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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00028-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2020-00028-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana Paola y Carlos
Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

Tema: reconocimiento de pensión post mortem. Subtema: carencia de objeto – la
pensión fue reconocida en otro proceso.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 9 de julio de 2025 por la Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La parte actora solicitó la nulidad de la Resolución 0884 del 27 de julio de 2018 que
le negó el reconocimiento y pago de la pensión post mortem1 del Decreto 224 de
1972, con 18 años de servicios docentes, como consecuencia del fallecimiento del
señor Celestino Enrique Gándara Palencia. El Tribunal declaró no probada la
excepción de cosa juzgada y negó las pretensiones de la demanda, pues consideró
que existían diferencias entre el proceso radicado al núm. 7000-12-33-1000-2013-
00026-01 (4206-2014)2 y el presente que impedían tener por configurada la triple
identidad. Sin embargo, como en el referido proceso 4206-2014, ya se había
definido el reconocimiento de la pensión post mortem reclamada, regulada por el
Decreto 224 de 1972, concluyó que la demanda carecía de objeto. Inconforme con
esta decisión, la parte demandante apeló e insistió en que en dicho proceso 4206-
2014 se le reconoció la sustitución de una pensión gracia, compatible con la que

1
Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, significa «después de la muerte».
2
En primera instancia se identificó con el radicado núm. 70-001-33-31-000-2013-00026.

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

aquí reclama. La Sala confirmará la sentencia apelada.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Los señores Narcha del Tránsito Contreras Sierra, en calidad de compañera
permanente y Carlos Alberto y Tatiana Paola Gándara Contreras, como hijos del
causante, Celestino Enrique Gándara Palencia, por conducto de apoderado,
presentaron demanda 3 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho el 14 de enero de 20194, contra la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fomag, de conformidad con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que se sintetizan a continuación:

2.1.1. Pretensiones

2. Declarar la nulidad de la Resolución 0884 del 27 de julio de 2018, proferida
por la Secretaría de Educación de Sucre, que les negó el reconocimiento y pago de
la pensión post mortem de 18 años y la sustitución a su favor, con ocasión del
fallecimiento del señor Celestino Gándara Palencia.

3. A título de restablecimiento del derecho, reconocerles la pensión post mortem
del Decreto 224 de 1972 causada por el deceso del señor Celestino Enrique
Gándara Palencia; ordenar su inclusión en nómina y el pago del retroactivo desde
el 1.° de enero de 2000 hasta que se cumpla la obligación impuesta por la sentencia.
Adicionalmente, solicitaron el lucro cesante a partir de la citada fecha y hasta el
cumplimiento de la decisión; la indexación de las mesadas pensionales; los
intereses moratorios; el reconocimiento y pago de la mesada catorce, y las costas
y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

4. Los señores Celestino Enrique Gándara Palencia y Narcha del Tránsito
Contreras Sierra convivieron como compañeros permanentes a partir del 13 de
febrero de 1980. Fruto de esa unión nacieron sus hijos Carlos Alberto y Tatiana
Paola Gándara Contreras.

5. El señor Celestino Enrique Gándara Palencia estuvo vinculado al magisterio
del 20 de marzo de 19895 (sic) al 25 de septiembre de 1989, cuando falleció.

3
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
001EscritoDemanda.pdf, 004SubsanacionDemandaJuzgado.pdf y 011SubsanacionDemanda.pdf.
4
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
001EscritoDemanda.pdf, página 9 del archivo digital.
5
Según las pruebas fue el 20 de marzo de 1970.

2

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

6. El señor Celestino Enrique Gándara Palencia liquidó la sociedad conyugal
con la señora Miriam Margarita Marmolejo de Gándara, mediante sentencia
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena el 6 de septiembre
de 1982.

7. La señora Narcha del Tránsito Contreras Sierra le pidió a la Secretaría de
Educación de Sucre el reconocimiento y pago de la pensión post mortem regulada
en el Decreto 224 de 1972.

8. No obstante, la accionada negó lo pretendido mediante la Resolución 0884
del 27 de julio de 2018, al considerar que había operado la prescripción, toda vez
que presuntamente la pensión del Decreto 224 de 1972 era temporal.

9. La señora Narcha del Tránsito Contreras Sierra es la única beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes del señor Celestino Enrique Gándara Palencia.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. Como normas vulneradas se citaron las siguientes: Constitución Política,
artículos 6, 23 y 209; Código Contencioso Administrativo (CCA), artículos 84 y 136;
Ley 1295 de 2009; Ley 640 de 2001, artículos 13 y 19 a 23; y Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), artículos
162 y siguientes.

