República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2017-00233-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2017-00233-01 (1047-2025)
Demandante: Alejandrina Julio de Castro
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1. Docente territorial. Subtema 2. Prueba de
vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, inexistencia de tarifa legal.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 25 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Alejandrina Julio de Castro solicitó la nulidad del acto administrativo a través
del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento de una pensión gracia de
jubilación. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho a la anterior
prestación, puesto que acredita una vinculación como docente interina con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio como maestra oficial de carácter
territorial y 50 años de edad. El Tribunal accedió a las súplicas de la demanda y ordenó
a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión pretendida. La UGPP
solicitó que se revoque la decisión, porque no obra en el plenario el acta de posesión
necesaria para acreditar la vinculación de la accionante antes del 31 de diciembre de
1980; también alegó que como no se sabía con qué recursos se financiaron sus
salarios, se podía inferir que el carácter de la vinculación era nacional. Por último, pidió
que se declarara la prescripción trienal del derecho.
Esta Subsección confirma la decisión, al considerar que las pruebas documentales y
testimoniales acreditaron que la accionante prestó sus servicios como docente
territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Ello, teniendo en cuenta que en
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Demandante: Alejandrina Julio de Castro
Demandado: UGPP
materia de pensión gracia no existe tarifa legal. En punto a la solicitud de declaratoria
de prescripción de las mesadas pensionales, se señala que la apelación no es
congruente con el fallo recurrido.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 12 de septiembre de 20171, la señora Alejandrina Julio
de Castro, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP), según las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho que a continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de los actos
administrativos a través de los cuales la entidad accionada negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia a favor de la señora Alejandrina Julio de Castro,
contenidos en las resoluciones: 4982 del 13 de febrero de 2008, 36443 del 04 de
agosto de 2008 y PAP 014430 del 21 de septiembre de 2010, expedidas por la Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE); RDP 049845 del 26 de noviembre de
2015 y RDP 007165 del 18 de febrero de 2016, proferidas por la UGPP.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene el reconocimiento
y pago de una pensión gracia a favor de la demandante en un monto equivalente al
75 % del promedio de todos los factores salariales devengados durante el año anterior
a la adquisición del estatus jurídico; que la suma reconocida se reajuste desde el
momento en que se hizo exigible hasta la fecha de ejecutoria del fallo, de acuerdo con
el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso–
Administrativo (en adelante CPACA); que se paguen los intereses de mora por los
valores adeudados; y que, asimismo, se condene al pago de costas.
2.1.2. Hechos
4. La Sala los sintetiza así:
5. La señora Alejandrina Julio de Castro nació el 27 de febrero de 1957, por lo que
cumplió 50 años el 27 de febrero de 2007. Prestó sus servicios al magisterio en
diversos períodos que suman un total de 11.659 días laborados, distribuidos de la
1 Samai, gestión otros despachos, 70001233300020170023300, visualizar expediente, expediente digital, archivo
DEMANDA_1209201724533pm_3933f3c6270546b385fed4b585d9d145.pdf, pág. 16.
2 Samai, gestión otros despachos, 70001233300020170023300, visualizar expediente, expediente digital, archivo
DEMANDA_1209201724533pm_3933f3c6270546b385fed4b585d9d145.pdf, págs. 6 a 16.
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siguiente manera: del 17 de septiembre de 1979 al 12 de noviembre de 1979 (56 días);
del 4 de marzo de 1983 al 24 de abril de 1983 (51 días); del 25 de abril de 1983 al 7
de abril de 1999 (5743 días); del 8 de abril de 1999 al 29 de febrero de 2000 (322 días);
y del 1 de marzo de 2000 al 27 de mayo de 2015 (5487 días).
6. La demandante fue vinculada como docente interina al Departamento de Sucre
mediante la Resolución 510 de 1979, a partir del 17 de septiembre de 1979.
Posteriormente, fue nombrada en propiedad por la Secretaría de Educación de Sucre,
mediante el Decreto 170 del 28 de febrero de 1983, a partir del 4 de marzo de 1983,
encontrándose vinculada al momento de la presentación de la demanda.
7. La docente cumplió con los requisitos de 50 años de edad y 20 de servicio,
como docente nacionalizada, con honradez, idoneidad y buena conducta.
8. El 14 de julio de 2015, la demandante solicitó a la UGPP el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y
37 de 1933. Sin embargo, la entidad negó la petición, mediante la Resolución RDP
049845 del 26 de noviembre de 2015.
9. Inconforme con la decisión, la interesada interpuso recurso de apelación y la
entidad, a través de la Resolución RDP 007165 del 18 de febrero de 2016, la confirmó
en su totalidad.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336.
• Ley 114 de 1913, artículos 1, 3 y 4.
• Ley 116 de 1928, artículo 6.
• Ley 91 de 1989, artículo 15.
• Decreto 081 de 1976, artículo 8.
• Decreto 2277 de 1979, artículo 3.
10. Sostuvo que los actos administrativos acusados se expidieron con falsa
motivación y violación directa de las normas en que debían fundarse al negar el
reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la accionante, pese a que
cumple con los requisitos exigidos para el efecto, en tanto se vinculó al servicio docente
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; acredita más de 50 años de edad; más
de 20 de servicio con carácter nacionalizado; y desempeñó el cargo con honradez,
consagración y buena conducta.
