Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00783-01
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00783-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2023-00783-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
1 de febrero de 2024
Demandante: Armando Alquichire Garrido
Demandado: Unidad para la Atención Integral
y Reparación Integral a las Víctimas
Rad: 68001-23-33-000-2023-00783-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00783-01
Demandante: ARMANDO ALQUICHIRE GARRIDO
Demandado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Temas: Revoca parcialmente para rechazar demanda frente a unas
disposiciones por no agotar renuencia en debida forma y
confirma negativa de pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 13 de diciembre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Santander, negó las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Armando
Alquichire Garrido, en nombre propio demandó en acción de cumplimiento a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), con el fin
de obtener el acatamiento de los artículos 4, 17, 18, 25 y 28 de la Ley 1448 de
20111, 9 y 11 de la Resolución 1049 de 20192 proferida por la UARIV, y la
Resolución 04102019-737553 del 13 de noviembre de 20194, con el fin de que
se le ordene el pago de la indemnización administrativa allí reconocida .
1 «Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones».
2 «Por medio de la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización
por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones
090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones».
3 «Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización
administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1 y
siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015».
4 La Resolución 04102019-73755 del 13 de noviembre de 2019, resolvió:
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Demandante: Armando Alquichire Garrido
Demandado: Unidad para la Atención Integral
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2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
El actor señaló que a través de la Resolución 04102019-73755 del 13 de
noviembre de 2019, la UARIV dispuso: (i) reconocer el derecho de la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de «desplazamiento
forzado»; (ii) aplicar el Método Técnico de Priorización, con el fin de determinar
el orden de asignación de turno para el desembolso, de manera proporcional a
los recursos apropiados en la respetiva vigencia fiscal; y (iii) la entrega de la
medida de indemnización quedó condicionada a que, en el momento del
desembolso, el actor debe acreditar que el estado en el Registro Único de
Víctimas sea de inclusión.
El 23 de agosto de 2021, la entidad demandada, mediante oficio de la misma
fecha, explicó al actor la figura de la «Priorización de la entrega de la medida
indemnizatoria por aplicación del método técnico de priorización» y le manifestó:
[L]a Unidad no desconoce los derechos de la(s) víctima(s) relacionado(s) en la presente
solicitud, por el contrario, reconoció el derecho que tiene de ser indemnizada(s), sin
embargo, la Unidad ha manifestado en varias escenarios su imposibilidad de indemnizar a
todas las víctimas en un mismo momento, por lo que a través de la Resolución 1049 de
2019, además de los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, adoptó el
«Método Técnico de Priorización», para la atención de otras víctimas que no cuentan con
los referidos criterios, como es el caso que nos ocupa, pero que son titulares del derecho
a la reparación económica.
Por lo anterior, al no ser posible realizar el desembolso de la medida de indemnización en
la presente vigencia en razón al resultado del método técnico y la disponibilidad
presupuestal, la Unidad procederá a aplicar cada año este proceso técnico hasta que el
resultado permita el desembolso de su indemnización administrativa, puesto que, en
ningún caso, el resultado obtenido es acumulado para el siguiente año.
Cabe resaltar que, si se llegase a contar con uno de los tres criterios de urgencia manifiesta
o extrema vulnerabilidad contenidos en los artículos 4 de la Resolución 1049 de 2019 y
primero de la Resolución 582 de 26 de abril de 2021, podrá adjuntar en cualquier tiempo,
la certificación y/o documentos necesarios con los requisitos establecidos, para priorizar la
entrega de la medida5.
5 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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El 6 de mayo de 2022, el accionante radicó ante la entidad demandada petición
en la que solicitó que se le pagara la indemnización administrativa reconocida
en la Resolución 04102019-73755 de 2019, «de no contar con el presupuesto
necesario para dicho pago, solicito se me suministre el turno para el desembolso
del dinero»; se le informara el presupuesto con el que cuenta la entidad para
esos pagos; se le explicara cómo se asignó el puntaje por cada «variable de
cada una de los componentes»; y se le enviara copia.