11. En sustento, se expuso que el acto demandado desconoció las normas
constitucionales relacionadas con la dignidad humana y el principio pro homine6,
dado que la pensión post mortem regulada en el Decreto 224 de 1972 tiene efectos
vitalicios, lo que implica que su reconocimiento no está condicionado a un término
determinado. Así pues, la supuesta temporalidad aducida por la entidad accionada
fue derogada con la expedición de la Constitución Política de 1991.

2.2. Contestación de la demanda

12. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, por conducto de
apoderada, se opuso a todas las pretensiones de la demanda y planteó como
excepciones la legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; la
prescripción; la inexistencia de fundamentos fácticos y jurídicos para el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional pretendida; la improcedencia de
la condena en costas y la genérica7.

6
Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, significa «principio en virtud del cual se ha de acudir
a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos
y, a la inversa, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trate de establecer límites al ejercicio
de los mismos».
7
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
019ContestacionDemanda.pdf.

3

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

2.3. Trámite relevante en primera instancia

13. Mediante auto del 9 de abril de 20258, previo a emitir sentencia, el magistrado
sustanciador del Tribunal decretó como prueba de oficio la remisión de la copia
auténtica de la totalidad del expediente con radicado 7000-12-33-1000-2013-00026-
01 (4206-2014) que había cursado en la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Lo anterior, con el propósito de estudiar si en el presente asunto
operó la excepción de cosa juzgada.

2.4. Sentencia de primera instancia

14. La Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre,
mediante sentencia del 9 de julio de 2025, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR NO probada la excepción de cosa juzgada, por las
razones expuestas.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme lo anotado.

TERCERO: NO CONDENAR en costas. […] (sic)

15. Al motivar la decisión, expuso que el proceso 7000-12-33-1000-2013-00026-
01 (4206-2014) cursó en el Consejo de Estado y se dictó sentencia el 6 de julio de
2023, por la Subsección B de la Sección Segunda de la corporación (M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar). Así pues, entre ese asunto–que acumuló los expedientes
5294, 99-01789 y 2005-01162 y fue traído como prueba a este trámite–y el presente,
no existió cosa juzgada, porque no existió identidad de partes y de causa petendi.
Frente a cada uno de los referidos elementos el Tribunal se pronunció de la
siguiente manera.

16. Identidad de partes. Solo hay identidad de parte activa, dado que en ambos
trámites fue demandante la señora Narcha del Tránsito Contreras Sierra. Sin
embargo, no hay identidad de parte pasiva, ya que las demandadas difirieron, en el
proceso 4206-2014 fue la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) en
Liquidación y, en el presente, el Fomag. El Tribunal precisó que esa diferencia
obedeció a la desaparición de Cajanal en Liquidación y a la creación del Fomag,
pero manifestó que esa circunstancia no alteraba la conclusión relativa a que el
extremo pasivo era diferente.

17. Identidad de objeto. En el primer proceso se pidió, además del
reconocimiento de la pensión de jubilación post mortem9 a favor del señor Celestino

8
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
074Autodecreta.docx.
9
Si bien se refirió a la pensión gracia, se precisó que la demandante hacía referencia a la pensión de jubilación
post mortem regulada en el Decreto 224 de 1972.

4

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

Gándara Palencia, la sustitución de esta a favor de la esposa del causante y la
reliquidación de la pensión de jubilación que le había sido reconocida y sustituida a
sus hijos, Carlos Alberto y Tatiana Paola Gándara Contreras, con la inclusión de
nuevos factores salariales. Por ello, los actos cuya nulidad se pidió son distintos, los
del primer asunto los expidió Cajanal y, los del actual, el Fomag.

18. La razón de la diferencia en los actos enjuiciados, a juicio del Tribunal, radica
en que se provocaron pronunciamientos de la administración ante dos entidades
distintas, Cajanal y el Fomag. Sin embargo, todos versan sobre el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación post mortem reclamada por la señora Narcha del
Tránsito Contreras Sierra, lo cual fue objeto de estudio en el proceso con radicado
7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014); de ahí que existiera identidad de
objeto.

19. Identidad de causa petendi. En ambos asuntos se tuvo en cuenta la muerte
del docente, el tiempo de servicio, la edad y la convivencia. No obstante, en el primer
proceso se adicionaron solicitudes referentes a la sustitución de la pensión a favor
de la esposa y la reliquidación de esta, reconocida a sus hijos, con la inclusión de
los factores salariales. En el presente asunto, en cambio, se incluyeron solicitudes
como el pago del retroactivo pensional, la indexación y el reconocimiento de la
mesada catorce. Con ese alcance, existían diferencias entre ambos procesos que
impedían declarar la cosa juzgada.

