Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00386-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00386-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2023-00386-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
12 de octubre de 2023
Demandante: Cenidia Castro Rodríguez
Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas - UARIV
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)
Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01
Demandante: CENIDIA CASTRO RODRÍGUEZ
Demandado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - AUARIV
Tema: Revoca parcialmente para rechazar demanda frente a unas
disposiciones por no agotar renuencia en debida forma y
confirma negativa de pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la
sentencia del 8 de septiembre de 2023. En la providencia mencionada, el
Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda de
cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Cenidia
Castro Rodríguez, en nombre propio, y en representación de sus hijos Evelyn,
Laura y Juan Diego Mosquera Castro, demandó a la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con el fin de que se le ordenara el
acatamiento de los artículos 25 y 28 de la Ley 1448 de 20111; 9.º y 11 de la
Resolución 1049 de 20192 y el acto administrativo 04102019-622031 del 11 de
mayo de 20203. En la demanda se plantearon las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que se ORDENE a la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, el cumplimiento inmediato y sin condicionamientos, de la ley 1448
de 2011, artículo 25.
SEGUNDA: Que se ORDENE a la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, el cumplimiento inmediato y sin condicionamientos, de la ley 1448
de 2011, artículo 28, numeral 1 y 10.
1 «Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones».
2 «Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de
2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones».
3 «Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización
administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.
y siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015»
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Demandante: Cenidia Castro Rodríguez
Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas - UARIV
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01
TERCERA: Que se ORDENE a la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, el cumplimiento inmediato y sin condicionamientos, de la
resolución 1049 de 2019, artículo 9, literal B y artículo 11, inciso segundo.
CUARTA: Que se ORDENE a la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, el cumplimiento inmediato y sin condicionamientos, del Acto
Administrativo 04102019-622031 del 11 de mayo de 2020 “Por medio de la cual
se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa
a la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y
siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015”, en su parte
resolutiva, articulo 14.
2. Hechos
Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI5, la Sala resume los
supuestos fácticos de la demanda de la siguiente manera:
La accionante informó que por acto administrativo 04102019-622031 del 11
de mayo de 2020, la UARIV le reconoció indemnización administrativa por el
hecho victimizante de «desplazamiento forzado» por un monto de 17 SMLMV
a ella y a su núcleo familiar.
Seguidamente, manifestó que en el mismo acto administrativo se resolvió en
el numeral segundo aplicar el método técnico de priorización, con el fin de
determinar el orden de asignación de turno para el desembolso de la
indemnización administrativa.
La actora señaló que el 6 de mayo de 2021, envío al correo
«notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co, de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de Víctimas, petición que fue radicada con el
número 202171110316972, en la que le solicitó que (i) se la informara el turno
asignado para el desembolso de la indemnización administrativa; (ii) hasta
que número y fecha se han efectuado pagos; (iii) si en esa anualidad se le
haría el desembolso; y, (iv) se le indicara cuándo se le pagaría la
indemnización reconocida.
La demandante sostuvo que la UARIV le respondió el 8 de mayo de 2021, que
en efecto se le reconoció la medida de indemnización administrativa y se
decidió aplicar el «Método Técnico de Priorización» con el fin de disponer de
la entrega de la indemnización, sin embargo como no acreditó una situación
de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, (tener más de 74 años de
edad; tener alguna enfermedad huérfana de tipo ruinoso, catastrófico o de alto
costo; tener discapacidad certificada), se resolvió que el mencionado método
de priorización en su caso particular, se aplicaría el 30 de julio de 2021, de la
cual se le informaría su resultado, y se le precisó:
4 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
5 Índice 2.
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Demandante: Cenidia Castro Rodríguez
Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas - UARIV
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Si dicho resultado le permite acceder a la entrega de la indemnización
administrativa en el año 2021, será citado(a) para efectos de materializar la
entrega de los recursos económicos por concepto de la indemnización. Ahora
bien, sí conforme a los resultados de la aplicación del Método no resulta viable
el acceso a la medida de indemnización en 2021, la Unidad le informará las
razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad de aplicar nuevamente
el Método para el año siguiente.
