Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2020-00972-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2020-00972-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2020-00972-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00972-01 (73033)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga-CDMB
Demandado: Municipio de Bucaramanga
Proceso: Reparación directa
MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE POR DAÑOS CAUSADOS CON POSTERIORIDAD A LA
DECLARATORIA DE NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL-Si las pretensiones se
enmarcan en acciones y omisiones posteriores a la sentencia de nulidad, y no se cuestiona la legalidad del
acto, el medio de control procedente es el de reparación directa. DAÑO-Lesión a un interés protegido por el
ordenamiento. DAÑO-Concepto. CERTEZA DEL DAÑO-Demostración indispensable para la responsabilidad.
CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que persiguen (artículo 167 del CGP). COSTAS-Se condena a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia,
art. 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
El 31 de agosto de 2012, la Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga expidió
el Acuerdo n°. 016, por medio del cual asignó funciones ambientales al Área
Metropolitana y estableció el porcentaje que recibiría –por concepto de sobretasa
ambiental– en razón a esas funciones. Al respecto, estableció que un 50% de lo
recaudado por sobretasa sería transferido al área metropolitana, y que el
encargado de girarlo sería el municipio de Bucaramanga. Posteriormente, el 21 de
junio de 2018, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad el
Acuerdo referido por “falsa motivación”.
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00972-01 (73033)
Demandante: CDMB
Demandado Municipio de Bucaramanga
Asunto: Reparación directa
La demanda alega una falla del servicio, porque el municipio omitió transferir, a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-
CDMB, –desde la ejecutoria de la sentencia de nulidad y hasta octubre de 2019–
el 100% de la sobretasa ambiental, que le correspondía y corresponde a la
corporación autónoma “como única autoridad ambiental” en el municipio de
Bucaramanga.
ANTECEDENTES
Demanda
El 14 de agosto de 2020, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga presentó demanda de reparación directa contra el
municipio de Bucaramanga, en la que solicitó que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas:
«PRIMERA: Que se DECLARE administrativamente responsable al MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA por los perjuicios materiales ocasionados a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCARAMANGA (CDMB) por haber omitido transferirle los recursos de la
sobretasa ambiental a la que está obligado en los términos del artículo 44 de la ley
99 de 1993, durante el tiempo que más adelante se precisa.
SEGUNDA: Que se DECLARE que MUNICIPIO DE BUCARAMANGA es la entidad
encargada de recaudar la sobretasa con destino a la protección del medio
ambiente, recaudo que debe transferir a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB)
de conformidad con lo establecido en el mismo artículo 44 de la Ley 99 de 1993.
TERCERA: Que se DECLARE que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) es la
beneficiaria de la sobretasa ambiental que debe recaudar el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, en los términos de la ley.
CUARTA: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA debe
transferir los recursos recaudados por concepto de la sobretasa ambiental de la
que es beneficiaria la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB), desde la ejecutoría de
la sentencia de 21 de junio de 2018, que declaró la nulidad del Acuerdo
Metropolitano No. 016 de 31 de agosto de 2012, expedido por el Área
Metropolitana de Bucaramanga.
QUINTA: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA no ha
transferido a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) los recursos de la sobretasa
ambiental correspondientes al tercero y cuarto trimestres del año 2018, primero,
segundo y tercer trimestres del año 2019.
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Radicación: 68001-23-33-000-2020-00972-01 (73033)
Demandante: CDMB
Demandado Municipio de Bucaramanga
Asunto: Reparación directa
SEXTA: Que se DECLARE que los recursos correspondientes a la sobretasa
ambiental desde el tercero y cuarto trimestres del año 2018, primero, segundo y
tercer trimestres del año 2019 que debe transferir el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA ascienden a la suma de
cuarenta y tres mil ciento veintisiete millones ochocientos diecinueve mil
doscientos dos pesos ($43.127.819.202).
SÉPTIMA: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA debe pagar
los intereses moratorios de la suma de dinero que debe transferir el municipio
desde que se hizo exigible la obligación y que hasta fecha de radicación de la
demanda ascienden a la suma de tres mil novecientos treinta y dos millones
trescientos cuarenta y tres mil setecientos nueve pesos ($3.932.343.709). 2.
Pretensiones de Condena
OCTAVA : Que se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a transferir a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCARAMANGA por concepto de la sobretasa ambiental de que trata el
artículo 44 de la Ley 99 de 1993, la suma de cuarenta y tres mil ciento veintisiete
millones ochocientos diecinueve mil doscientos dos pesos ($43.127.819.202), que
corresponden al tercero y cuarto trimestres de 2018 y al primero, segundo y tercer
trimestres del año 2019 (…)»1. (resaltado de la Sala).
Hechos
Como fundamentos fácticos de las pretensiones2, la demanda afirmó que,
conforme a la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1339 de 1994, las Corporaciones
Autónomas Ambientales son entes que fungen como autoridad ambiental en su
respectiva jurisdicción. Una de las fuentes de financiación de estas entidades la
constituye la sobretasa ambiental (porcentaje que se calcula del impuesto predial).
Este tributo –recaudado por el municipio respectivo– debía y debe ser transferido
a la corporación autónoma con competencia en el lugar en el que se haga el cobro
del impuesto predial.
Agregó que, con fundamento en esas normas, el municipio de Bucaramanga
trasladaba, de manera ininterrumpida, el tributo a la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB. Sin embargo, el
31 de agosto de 2012, la Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga expidió el
Acuerdo n°. 016, por medio del cual (i) asignó funciones de autoridad ambiental al
Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB, (ii) “despojó irregularmente a la CDMB
de esas funciones”, y (iii) estableció el porcentaje que correspondía a la AMB –por
sobretasa ambiental–. Al respecto, definió que un 50% de lo recaudado por ese
concepto debía ser transferido a la AMB por el municipio de Bucaramanga.
1 F. 10-11 índices 06 y 09 Samai del Tribunal Administrativo de Santander.
2 F. 2-14 C. 1.
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Demandante: CDMB
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Asunto: Reparación directa
Expuso que el 21 de junio de 2018, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la nulidad del Acuerdo referido por “falsa motivación”. Y, desde la
ejecutoria de esa sentencia, el municipio retomó el deber de trasladar el total de la
sobretasa ambiental a la CDMB.
La demanda alega una falla del servicio, porque el municipio omitió transferir, a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-
CDMB, –desde la ejecutoria de la sentencia de nulidad del 18 de junio de 2018
hasta octubre de 2019– el 100% de la sobretasa ambiental, que le correspondía y
corresponde a la corporación autónoma, al retomar sus funciones como única
autoridad ambiental en el municipio de Bucaramanga.
Contestación de la demanda
Al oponerse a las pretensiones, el municipio de Bucaramanga argumentó que la
función de transferir la sobretasa ambiental no fue omitida, puesto que la entidad
tenía el deber normativo y territorial de trasladar parte de esa suma a la AMB, en
su calidad de autoridad ambiental metropolitana.
Una vez se expidió el Acuerdo Metropolitano n.° 016 del 31 de agosto de 2012
–que constituyó, organizó y reglamentó la Autoridad Ambiental Metropolitana– el
municipio de Bucaramanga giró los recursos de la sobretasa ambiental, en los
términos del art. 44 de la Ley 99 de 1993 así: a la CDMB, respecto de lo rural; y, a
la AMB, en lo urbano.
