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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00061-01

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00061-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima del 22 de junio de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de indicar que la pensión gracia se liquidará con el 75% de todo lo devengado entre el 22 de agosto de 2011 y el 22 de agosto de 2012. Segundo: Revocar el numeral séptimo, para indicar que no procede la condena en costas a la parte demandada. Tercero: Confirmar en lo demás el fallo apelado por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto: Sin condena en costas en las dos instancias. Quinto: Reconocer como apoderada de la UGPP, a Rocío del Pilar Arenas España, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.423.473 y portadora de la tarjeta profesional número 287.249 del Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de representante legal de Conde Abogados Asociados S.A.S.; y como sustituta a Mayra Alejandra Padilla Niviayo identificada con cédula de ciudadanía número 1.016.093.355 y portadora de la tarjeta profesional 399.821 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del memorial de sustitución que obra a índice 18 de Samai. Sexto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00061-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00061-01 (5634-2023)
Demandante: Luis Fernando Jiménez Gordillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980. Subtema 2: 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado.
Subtema 3: requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia – acreditados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, el 22 de junio de 2023, que accedió a las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandada.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante solicitó la nulidad del acto ficto que le negó el reconocimiento de la
pensión gracia, para lo cual pidió la aplicación del fallo de unificación de la Sección
Segunda del 2018. La UGPP, el 28 de septiembre de 2020, a través de la Resolución
RDP 021951, negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, con fundamento
en que el actor no acreditó 20 años de servicio en la docencia territorial o
nacionalizada, al no ser posible computar tiempos de carácter nacional. El Tribunal
Administrativo del Tolima determinó que tendría por demandada la Resolución RDP
021951 del 28 de septiembre de 2020, como una medida de saneamiento para
corregir defectos procedimentales y para evitar una sentencia inhibitoria. En la
sentencia, accedió a las pretensiones y ordenó el reconocimiento de la pensión
gracia.
II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Luis Fernando Jiménez Gordillo radicó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 8 de febrero de 20211, para
solicitar que se declare la nulidad del acto administrativo ficto producto del silencio
administrativo negativo, mediante el cual la UGPP le negó el reconocimiento y pago

1 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 73-001-23-33-000-2021-00061-00, visualizar expediente, descargar

expediente, Cuaderno principal, 028ED_Expediente_20210006100zip.zip, 002_ ACTA DE REPARTO.pdf.

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Demandante: Luis Fernando Jiménez Gordillo
Demandado: UGPP

de la pensión gracia, al no haber dado respuesta a la petición del 28 de mayo de
20202.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se ordene el reconocimiento de la pensión gracia, desde el 22 de enero
de 2014, con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el año
anterior al estatus pensional, que los valores adeudados sean actualizados con el
IPC y que la sentencia se cumpla en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA3.

2.2. Hechos

3. El señor Luis Fernando Jiménez Gordillo expuso que fue nombrado en una
plaza docente nacionalizada del departamento del Tolima, a través del Decreto 1496
del 24 de octubre de 1978. Posteriormente, ejerció la actividad docente en una plaza
territorial, en el municipio de Armero Guayabal (Tolima), nombrado por medio del
Decreto 026 del 22 de enero de 1996. A partir de la Resolución 1866 del 20 de abril
de 2016, prestó sus servicios en la Institución Educativa San Pedro, ubicada en el
municipio de Armero Guayabal, del departamento del Tolima.

4. El 28 de mayo de 2020, el actor solicitó a la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia.

2.3. Normas violadas y concepto de violación

5. El actor citó como normas violadas las siguientes: leyes 4 de 1966, 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de
2001. En el concepto de violación sostuvo que tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, según la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 21 de
junio de 2018 dentro del expediente 2500-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014),
según la cual lo esencialmente relevante para el reconocimiento de la pensión
gracia es que la plaza docente haya sido territorial o nacionalizada. Indicó que la
decisión negativa de reconocer la pensión desconoce la normativa y las sentencias
del Consejo de Estado que, en casos similares, han accedido a las pretensiones,
en especial el fallo de unificación de la Sección Segunda del 2018.

