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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00199-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00199-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda. 4 Cfr. Documentos electrónicos denominados “041 LINK AUDIENCIA” y “042 ACTA DE AUDIENCIA”. 5 Cfr. Documento electrónico denominado “049 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01 SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, previa anotación en SAMAI archívese el expediente […]”. Consideraciones del Tribunal 17. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente: 17.1. Que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar si “[…] Erlig Diana Jiménez Becerra. - Edgardo Moscote Paba, Jaser Cruz Gambindo concejales del municipio de Barrancabermeja -periodo -2021- 2023-, integrantes de la mesa directiva, incurrieron en la causal de perdida de investidura contenida en el numeral 5 artículo 58 de la ley 617 de 2000, ¿“Indebida destinación de dineros públicos” al autorizar mediante acto administrativo el pago de honorarios a algunos concejales? […]”. 17.2. Se refirió al proceso de pérdida de investidura, la causal de indebida destinación de dineros públicos, la regulación normativa sobre sesiones en los concejos y el reconocimiento de honorarios a los concejales. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura 17.3. El Tribunal consideró que se encontraba probada: i) la condición de concejales de Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz Gambindo y que, en todo caso, dicha situación no fue debatida en el proceso; y ii) que los dineros con los que se realizó el pago de los honorarios a los concejales son dineros públicos. 17.4. En relación con el Concejal Leonardo González Campero encontró probado que en la sesión de 17 de marzo de 2021 este respondió el llamado a lista durante la primera y segunda parte de la sesión y que participó en las mismas para efectos de manifestar su inconformidad con una decisión del presidente del Concejo Distrital. Asimismo, encontró probado que el Secretario General del Concejo certificó la asistencia del precitado concejal a la sesión de 17 de marzo de 2021, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2022-00199-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

1 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C. primero (1.°) de diciembre dos mil veintidós (2022)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 680012333000202200199-01
Solicitante: Gloria Alba Mancipe de Gómez
Concejales: Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz
Gambindo
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora Gloria
Alba Mancipe de Gómez contra la sentencia de 6 de julio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La señora Gloria Alba Mancipe de Gómez –en adelante la Solicitante- pidió,
en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de
investidura de Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz
Gambindo -en adelante los concejales-, porque, a su juicio, incurrieron en la

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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

causal prevista en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de
20001, por indebida destinación de dineros públicos.

Pretensión

2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura es la
siguiente:
“[…] PRETENSIÓN:

Decretar la pérdida de investidura de los señores ERLIG DIANA JIMÉNEZ
BECERRA mayor de edad, con cedula de ciudadanía […], EDGARDO
MOSCOTE PABA, mayor de edad, con cedula de ciudadanía […], y JASER
CRUZ GAMBINDO, mayor de edad, con cedula de ciudadanía […], por
haber incurrido en la indebida destinación de dineros públicos conforme se
explicó anteriormente […]”.

Presupuestos fácticos de la causal de pérdida de investidura alegada

3. La Solicitante indicó en la solicitud de pérdida de investidura, en síntesis, los
siguientes hechos para fundamentar su pretensión:

3.1. Señaló que la señora Erlig Diana Jiménez Becerra y los señores Edgardo
Moscote Paba y Jaser Cruz Gambindo fueron elegidos como concejales del
Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso de Barrancabermeja,
para el periodo 2020-2023.

3.2. Manifestó que los concejales fueron elegidos como miembros de la Mesa
Directiva del Concejo Distrital de Barrancabermeja para el periodo 2021. En
especial, explicó que la señora Erlig Diana Jiménez Becerra fue elegida
presidenta, el señor Edgardo Moscote Paba como primer vicepresidente; y el
señor Jaser Cruz Gambindo como segundo vicepresidente.

3.3. Indicó que los concejales, de conformidad con el reglamento del Concejo,
expidieron diferentes resoluciones ordenando el reconocimiento y pago de
honorarios a título de sesiones ordinarias o extraordinarias, en favor de los
señores: i) Leonardo González Campero, mediante Resolución núm. 023 de 2021
y por medio de la cual se ordenó el pago de la sesión plenaria de 17 de marzo de
2021; Darinel Villamizar Ruiz, mediante Resolución núm. 032 de 2021 por la

1 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
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sesión de 30 de abril de 2021; y Wilmar Vergara Robles, mediante Resolución
núm. 046 de 2021 por la sesión plenaria de 28 de julio de 2021.

3.4. Afirmó que el señor Leonardo González Campero solamente contestó el
llamado a lista realizado por el Secretario y se ausentó de la sesión pagada y que
se ordenó el reconocimiento y pago de honorarios sin cumplir con la asistencia
comprobada a la sesión plenaria.

3.5. Agregó que el señor Darinel Villamizar Ruiz se conectó al final de la sesión,
cuando ya se había clausurado el periodo de sesiones ordinarias por el Alcalde
Distrital de Barrancabermeja y agotado el orden del día y que, pese a ello, se
ordenó el reconocimiento y pago de honorarios sin haberse verificado la asistencia
comprobada a la sesión plenaria.

3.6. Manifestó que al señor Wilmar Vergara Robles se le pagaron honorarios por
asistencia a la precitada sesión, pese a que se reportó su asistencia a “escasos
10 segundos de dar por terminada la sesión de fecha 28 de julio de 2021”, lo cual
implicó que el reconocimiento y pago de honorarios ordenado ocurrió sin haberse
verificado la asistencia o no del concejal.

3.7. Indicó que los concejales, miembros de la Mesa Directiva, actuaron con culpa
por la falta de diligencia en la verificación de la asistencia a las sesiones por los
concejales antes mencionados, lo cual, en su criterio, implicó una indebida
destinación de dineros públicos. Asimismo, señaló que los miembros de la Mesa
Directiva impidieron a la ciudadanía que objetaran las resoluciones de
reconocimiento de honorarios porque estas no se publicaron de manera previa a
la realización del pago, en los términos del artículo 65 de la Ley 136 de 2 de junio
de 19942.

3.8. Señaló que si bien no existe una exigencia mínima de horario para el
desarrollo de la sesiones plenarias del concejo, contrario a un máximo de 3 horas
previsto en el artículo 31 del Acuerdo 059 de 2006, los concejales deben estar
presentes en toda la sesión, hasta su finalización, para que se entienda la
prestación del servicio y se genere en su favor la contraprestación económica; es
decir, el pago de honorarios por asistencia. Agregó que los dineros utilizados para
el pago de sesiones son dinero público y que ese pago implica que se le otorgó a

2 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

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los concejales que no asistieron un subsidio, en contravía al mandato del artículo
355 de la Constitución Política.

Causal de pérdida de investidura alegada y argumento que justifica la
solicitud

4. La Solicitante citó y trascribió la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 4. ° del artículo 48 de la Ley 617, según la cual los concejales perderán
su investidura por indebida destinación de dineros públicos.

5. Manifestó que los miembros de la Mesa Directiva incurrieron en la causal de
pérdida de investidura porque reconocieron y ordenaron el pago de honorarios
que no podían ser reconocidos porque no hubo asistencia comprobada a las
sesiones antes mencionadas porque los concejales beneficiarios no asistieron a
toda la sesión ni participaron activamente en ella, lo cual implica un incremento
patrimonial de terceros.

6. Indicó que la falta de asistencia era fácilmente verificable porque los
concejales contra los que se presenta la solicitud de pérdida de investidura hacían
parte de la Mesa Directiva del Concejo para el periodo 2021; se encontraban
dirigiendo la sesión; las sesiones quedan grabadas para poder verificar la
asistencia de cada concejal a las mismas; y de las sesiones se expiden actas
donde igualmente se puede verificar la asistencia y permanencia a toda la sesión.

7. Afirmó que el Concejal Leonardo González Campero solicitó ante la
Presidencia del Concejo Distrital que se tramitara la devolución de los dineros
pagados, con fundamento en que solamente respondió al llamado a lista y se
ausentó de la sesión plenaria.

Contestaciones de la solicitud de pérdida de investidura

8. Los concejales3 solicitaron que se negaran las pretensiones de la solicitud de
pérdida de investidura, con fundamento en los siguientes argumentos:

9. Se pronunciaron en relación con los hechos de la solicitud de pérdida de
investidura y, en especial, manifestaron que el señor Leonardo González
Campero si asistió a la sesión virtual pero se desconectó por un momento con

3 Mediante apoderado.

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ocasión de problemas de conexión y que respondió el llamado a lista, participó en
forma activa en la sesión y votó proposiciones, todo lo cual, afirman, consta en el
acta núm. 21 de la sesión plenaria realizada el 17 de marzo de 2021 y en el
respectivo video. Agregaron que el pago al precitado Concejal se realizó en virtud
de la certificación expedida por el Secretario del Concejo Distrital, a quien le
corresponde esa función en virtud de la ley y el reglamento.

10. En relación con el concejal Darinel Villamizar Ruiz manifestaron que este
reportó su asistencia a la respectiva sesión, según consta en el acta núm. 58 de
la sesión plenaria realizada el 30 de abril de 2021 y en el respectivo video; tuvo
asistencia comprobada, precisando que hubo dificultades en la conexión; y
agregaron que, en todo caso, no existe disposición legal que establezca un tiempo
de permanencia en el desarrollo de la misma, para efectos del pago de honorarios.
Afirmaron adicionalmente que el pago se realizó en virtud de la certificación
expedida por el Secretario del Concejo Distrital, a quien le corresponde esa
función en virtud de la ley y el reglamento.

11. En relación con el concejal Wilmar Vergara Robles manifestaron que este
reportó su asistencia a la respectiva sesión, según consta en el acta núm. 116 de
la sesión plenaria realizada el 28 de julio de 2021 y en el respectivo video; tuvo
asistencia comprobada y afirmaron que, en todo caso, no existe disposición legal
que establezca un tiempo de permanencia en el desarrollo de la misma, para
efectos del pago de honorarios. Indicaron que el pago se realizó en virtud de la
certificación expedida por el Secretario del Concejo Distrital, a quien le
corresponde dicha función en los términos de la Ley 136 y de los numerales 5 y 6
del artículo 21 del Acuerdo núm. 059 de 2006, normas que le asignan la función
de registrar y certificar obligatoriamente la asistencia de los concejales a las
sesiones plenarias.