La demandante afirmó que la respuesta no fue de fondo ni congruente, por lo
que el 23 de julio de 2021 interpuso acción de tutela contra la UARIV, para
que se le amparara el derecho de petición, mecanismo que fue conocido por
el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga, con radicado 2021-
00199-00, autoridad judicial que en providencia del 6 de agosto de 2021, le
ordenó al director de la entidad que contestara de manera clara y de fondo la
solicitud de la señora Castro Rodríguez «resolviendo la totalidad de las
inquietudes planteadas [...] e informándole, también el resultado de la práctica
del Método Técnico de Priorización».
La actora indicó que en cumplimiento de la orden de tutela la UARIV el 25 de
agosto de 2021, le contestó que no podría brindarle una fecha exacta o
probable para el pago de la indemnización «nos encontramos agotando el
debido proceso, respecto a la aplicación del método técnico de priorización,
en el cual nos encontramos actualmente realizando la consolidación de los
puntajes para poder informarle su resultado y si será indemnizada o no en la
presente vigencia fiscal», frente a lo que la accionante consideró que «la
entidad no se pronunció de forma eficaz, de fondo y congruente como es
debido», se limitó a explicar el procedimiento para la cancelación de la
indemnización por vía administrativa determinado en la Resolución 1049 de
2019 y las acciones de articulación que desarrolla la entidad para las víctimas.
La señora Castro Rodríguez, con fundamento en lo anterior, formuló el 10 de
septiembre de 2021 incidente de desacato y como consecuencia, el Juzgado
Doce Civil del Circuito de Bucaramanga el 22 del mismo mes y año le ordenó
a la UARIV que cumpliera sin demora lo dispuesto en el fallo de tutela del 6
de agosto de 20216.
La accionante manifestó que el 24 de abril de 2023, dirigió escrito a la entidad
demandada, con referencia «[S]olicitud de pago de la indemnización
administrativa ordenada por la Resolución UARIV No. 04102019-622031 del
11 de mayo de 2020. / RENUENCIA / LEY 393 DE 1997. Art. 8», que fue
radicada con el número 2023-0233684-2, para pedirle que en cumplimiento
del artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, se le pagara la indemnización
administrativa a la que tiene derecho en su condición de víctima, que le fue
reconocida el 11 de mayo de 2020. Petición que según la demandante no fue
atendida.
6 La actora en la demanda no precisó si la UARIV atendió la orden del 22 de septiembre de
2021 proferida por Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro el incidente
de desacato, ni de los documentos acompañados puede establecerse si la entidad cumplió lo
ordenado.
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3. Admisión de la demanda y decreto de pruebas
En providencia de 25 de julio de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bucaramanga admitió la demanda y ordenó notificar a
la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al
Ministerio Púbico e informó a la Defensoría del Pueblo.
A través de proveído del 8 de agosto de 2023, el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, declaró la falta de
competencia para conocer del asunto y dispuso la remisión del expediente al
Tribunal Administrativo de Santander, por ser el competente, al advertir que
la demandada es una entidad descentralizada del orden nacional y aplicó el
control de legalidad previsto en el artículo 207 del CPACA y 132 del CGP.
4. Informe
El representante judicial de la UARIV solicitó que se negaran las pretensiones
de la demanda, al considerarlas infundadas desde el punto de vista fáctico y
jurídico.
Precisó que la entidad fue creada por la Ley 1448 de 2011 como una Unidad
Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y
patrimonial adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, descentralizada del orden nacional.
Afirmó que a la demandante se le reconoció la medida de indemnización
administrativa, mediante Resolución 04102019-622031 del 11 de mayo de
2020, acto en el que se estableció que los montos y orden de entrega de la
medida «depende de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis
del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente
la Unidad, de igual forma, la entrega de la indemnización administrativa
depende de que se cuente con un estado de inclusión en el Registro Único de
Víctimas».
Sostuvo que una vez verificada la información en los registros administrativos
de la entidad, se encontró que a través de «Formato Único de declaración» la
señora Castro Rodríguez como jefe de hogar, presentó declaración ante la
Personería de Medellín el 1.º de marzo de 2011 por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado y en virtud de la valoración realizada por la Dirección
de Registro y Gestión de la información, fue incluida junto con sus tres hijos.
