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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-31-000-2013-00026-01

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-31-000-2013-00026-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. – Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida el 27 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia, en consecuencia, el numeral quedará así: Condenase a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación, hoy UGPP, a reconocer y pagar una pensión de jubilación post mortem a favor del señor Celestino Gándara Palencia, en cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba al tiempo de su muerte con la inclusión de los factores salariales respecto de los cuales efectuó los respectivos aportes y que se encuentren enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, específicamente el salario mensual y las horas extras. Dicha pensión devengará los ajustes de la Ley 71 de 1998. Segundo. – Confirmar en lo demás la sentencia apelada. Tercero. – Aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada Karina Vence Peláez identificada con la cédula de ciudadanía 42.403.532 de San Diego, Cesar, y portadora de la tarjeta profesional 81621 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada principal de la UGPP, según memorial visible en el índice 39 de Samai. Cuarto. – Sin condena en costas. Quinto. – Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. 19 Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014) Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-31-000-2013-00026-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras Sierra y otros
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la protección Social1

Temas: Pensión post mortem de docente 18 años

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 27 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre,
por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de las demandantes
dentro de los procesos acumulados bajo el radicado 7000-12-33-1000-2013-00026-
01 (4206-2014).

1. Antecedentes

1.1. Trámite previo de las demandas

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo2, Narcha del Tránsito Contreras
Sierra en nombre propio y en representación de sus hijos Carlos Alberto y Tatiana
Paola Gándara Contreras y Miriam Margarita Marmolejo Merlano presentaron
demandas independientes en orden a que se declarara la nulidad de los actos
administrativos expedidos por Cajanal (hoy UGPP) que les negaron la sustitución
de la pensión de jubilación post mortem por el fallecimiento de Celestino Gándara
Palencia, así como la reliquidación de la prestación.

Las demandas fueron radicadas en procesos separados identificados con los
radicados 5294, 99-1789 y 2005-01162-00. En todos se profirieron las respectivas

1
En adelante UGPP
2 En adelante CCA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

sentencias de la siguiente manera:

Proceso Fecha de Autoridad judicial Decisión
presentación que emitió la
de la sentencia y fecha
demanda

Radicado:5294 15/11/1995 Tribunal Declaró la nulidad de los actos
Administrativo de administrativos demandados. En
Demandante: Sucre. consecuencia, ordenó a Cajanal
reconocer y pagar la pensión de
Narcha del Sentencia del jubilación post mortem reglada en el
Tránsito 23/04/20033 artículo 7 del Decreto 224 de 1972 en
Contreras favor del causante y su sustitución en
Sierra beneficio de Narcha del Tránsito
Contreras Sierra y de sus hijos menores
Carlos Alberto y Tatiana Paola Gándara
Contreras en cuantía del 75% de la
asignación mensual para el cargo de
docente que desempeñaba.

99-1789 23/10/1999 Tribunal Declaró la nulidad del Auto 104790 del 15
Administrativo de de julio de 1999 expedido por Cajanal y
Demandante: Sucre la condenó a reconocer y pagar la
pensión vitalicia de jubilación post
Miriam Sentencia del mortem de Celestino Enrique Gándara
Margarita 5/12/20014 Palencia a partir del 25 de septiembre de
Marmolejo 1989 y la sustitución pensional en
Merlano beneficio de Miriam Margarita Marmolejo
Merlano, cónyuge sobreviviente.
2005-01162 28/01/2004 Juzgado Primero Declaró la nulidad del acto ficto
Administrativo del demandado y ordenó la reliquidación de
Demandante: Circuito Judicial de la «pensión gracia post mortem»
Sincelejo reconocida a Celestino Enrique Gándara
Narcha del Palencia con la inclusión de la prima de
Tránsito Sentencia del alimentación, la de navidad y las horas
Contreras 28/01/20045 extras.
Sierra

La entidad enjuiciada presentó acción de tutela en contra de las sentencias
proferidas en los anteriores trámites, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En su criterio, las autoridades judiciales que emitieron las providencias
incurrieron en una vía de hecho al reconocer la sustitución pensional en un 100%
para cada una de las demandantes sin dividirla en los porcentajes que dispone la
ley.

Esta subsección, en sentencia del 6 de diciembre de 2012, negó las pretensiones
de la acción de tutela. La Sección Cuarta de esta corporación mediante providencia
del 23 de septiembre de 20136 revocó la decisión anterior, amparó el derecho a la
tutela judicial efectiva reclamado por Cajanal y dispuso lo siguiente:

3 Folios 154 al 161 del cuaderno proceso No. 5294.
4 Folios 73 al 86 del cuaderno proceso 99-1789.
5 Folios 51 a 59 del cuaderno proceso 2005-01162-00.
6 Folios 2 a 12. Sentencia proferida dentro del radicado 11001031500020120193801.

2

Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

«[…]
2. Ordénase al Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo que desarchive el
proceso 10001233100020050116200 y lo remita al Tribunal Administrativo de
Sucre.

3. Ordénase al Tribunal Administrativo de Sucre que desarchive los procesos
99-1789 y 5294 y que avoque conocimiento de los tres procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionados con la sustitución de la pensión de
jubilación post mortem reconocida al señor Celestino Enrique Gándara
Palencia, para que profiera sentencia, en los términos aquí explicados.

4. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.»

El Tribunal Administrativo de Sucre, a través de los autos del 4 de septiembre de
2013 y del 3 de marzo de 20147, cumplió la orden judicial y decretó la acumulación
de los tres procesos bajo el radicado 70-001-23-31-000-2013-00026-00.

A continuación, se hace un recuento del contenido de las demandas que se
interpusieron.

1.1.1. Proceso 52948

1.1.1.1. Las pretensiones

Narcha del Tránsito Contreras Sierra, en nombre propio y en representación de sus
hijos menores Carlos Alberto y Tatiana Paola Gándara Contreras, demandó la
nulidad de las resoluciones 25080 del 1 de junio de 19939 y 963 del 4 de abril de
199510 por medio de las cuales se les negó el reconocimiento de la «pensión gracia
de jubilación post mortem»11 a que tenía derecho su compañero permanente Celestino
Enrique Gándara Palencia y la sustitución pensional.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
ordenar a la demandada: i) reconocer, sustituir y pagar la pensión de jubilación post
mortem regulada en el artículo 7 del Decreto 224 de 197212 en cuantía equivalente
al 75% del salario promedio mensual devengado por el causante durante el último
año de servicio desde que se causó el derecho y; ii) pagar los intereses y la
indexación de las mesadas pensionales.

1.1.1.2. Fundamentos fácticos

7 Folios 14 a 18.
8 Folios 1 a 6 del cuaderno que corresponde proceso 5294.
9 Folios 111 y 112 del cuaderno del proceso 5294.
10 Folios 126 al 130 del cuaderno del proceso 5294.
11 Aunque en la demanda se refiere a la pensión gracia, lo cierto es que la demandante en realidad

hacía alusión a la pensión de jubilación post mortem regulada en el artículo 7 del Decreto 224 de
1972.
12 En consonancia con la aclaración hecha en el pie de página anterior.

3

Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Celestino Enrique Gándara Palencia prestó sus servicios como docente en
distintos planteles educativos oficiales del departamento de Sucre por un tiempo
continuo de 19 años, 5 meses y 22 días y estuvo afiliado a la Caja Nacional de
Previsión Social.

• Falleció en Corozal, Sucre, el 25 de septiembre de 1989 a la edad de 38 años y
hasta el momento de su muerte vivió en unión libre con Narcha del Tránsito Sierra
con quien procreó dos hijos, Carlos Alberto y Tatiana Paola Gándara Contreras.

• El 30 de agosto de 1991 la demandante solicitó a la Caja Nacional de Previsión
Social el reconocimiento y pago de la pensión post mortem de Celestino Enrique
Gándara Palencia. La entidad negó la petición mediante las resoluciones
demandadas.

1.1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1 del Decreto 224 de 1972; 1, parágrafo 2,
de la Ley 33 de 1985; y 11 y 12 del Decreto 1160 de 1989.

En cuanto al concepto de violación, expuso como único argumento que los actos
administrativos acusados están falsamente motivados porque se sustentaron en la
Ley 114 de 1913, que no es aplicable al caso. La norma que regula la pensión
solicitada es el Decreto 224 de 1972 en virtud de la cual correspondía reconocerla
por haber completado el causante más de 18 años de servicio como docente oficial.

1.1.1.4. Contestación de la demanda

-Cajanal (hoy UGPP) se opuso a las pretensiones con fundamento en las siguientes
razones13:

• Los actos administrativos son legales porque negaron la prestación social al
encontrar que no se cumplían los requisitos previstos en las leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933.

• El reconocimiento de la pensión de jubilación regida por el Decreto 224 de 1972
no le corresponde a Cajanal, sino a la Caja de Previsión Social del departamento
de Sucre a la cual estaba afiliado el causante.

13 Folios 50 y 51 del cuaderno del proceso 5294.

4

Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

1.1.2. Proceso 99-178914

1.1.2.1. Las pretensiones

Miriam Margarita Marmolejo Merlano demandó la nulidad del Auto 104790 del 15 de
julio de 1999, proferido por la demandada dentro del trámite administrativo que le
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación post mortem a Celestino Enrique
Gándara Palencia, en los términos del artículo 7 del Decreto 224 de 1972.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la demandada a: i) reconocer y pagar la prestación social referida y
disponer la sustitución en su favor a partir del 25 de febrero de 1989 con la
correspondiente indexación y; ii) condenar en costas a la demandada.

1.1.2.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la demandante señaló los siguientes:

• Contrajo matrimonio con Celestino Enrique Gándara Palencia y a la fecha de la
muerte convivía con él.

• El 13 de julio de 1998 solicitó a Cajanal el reconocimiento de la pensión de
jubilación post mortem que le correspondía a su cónyuge quien laboró como
docente por más de 18 años.

• La entidad negó la petición a través del Auto 104790 del 15 de julio de 1999 en el
que manifestó que había operado la cosa juzgada administrativa. Para el efecto,
expuso que lo solicitado ya había sido resuelto a través de la Resolución 12752 del
1 de marzo de 1993, en la que se indicó que no procedía el reconocimiento porque
el causante era docente del departamento de Sucre y no del Ministerio de Educación
Nacional. Esta resolución fue confirmada el 21 de noviembre de ese año.