Sostuvo que, aun cuando se declaró la nulidad del Acuerdo 016, antes de la fecha
de esa sentencia, se expidieron leyes, decretos y otro acuerdo que regularon las
funciones ambientales de las Áreas Metropolitanas. En ese marco, la competencia
de autoridad ambiental la siguió ostentando el Área Metropolitana de
Bucaramanga, con fundamento en el literal j) del artículo 7° y el literal d) del
artículo 20 de la Ley 1625 de 2013, y el Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2014
(normas vigentes al momento de proferirse la sentencia).
Precisó que el Acuerdo 031 2014 siguió ejerciendo efectos hasta el 10 de octubre
de 2019, cuando se decretó la suspensión provisional del mismo. Sólo en ese
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último momento, la CDMB retomó la calidad de autoridad ambiental en el área
metropolitana de Bucaramanga.
Bajo este contexto, indicó que, en virtud del principio de legalidad, mientras
estuvieron vigentes los Acuerdos Metropolitanos 016 del 31 de agosto de 2012 y
031 de 2014, la entidad beneficiaria de los recursos derivados de la sobretasa
ambiental recaudada en el área metropolitana de Bucaramanga era,
precisamente, la AMB, y no la CDMB, como erróneamente se afirmaba en la
demanda. Al respecto, adujo que la Corporación Autónoma-CDMB retomó la
competencia y funciones como autoridad ambiental en el municipio de
Bucaramanga (beneficiaria de la sobretasa ambiental establecida en el artículo 44
de la Ley 99 de 1993) sólo a partir del 17 de octubre de 2019, fecha en que quedó
ejecutoriado el auto que decretó la suspensión provisional del Acuerdo 031 de
2014. Por ello, con posterioridad a esa fecha, el municipio celebró un contrato de
transacción con la CDMB para pagarle las sumas causadas desde el cuarto
trimestre de 2019 y los intereses de mora.
Planteó la inexistencia del daño antijurídico, en tanto el detrimento patrimonial
alegado por la CDMB no tuvo lugar. Indicó que, aunque el ente territorial tenía la
carga de recaudar la sobretasa ambiental, la transferencia de esos recursos –en lo
que al municipio correspondía– debía hacerse a la entidad que tuviera la
competencia de autoridad ambiental en esa jurisdicción, la cual, desde 2012 y
hasta octubre de 2019 la ostentó el Área Metropolitana de Bucaramanga3.
El 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia
de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda. Estimó que
el medio de control de reparación directa era procedente, en tanto no se
cuestionaba la legalidad de actos administrativos, y, además, alegó el daño
derivado de una omisión.
El tribunal, luego de una reseña al marco normativo en materia ambiental, se
refirió a los efectos de las sentencias de nulidad de actos generales, y concluyó
que estas tenían eficacia hacia futuro frente a situaciones jurídicas consolidadas.
Sostuvo que la CDMB sufrió un daño patrimonial al no recibir el total del recaudo
por concepto de sobretasa ambiental entre junio de 2018 hasta el tercer trimestre
3 F. 6-15 archivo “contestación demanda”, índices 12 y 15, Samai Tribunal Administrativo de Santander.
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Asunto: Reparación directa
de 2019. Sin embargo, esa “lesión” no era antijurídica, porque no obedeció a una
falla del servicio por omisión. Conforme estimó el tribunal, los efectos de la
sentencia de nulidad del Acuerdo 031 de 2014 (norma vigente hasta octubre de
2019) eran hacia futuro, de manera que las situaciones consolidadas mientras el
Acuerdo 031 generó efectos eran inmodificables.
La sentencia de primera instancia hizo, puntualmente, estas precisiones: (i) La
nulidad declarada en junio de 2018 –frente al Acuerdo Metropolitano 016 de 2012–
no implicaba, automáticamente, la existencia de una falla del servicio; (ii) La falsa
motivación –que fundamentó esa decisión– tuvo lugar porque no se cumplió con el
límite de población para asignar competencias ambientales al Área metropolitana.
Y (iii) La nulidad del Acuerdo 031 de 2014 (vigente en 2018 y 2019) no afectó las
transferencias realizadas mientras surtió efectos, en tanto gozaba de presunción
de legalidad.
Finalmente, aun cuando descartó la imputación y antijuridicidad del daño, el
tribunal estimó que la demanda debió ser ejercida en contra del Área
Metropolitana de Bucaramanga y no contra el municipio, porque fue esta quien
incurrió en la alegada “irregularidad” al expedir el Acuerdo 016 de 20124.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. En su criterio, el Tribunal incurrió en un error de apreciación de la
antijuridicidad del daño, pues desconoció que el no recibir una transferencia
tributaria –ordenada por la Ley– era un daño patrimonial que la entidad no estaba
en el deber jurídico de soportar.
Sostuvo que el municipio demandado actuó en deliberado desconocimiento de la
Ley y vulneró los principios de legalidad, buena fe y transparencia, porque justificó
la omisión de transferencia en un acto administrativo que replicó el contenido
material de una norma declarada nula. La nulidad de los Acuerdos 016 (en 2018) y
031 (en 2019) puso en evidencia la actuación irregular de la administración. El
municipio conocía las demandas judiciales en curso y aun así continuó
transfiriendo –a la AMB– el porcentaje que correspondía a la CDMB. La existencia
4 F 6-27 Índice 02 archivo “sentencia”. índice 27 Samai del Tribunal Administrativo de Santander.
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Asunto: Reparación directa
de estos procesos, además, mostraban que la AMB no tenía una situación
jurídicamente consolidada, de manera que, con más razón, los efectos de la
sentencia de nulidad del último Acuerdo (el 031 de 2014) eran retroactivos (hasta
junio de 2018 –fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del
primer acuerdo metropolitano–).
En ese orden, según la entidad apelante, se deben retrotraer las cosas hasta esa
fecha y ordenar el pago de las sumas de dinero que, por Ley, le correspondían en
su totalidad a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga-CDMB entre junio de 2018 y octubre de 20195.
Trámite de segunda instancia
El 8 de mayo de 2025, el Tribunal concedió el recurso de apelación6 y, el 12 de
diciembre siguiente, el Despacho lo admitió7.
Ejecutoriado ese auto, el Ministerio Público presentó concepto en el que solicitó
desestimar lo reclamado por la Corporación Autónoma Regional, porque la no
transferencia del total de la sobretasa ambiental no significó un daño en cabeza de
la entidad demandante. Explicó que, mientras surtieron efectos los acuerdos
metropolitanos 016 y 031, la CDMB no tenía a su cargo funciones de autoridad
ambiental en el municipio de Bucaramanga, de manera que no era acreedora de la
transferencia del tributo. Fue a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la
nulidad del Acuerdo 031 de 2014 (octubre de 2019), que la CDMB recobró
plenamente las funciones como autoridad ambiental beneficiaria íntegra de los
recursos de la sobretasa ambiental.
Sobre los efectos de una sentencia de nulidad de actos de carácter general, el
Ministerio conceptuó que estos eran hacia futuro, con fundamento en el principio
de confianza legítima, la salvaguarda del interés general y la ejecutividad de los
actos generales. Sólo de manera excepcional y si la misma sentencia de nulidad lo
establecía, podría reconocerse un efecto retroactivo. Asunto que no ocurrió frente
a los acuerdos metropolitanos declarados nulos. En efecto, según el Ministerio
Público, la nulidad del Acuerdo 016 no implicó automáticamente que la CDMB
5 F 7-27 Índice 02 archivo “recurso de apelación”. índice 31 Samai del Tribunal Administrativo de Santander.
6 Índice 32 Samai del Tribunal Administrativo de Santander.
