República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00847-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y
Secretaría de Educación de Bogotá
Tema. Pensión gracia. Subtema 1. Requisito de tiempo laborado en plazas del orden
departamental, municipal, distrital o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
Subtema 2. Origen de los recursos destinados a la financiación de los salarios de los
docentes no incide en la determinación del tipo de vinculación Subtema 3.
Situaciones administrativas no afectan la naturaleza de la designación.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 18
de septiembre de 2025, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado en estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizada por más de 20
años, cumplió con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez,
consagración y buena conducta.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D negó lo
solicitado, por lo que la accionante apeló la decisión e insistió en que cumple con los
requisitos legales de la prestación reclamada. La Sala confirmará el fallo de primera
instancia, en la medida en que no se encuentra acreditado el tiempo de servicio
docente de 20 años, con vinculación territorial o nacionalizada, desde antes del 31 de
diciembre de 1980, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Elva María Vega Sandoval, mediante apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 17 de
abril de 20181, en contra de la UGPP y de la Secretaría de Educación de Bogotá, con
las siguientes pretensiones:
a. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 029169 del 21 de julio de
2017 y RDP 036238 del 20 de septiembre de 2017, por medio de las cuales la
UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.
b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a su favor, por reunir
los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la Ley 114 de 1913.
Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el momento en que adquirió
el estatus, con inclusión de todos los factores salariales devengados, ajustes e
indexaciones a que haya lugar.
2.1.1. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La accionante nació el 11 de diciembre de 1958, por lo que cumplió la edad de
50 años el 11 de diciembre de 2008. Afirmó que, laboró por más de 20 años al servicio
de instituciones educativas con vinculación de carácter territorial y nacionalizada, así:
(a) desde el 20 de septiembre de 1979, en virtud de la Resolución 14238 del 28
de agosto de 1979, hasta el 28 de enero de 1988;
(b) a partir del 27 de junio de 1995, en atención a la Resolución 469 de los
mismos día, mes y año, hasta el 3 de septiembre de 2007, cuando fue retirada
del servicio por invalidez.
4. Cumplidos el tiempo y la edad exigidos legalmente, la accionante le solicitó a
la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue negada a través
de los actos acusados, que indicaron que el tiempo de servicio prestado no se ajusta
al establecido para el reconocimiento de dicha pensión, incluso, que no tuvo
vinculación nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980, por lo que
no podía otorgársele.
5. La demandante estimó que la UGPP desconoció que, conforme a la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, los recursos
provenientes del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones transferidos
a los entes territoriales pertenecen a estos en calidad de rentas propias o exógenas,
de modo que la intervención del Ministerio de Educación Nacional o su delegado en
1 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27,21 DEMANDA, pp.1.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
el acto de nombramiento no muta la naturaleza territorial o nacionalizada de la
vinculación.
6. Adujo que la correcta clasificación del vínculo exige, en cada caso, determinar
si la plaza ocupada fue de carácter territorial o nacionalizado, atendiendo a criterios
como la entidad nominadora, la planta de personal en que figura la plaza, la
procedencia de los recursos con que se pagaban los salarios y las prestaciones
sociales, así como el acta de posesión correspondiente. Señaló que las certificaciones
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación
Distrital, que la clasifican como docente nacional, carecen de sustento, porque en ellas
no se acreditó que figurara en la planta de personal del nivel central de la cartera
ministerial ni que sus salarios hubiesen sido sufragados con recursos propios de la
Nación.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 46 de 1973.
• Ley 43 de 1975.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 60 de 1993.
• Ley 100 de 1993.
• Acto legislativo 1 de 2005.
8. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
concluir que, en su caso, la entidad accionada se apartó del ordenamiento jurídico e
hizo una interpretación errónea del carácter de la vinculación de los tiempos prestados
al servicio docente.
2.2. Contestaciones de la demanda
9. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la accionante no probó la prestación del servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculaciones de orden departamental, municipal, distrital o nacionalizada.
Al contrario, las probanzas dan cuenta que su vinculación fue de índole nacional antes
del 31 de diciembre de 1980, por lo que no es dable reconocerle la pensión gracia 2.
10. La Secretaría de Educación de Bogotá D.C. sostuvo que los actos demandados
2 Samai, Tribunal, índice 00037, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30,57 CONTESTACIONDEMANDA.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
fueron expedidos por la UGPP, motivo por el cual, en caso de declararse su nulidad,
no es la llamada a responder3.
