Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00387-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00387-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2023-00387-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de octubre de 2023
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00387-01
Demandante: Iván Mora
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 68001-23-33-000-2023-00387-01
Demandante IVÁN MORA
Demandado CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL Y PARTIDO POLÍTICO CENTRO
DEMOCRÁTICO
Temas Acción de tutela. Debido proceso de inscripción a elecciones. Derecho
a ser elegido.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Iván Mora contra la
sentencia de 06 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander que dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: Negar las pretensiones de esta acción constitucional”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de agosto de 20231, por intermedio de apoderado especial, el señor Iván Mora
instauró acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el partido político Centro Democrático, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a ser elegido y a la
igualdad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRINCIPALES:
PRIMERA: Se ampare el derecho fundamental a ser elegido del señor IVÁN MORA.
SEGUNDA: Como consecuencia de acceder a la declaración solicitada en el numeral anterior,
se ordene a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que expida el formulario
E-6 CO correspondiente del señor IVÁN MORA, como candidato al Concejo Municipal de
Barbosa, para el periodo 2024-2027, y se le permita inscribirse como candidato para la
mencionada corporación política.
TERCERA: Se conceda la acción de tutela con efectos inter comunis, beneficiando a los siete
hombres y cuatro mujeres que, junto con el accionante, fueron objeto de la limitación a sus
derechos fundamentales por parte de las autoridades y el particular accionado.
En concreto, se solicita con efectos inter comunis el amparo de los derechos políticos de: I)
HENRY ALBERTO JIMÉNEZ SANTOS; II) JHON HAIVER SERRANO RODRÍGUEZ; III) LUIS
CARLOS SUÁREZ QUIÑONES; IV) YEINSON ARVEY VELASCO HERNÁNDEZ; V)
EDUARDO EMILIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; VI) CRISTIAN GALINDO SANABRIA; VII)
1 Índice 2 en Samai.
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Demandante: Iván Mora
VIVIAN CAROLINA HURTADO QUIÑONES; VIII) WILLIAN REYES GORDILLO; IX) ANGY
PAOLA MARULANDA CASTAÑEDA; X) MARÍA CAROLINA RUIZ MOSQUERA; XI) SANDRA
CONSUELO RODRÍGUEZ PINILLA; y XII) LUIS CARLOS ACELAS RODRÍGUEZ.
1.2. SUBSIDIARIA:
ÚNICA: De considerar que la acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito de
subsidiariedad: I) se identifique el mecanismo judicial procedente; y II) se acceda al amparo
en las condiciones solicitadas en el numeral 1.1 supra, como mecanismo transitorio (de
conformidad con el artículo 8.o del Decreto Ley 2591 de 1991)”.
2. Hechos
Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 28 de julio de 2023, el demandante y otros doce militantes del Centro
Democrático, recibieron aval de este partido para las elecciones del Concejo
Municipal de Barbosa (Santander).
El 29 de julio de 2023, los mencionados asistieron a la Registraduría Municipal
de Barbosa (Santander), con el fin de completar el proceso de inscripción de
las candidaturas. Allí realizaron identificación biométrica y no se les advirtió de
ninguna irregularidad ni requisito faltante.
2.2. El 2 de agosto de 2023, el candidato a la Alcaldía Municipal de Barbosa, Julián
Enrique Becaría, le informó al señor Mora que la Registraduría Municipal de
Barbosa no había inscrito lista de candidatos al Concejo de Barbosa en el
formulario E6-CO, alegando que no había prueba del aval otorgado por el
partido Centro Democrático.
2.3. En respuesta a esta situación, los afectados visitaron la Registraduría
Municipal de Barbosa el 2 de agosto de 2023 para demostrar que tenían el
aval desde el 28 de julio de 2023.
En esta ocasión el registrador les informó que el partido Centro Democrático
no había subido el aval a la plataforma que estuvo habilitada hasta el 29 de
julio de 2023 a las 11:59 pm, fecha de cierre del plazo para la inscripción de
candidaturas a las elecciones y que dicha situación sería solucionada por la
delegación departamental de Santander de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora argumentó que se cumplieron con todos los requisitos exigidos por
las normas electorales para su inscripción como candidato al Concejo Municipal de
Barbosa; y sostuvo que la responsabilidad de la vulneración de sus derechos
fundamentales recae en la Registraduría Nacional del Estado Civil pues, según lo
informado por el Centro Democrático, la plataforma de inscripción arrojó que el
proceso de inscripción de las candidaturas estaba completo.
Aseguró que ni él ni ninguno de los otros doce afectados incumplieron con sus
deberes como postulantes a las candidaturas al Concejo Municipal de Barbosa por
el partido Centro Democrático. Sostuvo que no se pueden limitar sus derechos,
especialmente el derecho a ser elegidos, por acciones u omisiones que no les son
atribuibles.
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Asimismo, aseveró que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política, es esencial en el
Estado Social de Derecho; y exige que los ciudadanos puedan materializar sus
derechos, incluso en el evento de no cumplir una norma procedimental, siempre que
hayan satisfecho los requisitos sustanciales para el ejercicio de un derecho.