12. Señalaron que el Consejo de Estado ha considerado que el pago de
honorarios a los concejales se causa cuando se verifica su asistencia comprobada
a las sesiones, sin que exista disposición normativa que condicione el derecho a
percibir dichos emolumentos a la calidad, permanencia, intensidad o suficiencia
de la participación en el desarrollo de la misma y agregaron que el Concejo, con
ocasión del estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, expidió la
Resolución núm. 017 de 26 de febrero de 2021, por medio del cual reguló en los
artículos 4 y 5, las sesiones no presenciales, normas según las cuales la respuesta

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al llamado a lista y la certificación expedida por el Secretario del Concejo Distrital
constituyen los requisitos para verificar la asistencia comprobada y por ello los
elementos para verificar el pago.

13. Agregaron que no les consta las irregularidades invocadas por la Solicitante
en relación con el trámite de expedición y notificación del acto administrativo de
reconocimiento de honorarios, por no ser su función. En todo caso, afirmaron que
las resoluciones si fueron publicadas y que la legalidad o ilegalidad de los actos
administrativos no es causal de pérdida de investidura, ni constituye alguna de las
modalidades de indebida destinación de dineros públicos desarrolladas por la
jurisprudencia.

14. Por último, señalaron que no se configuró el elemento subjetivo de la causal
porque la conducta no fue dolosa ni gravemente culposa. Al respecto,
manifestaron que no se observa irregularidad alguna ni conducta u omisión que
pueda configurar este elemento y agregan, por un lado, que se actuó en
cumplimiento del deber legal de reconocer y ordenar el pago de honorarios a los
concejales que asistan a las sesiones; y, por el otro, que para efectos de lo anterior
se contó con la certificación previa expedida por el Secretario del Concejo Distrital,
la cual generó una confianza legítima en los concejales, en virtud de su función
legal y reglamentaria.

La audiencia pública establecida por el artículo 12 de la Ley 1881

15. La audiencia pública tuvo lugar el 28 de junio de 20224 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura; los concejales y sus
apoderados; y el Ministerio Público.

La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia

16. El Tribunal Administrativo del Santander, mediante la sentencia proferida el 6
de julio de 20225, negó la pérdida de investidura de los concejales. En su parte
resolutiva, dispuso lo siguiente:

“[…] FALLA

PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda.

4 Cfr. Documentos electrónicos denominados “041 LINK AUDIENCIA” y “042 ACTA DE AUDIENCIA”.
5 Cfr. Documento electrónico denominado “049 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA”.

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SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, previa anotación en SAMAI
archívese el expediente […]”.

Consideraciones del Tribunal

17. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:

17.1. Que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a
determinar si “[…] Erlig Diana Jiménez Becerra. - Edgardo Moscote Paba, Jaser
Cruz Gambindo concejales del municipio de Barrancabermeja -periodo -2021-
2023-, integrantes de la mesa directiva, incurrieron en la causal de perdida de
investidura contenida en el numeral 5 artículo 58 de la ley 617 de 2000, ¿“Indebida
destinación de dineros públicos” al autorizar mediante acto administrativo el pago
de honorarios a algunos concejales? […]”.

17.2. Se refirió al proceso de pérdida de investidura, la causal de indebida
destinación de dineros públicos, la regulación normativa sobre sesiones en los
concejos y el reconocimiento de honorarios a los concejales.

El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura

17.3. El Tribunal consideró que se encontraba probada: i) la condición de
concejales de Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz
Gambindo y que, en todo caso, dicha situación no fue debatida en el proceso; y ii)
que los dineros con los que se realizó el pago de los honorarios a los concejales
son dineros públicos.

17.4. En relación con el Concejal Leonardo González Campero encontró probado
que en la sesión de 17 de marzo de 2021 este respondió el llamado a lista durante
la primera y segunda parte de la sesión y que participó en las mismas para efectos
de manifestar su inconformidad con una decisión del presidente del Concejo
Distrital. Asimismo, encontró probado que el Secretario General del Concejo
certificó la asistencia del precitado concejal a la sesión de 17 de marzo de 2021,
con fines de reconocimiento y pago de los honorarios.

17.5. En relación con el Concejal Darinel Villamizar Ruiz encontró probado que
este no contestó el llamado a lista inicial de la sesión de 30 de abril de 2021, en
la que se clausuró el primer periodo de sesiones; que en dicha sesión se dio
lectura al orden del día; que al minuto 11:18 no contestó el llamado para aprobar

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el orden del día y que “[…] Al minuto 53:57 pide la palabra para reportar su
presencia, activa momentáneamente la cámara y seguidamente al minuto 55 el
secretario señala que el concejal tuvo problemas de conectividad […]”. Encontró
que en el acta contentiva de esa sesión se consignó que al momento de la
clausura pidió la palabra para reportar su presencia en la sesión, lo cual ocurrió
luego de que el alcalde clausurara las sesiones y agotado el orden del día; y que
el secretario reportó la presencia del Concejal en la sesión del día e informó que
el orden del día ha sido agotado.

17.6. Asimismo, que el Secretario del Concejo Distrital certificó, en relación con el
Concejal Darinel Villamizar Ruiz, su asistencia a la sesión núm. 4 de 30 de abril
de 2021 con fines de reconocimiento y pago de honorarios.

17.7. El Tribunal consideró, adicionalmente que se encontró probado que el
Concejal Wilmer Vergara Robles no contestó el llamado a lista inicial de la sesión
de 28 de julio de 2021; que no contestó ni participó en la aprobación del orden del
día y que, una vez llegado al punto 4 de la sesión y finalizada la intervención de
otro concejal, “[…] el concejal Wilmer Vergara Robles reporta su presencia en la
sesión. La presidente expresa que no habiendo proposiciones sobre la mesa
solicita al secretario continuar con el orden del día. El secretario informa que está
agotado el orden del día. Se levanta la sesión […]”. Asimismo, el Tribunal encontró
probado que el Secretario del Concejo Distrital certificó, la asistencia de ese
Concejal a la sesión de 28 de julio de 2021 con fines de reconocimiento y pago de
honorarios.

17.8. En ese orden de ideas, explicó que no existía duda sobre la asistencia
comprobada del Concejal Leonardo González Campero a la respectiva sesión y
por ello que no se configuraba la indebida destinación de dineros públicos por
parte de los miembros de la Mesa Directiva del Concejo al haber ordenado el pago
de honorarios de este Concejal. No obstante, aclaró que ello no ocurría en relación
con los otros dos concejales.

17.9. Consideró que las sesiones no presenciales del Concejo Distrital, con
ocasión de la pandemia, fueron reguladas por la Resolución núm. 17 de 2021 y
que a partir de los artículos 4, 5 y 10, lo que se verificó fue la inobservancia por
parte de cada uno de los concejales que presuntamente tuvieron problemas de
conectividad y del Secretario del Concejo Distrital sobre los mandatos contenidos
en estas normas, en cuanto establecen que, ante problemas de conectividad,
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debía informar y dejar constancia sobre dicha situación. Asimismo, que no puede
afirmarse que en estos casos se dio una asistencia comprobada de estos
concejales a las respectivas sesiones porque, del análisis de las intervenciones
de estos, no se advierte una presencia significativa a las mismas, ni excusa de su
retiro, ni informe sobre imposibilidad de conectarse, como para hacer un juicio de
valoración y admitir una asistencia parcial que permita el pago de honorarios.

17.10. Por ello, consideró que se encontraba probado el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura en relación con el reconocimiento y pago de
honorarios en favor de los concejales Darinel Villamizar Ruiz y Wilmer Vergara
Robles.

El elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura

17.11. El Tribunal consideró que en este caso no se encontraba probado el
elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura porque no se
encontraba probada una conducta dolosa en la medida en que las pruebas no
acreditan “[…] que la ejecución de la conducta por parte de la mesa directiva del
Concejo de Barrancabermeja traducida en los actos administrativos que
reconocen honorarios a los concejales, haya estado precedida de un conocimiento
cierto de que las intervenciones de los concejales en el momento en que fueron
advertidas hayan sido constitutivas de una inasistencia […]” y que, pese a ello,
hubieren procedido al reconocimiento y pago de honorarios.

17.12. Consideró que la conducta no es gravemente culposa porque los
concejales si reportaron una asistencia a las sesiones, la cual fue presenciada por
la Mesa Directiva, que se encontraba en la sesión, y que además fue certificada
por el Secretario del Concejo Distrital con fines de reconocimiento y pago de
honorarios, lo que en criterio del tribunal implicó que “[…] podría considerarse que
se generaba el derecho al pago de honorarios, descartando así la culpa grave con
la connotación que se exige conforme a la jurisprudencia […]”.

17.13. Concluyó, por un lado, que “[…] no obstante edificarse la causal de perdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos en atención a que, las
intervenciones acreditadas en la sesión por parte de los concejales Darinel
Villamizar y Wilmer Vergara no pueden tenerse como asistencia comprobada al
tenor del contenido y del espíritu de la norma reguladora del pago de honorarios,
los integrantes de la Mesa Directiva no actuaron con culpa grave, esto es, con el
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pleno conocimiento de que esta mínima asistencia parcial no era representativa
de la exigencia normativa, toda vez que arribar a tal conclusión exigía un análisis
interpretativo, que no se traduce en un mero deber de diligencia ordinaria, por lo
que el funcionario no estaba en condiciones de comprender el hecho o
circunstancia configurativa de la causal […]”.

El recurso de apelación presentado por la Solicitante

18. La Solicitante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se decrete la
pérdida de investidura de los concejales, con fundamento en los siguientes
argumentos:

18.1. Indicó que solamente sería objeto de apelación el elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura atribuida a los concejales, en la medida en que
el Tribunal descartó la culpa grave con fundamento en que si se reportó una
asistencia parcial y presenciada por la Mesa Directiva y certificada por el
Secretario del Concejo, que podría generar una situación de duda razonable que
motivara el pago de honorarios.

18.2. Señaló que el estudio del elemento subjetivo debió seguir los mismos
razonamientos que se consideraron en el marco del estudio del elemento objetivo,
los cuales permitieron concluir que los concejales Darinel Villamizar Ruiz y Wilmer
Vergara Robles no asistieron a las sesiones y que, al autorizarse el pago de
honorarios, se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos.

18.3. Al respecto, manifestó que “[…] es fácil inferir que los demandados
conocían al presidir la sesión de clausura del fecha 30 de abril de 2021, que una
vez finalizada la intervención del Alcalde y declarado cerrado el periodo de
sesiones ordinarias, entraba el concejo de Barrancabermeja en periodo de receso,
y por tanto estaba agotado el orden del día de la sesión y debía como tal,
levantarse la misma por el cierre del periodo ordinario […]”; lo anterior sumado a
que en el acta de sesión no se registró la asistencia del precitado concejal y en la
misma se hace constar que el reporte es posterior a la clausura y agotamiento del
orden del día.