1.1.2.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 6, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; 332
del Código de Procedimiento Civil y el Decreto 224 de 1972.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

• Se cumplieron todos los supuestos regulados en el artículo 7 del Decreto 224 de
1972 para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación post mortem.

14 Folios 1 a 7 del cuaderno del proceso 99-1789.

5

Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

• La entidad vulneró el debido proceso al extender la figura de la cosa juzgada a las
actuaciones administrativas. Tal institución es propia de los procesos judiciales de
acuerdo con los artículos 29 Constitucional y 332 del Código de Procedimiento Civil
y solo en especiales actuaciones puede ser usada ante la administración, como en
las conciliaciones.

• La prestación social debe ser reconocida de forma vitalicia. La expresión «por
cinco años» contenida en el artículo 7 del Decreto 224 de 1972 es inconstitucional
y debe ser inaplicada, de manera que el pago de la pensión debe ser vitalicio.

1.1.2.4. Contestación de la demanda

Cajanal (hoy UGPP) se opuso a las pretensiones15. Manifestó que la actuación
administrativa se ajustó a los preceptos legales que rigen la prestación social pedida
y que no se aportaron elementos de juicio distintos de los que conoció cuando
expidió la Resolución 12752 de 1993 respecto de la cual operó el fenómeno de la
cosa juzgada.

1.1.3. Proceso 2005-0116216

1.1.3.1. Las pretensiones

Narcha del Tránsito Contreras Sierra, en representación de sus hijos menores
Carlos Alberto y Tatiana Paola Gándara Contreras, demandó la nulidad del acto ficto
presunto generado con la petición del 28 de enero de 2004, con el cual se negó la
reliquidación de la «pensión gracia de jubilación post mortem»17 reconocida en favor de
Celestino Enrique Gándara Palencia y de sus hijos en la Resolución 24747 de
200218.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó: i) que se ordenara a Cajanal reliquidar
la prestación social sustituida con la inclusión de las primas de alimentación,
navidad y las horas extras que devengó el causante con la correspondiente
indexación; y ii) que se condenara en costas a la demandada.

15 Folios 22 y 23 del cuaderno del proceso 99-1789.
16 Folios 1 a 7 del cuaderno del proceso 2005-01162.
17 Aunque en la demanda se indica que es una pensión gracia, en realidad corresponde a una

pensión de jubilación. Así fue reconocida en la Resolución 24747 de 2002 a la que alude. Folios 13
a 18 del cuaderno de proceso 2005-01162.
18
La resolución fue expedida en cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre del 5 de diciembre de 2001 dentro del proceso 99-1789 en la que fungía
como demandante Miriam Margarita Marmolejo Merlano al que se hizo referencia en el cuadro del
capítulo «1.1. Trámite previo de las demandas» de esta providencia. En el acto la entidad extendió
los efectos de la referida sentencia a los hijos de Narcha del Tránsito Contreras Sierra. Folios 13 a
19 del cuaderno del proceso 2005-01162.

6

Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

1.1.3.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la demandante señaló los siguientes:

• A través de la Resolución 24747 del 2 de septiembre de 2002 Cajanal reconoció
«la pensión gracia post mortem»19 en favor de Celestino Enrique Gándara Palencia por
cumplir los requisitos que exigen las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.
En la resolución se sustituyó la prestación social en favor de sus hijos Carlos Alberto
y Tatiana Paola Gándara Contreras por un monto del 50%.

• El causante devengó la prima de alimentación, la de navidad y horas extras
además del salario base. Tales emolumentos no se incluyeron en la liquidación de
la pensión, por lo que el 28 de enero de 2004 se solicitó la reliquidación sin que se
obtuviera respuesta.

1.1.3.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2 de la Ley 114 de 1913; 4 de la Ley 4 de
1966; 1, inciso 4, de la ley 33 de 1985, 5 del Decreto 1743 de 1966.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

• La liquidación de la pensión debió hacerse según lo regulado en los artículos 4 de
la Ley 4 de 1966 y 5 del Decreto 1743 de 1966. Estas normas prescriben que debe
tenerse cuenta el 75% de lo devengado en el último año de servicio sin importar si
se efectuaron aportes. El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 no era aplicable al caso
por pertenecer la pensión gracia a un régimen especial.

• El acto administrativo demandado adolece de falsa motivación, pues con el
silencio de la entidad de manera implícita se aplicó la Ley 33 de 1985 sin ser la
norma que regía el asunto.

1.1.3.4. Contestación de la demanda

Cajanal (hoy UGPP) se opuso a las pretensiones20 lo que sustentó en lo siguiente:

• La liquidación pensional incluyó todos los factores salariales que ordena el artículo
3 de la Ley 33 de 1985 y que devengó el causante en el último año de servicio.

• Los emolumentos que pide la demandante son prestaciones sociales y no
constituyen salario.

19
La resolución reconoció la pensión de jubilación regulada en el Decreto 224 de 1972. Folios 13 a
18 del cuaderno de proceso 2005-01162.
20 Folios 29 a 31 del cuaderno del proceso 2005-01162.