2.3. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en la sentencia del 18 de septiembre de 20254, negó las pretensiones de la demanda
en los siguientes términos:
12. La demandante no logró demostrar una vinculación territorial – nacionalizada
al servicio docente al 31 de diciembre de 1980, puesto que las probanzas dan cuenta
que la vinculación del 20 de septiembre de 1979 tuvo un carácter nacional. Es así que
fue nombrada mediante la Resolución 14238 del 28 de agosto de 1979, expedida por
el ministro de educación nacional, como profesora de enseñanza elemental en el
Núcleo Escolar de San José Dolores (Tolima). Además, el certificado de información
laboral suscrito por el subdirector de talento humano del Ministerio de Educación
Nacional da cuenta de que la accionante prestó sus servicios entre el 20 de septiembre
de 1979 y el 27 de enero de 1988 con vinculación nacional.
13. Lo anterior, lo corroboraba la certificación de la asesora de la Secretaría
General de la misma cartera ministerial, según la cual los sucesivos traslados de la
docente –en esa época– por diferentes departamentos del país, fueron a través de
actos administrativos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.
14. A partir de lo anterior, el Tribunal concluyó que la única vinculación de la
demandante anterior al 31 de diciembre de 1980 fue de carácter nacional, lo que la
excluye del régimen de la pensión gracia; y que si bien a partir de 1995 contó con una
vinculación como docente territorial al servicio del Distrito Capital, esta no puede
computarse para el efecto, por cuanto el vínculo anterior a la fecha límite fue de
carácter nacional.
2.4. Recurso de apelación
15. La demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación5 en el
que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los
siguientes razonamientos:
16. Se incurrió en un defecto fáctico, porque el Tribunal valoró de forma arbitraria
e irrazonable las pruebas, omitiendo determinar quién fue el verdadero empleador de
la docente durante el período del 20 de septiembre de 1979 al 22 de junio de 1988.
17. No se estableció si se trataba del Ministerio de Educación, o los departamentos
de Tolima, Caldas, Cundinamarca o Caquetá.
3 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36,54 CONTESTACIONDEMANDA.
4 Samai, Tribunal, índice 00110, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 110, 154_SENTENCIA.
5 Samai, Tribunal, índice 00114, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 114, 156_RECIBEMOMORIALES.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
18. Indicó que, en su caso, se configura una relación laboral encubierta —
prestación personal del servicio, subordinación y remuneración— con los entes
territoriales. Según Vega Sandoval, al recibir órdenes de las secretarías de educación
departamentales, cumplir horarios y funciones asignadas por estas, máxime que sus
salarios eran pagados con recursos del Situado Fiscal o Sistema General de
Participaciones, que constituyen rentas propias de los entes territoriales, su vínculo
fue con estos y no con el Ministerio de Educación Nacional.
19. En consonancia con lo anterior, sostuvo que los docentes pagados con
recursos del Situado Fiscal son de carácter territorial, independientemente de que el
nombramiento formalmente lo haya efectuado el Ministerio de Educación Nacional. El
acto de designación no define por sí solo el tipo de vinculación.
20. En conclusión, para la recurrente el Tribunal omitió su deber de confrontar las
probanzas obrantes en el expediente judicial a fin de tener claridad si el vínculo de la
docente fue con un ente territorial o con el Ministerio de Educación Nacional.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
21. Mediante auto del 9 de abril de 20266, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación presentado por la parte demandante, y se prescindió del traslado para
alegar de conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se
solicitaron pruebas en segunda instancia.
2.6. Ministerio público
22. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 7 del
6 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4,5_AUTOQUEADMITE.
7 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
25. ¿La demandante logró acreditar la prestación del servicio a la docencia oficial
del orden territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia?
26. En caso afirmativo, ¿la demandante cuenta con el tiempo de servicio docente
de 20 años con vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento
y pago de la pensión gracia?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
27. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 8,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre y cuando se desempeñaran en el
empleo con honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de
carácter nacional.
28. La Ley 116 de 19289 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
29. Posteriormente, la Ley 37 de 193310 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
30. Por su parte, la Ley 91 de 198911, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
8 «Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
6
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
31. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1012 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
32. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199713,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
12 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
33. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201814,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
34. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados15, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
15 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
8
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal16; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
35. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
36. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:
• Edad
37. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Elva María Vega Sandoval nació el 11 de
diciembre de 1958, según se lee en la copia de su cédula de ciudadanía17, en
consecuencia, cumplió la edad de 50 años el 11 de diciembre de 2008.
• Vinculación docente
38. Obra la Resolución 14238 del 28 de agosto de 197918, por medio de la cual el
ministro de educación nacional de la época nombró a la señora Elva María Vega
Sandoval como profesora de enseñanza elemental en el Núcleo Escolar de San José
Dolores, Tolima.
39. Se encuentra el acta del 20 de septiembre de 197919, que da cuenta de que la
accionante se presentó al despacho del ministro de educación nacional a fin de tomar
posesión del empleo de profesora de enseñanza elemental, para el cual fue nombrada
a través de la resolución antes mencionada.