7 Índice 04 Samai.
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retomara la competencia ambiental y que el municipio de Bucaramanga estuviere
obligado a transferir toda la sobretasa ambiental a la corporación, en tanto el
deber legal solo se retomó desde octubre de 2019. Por lo tanto, concluyó que la
entidad demandante no sufrió un daño por la no transferencia de sobretasa
ambiental entre junio de 2018 y octubre de 2019 y debían negarse las
pretensiones8.
Posteriormente, el expediente ingresó al despacho del Consejero sustanciador
para proferir sentencia, conforme al trámite previsto en el artículo 67 de la Ley
2080 de 20219.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 14 de agosto de 2020, por ello, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA10,
este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los
procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en
vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código11, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en
adelante, CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias
cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u
8 Índice 11 Samai.
9 Índice 12 Samai.
10 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
11 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
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Asunto: Reparación directa
omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA12. El Consejo de
Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de
conformidad con el artículo 150 del CPACA13, según el cual conoce de los
recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a
la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $ 438.901.50014.
Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo15.
En este caso, el medio de control propuesto es el procedente para estudiar las
pretensiones de la demanda, enfiladas a que se declare la responsabilidad del
Estado –en cabeza del municipio de Bucaramanga– por el presunto daño causado
por la omisión de transferir –a la CDMB– el total de lo recaudado por concepto de
sobretasa ambiental entre junio de 2018 y octubre de 2019.
Es importante, precisar, sin embargo, que aun cuando en los hechos se hace
mención a un acto administrativo y a su posterior declaratoria de nulidad, las
pretensiones no surgen de ese acto ni se enmarcan temporalmente desde su
expedición16.
12 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
13 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
14 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2020, $877.803 por 500.
15 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
16 Esta claridad se estima pertinente, porque, en un proceso anterior de este despacho, con fundamento en
hechos similares, contra el municipio de Barrancabermeja, y en el que el demandante fue la misma
coporación autónoma (CDMB), se concluyó que el medio de control interpuesto era improcedente. En aquella
oportunidad, a diferencia del caso objeto de estudio, el daño alegado se originó en un acuerdo municipal
–posteriormente declarado nulo– y las pretensiones se enmarcaron desde la expedición de ese acto
administrativo. Al respecto, confrontar con el proceso n°. 68001-33-33-000-2020-01021-01(69235), sentencia
de 11 de diciembre de 2024.
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Demandante: CDMB
Demandado Municipio de Bucaramanga
Asunto: Reparación directa
Como bien se sabe, la acción de reparación directa es el medio de control idóneo
para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el
daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o
cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto
administrativo (artículo 90 CN y artículo 140 CPACA). Por su parte, la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho es la idónea para impugnar la legalidad de
un acto administrativo cuando se estime que este ha lesionado un derecho
contenido en una norma jurídica, su consecuente restablecimiento del derecho y
también para solicitar que se repare el daño causado con el acto (art. 138
CPACA).
La acción de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho
comparten una naturaleza indemnizatoria, pero difieren en cuanto a la fuente que
genera el daño, que supone una distinta formulación de las pretensiones y un
término diverso de caducidad. Si el daño tiene origen en un acto administrativo,
por regla general17, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del
derecho, mientras que, si la fuente del daño es un hecho, omisión u operación
administrativa, la responsabilidad de la administración se debe perseguir a través
de la acción de reparación directa18.
De manera excepcional, la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de la acción
de reparación directa por daños causados por actos administrativos en los que no
se cuestiona su legalidad, puesto que el daño no se origina en vicios de nulidad
sino en los efectos del acto mismo. También ha sostenido que la acción de
reparación directa procede en eventos en los que se expiden actos administrativos
–que inicialmente son favorables a los demandantes– pero, por razones jurídicas
posteriores, son declarados nulos en sede judicial. En este segundo supuesto el
daño alegado –y el consecuente interés de la parte para demandar– no se origina
en el acto favorable, sino que nace con motivo de la sentencia de nulidad y la
pérdida de los efectos del acto. Al respecto, ha sostenido la Sección Tercera:
En este orden de ideas, resulta clara la postura de la Corporación, según la cual
se ha considerado que el ordenamiento jurídico distinguió la procedencia de las
acciones a partir del origen del daño, reservando así la acción de nulidad y
17 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y
sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de junio de 1994, Rad. 9.589 y sentencia del 27 de abril de
2011, Rad. 19.846.
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Radicación: 68001-23-33-000-2020-00972-01 (73033)
Demandante: CDMB
Demandado Municipio de Bucaramanga
Asunto: Reparación directa
restablecimiento del derecho a aquellos eventos en los cuales los perjuicios
alegados sean consecuencia de un acto administrativo y la acción de reparación
directa para los que encuentren su fuente en un hecho, omisión u operación
administrativa; sin embargo, la regla aludida encuentra dos excepciones claras en
la jurisprudencia: la primera tiene que ver con los daños que se hubieren causado
por un acto administrativo legal y la segunda con los daños cuya fuente sea la
ejecución de un acto administrativo que haya sido objeto de revocatoria directa o
de anulación por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo19.
En cuanto a la primera hipótesis, en los que la fuente del daño es un acto legal, la
Sala ha afirmado:
(…) la jurisprudencia colombiana empezó a admitir la hipótesis de que un acto
legalmente expedido pudiera causar daños y que tales daños pudieran ser objeto
de reparación por rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.
Por lo que hace a la violación de éste principio, es necesario entender, ante todo,
que el mismo es un resultado colateral, residual de una actuación de la
Administración orientada a cumplir su misión del servicio público, que se traduce
en un perjuicio que pone en una situación de desequilibrio ante las cargas públicas
a la víctima o víctimas del mismo, es decir, cuando un administrado soporta las
cargas que pesan sobre los demás, nada puede reclamar al Estado; pero si en un
momento dado debe soportar individualmente una carga anormal y excepcional,
esa carga constituye un daño especial que la Administración debe indemnizar20.
Ha dicho la Corporación, que responde el Estado a pesar de la legalidad total de
su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando al obrar de tal modo,
en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de hecho en que tal
actividad se desarrolla, causa al administrado un daño especial, anormal,
considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón
de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose
así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o la equidad que debe
reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del
Estado21.
(…) “En el caso sub examine, la acción fue interpuesta en razón del rompimiento
del principio de igualdad ante las cargas públicas, pues, según lo afirmado en la
demanda, a la demandante le fue impuesta una carga adicional a las que
comúnmente tienen todos los administrados, cual es que su bien, como se afirmó
en la demanda, haya sido declarado patrimonio arquitectónico, limitándole de ésta
forma su derecho de dominio al no poder disponer de él libremente, por cuanto
tiene la obligación de conservar su estructura en pro del beneficio histórico -
cultural de una ciudad como lo es Popayán. “En consecuencia, teniendo en cuenta
los razonamientos ya expuestos, la Sala llega a la conclusión de que la acción
interpuesta por la señora MARIA DEL ROSARIO ARIAS es la procedente en estos
casos, más aún si se tiene en cuenta que no se está controvirtiendo la legalidad de
ninguna decisión de la Administración, sino la causación de unos perjuicios
derivados de un acto administrativo legal, como lo sostiene la misma demanda,
que en su criterio, está integrado por un certificado de urbanismo y un acuerdo
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de abril de
2013, exp. 26.437, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Consultar también la sentencia del 4 de noviembre de
2015, C.P. Hernán Andrade.