7

Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

• Aunque se trate de una pensión gracia se debían efectuar los aportes a la
respectiva caja de previsión social sobre los factores salariales que pretendan ser
incluidos en la liquidación pensional.

1.2. La sentencia apelada que decidió los tres procesos acumulados en
cumplimiento de la orden impartida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en la sentencia del 23 de diciembre de 201321

El Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia del 27 de junio de 201422 declaró
la nulidad de las resoluciones 25080 del 1 de junio de 1993 y 963 del 4 de abril de
1995 demandadas por Narcha del Tránsito Contreras Sierra en el proceso 5294.
También anuló el Auto 104790 del 15 de julio de 1999 enjuiciado por Miriam
Margarita Marmolejo Merlano en el proceso 99-1789.

A título de restablecimiento del derecho ordenó a Cajanal en liquidación:

i) Reconocer y pagar la pensión de jubilación post mortem regulada en el
artículo 7 del Decreto 224 de 1972 en favor de Celestino Enrique Gándara
Palencia «[…] en cuantía de un 75% de la asignación mensual percibida al
momento de su muerte, con la inclusión de todos los factores salariales». Dispuso
también que la pensión fuera ajustada conforme con lo regulado en la Ley 71
de 1988;

ii) Sustituir la prestación social en beneficio de Miriam Margarita Marmolejo
Merlano y Narcha del Tránsito Contreras Sierra, en condición de cónyuge
supérstite y compañera permanente del causante, respectivamente, en
cuantía del 50% para cada una.

El tribunal negó la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo
frente a la petición del 28 de enero de 2004 demandado por Narcha del Tránsito
Contreras Sierra dentro del proceso 2005-01162.

El a quo sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

• El artículo 7 del Decreto 224 de 1972 reguló el derecho a la pensión post mortem
de aquellos docentes que fallecieron y laboraron en instituciones educativas
oficiales por un lapso mínimo de 18 años continuos o discontinuos. En tal caso el
cónyuge y sus hijos menores tienen derecho a la sustitución pensional en una
cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual que recibía el causante al
momento de morir.

• Celestino Enrique Gándara Palencia prestó sus servicios como docente en
instituciones públicas por un periodo de 19 años, 6 meses y 4 días. Por tanto, le

21
Radicado: 11001031500020120193801.
22 Folios 28 a 35.

8

Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

asistía el derecho al reconocimiento pensional de que trata el artículo 7 del Decreto
224 de 1972.

• Está demostrado que el causante convivió con Narcha del Tránsito Contreras
Sierra hasta el día de su muerte y que con ella procreó dos hijos, Carlos Alberto y
Tatiana Paola Gándara Contreras, quienes ya son mayores de edad. También que
contrajo matrimonio con Miriam Margarita Marmolejo Merlano y que tal vínculo
permaneció vigente. Por lo anterior, la pensión debe ser dividida en partes iguales
para cada una de las beneficiarias. No se incluyen los hijos por cuanto ya son
mayores de edad.

• No procede declarar la nulidad del acto presunto que se configuró por el silencio
administrativo frente a la petición del 28 de enero de 2004, demandado dentro del
proceso 2005-01162, porque en la petición se solicitó la reliquidación de una
pensión gracia que no ha sido reconocida.

1.4. El recurso de apelación

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, como sucesora procesal de la extinta Cajanal
EICE en liquidación23, interpuso recurso de apelación24 y expuso, como argumentos
para la revocatoria de la sentencia, las siguientes razones:

• La sustitución pensional es improcedente porque no se demostró la dependencia
económica de las beneficiarias respecto del causante. Este requisito es esencial
para reconocer el derecho, puesto que la prestación social tiene como finalidad
garantizar el mínimo vital y evitar el cambio en las condiciones de vida de la familia
de quien fallece.

• La liquidación de la pensión no puede incluir todo lo devengado por el docente.
Para ello, debe tenerse en cuenta los factores salariales sobre los que realizó los
aportes y que están enlistados en la normativa vigente al momento de su muerte,
que, para el caso, está contenida en las leyes 33 y 62 de 1985.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Narcha del Tránsito Contreras Sierra

La demandante manifestó que cumplió con todos los requisitos regulados en el
artículo 7 del Decreto 224 de 1972 para adquirir el derecho a la sustitución
pensional25.

23
Por medio de la Resolución 4911 del 11 de junio de 2013, se declaró terminado el proceso de
liquidación de Cajanal EICE en Liquidación y fue sustituida por la UGPP a partir del 12 de junio de
2013.
24 Folios 37 a 40.
25 Folio 166 cuaderno principal.

9

Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

1.5.2. Miriam Margarita Marmolejo Merlano

No se pronunció en esta etapa procesal.

1.5.2.3. UGPP

La entidad reiteró26 los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Señaló
que la falta de prueba de la dependencia económica por parte de las demandantes
impide el reconocimiento del derecho en su favor. También que la pensión se debe
liquidar conforme con los factores taxativos previstos en la Ley 33 de 1985
modificada por la Ley 62 del mismo año.

