para el reconocimiento de la pensión gracia. De este modo, según lo definió el Tribunal,
el estatus pensional lo adquirió el 12 de abril de 2008, sin que la entidad adujera
inconformidad alguna sobre el particular.

3.5.2. Conclusión

63. La Sala concluye que la señora Ana Dolores Prada de Quintanilla probó la
vinculación del orden territorial – nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y
por más de 20 años, lo que le permite cumplir con los requisitos para el reconocimiento
de la pensión gracia, como acertadamente lo indicó el juez de primera instancia.

4. Costas

64. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge el
criterio de interpretación mayoritario25 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley

25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
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1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse
que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar
en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que
aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
el 25 de septiembre de 2025, que accedió a las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).

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