20 Cita textual del fallo: LIBARDO RODRIGUEZ R. “Derecho Administrativo General y Colombiano”. Décimo
Tercera Edición. Edt. Temis. Bogotá. 2002.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia de 28 de octubre de
1976, Exp. 1482.
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Asunto: Reparación directa
municipal”22.
Al seguir la línea de la jurisprudencia antes descrita, la Subsección A concluyó:
“Así, la Sala ha reconocido la viabilidad de la acción de reparación directa por los
perjuicios causados por la expedición de un acto administrativo cuya legalidad no
se discuta en el curso del proceso, puesto que se reconoce que el ejercicio de la
función administrativa ajustado al ordenamiento jurídico puede generar un
rompimiento del equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todos los
ciudadanos; como es evidente, en esta hipótesis la procedencia de la acción de
reparación directa depende principalmente de la ausencia de cuestionamiento
respecto de la legalidad del acto administrativo que generó los perjuicios alegados
por la parte actora”23.
Como se expuso, la Sección Tercera de la Corporación también ha contemplado
una segunda hipótesis en la cual procede la acción de reparación directa relativa a
actos administrativos (en los que no se discute su legalidad). En este segundo
supuesto, esta acción o medio de control resulta procedente para demandar por
daños causados con ocasión de la entrada en vigor de un acto administrativo
(favorable al demandante) que a la postre sería anulado por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Sobre el particular, dijo la Subsección A:
En la hipótesis a la que se ha venido haciendo referencia, es decir en los eventos
en que la acción de reparación directa cuya pretensión resarcitoria la constituyan
los perjuicios generados por la vigencia del acto administrativo que a la postre
sería declarado ilegal o revocado por la propia Administración Pública, los casos
respecto de los cuales se ha pronunciado la Sala tienen que ver principalmente
con perjuicios derivados de la entrada en vigencia y ejecución del acto
administrativo ilegal sufridos por quien vio mermado su patrimonio por la existencia
misma del acto.
(…) “Así las cosas, tres son las hipótesis que hasta este momento se han
identificado para concluir acerca de la procedencia de la acción de reparación
directa cuando el origen del daño lo constituya una actuación administrativa: i)
Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios causados por los actos
administrativos ajustados al ordenamiento jurídico, siempre y cuando no se
cuestione en sede judicial la legalidad del acto administrativo en cuestión; ii)
Cuando se pretenda la condena por los perjuicios causados por la expedición y
ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto
de revocatoria directa; y, iii) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios
causados por la anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que
hubiere sido favorable al actor, cuando quiera que la anulación o revocatoria
directa hubiere sido causada por la inobservancia de las reglas propias del
procedimiento administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa que tiene a su cargo la Administración Pública24.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de
2006, exp. 16.079, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13
de abril de 2013, exp. 26.437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
24 Esta Sala, sin embargo, aclara que si la circunstancia de la revocatoria directa del acto favorable constituye
el origen del daño. En otras palabras, si se ataca la legalidad del acto de revocatoria o los fundamentos de la
misma, como el daño sí surge de la expedición de un acto alegado como “ilegal”, la acción procedente sería la
de nulidad y restablecimiento del derecho. Al respecto consultar la sentencia del 24 de enero de 2024 rad
64210 C.P. Wiliam Barrera Muñoz.
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En las dos primeras hipótesis la legitimación en la causa por activa se configurará
mediante la prueba idónea del carácter de perjudicado por la entrada en vigencia
del acto administrativo –frente a ello resulta irrelevante que el acto sea legal o
ilegal–, mientras que en la tercera, para acreditar la legitimación en la causa por
activa será suficiente probar el carácter de beneficiario del acto administrativo
declarado ilegal o revocado directamente”25.
En el caso sometido a estudio, se reitera, aunque los hechos de la demanda están
enmarcados en la existencia de un acto administrativo general –posteriormente
declarado nulo–, ello no implica que el daño patrimonial tenga su origen,
precisamente, en el acto general que pierde vigencia y ejecutividad. El daño
concreto alegado en la demanda, esto es, el no pago de la sobretasa ambiental a
la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
en un rango de tiempo determinado, tuvo ocurrencia con posterioridad a la
sentencia de nulidad del acto general y se fundamenta en una omisión –temporal–
posterior a esa fecha; no en el acto mismo ni en la decisión de nulidad.
En efecto, en la reforma a la demanda, puntualmente, se dijo:
A partir de la sentencia de 21 de junio de 2018, en la que la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró la nulidad del Acuerdo Metropolitano No. 016 de 31 de
agosto de 2012, expedido por el Área Metropolitana de Bucaramanga, la CDMB tiene
plenas competencias y funciones como autoridad ambiental y, por lo tanto, es
beneficiaria de la sobretasa ambiental establecida en el artículo 44 de la Ley 99 de
1993.
(…)
De esta manera, desde que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia
antes referida, esto es, el 25 de agosto de 2018, el municipio de Bucaramanga ha
debido recaudar la sobretasa ambiental y transferirla a la CDMB, en calidad de
beneficiaria de dichos recursos, cosa que hasta la fecha de radicación de la presente
solicitud no ha sucedido, al contrario de los demás municipios integrantes de AMB
que han venido cumpliendo, a partir de esa fecha, con la obligación legal.
19. Al respecto es preciso resaltar que la omisión en que ha incurrido el municipio de
Bucaramanga consiste en no transferir los recursos que percibe en virtud de la
relación tributaria que ostenta, en calidad de recaudador del impuesto predial, con los
contribuyentes, propietarios de los inmuebles. 20. En ese sentido, el municipio de
Bucaramanga le adeuda a la CDMB la suma cuarenta y tres mil ciento veintisiete
millones ochocientos diecinueve mil doscientos dos pesos ($43.127.819.202), que
corresponden al tercer y cuarto trimestres de 2018, y al primer, segundo y tercer
trimestres del año 2019, teniendo en cuenta la transacción parcial que suscribieron
las partes en el año 2020 por el resto del tiempo adeudado (…) 26
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2013,
exp. 26.437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Y sentencia del 4 de noviembre de 2015, C.P. Hernán Andrade.
26 F. 23 y 24, archivo “reforma de la demanda”, índices 6 y 9 Samai Tribunal Administrativo de Santander.
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En ese marco fáctico, en virtud de (i) la omisión atribuida, (ii) la ocurrencia
temporal de esa omisión, (iii) el daño alegado, y (iv) ante la ausencia de reproches
de ilegalidad frente a actos administrativos, el medio de control interpuesto, se
reitera, es el procedente.
Demanda en tiempo
4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA es de dos años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
La demanda se interpuso en tiempo –14 de agosto de 2020– porque el daño tuvo
ocurrencia entre junio de 2018 y octubre de 2019, fechas en las que, según la
demanda, el municipio de Bucaramanga tenía el deber de girar el total de la
sobretasa ambiental a la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga.
Legitimación en la causa
5. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga es la
persona jurídica sobre la que recae el interés jurídico que se debate en el proceso,
puesto que es la beneficiaria de la sobretasa ambiental27, tributo cuya base
gravable se estableció en la Ley 99 de 199328. Además, porque, según la
demanda, al no recibirlo en un periodo determinado afectó patrimonialmente a la
referida corporación.