A través del Oficio con radicado 202272012540661 del 23 de mayo de 2022, la
UARIV, en respuesta a la petición del actor, le manifestó que le aplicó el Método
Técnico de Priorización con el propósito de terminar el orden de entrega de la
indemnización a las víctimas de manera proporcional a los recursos
presupuestales asignados en el año 2021 y del resultado concluyó que no era
procedente materializar el pago de la medida de indemnización reconocida,
«como consecuencia de: (i) la ponderación de las variables demográficas,
socioeconómicas, de caracterización del daño y el avance en su proceso de
reparación integral; (ii) el orden definido tras el resultado de la aplicación del
Método Técnico respecto del universo de víctimas aplicadas y (iii) la
disponibilidad presupuestal con la que cuenta la entidad».
Sostuvo el demandante que, el 13 de septiembre de 2022, interpuso acción de
tutela en protección de su derecho de petición, proceso que fue conocido por el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, con radicado 685474003002-
2022—00749-00, que resolvió en sentencia del 26 de septiembre de 2022,
negarla6, al advertir que existía un hecho superado y una carencia actual de
objeto.
Afirmó que como la entidad7, no se pronunció de fondo y en forma congruente,
el 24 de octubre de 2022, solicitó a la UARIV, que efectuara el pago real y
efectivo de la indemnización administrativa reconocida en la Resolución No.
04102019-73755 del 13 de noviembre de 2019 y se le cancelaran intereses
moratorios, desde la fecha de expedición del acto administrativo hasta la fecha
del desembolso.
El 26 de noviembre de 2022, mediante Oficio con radicado 2022-0914018-1 la
Unidad para las Víctimas, le reiteró al señor Alquichire Garrido que
[L]a Unidad, el 21 de marzo de 2022, procedió a dar aplicación al Método Técnico de
Priorización a la totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior contaban con decisión de reconocimiento del derecho a la medida
6 El Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, en fallo del 26 de septiembre de 2022,
negó la tutela al evidenciar que la UARIV respondió la petición del actor del 11 de mayo de
2022, a través de oficios del 23 de mayo y 16 de septiembre de la misma anualidad, por lo que
consideró que se configuraba la figura del hecho superado y carencia actual de objeto.
7 La UARIV en escrito del 16 de septiembre de 2022 manifestó que el procedimiento para la
entrega de la indemnización administrativa esta previsto en la Resolución 01049 del 15 de
marzo de 2019.
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de indemnización administrativa a su favor, incluyendo, a aquellas personas que no
obtuvieron un resultado favorable en la aplicación de este proceso técnico en la vigencia
2020 y 2021, con el propósito de determinar el orden de acceso de manera proporcional a
los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal.
Es importante resaltar que, con la aplicación del Método Técnico, se asegura, que pese al
elevado número de víctimas que se encuentran pendientes de recibir la indemnización
administrativa, se pueda establecer un orden de acceso a la misma de una forma objetiva
e imparcial, permitiendo materializar el principio de igualdad y de atención diferencial a las
víctimas.
Es así como, en el proceso técnico, que se ejecutó el 31 de marzo de 2022, se realizó la
valoración de los componentes demográficos, socioeconómicos, de caracterización del
daño y de avance en el proceso de reparación integral, [...].
De acuerdo con el resultado de la ponderación de las variables mencionadas y atendiendo
al presupuesto asignado para solicitudes de la ruta general, se determinó el número de
personas que se indemnizarán en la presente vigencia. Al respecto, la estimación del
presupuesto para la entrega de la medida como resultado del Método Técnico de
Priorización, se realizó atendiendo al número de víctimas que han venido acreditado los
criterios de agencia manifiesta o extrema vulnerabilidad y a los compromisos adquiridos de
acciones constitucionales.
Así las cosas, luego de haber efectuado este proceso técnico, se concluyó que en atención
a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad y al orden definido por la
ponderación de cada una de las variables descritas, NO es procedente materializar la
entrega de la medida indemnizatoria respecto de (de los) integrante(s) relacionad(s) en la
solicitud con radicado 1176302-5322442, por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO
FORZADO.
Lo anterior, debido a que la ponderación de los componentes arrojó como resultado el valor
de 18.9174 como se muestra a continuación, y el puntaje mínimo para acceder a la medida
indemnizatoria fue de 46.6053 [...]8.
El 13 de enero de 2023, la UARIV, dirigió el Oficio con radicado 2023-0048178-
1 al señor Alquichire Garrido, en respuesta a la solicitud de indemnización del
24 de octubre de 2022, en la que le informó «anexamos el oficio 2022-0914018-
1 a través del cual damos respuesta a su pretensión de indemnización
administrativa por DESPLAZAMIENTO FORZADO [...]».