1.6. El Ministerio Público

No intervino en esta etapa procesal27.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

El artículo 320 del Código General del Proceso regula que « [e]l recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme
la decisión». Así, las razones que las partes exponen son las que delimitan la
competencia del juez de segunda instancia para adoptar la decisión, lo que
concuerda con lo reglado por el artículo 328 ibidem el cual dispone que «[e]l juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley» aplicable por remisión expresa que hacía el artículo 267 del CCA y ahora
el 306 del CPACA.

En cumplimiento de lo anterior, se plantearán los problemas jurídicos que deben
resolverse en esta instancia.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

• Para el reconocimiento de la sustitución pensional en favor de Miriam Margarita
Marmolejo Merlano y Narcha del Tránsito Contreras Sierra, cónyuge supérstite y

26 Folios 167 a 169 del cuaderno principal.
27 Constancia secretarial. Folio 170 ibidem.

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Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

compañera permanente, respectivamente, de Celestino Enrique Gándara Palencia
¿era necesario acreditar la dependencia económica?

• ¿Qué factores salariales deben incluirse en la liquidación de la pensión de
jubilación post mortem regulada en el Decreto 224 de 1972?

2.3. La pensión post mortem docente

El artículo 7 del Decreto Ley 224 de 197228 estableció un régimen especial para los
beneficiarios del educador que falleció sin cumplir los requisitos para obtener una
pensión de jubilación29. Así se regló en de la siguiente manera:

«Artículo 7. En el caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el
requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado
como profesor en los planteles oficiales por lo menos (18) años continuos o
discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva
entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación
mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte
mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor mientras aquel no
contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo
máxima de cinco (5) años.»

El régimen especial de sustitución pensional de los docentes se aplica cuando
ocurre el supuesto del fallecimiento del causante sin completar los requisitos para
pensionarse. Tal regulación exige únicamente que el causante hubiese laborado en
planteles educativos oficiales un tiempo mínimo de 18 años continuos o
discontinuos para que su cónyuge y sus hijos menores puedan acceder a la
prestación social. No exige requisitos adicionales que estos deban cumplir para
otorgar su reconocimiento.

Es de anotar que el límite temporal para recibir la pensión fijado en el artículo citado
fue derogado por el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 197330. Así lo entendió

28 «Por el cual se señalan las asignaciones de los Rectores o Directores, Prefectos y Profesores de

enseñanza primaria, secundaria y profesional normalista, al ser vicio del Ministerio de Educación
Nacional y se establecen estímulos de diversa índole para los mismos funcionarios»
29 Así se consideró entre otras en la siguientes sentencias: Consejo de Estado, sala de lo

contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 17 de noviembre de 2017,
expediente: 05001-23-33-000-2014-01888-01 (620-17).
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia
de 13 de noviembre de 2020, expediente: 19001-23-33-000-2015-00361-01 (0972-19).
30 «Por [la] cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas». Artículo 1°: «Fallecido

particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidación o vejez, o un empleado a
trabajador del sector público, se este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá
reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.
Parágrafo 1. Los hijos menores del causante incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente de el, tendrán derecho a recibir en concurrencia con la
cónyuge supérstite, la respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de edad, o al caso se aplicaran
las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y en las disposiciones
que lo modificaron aclararon.

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Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de tal precepto al indicar que
«[…] por virtud de este último parágrafo, las cónyuges titulares de la referida pensión, que
al momento de la expedición de la ley 33 de 1973, gozaban de la prestación social, les es
modificado su derecho por la nueva ley, en forma vitalicia. En consecuencia, en criterio de
la Corte, la norma atacada no está produciendo ningún efecto jurídico, por lo tanto, la Corte
se inhibirá de pronunciarse en relación con la expresión atacada y así se declarará en la
parte resolutiva de esta sentencia»31.

Por último, cabe precisar que en materia de sustitución pensional la norma que
gobierna la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del
causante pensionado o afiliado porque «[e]l derecho a la pensión de sobrevivientes se
causa al momento del fallecimiento del pensionado»32. Y, además, por ser «[…] un
derecho autónomo que solo nace a la vida jurídica con la muerte del afiliado o pensionado,
y en consecuencia no se puede predicar respecto de aquella la teoría de los derechos
adquiridos por parte de los beneficiarios de la pretendida sustitución»33.

La liquidación de la pensión post mortem docente

En lo que respecta al valor de la pensión, el artículo 7 del Decreto Ley 224 de 1972
analizado lo fijó en una cuantía «[…] equivalente al 75% de la asignación mensual fijada
para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte». En relación con la
cuantía de la prestación, conviene tener presente que la norma en mención
concedió al núcleo familiar del docente fallecido la posibilidad de acceder a una
prestación en condiciones similares a las que se le hubiera concedido al causante.
Es así, comoquiera que solo define una tasa de retorno del 75%, pero, no contiene
una regulación especial frente a los parámetros que deben atenderse para integrar
el ingreso base de liquidación, especialmente en cuanto a factores que se incluyen
en la asignación a la que se refiere o el período.

De esta manera, se infiere que el beneficio está radicado en el acceso a la
prestación con una exigencia menor de tiempo de servicio, pero el ingreso base de
liquidación de la pensión corresponde al que se habría observado para otorgar la
pensión al servidor. En ese orden de ideas, la cuantía de la pensión post mortem
dependerá del régimen de pensiones que le era aplicable al docente.