El municipio de Bucaramanga está legitimado en la causa por pasiva, porque tiene
a su cargo el recaudo de la sobretasa ambiental y el traslado del mismo a la
entidad que funja como autoridad ambiental en la jurisdicción municipal (Ley 99 de
27 Artículo 46 de la Ley 99 de 1993. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas
Regionales: 1. El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial, les
transferirán los municipios y distritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la presente Ley.
28 Artículo 44. Establéese con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni
superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto
predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal.
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1993) 29.
Problema jurídico
6. Corresponde a la Sala determinar si el no recibir la totalidad del recaudo por
sobretasa ambiental –durante los periodos de junio de 2018 y octubre de 2019–
constituye un daño en cabeza de la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
Análisis de la Sala
Responsabilidad del Estado por omisión
7. La falla del servicio se presenta por un incumplimiento en el funcionamiento
normal del servicio, el desconocimiento de una obligación a cargo del Estado o, en
términos generales, por la violación de la ley. Bajo este régimen de
responsabilidad subjetiva, al demandante le corresponde demostrar (i) un daño, (ii)
una conducta activa u omisiva de la Administración y (iii) la relación de causalidad
entre esta y aquel. La conducta constitutiva de falla del servicio debe ser tardía,
irregular, ineficiente o inexistente.
Determinar el contenido obligacional a cargo del Estado exige que se identifiquen
las leyes o reglamentos que gobiernan la actividad pública que se alega como
causa del daño. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación
entre los deberes del Estado frente a una función determinada –marco normativo–
y la conducta –por acción u omisión– asumida en cada evento. Sin embargo, el
Estado no puede considerarse un «asegurador universal» de modo que, de
presentarse una omisión, se configura la responsabilidad extracontractual de
manera automática. El deber de intervención del Estado no es absoluto, pues está
condicionado a (i) la disponibilidad de recursos económicos y humanos, (ii) a la
capacidad institucional y (iii) al complejo funcionamiento del aparato estatal.
29 Artículo 44. Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas
Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales (…) deberán ser pagados a éstas por trimestres,
(…) y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de
recaudación.
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La doctrina jurídica, consciente de que el análisis de la falla del servicio no se
reduce a la sola discordancia entre el contenido normativo y el comportamiento
estatal, plantea que el estudio de conducta –en cada caso concreto– debe hacerse
desde una perspectiva relativa en la que se tenga en cuenta la dificultad del deber
normativo, circunstancias del momento (periodos de paz o de guerra), y la
capacidad institucional (recursos jurídicos, humanos, de tiempo y económicos
disponibles).
Tratándose de la responsabilidad del Estado por omisión, la jurisprudencia ha
establecido que el juez debe determinar si están acreditados los siguientes
elementos: (i) un daño, (ii) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a
cargo de la entidad demandada; (iii) la omisión de poner en funcionamiento los
recursos de los que disponía la entidad para el adecuado cumplimiento del deber
legal –conforme a las circunstancias del caso–; y (iv) la relación causal entre la
omisión y el daño30. Frente a este último elemento, esta Sección ha indicado que
lo decisivo no es la existencia efectiva de la relación causal entre la omisión y el
resultado, sino la omisión de la conducta debida, que, de haberse realizado habría
interrumpido el proceso causal, impidiendo la producción del daño31. Por ello, el
juez debe establecer el daño, la causa del mismo, si el Estado estaba en
posibilidad de interrumpir ese proceso causal y si tenía el deber jurídico de
hacerlo.
De la sobretasa ambiental
8. En el marco de las competencias atribuidas al legislador, relativas a la creación,
modificación y supresión de tributos (art. 338 de la C. Política), y conforme a lo
dispuesto en el artículo 317 de la C. Política32 en materia de manejo y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, el Congreso de la
República estableció la sobretasa ambiental, una destinación parcial de un tributo
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, Rad. 2001-00213-01 (AG)
[fundamento jurídico página 34].
31 Ibídem y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, Rad. 12.789.
32 Artículo 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras
entidades impongan contribución de valorización.
La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas
existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales
renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.
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que constituye una fuente de financiación significativa para las corporaciones
autónomas regionales y para quienes ejerzan actividades de autoridad ambiental.
Consiste en un porcentaje sobre los gravámenes a la propiedad inmueble.
Concretamente, es un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de
impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. La porción
de los aportes de cada municipio o distrito –con cargo al recaudo del impuesto
predial– sería fijado anualmente por el respectivo Concejo, a iniciativa del alcalde
municipal.
Los recursos por concepto de dichos porcentajes ambientales serían transferidos,
por parte de los municipios y distritos, a las Corporaciones Autónomas Regionales
(numeral 1 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993). Y pagados a éstas por trimestres,
a medida que la entidad territorial efectuara el recaudo y, excepcionalmente, por
anualidades, antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de
recaudación.
Ahora bien, en materia de competencias ambientales de las “grandes ciudades”,
los municipios, distritos y áreas metropolitanas –cuya población urbana sea
superior a 1.000.000 de habitantes– serán competentes, dentro de su perímetro
urbano, para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente
(artículo 55 de la Ley 99 de 1993). En razón a estas funciones ambientales
territoriales, estos recibirán una porción equivalente al 50% de lo recaudado por
sobretasa ambiental en el respectivo perímetro urbano o área metropolitana
(parágrafo 2 del artículo 44 de la misma ley).
Esta última disposición implica que, en determinados perímetros urbanos
(municipios, distritos y áreas metropolitanas que superen el millón de habitantes)
la autoridad ambiental será el mismo ente territorial. De manera que, en razón a
esas funciones y a la finalidad de la sobretasa, serán, al igual que las
corporaciones autónomas, beneficiarios de un porcentaje de la misma.
9. Sobre la naturaleza de la sobretasa ambiental, la Corte Constitucional33, con
fundamento en el inciso 217 de la C. Política, estimó que la ley podía y puede
definir y destinar recursos a las entidades encargadas del manejo del medio
33 Sentencia C-013 de 1994.
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ambiente y de los recursos naturales renovables. Y esa destinación de
porcentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De allí
que, de acuerdo con los artículos 294 y 317, lo que la Constitución permite
–excepcionalmente– es la existencia de participaciones o recargos en favor de las
entidades mencionadas, pero no de un impuesto nuevo, porque ello iría contra la
justicia tributaria34.
Entonces, según la Corte, al establecerse la sobretasa ambiental no se creó un
nuevo impuesto, sino que de la expresión constitucional "destinará un porcentaje
de estos tributos" debía entenderse que el gravamen no se incrementaba para el
propietario del bien inmueble, sino que un porcentaje de ese monto –que no podía
ni puede exceder del promedio de las sobretasas existentes– sería destinado a las
entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos
naturales renovables, bajo la orientación trazada por los planes de desarrollo de
los municipios del área de su jurisdicción (en desarrollo de los principios de
concurrencia, coordinación y planeación municipal). En ese sentido, no es una
renta nacional de destinación específica, sino, en estricto sentido,
una sobretasa que favorece la protección del medio ambiente de los municipios35.
Al interpretar, puntualmente, el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, la Corte precisó
que «el porcentaje no “pertenece” al Municipio», sino que es el Municipio o Distrito
quien lo recauda y lo transfiere, siendo parte «de las rentas de las Corporaciones
autónomas regionales», tal y como dispone el título VII de la Ley 99 de 1993, en el
encabezamiento respectivo».