A su juicio, él y los otros afectados cumplieron con todos los requisitos exigidos para
inscribirse como candidatos al Concejo Municipal de Barbosa y el supuesto error,
relacionado con la presentación del aval del partido Centro Democrático, es de
naturaleza procedimental y no sustancial; por lo que debería prevalecer el derecho
sustancial a participar en el proceso electoral.
El accionante sostuvo que el derecho a ser elegido, establecido en el artículo 40 de
la Constitución Política, debe interpretarse en armonía con otros principios
constitucionales, como los fines esenciales del Estado y la democracia participativa.
Se destaca que la democracia participativa tiene una tendencia expansiva que
busca eliminar obstáculos y trabas innecesarias para el ejercicio de los derechos
políticos.
Agregó que el principio de capacidad electoral implica que solo se pueden limitar
los derechos políticos si existe una norma expresa que lo disponga y si se verifica
que ha habido un error por parte del afectado.
También argumentó que el derecho a ser elegido debe interpretarse a la luz de
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, como
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Indicó que estos tratados imponen al Estado la
obligación de garantizar el ejercicio de los derechos políticos y de adoptar medidas
positivas para que los ciudadanos tengan la oportunidad real de ejercerlos.
Asimismo, indicó que la Constitución establece la democracia participativa como un
principio fundamental y que esta implica la eliminación de barreras para el ejercicio
de los derechos políticos. Afirmó que el Estado tiene el deber de garantizar la
efectividad de los derechos y facilitar la participación de todos en la vida política
nacional.
En este sentido, argumentó que se están vulnerando sus derechos fundamentales
y los de los otros afectados a la igualdad, al debido proceso y a ser elegidos, ya
que, a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos para inscribirse como
candidatos, el registrador municipal de Barbosa ha impedido su inscripción de
manera inexplicable. El accionante sostuvo que el Estado tiene la obligación de
garantizar el ejercicio de los derechos políticos y que no debe limitarlos por
cuestiones procedimentales cuando no hay pruebas de que se haya cometido un
error por parte de los afectados.
Finalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente: “Se inscriba transitoriamente
al señor IVÁN MORA y a los doce ciudadanos afectados (según se explicó en el acápite
“hechos” supra), como candidatos al Concejo Municipal de Barbosa para las elecciones que se
realizarán el 29/10/2023, por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 15 de agosto de 2023, se remitió la acción de tutela al
Tribunal Administrativo de Santander para su conocimiento por ser quien debía
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conocer de dicha acción con base en las reglas de reparto establecidas en el
Decreto 333 de 2021.
4.2. En auto de 22 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta
por el señor Iván Mora contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la Registraduría Municipal de Barbosa y el partido
Centro Democrático y se negó la medida provisional solicitada.
4.3. El Consejo Nacional Electoral manifestó que la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del accionante no es atribuible a la entidad, ya que
en el desarrollo de sus funciones no se ha violentado el derecho del tutelante,
debido a que la inscripción de candidatos se realiza ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Argumentó que sus funciones se encuentran contenidas en el artículo 265 de
la Constitución Política y que están encaminadas a la inspección, vigilancia y
control de la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los
grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos
y candidatos.
Por esto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva, en el entendido que, no es la
entidad competente para llevar a cabo la inscripción de candidatos.
4.4. El Centro Democrático explicó que es un partido político encargado de
garantizar la participación de las personas que se identifican con sus ideales y
pilares. Por esto, durante la época de inscripciones conforma lista con
candidatos que cumplan los requisitos establecidos.
Manifestó que la Resolución 28229 del 14 de octubre de 2022 dispuso como
fecha límite para inscripción de candidatos y listas el día 29 de julio de 2023 y
como período para realizar modificaciones entre el 31 de julio y 04 de agosto
de 2023. Por tanto, a su juicio, los partidos podían cargar un borrador con
algunos precandidatos integrantes de las listas, previo al otorgamiento de su
aval.
Indicó que previo a finalizar la etapa de modificaciones cargó en la página de
la Registraduría un borrador de los candidatos que integraban la lista para el
Concejo de Barbosa y, sin haber finiquitado la escogencia de los candidatos,
la Registraduría Nacional finalizó la lista. Hecho que impidió cargar los
respectivos avales, perjudicando al partido e imposibilitando conocer y
descargar el formulario E6.
Argumentó que el responsable del menoscabo de los derechos fundamentales
del accionante y del partido es el registrador de Barbosa, que finalizó la lista
arbitrariamente sin que el Centro Democrático hubiera “consolidado a sus
candidatos”, antes de que finalizara el plazo establecido para ello.
Por todo lo anterior, consideró que la acción de tutela adolece de falta de
legitimación por pasiva, pues el partido Centro Democrático no es responsable
de la vulneración de los derechos fundamentales.
4.5. La Registraduría Municipal de Barbosa manifestó que, según el artículo 32
de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la Registraduría Nacional del Estado Civil
tiene la responsabilidad de verificar los requisitos formales de las inscripciones
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de candidaturas. Esta verificación se realiza durante el proceso de inscripción
y, si se cumplen los requisitos, la autoridad electoral acepta la solicitud
mediante la firma en el formulario de inscripción.
Explicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil no postula ni designa
candidatos, sino que se limita a revisar los requisitos formales de las
inscripciones, aceptándolas o rechazándolas. Por esto, los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica tienen la responsabilidad de
avalar a sus candidatos y verificar que no estén incursos en causales de
inhabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 y 108 de la
Constitución Política y el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
Indicó que ha desarrollado una plataforma web que utiliza la biometría facial
como firma electrónica para la aceptación y renuncia de candidaturas, así
como la aceptación de listas por parte de los funcionarios electorales, lo que
permite llevar a cabo estas actividades de manera remota. La aceptación de
la candidatura también se puede realizar mediante firma autógrafa del
formulario E-6 o a través de una carta de aceptación.
Sostuvo que en el caso específico del partido Centro Democrático, se
presentaron dos preinscripciones en la plataforma para la Alcaldía Municipal y
el Concejo Municipal. Por un lado, para la Alcaldía, que inicialmente no tenía
aval, pero lo obtuvo y formalizó su inscripción. Por otro lado, para el Concejo
Municipal que no completó el proceso de inscripción. En palabras de la
Registraduría Municipal:
“Ahora bien, para el caso de la postulación del partido Centro Democrático para el CONCEJO
MUNICIPAL, en su preinscripción no reportaba un aval que corresponde al requisito formal
exigido, de manera que los integrantes del mismo, se acercaron a la Registraduría Municipal
a las 9:33 a.m. con el fin de hacer su respectiva autenticación en la plataforma Inscripción de
Candidatos –IDCAN-, a lo cual los funcionarios de esta oficina Registral estuvieron atentos a
colaborar con la autenticación biométrica, a fin de ir adelantando el trámite, importante resaltar
que la autenticación biométrica no es la finalidad del proceso el cual se culminaría con los
requisitos exigidos, que corresponde al AVAL.
Siendo las 06:00 pm hora ultima de atención al público, el partido político continuó preinscrito,
sin que allegaran el AVAL correspondiente, y ninguno de los asistentes en el recinto manifestó
traer el requisito faltante ya fuera de manera física o virtual, situación que se esperó́ hasta las
11:59 pm del sábado 29 de julio de 2023, hora máxima habilitada por la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
Así las cosas, es claro que, desde la Registraduría Municipal de Barbosa, Santander, se brindó́
la disposición necesaria hasta el último momento habilitado para recibir las inscripciones de
candidaturas, siempre y cuando allegaran los requisitos exigidos, que, en este caso,
corresponde a la corporación de Concejo Municipal, y del cual requería el AVAL otorgado por
parte del Partido Centro Democrático, sin que se tuviera dicho documento en físico el señor
IVAN MORA, por tanto no pudo terminar el proceso, la inscripción no se llevó́ a cabo, el
formato que presentan tiene una marca de agua que dice BORRADOR, este documento se
encuentra con esa marca porque el cierre no se formalizo.”2
4.6. El accionante presentó memorial solicitando que se decrete la prueba
señalada en el numeral 6.1 del escrito de tutela, que consistía en ordenarle al
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría General del Estado Civil
responder una serie de preguntas.
2 Samai, índice 2.
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4.7. Mediante auto del 25 de agosto de 2023, el despacho ponente decretó una
prueba ordenando a la Registraduría Nacional del Estado Civil resolver las
siguientes preguntas:
“a. ¿Puede un registrador municipal iniciar el proceso previsto en el Art. 3 de la Resolución
No. 13506 de 29/6/2023 expedida por la Registraduría Nacional Del Estado Civil, sin que
previamente haya verificado la existencia del aval para cada uno de los solicitantes?
b. ¿Cuál es el procedimiento establecido en las normas electorales vigentes cuando un
registrador municipal detecta que un candidato (o una lista completa de un partido
político) al concejo municipal no ha satisfecho el requisito del aval otorgado por un partido
político?
c. ¿El registrador municipal que detecte que una persona (o una lista completa preinscrita
por un partido político) pretende inscribirse como candidato para el concejo municipal, sin
contar con el aval del partido político que lo respalda, está obligado a consignar dicha
irregularidad en algún formulario (por ejemplo, el E6-CO)?
d. ¿Cuál es el procedimiento para que una persona se pueda inscribir como candidato a un
concejo municipal?”3.
4.8. El accionante presentó memorial solicitando aclaración del auto del 25 de
agosto de 2023, en el sentido de indicar si la prueba decretada consistía en
una prueba por informe y si se ordenaría al Consejo Nacional Electoral resolver
el cuestionario. El despacho sustanciador, mediante auto de 28 de agosto de
2023, negó la solicitud por improcedente.
4.9. El accionante presentó memorial solicitando la aplicación de los artículos 276
y 277 de la Ley 1564 de 20124.