2.4. Contestación de la demanda

6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se nieguen.
Afirmó que el señor Luis Fernando Jiménez Gordillo no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que no cumplió con los 20 años de
servicio en una vinculación de carácter distrital, municipal o departamental. En este
sentido, resaltó que el maestro «aportó tiempos como docente nacional,
registrándose con vinculación nacional desde el 22 de enero de 1996 hasta el 01 de
mayo de 2010». Además, los rubros con los cuales se financiaron sus salarios eran
2 La UGPP profirió Resolución RDP 021951 del 28 de septiembre de 2020, a través de la cual negó
expresamente el reconocimiento de la prestación pensional y el Tribunal Administrativo del Tolima, en auto del
29 de marzo de 2023, saneó el proceso y la tuvo por demandado.
3
Samai, Gestión en otros despachos, exp. 73-001-23-33-000-2021-00061-00, visualizar expediente, descargar
expediente, Cuaderno principal, 028ED_Expediente_20210006100zip.zip, 003- DEMANDA LUIS FERNANDO
JIMENEZ GORDILLO.pdf.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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nacionales, «dado que la disponibilidad presupuestal y de la plaza a ocupar por el
docente la certifica el delegado del Ministerio de Educación Nacional».

7. De esta forma, destacó que el régimen prestacional de los docentes
nacionales incorporados a las plantas departamentales por virtud de la Ley 60 de
1993 era el regulado en la Ley 91 de 1989, que remite al de los empleados públicos
nacionales.

8. Planteó como excepción previa la ineptitud sustantiva de la demanda por falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad, en la medida en que expidió la
Resolución RDP 021951 del 28 de septiembre de 2020, que decidió de fondo sobre
el reconocimiento pensional solicitado por el actor, y no interpuso los recursos de
ley para tener agotado el trámite administrativo.

9. Propuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación
demandada, falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, ausencia de vicios
en los actos administrativos demandados, prescripción y buena fe4.

2.5. Trámite procesal en primera instancia

10. El Tribunal Administrativo del Tolima, en auto del 29 de marzo de 20235, negó
las excepciones propuestas por la entidad accionada, se pronunció sobre las
pruebas y prescindió de la realización de la audiencia inicial. Además, expuso que
el actor solicitó que se declarara la nulidad del acto ficto que se configuró por la
ausencia de respuesta a la reclamación del 28 de mayo de 2020, para obtener el
reconocimiento de la pensión gracia. Sin embargo, señaló que en el expediente
administrativo aportado por la UGPP consta la Resolución RDP 021951 del 28 de
septiembre de 2020, que negó la solicitud y fue notificada electrónicamente al
apoderado el 5 de octubre de 2020.

11. Al advertir que dicha resolución contiene la decisión definitiva de negar el
reconocimiento de la pensión gracia, el Tribunal consideró «subsanar los defectos
procedimentales en el trámite de la resolución de las excepciones previas, en
concordancia con el deber del juez de adoptar de oficio las medidas de saneamiento
necesarias para evitar sentencias inhibitorias», por tanto, consideró que se «tendrá
por demandado en estas diligencias el acto administrativo dispuesto en la
Resolución RDP 021951 del 28 de septiembre de 2020. Esta decisión además se
toma dando prevalencia al derecho de acceso a la administración de justicia».

12. Respecto de la presunta falta de agotamiento del requisito de procedibilidad,
el Tribunal señaló que la Resolución RDP 021951 del 28 de septiembre de 2020,
dictada por el subdirector de Determinación de Derechos Pensionales, dispuso en
el numeral segundo que se podían interponer «por escrito los recursos de reposición
y/o apelación ante el subdirector de Determinación de Derechos Pensionales». Por
consiguiente, estimó que carece de sustento la obligatoriedad de la apelación frente
a la resolución cuestionada, puesto que según el acto procedía interponer el recurso

4 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 73-001-23-33-000-2021-00061-00, visualizar expediente, descargar

expediente, Cuaderno principal, 028ED_Expediente_20210006100zip.zip, 015_ContestaciónUGPP.pdf.
5 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 73-001-23-33-000-2021-00061-00, visualizar expediente, descargar

expediente, Cuaderno principal, 028ED_Expediente_20210006100zip.zip, doc. 11.
3

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ante el mismo funcionario, entonces, solo se informó sobre el recurso de reposición,
cuyo ejercicio es facultativo y no condiciona el acceso a la jurisdicción contencioso-
administrativa, de acuerdo con el artículo 76 (inciso final) del CPACA.