16 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
17 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 68, 100_RECIBEMEMORIALES, pp.1.
18 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27,20 ANEXOSDELADEMANDA. pp.20.
19 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27,20 ANEXOSDELADEMANDA. pp.21.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
40. La copia de la certificación de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio
de Educación Nacional del 5 de septiembre de 201620, da cuenta de que la accionante
prestó sus servicios a esa cartera ministerial por 8 años, 4 meses y 8 días, así:
• Mediante la Resolución 14238 del 28 de agosto de 1979, la accionante fue
nombrada en el cargo de profesora de enseñanza elemental en el Núcleo
Escolar Rural San José de Dolores, Tolima, tomando posesión el 20 de
septiembre de 1979.
• Mediante la Resolución 6398 del 6 de mayo de 1982, fue trasladada del Núcleo
Escolar San José de Dolores, Tolima, al Núcleo Escolar de Viterbo, Caldas,
tomando posesión el 22 de junio de 1982.
• Mediante la Resolución 10290 del 27 de 1984, fue trasladada del Núcleo
Escolar de Viterbo, Caldas, a la Colonia Escolar Pedro Uribe Mejía de
Manizales, tomando posesión el 16 de agosto de 1984.
• Mediante la Resolución 5798 del 10 de junio de 1986, fue trasladada del Núcleo
Escolar Pedro Uribe Mejía de Manizales al Núcleo Escolar de Sáname de
Fosca, Cundinamarca, tomando posesión el 1 de julio de 1986.
• Mediante la Resolución 46 del 6 de enero de 1988, fue trasladada de la Colonia
Escolar de Sáname de Fosca, Cundinamarca, a la Concentración Desarrollo
Rural de Puerto Manrique, Caquetá.
• Mediante la Resolución 7711 del 22 de junio de 1988, le fue aceptada la
renuncia a partir del 28 de enero de 1988.
41. Según la copia de la Resolución 469 del 27 de junio de 199521, por medio de
ese acto, el alcalde mayor de Bogotá D.C. nombró a la peticionaria como docente de
tiempo completo en la planta personal docente del Distrito Capital, Secretaría de
Educación.
42. También se evidencia la copia del acta 574 del 14 de julio de 199522, según la
cual en esa fecha la señora Vega Sandoval se presentó ante el secretario de
educación del Distrito Capital con el objeto de tomar posesión del cargo para el que
había sido nombrada a través de la anterior resolución, a partir del 17 de junio de
1995.
43. Por último, se encuentra el formato único para expedición de certificado de
historial laboral de la Secretaría de Educación de Bogotá del 26 de julio 201723, en el
que se indica que la demandante fue nombrada docente a través de la Resolución 469
del 27 de junio de 1995, desde el 17 de julio de 1995 hasta el 10 de septiembre de
2007, cuando fue retirada del servicio por invalidez, por medio de la Resolución 8441
del 3 de septiembre de 2007.
20 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27,20 ANEXOSDELADEMANDA. pp.24.
21 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27,20 ANEXOSDELADEMANDA. pp.37 A 42.
22 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27,20 ANEXOSDELADEMANDA. pp.43.
23 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27,20 ANEXOSDELADEMANDA. pp.45.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
• Actos demandados
44. La UGPP, mediante las resoluciones RDP 029169 del 21 de julio de 201724 y
RDP 036238 del 20 de septiembre de 201725, le negó el reconocimiento de la pensión
gracia a la demandante.
3.5. Caso concreto
45. La Sala procede a verificar si la accionante tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, para lo cual hará el análisis relacionado con el requisito del tiempo
de servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980, pues solo de superarse este
supuesto habrá lugar a determinar si se acreditaron los 20 años de servicios docente
con vinculación territorial – nacionalizada.
3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980
46. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se recuerda que en
materia del reconocimiento de la pensión gracia, conforme lo ha sostenido esta
Subsección26, no existe una tarifa legal para probar la calidad de docente territorial,
tan así que la Sección Segunda de esta corporación, en la sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201827 indicó que para acreditar tal calidad resulta
idónea la copia de los actos administrativos en los que conste el vínculo y en los que
se pueda establecer con claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, los certificados de la entidad
nominadora, siempre que de forma inequívoca evidencien el tipo de vinculación. Esto,
en los siguientes términos:
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
47. De acuerdo con la sentencia anterior, no solo los actos administrativos de
nombramiento y posesión son válidos para acreditar el vínculo docente con carácter
territorial, sino que es posible hacerlo a través de otros medios probatorios, como las
certificaciones de la autoridad nominadora, en la medida que a partir de estas puede
inferirse la existencia de una decisión de la administración que designó a una persona
para la prestación del servicio docente.