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18.4. Al respecto, agregó que para los miembros de la Mesa Directiva “[…] era
fácil y prudente verificar al momento de reconocer honorarios, que el concejal
Villamizar no había asistido a la sesión plenaria […]” y que las situaciones puestas
de presente no ameritaban error alguno o interpretación distinta a la no asistencia
del concejal, contrario a lo señalado por el Tribunal al pretender exculpar a los
miembros de la Mesa Directiva en relación con el elemento subjetivo, por una
“asistencia parcial”.

18.5. Afirmó que el Tribunal no puede desnaturalizar el elemento subjetivo “[…]
bajo la modalidad de culpa grave, con el pretexto de una asistencia parcial
presenciada por la Mesa Directiva y certificada por el secretario del Concejo,
conforme no puede predicarse por lo menos en el caso del reconocimiento de
honorarios a favor del concejal Darinel Villamizar que este haya hecho presencia
en desarrollo de la sesión plenaria o que pueda tenerse como asistencia parcial
porque le hayan permitido su presentación una vez finalizado el orden del día y
entrado en receso el concejo por el respectivo acto de clausura y que como tanto,
era fácil advertir por lo demandados dicha circunstancia, no solo de la no
respuesta al llamado a lista realizado por el secretario del concejo, sino, porque
jamás hizo presencia en el desarrollo de la sesión […]”. Adicional a lo anterior,
agregó que los concejales miembros de la Mesa Directiva tenían el deber de
impedir la participación del concejal porque ya había finalizado la sesión y que, en
todo caso, el hecho de que hubiere una intervención posterior no implica que la
sesión de clausura se hubiere extendido.

18.6. Señaló que si bien el Secretario certificó que el concejal Darinel Villamizar
Ruiz asistió a la respectiva sesión para efectos de reconocimiento de honorarios,
“[…] quien tenía la obligación de verificación, y que bien pudieron haberla
efectuado por la existencia de prueba del acta de sesión, video de la sesión y
presidido la misma, es indefectiblemente los demandados y no apoyarse en un
posible error del secretario de la corporación […]”, para reconocer honorarios,
como lo expresó el Tribunal en la sentencia apelada.

18.7. Manifestó que no existe prueba en el plenario de alguna diligencia en pro
de asesoría por parte de los Concejales miembros de la Mesa Directiva con el fin
de verificar si era o no oportuno el reconocimiento de honorarios a favor del
concejal Darinel Villamizar Ruiz ni que su conducta se enmarcara en la buena fe;
y agregó que la sentencia proferida por el Tribunal no realizó una evaluación o

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análisis profundo o acorde a la situación referente al cuidado y diligencia en el
reconocimiento y pago de los honorarios.

18.8. Afirmó que todo lo anterior es aplicable al caso del Concejal Wilmer Vergara
Robles y en relación con lo cual también se configuró la culpa grave.

18.9. Por último, señaló que “[…] los concejales demandados debían ser
conocedores de sus funciones y de la implicación de reconocer honorarios sin la
asistencia debidamente comprobada, además, de lo que implicaba no realizar una
debida diligencia en la verificación de asistencia de los concejales durante el
desarrollo o no de las sesiones, como exige el artículo 65 de la ley 136 de 1994 y
la resolución 017 de 2021 expedida por los mismos demandados, y han debido
prever el alcance de no verificar el acta de sesiones de fecha 30 de abril de 2021,
y el video de la sesión de clausura, el cual denotaba la no asistencia de los
concejales dentro de las sesiones desarrolladas, comportamiento que denota
culpa grave, el cual debe ser sancionado con la declaratoria de perdida de
investidura […]”.

Traslado del recurso de apelación

19. Surtido el traslado del recurso de apelación, los concejales descorrieron
traslado del recurso. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

20. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la
causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos; vii)
el marco normativo y desarrollo jurisprudencia del reconocimiento y pago de
honorarios de los concejales; viii) el análisis del caso concreto; y ix) las
conclusiones.

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Competencia de la Sala

21. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre
la aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 1506 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117,
sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo
13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 20198: la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto.

22. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar
lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine.

23. Vistos los artículos 328, sobre competencia del superior y 320, sobre fines de
la apelación de la Ley 1564 de 12 de julio de 20129, la Sala se pronunciará
únicamente en relación con los reparos o argumentos planteados por la apelante.

Problemas jurídicos

24. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto por la Solicitante, si los concejales Erlig Diana Jiménez Becerra,
Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz Gambindo incurrieron o no en el elemento
subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4.° del
artículo 48 de la Ley 617, consistente en la indebida destinación de dineros
públicos, al disponer el reconocimiento y pago de honorarios a favor de los
concejales: i) Darinel Villamizar Ruiz a la sesión de 30 de abril de 2021; y ii) Wilmar
Vergara Robles a la sesión de 28 de julio de 2021; y, en esa medida, si se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia de 6 de julio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia.

6 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
8 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
9 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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La calificación habilitante

25. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 1881, la Sala encuentra probado que
Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz Gambindo
tienen la calidad de concejales del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico
y Biodiverso de Barrancabermeja -Departamento de Santander-, según consta en
el formulario E-26 CON10 expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora,
por medio de la cual se declaró a estos candidatos como concejales del Distrito
de Barrancabermeja para el periodo 2020-2023.

26. En ese orden de ideas, la investidura de los concejales se tiene por cierta en
la medida en que el documento anteriormente indicado constituye prueba de dicha
calidad, lo cual los hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura

Marco normativo

27. Vistos los artículos 18411 de la Constitución Política; 14312 de la Ley 1437 y
las leyes 136, y 617 1881 y 2003, en especial, el artículo 1.° de la Ley 1881.

Desarrollos jurisprudenciales

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio13 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la

10 Cfr. Página 15 del documento en formato pdf denominado “002 ANEXO.pdf”.
11 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado

de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
12 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara

correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
13 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-

000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
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protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.

29. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.

30. La Sala Plena14 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.

31. En esa misma orientación, la Corte Constitucional15 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.

32. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201016. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,

Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
15 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
16 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).

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Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.

33. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.

34. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con
la jurisprudencia de las altas cortes17, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo 18.

35. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento
en ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma
que establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se
configura o no el elemento subjetivo19.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura

36. Vistos los artículos 9.º y 18 del Código Civil, “[…] la ignorancia de las leyes no
sirve de excusa […]”20 y “[…] [l]a ley es obligatoria tanto a los nacionales como a

17 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
18 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó

la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]”.
19 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso

sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en
general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
20 Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997, señaló

sobre el artículo 9 del Código Civil, lo siguiente: “[…] Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
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17

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los extranjeros residentes en Colombia […]”. Asimismo, visto el artículo 57 de la
Ley 4 de 20 de agosto de 1913, “[…] [s]obre régimen político y municipal […]”,
“[…] [l]as leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive los extranjeros,
sean domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de éstos, los derechos
concedidos por los tratados públicos […]”.

37. Al respecto, es preciso indicar que el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por el Consejo
de Estado y por la Corte Constitucional. En ese sentido, la Sala procede a enunciar
algunos de los principales pronunciamientos proferidos al respecto.

Sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016

38. La Corte Constitucional, en sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 201621,
consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura se debía
determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de quien
ostentaba la dignidad, porque el juicio de responsabilidad contenía un elemento
objetivo y un elemento subjetivo que atendía “[…] a las circunstancias particulares
en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción
u omisión […]”.

39. Lo anterior, porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este
proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las
sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la
ocurrencia de una conducta regulada en la ley […], contraria al ordenamiento
jurídico […] y culpable […]”.

equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico […].
Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible
a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de
las consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia. […].
No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del
derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para
evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante
en la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades
para conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban
ser relevados de cumplirlos […]” (Destacado fuera de texto).
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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40. Asimismo, señaló que: i) por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
de la Constitución Política; ii) “[…] el juicio constitucional de pérdida de investidura
analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con
culpa del demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado) […]”, y iii) era
necesario verificar la culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer la
inhabilitación para ser elegido a perpetuidad.

Sentencia de 25 de mayo de 2017

41. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 201722, indicó que
para definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar
los elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
correspondían al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si
el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

42. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el
marco normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación general
para el candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía analizarse de
acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta
es culposa o si, por el contrario, se estaba ante una situación de buena fe exenta
de culpa que impidiera el reproche subjetivo de su obrar.

43. De igual forma, precisó que las calidades o requisitos positivos y negativos
con los que debía contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal eran
de obligatoria observancia, revisión y análisis previo, por cuanto “[…] [e]sa, es una
diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de
inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a
la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de

2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.

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19

Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de
Cabildante. […]”.

44. Asimismo, consideró que el proceso de pérdida de investidura exige la
observancia del debido proceso y, particularmente, de los principios pro homine,
in dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

45. En ese sentido, la Sala señaló como parámetros para realizar el estudio del
elemento subjetivo, lo siguiente:

“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés
jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto
es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario
al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que
su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura,
estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por
ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma
resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

[…]

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la
celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado,
al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para
la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar. […].

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.

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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o
descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa
se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable
de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente
a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar
si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por
el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar […]”.

Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017

46. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de
201723, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben
valorar en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si se
está ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa […]”.

Sentencia de 10 de mayo de 2018

47. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 201824, consideró que la
omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar
un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que
le impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de su parte […]”25.

23 Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; Magistrado Ponente, doctor José

Fernando Reyes Cuartas.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de

2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
25 Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de
2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] El proceder del d deriva en negligente, habida cuenta que no
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48. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela y
cuidado, ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al
cargo al cual pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó
de forma diligente […]”.

Sentencia de 11 de junio de 2020

49. Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 202026, hizo referencia al
artículo 4 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s deber de los
nacionales […] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades […]” y reiteró el contenido del artículo 9.º del Código Civil, en el cual
se indica que “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.