Resaltó que a la actora se le han entregado ayudas humanitarias en cuantía
de $17.873.000, así:
No. Fecha Monto
1 Abril 04 de 2011 $ 1’155.000
2 Diciembre 27 de 2011 $975.000
3 Agosto 06 de 2012 $780.000
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4 Marzo 21 de 2013 $735.000
5 Septiembre 02 de 2013 $975.000
6 Enero 24 de 2014 $645.000
7 Junio 10 de 2014 $330.000
8 Julio 30 de 2014 $645.000
9 Febrero 18 de 2015 $645.000
10 Abril 17 de 2015 $330.000
11 Octubre 21 de 2015 $645.000
12 Octubre 29 de 2015 $330.000
13 Julio 26 de 2016 $387.000
14 Marzo 01 de 2017 $387.000
15 Diciembre 27 de 2017 $380.000
16 Mayo 09 de 2018 $420.000
17 Febrero 06 de 2019 $420.000
18 Mayo 29 de 2019 $2’037.000
19 Septiembre 04 de 2019 $1’656.000
20 Diciembre 30 de 2019 $1’656.000
21 Octubre 01 de 2021 $780.000
22 Febrero 15 de 2022 $780.000
23 Julio 28 de 2022 $780.000
Destacó que el 26 de agosto de 2021, se le informó a la demandante en
relación con la priorización de la entrega de la medida indemnizatoria por
aplicación del método técnico de priorización, que luego de haber efectuado el
proceso técnico, se concluyó que, en atención a la disponibilidad presupuestal
con la que cuenta la Unidad y al orden definido por la ponderación de cada
una de las variables, «NO es procedente materializar la entrega de la medida
indemnizatoria respecto de (de los) integrante(s) relacionado(s) en la solicitud
con radicado 1120124-5129878, por el hecho victimizante de
DESPLAZAMIENTO FORZADO», en razón a que el resultado fue de 25.3844
y el puntaje mínimo para acceder a la medida fue de 48.8001, manifestándole
lo siguiente:
[A]l no ser posible realizar el desembolso de la medida de indemnización en la
presente vigencia en razón al resultado del método técnico y la disponibilidad
presupuestal, la Unidad procederá a aplicar cada año este proceso técnico hasta
que el resultado permita el desembolso de su indemnización administrativa,
puesto que, en ningún caso, el resultado obtenido es acumulado para el siguiente
año.
Cabe resaltar que, si se llegase a contar con uno de los tres criterios de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en los artículos 4 de la Resolución
1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 26 de abril de 2021, podrá
adjuntar en cualquier tiempo, la certificación y/o documentos necesarios con los
requisitos establecidos, para priorizar la entrega de la medida7.
Indicó que la entidad ha atendido y tramitado de manera oportuna las
solicitudes de la actora y le ha explicado que, dada la cantidad de víctimas
existentes en el país y la escasez de los recursos, la entrega de estos se hace
de conformidad con el procedimiento reglado en la Resolución 1049 de 2019.
7 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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Adujo que en respuesta a la solicitud con radicado 2023-0233684-2 del 24 de
abril de 2023, la entidad le comunicó a la actora mediante Oficio con radicado
2023-062476-1 del 2 de mayo de 2023, que el «Método Técnico de
Priorización» es un proceso técnico aplicable al universo total de las víctimas
con decisión de reconocimiento de la indemnización administrativa a su favor,
que determina los criterios y lineamientos para priorizar el desembolso de la
medida de indemnización administrativa y así, generar la orden para el pago
de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia
fiscal, conforme al Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector.
Precisó que, asimismo se le informó que la entrega de los recursos de la
indemnización estaría definida por el resultado de un análisis objetivo de
variables: (i) demográficas, (ii) socioeconómicas, (iii) de caracterización del
daño, (iv) de avance en el proceso de reparación integral de las víctimas, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal anual asignada a la Unidad para
las Víctimas, bajo ese contexto aplica el método cada año y a quienes
obtengan un resultado favorable se les entregará la indemnización en la
correspondiente vigencia, circunstancia que es informada de manera gradual
en el transcurso del año, razón por la que se le indicó que en el segundo
semestre de 2023 se aplicaría el método y se le informaría el resultado.