4.10. La Procuraduría Judicial 158 Asuntos Administrativos, en calidad de
Ministerio Público, manifestó que la falta de inscripción del demandante no
es atribuible a la vulneración de sus derechos políticos por parte de las
entidades estatales demandadas, sino a un malentendido en relación con la
etapa de modificaciones. El partido tenía hasta la fecha de cierre de
inscripciones, es decir 29 de julio de 2023, para realizar la inscripción y
presentar el aval definitivo de los integrantes de su lista, no hasta la etapa de
modificaciones. Así lo explicó:
“ni la Ley Estatutaria 1475 de 2011 – artículo 31-, así como tampoco el calendario electoral
fijado en la Resolución 28229 del 14 de Octubre de 2022, le indicaban al partido que al
momento del cierre de inscripciones los que se presenta es un borrador y que tenían hasta la
etapa de modificaciones para cambiar la lista, tanto la ley como la resolución le indicaban que
había plazo para la inscripción, y las únicas modificaciones que pueden darse posterior a la
inscripción son por causas específicas no aceptación o renuncia, pero al momento de la
inscripción se da un aval definitivo, que solo puede cambiar no por voluntad del partido sino
por esas dos causales; menos aún podía la registraduría, continuar haciendo inscripciones
que no fueran por las causales específicas previstas en la ley una vez finalizado el cierre de
inscripciones.
3 Samai, índice 2.
4 Ley 1564 de 2012. Artículo 276: “OBLIGACIÓN DE QUIEN RINDE EL INFORME. El juez solicitará los
informes indicando en forma precisa su objeto y el plazo para rendirlos. La demora, renuencia o inexactitud
injustificada para rendir el informe será sancionada con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (smlmv), sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Si la persona
requerida considera que alguna parte de la información solicitada se encuentra bajo reserva legal, deberá
indicarlo expresamente en su informe y justificar tal afirmación. Si el informe hubiere omitido algún punto o
el juez considera que debe ampliarse, o que no tiene reserva, ordenará rendirlo, complementarlo o aclarar
lo correspondiente en un plazo que no superará la mitad del inicial”.
Artículo 277: “FACULTADES DE LAS PARTES. Rendido el informe, se dará traslado a las partes por el
término de tres (3) días, dentro del cual podrán solicitar su aclaración, complementación o ajuste a los
asuntos solicitados.
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Por lo anterior, el entendimiento del partido que el Aval que presentaba al momento de la fecha
cierre de inscripciones 29 de Julio de 2023, era un simple borrador que podía ir ajustando, no
obedece ni al texto legal, ni a la Jurisprudencia del Consejo de Estado, ni a la resolución
proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil que fijaba el calendario electoral.”
Explicó que el inciso 3° del artículo 108 de la Constitución Política establece
que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica deben avalar
las inscripciones de candidatos.
También indicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil está encargada
de verificar los requisitos formales al momento de la inscripción y, en caso de
no cumplirse, debe ponerlo en conocimiento del candidato, sin poder suscribir
el formulario de inscripción hasta que se cumplan esos requisitos. Por tanto,
las decisiones del partido respecto al aval o sus errores u omisiones en el
momento de la inscripción no son atribuibles a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, cuya función se limita a aceptar o rechazar las inscripciones
enviadas por el partido.
Sostuvo que el aval presentado con marca de agua de borrador no puede
considerarse como cumplimiento del requisito establecido en el ordenamiento
jurídico. Explicó que en este caso no se logró la inscripción, porque no se
presentó la documentación requerida y si no se verifica la presentación o
radicación del aval no se puede suscribir el formulario de inscripción.
Finalmente, adujo que, en principio, podría considerarse vulnerado el derecho
al debido proceso, ya que no se expidió una decisión motivada rechazando o
aceptando la inscripción, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley
1475 de 2011. No obstante, precisó que el rechazo solo procede una vez
culmina el proceso de inscripción. Circunstancia que en el caso no sucedió
pues la inscripción no finalizó, debido a que no se allegó la documentación
necesaria para el efecto, es decir el aval del partido.
Por lo expuesto, consideró que las pretensiones formuladas deben negarse.
4.11. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que su estructura es
desconcentrada y por tanto las dependencias cuentan con competencias
ajustadas a circunscripciones electorales específicas. En consecuencia, los
delegados departamentales tienen la responsabilidad de supervisar y
coordinar el funcionamiento de todas las dependencias de la Registraduría
Nacional a nivel seccional.
Indicó que el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 define el derecho de
postulación de las agrupaciones políticas, estableciendo requisitos y
condiciones para la inscripción de candidatos. El artículo 32 de la misma ley
establece que la autoridad electoral debe verificar el cumplimiento de
requisitos formales y, en caso de cumplirse, aceptar la solicitud de inscripción,
mientras que el rechazo debe estar debidamente motivado.
Mencionó que, de acuerdo con la Resolución Nro. 28229 del 14 de octubre de
2022 (que establece el calendario electoral para las elecciones de autoridades territoriales
programadas para el 29 de octubre de 2023) y con el Memorando Nro. 13 del 26 de
julio de 2023 (que establece directrices para el cierre de la plataforma de inscripción de
candidaturas), es claro que en materia de inscripción de candidaturas su
competencia se limita a verificación de los requisitos formales.