50. Asimismo, resaltó que el estudio del elemento subjetivo requería el análisis
del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico; entretanto, la segunda atañía a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

51. En ese sentido, concluyó que para llegar a definir si una conducta era dolosa
o gravemente culposa se debían analizar los elementos que constituían el aspecto
subjetivo de la misma, los cuales correspondían al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debía determinar si el sujeto
conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

verificó el régimen de inhabilidades que rodeaba el cargo al cual aspiró, pues ello le hubiera permitido
percatarse que en su persona se erigía una prohibición para aspirar y ser elegido Concejal Municipal […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de agosto de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] está claramente establecido en este proceso que no obstante
su deber de conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la
correspondiente responsabilidad […]”; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación:
810012339000201700118-01 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación:
760012333000201800572-01; providencias en las cuales se consideró que “[…] No hay prueba en el
expediente que permita determinar que el Concejal demandado obró con el cuidado requerido y así definir si
su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar. Al respecto, cabe precisar que el artículo 9.º del Código Civil, según
el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de

2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 170012333000201800611-02.
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de agosto de
2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 630012333000202000417-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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22

Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

52. De igual forma, indicó que, por un lado, en los casos en los cuales se probara
que el miembro de la Corporación Pública de elección popular conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de
la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; y por el otro, en aquellos
eventos en los que se concluyera que el sujeto no conocía la ilicitud de su
conducta pero, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su
actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las
medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento culposo,
de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

Sentencia de 11 de marzo de 2021

53. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202127, consideró que “[…]
no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es
acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida de
investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una
inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente […] el análisis de la
culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación
de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado […]”.

54. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la
formulación correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser
necesario, de la documentación y elementos que permitan su debida
comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos
que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de
pérdida de investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado, las
apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías
deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que de estos

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de

2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

se desprenda un convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar
incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura.

La conducta dolosa o gravemente culposa

55. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta
se encontraba prohibida por la Constitución Política y la ley.

56. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la
intención en la misma.

57. Asimismo, la pérdida de investidura tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva a que debe ser inexcusable.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos

58. Visto el numeral 4.º del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os […] concejales
municipales y distritales […] perderán su investidura: […] [p]or indebida
destinación de dineros públicos […]”.

59. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 28,
mediante sentencia de 6 de mayo de 2014, en relación con la causal de pérdida
de investidura de congresistas por indebida destinación de dineros públicos,
aplicable al caso de los concejales, consideró lo siguiente:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura,
tampoco describen la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del
Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure. En este
sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista destina
los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede
utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos
prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 201229, señaló que
aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando
la destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales

28 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente:

ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), Radicación número:
11001-03-15-000-2013-00865-00(PI), Actor: CARLOS MARIO ISAZA SERRANO, Demandado: ROY
LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE
29 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento: “La causal de indebida
destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en las normas
legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces,
pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha definido.
La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el
concejal destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales
distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.”

Respecto a los elementos constitutivos […] la Sala Plena, en sentencia del 6 de
marzo de 200330 también señaló: “ ‘Por consiguiente, el elemento tipificador de la
causal de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el
congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados
pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica
tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas,
o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros,
o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor
o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como los antes indicados, la conducta
del congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal
de ordenación del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a
la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ ”.

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su
condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado
en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o
utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la condición
de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar, defender y
cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado
para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal
comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre
de 200531 señaló: “Para la configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política
(reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o
requieren dos elementos como son la conducta y el fin.”

En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede
demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la agota
ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las
competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al
destinar los recursos públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados,
o a aquéllos que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii)
aplique tales dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii)
obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda

30 Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
31 Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.

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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceras
personas, etc […]”.

60. Asimismo, esta Sección32, siguiendo los planteamientos de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha expresado, frente a la
configuración de esta causal de pérdida de investidura, lo siguiente:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra definida
en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha
referido en distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia
30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán
Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida
destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias
de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o
cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal
o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo33 y también por la Sección Primera del Consejo de
Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de
noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700,
Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009
(Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente
doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y 1º de
agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151, Consejera ponente María Elizabeth
García González) […]”.

61. En suma de todo lo anterior, se considera lo siguiente:

61.1. Que la indebida destinación de dineros públicos es una norma abierta
porque la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de la causal ni
detalla un catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual atiende a
la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros públicos
para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución

32 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA,
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce
(2014), Radicación número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI), Actor: JESUS ANTONI OBANDO ROA,
Demandado: CESAR LONDOÑO VILLEGAS Y OTRO, Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA
DE INVESTIDURA.
33 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm.

AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

Política, las leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o distorsiona
los fines y cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula el
gasto34.

61.2. Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a
través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e
independencia existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las
conductas que materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran
la causal de pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas
como delitos […]”35.

61.3. Para efectos de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el
Estado.

61.4. La configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura sub
examine requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) que se ostente la
condición de miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté
frente a dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados.

62. Asimismo, es importante resaltar que la indebida destinación de dineros
públicos se configura en los siguientes casos:

62.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

34 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de

diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero,
expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
35 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3

de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00
C.P. doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes.
Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María Lemos Bustamante, expediente:
11001-03-15-000-2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de pérdida de
investidura es congruente con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio
de 1994, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5
de 1992, que condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del
Congreso por indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de
sentencia penal condenatoria.
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

62.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los
destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los
cuales esos dineros se encuentran asignados.

62.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.

62.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.

62.5. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.

62.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del reconocimiento y pago de
honorarios de los concejales

63. Visto el artículo 312 de la Constitución Política36, según el cual, respecto a los
concejales dispuso, entre otros asuntos, por un lado, que “[…] [l]a ley determinará
las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los concejales y la época de
sesiones ordinarias de los concejos […]”; y, por el otro, que “[…] [l]a ley podrá
determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a
sesiones […]”.

64. Vistos el artículo 65 de la Ley 136, sobre reconocimiento de derechos, los
concejales tienen derecho a percibir honorarios por su asistencia comprobada a
“sesiones plenarias”, de conformidad con la tabla allí prevista. En efecto, la citada
norma reseña lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 65. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. Los miembros de los
concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de
honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias.

Así mismo, tienen derecho, durante el período para el cual fueron elegidos, a un
seguro de vida y a la atención médico-asistencial personal, vigente en la respectiva
localidad para los servidores públicos municipales.

36 Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:>

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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios expidan las
mesas directivas de los concejos, serán publicadas en los medios oficiales de
información existentes en el respectivo municipio o distrito. Cualquier ciudadano o
persona podrá impugnarlas, y la autoridad competente, según el caso, dará curso
a la investigación o proceso correspondiente […]”.

65. Visto el artículo 23 de la Ley 136, sobre periodo de sesiones, se establecen
los periodos de sesiones ordinarios de los municipios clasificados, por un lado, en
las categorías especial, primera, segunda; y, por el otro, en las demás categorías.

66. Visto el artículo 66 de la Ley 136, sobre causación de honorarios, establece
el valor de los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales, según la
categoría del municipio, en el siguiente sentido:

“[…]ARTÍCULO 66. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1368 de 2009.
El nuevo texto es el siguiente37:> Atendiendo la categorización establecida en la
Ley 617 de 2000, el valor de los honorarios por cada sesión a que asistan los
concejales será el señalado en la siguiente tabla:
Categoría Honorarios por sesión

Especial $ 347.334
Primera $ 294.300
Segunda $ 212.727
Tercera $ 170.641
Cuarta $ 142.748
Quinta $ 114.967
Sexta $ 86.862

A partir del primero (1o) de enero de 2010, cada año los honorarios señalados en
la tabla anterior se incrementarán en un porcentaje equivalente a la variación del
IPC durante el año inmediatamente anterior.

En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán
anualmente ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40)
extraordinarias al año. En los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán
anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte (20) sesiones
extraordinarias al año.

PARÁGRAFO 1o. Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación
proveniente del tesoro público del respectivo municipio, excepto con aquellas
originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las demás excepciones
previstas en la Ley 4ª de 1992.

PARÁGRAFO 2o. Se exceptúan del presente artículo los concejales de la ciudad
de Bogotá, por cuanto el Decreto-ley 1421 de 1993, regula la materia […]”.

67. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley 136, los concejos expedirán un reglamento interno para su

37 La redacción original del texto de la Ley 136 de 1994 ha sido objeto de numerosas modificaciones por la

Ley 617 de 2000, la Ley 1148 de 2007, la Ley 1368 de 2009 y, más recientemente, la Ley 2075 de 2021. El
texto de la Ley 1368 de 2009 corresponde a la redacción vigente al momento de ocurrencia de los hechos
que dio origen a la demanda de pérdida de investidura.
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las
comisiones, a la actuación de los concejales y su remuneración y la validez de las
convocatorias y de las sesiones.

68. Adicional a lo anterior, en el caso concreto y con ocasión de: i) la situación
derivada de la pandemia por coronavirus COVID-19; ii) que el Reglamento del
Concejo Distrital de Barrancabermeja no regulaba las sesiones no presenciales; y
iii) que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-242 de 9 de julio de 202038,
declaró inexequible el artículo 12 del Decreto legislativo 491 de 28 de marzo de
2020: el Concejo Distrital de Barrancabermeja expidió la Resolución núm. 017 de
26 de febrero de 2021, por la cual se regulan las sesiones no presenciales en el
Concejo Distrital de Barrancabermeja y, en especial, el acceso a las sesiones no
presenciales, la apertura de la sesión no presencial, el registro de los concejales,
las fallas técnicas y los honorarios de los concejales. En efecto, la Resolución
establece lo siguiente:

“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Realización de sesiones no presenciales. La plenaria y las
comisiones permanentes y accidentales del concejo municipal de
Barrancabermeja podrán sesionar de manera no presencial para ejercer sus
atribuciones constitucionales y legales conforme al procedimiento que se señala
en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Herramientas tecnológicas que implementar en las
sesiones no presenciales. Las sesiones no presenciales se realizarán mediante el
medio tecnológico y de videoconferencia mediante la plataforma dispuesta por la
presidencia del concejo municipal de Barrancabermeja, y administrada por el
secretario general de la corporación, quien deberá garantizar la autenticidad,
integridad y grabación y posterior disponibilidad de las deliberaciones y decisiones
que adopten los concejales en la plenaria y en las comisiones permanentes y
accidentales en uso de este medio […]

ARTÍCULO TERCERO. Acceso sesiones no presenciales. […]

En el día y la hora señalados en la convocatoria, los concejales y funcionarios
citados deben acceder a la plataforma a través de su correo electrónico, el uso y
manejo de la autenticación de acceso a la plataforma de videoconferencia tiene
carácter personal e intransferible y su uso está restringido a los fines del presente
acto administrativo, y el manejo, control, seguridad y buen uso de estos datos y
medios es responsabilidad exclusiva de cada usuario, en este caso de cada uno
de los concejales.