Si concurrieren cónyuges e hijos la mesada pensional se pagará, el 50% al cónyuge y el resto para
los hijos por partes iguales.
La cuota parte de la pensión de devenguen los beneficiarios acrecerá a la que perciben las demás
cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital.
PARÁGRAFO 2o. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, obtengan derecho
causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado su
derecho dentro de los términos de esta Ley».
31 Sentencia C-480 de 1998.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia del 30 de septiembre de 2021;

radicación: 73001-23-33-000-2017-00294-01(0639-20). Consejero ponente: Carmelo Perdomo
Cuéter.
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Jorge Mauricio Burgos

Ruiz, SL1067-2014, radicación 44150.

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Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

En línea con lo anterior, es importante señalar que quienes se regían por la Ley 33
de 1985 tenían derecho a la pensión de jubilación en las condiciones señaladas en
el artículo 3 ejusdem que dispone: «[e]l empleado oficial que sirva o haya servido veinte
(20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio». En torno a este último
aspecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en la
sentencia del 25 de abril de 201934, en la cual precisó lo relacionado con el ingreso
base de liquidación de la prestación aludida, así:

«a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en
cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción
de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.» (Se
resalta).

En consecuencia, en la liquidación de la pensión de jubilación del docente
pensionado bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985 se deben tener en cuenta los
factores salariales que sirvieron de base para los aportes durante el último año de
servicios y que se encuentran enlistados en su artículo 3 ibidem modificado por el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

2.4. Análisis del caso concreto

2.4.1. Lo probado dentro del proceso

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Celestino Enrique Gándara Palencia nació el 13 de mayo de 1951, de acuerdo con
el certificado del Registro Civil de Nacimiento expedido por la Notaría Única del
municipio de Ovejas, Sucre35. Falleció el 25 de septiembre de 1989, tal como consta

34 Consejo de Estado, Sala lo de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019, Radicado680012333000201500569-01.
35 Folio 30 del cuaderno proceso 99-1789.

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Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

en el certificado del Registro Civil de Defunción emitido por la Notaría Única de
Corozal, Sucre36.

• De conformidad con el certificado suscrito por el jefe de personal de la gobernación
del departamento de Sucre37, Celestino Enrique Gándara Palencia trabajó como
docente en las siguientes instituciones y períodos:

Institución Años Meses Días
Tiempo de servicio
educativa
Escuela Simón Bolívar de Desde el 20 de marzo de 1970 al 7 4 19
Sincelejo 9 de agosto de 197738
Escuela Urbana de Leones Desde el 10 de agosto de 1977 5 7
de Sincelejo hasta el 1 de marzo de 198339
Desde el 2 de marzo de 1983 6 6 24
Colegio Bachillerato de San
hasta el 26 de septiembre de
Juan de Betulia
198940
18 17 43
Total parcial
19 años, 6 meses y 13 días
Total tiempo de servicio

• Según el certificado suscrito por el tesorero y contador del Fondo Educativo
Regional de Sucre, Celestino Enrique Gándara Palencia recibió entre 1988 y
septiembre de 1989 salario mensual, primas de alimentación y navidad y horas
extras, además hizo los aportes a Cajanal41.

• En el expediente 5294 obran declaraciones juradas de Nacira Isabel González
Luna y Manuel Islenio Mosquera Córdoba ante el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Sincelejo42. Los declarantes afirmaron que Narcha del Tránsito Contreras Sierra
vivió en unión libre con Celestino Enrique Gándara Palencia hasta el día de su
fallecimiento y que de tal unión nacieron Carlos Alberto y Tatiana Gándara
Contreras. También aseveraron que los mencionados dependían económicamente
del docente fallecido.

• Se aportaron los certificados de los registros civiles de nacimiento de Carlos
Alberto y Tatiana Gándara Contreras suscritos por el notario primero del Círculo de
Sincelejo43 en el que consta que el padre era Celestino Enrique Gándara Palencia.
El primero nació el 12 de abril de 1983 y la segunda el 26 de diciembre de 1986.

36 Folio 16 del cuaderno proceso 5294.
37 Folio 34 del cuaderno proceso 99-1789.
38 Folio 64 del cuaderno proceso 5294.
39 Folio 64 del cuaderno proceso 5294.
40 Folio 34 del cuaderno proceso 99-1789 y 66 del cuaderno proceso 5294.
41 Folios 35 a 37 del cuaderno proceso 99-1789.
42 Folios 21 y 22 del cuaderno proceso 5294.
43 Folios 17 y 18 del cuaderno proceso 5294.

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Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

• El 3 de diciembre de 1970, Miriam Margarita Marmolejo Merlano contrajo
matrimonio católico con Celestino Enrique Gándara Palencia, según el registro civil
de matrimonio allegado al proceso44. De la unión nacieron Yidis Marina y Édgar José
Gándara Marmolejo, el 18 de enero de 1976 y el 17 de octubre de 1971,
respectivamente, según consta en los certificados del registro civil de nacimiento de
ambos45.