11. Adujo que en el presente asunto la UGPP pretende desestimar el tiempo
laborado por la demandante en el que estuvo vinculada a la Secretaría de Educación
del Departamento de Sucre en interinidad antes del 31 de diciembre de 1980. Tal
periodo debe entenderse como nacionalizado, toda vez que aun cuando no obra el
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acta de posesión, se acredita que fue nombrada por medio de la Resolución 510 de
1979 y que se desempeñó como docente, según las declaraciones extrajuicio de una
alumna y otras maestras.
2.2. Contestación de la demanda
12. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social se opuso a la prosperidad de las súplicas de la
demanda y solicitó que se nieguen.
13. Afirmó que no le constaba que la demandante se hubiera vinculado como
docente interina al servicio del departamento de Sucre, a través de la Resolución 510
de 1979, a partir del 17 de septiembre de 1979, ni que haya sido nombrada en
propiedad por la Secretaría de Educación de Sucre mediante el Decreto 170 de 1983,
desde el 4 de marzo de 1983, como tampoco que esté desempeñando el cargo en la
actualidad. En tal sentido, no acreditó el requisito de 20 años de servicio al Estado en
calidad de docente con carácter nacionalizado para ser acreedora de una pensión
gracia.
2.3. Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia el 25 de septiembre de
2024, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas. La providencia se fundó en los siguientes argumentos3:
15. Afirmó que, según se probó, la señora Alejandrina Julio de Castro nació el 27
de febrero de 1957, por lo que para el mismo día y mes del año 2007 cumplió 50 años.
16. Manifestó que la accionante se desempeñó como docente del orden territorial
al servicio del municipio de San Onofre en el periodo comprendido del 17 de
septiembre de 1979 al «11 de noviembre» de la misma anualidad (56 días), conforme
lo certificó el ente territorial y se advierte de la Resolución 510 de 1979. Así, dada su
vinculación al sector docente oficial antes del 31 de diciembre de 1980, se considera
que en principio es beneficiaria de una pensión gracia.
17. Indicó que, de acuerdo con la documental que obra en el plenario, la accionante
laboró como docente departamental, en propiedad, adscrita al municipio de San
Onofre a partir del 4 de marzo de 1983, sin fecha de retiro, habiendo prestado servicios
en la Escuela Rural de Higuerón, Escuela Urbana Niño Jesús Praga y en la Institución
Educativa Santa Clara.
3 Samai, gestión otros despachos, 70001233300020170023300, índice 25, expediente digital, archivo
38Sentencia_SNYR00020170023300PE(.pdf).
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18. El Tribunal consideró que le asiste razón a la demandante al solicitar la nulidad
de los actos administrativos acusados, toda vez que su contenido no corresponde a la
realidad, por cuanto la accionante sí estuvo vinculada en el sector docente oficial del
nivel territorial por nombramiento efectuado por el secretario de educación
departamental el 17 de septiembre de 1979, por el término de 56 días, laborando en
reemplazo de la señora Rosario del Carmen Julio Rivas a quien le fue concedida una
licencia de maternidad.
19. Manifestó que los argumentos que la entidad accionada utilizó en sede
administrativa son los mismos que alegó en sede judicial. Así, advirtió que pasó por
alto que las pruebas documentales del expediente refieren que la demandante además
de haber laborado como docente oficial en el sector territorial antes del 31 de diciembre
de 1980 (56 días), también laboró como docente territorial al servicio del departamento
de Sucre en el municipio de San Onofre desde el 4 de marzo de 1983 hasta la fecha,
lo cual acredita el cumplimiento de los 20 años de servicio para el reconocimiento de
la prestación.
20. Indicó que los argumentos de la entidad accionada respecto a la Resolución
510 de septiembre de 1979 no desvirtúan el hecho que se desprende de las pruebas
documentales allegadas al expediente y que guardan relación con la vinculación de la
demandante en el sector docente oficial para el año de 1979; situación que fue
acreditada en el debate procesal.
21. Señaló que, de acuerdo con las certificaciones laborales que obran en el
plenario, la accionante no presenta antecedentes disciplinarios o sanción alguna
registrada en su hoja de vida, por lo que se presume su buena conducta durante la
actividad docente.
22. Concluyó que la demandante cumplió con los requisitos para acceder a una
pensión gracia, en tanto prestó sus servicios como docente territorial (municipal y
departamental) durante 20 años, habiéndose vinculado antes del 31 de diciembre de
1980 (17 de septiembre de 1979), y cumplió 50 años el 27 de febrero de 2007; además,
se observa que mantuvo una buena conducta mientras ejerció la labor.
23. Definió que la accionante tenía derecho al reconocimiento pensional a partir del
27 de febrero de 2007 cuando acreditó los 50 años de edad. Así, declaró la nulidad de
las Resoluciones RDP 049845 del 26 de noviembre de 2015 y RDP 07165 del 18 de
febrero de 2016, y a título de restablecimiento del derecho ordenó el pago de la
prestación social, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, efectiva a
partir del 15 de julio de 2012 por prescripción trienal.