ARTÍCULO CUARTO. Apertura de la sesión no presencial. En la fecha y hora
señalada en la convocatoria de la sesión no presencial bien sea plenaria o de las
comisiones permanentes o accidentales, el respectivo presidente abrirá la sesión
y solicitara al secretario llamar al listado a la totalidad de los concejales de la

38 M.P. doctores Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger.

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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

plenaria o de la comisión. El llamado se realizará al inicio en cualquier momento
de la videoconferencia. Los concejales asistentes a la sesión deberán contestar
el llamado a lista, a partir de dicho llamado, la Secretaría certificara su asistencia
para efecto de reconocimiento de honorarios.

En desarrollo de la sesión no presencial a petición del algún concejal se podrá
verificar el quorum y participación de otros concejales siguiendo el procedimiento
de llamado a lista establecido en este artículo.

ARTÍCULO QUINTO. Registro de concejales. Durante el desarrollo de la sesión
la presidenta de la plenaria o de la comisión que este sesionando, solicitara al
secretario llamar a lista a los concejales que no hayan respondido al llamado a
lista inicial, en este caso se procederá en la misma forma establecida en el artículo
anterior a partir de este registro el secretario debe certificar la asistencia de
concejales que atiendan al llamado para efectos del reconocimiento de
honorarios.

[…]

ARTÍCULO NOVENO. Fallas técnicas posibles en el transcurso de la transmisión.
En caso de que se presenten fallas técnicas durante la sesión no presencial, los
funcionarios encargados de la grabación y el sonido adoptarán las medidas
necesarias para reanudarla, una vez reanudada la sesión se llamará a lista y se
verificará el quórum conforme a las descripciones del artículo cuarto de la presente
resolución.

Parágrafo. Si la falla técnica no es corregida o superada en el término de 30
minutos, el presidente podrá suspender la sesión, la cual se reanudará en la
siguiente sesión debiendo evacuar primero el orden del día de la sesión
suspendida.

ARTÍCULO. Décimo (sic) Honorarios de los Concejales. A los concejales se les
reconocerá honorarios por su asistencia a las sesiones no presenciales de la
plenaria siempre y cuando cumplan con los requisitos dispuestos en el presente
acto administrativo […]”.

69. Ahora bien, esta Sección, en reiterada jurisprudencia39 ha considerado que el
derecho de los concejales al reconocimiento de honorarios se deriva de su
asistencia comprobada a las sesiones plenarias y a las comisiones permanentes
que se lleven a cabo en días diferentes a los de aquellas, puesto que: “[…] con
sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Política, y en los artículos
65 de la Ley 136 de 1994 […] los concejales tienen derecho al pago de honorarios
por su asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva corporación, sin que
se establezca otra condición en dichas normas, de la que se haga depender la
causación del respectivo derecho […]”..

39 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 22 de febrero de 2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación 25000-23-42-
000-2017-04038-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 12 de julio de 2018, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 25000-23-42-000-
2017-04041-01; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 21 de mayo de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 50001-23-33-
000-2020-00758-01
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70. Así lo reconoció también la Corte Constitucional40 al considerar:

“[…] 5. Sobre el régimen laboral y prestacional de los concejales municipales, el
artículo 312 de la Constitución Política señala en sus incisos segundo y tercero que
“los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos” y que “la ley podrá
determinarlos casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a las
sesiones”.

“En desarrollo de las anteriores disposiciones superiores, el artículo 65 de la Ley
136 de 1994 prescribe que los miembros de los concejos de las entidades
territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia
comprobada a las sesiones plenarias […]”.

[…]

Con sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Política, y en los artículos
65 de la Ley 136 de 1994 y 58 de la Ley 617 de 2000, los concejales tienen derecho
al pago de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones de la
respectiva corporación, sin que se establezca otra condición en dichas normas,
de la que se haga depender la causación del respectivo derecho […]”.

71. A su vez, a las mesas directivas les corresponde expedir las resoluciones para
efectos del reconocimiento de los honorarios, actos administrativos que deben ser
publicados en los medios oficiales existentes en el respectivo municipio o distrito,
con el fin de que cualquier ciudadano pueda impugnarlos, en cuyo caso, la
autoridad competente debe dar trámite a la investigación correspondiente.

Análisis del caso concreto

72. De conformidad con el marco normativo y con los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra: la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Análisis del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura en el
caso sub examine

73. La Sala analizará el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
en el caso sub examine, con fundamento en los parámetros establecidos por la
Sala en la sentencia de 25 de mayo de 201741, referida supra.

40 Sentencia C-043 de 28 de enero de 2003, Referencia: expediente D-4169, Magistrado Ponente: doctor

Marco Gerardo Monroy Cabra
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de

2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
.
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74. La Solicitante en el recurso de apelación manifestó que en este caso se
configuró el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos porque, en su criterio:

75.1. El estudio del elemento subjetivo debió seguir los mismos razonamientos
que permitieron concluir la configuración del elemento objetivo; en especial, que
los concejales Darinel Villamizar Ruiz y Wilmer Vergara Robles no asistieron a las
sesiones y que, al autorizarse el pago de honorarios por la Mesa Directiva se
configuró la indebida destinación de dineros públicos.

75.2. Los miembros de la Mesa Directiva conocían que los señores Villamizar Ruiz
y Vergara Robles no asistieron a las sesiones y que era fácil y prudente verificar
la no asistencia a las mismas a través de las actas y videos.

75.3. Las situaciones que fundamentaron la sentencia proferida por el Tribunal no
ameritaban interpretación, error o situación que exculpe la configuración del
elemento subjetivo.

75.4. Si bien el Secretario General del Concejo Distrital certificó la asistencia de
los concejales Villamizar Ruiz y Vergara Robles a las respectivas sesiones,
correspondía a los miembros de la Mesa Directiva realizar las verificaciones del
caso; y no se aportó prueba sobre la diligencia de los miembros de la Mesa
Directiva para efecto de exculpar su conducta, ni se probó la buena fe.

75. Al respecto, la Sala considera que, de conformidad con la presunción
establecida en los artículos 4 de la Constitución Política; 9.° y 18 del Código Civil;
y 57 de la Ley 4 de 1913, la señora Erlig Diana Jiménez Becerra y los señores
Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz Gambindo conocían sus deberes
constitucionales, legales y reglamentarios.

76. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que el estudio del elemento subjetivo debe analizarse
de acuerdo con las condiciones personales del sujeto y las circunstancias
particulares de cada caso: la Sala procederá a analizar, en el caso sub examine,
si los Concejales miembros de la Mesa Directiva del Concejo Distrital de
Barrancabermeja incurrieron o no en el elemento subjetivo de la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos, para lo cual se reitera
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que corresponde al Solicitante y a los concejales probar los supuestos de hecho
de las normas que establecen el efecto jurídico que persiguen.

77. Se aclara que, en el caso sub examine, la configuración del elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos no fue objeto del recurso de apelación y, en consecuencia, esta Sala no
entrará a realizar consideraciones sobre dicho aspecto.

78. En ese orden, la Sala resolverá el problema jurídico partiendo de que se
encuentra probada la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura, pero sin perjuicio de la valoración probatoria que corresponda en
relación con la configuración o no del elemento subjetivo.

79. En ese orden de ideas, la Sala encuentra probado adicionalmente, que: i) la
señora Erlig Diana Jiménez Becerra y los señores Edgardo Moscote Paba y Jaser
Cruz Gambindo fueron elegidos concejales del municipio de Barrancabermeja
para el período 2020-2023 y que tomaron posesión de su investidura según consta
en el acta núm. 001 de 2 de enero de 202042; ii) el 28 de diciembre de 2020 se
posesionó como Secretario General del Concejo Distrital de Barrancabermeja el
señor Franklin Andrés Nuñez Cuellar, según consta en el acta de posesión núm.
005 de 28 de diciembre de 202043; iii) la señora Erlig Diana Jiménez Becerra y los
señores Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz Gambindo fueron elegidos
respectivamente como Presidenta, Primer Vicepresidente y Segundo
Vicepresidente del Concejo Distrital de Barrancabermeja, para la vigencia 2021,
según consta en el Acta de la sesión ordinaria núm. 017 de 10 de julio de 202044.

80. En relación con el Concejal Daribel Villamizar Ruiz se encuentra probado con
el Acta de sesión ordinaria núm. 058 de 30 de abril de 202145, lo siguiente: i) que
no contestó el llamado a lista inicial; ii) que se certificó en el acta que
“[e]scuchando el audio se certifica que 17 concejales estuvieron presentes en
sala”, lo cual implica que se certificó la presencia de todos los concejales a la
sesión; iii) que el orden del día estaba compuesto por 7 puntos, iniciando con el
“llamado a lista y verificación del quorum” y finalizando con la “Clausura del primer
período de sesiones ordinarias a cargo del señor alcalde distrital”; iv) que se
sometió a consideración el orden del día y que el Concejal Villamizar Ruiz no

42 Cfr. Documento denominado “007 ANEXO”.
43 Cfr. Documento denominado: “Acta de posesión Secrertario (sic) del Concejo”.
44 Cfr. Documento denominado “008 ANEXO”.
45 Cfr. Documento denominado “ACTA 058 DE 2021 del 30 de abril de 2021”.

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participó en la votación; v) una vez finalizada la intervención del Alcalde Distrital,
producto de la intervención por la Clausura del primer periodo de sesiones
ordinarias, se registró la participación del Concejal Darinel Villamizar Ruíz para
reportar su asistencia a la sesión de clausura y dar un saludo al Alcalde; vi) la
Presidenta del Concejo Distrital realizó una intervención en la que expresa que,
clausurada la sesión, se solicita al Secretario continuar con el orden del día; vii)
se registra en el acta que “El secretario reporta la presencia del concejal Darinel
Villamizar Ruíz en la sesión del día e informa que el orden del día ha sido
agotado”; y viii) la presidenta informa que, agotado el orden del día, se levanta la
sesión. El acta establece en lo pertinente lo siguiente:

“[…] CONCEJALES ASISTENTES:

Durante el llamado a lista se encontraban presentes los concejales: Erlig
Diana Jiménez Becerra presidente, Edgardo Moscote Paba primer vicepresidente,
Jaser Cruz Gambindo segundo vicepresidente, Néstor Robert Álvarez Moreno,
Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair
Correa Caraballo, Leonardo González Campero, Juliett Marcela Rodríguez
Rincón, Luis Enrique Sánchez Palomino.

El secretario informa que hay quórum deliberatorio, y decisorio con 10 concejales
presentes en sala y 7 concejales ausentes; seguidamente reporta la presencia del
concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda en la sesión.

Escuchando el audio se certifica que 17 concejales estuvieron presentes en
sala.

La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.

ORDEN DEL DÍA.