2.6. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 22 de junio de 2023,
accedió a las pretensiones de la demanda, ordenó el reconocimiento de la pensión
gracia y declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del 28 de mayo de
2017, así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución RDP 021951 del 28 de
septiembre de 2020, por medio de la cual se denegó el reconocimiento de la pensión
gracia al señor Luis Fernando Jiménez Gordillo.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, el
reconocimiento de la pensión de jubilación gracia al señor Luis Fernando Jiménez
Gordillo, teniendo en cuenta el 75% de todos los conceptos percibidos entre el 10 de
junio de 2011 y el 10 de junio de 2012 (sic), debidamente indexados al momento del
reconocimiento pensional, con efectos a partir de la adquisición del estatus,
descontando las diferencias de las mesadas prescritas.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las diferencias (sic)
de las mesadas causadas del 28 de mayo de 2017 hacia atrás.

CUARTO: Las sumas reconocidas en esta sentencia serán indexadas, conforme a lo
establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y devengarán intereses en los
términos previstos en el inciso tercero del artículo 192 de la misma norma.

[…]

SÉPTIMO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada,
conforme lo preceptuado en el artículo 188 del CPACA, para lo cual se fija el
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

14. Como fundamento de la decisión, consideró que el señor Luis Fernando
Jiménez Gordillo se desempeñó como docente oficial antes del 31 de diciembre de
1980 en un vínculo laboral de carácter territorial, cumplió 50 años el 27 de mayo de
2005, no se desacreditó que se hubiera desempeñado con honradez, consagración
y buena conducta y prestó servicios durante 20 años en planteles territoriales.

15. Esto por cuanto, sus nombramientos provinieron del departamento del Tolima
y del municipio de Armero Guayabal, lo que hace que estos tiempos laborados en
el ejercicio docente sean válidos para acceder al reconocimiento de la pensión y
llevan a concluir que el demandante sirvió por más de 27 años.

16. De este modo, le reconoció al actor la pensión gracia a partir del 22 de agosto
de 2012, cuando cumplió los 20 años de servicio, con el 75% de todos los conceptos
percibidos entre el 22 de agosto de 2011 y el 22 de agosto de 2012, con su
correspondiente indexación.
4

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17. Sin embargo, el Tribunal declaró probada la excepción de prescripción de las
mesadas causadas antes del 28 de mayo de 2017, toda vez que el actor adquirió
su derecho pensional el 22 de agosto de 2012, pero presentó la reclamación
administrativa hasta el 28 de mayo de 2020 y la demanda el 8 de febrero de 2021.

2.7. Recurso de apelación

18. La UGPP solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia. Indicó que
el señor Luis Fernando Jiménez Gordillo contó con una vinculación docente de
carácter nacional que invalidaba estos tiempos para el reconocimiento de la pensión
gracia, como se desprende de los Formatos Únicos para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral y para la Expedición del Certificado de Salarios. De
manera que, el demandante no cumplió con el requisito de haber laborado por 20
años como docente de carácter distrital, municipal o departamental para obtener el
beneficio pensional.

19. Consideró que si bien la autoridad territorial expidió el acto administrativo de
nombramiento, este no le otorgó al demandante la calidad de docente territorial,
porque debe revisarse el origen de los recursos utilizados para financiar la plaza
docente.

20. Así las cosas, en la medida en que las transferencias para la educación son
financiadas con recursos del Situado Fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones, constituyen rubros con vinculación del orden nacional, lo que
resulta incompatible con el reconocimiento de la pensión gracia. Destacó que el
proceso de la descentralización educativa de la Ley 60 de 1993 no convierte la
vinculación de un docente nacional en territorial, dado que el régimen prestacional
de los docentes nacionales incorporados a las plantas departamentales siguió
siendo el dispuesto en la Ley 91 de 1989, es decir, el previsto para los empleados
públicos nacionales.

21. Adicionalmente, alegó que los únicos certificados válidos para efectos
prestacionales son los emitidos por las entidades inscritas en el Sistema de
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), la cual fue consultada y no
arrojó información en torno al tipo de vinculación y la fecha de terminación de la
relación laboral del señor Luis Fernando Jiménez Gordillo.

22. Por otra parte, la entidad reparó en que no debió haber sido condenada en
costas, ya que no existe prueba en el expediente que demostrara que transgredió
la buena fe y la lealtad procesal6.

2.8. Trámite procesal en segunda instancia

23. Mediante auto del 9 de agosto de 20247, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021, y dispuso que dentro del término de 10 días siguientes a la

6
Samai, Gestión en otros despachos, exp. 73-001-23-33-000-2021-00061-00, visualizar expediente, descargar
expediente, Cuaderno principal, 021_APELACIÓN UGPP.
7 Samai, índice 9.