Agregó que este medio de control resulta improcedente frente a normas que
establecen gasto, conforme con las previsiones del artículo 9 de la Ley 393
de 1997.
5. Sentencia de primera instancia8
Por medio de fallo del 8 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda, al encontrar que del
contenido del artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 no se observa un mandato
imperativo, claro y directo a la autoridad demandada.
Advirtió que la norma en términos generales señala que las víctimas tienen
derecho a ser reparadas en todas sus dimensiones dependiendo del hecho
victimizante, y refiere los criterios que permiten establecer la entrega de las
medidas, pero no prevé obligaciones para la priorización, ni determinan plazo
cierto para el desembolso de la indemnización administrativa reconocida.
Agregó que solo cuando la aplicación del método técnico de priorización asigne
el turno para realizar el desembolso de la medida indemnizatoria, surge la
obligación para la entidad de comunicar a la víctima solicitante acerca del periodo
de que dispone para hacer efectivo el pago, mientras tanto no hay lugar a su
pago.
8 El Tribunal Administrativo de Santander, precisó en la sentencia que el expediente fue
remitido por competencia por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga por el factor
funcional, y como lo actuado conserva su validez, «salvo la sentencia, la que en este caso aún
no se había proferido, a ello se remitirá la Sala».
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6. Impugnación
La accionante impugnó la decisión del 8 de septiembre de 2023, para que se
revocara y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda.
Adujo que lo solicitado es el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y no el
ejercicio de derechos particulares, por lo que señaló que cuenta con la
Resolución 0410209-622031 del 11 de mayo de 2020 que le reconoció a ella
y a su núcleo familiar la indemnización administrativa por un monto de 17
SMLMV.
Sostuvo que respecto a la asignación de turnos para reclamar la
indemnización la Corte Constitucional en sentencia T-347 de 2018, previó que
la UARIV debe determinar el correspondiente turno a las personas que sean
incluidas dentro del Registro Único de Víctimas.
Resaltó que cumplió con el artículo 61 de la Ley 1448 de 2011, por tanto, la
UARIV debe fijarle un «turno GAC» para que se le haga la entrega de la
indemnización administrativa reconocida.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia
del 8 de septiembre de 2023 del Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125,
150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado
que establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para
conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia
en las acciones de cumplimiento».
2. Problema jurídico a revolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 8 de septiembre de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes
problemas jurídicos a resolver:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución
en renuencia a la UARIV, respecto de los artículos 25 y 28 de la Ley 1448 de
2011; 9.º y 11 de la Resolución 1049 de 2019 y el Acto Administrativo
04102019-622031 del 11 de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en
el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la
acción?
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¿Se debe ordenar a la UARIV que determine una fecha real y precisa del
desembolso del reconocimiento económico y priorice el pago de la
indemnización administrativa reconocida a la parte actora por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii)
requisito de procedibilidad de la renuencia; y (iii) requisitos de procedencia en
el caso concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo9 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el
artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir
ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que
dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otros, para asegurar el
obedecimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
(artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de control permite la
realización de este postulado para lograr la eficacia material de la ley y de los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en atención de
sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad
de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La
Corte Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o
jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la
autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge
de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el
particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se
9 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-
2016-00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017,
radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-
00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos
administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del
Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo10.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos.
Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]11.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los
tres puntos descritos, la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia
del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales
se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos
5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de
la/s pretensión/es formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio
de control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
10 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.
11 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa
dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades
conferidas por los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución
Política12.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de
contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad
unilateral de la Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no
es dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de
normas constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»13.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar
que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es
necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una
solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al
particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo
objeto de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de
petición pero enfocado al fin reseñado14.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley
o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación
gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como
salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la
tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar
frente a normas que generen gastos,15 a menos que estén apropiados;16 o
cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último
caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto
por el artículo 86 superior17.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez
Arce, providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º
44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
15 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º
05001-23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º
25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
17 Sentencia antes citada.
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mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de
este18 y que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el
plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo
en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia
para los fines de la acción de cumplimiento»19. Igualmente, esta Sección20 ha
dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y
la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no
está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al
menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la
disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en
el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con
relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de
procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a
cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del
destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del
incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario
estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió
formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico
sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o actos administrativos [21] (Negrillas fuera de
texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece
que «[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del
deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
18Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en
ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del
deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se
consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible…».