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También explicó que la inscripción de candidaturas implica el cumplimiento de
requisitos obligatorios, tanto generales como específicos según la agrupación
política. Para el caso de los partidos políticos y movimientos políticos con
personería jurídica el requisito específico es la presentación del aval otorgado
por el representante legal o por quien él delegue de manera expresa de
acuerdo el marco normativo5. Dicho aval debe expresar la corporación y cargo
que se avala, la identificación del avalado o avalados, el periodo constitucional
y la relación de todos los integrantes de la lista de acuerdo con el número de
curules a proveer en la respectiva circunscripción en caso de corporaciones
públicas, o el cargo que aspire.
Del caso concreto sostuvo que el registrador municipal de Barbosa
(Santander) cumplió con sus funciones electorales y no es responsable de la
negligencia de los partidos políticos o candidatos que presentaron documentos
que no cumplían con los requisitos, a última hora.
Con base a estos argumentos, solicitó que se negara la acción constitucional
interpuesta, ya que la Registraduría Nacional del Estado Civil actuó de acuerdo
con el marco legal aplicable.
4.12. Mediante memorial el accionante manifestó que el concepto del Ministerio
Público era equivocado por estar fundamentado en dos hechos erróneos. El
primero es que el partido Centro Democrático no otorgó el aval a los
candidatos afectados. El segundo es que lo pretendido con la tutela es la
aceptación de su candidatura de forma extemporánea, por presentar el aval
en la etapa de modificaciones.
Sostuvo que estos hechos son fácilmente rebatibles porque el aval sí fue
otorgado el 28 de julio de 2023 y la vulneración se produjo el 29 de julio de
2023 cuando el señor Iván Mora y los demás afectados aceptaron su
candidatura de forma presencial en la Registraduría Municipal de Barbosa sin
que el señor registrador municipal advirtiera que aún no se contaba con el aval
del partido a los candidatos.
Argumentó que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado era
obligación del señor registrador municipal de Barbosa, si se percató de la
ausencia del aval, poner esta situación en conocimiento del accionante y de
los otros doce afectados con la decisión.
Consideró que al haber realizado el procedimiento de aceptación de las
candidaturas y no haber informado de la ausencia del aval, el registrador
cometió una actuación irregular que causó la vulneración de sus derechos
fundamentales al impedirle al accionante formalizar su inscripción como
candidato al Concejo de Barbosa.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia del 06 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander encontró satisfechos la totalidad de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela.
5 Artículo 108 de la Constitución Política, artículo 9 de la Ley 130 de 1994, artículo 28 de la Ley Estatutaria
1475 de 2011 y artículo 7 de la Ley Estatutaria 996 de 2005.
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Seguido, el juez de tutela sostuvo que no se vulneraron los derechos al debido
proceso y a ser elegido del accionante por las siguientes razones. Consideró que el
otorgamiento del aval es un trámite previo a la inscripción de la candidatura y un
requisito para esta. Sin embargo, que sean consecutivas no implica que sean
obligatorias.
Explicó que la inscripción de la candidatura a un determinado cargo de elección
popular es un procedimiento que se realiza ante las entidades descentralizadas a
nivel territorial de la Registraduría. Que esta entidad está encargada de verificar el
cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales y que, de acuerdo a la Ley
1475 de 2011, en caso de que una candidatura no cumpla con los requisitos no
podrá suscribir el formulario de inscripción.
Sostuvo que el otorgamiento del aval de un partido político es un trámite interno del
partido y previo a la inscripción, que el otorgamiento del aval no obliga al partido
político a inscribir una candidatura y que “el mero cumplimiento de los requisitos
sustanciales para ser candidato de elección popular, no genera en favor del aspirante un
derecho concreto”. En consecuencia, sostuvo que el partido Centro Democrático no
vulneró los derechos fundamentales del accionante, puesto que no tenía la
obligación o deber jurídico de radicar el aval.
Del expediente, encontró probado que la fecha límite para la inscripción de
candidaturas era el 29 de julio de 2023 y que extemporáneamente el día 4 de agosto
de 2023 el señor Henry Alberto Jiménez Santos (otro de los candidatos al Concejo
Municipal) radicó en la Registraduría Municipal de Barbosa el aval otorgado por el
partido político Centro Democrático.
Por ende, el Tribunal Administrativo de Santander aseveró que la radicación del aval
se efectuó “por fuera de la fecha límite establecida en el calendario electoral vigente desde el mes
de octubre del año anterior”. Adicionalmente, el juez de tutela llamó la atención frente a
que, en su contestación, el partido Centro Democrático confirmó que la lista de
candidatos cargada al aplicativo de la Registraduría Nacional Estado Civil no
corresponde al aval definitivo, al admitir que “no había finiquitado la escogencia de
candidatos”.
Explicó que, si bien el partido político Centro Democrático otorgó aval al accionante
para ser candidato al Concejo Municipal de Barbosa, no demostró haber realizado
el procedimiento de inscripción por ninguno de los medios dispuestos por la
Registraduría Nacional del Estado Civil (ni por el aplicativo virtual ni de forma
presencial), pese a que conocía las fechas previstas para ello desde hacía nueve
meses atrás.