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ejecutoria de esta providencia el expediente ingresaría para fallo salvo que las
partes solicitaran pruebas de acuerdo con el artículo 212 del CPACA.

24. El Ministerio Público rindió concepto8 en el que solicitó confirmar la sentencia
apelada, toda vez que el señor Luis Fernando Jiménez Gordillo se vinculó como
docente en el departamento del Tolima antes de 1980 en una plaza territorial,
completó los 20 años de servicio para ser beneficiario de la pensión gracia y cumplió
la edad de 50 años. Sin embargo, en materia de costas procesales, consideró que
la condena no procedía ya que la demandada no actuó con temeridad o mala fe.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con los artículos 150 y 152 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

26. Se circunscriben a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda,
si:

27. ¿El actor no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, puesto que
en realidad era un docente nacional, en tanto, fue nombrado antes del 31 de
diciembre de 1980 por el gobernador del departamento del Tolima y los recursos
para la financiación de la prestación del servicio educativo provenían del Situado
Fiscal? Por otra parte, se deberá determinar si procede revocar la condena en
costas impuesta en primera instancia.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

28. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19139,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñe el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

29. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción
Pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los
servicios prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en
la normalista, para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión,
equiparando la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos

8
Samai, índice 14.
9 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

6

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efectos.

30. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de
servicio estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

31. Por su parte, la Ley 91 de 198912 en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación.

32. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la
Ley 91 de 1989, cuyo artículo 1 categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa
fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la
educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 1013 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido
creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.

33.La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de
199714, en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
13 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán

con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
7

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repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que
se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad
[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no
podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en
realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

34. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201815,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter
transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión
gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que
la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como
docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término
no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre
de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con
honradez, consagración y buena conducta.

35. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado
del Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de
21 de junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Actora: Gladys Amanda Hernández Triana.
8

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Demandante: Luis Fernando Jiménez Gordillo
Demandado: UGPP

al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados16, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este
último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y
(ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar […].

36. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en
establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal, con
vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio
del orden nacional.

3.4. Hechos probados

• Edad

37. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, el señor Luis Fernando Jiménez Gordillo nació
el 27 de mayo de 1955, como consta en el registro civil de nacimiento17 y la cédula
de ciudadanía18, en consecuencia, acreditó la edad de 50 años, el 27 de mayo de
2005.

16 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
17
Samai, proceso en el Tribunal, 73001-23-33-000-2021-00061-01, visualizar expediente, doc
08_agregarcorrespondencia, pág. 18.
18 Idem, pág. 172.

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• Vinculación docente y tiempos de servicio

38. El gobernador del Tolima, mediante el Decreto 1496 del 24 de octubre de 1978,
nombró al señor Luis Fernando Jiménez Gordillo, en el empleo de director de la
Escuela Rural Mixta El Cairo, del municipio de Armero (Tolima)19. Igualmente, obra
en el proceso el acta de posesión ante la Secretaría de Educación, el 17 de
noviembre de 1978, con ocasión del nombramiento dispuesto en el referido Decreto
1496 del 24 de octubre de 197820.

39. Según la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL), expedida por la
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, del 18 de diciembre de
2020, la Alcaldía Municipal de Armero Guayabal (Tolima) certificó que el señor Luis
Fernando Jiménez Gordillo prestó sus servicios del 1 de enero de 1992 al 30 de
mayo de 1995, en el cargo de profesor de tiempo completo y realizó aportes a
pensión a la Caja de Previsión Municipal21.

40. A través del Decreto 026 del 22 de enero de 1996, el alcalde del municipio de
Armero Guayabal (Tolima) nombró al accionante en el empleo de docente en el
establecimiento educativo Fe y Alegría22.

41. El secretario de Educación del Departamento del Tolima, en la Resolución 1866
del 20 de abril de 2016 «por medio de la cual efectúa un traslado en la planta global
de cargos de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima,
financiada con recursos del Sistema General de Participaciones a un docente o
directivo docente», trasladó al demandante a la Institución Educativa San Pedro,
sede principal, del municipio de Armero Guayabal (Tolima)23.

42. El Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de la
Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, del 7 de enero de 2020,
contiene la siguiente información sobre el actor24:

• Estaba activo como docente del I.E. San Pedro, en virtud del nombramiento
realizado por el Decreto 026 del 22 de enero de 1996.
• Vinculado desde el 22 de enero de 1996, estaba laborando para la fecha de
expedición del formato.
• Fue incorporado por disposición del Decreto 0137 del 9 de marzo de 2004.
• La Resolución 1866 del 20 de abril de 2016 dispuso el traslado al I.E. San
Pedro.
• Contaba con un tiempo total de 23 años, 11 meses y 17 días.
• Régimen de pensiones: nacional.