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2.4. Recurso de apelación
24. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos4:
25. Afirmó que en el asunto se incumplió la regla jurisprudencial establecida por el
Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 21 de junio de 2018, la cual exige
que para el reconocimiento de la pensión gracia debe probarse de manera inequívoca
tanto el tipo de vinculación docente (territorial o nacionalizada) como el origen de los
recursos que financiaron la plaza. Sostuvo que la parte demandante debía acreditar
estos requisitos respecto de todo el tiempo de servicios que pretendía le fuera
computado para acceder a la pensión, sin que ello dejara dudas.
26. Indicó que el debate jurídico en primera instancia se centró en comprobar si la
demandante cumplía con el requisito de haber estado vinculada antes del 31 de
diciembre de 1980, específicamente respecto de los tiempos de servicio que alegó
haber prestado en la Institución Educativa Santa Clara de San Onofre desde el 17 de
septiembre de 1979 hasta el 12 de noviembre de 1979, nombrada en interinidad para
cubrir una licencia de maternidad. Señaló que el Tribunal dio validez a un oficio de
fecha 2 de mayo de 2023, emitido por la Institución Educativa Santa Clara de San
Onofre firmado por el rector, quien indicó que se encontró la Resolución 510 de 1979,
por medio del cual se nombró a la accionante en interinidad para reemplazar a una
docente por licencia de maternidad, y que tienen un libro de calificaciones firmado por
las alumnas que dan cuenta de que la demandante fue su docente.
27. Afirmó que dichas pruebas no acreditan que efectivamente la accionante haya
prestado sus servicios, toda vez que se requiere el acta de posesión, documento que
junto con el decreto de nombramiento comprueba la efectiva posesión en el cargo y el
inicio de la prestación de los servicios, lo cual no puede suplirse con los testimonios
recaudados en el proceso. Precisó que el rector en el oficio antes citado mencionó un
libro de calificaciones, pero no aportó copia de este, ni de algún documento donde
conste que efectivamente la demandante prestó sus servicios.
28. Adujo que, en cuanto a la regla jurisprudencial según la cual se debe probar el
tipo de vinculación, ninguno de los documentos relacionados y mucho menos el
testimonio de las alumnas rendido en audiencia de pruebas puede y tiene la virtualidad
de demostrar que la vinculación de la demandante fue de carácter municipal en el
período en que dice haber prestado sus servicios en San Onofre. Señaló que, respecto
a la pauta de probar el origen de los recursos, se evidencia que el Tribunal decretó
como prueba el aporte de documentación por parte de la institución educativa, pero
esta solo allegó la Resolución 510 de 1979, por lo que la autoridad judicial era
4 Samai, gestión otros despachos, 70001233300020170023300, índice 25, expediente digital, archivo
042RecursoApelacion.
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Demandado: UGPP
consciente de que no contaba con todo el material probatorio y en especial con la
documentación que probara el origen de los recursos y el tipo de vinculación.
29. Sostuvo que el caso particular no podía resolverse a favor de la demandante
existiendo vacíos sobre los tiempos de servicio, el tipo de vinculación y el origen de los
recursos. Indicó que no se probó que la demandante realmente haya prestado los
servicios en el período del 17 de septiembre de 1979 hasta el 12 de noviembre de
1979 y sobre todo que la remuneración percibida por concepto de salarios en su
calidad de docente haya sido sufragada por una entidad territorial. Ello da lugar a
presumir que su vinculación pudo haber sido con la Nación, presunción que encuentra
fundamento en el artículo 1 de la Ley 43 de 1975.
30. Indicó que al revisar los documentos que reposan en el expediente
administrativo y que se aportaron al proceso judicial, no se evidencia que existan
certificaciones que aclaren realmente cuál era el tipo de vinculación de la demandante
desde la óptica de la financiación de su cargo, por tanto, la decisión contenida en la
sentencia se adoptó sin contarse con la documentación que aclare sin lugar a
equívocos el verdadero origen de los recursos.
31. Finalmente, solicitó que en caso de confirmarse la sentencia objeto de estudio,
se tenga en cuenta que operó el fenómeno prescriptivo propio de los derechos
laborales, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y al artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969. Por ende, pidió que se declaren prescritas todas las mesadas
pensionales causadas con anterioridad a los 3 años que antecedieron a la reclamación
del reconocimiento pensional.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
32. Mediante auto del 30 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia5.
2.6. Ministerio Público
33. La «Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado» rindió concepto y solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia6.
34. Señaló que de conformidad con los documentos que obran en el plenario la
accionante se vinculó al servicio de la docencia antes del 1 de enero de 1981, en el
departamento de Sucre. Por ende, al haber cumplido más de 20 años de servicio de
orden departamental y/o municipal, y 50 de edad, sin tener ningún antecedente
5 Samai, índice 04, expediente digital, archivo 4Autoqueadmite_10472025Autoqueadmit(.pdf).
6 Samai, índice 09, expediente digital, archivo Memorial_FLF_11Concepto(.pdf).
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disciplinario, acreditó los requisitos previstos por la ley para ser acreedora de la
pensión gracia que reclama.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
36. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:
37. ¿La demandante tiene derecho al reconocimiento de una pensión gracia, con la
acumulación del tiempo de servicio prestado a la docencia antes del 31 de diciembre
de 1980, considerando este como de carácter territorial, aun cuando no obra en el
expediente copia del acta de posesión del nombramiento efectuado el 17 de
septiembre de 1979, ni existe certeza del origen de los recursos que financiaron la
plaza que ocupó?