19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación
n.º 2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º
47001-23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
21 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia
del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»].
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incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que,
de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, «resulte contraria al
querer del ciudadano»22
En el caso concreto la señora Cenidia Castro Rodríguez, en escrito del 24 de
abril de 2023, solicitó a la UARIV el cumplimiento del artículo 25 de la Ley
1448 de 2011 y, en consecuencia, se le pagara la indemnización
administrativa a la que tiene derecho y que le fue reconocida mediante la
Resolución 04102019-622031 del 11 de mayo de 2020.
Revisado el expediente, se encontró que el 2 de mayo de 2023 la entidad le
informó a la accionante que en el segundo semestre de 2023 se aplicaría el
método y se le informaría el resultado. En consecuencia, la Sala halla
acreditado el requisito de que trata el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997,
respecto del artículo 25 de la Ley 1448 de 2011.
Ahora, frente a los artículos 29 de la Ley 1848 de 2011, 9.º y 11 de la
Resolución 1049 de 2019 y del Acto Administrativo 04102019-622031 del 11
de mayo de 2020, se evidencia que fueron solicitadas únicamente en el escrito
de la demanda; por tanto, se rechazará la acción frente a estas disposiciones.
3.4. Normas que se piden cumplir.
La demandante invocó como incumplido el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011
que dispone:
LEY 1448 DE 2011
por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
22 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre
de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-
01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016,
radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
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[…]
ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas tienen
derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva
por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo
3° de la presente Ley.
La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva,
material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la
víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho
victimizante.
Parágrafo 1º. Las medidas de asistencia adicionales consagradas en la presente ley
propenden por la reparación integral de las víctimas y se consideran complementarias a
las medidas de reparación al aumentar su impacto en la población beneficiaria. Por lo
tanto, se reconoce el efecto reparador de las medidas de asistencia establecidas en la
presente ley, en la medida en que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en
el marco de la política social del Gobierno Nacional para la población vulnerable, incluyan
criterios de priorización, así como características y elementos particulares que responden
a las necesidades específicas de las víctimas.
No obstante este efecto reparador de las medidas de asistencia, estas no sustituyen o
reemplazan a las medidas de reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las
que incurra el Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán
descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las
víctimas.
Parágrafo 2º. La ayuda humanitaria definida en los términos de la presente ley no
constituye reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la indemnización
administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pidió el acatamiento de una norma
cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición o decisión judicial.
Por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se encuentra
acreditado.
3.5. De las causales de improcedencia
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un
perjuicio grave e inminente para el accionante.
Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia23 ha desarrollado «la
existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento del artículo
25 de la Ley 1448 de 2011 y que, en consecuencia, la UARIV determine una
fecha real y precisa del desembolso del reconocimiento económico del núcleo
23 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-
01(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-
23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de
2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
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familiar de la demandante y priorice su pago. Asimismo, lo solicitado no
involucra la protección de derechos fundamentales toda vez que no fueron
invocados en las pretensiones de la demanda.
Por otra parte, contrario a lo manifestado por la parte demandada, la Sala
considera que el presente caso no deviene en improcedente, por gasto, como
lo ha sostenido en asuntos similares24. En efecto, resulta necesario destacar,
que esta Sección ha concluido que esa causal puede ser superada cuando
dicho gasto está debidamente presupuestado, es decir, una vez elaborado un
presupuesto o apropiado el mismo porque debe ser efectivamente destinado
a la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en esos
casos, en los cuales, la acción de cumplimiento devendrá procedente.
En este asunto, lo que se reclama son obligaciones de hacer consistentes en
priorizar y fijar una fecha del desembolso de la indemnización administrativa,
contenida en la Resolución 04102019-622031 del 11 de mayo de 2020. En ese
sentido, si bien se puede entender que se persigue un pago, el gasto fue
presupuestado por la entidad desde el momento mismo de la emisión de la
resolución que reconoció la medida económica, lo que hace procedente la
acción.