43.Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios del 19 de junio de
2015, el cual señala que el docente presta sus servicios en el establecimiento
educativo Fe y Alegría, en el cargo de docente de básica secundaria25.

19 Idem, pág. 21.
20 Idem, pág. 53.
21 Idem, págs. 159 a 162.
22 Idem, pág. 54.
23 Idem, págs. 55 a 56.
24 Idem, págs. 176 a 177.
25 Idem, págs. 178 y 179.

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44. En resumen, la parte actora acreditó los siguientes tiempos de servicios:

Acto Situación Desde Hasta Total
administrativa
Decreto 1496 Nombramiento como 17 de - Sin fecha de
del 24 de director noviembre de finalización
octubre de 1978 acreditada en
1978, expedido el expediente
por el
gobernador del (Territorial)
Tolima
El tiempo está Nombramiento como 1 de enero de 30 de mayo de 3 años, 4
certificado en el profesor de tiempo 1992 1995 meses y 29
formato CETIL, completo días
por la Alcaldía
de Armero (Territorial)
Guayabal
Decreto 26 del Nombramiento como 22 de enero de 7 de enero de 23 años, 11
22 de enero de docente del 1996 2020 (activo para meses y 17
1996, dictado establecimiento la fecha del días
por el alcalde de educativo Fe y Alegría certificado)
Armero (territorial)
Guayabal
Total 27 años, 4 meses y 14 días
(20 años: 22 de agosto de 2012)

• Buena conducta

45. Este requisito hace referencia a que el empleo se haya desempeñado con
honradez y consagración, lo cual se encuentra acreditado con la declaración sobre
el ejercicio del cargo con honradez e idoneidad, conforme el artículo 4 de la Ley 114
de 191326.

• Actos demandados27

46. El actor solicitó el 28 de mayo de 2020 a la UGPP el reconocimiento de una
pensión gracia, efectiva a partir del 28 de mayo de 2005, que corresponde al día
siguiente de cuando cumplió la edad de 50 años28.

47. Mediante la Resolución RDP 021951 del 28 de septiembre de 2020, el
subdirector de determinación de derechos pensionales de la UGPP decidió negar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, en atención a que la Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), del periodo laborado del 1 de enero de
2004 al 31 de diciembre de 2019, indicó que la fuente de los recursos provenía del
Sistema General de Participaciones. Motivo por el cual no cumplía con los requisitos
para el reconocimiento de la pensión gracia, dado que aquel comprende recursos
de la Nación29.

26 Idem, pág. 57.
27 La Subsección precisa que el Tribunal, en el auto del 29 de marzo de 2023, en ejercicio de las facultades de

saneamiento, decidió tener por demandada la Resolución RDP 021951 del 28 de septiembre de 2020.
28 Idem, págs. 168 a 171.
29 Idem, págs. 185 a 191.

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3.5. Caso concreto

48. En el asunto bajo estudio, el accionante como fundamento de la demanda
alega que tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, en virtud de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado el 21 de junio de 2018, dentro del
expediente 2500-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

49. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que el
docente acreditó que prestó sus servicios durante 27 años en plazas territoriales, por
los nombramientos ordenados en el departamento del Tolima y el municipio de
Armero Guayabal.

50. Inconforme con esta decisión, la UGPP solicitó que se revoque el fallo apelado
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, en tanto, en su criterio: el
maestro tuvo una vinculación nacional, como lo indica el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral y el de salarios; la expedición de los
actos de nombramiento por autoridades territoriales no le otorga al actor la calidad
de docente territorial; los salarios fueron pagados con dineros del situado fiscal que
eran rubros nacionales; los únicos documentos aptos para efectos prestacionales
son los certificados electrónicos de tiempos laborados (CETIL).

51. En este contexto, la Sala procede a verificar si el demandante tiene derecho
al reconocimiento de la pensión gracia.

• Vinculación territorial antes del 31 de diciembre de 1980

52. Con el objeto de resolver el recurso de apelación, se tiene que en el
expediente está probado que el accionante cumplió 50 años, el 27 de mayo de 2005,
toda vez que nació el 27 de mayo de 195530. También, está demostrado que el
gobernador del departamento del Tolima nombró al señor Luis Fernando Jiménez
Gordillo en el empleo de director de la Escuela Rural Mixta El Cairo, en el municipio
de Armero, a través del Decreto 1496 del 24 de octubre de 1978 31, firmado por la
autoridad territorial y el secretario de educación. Cargo en el cual se posesionó el 17
de noviembre de 197832.