38. En caso afirmativo, ¿los argumentos expuestos por la entidad accionada frente
a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre referente a la
prescripción, son suficientes para revocar la orden de reconocimiento y pago de la
pensión gracia?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
39. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1.º de la Ley 114
de 1913, beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años.
40. La Ley 116 de 1928 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la
inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
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41. Posteriormente, la Ley 37 de 1933 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
42. Por su parte, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2.°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
43. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 19977,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
44. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 20188,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
45. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados9, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal10; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
9 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
10 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].
46. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados relevantes
47. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
• Edad
48. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere
en primer lugar haber cumplido 50 años. En el caso concreto, la señora Alejandrina
Julio de Castro nació el 27 de febrero de 195711, en consecuencia, acreditó la edad de
50 años el 27 de febrero de 2007.
• Tiempo de servicios
49. La demandante fue nombrada mediante la Resolución 510 de 1979 suscrita por
el secretario de educación del departamento de Sucre como maestra itinerante de la
Escuela Urbana 2 de Niñas del municipio de San Onofre, por el término de 56 días, a
partir del 17 de septiembre de 1979, en remplazo de Rosario del Carmen Julio Rivas,
a quien se le concedió licencia por maternidad12.
50. De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de Educación del
Departamento de Sucre del 4 de enero de 2016, la accionante se posesionó el 4 de
marzo de 1983 al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre
y ha prestado sus servicios «en el nivel básica secundaria, vinculación: propiedad,
11 Según copia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía, visible en Samai, gestión otros
despachos, 70001233300020170023300, visualizar expediente, expediente digital, archivo
DEMANDA_1209201724740pm_ded6a272c6ab4184b7d51785b433e732.pdf, págs. 3 a 4.
12 Según la misma Resolución 510 de 1979 vista en Samai, gestión otros despachos, 70001233300020170023300,
visualizar expediente, expediente digital, archivo
DEMANDA_1209201724740pm_ded6a272c6ab4184b7d51785b433e732.pdf, pág. 9.
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como departamental en forma continua», vinculada al momento en que se expidió el
documento13. Esto quiere decir que acreditaba un total de 32 años y 10 meses de
servicio.
• Negativa del reconocimiento pensional. Actos acusados
51. Mediante la Resolución 049845 del 26 de noviembre de 2015, la UGPP negó a
la accionante el reconocimiento y pago de una pensión gracia, al señalar que como se
vinculó al servicio de la docencia oficial a partir del 3 de marzo de 1983, no acreditó el
requisito establecido por la ley para el efecto, esto es, haber desempeñado el ejercicio
docente al 31 de diciembre de 198014.
52. A través de la Resolución RDP 007165 del 18 de febrero de 2016, la entidad
confirmó el anterior acto administrativo, al resolver el recurso de apelación interpuesto
en su contra15.
• Pruebas testimoniales
53. En audiencia de pruebas celebrada el 23 de enero de 2019, se recibieron los
testimonios de las señoras Irma de la Rosa Berrío, Rosario del Carmen Julio de
Meléndez y Sol Milena Hernández González. Asimismo, se le practicó interrogatorio
de parte a la señora Alejandrina Julio de Castro16. Tales pruebas fueron decretadas
por el juez de primera instancia en la audiencia inicial17, con el fin de ratificar las
declaraciones extrajuicio que fueron allegadas con la demanda18.
• Testimonio de la señora Irma de la Rosa Berrío
54. Manifestó que se desempeñó como docente en la escuela María Auxiliadora de
San Onofre a partir de 1972 y conoce a la señora Alejandrina Julio de Castro desde
hace 42 años porque han sido vecinas. Declaró que la accionante llegó a la escuela
antes mencionada en septiembre de 1979 a cubrir la licencia de maternidad de la
maestra Rosario Julio de Meléndez, durante 56 días, como lo establecía en ese
entonces el Gobierno nacional.
55. Le aclaró a la agente del Ministerio Público que la Escuela 2.ª Urbana de Niñas
era la misma Escuela María Auxiliadora. Sobre el particular, indicó que hace un tiempo
13 Samai, gestión otros despachos, 70001233300020170023300, visualizar expediente, expediente digital, archivo
DEMANDA_1209201724740pm_ded6a272c6ab4184b7d51785b433e732.pdf, pág. 10.
14 Samai, gestión otros despachos, 70001233300020170023300, visualizar expediente, expediente digital, archivo
DEMANDA_1209201724740pm_ded6a272c6ab4184b7d51785b433e732.pdf, págs. 17 a 19.
15 Samai, gestión otros despachos, 70001233300020170023300, visualizar expediente, expediente digital, archivo
DEMANDA_1209201724533pm_3933f3c6270546b385fed4b585d9d145.pdf, págs. 2 a 3.
16 Samai, índice 16, expediente digital, archivo 18RECIBEMEMORIAL_C01Principalzip(.zip), documento
000ExpedienteDigitalizado, págs. 261 a 268.
17 Samai, índice 16, expediente digital, archivo 18RECIBEMEMORIAL_C01Principalzip(.zip), documento
000ExpedienteDigitalizado, págs. 119 a 128.
18 Samai, índice 16, expediente digital, archivo 18RECIBEMEMORIAL_C01Principalzip(.zip), documento
000ExpedienteDigitalizado, págs. 7 a 13.