20. En ese contexto, el fallo apelado determinó que, revisada la sentencia que
profirió ese mismo Tribunal el 27 de junio de 2014, dentro del expediente 7000-12-
33-1000-2013-00026-01, no se analizaron los requisitos para el reconocimiento de
la pensión gracia, esto contrario a lo indicado por la parte actora. Así, aunque uno
de los actos se refirió a esa pensión, posteriormente se aclaró que la demandante
en realidad hizo alusión a la pensión de jubilación post mortem del Decreto 224 de
1972, artículo 7.°. Textualmente, así lo indicó el Tribunal en la providencia apelada:

Conforme lo anterior, la parte actora indica, que en el proceso decidido por este
tribunal, cuya sentencia fue modificada por el Honorable Consejo de Estado, lo
pedido y decidido se refiere a la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia
contemplada en la Ley 114 de 1913, la cual difiere de la solicitud que hace en el
presente asunto, cual es, la pensión de sobreviviente a términos de la demandante,
aspecto este último que para la Sala se acompasa mejor con la pensión de jubilación
post mortem, tal como lo solicitó en la demanda que originó este proceso y en sede
administrativa.

Ahora bien, revisadas las consideraciones y la parte resolutiva plasmadas en la
sentencia de fecha 27 de junio de 2014, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho con Radicado No. 70000-33-31-000-2013-00026-01
(Acumulado expedientes 5294, 99-01789 y 70000233100020050116200), dictada
en cumplimiento de lo dispuesto por la Sección Cuarta del Honorable Consejo de
Estado, que ordenó al Tribunal Administrativo de Sucre avocar el conocimiento de

5

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

los procesos de nulidad acumulados anteriormente señalados y proferir en estos la
sentencia correspondiente, no se observa en ninguno de sus apartes, que se haya
estudiado o analizado los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
como lo es, el ingreso al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
la prestación del servicio en calidad de docente territorial y/o nacionalizado en
planteles de educación primaria o secundaria, entre los otros previstos en la Ley.

Y aunque, en uno de los actos acusados se refirió a la pensión gracia,
posteriormente se precisó y aclaró que la demandante en realidad hacía alusión a
la pensión de jubilación post mortem, regulada en el artículo 7.° del decreto 224 de
1972, tal como se dijo en la sentencia de primera y segunda instancia referenciadas,
en las consideraciones expuestas en las mismas […].

21. Bajo ese entendido, el Tribunal concluyó que no era cierto que en el proceso
decidido en la sentencia del 27 de junio de 2014 se hubiera ordenado el
reconocimiento de la sustitución de una pensión gracia a la señora Narcha del
Tránsito Contreras Sierra, sino que lo otorgado fue la pensión de jubilación post
mortem regulada en el Decreto 224 de 1972, en su condición de compañera
permanente del señor Celestino Enrique Gándara Palencia, en cuantía del 50%. En
ese orden, en criterio del Tribunal la pensión post mortem del Decreto 224 de 1972
ya se otorgó en sede judicial. De modo que la presente demanda carece de objeto.

22. Precisó que en el proceso la demandante adujo ser la única beneficiaria de
la pensión, por la liquidación de la sociedad conyugal con la señora Miriam Margarita
Marmolejo. Empero, como quedó demostrado en las sentencias proferidas el 27 de
junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, y el 6 de julio de 202310, por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, esta última que
modificó la de primera instancia, dentro del expediente con radicado 7000-12-33-
1000-2013-00026-01 (4206-2014), la pensión se dividió por partes iguales para
cada una de ellas como beneficiarias.

23. Agregó que la carencia de objeto no se desvirtuaba porque la demanda se
dirigió contra el Fomag ni se podía aducir que tenía efectos distintos o que debía
tratarse el asunto bajo la compatibilidad pensional. Por último, precisó que dada la
decisión adoptada no tenían vocación de prosperar las restantes pretensiones de la
demanda. No condenó en costas al no estar demostrada su causación11.

2.5. Recurso de apelación

24. La parte demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia para que esta se revocara y, en su lugar,
se accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

10
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
11
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
080Sentencia.doc.

6

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

25. Sostuvo que la demandante es beneficiaria de una pensión de jubilación
gracia en un 50% «reconocida a favor de mi clienta», que está regulada por las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, y es complementaria a la pensión de
vejez «reconocida y regulada por la Ley 91 de 1989 y la ley 33 de 1985».