53. Ahora bien, la Sala debe decir que, contrario a lo afirmado por la UGPP, el
Decreto 1496 del 24 de octubre de 1978 dictado por el gobernador del Tolima sí
prueba la designación docente en una plaza territorial, dado que fue expedido por la
autoridad territorial sin intervención del Ministerio de Educación Nacional y la
vinculación se corrobora con el acta de posesión ante la Secretaría de Educación del
Tolima, realizada el 17 de noviembre de ese año. Documentos que no fueron
tachados de falso en el proceso y, por tanto, tienen pleno valor probatorio.

30
Idem, pág. 172.
31 Idem, Cuaderno principal, 028ED, pág. 41 del archivo digital.
32 Idem, Cuaderno principal, 028ED, pág. 42 del archivo digital.

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54. De modo que, el Decreto 1496 de 1978 ofrece plena convicción para tener
acreditado que el demandante se vinculó a una plaza docente territorial antes del 31
de diciembre de 1980, sobre la cual no es posible predicar que haya sido dictado por
el Ministerio de Educación Nacional o que se tratara de una plaza en una institución
educativa nacional.

55. En consecuencia, se trató de una plaza territorial y así se demostró el requisito
de vinculación antes del 31 de diciembre de 1980.

• Vinculación en una plaza territorial o nacionalizada desde el año 1992

56. Con el propósito de determinar si el actor tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, se trae la regla establecida en la sentencia de unificación proferida
por el Consejo de Estado el 21 de junio de 2018, según la cual la calidad de docente
territorial se prueba con los actos administrativos en los que conste el vínculo o en
su defecto con la certificación expedida por la autoridad nominadora que permita
establecer que el tiempo de vinculación es de carácter territorial.

57. Por consiguiente, la Subsección destaca que en el proceso se acreditó que el
maestro laboró desde el 1 de enero de 1992 al 30 de mayo de 1995, en el municipio
de Armero Guayabal, lo que arroja un tiempo de 3 años, 4 meses y 29 días, como
consta en la certificación electrónica de tiempos laborados del 18 de diciembre de
202033.

58. Posteriormente, el actor fue designado docente por el alcalde municipal de
Armero, Guayabal (Tolima), en el establecimiento educativo Fe y Alegría por medio
del Decreto del 22 de enero de 199634, encontrándose vinculado para el 7 de enero
de 2020, fecha en que se expidió el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral, con un tiempo de servicios de 23 años, 11 meses y 17 días.

59. Debe anotarse que el Formato para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, del 7 de enero
de 2020, certificó los tiempos laborados desde el 22 de enero de 1996 e indicó que
el régimen de pensiones era nacional. Sin embargo, del análisis del Decreto 026 del
22 de enero de 1996, dictado por el alcalde del municipio de Armero Guayabal
(Tolima), que nombró al accionante en el empleo de docente en el establecimiento
educativo Fe y Alegría, se concluye que la plaza era territorial porque el acto
administrativo solamente fue firmado por el alcalde y el secretario de gobierno, para
lo cual invocaron las Leyes 115 de 1994 y 60 de 1993. En esta misma plaza territorial,
continuó laborando el docente y estaba activo para el 7 de enero de 2020, cuando la
Secretaría de Educación del Departamento del Tolima profirió el Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral.

60. Por otra parte, en cuanto a que los recursos que sirvieron para pagar los
salarios pertenecían al Situado Fiscal (ahora Sistema General de Participaciones) y,
por ende, eran nacionales, cabe señalar que la Sección Segunda en sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018 explicó que las entidades territoriales son las
titulares directas de los recursos provenientes del Sistema General de

33 Idem, págs. 159 a 162.
34 Idem, Cuaderno principal, 028ED, pág. 43 del archivo digital.

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Participaciones sin que ello afecte la modalidad de la vinculación docente ni la
naturaleza de las plazas ocupadas por estos en los entes territoriales.

• Sobre el requisito de 20 años de servicio

61. Respecto del periodo de 1978 en adelante, se cuenta con el decreto y la
posesión que dan cuenta que el docente inició su actividad en el ramo educativo, en
calidad de director, el 17 de noviembre de 1978, en la Escuela Rural Mixta el Cairo,
en el municipio de Armero. En este punto, es importante precisar que el numeral 2
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, preservó la prerrogativa de la pensión gracia
para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, condición que está
probada.