1º. Llamado a lista y verificación del quórum.

2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales Ricardo
Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, Jaime Zapata
Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, Héctor Mantilla
Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara Martínez y Blanca Durán
de Padilla.

3º. Lectura de comunicaciones.

4º. Proposiciones y asuntos varios.

5º. Himno nacional.

6º. Himno de Barrancabermeja.

7º. Clausura del primer período de sesiones ordinarias a cargo del señor
alcalde distrital.

La presidente somete a consideración el orden del día leído, abre la
discusión, anuncia que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a los
concejales si aprueban el orden del día.
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El secretario hace el llamado a lista para la votación del orden del día, votando
positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi
Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser
Cruz Gambindo, Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez Becerra,
Edgardo Moscote Paba, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson Leonidas
Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández,
Wilmar Vergara Robles; informando que el orden del día ha sido aprobado por 13
concejales que se encuentran presentes en sala y 4 concejales ausentes.

La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.

[…]

VII. CLAUSURA DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS A
CARGO DEL SEÑOR ALCALDE DISTRITAL.

La presidente da la bienvenida al alcalde Alfonso Eljach Manrique para la clausura
de las sesiones ordinarias.

[…]

El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que era para reportar su
presencia en la sesión de clausura de sesiones ordinarias y un saludo al Dr.
Alfonso Eljach.

La presidente expresa que, clausuradas las sesiones ordinarias por parte
del alcalde, solicita al secretario continuar con el orden del día.

El secretario reporta la presencia del concejal Darinel Villamizar Ruíz en la
sesión del día e informa que el orden del día ha sido agotado.

Agotado el orden del día, la presidente levanta la sesión […]” (Destacado fuera
de texto).

81. Adicional a lo anterior, una vez verificada la grabación de la sesión ordinaria
de clausura realizada el 30 de abril de 2021, se advierte que: i) al minuto 2:18 de
la grabación se realizó el primer llamado a lista a los concejales y el Concejal
Darinel Villamizar Ruiz no contestó; ii) al minuto 6:38 de la grabación se da lectura
al orden del día constando de 7 puntos y se informa que el último punto consistirá
en la clausura de las sesiones ordinarias a cargo del señor Alcalde; iii) al minuto
7:59 de la grabación se realiza una llamado a lista para la aprobación del orden
del día y el Concejal Villamizar Ruiz no contestó; iv) una vez adelantados los
puntos del orden del día y realizada la intervención del Alcalde Distrital, este
culmina su intervención al minuto 50:54 de la grabación y posteriormente la
Presidenta del Concejo realiza una intervención que finaliza al minuto 53:52 e
inmediatamente le concede el uso de la palabra al Concejal Darinel Villamizar
Ruiz; v) el Concejal Darinel Villamizar Ruiz realiza un intervención del minuto
54:10 al minuto 54:42 de la grabación en la que se evidencian problemas de
conectividad y en la que manifiesta lo siguiente: “No, Presidente, era para reportar
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(parcialmente ininteligible y con cortes en el audio) mi presencia en la clausura de
… (parcialmente ininteligible y con cortes en el audio) …y un saludo afectuoso a
nuestro alcalde el doctor Alfonso Eljach”; vi) posteriormente, al minuto 55:25 de la
grabación el Secretario General del Concejo manifiesta que, antes de finalizar el
orden del día, informa “[…] que se registró el ingreso a la sesión del Honorable
Concejal Darinel Villamizar Ruiz, que tiene problemas de conectividad y le informo
también que el orden del día ha sido agotado señora Presidente […]”; vii)
finalmente, al minuto 55:40 de la grabación interviene la Presidenta del Concejo
para señalar que agotado el orden del día, se levanta la sesión y da por terminada
las sesiones del periodo ordinario.

82. Se probó que la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Barrancabermeja
expidió la Resolución núm. 032 de 30 de abril de 2021, por medio de la cual se
reconoce honorarios a, entre otros, el Concejal Darinel Villamizar Ruiz por
asistencia a, entre otras, la sesión ordinaria del 30 de abril de 2021. Como anexo
de la Resolución indicada supra, obra en el mismo documento la Certificación
expedida por el Secretario General del Concejo Distrital de Barrancabermeja,
señor Franklin Andrés Núñez Cuellar, en virtud de la cual hace constar que el
Concejal Darinel Villamizar Ruiz asistió a un total de 14 sesiones ordinarias, entre
ellas la del 30 de abril de 2021, y que dicha certificación se expide “[…] para el
reconocimiento y pago de honorarios […]”46.

83. En relación con el Concejal Wilmer Vergara Robles, se encuentra probado con
el Acta de sesión ordinaria núm. 116 de 28 de julio de 2021 47 lo siguiente: i) que
no contestó el llamado a lista inicial; ii) que se certificó en el acta que
“[e]scuchando el audio se certifica que 16 concejales estuvieron presentes en sala
y la ausencia del concejal Jonathan Stivel Vásquez Gómez”, lo cual implica que
se certificó la presencia del concejal Vergara Robles; iii) que el orden del día
estaba compuesto por 5 puntos, iniciando con el “llamado a lista y verificación del
quorum” y finalizando con las “Proposiciones y asuntos varios”; iv) que se sometió
a consideración el orden del día y que el Concejal Vergara Robles no participó en
la votación; v) Que se surtió el orden del día y se inició el punto sobre
“PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS” y durante dicho punto el Secretario
General del Concejo interviene para registrar la presencia del Concejal Wilmar
Vergara Robles en la sesión y posteriormente el referido Concejal realiza una

46 Cfr. Documento denominado “Pago abril del 2021”
47 Cfr. Documento denominado “ACTA 116 DE 2021 del 28 de julio de 2021”.

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intervención para reportar su asistencia; vi) posteriormente, luego de una
intervención del Secretario, interviene la Presidenta para concluir con el orden del
día y luego de otra intervención, se levanta la sesión. El acta establece en lo
pertinente lo siguiente:

“[…] CONCEJALES ASISTENTES:

Durante el llamado a lista se encontraban presentes los concejales: Erlig
Diana Jiménez Becerra presidente, Jaser Cruz Gambindo segundo
vicepresidente, Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano,
Luis Fernando Calderón Mejía, Jorge Armando Carrero Pimentel, Juliett Marcela
Rodríguez Rincón, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández.

El secretario informa que hay quórum deliberatorio, y decisorio con 10
concejales presentes en sala y 7 concejales ausentes.

Escuchando el audio se certifica que 16 concejales estuvieron presentes en
sala y la ausencia del concejal Jonathan Stivel Vásquez Gómez.

La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.

ORDEN DEL DÍA.

1º. Llamado a lista y verificación del quórum.

2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales Ricardo
Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, Jaime Zapata
Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, Héctor Mantilla
Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara Martínez y Blanca Durán
de Padilla.

3º. Citación a funcionarios. Citación a la Dra. Gina Marcela Romo Silva personera
distrital, debate de control político.

4º. Lectura de comunicaciones.

5º. Proposiciones y asuntos varios.

La presidente somete a consideración el orden del día leído, abre la
discusión, anuncia que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a los
concejales si aprueban el orden del día.

El secretario hace el llamado a lista para la votación del orden del día,
votando positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto
Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Luis Fernando Calderón
Mejía, Jaser Cruz Gambindo, Erlig Diana Jiménez Becerra, Luis Enrique Sánchez
Palomino, Luis Manuel Toro Hernández; informando que el orden del día ha
sido aprobado por 9 concejales que se encuentran presentes en sala y 8
concejales ausentes.

La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.

[…]

V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

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[…]

El secretario reporta la presencia del concejal Wilmar Vergara Robles en la
sesión.

El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es para reportar su
presencia en la sesión.

El secretario expresa que hoy se envía el cuestionario a la secretaría de recursos
físicos y a la dirección de tránsito y transporte, tal cual como lo indicó el concejal
Jonathan Vásquez.

La presidente expresa que, no habiendo proposiciones sobre la mesa, solicita al
secretario continuar con el orden del día.

El secretario informa que está agotado el orden del día.

Agotado el orden del día, la presidente levanta la sesión y se cita para mañana a
las 8 de la mañana […]” (Destacado fuera de texto).

84. Adicional a lo anterior, una vez verificada la grabación de la sesión ordinaria
realizada el 28 de julio de 2021, se advierte que: i) al minuto 1:00 de la grabación
se realizó el primer llamado a lista a los concejales y el Concejal Wilmar Vergara
Robles no contestó; ii) al minuto 6:28 de la grabación se da lectura al orden del
día constando de 5 puntos y se informa que el último punto consistirá en
proposiciones y asuntos varios; iii) Al minuto 7:51 de la grabación se realiza una
llamado a lista para la aprobación del orden del día y el Concejal Vergara Robles
no contestó; iv) una vez adelantados los puntos del orden del día y en el marco
del punto relativo a “proposiciones y asuntos varios”, el Secretario General del
Concejo interviene al minuto 49:25 de la grabación para “reportar la presencia del
honorable Concejal Wilmar Vergara Robles en la sesión”. Posteriormente la
Presidenta saluda al Concejal y le concede el uso de la palabra; v) al minuto 49:34
de la grabación interviene el Concejal Vergara Robles y saluda a la Presidenta del
Concejo; y vi) finalmente, al minuto 49:41 de la grabación interviene la Presidenta
del Concejo para realizar unos señalamientos sobre un tema de las proposiciones
y posterior a la intervención del Secretario General del Concejo, en el minuto 50:04
la Presidenta informa que se encuentra agotado el orden del día, se levanta la
sesión y se realiza la citación para la siguiente.

85. Se probó que la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Barrancabermeja
expidió la Resolución núm. 046 de 30 de julio de 2021, por medio de la cual se
reconoce honorarios a, entre otros, el Concejal Wilmar Vergara Robles por
asistencia a, entre otras, la sesión ordinaria del 28 de julio de 2021. Como anexo
de la Resolución indicada supra, obra la Certificación expedida por el Secretario

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General del Concejo Distrital de Barrancabermeja, señor Franklin Andrés Núñez
Cuellar, en virtud de la cual hace constar que el Concejal Wilmar Vergara Robles
asistió a un total de 14 sesiones ordinarias, entre ellas la del 28 de julio de 2021,
y que dicha certificación se expide “[…] para el reconocimiento y pago de
honorarios […]”48.

86. Por último, se aportó como prueba la copia del Acuerdo núm. 59 de 2006,
expedido por el Concejo Municipal de Barrancabermeja, por medio del cual se
modifica el Reglamento Interno del Concejo Municipal; y la Resolución núm. 017
de 26 de febrero de 2021, por la cual se regulan las sesiones no presenciales en
el Concejo Distrital de Barrancabermeja.