Por todo lo anterior, consideró que no hubo vulneración de los derechos
fundamentales por no emitir el formulario de inscripción, puesto que no se cumplió
con los requisitos para la inscripción de las candidaturas del accionante y las otras
12 personas al Concejo de Barbosa. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la acción de tutela.
6. Impugnación
El accionante radicó recurso de impugnación frente a la sentencia de primera
instancia, en el cual indicó que las razones de la oposición serían expuestas al
despacho que conociera de la segunda instancia.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, la Sala establecerá si le asistió razón al
juez de primera instancia al negar las pretensiones formuladas; o si, por el contrario,
alguna de las entidades accionadas vulneró el derecho fundamental de la parte
actora a ser elegido, por no aceptar su candidatura al Concejo de Barbosa en el
formulario E6-CO, por falta de prueba del aval otorgado por el partido Centro
Democrático.
3. Sobre el aval como requisito para la inscripción y su aplicación en el caso
concreto
3.1. La Constitución Política en su artículo 407 establece el derecho a elegir y ser
elegido para todos los ciudadanos como máxima expresión del derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para ser
elegido, sin embargo, existen unos requisitos que garantizan que la
participación de todas las personas se realice en condiciones de igualdad y
transparencia.
Al respecto, el artículo 262 constitucional establece que los partidos,
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos pueden inscribir
candidatos a cargos de elección popular, mediante los siguientes mecanismos:
“Artículo 262. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que
decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo
número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva
circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar
integradas hasta por tres (3) candidatos.
La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
se hará mediante mecanismos de democracia interna, de conformidad con la ley y los
estatutos. En la conformación de las listas se observarán en forma progresiva, entre otros, los
principios de paridad, alternancia y universalidad, según lo determine la ley…”8
En este mismo sentido, el artículo 108 de la Constitución Política dispone que
los partidos políticos tienen la potestad de inscribir candidatos a cargos y
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Constitución Política. Artículo 40: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido”.
8 Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 262.
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corporaciones de elección popular9. Esta potestad se manifiesta mediante el
otorgamiento del aval que realiza el representante legal o su delegado.
En armonía con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 1475 de 201110
establece que es potestad de los partidos y movimientos políticos inscribir
candidatos y que la autoridad electoral únicamente “verificará el cumplimiento de
los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen,
aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla
correspondiente” 11.
Esta ley también establece que el periodo de inscripción durará 1 mes y se
iniciará 4 meses antes de la fecha de la correspondiente votación; y que la
inscripción de candidatos solo podrá ser modificada en casos de falta de
aceptación de la candidatura o renuncia en un periodo de 5 días hábiles
posterior a la fecha de cierre de las inscripciones12.
Sobre este tema, en la Sentencia SU-213 de 2022 la Corte Constitucional
indicó que, “los derechos a ser elegido y a acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos no son absolutos, por lo que es posible imponerles límites que propugnen por la
defensa y garantía del interés general y […] aseguren un comportamiento acorde con los
supremos intereses que les corresponde gestionar a quienes se encuentren al servicio
del Estado”13.
En esa ocasión la Corte Constitucional, en armonía con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, reitera la importancia de la entrega del aval para la
inscripción de una candidatura como requisito formal de inscripción. Al
respecto señaló que el aval es un requisito formal, es un medio para la
inscripción y también es una garantía para la comunidad sobre la
correspondencia de un candidato a un partido o movimiento político14.
Asimismo, sostuvo lo siguiente:
“el aval cumple varias funciones, a saber: «(1) indica la militancia en un partido político, (2) garantiza
el acatamiento de las normas estatutarias dentro de este, respetando las formas de intervenir en las
corporaciones (bancadas), y (3) moraliza la actividad política, bajo el entendido de que avalar a un
candidato implica que el interesado cuenta con los requisitos y calidades para ejercer el cargo»”.
La Corte Constitucional, en concordancia con el Consejo de Estado, es clara
en establecer que la responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos
sustanciales y formales para la inscripción de candidatos recae sobre la
organización política postulante en los siguientes términos:
“El legislador definió requisitos sustanciales y formales. Los primeros, «corresponden a
verificación de calidades y requisitos de los candidatos, así como la constatación sobre la ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades». Esta responsabilidad recae sobre la organización política
postulante. Los segundos, tienen relación directa con el otorgamiento del aval o la recolección
9 “(…) Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a
elecciones sin requisito adicional alguno. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por
el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Los movimientos sociales
y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos. La ley podrá establecer requisitos
para garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos. Los estatutos de los partidos y movimientos
políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno (…)” Constitución Política. Artículo 108.
10 Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de
los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.
11 Artículo 32, Ley 1475 de 2011.
12 Artículos 30 y 31, Ley 1475 de 2011.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU - 213 de 2022.
14 Sección Quinta del Consejo de Estado, Sentencias del 10 de junio (expd. 76001-23-33-000-2019-01151-01)
y del 20 de mayo de 2021 (expd. 05001-23-33-000-2019-03141-01), MP Rocío Araújo Oñate.