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las escuelas urbanas pasaron de esa denominación a ser instituciones, y esas
instituciones a su vez abarcaron sedes. En cuanto a la Escuela María Auxiliadora,
«entró a ser sede de la Institución Educativa Santa Clara». Por último, señaló que ella
no tuvo problema alguno con su acta de posesión como docente de la Escuela María
Auxiliadora expedida por la alcaldía.
• Testimonio de la señora Rosario del Carmen Julio de Meléndez19
56. Indicó que es pensionada, luego de haber trabajado como docente por más de
42 años. Sostuvo que no conocía a la señora Alejandrina Julio de Castro, sino hasta
cuando la remplazó, dada la licencia de maternidad que le fue concedida por su
segundo hijo. Dicha licencia ocurrió mientras laboró como docente en la Escuela
Urbana 2.ª de Niñas.
57. Precisó, ante la pregunta realizada sobre el punto por la apoderada de la parte
demandante, que la licencia se confirió el 17 de septiembre de 1979, de su hijo Edgar
Luis Meléndez Julio, quien está vivo y «tiene 39 años», según le afirmó al juez.
58. Al responder a los cuestionamientos de la apoderada de la entidad accionada,
dijo que aun cuando no recordaba la fecha en la que se reintegró al servicio, la licencia
era de 56 días.
59. A su vez, aclaró que quien la nombró en el cargo de docente en aquella época
fue el Ministerio de Educación; pero desconocía quién realizó el nombramiento de la
demandante.
• Testimonio de la señora Sol Milena Hernández González
60. Afirmó que conoció a la señora Alejandrina Julio de Castro desde cuando
estudió en el colegio María Auxiliadora. Manifestó que mientras cursaba quinto de
primaria fue ella quien cubrió la licencia de maternidad a la docente Rosario, que
estaba embarazada. Indicó que ingresó a ese plantel como alumna desde que tenía 9
años e hizo toda la primaria allí; cursó primero y segundo de bachillerato en el Colegio
Santa Clara. Precisó que culminó la primaria en el año 1979 y recordaba que la
accionante fue la encargada de realizar el remplazo, puesto que en esa época los
estudiantes se encariñaron mucho con ella y cuando se terminó la licencia no querían
que se fuera. Indicó que cuando la docente Alejandrina comenzó en el colegio inició
una bonita amistad con ella porque «los quiso mucho», además se la encontraban
cuando salían del colegio. Dijo que no se acordaba en qué fecha ingresó a la institución
educativa la profesora Rosario, pero sí que fue luego de la maestra Mafalda Rivera de
Paredes.
19 Según la declaración extrajuicio rendida ante la notaria única (E) del círculo de San Onofre el 15 de octubre de
2015, este corresponde al nombre de casada de la declarante. Su nombre es Rosario Julio Rivas. Ver: Samai,
índice 16, expediente digital, archivo 18RECIBEMEMORIAL_C01Principalzip(.zip), documento
000ExpedienteDigitalizado, pág. 7.
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61. Ante las inquietudes de la agente del Ministerio Público, afirmó que la docente
Alejandrina dictaba todas las materias.
• Interrogatorio de parte. Señora Alejandrina Julio de Castro
62. Señaló que es docente normalista desde diciembre de 1978 cuando se graduó.
Respecto a la pregunta del juez sobre su experiencia laboral antes de 1980, adujo que
en 1979 trabajaba en el colegio privado Liceo San Onofre, y en septiembre le llegó la
comunicación sobre la licencia de maternidad que terminó «al finalizar el año». Luego
de esa licencia en 1980 no trabajó; en 1981 y 1982 laboró de nuevo en el Liceo San
Onofre; y en 1983 la nombró el departamento, «hasta el momento».
63. Aclaró que el calendario escolar en el Liceo San Onofre era de enero a
diciembre en doble jornada, así que cuando cubrió la licencia se quedó allí en la
jornada de la tarde, porque en la mañana permanecía en la «Escuela 2.ª Urbana de
Niñas María Auxiliadora». Precisó que de 02:00 p. m. a 05:00 p. m. trabajaba en el
colegio privado.
64. Afirmó que conocía a la señora Rosario Julio de Melendez, a quien remplazó y
con quien mantiene el contacto. Destacó que el departamento la nombró para cubrir la
licencia.
65. A las preguntas de la apoderada de la parte demandada, respondió que sabía
que la nombró el departamento porque el comunicado le llegó de la gobernación de
Sucre. Respecto a la licencia de maternidad del año 1979, dijo que inició en septiembre
y terminó en noviembre, y en ese entonces eran 56 días. Sostuvo que «el acta de la
licencia en el municipio, desaparecieron algunos documentos que estaban en ese libro,
hay unos que quedaron con unas hojitas partidas que no se pueden ver» (sic), por lo
tanto, acudió a la declaración juramentada.
66. Afirmó que cubrió la licencia en la «Escuela 2.ª Urbana de Niñas María
Auxiliadora», que con la transformación que ocurrió es una «sede de Santa Clara».
67. Precisó que el requisito para realizar la licencia era estar graduada y no se le
solicitó experiencia.
68. Ante los interrogantes de la agente del Ministerio Público, manifestó que la
rectora del colegio para el año 1979, si no estaba mal, era Alicia Gutiérrez y luego
Mafalda.