87. En este caso y para efectos de determinar si se configura o no el elemento
subjetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos, la Sala reitera los argumentos planteados en dos casos similares
por la Sección Primera del Consejo de Estado, a saber las sentencias de 5 de
mayo de 202249 y la sentencia proferida el 14 de julio de 202250, en las que se
estudió la configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos por hechos similares a
los que se resuelven en este caso y en los que se ordenaron el pago de sesiones
con fundamento en certificaciones expedidas por un tercero, a saber el Secretario
General del Concejo. En la sentencia de 5 de mayo de 2022 se consideró lo
siguiente:

“[…] Siguiendo las actuaciones anteriormente mencionadas y el parámetro
normativo expuesto, es posible admitir que el concejal acusado actuó bajo la
convicción de que la información suministrada por el secretario general del
concejo municipal era acertada, no obstante, este habría incurrido en error en
la verificación de las asistencias, lo que querría decir que fue inducido a error
por aquel servidor público.

Es más, de la comunicación de 19 de diciembre de 2017 citada anteriormente,
resulta evidente que no solo el acusado fue inducido a error sino que lo fue,
igualmente, el concejal […], puesto que la reclamación de los emolumento se hace
«[D]e acuerdo con lo indicado por el secretario general de la corporación, en
el sentido de que se me adeuda el pago de cuatro sesiones extraordinarias».

La premura para cancelar dichos emolumentos por parte de la Mesa Directiva de la
Corporación y del mismo secretario general de la Corporación, que puede ser la
causa de los errores que se presentaron en el reconocimiento y pago de las

48 Cfr. Documento denominado “Pago 28 de julio de 2021”.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con el

NUR. 760012333000202101006-01. C.P: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con el

NUR. 76001233300020220029401. C.P: doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
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40

Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

sesiones extraordinarias al concejal […], se puede explicar por la aplicación de las
normas presupuestales y, en particular, del principio de anualidad fiscal previsto en
el artículo 14 del Decreto n.° 111 de 199651, cuya consecuencia, conforme lo ha
señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación52, consiste en
que, por regla general ─que admite excepciones53─, «(…) las partidas o
apropiaciones contenidas en el presupuesto solo pueden ser utilizadas como
autorización máxima de gasto dentro de la vigencia anual respectiva, vencida la
cual expiran», atendiendo que la reclamación del concejal fue presentada el 19 de
diciembre de 2017 y la Resolución n.° 077 fue expedida el 21 de diciembre de 2017,
esto es a unos días de expirar precisamente la anualidad54.

La Sala, entonces, descarta la existencia del dolo en el obrar del concejal […],
en la medida en que, de la valoración de las pruebas que obran en el
expediente, no es posible deducir una intención positiva del acusado para
desplegar la conducta proscrita por el ordenamiento jurídico, esto es, la
indebida destinación de dineros públicos.

En segundo lugar, y en cuanto atañe a la culpa grave, es de anotar que de acuerdo
con el citado artículo 63 del Código Civil, tal modalidad de culpa está asociada a
una negligencia, imprudencia o impericia extremas, por lo que solo se configura
cuando la conducta que se analiza está «desprovista de un mínimo de cuidado y
diligencia en el ejercicio de sus deberes, al punto que ni siquiera una persona
descuidada o “de poca prudencia” la hubiera ejecutado».

Lo anterior implica que, aunque es cierto, como lo indican los apelantes, que la
función de ordenación del gasto, -en cabeza de la mesa directiva del concejo
municipal-, no se limita a suscribir los documentos que le son proyectados, la
realidad es que no resulta evidente que el acusado, concejal […], hubiese
desplegado una conducta desprovista de un mínimo de cuidado y diligencia
en el ejercicio de sus deberes.

Se observa que aquel siguió el procedimiento que se encontraba previsto en
las normas internas del concejo municipal para el reconocimiento de los
honorarios al concejal […], trámite en el cual se certificó por parte del
funcionario competente, -el secretario general de la corporación-, que

51 “[…] ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el lo. de enero y termina el 31 de diciembre de

cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del
año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán
sin excepción (Ley 38/89, artículo 10) […]”.
52 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 5 de julio de 2016, número único de

radicación 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), consejero ponente Germán Bula Escobar (E).
53 “[…] Tal concepto indica que: Lo anterior no significa que solo se pueden comprometer recursos apropiados

en una vigencia fiscal para ser ejecutados en la misma vigencia, pues la legislación orgánica reguló la
posibilidad de comprometer recursos de vigencias presupuestales futuras diferentes a aquella en que se
realiza el compromiso.
Este mecanismo denominado vigencias futuras es de dos clases: las vigencias futuras ordinarias, respecto
de la asunción de obligaciones que comprenden recursos de la vigencia fiscal en curso, y las vigencias futuras
excepcionales, cuando se asumen obligaciones sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede
la autorización[…]”.
54 El no pago de dichos emolumentos y que daría lugar a que, conforme al artículo 89 del Decreto n.° 111 de

1996, se procediera a la constitución de reservas presupuestales. El citado artículo indica: «ARTICULO 89.
Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas de gasto
que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después
del 31 de diciembre de cada año estas a autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán
comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestases los compromisos
que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando y legalmente contraídos y desarrollen
el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los
compromisos que les dieron origen.
Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones
correspondientes a los anticipas pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios.
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el cumplimiento del
presente artículo (Ley 38/89, artículo 72, Ley 179/94, artículo 38, Ley 225/95, artículo 8o.)».
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

resultaba procedente el reconocimiento y pago de tales emolumentos, con lo
que el acusado, al suscribir la Resolución n° 77 de 21 de diciembre de 2017,
tenía el convencimiento de que la información que le fue suministrada era
veraz y soportada en los archivos que reposaban en la corporación y que por
ello se debía acceder al pago de las sesiones solicitado por el concejal […]”.

La Sala encuentra que la conducta desplegada por el acusado, si bien, reitera,
configuró objetivamente la causal de pérdida de investidura que se le atribuye, esto
es, la indebida destinación de dineros públicos, -lo cual evidenció la primera
instancia y no fue objeto de debate-, no se adecua, de acuerdo con el artículo 63
del Código Civil, al grado de culpabilidad exigido por artículo 1° de la Ley 1881
de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de 201955, esto es, el dolo
y la culpa grave.

En efecto, el análisis de los hechos juzgados daría lugar a encuadrar su conducta,
siguiendo la citada disposición del Código Civil, a la «Culpa o descuido levísimo es
la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la
administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la
suma diligencia o cuidado», puesto que, si bien la exigencia de validar la
información certificada por el secretario general de la corporación es el reflejo
de suma diligencia o cuidado, a lo cual debe sumarse, como se señaló líneas
atrás, que el acusado fue inducido a error por parte del entonces secretario
general del concejo municipal.

Es importante resaltar el papel de la confianza en el ejercicio de la función
pública en la medida en que hace posible la distribución de funciones en la
administración toda vez que no es viable que se escudriñe todos y cada una
de las actuaciones y tareas que realizadas por los servidores públicos, no
obstante, no resulta acertado esgrimir tal predicamento como excluyente de
la culpabilidad en el presente asunto, en la medida en que, como se advirtió
líneas atrás, no se cumplieron a cabalidad ciertos deberes de vigilancia y
control.

En este caso, de acuerdo con la Resolución n.° 052 de 1 de septiembre de 201656,
le correspondía al «(…) Secretario General (…) Código (…) 054 (…) Grado 05 (…)
Dependencia (…) Concejo Municipal (…) Cargo del jefe inmediato (…) Presidente»,
entre otras funciones, las de «III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
(…) 9. Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue al Concejo con
destino a la Secretaría General de la Corporación (…) 12. Registrar y certificar la
asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias (…) 22. Ser jefe administrativo
de los empleados al servicio de la Corporación»57.

El acusado, entonces, confió en que el secretario general de la corporación, -
y sus subalternos pues aquel es jefe administrativo de los empleados al
servicio de la Corporación-, desarrolló las funciones que le son asignadas de
manera correcta, estimando, se reitera, de buena fe, que la información
suministrada respondía a las evidencias que reposaban en los archivos de la
entidad, presumiendo por ello que se estaban cumpliendo las previsiones
legales que impiden el reconocimiento de un número mayor de 20 sesiones
extraordinarias al año.

Los apelantes exigen, entonces, que esta Sala evalúe la conducta del acusado bajo
un parámetro distinto de aquel que se requiere para acreditar el elemento subjetivo
en el medio de control de pérdida de investidura, esto es, la culpa levísima, cuya

55 Diario Oficial núm. 51.142 de 19 de noviembre 2019.
56 “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA […]”.
57 ‘RESOLUCION 052 MANUAL DE FUNCIONES.pdf’

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existencia no es suficiente para configurar el elemento subjetivo en este tipo
de medios de control.

Cabe precisar que el asunto que se debate en este proceso resulta ser distinto del
que dio lugar a que se profiriera la sentencia de 10 de diciembre de 2021 en el
expediente n.° 47001 2333 000 2021 00310 0158, toda vez que en aquel proceso el
asunto juzgado era determinar si el acusado había incurrido:

[e]n la conducta descrita en el artículo 48.4 de la Ley 617 de 2000, norma que
consagra la indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de
investidura de los concejales. Ello en razón a que el señor […], como presidente
de la corporación político-administrativa de Aracataca, Magdalena, ordenó el
reconocimiento de unos honorarios a favor de unos concejales pese a que no
asistieron a las sesiones realizadas los días 19 y 24 del mes de febrero de
2021.