62. En estos términos, lo relevante en este punto es la acreditación de que el
demandante sí contó con una vinculación docente territorial en calidad de director de
un plantel educativo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo que a la postre
lo habilitó para sumar los restantes tiempos de servicio docente que prestó en el
municipio de Armero Guayabal.

63. Seguidamente, respecto del periodo de 1992 a 1995, obra en el expediente la
certificación electrónica de tiempos laborados, según la cual el demandante ejerció
como profesor con un tipo de vinculación laboral del 1 de enero de 1992 al 30 de
mayo de 1995, en el municipio de Armero Guayabal. De ahí que está demostrado
que el señor Luis Fernando Jiménez Gordillo laboró al servicio de esta entidad
territorial en estos tiempos certificados.

64. En lo atinente al tiempo de 1996 en adelante, se tiene acreditado que el
demandante se vinculó a través del Decreto 026 del 22 de enero de 1996, –
nombramiento efectuado por el alcalde municipal de Armero Guayabal (Tolima), con
la firma del secretario de gobierno–, y ha permanecido activo en una plaza de
carácter territorial, para el 7 de enero de 2020, fecha de expedición del Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral.

65. La continuidad de esta vinculación de 1996, en adelante, se corroboró con la
Resolución 1866 del 20 de abril de 2016, por medio de la cual el secretario de
educación y cultura del departamento del Tolima trasladó al demandante, por
necesidades del servicio, para ejercer el cargo de docente en propiedad en el área
de educación física, recreación y deporte en la Institución Educativa San Pedro,
sede principal del municipio de Armero Guayabal. Esta novedad administrativa no
incide en el tipo de nombramiento del docente. Lo que también se predica de la
incorporación ordenada a través del Decreto 0137 del 9 de marzo de 2004.

66. Así las cosas, el señor Luis Fernando Jiménez Gordillo completó un total de
23 años, 11 meses y 17 días, desde su nombramiento en propiedad a través del
Decreto 026 del 22 de enero de 1996; de modo que ya contaba con más de 20 años
de servicio y probó una vinculación territorial antes del 31 de diciembre de 1980. De
manera que para el 28 de mayo de 2020, cuando radicó su solicitud administrativa,
ya había consolidado su derecho pensional.

14

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67. Expuesto lo anterior, la Sala no puede pasar por alto que el Formato Único
para la Expedición de Certificados de Historia Laboral indica que el demandante
tenía un régimen de cesantías anual y de pensiones nacional como docente en
básica secundaria; no obstante, esto no es equivalente, como lo pretende el recurso,
a que su tipo de vinculación tenga este carácter, ya que el régimen pensional se debe
distinguir de la naturaleza de la plaza ocupada, la que se corroboró con los actos de
nombramiento respectivos.

68. Por otra parte, no son de recibo los argumentos de la apelante quien considera
que el origen de los recursos con los que se paga la actividad docente determina el
tipo de vinculación del demandante, dado que esto se aparta de los lineamientos
jurisprudenciales de esta corporación. En efecto, en el «marco normativo de la
pensión gracia, reiteración jurisprudencial», se expuso que los recursos del situado
fiscal una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los entes territoriales en calidad de rentas exógenas.

69. Finalmente, hay que recordar que la UGPP, en el recurso de apelación,
manifestó que los únicos certificados válidos para efectos prestacionales son
aquellos emitidos por las entidades inscritas en el Sistema de Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados, CETIL. La Sala no comparte este argumento
porque en materia del reconocimiento de la pensión gracia no existe una tarifa legal
para probar la calidad de docente territorial, ya que la jurisprudencia de esta
corporación ha considerado que la prueba son los actos administrativos proferidos
con ocasión de la vinculación docente y, en su defecto, los certificados, siempre que
en estos últimos se evidencie de forma inequívoca el tipo de vínculo.

70. En consecuencia, está demostrado en el expediente que el señor Luis
Fernando Jiménez Gordillo se vinculó antes del 31 de diciembre de 1980 como
docente del orden territorial y cumplió con los 20 años de servicio en una plaza de la
misma naturaleza, el 22 de agosto de 2012. En este punto, el a quo consideró que
el «tiempo de servicios acreditado en el expediente transcurrió de forma interrumpida
desde el 17 de noviembre de 1978 a fecha indeterminada, entre el 01 de enero de
1992 y el 30 de mayo de 1995 y del 22 de enero de 1996 a la fecha». Además,
demostró los requisitos atinentes a la edad, al haber cumplido los 50 años el 27 de
mayo de 200535 y actuado con honradez, consagración y buena conducta.