El actor elevó petición el 11 de abril de 2023 a la UARIV con referencia «solicitud
de pago de la indemnización administrativa ordenada por la Resolución UARIV
04102019-73755 del 13 de noviembre de 2019. / renuencia ley 393 de 1997.
art. 8» en la que solicitó el cumplimiento del artículo 25 de la Ley 1448 de 2011
para que se realizara «el pago de la INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA a la
que tengo derecho [...] que me fue reconocido por parte de la misma UARIV
mediante la Resolución 04102019-73755 del 13 de noviembre de 2019. [...] se
deja expresa constancia que el silencio o la contestación negativa a esta será
la prueba de renuencia, necesaria para acudir al medio de control de
cumplimiento[...]»9
8 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
9 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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La UARIV a través el Oficio con radicado 2023-0576570-1 del 17 de abril de
2023, respondió al actor que en relación con el pago requerido, le adjuntaba el
oficio 2022-0914018-1 en el que se encuentra sustentada la decisión que negó
la solicitud.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
Mediante auto del 30 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la demanda y ordenó notificar a la Unidad Para la Atención
Integral y Reparación Integral a las Víctimas y al Ministerio Público.
4. Contestación de la demanda
El apoderado judicial de la UARIV solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción.
Precisó que en la Ley 1448 de 2011 y su Decreto Único Reglamentario 1084
de 2015 en concordancia con los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, se
establecen los mecanismos tendientes a una adecuada implementación de
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas para la materialización
de sus derechos constitucionales.
Sostuvo que la unidad administrativa especial cuenta con personería jurídica y
autonomía administrativa y patrimonial adscrita al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, descentralizada del orden nacional.
Afirmó que no se cumple con el requisito de renuencia, porque las diferentes
solicitudes contenidas en derechos de petición y acciones constitucionales
interpuestas por el actor, han sido atendidas de fondo, informándole tanto, la
normativa que regula el tema, como los requisitos que debe cumplir, « habiendo
ordenado de manera oportuna el pago de la indemnización administrativa a que
el accionante tiene derecho, de conformidad con los criterios establecidos en
el decreto 1084 de 2015, como ya se estableció».
Sostuvo que este mecanismo constitucional no es idóneo para acceder a un
componente de carácter económico, pues tal como lo ha establecido el
parágrafo del artículo 9.º de la Ley 397 de 1997, la acción de cumplimiento no
podrá perseguir el acatamiento de normas que establezcan gastos.
Indicó que la solicitud del actor no es procedente, ya que, si bien, como lo
afirma, le asiste el derecho a recibir la indemnización administrativa, también
es cierto, que no se ha configurado la renuencia, por parte de la unidad
demandada, pues «dado el volumen de personas a indemnizar, no alcanzan
los recursos asignados, para efectuar dicho pago al mismo tiempo».
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Precisó que en el procedimiento administrativo de solicitud de indemnización
administrativa que debe ser agotado por la víctima, debe cumplirse con ciertos
requisitos y trámites establecidos en la Ley 1448 de 2011 y en los decretos
reglamentarios, esto principalmente para que el Estado en cabeza de la Unidad
para las Victimas, pueda comprobar las condiciones actuales de la población y
establecer los montos que serán reconocidos a título de indemnización
administrativa, teniendo en cuenta los diferentes criterios establecidos,
particularmente, los de gradualidad, progresividad, sostenibilidad fiscal y
priorización.
Manifestó que, con el fin de establecer una ruta de priorización frente a la
entrega de la indemnización por vía administrativa, se han expedido una serie
de resoluciones que se constituyen en las herramientas para poder identificar
el grado de vulnerabilidad de las víctimas y, en esa medida, establecer el orden
de entrega de la indemnización administrativa, de conformidad con los criterios
consignados en la Ley 1448 de 2011 y en su decreto reglamentario.
Indicó que el artículo 2.2.7.3.6 del Decreto 1084 de 2015, previó que para el
pago de la indemnización administrativa la entidad demandada «no deberá
sujetarse al orden en que sea formulada la solicitud de entrega, sino a los
criterios contemplados en desarrollo de los principios de progresividad y
gradualidad para una reparación efectiva y eficaz, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.1.8 del presente Decreto».