69. Luego, ante las inquietudes del juez, indicó que ella estaba buscando un
nombramiento para trabajar, y que un amigo que tenía en la gobernación le estaba
ayudando, así que cuando salió la licencia se la dieron a ella para cubrirla y aceptó.
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70. Por último, aclaró que durante la licencia laboraba 5 horas, en horario de 07:30
a. m. a 12:30 p. m.
3.5. Caso concreto
71. En el asunto bajo estudio, la inconformidad de la parte accionada con la
sentencia de primera instancia radica en que estima que la accionante no tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia, toda vez que no acreditó que
haya prestado sus servicios como docente territorial antes del 31 de diciembre de
1980. Ello, por cuanto el tiempo que dice haber laborado al servicio del municipio de
San Onofre, del 17 de septiembre de 1979 al 12 de noviembre de 1979, no resulta
válido para efectos de realizar el cómputo del periodo de servicios requerido para el
reconocimiento pensional, toda vez que en el expediente solo obra el acto de
nombramiento y no el acta de posesión necesario para el efecto.
72. A su vez, alega que no se probó si el origen de los recursos con que fue
financiada la remuneración percibida como docente era territorial, lo que da lugar, a su
juicio, a presumir que su vinculación pudo haber sido con la Nación.
73. Al respecto, se tiene que el Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda
y ordenó a la entidad accionada al reconocimiento y pago de una pensión gracia a
favor de la señora Alejandrina Julio de Castro, al considerar que los actos de
nombramiento y las certificaciones aportadas al proceso acreditan la calidad de
docente territorial por más de 20 años.
74. En este orden de ideas, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos
propuestos.
3.5.1. De la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980
75. De conformidad con la Resolución 510 de 1979, suscrita por el secretario de
educación del departamento de Sucre, que obra en el expediente, se tiene que la
señora Alejandrina Julio de Castro fue nombrada el 17 de septiembre de 1979 por el
término de 56 días, como maestra itinerante de la Escuela Urbana 2.ª de Niñas en el
municipio de San Onofre, para cubrir la licencia de maternidad de la docente Rosario
del Carmen Julio Rivas. No obstante, no se aportó el acta de posesión que permita
acreditar la prestación del servicio, motivo por el cual la entidad recurrente alega que
ese periodo no puede tenerse como válido para demostrar la vinculación antes del 31
de diciembre de 1980.
76. Sobre el particular, se precisa que en materia del reconocimiento de la pensión
gracia, conforme lo ha sostenido esta Subsección20, no existe una tarifa legal para
20 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2025, exp. 73001-
23-33-000-2021-00061-01 (5634-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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probar la calidad de docente territorial, tan así que la Sección Segunda de esta
corporación, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201821
indicó que para acreditar tal calidad resulta idónea la copia de los actos administrativos
en los que conste el vínculo y en los que se pueda establecer con claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, los certificados de la entidad nominadora, siempre que de forma inequívoca
evidencien el tipo de vinculación. Esto, en los siguientes términos:
[…]
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
[…].
77. De acuerdo con la sentencia anterior, no solo los actos administrativos de
nombramiento y posesión son válidos para acreditar el vínculo docente con carácter
territorial, sino que es posible hacerlo a través de otros medios probatorios, como las
certificaciones de la autoridad nominadora, en la medida que a partir de estas puede
inferirse la existencia de una decisión de la administración que designó a una persona
para la prestación del servicio docente.
78. En tal sentido, la decisión de unificación estableció un criterio orientador para
tener por acreditada la calidad de docente territorial, destacando los actos
administrativos y/o las certificaciones en los que conste el vínculo, pues a partir de
ellas puede predicarse razonablemente la referida condición, lo que no significa que
con tal parámetro se estén excluyendo otro tipo de pruebas que permitan confirmar o
desvirtuar el tipo de vinculación y la prestación del servicio.
79. Aclarado lo anterior, se destaca que, contrario a lo alegado por la entidad
recurrente, el hecho de que no se haya aportado el acta de posesión no implica per se
la imposibilidad de acreditar la vinculación de la accionante como docente territorial o
la prestación del servicio a través de otros medios probatorios.
80. Ahora bien, en el caso concreto se tiene que aun cuando obra en el expediente
el acto de nombramiento dictado por el secretario de educación del departamento de
Sucre, en el que se designó a la accionante como docente itinerante a partir del 17 de
septiembre de 1979 para cubrir una licencia de maternidad, lo cierto es que no se
aportó copia del acta de posesión, como en efecto lo sostiene la entidad accionada.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018, exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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81. Al respecto, se destaca que el secretario de educación municipal de San Onofre,
Sucre, al responder el requerimiento efectuado por el juez de primera instancia, a
través de oficio del 11 de diciembre de 2018, indicó que el acta de posesión donde
consta que la señora Alejandrina Julio fue posesionada para una licencia de
maternidad en el año 1979 «no se encuentra en ninguno de estos despachos por
deterioro de algunos libros de estos años»22.
82. Sobre el punto también se pronunció la accionante en el interrogatorio de parte,
quien mencionó en cuanto al acta de posesión, que algunos documentos del libro en
el que el acta estaba desaparecieron del municipio y otros, se encontraban
incompletos; razón por la cual realizó una declaración juramentada.