Ahora bien, en cuanto a los beneficiarios de la sobretasa ambiental, el Consejo de
Estado, con fundamento en la misma Ley, ha precisado que esta porción no solo
corresponde a las corporaciones autónomas regionales, sino que, en algunos
lugares y bajo algunos presupuestos, un porcentaje de esa sobretasa debe girarse
al Municipio, Distrito o Área metropolitana con competencias de autoridad
ambiental, siempre y cuando el área urbana cuente con más de un millón de
habitantes. En otros términos, el 50% del recaudo del porcentaje o sobretasa
ambiental, se destina, exclusivamente, a la gestión ambiental del perímetro urbano
34 Ibídem.
35 Ibídem.
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del municipio, distrito o área metropolitana cuando su población sea mayor de
1.000.000 de habitantes36.
Las Áreas Metropolitanas
10. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y
físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán
organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el
desarrollo armónico e integrado del territorio bajo su autoridad; racionalizar la
prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso,
prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano.
La ley 1625 de 2013 adoptó, para las áreas metropolitanas, un régimen
administrativo y fiscal de carácter especial; con órganos de administración,
adecuada participación de las respectivas autoridades municipales; y definió la
forma de convocar y realizar las consultas populares para la vinculación de los
municipios (art. 319 de la C. Política16)37.
Las Áreas Metropolitanas, entonces, son entidades administrativas de derecho
público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor
de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones
territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y
tecnológicas, y requieren de una administración para la programación y
coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento
territorial y racional prestación de servicios públicos requieren una administración
coordinada (art 2 de la Ley 1625 de 2013).
Están dotadas de personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio,
autoridad y régimen administrativo y fiscal especial. Su jurisdicción corresponde a
la totalidad del territorio de los municipios que la conforman; el domicilio y la sede
de la Entidad será el municipio núcleo (artículos 4 y 5). Y, les corresponde, entre
otras funciones, (i) emprender las acciones a que haya lugar para disponer de los
36 2.3.1. La definición del número de habitantes -1.000.000- del municipio, distrito o área metropolitana es
importante para efectos de la asignación de las competencias ambientales dispuestas en la Ley 99 de 1993 –
artículos 55 y 66 -, así como las fiscales consagrada en el artículo 44, parágrafo 2º-, entre otras. (…) 2.3.2.
Como la ley omitió señalar la entidad encargada de certificar la existencia de dicha población, el Gobierno
Nacional, mediante el decreto reglamentario, precisó que es el DANE. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Auto de 27 de febrero de 2019, número interno 19845.
37 Consultar, además, el Decreto Ley 1333 de 1986.
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predios necesarios para la ejecución de obras de interés metropolitano. (ii)
Ejecutar las obras de carácter metropolitano de conformidad con lo establecido en
el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial, y los planes y programas que lo desarrollen o
complementen. Y (iii) ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental
en el perímetro urbano de conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993
(artículos 6 y 7).
Caso concreto
11. Según el recurso de apelación, el no recibir una transferencia tributaria
–ordenada por la Ley– es un daño patrimonial que la Corporación Autónoma
Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB no estaba en el
deber jurídico de soportar.
Sostuvo que el municipio demandado vulneró los principios de legalidad, buena fe,
lealtad administrativa y transparencia, porque no transfirió la totalidad de la
sobretasa fundamentado en un acto administrativo (Acuerdo 031 de 2014), que
replicó el contenido material de una norma declarada nula en 2018 (Acuerdo 16 de
2012). El municipio conocía las demandas judiciales en curso contra los acuerdos
metropolitanos, y, aun así, continuó transfiriendo –al Área Metropolitana de
Bucaramanga– el porcentaje que correspondía a la CDMB, circunstancia que,
según la entidad recurrente, mostró un deliberado y arbitrario desconocimiento de
la Ley.
12. Conforme a las pruebas allegadas al proceso, están demostrados los
siguientes hechos probados:
12.1 El 31 de agosto de 2012, la Junta Metropolitana de Bucaramanga –con
fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 632 de
1994– expidió el Acuerdo 016 de 2012, por medio del cual organizó y reglamentó
la autoridad ambiental metropolitana; aprobó su estructura, funciones y
asignaciones salariales para su funcionamiento.
En su artículo primero, dispuso:
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ARTÍCULO 1. Facultar al Área Metropolitana de Bucaramanga, constituida como
Autoridad Ambiental Metropolitana, para asumir las funciones ambientales
atribuidas por la ley a los grandes centros urbanos, en especial: 1. Otorgar
licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les
corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro
del territorio de su jurisdicción. 2. Efectuar el control de vertimientos y emisiones
contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos.
3. Dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales (…).
Y, en los artículos 6 y 7 estableció:
ARTÍCULO 6. La Autoridad Ambiental Metropolitana, funcionará con el cincuenta
por ciento (50%) del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la
sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes que sobre la propiedad
inmueble tengan los predios ubicados en el Área Metropolitana de Bucaramanga.
ARTÍCULO 7 TRANSITORIO. El AMB, asumirá las funciones de las que se habla
en el presente acuerdo, de forma gradual, dando prioridad a los temas de residuos
sólidos; mantenimiento y mejoramiento de parques y zonas verdes y ordenamiento
territorial. Concédase un término de dos (2) años, contados a partir de la vigencia
del presente acto, para asumir integralmente las funciones asignadas por la ley 99
de 1993. 38
12.2. El 31 de agosto de 2014, la Junta Metropolitana de Bucaramanga –con
fundamento en la Ley 1625 de 2013 y en la Ley 99 de 1993– expidió el Acuerdo
031 de 2014, por medio del cual dispuso que el Área Metropolitana de
Bucaramanga –AMB– ejercería de manera integral las funciones y competencias
de autoridad ambiental. Sobre sus recursos, estableció que un porcentaje de la
sobretasa recaudada en el área urbana sería destinada a su financiamiento y que
los entes territoriales miembros efectuarían el giro directo39.
12.3. El 21 de junio de 2018, la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de
varios expedientes acumulados, dictó sentencia mediante la cual declaró la
nulidad del Acuerdo 016 de 2012. Estimó que el requisito de las áreas
metropolitanas –para ser autoridad ambiental– era que su población fuera igual o
superior al millón de habitantes. Sin embargo, la Junta de la AMB, para asignar las
funciones, se fundamentó en una certificación de marzo de 2012, expedida por el
DANE que hizo una proyección a junio de 2012.
La certificación empleada, consideró la Sección Primera, no era un factor objetivo
de tasación; desconoció los artículos 54 Transitorio de la Constitución Política; 7º,
38 F. 1-4 archivo “pruebas municipio de Bucaramanga”, expediente digital Samai.
39 F. 6-8 archivo “pruebas municipio de Bucaramanga”, expediente digital Samai.
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de la Ley 79; 12, de la Ley 6740. En consecuencia, se incurrió en una falsa
motivación. Ahora bien, aun cuando la sentencia declaró la nulidad, reconoció, en
sus consideraciones, que la Ley 99 de 1993 no estableció parámetros ni criterios
para determinar o calcular el censo poblacional41.
12.4. El 10 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó la
suspensión provisional del Acuerdo Metropolitano 031 de 201442.
12.5. Con motivo de la suspensión provisional del Acto 031 de 2014, el municipio
de Bucaramanga y la Corporación Autónoma Regional Para La Defensa de la
Meseta de Bucaramanga-CDMB celebraron un contrato de transacción en el que
pactaron el pago de una suma por sobretasa ambiental total desde el cuarto
trimestre de 2019 (octubre de 2019 en adelante) y primer y segundo trimestre de
2020 por un valor total de $46.781.206.51243.