Explicó que los criterios de priorización se establecen una vez se ha actualizado
la información sobre la situación de las víctimas, para lo cual debe construir
conjuntamente con los miembros del núcleo familiar el Plan de Atención,
Asistencia y Reparación Integral (PAARI), actualmente denominada entrevista
única de caracterización, y hacer cruces con los distintos registros
administrativos que permiten identificar los criterios de priorización de la
indemnización.
Agregó que, debe tenerse en cuenta que la sostenibilidad fiscal es un principio
legal y constitucional, y por ello, la acción de cumplimiento no es el instrumento
procesal para anticipar la ruta o el pago, pues debe permitírsele al Estado
activar el procedimiento normal de atención, asistencia y reparación integral a
todas las víctimas en igualdad de condiciones.
Afirmó que, por lo anterior resulta jurídica y fiscalmente imposible que el Estado
indemnice a todas las víctimas al mismo tiempo o sobrepase los trámites
administrativos previamente establecidos para el reconocimiento de la
indemnización administrativa, pues ello conllevaría a la flagrante vulneración
de los derechos fundamentales de quienes se encuentren en igualdad de
condiciones a los aquí demandantes.
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Sostuvo que la Corte Constitucional10, consideró que la indemnización
administrativa no puede considerarse un derecho absoluto, por tanto, no puede
ser exigido de manera inmediata por todas las víctimas del conflicto armado,
razón por la que la entidad demandada adoptó mediante la Resolución 1049
de 2019, el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, con la que también se creó y reglamentó el Método Técnico de
Priorización, que es:
un proceso técnico que le permite a la Unidad analizar diferentes componentes y variables
con el propósito de generar el orden más apropiado para la entrega de la indemnización
administrativa, conforme a la disponibilidad presupuestal asignada para tal fin. Aplica para
las víctimas que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la ejecución del
Método Técnico, tengan acto administrativo de reconocimiento de la medida de
indemnización y se aplica anualmente respecto a la totalidad de víctimas con
reconocimiento de la medida de indemnización del año inmediatamente anterior a su
ejecución.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 13 de diciembre de
2023, negó las pretensiones de la demanda al advertir que la Resolución
04102019-73755 del 13 de noviembre de 2019, «no contiene un deber claro,
imperativo exigible e inobjetable en cabeza de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)», para ordenar el pago de la
indemnización administrativa, toda vez que «no se establece un plazo
determinado para efectuar el pago y por el contrario si se condiciona a la
observancia del Método Técnico de Priorización», por lo que concluyó que
esta Sala no puede acceder a la pretensión de cumplimiento pues se debe adoptar el
método técnico de priorización para determinar el orden en que se asignará el turno para
el desembolso de la medida de indemnización administrativa, como se demostró es un
mandato condicionado a los requisitos establecidos en la Resolución 1049 de 2019, para
acceder al pago de su indemnización administrativa.
6. La impugnación11
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, y solicitó que se
revocara, para que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que no comparte la decisión del fallo, toda vez que es claro que la
entidad ha incumplido con su obligación de pago de la indemnización
administrativa que le fue reconocida.
Señaló que, la UARIV en la contestación de la demanda afirmó que se le informó
tanto la normativa que regula el tema, como los requisitos que debe cumplir,
«habiendo ordenado de manera oportuna el pago de la indemnización
10 Auto 206 de 2017
11 La sentencia del 13 de diciembre de 2023, fue notificada electrónicamente el 14 de diciembre
de 2023, y el escrito de impugnación se envió por correo el 15 de diciembre de la misma
anualidad, es decir, dentro del término oportuno.
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administrativa a que el accionante tiene derecho, de conformidad con los
criterios establecidos en el decreto 1084 de 2015», con lo cual «confiere una
certeza incontrovertible al constituir una declaración consignada en un
documento público, ajustado a los cánones del principio de legalidad»12.
Resaltó que tal manifestación evidencia de manera inequívoca la existencia de
una orden de pago que, hasta la fecha, no ha sido ejecutada. La omisión en la
ejecución, así como la negligencia y el incumplimiento asociados a la referida
orden de pago, conforman la esencia misma de la presente acción de
cumplimiento»13.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, según lo
dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo
080 de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado14.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia del 13 de diciembre
de 2023, que negó las pretensiones del medio de control de cumplimiento.