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de firmas, según el caso, presupuestos que constituyen la fuente de la responsabilidad de la
organización. Los últimos son requisitos «de la esencia en toda inscripción de candidaturas, al punto
que si no se cuenta con ninguna —aval o apoyo por firmas— resulta imposible ser candidato y,
en consecuencia, entrar a la competencia electoral con la potencialidad de ser elegido»”15
A su vez, en sentencia del 17 de julio de 2015, la Sección Quinta del Consejo
de Estado estableció:
“uno es el proceso para el otorgamiento de los avales (partidos y movimientos políticos con
personería jurídica) o el de la recolección de firmas (grupos significativos de ciudadanos), y
otro, que es posterior a este, el de la inscripción de la candidatura ante la autoridad
administrativa.
Por lo tanto, no se pueden confundir ninguno de estos dos procesos pues si bien uno es
indispensable para el otro, los primeros obedecen a trámites internos de las agrupaciones
políticas y los segundos son propias de actuaciones entre estas y las autoridades
electorales”16.
Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado dispuso que la
Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la obligación de verificar los
requisitos formales al momento de la inscripción y no puede suscribir el
formulario de inscripción hasta que todos los requisitos se cumplan. Esto
quiere decir que si el partido político no suscribe cada uno de los requisitos
formales o sustanciales sería contrario a la Ley exigirle que suscriba formulario
de inscripción.
3.2. Explicado lo anterior, la Sala encuentra que en el asunto no existe vulneración
a los derechos fundamentales del accionante, debido a que el aval definitivo
fue presentado luego del plazo establecido para efectuar las inscripciones de
las candidaturas; es decir, el aval se presentó a la autoridad electoral
extemporáneamente.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la Registraduría Nacional del
Estado Civil estableció las fechas del calendario electoral a través de la
Resolución Nro. 28229 del 14 de octubre de 2022, que se muestra a
continuación:
15 La Corte Constitucional en la Sentencia SU - 213 de 2022 citando la siguiente jurisprudencia del Consejo de
Estado: Sección Quinta del Consejo de Estado, Sentencia del 22 de abril de 2021 (expd. 50001-23-33-000-
2019-00467-01) y del 4 de abril de 2019 (expd. 11001-03-28-000-2018-00610-009, MP Rocío Araújo Oñate.
Sección Quinta del Consejo de Estado, Sentencia del 9 de diciembre de 2013 (expd. 11001-03-21-000-2013-
00037-00), MP. Alberto Yepes Barreiro. Sección Quinta del Consejo de Estado, Sentencia del 15 de julio de
2021 (expd. 11001-03-28-000-2019-00098-00).
16 Sección Quinta del Consejo de Estado, Sentencia del 17 de julio de 2015 (exp. 11001-03-28-000-2014-
00029-00), MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Dicho calendario, en armonía con las disposiciones legales y constitucionales
reseñadas, estableció un periodo de inscripciones de 1 mes que inició el 29 de
junio de 2023 y finalizó el 29 de julio de 2023.
El accionante y todas las accionadas coincidieron en que el 29 de julio de 2023
a las 11:59pm, fecha de cierre del periodo de inscripción de candidatos a los
cargos de elección popular, el partido Centro Democrático no había entregado
el aval definitivo por ninguno de los medios dispuestos por la Registraduría
Nacional para dicho fin. Por el contrario, como lo reconoció en su contestación,
el Centro Democrático admitió que el documento subido a la plataforma era un
borrador y no el aval definitivo, ya que no había finalizado la escogencia de
candidatos. Así lo expresó:
“Aunado a lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la resolución 28229
del 14 de octubre de 2022, por medio de la cual se estableció el calendario electoral, señaló
el 29 de julio de 2023 como la fecha límite para la inscripción de los candidatos y listas de
candidatos, y desde el 31 de julio hasta el 4 de agosto el periodo para la modificación de
los candidatos y las listas.
En ese sentido, los partidos políticos podían cargar un borrador con algunos de los
precandidatos integrantes de las listas y posteriormente cambiarlos, todo ello, previo
al otorgamiento final del aval. (…) Por tal razón, el Centro Democrático no pudo cargar
el aval, hecho que evitó que se impartiera legalidad a la inscripción de la lista toda vez que
se cargó un borrador de manera preliminar (…) Fue precisamente, la Registraduría del
municipio de Barbosa quien por su omisión consumó el daño en contra del tutelante y del
partido al decidir finalizar arbitrariamente la lista sin que el Centro Democrático hubiera
consolidado sus candidatos, cabe resaltar que, inclusive, no se había acabado la jornada
para que la Registraduría optara por dicha decisión” (Negrillas propias)17.
En segundo lugar, se advierte que solo hasta el 4 de agosto de 2023 uno de
los candidatos al Concejo Municipal de Barbosa radicó físicamente el aval
definitivo ante la Registraduría Municipal de Barbosa (Santander). Así se
desprende de la siguiente imagen18:
17 Samai, índice 2.
18 Documento contenido en la carpeta denominada “13DocumentosProcuraduría”, obrante en el link del
expediente digital.