12.6. El 20 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la
nulidad del Acuerdo 031 de 201444, y el 3 de noviembre siguiente, quedó
ejecutoriada esa decisión45. Se extrae lo pertinente de la sentencia:
(…) el Municipio de Bucaramanga argumenta que el censo realizado por el 15 de
agosto de 1985 no es el único para establecer la competencia ambiental, pues la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 27 de junio de 2019
dentro del medio de control de nulidad determinó que el DANE es la autoridad
competente para fijar el censo poblacional para el caso del porcentaje de la
sobretasa ambiental dispuesta en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. Al respecto,
la Sección primera en la citada providencia judicial descartó tal tesis al verificar
que se trata de un asunto de naturaleza distinta al reglamentado en el artículo 66
de la Ley 99 de 1993.
(…)
Al respecto, debe recordarse que esta disposición determinó que el ejercicio de las
funciones y competencias ambientales con observancia en lo dispuesto en la Ley
99 de 1993; de modo que, resulta procedente la aplicación del requisito
poblacional de que trata el artículo 66 para determinar la autoridad competente en
la materia en cuestión en los términos definidos por el Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en sentencia del 21 de junio de 2018, esto es,
40 El Consejo de Estado sostuvo que debió emplearse el resultado del Censo Nacional de Población y
Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985, el cual fue adoptado por el Congreso de la República, a través
del artículo 54 Transitorio de la Constitución Política mencionado.
41 F. 1 y ss, archivo “anexos de la demanda”, expediente digital Samai.
42 F. 11-14 archivo “pruebas municipio de Bucaramanga”, expediente digital Samai.
43 36-43 archivo “pruebas municipio de Bucaramanga”, expediente digital Samai
44 El fundamento de la nulidad fue, al igual que la sentencia de junio de 2018 de la Sección Tercera, la
ausencia de requisito poblacional y el empleo de una certificación que hizo una proyección de habitantes.
45 Proceso de Nulidad n°. 680012333000-2019-00299-00, índices 148 y 181, SAMAI del Tribunal
Administrativo de Santander.
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acreditar que el área metropolitana tiene una población urbana igual o superior a
un millón de habitantes teniendo en cuenta el único censo oficial que fue realizado
en el año 1985.
El Tribunal advierte que en el caso concreto no se cumplió con el anterior
requisito, como quiera que el censo realizado en el año 1985 da cuenta que el
Área Metropolitana de Bucaramanga cuenta con una población aproximada de
553.6701 ; es decir, no se supera el millón de habitantes exigido por la ley para
que la autoridad accionada se constituyera como autoridad ambiental,
desconociendo en este caso lo dispuesto en el citado artículo 66, encontrándose
configurado el cargo de nulidad de infracción de las normas en que debería
fundarse. En consecuencia, la Sala declarara la nulidad del Acuerdo Metropolitano
031 del 29 de diciembre de 2019, expedido por la Junta del Área Metropolitana de
Bucaramanga (…)46.
De los principios de legalidad, buena fe y transparencia como pilares de las
actuaciones del Estado.
13. En un Estado de Derecho, como está constituido el nuestro por principio
fundante, la actividad de la administración tiene que estar enmarcada dentro de
los límites que le señale la constitución y ley, y su comportamiento tiene que
ejercitarse con las formalidades que las normas prescriben. El Estado, a través de
sus ramas del poder, no actúa de forma aislada; y la administración, que lo ponen
en funcionamiento, mucho menos. La arbitrariedad está proscrita en este modelo
de Estado. Si esta fuera la fuente de las conductas y actuaciones, la vida en
sociedad se convertiría en una serie caótica de actos, en la cual ni la
administración sabría cómo operar y cumplir sus fines ni los administrados cómo
hacer valer sus derechos o cómo llenar sus obligaciones47.
El principio de legalidad administrativa constituye el fundamento y límite del
ejercicio de la función pública. Conforme a este postulado, toda actuación de la
Administración debe encontrar sustento previo en la Constitución y en la ley, que
determinan la competencia, los fines y los procedimientos que debe observar. La
46 Proceso de Nulidad n°. 680012333000-2019-00299-00, índices 148, SAMAI del Tribunal Administrativo de
Santander.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de
1989, Rad 5347, C.P. Gustavo De Greiff Restrepo.
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autoridad administrativa no dispone de potestades implícitas o tácitas, ni puede
actuar por fuera del marco normativo que la habilita48.
La sujeción estricta al ordenamiento jurídico, no solo garantiza la protección de los
derechos de los administrados, sino que materializa el principio de “supremacía
constitucional” y el sometimiento del poder público al Derecho (artículo 3 del
CPACA). En consecuencia, cualquier actuación que no se enmarque en los límites
legales, o desconozca el procedimiento establecido deviene viciada, y puede
llegar a ser susceptible de control y eventual anulación por parte de esta
Jurisdicción, en salvaguarda del interés general y del Estado de Derecho.
El principio de buena fe, por su parte, como parámetro rector de las actuaciones
de las autoridades públicas y de los particulares, impone a la Administración el
deber de ajustar su comportamiento a postulados de lealtad, honestidad,
coherencia y rectitud. No se trata de una simple regla de conducta ética, es un
verdadero mandato jurídico que irradia el ordenamiento administrativo. Este, a su
vez, implica que las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento
leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes
(art 3 del CPACA).
Por último, el principio de transparencia constituye un eje estructural de la
función administrativa en un Estado de Derecho. La transparencia comporta la
obligación de las autoridades de actuar de manera abierta, clara y verificable, lo
que permite el acceso efectivo a la información pública y garantiza que las
decisiones administrativas sean debidamente motivadas. La actividad
administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede
conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal (artículo 3 del
CPACA).
La motivación de los actos administrativos no es una formalidad sin contenido, es
una exigencia sustancial que permite que los asociados conozcan las razones de
hecho y de derecho que sustentan las decisiones de la administración. Solo a
48 La administración está sometida al derecho. La Ley, encarnación de la voluntad popular, se impone a la
administración como ella se impone a los individuos. “Nadie puede ignorar la Ley”. La sumisión de la
administración al derecho es una garantía de los ciudadanos contra la arbitrariedad, la incoherencia o la
ineficacia de la acción administrativa. “Derecho Administrativo. Curso. Temas de reflexión. Comentarios y
análisis de fallos”. Morand Deviller Jacqueline. Traducido por Zoraida Rincón Ardila y Juan C Peláez
Gutiérrez.
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través de una exposición clara de los fundamentos puede asegurarse el ejercicio
pleno del derecho de defensa y el control judicial de la actividad administrativa.
Del daño: primer elemento de la responsabilidad del Estado
14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que,
estando debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño, sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de
los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto
para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de
antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.
De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito49-50 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido
la doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2
de junio de 2023. Exp 61.340.
50 Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los intereses lícitos
de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de
colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que,
gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la
responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En: Le
dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit
français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007.
Definición reiterada en el artículo: Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su
unificación sustancial en todas las acciones contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado,
Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad
extracontractual del Estado. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado
de Colombia, 2015, p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en
sentencia SU-080 de 2020.
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partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”51.
El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto52, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 53. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.
Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”, de ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan
afirmaciones sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede
limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo
probatorio”54.
15. El daño cuya reparación se pretende consiste en el detrimento patrimonial de
la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga-CDMB por no recibir la totalidad de la sobretasa ambiental entre
junio de 2018 y octubre de 2019.