71. Ahora bien, la Sala destaca que la sentencia de primera instancia incurrió en
una falta de concordancia, porque en la parte motiva indicó que para efectos del
reconocimiento pensional se incluiría el 75% de todos los conceptos percibidos
entre el 22 de agosto de 2011 y el 22 de agosto de 2012, mientras que la parte
resolutiva consignó que la pensión se reliquidaría con los conceptos percibidos entre
el 10 de junio de 2011 y el 10 de junio de 2012.

72. En virtud de lo anterior y comoquiera que en la parte motiva de la providencia
de primera instancia se concluyó que el señor Luis Fernando Jiménez Gordillo
adquirió el estatus pensional el 22 de agosto de 2012 y que para efectos del
reconocimiento prestacional se incluirían los conceptos percibidos entre el 22 de

35
Samai, Gestión en otros despachos, exp. 73-001-23-33-000-2021-00061-00, visualizar expediente, descargar
expediente, Cuaderno principal, 028ED_Expediente_20210006100zip.zip, 003- DEMANDA LUIS FERNANDO
JIMENEZ GORDILLO.pdf, páginas 55 y 56 del archivo digital.
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agosto de 2011 y el 22 de agosto de 2012, no hay duda que se trató de un lapsus
calami36 ubicado únicamente en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia proferida por el Tribunal.

73. Así las cosas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la decisión, la
Sala corregirá de oficio el numeral segundo de la sentencia de primera instancia
para disponer, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia,
que el reconocimiento pensional se hará teniendo en cuenta el 75% de todos los
conceptos percibidos entre el 22 de agosto de 2011 y el 22 de agosto de 2012.

• Sobre la condena en costas

74. En este punto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Tolima en la
sentencia apelada impuso condena en costas a la parte demandada y a favor de la
demandante; sin embargo, teniendo en cuenta que en el recurso de apelación se
discute este aspecto, la presente providencia acogerá el criterio de interpretación
mayoritario37 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de
un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o
de mala fe. Por lo tanto, en el caso concreto, habrá lugar a revocar dicha condena
en atención a que no se advierte que la parte vencida haya incurrido en las
anteriores conductas, durante el trámite de las dos instancias. Por las mismas
razones, no habrá lugar a imponer costas en segunda instancia.

3.6. Conclusión

75. En síntesis, el docente tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia
porque se vinculó en una plaza territorial en virtud del nombramiento ordenado por
el gobernador del Tolima, mediante el Decreto 1496 del 24 de octubre de 1978 y
para el 22 de agosto de 2012, cumplió 20 años de servicios como docente en el
municipio de Armero Guayabal, en una plaza de la misma naturaleza, con ocasión
de los nombramientos dispuestos por el alcalde.

36 «1. m. Error mecánico que se comete al escribir». Diccionario de la lengua española de la Real Academia

Española.
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un

criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las
de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00061-01 (5634-2023)
Demandante: Luis Fernando Jiménez Gordillo
Demandado: UGPP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima del 22 de junio de 2023, que accedió a las pretensiones
de la demanda, en el sentido de indicar que la pensión gracia se liquidará con el
75% de todo lo devengado entre el 22 de agosto de 2011 y el 22 de agosto de 2012.

Segundo: Revocar el numeral séptimo, para indicar que no procede la condena en
costas a la parte demandada.

Tercero: Confirmar en lo demás el fallo apelado por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Cuarto: Sin condena en costas en las dos instancias.

Quinto: Reconocer como apoderada de la UGPP, a Rocío del Pilar Arenas España,
identificada con cédula de ciudadanía 1.018.423.473 y portadora de la tarjeta
profesional número 287.249 del Consejo Superior de la Judicatura, en su condición
de representante legal de Conde Abogados Asociados S.A.S.; y como sustituta a
Mayra Alejandra Padilla Niviayo identificada con cédula de ciudadanía número
1.016.093.355 y portadora de la tarjeta profesional 399.821 del Consejo Superior
de la Judicatura, en los términos del memorial de sustitución que obra a índice 18
de Samai.

Sexto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00061-01 (5634-2023)
Demandante: Luis Fernando Jiménez Gordillo
Demandado: UGPP

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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