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De lo anterior, se acredita que el aval se radicó de forma extemporánea, pues
se allego a la Registraduría Municipal de Barbosa (Santander) el 4 de agosto
de 2023. Entonces, independientemente de que en la plataforma web para el
29 de julio de 2023 el Centro Democrático haya subido un borrador, lo
relevante es que el aval definitivo no se presentó dentro del plazo establecido
para efectuar la inscripción de candidatos.
Esto quiere decir que la inscripción del señor Iván Mora al Concejo Municipal
de Barbosa no contaba con el lleno de los requisitos formales y sustanciales
al momento de finalizar el periodo de inscripciones, es decir al 29 de julio de
2023. Como se explicó en el acápite anterior, la obtención del aval es un
trámite interno de los partidos políticos previo al proceso de inscripción. En
este caso, aunque el 28 de julio de 2023 los candidatos obtuvieron un aval, el
Centro Democrático no lo allegó oportunamente a la autoridad electoral, pues
se limitó a adjuntar en la plataforma web un mero borrador. Es decir, el referido
partido no culminó con el proceso de inscripción del candidato.
En consecuencia, al no contar con el aval en el momento de la verificación de
los requisitos (29 de julio de 2023), la Registraduría Municipal de Barbosa no
pudo aceptar la solicitud ni suscribir el formulario de inscripción como está
estipulado en el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.
Se agrega a lo anterior que, aunque el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011
permite la modificación, esta solo procede “en casos de falta de aceptación de la
candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de cierre de las correspondientes inscripciones”. Por consiguiente, la Sala desestima
la interpretación del Centro Democrático bajo la cual el partido contaba “desde
el 31 de julio hasta el 4 de agosto el periodo para la modificación de los candidatos y las
listas”.
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Contrario a lo argumentado por este último, dicho partido no tenía potestad de
modificar el aval, puesto que la facultad de modificación, solamente procede
por la falta de aceptación de la candidatura o la renuncia a esta. En
consecuencia, como en el caso no se presenta ninguna de esas dos causales,
no hay lugar a interpretar que el partido político tenía facultad de presentar un
borrador del aval durante el periodo de inscripción de las candidaturas y
posteriormente presentar el aval definitivo en el plazo de modificaciones.
Lo anterior supone que no es posible acceder a las pretensiones de la acción
de tutela, puesto que el derecho fundamental a ser elegido está condicionado
al cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales de inscripción de
candidatos, que en este caso el partido Centro Democrático no cumplió. Al no
haber presentado el aval en el periodo dispuesto para la inscripción de
candidatos no se cumplió con dichos requisitos y no existe razón para ordenar
a la Registraduría Nacional del Estado Civil la expedición del formulario E-6
CO; más aún, cuando la autoridad electoral sí cumplió a cabalidad con sus
funciones de verificación de requisitos para la inscripción.
Con fundamento en la jurisprudencia y normativa expuesta, se advierte que no
se cumplieron los requisitos de inscripción como candidato a la lista de
elección popular, puesto que no se radicó el aval definitivo durante el periodo
de inscripciones.
Ahora bien, el accionante también señala como accionado al partido Centro
Democrático porque era este quien tenía la responsabilidad de radicar el aval
otorgado a través de los canales establecidos por la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
Sin embargo, aunque la Corte Constitucional ha establecido que la
responsabilidad en la entrega del aval es del partido político, esta no es una
obligación, sino una potestad otorgada por los artículos 108 y 262
constitucionales a los partidos o movimientos políticos. Como se explicó, los
partidos tienen la posibilidad de inscribir o no candidatos a los cargos de
elección popular. En este sentido sería inconstitucional ordenar a un partido el
otorgamiento del aval a un candidato, pues el partido tiene la facultad de
decidir si avalar o no a determinado candidato.
En suma, el partido Centro Democrático no vulneró ningún derecho
fundamental del accionante, puesto que la radicación del aval es una potestad
y no una obligación, mucho menos un derecho fundamental del señor Iván
Mora. Tampoco se acreditó que el derecho fundamental a ser elegido haya
sido vulnerado por la Registraduría Municipal de Barbosa, autoridad que
cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas legal y
constitucionalmente en materia de verificación de requisitos para la inscripción
de candidatos.
Finalmente, la parte actora no acreditó la existencia de alguna acción u omisión
de la Registraduría Nacional del Estado Civil o del Consejo Nacional Electoral
que haya podido ocasionar alguna vulneración a sus derechos fundamentales
a elegir y ser elegido y al debido proceso del accionante.
Con fundamento en lo expuesto, se confirmará la tesis de Tribunal
Administrativo de Santander, en el sentido de negar las pretensiones del actor
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puesto que no se generó una vulneración a su derecho fundamental a ser
elegido por acciones y omisiones del partido Centro Democrático, la
Registraduría Nacional del Estado Civil o el Consejo Nacional Electoral. Al no
haber radicado el aval definitivo otorgado en la Registraduría Municipal de
Barbosa oportunamente, la no emisión del formulario E6 CO fue la
consecuencia correcta constitucional y legalmente.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada que negó las
pretensiones formuladas por el señor Iván Mora, por encontrar que ninguna de las
entidades accionadas vulneró los derechos fundamentales del actor.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 6 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dadas las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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