En aquella decisión judicial, frente al análisis del elemento subjetivo, se mencionó
lo siguiente:

“[…] 128. En relación con el examen del elemento subjetivo de la conducta del
accionado resulta de gran relevancia el análisis de los testimonios de los señores
[…], secretarios de Desarrollo Social y de Salud, quienes fueron coincidentes en
indicar que las sesiones celebradas los días 17 y 24 de febrero de 2021 fueron
presenciales. Así mismo, el primero de los testigos indicó que era fácil
identificar los concejales ausentes pues el concejo municipal de Aracataca
está integrado por tan solo trece (13) concejales. En igual sentido, resulta
diciente el testimonio de la secretaria cuando indicó que el concejal acusado
conocía sobre las ausencias de los mencionados servidores públicos (…) 129.
En el sub examine se advierte que el señor […], en su condición de presidente del
concejo municipal de Aracataca y, por ello, ordenador del gasto de esa corporación,
dispuso que se efectuara el pago de los honorarios a favor de los concejales […],
develando con ello que no actuó con la diligencia debida en el cumplimiento de sus
funciones en tanto permitió el reconocimiento de honorarios injustificados, dando
lugar así a la configuración de la causal de pérdida de investidura de indebida
destinación de dineros públicos en la modalidad indirecta (…)

130. También debe resaltarse que no reposa elemento de prueba alguno
encaminado a demostrar que el accionado haya desplegado una conducta diligente
dirigida a descontar las sumas de dinero pagadas en exceso, antes de ordenar el
pago de los honorarios a favor de los concejales para evitar encontrarse incurso en
la causal de pérdida de investidura y así garantizar que tales erogaciones se
realicen a la luz de las disposiciones constitucionales y legales; todo ello a pesar
de que debía conocer de las ausencias en las sesiones de los miembros de la
corporación pública que él mismo presenció de forma directa y era fácil su
identificación por tratarse de un concejo municipal integrado tan solo por
trece (13) cabildantes […]”.

131. En este punto, la Sala destaca que en la contestación de la demanda la
defensa del concejal acusado se circunscribió en señalar que la función
concerniente al llamado a lista y verificación de la asistencia recaía en la secretaria
general del concejo municipal, […], de conformidad con lo previsto en el numeral 3°
del artículo 40 del Reglamento Interno del concejo municipal de Aracataca,
Magdalena, y por ende, tal funcionaria fue quien efectuó el llamado a lista y
comprobación del cuórum en las aludidas fechas. Sin embargo, se insiste en que
el accionado fue quien presidió las sesiones en un concejo integrado por

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre

de 2021, número único de radiación 47001233300020210031001, consejero ponente Roberto Augusto
Serrato Valdés.
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

trece (13) concejales donde fácilmente se puede advertir las ausencias de los
concejales y por tanto pudo constatar de manera directa este hecho […]

133. Para la Sala, no resulta de recibo el argumento del accionado según el cual su
comportamiento resulta excusable, tras señalar que actuó bajo la convicción que le
otorgó la certificación y las actas suscritas por la secretaria general, documentos en
los cuales se había indicado que habían asistido la totalidad de los concejales a las
sesiones celebradas los días 17 y 24 de febrero de 2021. Lo anterior, por cuanto
era su deber actuar de manera diligente en orden a verificar la autenticidad y
veracidad de lo consignado en dichos documentos, pues en su condición de jefe de
la corporación política-administrativa y ordenador del gasto debe velar por el
correcto uso de los dineros públicos; cumplir y hacer cumplir el reglamento y cuidar
que el secretario y los demás empleados de la corporación cumplan debidamente
sus funciones y deberes; lo que implica que su actuar no estuvo amparado por la
buena fe. Por tal motivo, el acusado estaba en el deber de efectuar los descuentos
correspondientes a los concejales que no asistieron a las reuniones celebradas en
tales fechas […]”.

Como se puede evidenciar, la conducta del acusado resulta cuestionada en la
medida en que debió conocer de las ausencias de los concejales a quienes se les
reconocieron las sesiones allí enunciadas puesto que aquel presenció tales
sesiones y resultaba relativamente fácil advertir tal situación ─la ausencia a las
sesiones─, lo cual no ocurre en este asunto, puesto que, no se cuestiona si el
acusado asistió o no a las sesiones extraordinarias realizadas por el concejo
de Cartago en el año 2017, por lo que la regla jurídica expuesta en tal fallo no
resulta aplicable a la presente controversia.

Ahora bien, no sobra advertir que la responsabilidad del acusado frente a los hechos
que son juzgados no solo puede ser discutida en este medio de control sino que,
por el contrario, puede ser ventilada en los ámbitos penal, disciplinario y fiscal, de
acuerdo a las normas sustanciales y procesales que dichos ámbitos le son
aplicables, por lo que el hecho de que, conforme a las normas que gobiernan este
medio de control, se haya encontrado que no se estuvo en presencia del grado de
culpabilidad requerido para aplicar la respectiva sanción no implica la violación del
principio de responsabilidad.

En efecto, como lo indica el mismo artículo 3° numeral 7° de la Ley 1437, las
autoridades y sus agentes asumen la responsabilidad por sus decisiones,
omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo precisamente a la Carta
Política, a las leyes y reglamentos.

Lo expuesto se confirma con el contenido del artículo 15 de la Ley 1873 que luego
de establecer la prohibición de tramitar actos administrativos y obligaciones que
afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se
configuren como hechos cumplidos, afirma que «El representante legal y ordenador
del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y
penalmente por incumplir lo establecido en esta norma».

Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala pone de presente que, si bien
está demostrado que el elemento objetivo de la conducta se configuró, en tanto
ciertamente el concejal del municipio de Cartago para el período 2016 – 2019, […],
como ordenador del gasto, efectivamente permitió que dineros públicos se
destinaran para los fines indebidos que se han puesto de presente en esta
providencia, la realidad es que al momento de analizar el elemento subjetivo
de la conducta en cuestión, se aprecia que la misma no alcanza la gradación
exigida por el artículo 1° de la Ley 1881 -modificado por el artículo 4° de la Ley
2003-, para efectos de decretar la pérdida de investidura, puesto que no se

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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

encuentra que el acusado haya obrado con dolo o con culpa grave […]”59
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

88. La Sala reitera que el estudio del elemento subjetivo implica establecer si el
miembro o miembros de la corporación pública de elección popular, en este caso
los concejales Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz
Gambindo, como integrantes de la Mesa Directiva del Concejo, conocían o debían
conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico o si
su conducta se encuentra excusada por una situación de buena fe exenta de
culpa.

89. Lo cierto es que, bajo las especiales circunstancias que rodearon el caso, la
Sala considera que no se encuentra probado ni se argumentó por la Solicitante
que la conducta de los Concejales, miembros de la Mesa Directiva, en cuanto
expidieron las resoluciones núms. 032 de 30 de abril de 2021 y 046 de 30 de julio
de 2021, mediante las cuales reconocieron y ordenaron el pago de honorarios
respectivamente a los concejales Darinel Villamizar Ruiz y Wilmar Vergara Robles
por su asistencia a las sesiones de 30 de abril y 28 de julio de 2021, hubiere sido
dolosa.

90. Por el contrario, se encuentra probado que el reconocimiento y pago de
honorarios por parte de los miembros de la Mesa Directiva siguió el procedimiento
establecido por la Resolución núm. 017 de 26 de febrero de 2021, expedida con
ocasión de la pandemia por COVID-19 y con el objeto de regular las sesiones no
presenciales en el Concejo Distrital de Barrancabermeja; norma que, en su
artículo cuarto establece que corresponde al Secretario General del Concejo de
Barrancabermeja la obligación de certificar la “[…] asistencia [de los concejales]
para efecto de reconocimiento de honorarios […]”, como en efecto ocurrió en este
caso y según se acreditó con las respectivas resoluciones expedidas el 30 de abril
y el 30 de julio de 2021.

91. En ese orden, se encuentra probado que la Mesa Directiva solicitó al
Secretario General del Concejo la certificación sobre cuáles concejales asistieron
a las sesiones objeto de estudio, en la medida en que era el funcionario encargado
para ello y en tanto la normativa reglamentaria establece que este constituye el
documento necesario para el reconocimiento y pago de honorarios a los

59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de mayo de

2022, número único de radicación 76001-23-33-000-2021-01006-01, consejero ponente Roberto Augusto
Serrato Valdés.
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

concejales, adicional a lo cual se resalta que en los términos del Reglamento del
Concejo, corresponde al Secretario verificar, registrar y certificar la asistencia de
los concejales, lo cual evidencia que los Miembros de la Mesa Directiva actuaron
con la debida diligencia para determinar si a los concejales Darinel Villamizar Ruiz
y Wilmar Vergara Robles les asistía o no el derecho a tales reconocimientos por
su asistencia comprobada.

92. La Sala considera que la Mesa Directiva siguió el procedimiento interno del
Concejo Distrital de Barrancabermeja para determinar si se debían o no reconocer
los precitados honorarios, lo cual no puede constituir una conducta dolosa o
gravemente culposa, en tanto los concejales tuvieron el convencimiento justificado
y razonable de que su actuar se encontraba ajustado al ordenamiento jurídico y
que al expedir las resoluciones que reconocieron y ordenaron los pagos de
honorario no estaban incursos en una conducta constitutiva de indebida
destinación de dineros públicos.

93. Sumado a lo anterior y como lo explicó la sentencia proferida, en primera
instancia, se debe tener en cuenta que las actas de las sesiones ordinarias núm.
058 de 30 de abril de 202160 y 116 de 28 de julio de 2021 y sus respectivos videos
registraron la asistencia de los concejales Darinel Villamizar Ruiz y Wilmar
Vergara Robles, lo que sumado a la certificación expedida por el Secretario
General del Concejo, implica que los miembros de la Mesa Directiva actuaron bajo
el pleno convencimiento de que su conducta se encontraba ajustada al
ordenamiento jurídico y que el reconocimiento y pago de honorarios tenía como
fundamento la asistencia comprobada.

94. La Sala considera que, en condiciones normales de diligencia y prudencia, los
concejales miembros de la Mesa Directiva, con la verificación efectuada por la
Presidente a las actas y videos y, en especial, al Secretario General de la
Corporación a través de sus certificaciones, otorgan la certeza y convicción
necesarias para la expedición de las resoluciones que reconocieron y ordenaron
los pagos, lo que no permite adecuar el comportamiento a una conducta
gravemente culposa.

95. Por lo tanto, no se demostró que los concejales Erlig Diana Jiménez Becerra,
Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz Gambindo, como integrantes de la Mesa

60 Cfr. Documento denominado “ACTA 058 DE 2021 del 30 de abril de 2021”.

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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

Directiva del Concejo de Barrancabermeja, y al reconocer y ordenar el pago de
honorarios a los concejales antes mencionados, tuvieran el propósito de obtener
un incremento patrimonial personal o de un tercero o derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o de terceras personas, o que con su
conducta gravemente culposa hubiera propiciado tales eventos.

96. La Sala considera, conforme lo expuesto anteriormente, que la conducta de
los concejales Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba y Jaser Cruz
Gambindo no fue dolosa ni gravemente culposa y, en consecuencia, en este caso
no se configura el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos

Conclusiones de la Sala

97. La Sala considera que, en el caso sub examine, no se probó la configuración
del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos. En consecuencia, se confirmará la sentencia
proferida, en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de julio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Núm. Único de radicación: 680012333000202200199-01

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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