24 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27,20 ANEXOSDELADEMANDA. pp.1 A 4.
25 Samai, Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27,20 ANEXOSDELADEMANDA. pp.5 A 8.
26 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2025, exp. 73001-
23-33-000-2021-00061-01 (5634-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018, exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
48. En tal sentido, la decisión de unificación estableció un criterio orientador para
tener por acreditada la calidad de docente territorial, destacando los actos
administrativos y/o las certificaciones en los que conste el vínculo, pues a partir de
ellos puede predicarse razonablemente la referida condición, lo que no significa que
con tal parámetro se estén excluyendo otro tipo de pruebas que permitan confirmar o
desvirtuar el tipo de vinculación y la prestación del servicio.
49. A la luz de las anteriores consideraciones, del análisis en conjunto de las
documentales, la Sala considera que la demandante ejerció el empleo de docente
antes del 31 de diciembre de 1980, mediante una vinculación de carácter nacional,
que no resulta válida para el reconocimiento de la pensión gracia.
50. Lo anterior en la medida en que las pruebas relacionadas coinciden en señalar
que la vinculación docente tuvo como origen una designación realizada por el ministro
de educación nacional, más no una proveniente de una autoridad territorial.
51. Es así que, la Resolución 14238 del 28 de agosto de 1979 da cuenta de que
fue el ministro de educación nacional el que nombró a la señora Elva María Vega
Sandoval como profesora de enseñanza elemental en el Núcleo Escolar de San José
Dolores, Tolima. En ese mismo sentido, el acta del 20 de septiembre de 1979 indica
que la peticionaria se presentó al despacho de dicha cartera ministerial a fin de tomar
posesión del empleo para el cual fue nombrada a través de la resolución en mención.
52. Ahora, la copia de la certificación de la Subdirección de Talento Humano del
Ministerio de Educación Nacional demuestra que Elva María Vega Sandoval estuvo al
amparo de dicha cartera desde el 20 de septiembre de 1979 hasta el 28 de enero de
1988 –una vez fue aceptada la renuncia por medio de la Resolución 7711 del 22 de
junio de 1988– para un total de tiempo de servicio de 8 años, 4 meses y 8 días, tiempo
durante el cual fue objeto de diferentes traslados a otros entes educativos.
53. Es del resorte indicar que los traslados a otras instituciones educativas son
circunstancias respecto de las cuales la jurisprudencia de esta Sección28 ha precisado
que se tratan de situaciones administrativas que no afectan la naturaleza de la
vinculación, ya que «no constituyen un nuevo nombramiento, lo que implica que el tipo
de vinculación tampoco ha sufrido alteración».
54. Para finalizar, la Sala reitera las reglas de unificación definidas en la sentencia
SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, según las cuales, por un lado, el origen de los
recursos destinados a la financiación de los salarios de los docentes no incide en la
determinación del tipo de vinculación, es más, lo esencialmente relevante, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es que el nombramiento no haya sido
efectuado por una autoridad del orden nacional –Ministerio de Educación Nacional–,
o con una designación en una plaza de esa misma naturaleza.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16
de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
55. En consecuencia, tampoco son de recibo las razones de orden presupuestal
esgrimidas por la demandante para entender que desempeñó la labor docente en una
plaza territorial o nacionalizada, cuando sin lugar a duda desde su origen, en virtud
del nombramiento efectuado, fue nacional; naturaleza que no cambia por el hecho de
que para sufragar los gastos respectivos eventualmente se hayan empleado recursos
del Situado Fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, pues –se insiste– los
salarios no tienen relación con el carácter de la vinculación –nacional, nacionalizada
o territorial–, lo realmente importante es la autoridad que efectuó el nombramiento, y
bajo qué facultades legales lo hizo, o la naturaleza de la plaza donde se prestó el
servicio docente.
56. Por lo tanto, la Sala considera que la accionante ejerció el empleo de docente
antes del 31 de diciembre de 1980, mediante una vinculación de carácter nacional,
que no es válida para el reconocimiento de la pensión gracia, máxime que no obra
documento que indique que hubo un nombramiento anterior a esa fecha de carácter
territorial o nacionalizado que permita continuar con el estudio de los demás requisitos
establecidos para el efecto, de manera tal que no es procedente acceder a las
pretensiones de la demanda.
3.6. Conclusión
57. La Sala concluye que la señora Elva María Vega Sandoval no probó la
vinculación del orden territorial – nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y
ello no le permite cumplir con los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, como acertadamente lo indicó el juez de primera instancia.
4. Costas
58. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario29 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
13
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00847-02 (0824-2026)
Demandante: Elva María Vega Sandoval
Demandados: UGPP y otro
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D el 18 de septiembre de 2025, que
negó las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
14
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.