83. Ahora bien, se tiene que en el trámite de primera instancia se practicaron los
testimonios de las señoras Irma de la Rosa Berrío, Rosario del Carmen Julio de
Meléndez y Sol Milena Hernández González, además del interrogatorio de parte antes
aludido. En sus afirmaciones, todas las testigos ratificaron las declaraciones extrajuicio
aportadas junto con la demanda, y coincidieron en manifestar que la señora
Alejandrina Julio de Castro realizó una licencia de maternidad que se le concedió a la
docente Rosario del Carmen Julio de Meléndez en la Escuela 2.a Urbana de Niñas del
municipio de San Onofre, en septiembre de 1979, por el término de 56 días. Dichos
testimonios no fueron tachados de falsos y se precisa que serán valorados,
comoquiera que, en asuntos como el presente, según se explicó antes, no existe tarifa
legal.
84. En consecuencia, y en atención a los criterios generales de valoración
probatoria, es imperativo acudir al estudio en conjunto de las pruebas bajo las reglas
de la sana crítica (arts. 24223 y 17624 del CGP), teniendo en cuenta que el juez debe
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
85. En este orden de ideas, se tiene que rindió testimonio la señora Rosario del
Carmen Julio de Meléndez, quien fue la maestra a la que la accionante remplazó
cuando se le concedió la licencia de maternidad. En su declaración manifestó que la
licencia se otorgó con ocasión al nacimiento de su segundo hijo, Edgar Luis Meléndez
Julio, el día 17 de septiembre de 1979, por el término de 56 días.
86. Acerca de la vinculación de la demandante, la señora Sol Milena Hernández
González señaló que fue su alumna en quinto grado de primaria en el año 1979, en la
Escuela María Auxiliadora, cuando cubrió la licencia de maternidad a la docente
22 Samai, índice 16, expediente digital, archivo 18RECIBEMEMORIAL_C01Principalzip(.zip), documento
006MemorialRecibido, págs. 1 a 2.
23 Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su
gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.
24 Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez
de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
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Rosario. Sostuvo que la recordaba porque los alumnos se encariñaron mucho con ella
y no querían que se fuera de la institución. Sobre dicha testigo, se destaca que obra
en el expediente una certificación expedida el 10 de diciembre de 2018 por la
coordinadora académica de la Institución Educativa Santa Clara de San Onofre, en la
que consta que cursó y aprobó en esa institución el grado quinto de educación básica
primaria en el año lectivo 197925.
87. Sobre este punto se destaca que según lo explicó la testigo, Irma de la Rosa
Berrío, la Escuela 2.a Urbana de Niñas era la misma Escuela María Auxiliadora, solo
que las escuelas urbanas cambiaron de denominación y a su vez, comenzaron a ser
sede de otras instituciones, como en este caso, la Escuela María Auxiliadora pasó a
ser una de las sedes de la Institución Educativa Santa Clara.
88. Al respecto, la misma accionante en el interrogatorio de parte, indicó que la
licencia de maternidad la realizó en el año 1979 en la «Escuela 2.a Urbana de Niñas
María Auxiliadora» y con la transformación que surgió, ahora es una «sede de Santa
Clara». En cuanto a dicha licencia, dijo que dictaba las clases en la jornada de la
mañana, en horario de 07:30 a.m. a 12:30 p.m.; mientras que en las tardes trabajaba
en el colegio privado Liceo San Onofre en el horario de 02:00 p.m. a 05:00 p.m.
89. En este orden de ideas, en el caso bajo estudio, efectuada la valoración
probatoria, se considera acreditada la vinculación de la señora Alejandrina Julio de
Castro como docente territorial al servicio del departamento de Sucre antes del 31 de
diciembre de 1980. Ello, toda vez que la Resolución 510 de 1979, a través de la cual
fue nombrada, la dictó una autoridad territorial sin intervención alguna del Ministerio
de Educación; sumado a que la vinculación se corrobora con los testimonios
practicados, que logran demostrar que la accionante prestó sus servicios en calidad
de docente en los términos señalados en el acto de nombramiento. Sobre el particular,
se señala que las pruebas documentales y testimoniales no fueron tachadas de falsas
en el proceso y, por tanto, tienen pleno valor probatorio.
90. Finalmente, en relación con el argumento de la entidad apelante concerniente
a que el oficio emitido el 2 de mayo de 2023 por el rector (e) de la institución Educativa
Santa Clara de San Onofre26, analizado por el Tribunal, no acredita que efectivamente
la accionante haya prestado sus servicios con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
se precisa que no es este el único elemento probatorio que permitió a la Sala bajo las
reglas de la sana crítica dar por acreditada dicha vinculación; toda vez que a tal
conclusión se llegó luego de valorar el acto administrativo de nombramiento y las
pruebas testimoniales practicadas, como se expuso en precedencia.
25 Samai, índice 16, expediente digital, archivo 18RECIBEMEMORIAL_C01Principalzip(.zip), documento
006MemorialRecibido, pág. 3.
26 Samai, índice 16, expediente digital, archivo 18RECIBEMEMORIAL_C01Principalzip(.zip), documento
029_RespuestaOficio0274, pág. 1.