En consecuencia, como los presupuestos mínimos se cumplen en este asunto,
la Sala procederá al estudio del fondo del asunto.
3.6. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir
ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de
una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87
constitucional. Sin embargo, a través de esta acción no es posible ordenar
ejecutar toda clase de disposiciones, sino aquellas que contienen
prescripciones que se caracterizan como deberes25.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de
las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato imperativo e
inobjetable en los términos de los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de
1997. Así, por ejemplo, si la norma prevé una facultad o su ejercicio es
discrecional, no se cumplirá el requisito bajo estudio.
El artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, establece que las víctimas tienen
derecho a ser reparadas por el daño sufrido; precisa que la reparación
comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación,
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias de
21 de noviembre de 2021, radicado n.º 25000-23-41-2021-00805-01; y de 10 de marzo de
2022, radicado n.º 25000-23-41-000-2021-01068-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
25 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
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satisfacción y garantías de no repetición, de manera individual, colectiva,
material, moral y simbólica que se implementarán dependiendo del hecho
victimizante; también prevé medidas de asistencia adicionales,
complementarias de las de reparación; igualmente contempla la ayuda
humanitaria.
Así, la disposición referida por la parte actora como incumplida, en realidad no
contempla la priorización y desembolso de la indemnización administrativa, ni
indica los procedimientos para su obtención, es decir no determina
obligaciones para la asignación de un turno para pago, ni establece plazo
cierto para el desembolso.
En este orden de ideas, se evidencia que, la UARIV no ha desatendido la
norma invocada, en la medida en que ésta no hace referencia a la priorización
pretendida por este medio de control.
Por otra parte, se advierte que no son de recibo los argumentos de la
demandante expuestos en el escrito de impugnación referidos a que tiene
derecho a que se le precise turno y fecha de desembolso de la indemnización
administrativa que le fue reconocida mediante acto administrativo de 2020 y
en la que se indicó que le aplicarían el método técnico de priorización, toda
vez que como se ha mencionado la norma invocada solo establece el derecho
que tienen las víctimas a ser reparadas, las medidas de restitución,
indemnización, de asistencia adicionales, y complementarias, y la ayuda
humanitaria, pero no precisa nada frente a la priorización y desembolso de la
indemnización administrativa. En ese orden, no contiene un mandato claro,
expreso y exigible.
Cabe recordar, que por este medio constitucional no es posible ejecutar toda
clase de disposiciones, al respecto esta Sala ha indicado:
Aunque la finalidad de la acción de cumplimiento es hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, no es posible a través de
esta acción ordenar ejecutar toda clase de disposiciones, sino aquellas que
contienen prescripciones que se caracterizan como deberes legales o
administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez
constitucional, que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de
determinada autoridad, un mandato ‘imperativo e inobjetable’ en los términos de
los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997 (…) Ello significa que los
preceptos que se dicen incumplidos deben ser lo suficientemente precisos, y no
puede generar ningún tipo de incertidumbre en cuanto a su objeto, vigencia y
exigibilidad, en pocas palabras deben contener una obligación clara, expresa y
actualmente exigible26.
Así las cosas, la acción de la referencia no tiene naturaleza constitutiva o
declarativa de derechos, pues no determina la existencia de una obligación,
sino que aquella debe estar previamente establecida, vigente, y que sea
exigible, para el momento en que se acuda a este mecanismo.
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, Radicado 44001-23- 33-000-2013-00154-01.
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En consecuencia, la norma invocada no contiene un mandato imperativo,
claro, expreso y exigible a cargo de la demandada. Así, la sentencia
impugnada será revocada parcialmente, por las razones señaladas en la parte
motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO. Revocar parcialmente el fallo de primera instancia, para rechazar
la demanda en relación con los artículos 28 de la Ley 1448 de 2011, 9.º y 11
de la Resolución 1049 de 2019 y del Acto Administrativo 04102019-622031
del 11 de mayo de 2020, en cuanto no se agotó en debida forma el requisito
de renuencia.
SEGUNDO. Confirmar la sentencia del 8 de septiembre de 2023 del Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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