• En la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena el
6 de septiembre de 1982 dentro del proceso abreviado de separación de bienes
presentado por Margarita Marmolejo Merlano en contra de Celestino Enrique
Gándara Palencia se decidió i) decretar la separación de bienes y ii) la liquidación
de la sociedad conyugal de acuerdo con el numeral 3 y siguientes del artículo 625
del Código de Procedimiento Civil46.

2.4.2. Análisis de la Sala

2.4.2.1. Estudio del primer problema jurídico

La UGPP en el recurso de apelación manifestó que la sustitución pensional
ordenada por el a quo es improcedente porque no se demostró la dependencia
económica de las beneficiarias respecto del causante. A su juicio, este requisito es
esencial para reconocer el derecho, puesto que la prestación social tiene como
finalidad garantizar el mínimo vital y evitar el cambio en las condiciones de vida de
la familia de quien fallece.

Al respecto, se advierte que la dependencia económica no es un requisito impuesto
por el artículo 7 del Decreto Ley 224 de 1972 para el reconocimiento de la sustitución
pensional. La norma solo prevé como condición para que el cónyuge supérstite y
los hijos menores del docente fallecido adquieran el derecho a (i) que este no
hubiese cumplido con los requisitos para pensionarse y (ii) que tuviese como mínimo
18 años de servicio en planteles oficiales. Por tanto, solo estos requisitos son los
que las demandantes debían acreditar y no es posible que el intérprete de la norma
les exija otro adicional.

En el asunto objeto de estudio, se advierte que los requisitos mencionados fueron
cumplidos a cabalidad. Esta conclusión se desprende del certificado suscrito por el
jefe de personal de la gobernación del departamento de Sucre que da cuenta que
Celestino Enrique Gándara Palencia prestó sus servicios en centros educativos
públicos por un periodo de 19 años, 6 meses y 13 días. También de los registros
civiles de nacimiento y de defunción del docente que dan cuenta que falleció a la

44 Folio 31 del cuaderno proceso 99-1789.
45 Folios 76 y 77 del cuaderno proceso 5294.
46 Folio 109 del cuaderno proceso 5294.

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Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

edad de 38 años. Ambas pruebas demuestran que el causante en vida no completó
los requisitos de edad y tiempo de servicios reglados en la Ley 33 de 1985 para
acceder a la pensión de jubilación, pero que sí trabajó más de 18 años en centros
educativos oficiales.

Además, en la apelación, la parte demandada no expuso inconformidad alguna en
relación con la condición de cónyuge y compañera permanente en el recurso de
apelación, que el a quo encontró acreditada en la sentencia de primera instancia,
así:

Miriam Margarita Marmolejo Merlano demostró con el respectivo registro civil de
matrimonio que contrajo matrimonio con el causante y que tal vínculo jurídico
permaneció vigente hasta la muerte de este. Y aunque la sentencia proferida por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena del 6 de septiembre de 1982
decretó la separación de bienes y la liquidación de la sociedad conyugal no obra
elemento de juicio alguno en el proceso que acredite que se decretó la cesación de
efectos civiles del matrimonio religioso, en los términos del artículo 152 del Código
Civil47.

Por su parte, Narcha del Tránsito Contreras Sierra acreditó la unión marital de hecho
con Celestino Enrique Gándara Palencia, con las declaraciones juradas de Nacira
Isabel González Luna y Manuel Islenio Mosquera Córdoba ante el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Sincelejo y que de tal unión nacieron Carlos Alberto y Tatiana
Gándara Contreras. Declaraciones que en virtud del artículo 188 del CGP
constituyen prueba sumaria que no fue controvertida por la entidad dentro del
proceso en primera instancia y tampoco en el recurso de apelación.

Así las cosas, la Sala encuentra que las demandantes acreditaron los requisitos que
previó el artículo 7 del Decreto Ley 224 de 1972 para adquirir la sustitución de la
pensión que correspondía a Celestino Enrique Gándara Palencia sin que les fuera
exigible la demostración de la dependencia económica por no ser una condición que

47 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL1014-2023 del 10 de mayo de

2023. Radicación 92762
La Corte en la Sentencia CSJ SL4344-2020, reiterada en la CSJ SL1180-2022, manifestó lo
siguiente: «…la Corte en diferentes oportunidades ha señalado que si bien la sociedad conyugal
constituye el régimen patrimonial del matrimonio y nace de él, su disolución y liquidación no pone fin
al vínculo matrimonial, como equivocadamente lo entiende la recurrente, pues aquel continúa vigente
hasta tanto se declare su nulidad o se presente una de las causas de disolución previstas en el
artículo 152 del Código Civil, norma que establece que el matrimonio civil se disuelve por la muerte
real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado…».
A su vez , la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que: «[…] [n]i la disolución de la
sociedad conyugal ni la separación legal y definitiva de cuerpos hacen desaparecer el vínculo
matrimonial, que es el que debe estar vigente al momento de la muerte, según la ley colombiana,
para tener la calidad de cónyuge supérstite y hacerse acreedor a la sustitución pensional como tal»
Consejo de Estado. Sección Segunda. Expediente 8173, sentencia de 31 de mayo de 1995.
Providencia reiterada entre otras en las siguientes de esta sección: Subsección A del 9 de septiembre
de 2021, Radicado 25000-23-42-000-2014-02561-01(1598-19). Subsección B del 1 de octubre de
2021, Radicado: 11001-03-15-000-2021-03718-01(AC).