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91. Por otra parte, en cuanto al alegato de la parte recurrente referente a que se
desconocen los recursos que sirvieron para pagar los salarios de la demandante
durante la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 y, por ende, se podría
determinar que la plaza era nacional, cabe señalar que la Sección Segunda en
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 explicó que las entidades territoriales
son las titulares directas de los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones sin que ello afecte la modalidad de la vinculación docente ni la
naturaleza de las plazas ocupadas por estos en los entes territoriales. De esta manera,
lo determinante para probar la calidad de docente territorial es la acreditación de la
plaza a ocupar, que como se logró demostrar en el caso particular correspondió a una
de carácter territorial.
92. Así las cosas, se considera procedente confirmar la sentencia de primera
instancia que reconoció una pensión gracia a favor de la demandante, en tanto acreditó
los requisitos para el efecto. Esto es, tener más de 50 años, 20 años de servicio a la
docencia territorial y estar vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 a una plaza de
la misma naturaleza. Este último requisito fue el único que se discutió en el recurso de
apelación objeto de estudio.
3.5.2. Resolución del segundo problema jurídico
93. La entidad accionada solicitó en la apelación que se declare la prescripción de
las mesadas pensionales que no fueron reclamadas de manera oportuna, de
conformidad con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
94. Sobre el punto, se tiene que el Tribunal Administrativo de Sucre declaró la
prescripción de las mesadas pensionales que se causaron antes del 15 de julio de
2012. Ello, toda vez entre la fecha en la que se consolidó el derecho pensional de la
demandante —27 de septiembre de 2007—, y aquella en que se realizó la solicitud
ante la administración —14 de julio de 2015—, transcurrieron más de tres años.
95. En este orden de ideas, resulta claro que la entidad no discutió propiamente la
manera como se contabilizó el término de la prescripción, ni las fechas tenidas en
cuenta para el efecto, en tanto su reparo frente a la sentencia recurrida versa sobre el
hecho de no haberse declarado la prescripción trienal del derecho reconocido.
96. Al respecto, se destaca que, en las consideraciones del fallo impugnado se
señaló que, si bien se accedería al reconocimiento de la pensión gracia reclamada por
la parte accionada, lo cierto era que había operado el fenómeno de la prescripción de
las mesadas causadas antes del 15 de julio de 2012, comoquiera que la reclamación
administrativa se presentó más de tres años después de la adquisición del estatus
pensional.
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Radicación: 70001-23-33-000-2017-00233-01 (1047-2025)
Demandante: Alejandrina Julio de Castro
Demandado: UGPP
97. Así, se evidencia que el recurso de alzada frente al tema de la prescripción no
es congruente con la sentencia recurrida, toda vez que resulta claro que el Tribunal
declaró la configuración de la prescripción trienal del derecho pensional.
98. Lo anterior impide a la Sala inferir el desacuerdo de la entidad con la decisión
de primera instancia en lo ateniente a la prescripción; máxime cuando sus argumentos
se dirigen a cuestionar una decisión que no se adoptó.
99. Por ende, se concluye que la inconformidad de la parte recurrente relacionada
con la excepción de prescripción no confronta de manera directa las razones que
fundamentan la sentencia impugnada. En consecuencia, los argumentos de la entidad
no son suficientes para revocar lo ordenado por el Tribunal.
100. Finalmente, se aclara que si bien se observa que el Tribunal en la parte
considerativa de la sentencia de primera instancia manifestó que se declararía la
prescripción de las mesadas pensionales causadas antes del 14 de julio de 2012, lo
cierto es que, en la parte resolutiva de la decisión, declaró «prescrito el pago de las
mesadas que se generen con el reconocimiento anteriores al 15 de julio de 2012, por
prescripción trienal». En tal sentido, se modificará el numeral cuarto del fallo
impugnado para en su lugar, declarar la prescripción de las mesadas pensionales
anteriores al 14 de julio de 2012, siendo ello lo correcto; máxime cuando la
demandante solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia el 14 de
julio de 201527.
3.6. Conclusión de la decisión
101. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la valoración de las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas en el proceso, se concluye que como la
accionante se vinculó al departamento de Sucre el 17 de septiembre de 1979, esto es,
antes del 31 de diciembre de 1980, en calidad de docente territorial, cumple con el
requisito para el reconocimiento de la pensión gracia que fue cuestionado a través del
recurso de apelación.
102. Por otra parte, los argumentos de alzada respecto a la configuración de la
prescripción no son suficientes para revocar la decisión del Tribunal, en cuanto al
reconocimiento y pago de la pensión gracia. No obstante, se modificará la sentencia
impugnada en cuanto a declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas
antes del 14 de julio de 2012, por cuanto se advirtió un error en la fecha en la que se
declaró la prescripción entre lo expuesto en la considerativa y la parte resolutiva del
fallo.
27 Según se señaló en la Resolución RDP 049845 del 26 de noviembre de 2015. Hecho que no fue controvertido
por ninguna de las partes. Ver: Samai, gestión otros despachos, 70001233300020170023300, visualizar
expediente, expediente digital, archivo
DEMANDA_1209201724740pm_ded6a272c6ab4184b7d51785b433e732.pdf, págs. 17 a 19.
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Radicación: 70001-23-33-000-2017-00233-01 (1047-2025)
Demandante: Alejandrina Julio de Castro
Demandado: UGPP
3.7. Costas
103. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 28 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2024
por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Modificar el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, el cual
quedará así:
Cuarto: Declarar prescrito el pago de las mesadas que se generen con el
reconocimiento, anteriores al 14 de julio de 2012, por prescripción trienal.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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