No obstante, esta Sala advierte que la existencia de esta lesión no está
configurada.
Las pruebas dieron cuenta que, para junio 18 de 2018, fecha en la que se profirió
la sentencia que declaró la nulidad del Acuerdo 016 de 2012 (momento en el que,
51 Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan Carlos. El
daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre
de 2006. Exp 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga
derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación
cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad
pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp: 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario
avanzar en el análisis de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a
reparar el perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
53 Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y 104.
54 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802 [fundamento
jurídico 4.3].
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según el recurso, el municipio de Bucaramanga retomó el deber de girar la
sobretasa ambiental –en tu totalidad– a la CDMB), estaba vigente la Ley 1625 de
2013, y, a nivel territorial, surtía efectos el Acuerdo Metropolitano 031 de 2014
(expedido con fundamento en la primera).
La Ley 1625 de 2013, como se expuso en acápites anteriores, definió el régimen
administrativo y fiscal de carácter especial de las áreas metropolitanas. Sus
órganos de administración, la adecuada participación de las respectivas
autoridades municipales y le asignó, expresamente, las competencias de
autoridad ambiental en su respectiva jurisdicción. Por su parte, el Acuerdo
Metropolitano 031 de 2014, con fundamento en esa norma y en la Ley 99 de 1993,
dispuso que el Área Metropolitana de Bucaramanga –AMB–, creada con
antelación a esa fecha, ejercería de manera integral las funciones y competencias
de autoridad ambiental. Estableció, además, que un porcentaje de la sobretasa
recaudada en el área urbana sería destinado a su financiamiento y los entes
territoriales miembros efectuarían el giro directo de ese porcentaje.
El municipio de Bucaramanga, entonces, debía ajustarse, en virtud del principio de
legalidad y buena fe, a esa normativa nacional y territorial. En efecto, en ese
momento la ley ambiental no había sido derogada expresa ni tácitamente, y el acto
administrativo metropolitano, por motivos de ejecutividad y presunción de
legalidad, surtía efectos en esa fecha. Sólo hasta octubre de 2019, cuando el
Tribunal Administrativo de Santander lo suspende provisionalmente, es que el ente
territorial retoma el deber de transferir –íntegramente– la sobretasa ambiental del
predial recaudado en esa jurisdicción a la CDMB.
Ahora bien, las consideraciones que efectuó la Sección Primera frente al Acto 016
de 2012 o los reproches de nulidad “por falsa motivación” no tenían ni tienen el
alcance para que el Acuerdo 031 de 2014 –posterior– sufriera un decaimiento o
dejara de surtir efectos, porque, se insiste, los fundamentos del Acuerdo de 2014
(Ley 1625 de 2013 y Ley 99 de 1993) seguían vigentes.
Ese era el escenario normativo que rodeaba el actuar del ente territorial para junio
de 2018 y para octubre de 2019: una norma legal y un acuerdo territorial que le
exigía, por principio de legalidad y buena fe, actuar de conformidad con esas
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directrices. De manera que las transferencias que hiciera por sobretasa ambiental
debían ajustarse a ese marco.
El Acuerdo 031 de 2014 tuvo validez, eficacia y ejecutividad hasta octubre de
2019, fecha en la que el Tribunal Administrativo de Santander lo suspendió de
forma provisional. A partir de ese momento, la CDMB retomo su condición de
autoridad ambiental susceptible de ser beneficiaria del total de la sobretasa
ambiental. En efecto, quedó demostrado que, con motivo de la suspensión
provisional del Acto 031, el municipio de Bucaramanga y la Corporación Autónoma
Regional Para La Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB celebraron un
contrato de transacción en el que pactaron el pago de una suma por sobretasa
ambiental total desde el cuarto trimestre de 2019, es decir, desde octubre de 2019
en adelante, y el primer y segundo trimestre de 2020 por un valor total de
$46.781.206.512.
Lo anterior refuerza el hecho de que, el no recibir la totalidad de la transferencia
de sobretasa ambiental entre junio de 2018 y octubre de 2019 no constituye un
daño. Se reitera, para ese rango de tiempo, la CDMB no ostentaba la función de
autoridad ambiental, la tenía el Área Metropolitana de Bucaramanga, de manera
que no existía en su cabeza un interés jurídico protegido que diera lugar a una
lesión patrimonial.
Por otro lado, en cuanto a los efectos de la sentencia de nulidad del Acuerdo 031
de 2014 (por la forma en la que se calculó el censo poblacional), esta sola
circunstancia no generó de forma automática un interés jurídico protegido en
cabeza de la CDMB entre junio de 2018 y octubre de 2019, ni el deber –del
municipio de Bucaramanga– de girar a la CAR la totalidad de la sobretasa
ambiental causada en ese rango de tiempo, porque, se insiste de manera enfática,
para esas fechas (junio de 2018 y octubre de 2019) había un escenario normativo
válido y vigente que fundamentaba el Acuerdo 031 de 2014, aun cuando estuviere
sometido a discusión judicial: las Leyes 1625 de 2013 y Ley 99 de 1993. Además,
el referido acto administrativo tenía ejecutividad y estaba revestido de presunción
de legalidad.
El análisis de responsabilidad (aún en el primer elemento –daño–) se hace
enmarcado en “el deber ser” al momento de los hechos, es decir, al momento de
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la configuración del daño alegado y de cara al principio de legalidad que rige las
actuaciones administrativas. Es un principio básico en el derecho sancionatorio y
en el derecho de la responsabilidad: se aplican los fundamentos de derecho
vigentes al momento de evaluar el daño y la conducta.
En el caso del daño como primer elemento, no se puede hablar de un interés
jurídico sin existir el fundamento de derecho que lo proteja o justifique. Tampoco
se puede exigir a una entidad pública –en este caso al municipio de
Bucaramanga– actuar con proyecciones de validez normativa a futuro, sino con
las vigentes al momento de ejecutar sus operaciones.
16. Según el artículo 167 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que prevén el efecto jurídico que persiguen y, por lo tanto,
quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el
efecto pretendido, ya que la sola afirmación de la demandante no es suficiente
para acreditarlo.
Como conclusión de todo lo expuesto, se tiene que en el proceso no quedó
demostrado que la disminución en los ingresos por una sobretasa territorial
constituyera una lesión a un interés protegido por el ordenamiento en cabeza de la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
por lo que no resulta posible proceder al análisis de los otros elementos de la
responsabilidad patrimonial del Estado. Así las cosas, la Sala confirmará la
sentencia apelada, pero por los motivos contenidos en esta decisión.
Condena en costas
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
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en derecho. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. En relación con las agencias en derecho, el numeral 1 de ese
artículo prevé que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. A su turno, el numeral 4 del
mismo artículo establece que cuando la sentencia de segunda instancia revoque
totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere.
En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 10554 de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura –vigente para la fecha en que se presentó la demanda– y de cara
a la duración y naturaleza del proceso en la segunda instancia, la Sala fijará las
agencias en derecho –en segunda instancia– en un salario mínimo legal mensual
vigente, que estarán a cargo del demandante (a quien se le resolvió de forma
desfavorable el recurso de apelación), la cual se reconocerá en favor de la
demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por los motivos expuestos en esta decisión.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte
demandante, en favor del municipio de Bucaramanga. FIJAR la suma de un
salario mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho de la
segunda instancia. Las costas deberán liquidarse de manera concentrada en el
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Tribunal.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Aclaro voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Aclaro voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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