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Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

regule la norma. Por tanto, no prospera el cargo expuesto en el escrito de apelación.

2.4.2.2. Estudio del segundo problema jurídico

La UGPP alegó en la apelación que en la liquidación de la pensión no podían
incluirse todos los factores salariales devengados por el causante. En su criterio,
solo deben tenerse en cuenta aquellos sobre los que realizó los aportes y que están
enlistados en la norma vigente al momento de su muerte, que para el caso son los
previstos por las leyes 33 y 62 de 1985.

Pues bien, el Decreto 224 de 1972 dispone que la cuantía de la pensión de jubilación
post mortem que regula debe equivaler al «75% de la asignación mensual fijada para el
cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte». De acuerdo con lo explicado
en esta providencia, esta norma debe interpretarse de manera armónica con las
disposiciones que contienen el régimen pensional que cobijaba al causante, que
para el caso es la contenida en la Ley 33 de 1985. Esta, a su vez, debe ser aplicada
en consonancia con lo expuesto en la sentencia de unificación proferida el 25 de
abril de 2019, en la que se fijó como regla que en la liquidación de las pensiones
debe incluirse solo los factores sobre los que efectuaron los respectivos aportes y
que se encuentran en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

En primera instancia, el tribunal dispuso reconocer y pagar la pensión de jubilación
post mortem en favor de Celestino Enrique Gándara Palencia a partir del día de su
muerte en cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual percibida al
momento del suceso «[…] con la inclusión de todos los factores salariales».

La Sala advierte que el a quo desconoció la regla expuesta en precedencia al incluir
todos los factores salariales y no limitarlos a aquellos enlistados en el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985 de los cuales se efectuaron los aportes. Por tanto, se dará la
razón a la entidad y se modificará la sentencia en este aspecto.

En ese sentido y comoquiera que de las pruebas aportadas se pudo comprobar que
el causante en el último año de servicios recibió el salario mensual, las horas extras
y las primas de alimentación y navidad y que, de estos factores, solo los dos
primeros se encuentran en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, únicamente estos
deberán incluirse en la liquidación de la prestación social.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 171 del CCA, la cual dispuso:

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Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

«Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas,
el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en
costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil. ».

En virtud de lo anterior, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones,
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de
ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes,
previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad,
para dar paso a una aplicación razonable de la norma48.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que las demandantes ni la UGPP
actuaran con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la
sustitución pensional en favor de Miriam Margarita Marmolejo Merlano y Narcha del
Tránsito Contreras Sierra, cónyuge supérstite y compañera permanente,
respectivamente, de Celestino Enrique Gándara Palencia, no era necesario
acreditar la dependencia económica al no ser un requisito exigido por el artículo 7
de Decreto 224 de 1972.

De igual manera, que los factores salariales que debieron incluirse en la liquidación
de la pensión de jubilación post mortem reconocida son solo aquellos sobre los que
se efectuaron los respectivos aportes y que se encuentran en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985. Ello, en consonancia con la regla fijada en la sentencia de unificación
proferida por esta sección el 25 de abril de 2019 que interpretó el artículo 3 de la
Ley 33 de1985. Para el caso presente se deben tener en cuenta el salario mensual
y las horas extras.

En esas condiciones, se confirmará parcialmente la sentencia proferida del 27 de
junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre que accedió a las pretensiones
de la demanda, en lo que respecta al reconocimiento de la pensión de jubilación
post mortem y su sustitución. Se modificará el numeral segundo que dispuso la
liquidación de la prestación social sobre el 75% de la asignación mensual fijada para

48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014).

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Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de su muerte, únicamente para
señalar que los factores salariales que se deben incluir son aquellos que devengó
el causante respecto de los cuales se efectuaron los respectivos aportes, para el
caso presente lo son el salario mensual y las horas extras.

Se aceptará la renuncia al poder presentada por la abogada Karina Vence Peláez
identificada con la cédula de ciudadanía 42.403.532 de San Diego, Cesar, y
portadora de la tarjeta profesional 81621 del Consejo Superior de la Judicatura
como apoderada principal de la UGPP, según memorial visible en el índice 39 de
Samai.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. – Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida el 27 de junio de
2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia, en consecuencia, el numeral quedará así:

Condenase a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación,
hoy UGPP, a reconocer y pagar una pensión de jubilación post mortem a
favor del señor Celestino Gándara Palencia, en cuantía equivalente al 75%
de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba al tiempo de
su muerte con la inclusión de los factores salariales respecto de los
cuales efectuó los respectivos aportes y que se encuentren enlistados en
el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, específicamente el salario mensual y las
horas extras. Dicha pensión devengará los ajustes de la Ley 71 de 1998.

Segundo. – Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. – Aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada Karina Vence
Peláez identificada con la cédula de ciudadanía 42.403.532 de San Diego, Cesar,
y portadora de la tarjeta profesional 81621 del Consejo Superior de la Judicatura
como apoderada principal de la UGPP, según memorial visible en el índice 39 de
Samai.

Cuarto. – Sin condena en costas.

Quinto. – Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.

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Radicado: 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
Demandante: Narcha del Tránsito Contreras y otros

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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