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii)
requisito de procedibilidad de la renuencia; y (iii) requisitos de procedencia en
el caso concreto.
3.1. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de la
orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.
12 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
13 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
14 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.
Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con
fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber,
la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa, clara y
actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en cabeza
del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de
funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la
norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda y (vi) que
tratándose de actos administrativos no haya otro instrumento judicial para lograr
su efectivo cumplimiento, ni persiga el cumplimiento de normas que establezcan
gastos.
3.2. La constitución de la renuencia
En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que “[c]on el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y
la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de
los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]”.
Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito
de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”15.
Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que
la solicitud hecha por el interesado “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia”16.
Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
16 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
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oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer
del ciudadano17.
Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte
demandada.
Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
En el caso concreto el señor Armando Alquichire Garrido, con la finalidad de
constituir en renuencia a la demandada, aportó el escrito del 11 de abril de 2023,
en el que solicitó a la UARIV el cumplimiento del artículo 25 de la Ley 1448 de
2011 y, en consecuencia, se le pagara la indemnización administrativa a la que
tiene derecho y que le fue reconocida mediante la Resolución 04102019-73755
del 13 de noviembre de 2019.
Revisado el expediente, se encontró que el 17 de abril de 2023 la entidad le
informó al accionante que, en relación con el pago requerido, le adjuntaba el
oficio 2022-0914018-1 en el que se encuentra sustentada la decisión que negó
la solicitud.
De acuerdo con lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de renuencia, pero solo respecto del artículo 25 de la Ley 1448 de
2011, lo que impone realizar el estudio de las pretensiones de la demanda,
frente a esta disposición.
Ahora, en relación con los artículos 4, 17, 18 y 28 de la Ley 1448 de 2011, 9.º
y 11 de la Resolución 1049 de 2019 y del Acto Administrativo 04102019-73755
del 13 de noviembre de 2019, se evidencia que fueron solicitadas únicamente
en el escrito de la demanda; por tanto, se rechazará la acción frente a estas
disposiciones.
3.3. Normas que se piden cumplir.
El demandante invocó como incumplido el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011
que dispone:
17 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de
noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-
01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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Demandante: Armando Alquichire Garrido
Demandado: Unidad para la Atención Integral
y Reparación Integral a las Víctimas
Rad: 68001-23-33-000-2023-00783-01
LEY 1448 DE 2011
por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas
tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y
efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el
artículo 3° de la presente Ley.
La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material,
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima
dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho
victimizante.
Parágrafo 1º. Las medidas de asistencia adicionales consagradas en la presente ley
propenden por la reparación integral de las víctimas y se consideran complementarias a
las medidas de reparación al aumentar su impacto en la población beneficiaria. Por lo tanto,
se reconoce el efecto reparador de las medidas de asistencia establecidas en la presente
ley, en la medida en que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en el marco
de la política social del Gobierno Nacional para la población vulnerable, incluyan criterios
de priorización, así como características y elementos particulares que responden a las
necesidades específicas de las víctimas.
No obstante este efecto reparador de las medidas de asistencia, estas no sustituyen o
reemplazan a las medidas de reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las
que incurra el Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán
descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las
víctimas.
Parágrafo 2º. La ayuda humanitaria definida en los términos de la presente ley no
constituye reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la indemnización
administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pidió el acatamiento de una norma
cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición o decisión judicial.
Por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se encuentra
acreditado.
3.4. De las causales de improcedencia
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un
perjuicio grave e inminente para el accionante.
Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia18 ha desarrollado «la
existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
18 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU),
MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-
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Demandante: Armando Alquichire Garrido
Demandado: Unidad para la Atención Integral
y Reparación Integral a las Víctimas
Rad: 68001-23-33-000-2023-00783-01
En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento del artículo 25
de la Ley 1448 de 2011 y que, en consecuencia, la UARIV determine un plazo
real y preciso del desembolso del reconocimiento económico del núcleo familiar
del demandante y priorice su pago. Asimismo, lo solicitado no involucra la
protección de derechos fundamentales toda vez que no fueron invocados en
las pretensiones de la demanda.
Por otra parte, contrario a lo manifestado por la parte demandada, la Sala
considera que el presente caso no deviene en improcedente, por gasto, como
lo ha sostenido en asuntos similares19. En efecto, resulta necesario destacar,
que esta Sección ha concluido que esa causal puede ser superada cuando
dicho gasto está debidamente presupuestado, es decir, una vez elaborado un
presupuesto o apropiado el mismo porque debe ser efectivamente destinado a
la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en esos casos,
en los cuales, la acción de cumplimiento devendrá procedente.
En este asunto, lo que se reclama son obligaciones de hacer consistentes en
priorizar y fijar una fecha del desembolso de la indemnización administrativa,
contenida en la Resolución 04102019-73755 del 13 de noviembre de 2019. En
ese sentido, si bien se puede entender que se persigue un pago, el gasto fue
presupuestado por la entidad desde el momento mismo de la emisión de la
resolución que reconoció la medida económica, lo que hace procedente la
acción.
En consecuencia, como los presupuestos mínimos se cumplen en este asunto,
la Sala procederá al estudio del fondo del asunto.
3.5. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante
la autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley
o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como deberes20.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato imperativo e
2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado
n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias de 21
de noviembre de 2021, radicado n.º 25000-23-41-2021-00805-01; y de 10 de marzo de 2022,
radicado n.º 25000-23-41-000-2021-01068-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
20 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
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inobjetable en los términos de los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de
1997. Así, por ejemplo, si la norma prevé una facultad o su ejercicio es
discrecional, no se cumplirá el requisito bajo estudio.
El artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, establece que las víctimas tienen derecho
a ser reparadas por el daño sufrido; precisa que la reparación comprende las
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición, de manera individual, colectiva, material, moral y simbólica que
se implementarán dependiendo del hecho victimizante. También prevé medidas
de asistencia adicionales, complementarias de las de reparación y la ayuda
humanitaria.
Así, la disposición referida por la parte actora como incumplida, en realidad no
contempla la priorización y desembolso de la indemnización administrativa, ni
indica los procedimientos para su obtención, es decir no determina obligaciones
para la asignación de un turno para pago, ni establece plazo cierto para el
desembolso21.
En este orden de ideas, se evidencia que, la UARIV no ha desatendido la norma
invocada, en la medida en que ésta no hace referencia a la priorización
pretendida por este medio de control.
Por otra parte, se reitera que como se ha mencionado la norma invocada solo
establece el derecho que tienen las víctimas a ser reparadas, las medidas de
restitución, indemnización, de asistencia adicionales, y complementarias, y la
ayuda humanitaria, pero no precisa nada frente a la priorización y desembolso
de la indemnización administrativa. En ese orden, no contiene un mandato
imperativo, expreso e inobjetable.
Cabe recordar, que por este medio constitucional no es posible ejecutar toda
clase de disposiciones, al respecto esta Sala ha indicado:
Aunque la finalidad de la acción de cumplimiento es hacer efectivo el cumplimiento de una
ley o de un acto administrativo, no es posible a través de esta acción ordenar ejecutar toda
clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes
del juez constitucional, que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de
determinada autoridad, un mandato ‘imperativo e inobjetable’ en los términos de los
artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997 […]22.
Así las cosas, la acción de la referencia no tiene naturaleza constitutiva o
declarativa de derechos, pues no determina la existencia de una obligación, sino
que aquella debe estar previamente establecida y vigente, para el momento en
que se acuda a este mecanismo.
21 En un caso similar, esta Sección se pronunció en el mismo sentido. Ver la sentencia del 12
de octubre de 2023, Rad 68001-23-33-000-2023-00386-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, Radicado 44001-23- 33-000-2013-00154-01.
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En consecuencia, la norma invocada no contiene un mandato imperativo,
expreso e inobjetable a cargo de la demandada. Así, la sentencia impugnada
será revocada parcialmente, por las razones señaladas en la parte motiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO. Revocar parcialmente el fallo de primera instancia, para rechazar
la demanda en relación con los artículos 4, 17, 18 y 28 de la Ley 1448 de 2011,
9.º y 11 de la Resolución 1049 de 2019 y del Acto Administrativo 04102019-
73755 del 13 de noviembre de 2019, en cuanto no se agotó en debida forma el
requisito de renuencia.
SEGUNDO. Confirmar la sentencia del 13 de diciembre de 2023 del Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
CUARTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx ”
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