26. Ahora bien, indicó que ambas pensiones son compatibles siempre que se
acrediten los requisitos de la Ley 91 de 1989 sobre la fecha de vinculación y el
tiempo de servicio. En sustento de dicha compatibilidad, refirió la normativa que
regula la pensión gracia, así:

El Consejo de Estado esgrime que la prestación económica se causa a través de la
Ley 114 de 1913 se creó la pensión gracia con el fin de reconocer la labor de aquellos
docentes de enseñanza primaria que hubieran prestado su servicio por un tiempo no
menor a veinte (20) años y, adicionalmente, cumplan con los siguientes requisitos (art.
4): Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración. Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición
social y costumbres. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional. Que observe buena conducta. Que si es mujer está
soltera o viuda. Que ha cumplido cincuenta años o que se halla en incapacidad por
enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.
Posteriormente se expidió la Ley 116 de 1928, que hizo extensivo el derecho a la
pensión gracia tanto a los empleados y profesores de las Escuelas Normales como a
los Inspectores de Instrucción Pública, permitiéndose que los 20 años de servicio
fueran prestados tanto en la enseñanza primaria como en la normal, incluyendo la
inspección también para acreditar el servicio. El legislador amplió el derecho a la
pensión gracia a los maestros y profesores del nivel de secundaria, con la expedición
de la Ley 37 de 1933. Por su parte, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de atender las prestaciones sociales
de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha
de su promulgación. El artículo 15 ibídem previó: “A partir de la vigencia de la presente
Ley, el personal docente nacional y nacionalizado y que se vincule con posterioridad
al 1 de enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones: “ 2. Pensiones.
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 por mandato de las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”. El parágrafo del artículo
279 de la Ley 100 de 1993, ratificó la vigencia de la pensión gracia de los educadores,
en los siguientes términos: “La pensión gracia para los educadores de que tratan las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional
de Previsión y del Fondo de Pensiones públicas del nivel nacional cuando éste
sustituya a la Caja, en el pago de sus obligaciones pensionales”. (sic).

7

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

27. A partir de lo anterior, la parte actora sostuvo que la sentencia de primera
instancia fue regresiva «al declarar que mi clienta está en disfrute de la pensión de
jubilación gracia y que ello limita el reconocimiento de la pensión de sobreviviente»,
ya que ambas prestaciones económicas pueden coexistir. Por consiguiente, es
posible reconocerlas en conjunto, tal como lo ha dispuesto la Corte Constitucional
en la sentencia T-1036 de 2012. Agregó que la pensión gracia tiene por objeto
aumentar los ingresos del docente y no se causa por aportes o tiempo de servicios
efectivamente laborado, como sí lo exige la pensión ordinaria de jubilación por vejez.

28. Finalmente, indicó que en el proceso quedó acreditado que tiene derecho a
beneficiarse de la pensión de sobrevivientes, porque probó la convivencia con el
señor Celestino Gándara por un tiempo superior a 5 años y la dependencia
económica respecto a este. Igualmente, se acreditó que el causante estaba
vinculado al magisterio y contaba con el número de semanas cotizadas para
acceder a la pensión reclamada12.

2.6. Pronunciamiento frente al recurso de apelación

29. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, por conducto de
apoderado se pronunció en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. Indicó que debían negarse las pretensiones de la demanda, como lo
ordenó el Tribunal, porque el docente laboró al servicio del departamento de Sucre
del 20 de marzo de 1970 al 25 de septiembre de 1989, cuando falleció, de manera
que esto ocurrió con antelación a la creación del Fomag y, por ende, nunca estuvo
afiliado a este fondo. Precisó que el causante estaba afiliado a Cajanal y que el
Tribunal Administrativo de Sucre profirió condena en contra de la entidad, el 27 de
junio de 2014, y le ordenó pagar una pensión post mortem del Decreto 224 de 1972
a favor de la parte actora. Esta decisión fue modificada por el Consejo de Estado,
en sentencia del 6 de julio de 2023, solo en cuanto a la liquidación de la pensión.

30. Añadió que hasta la fecha no existía un criterio unificado sobre la condena
en costas por parte del Consejo de Estado, de suerte que debía acogerse la tesis
de la Subsección B en el sentido de valorar la conducta de las partes. Sobre esa
base, pidió que si en gracia de discusión se profería sentencia condenatoria, no se
condenara en costas a la entidad13.

2.7. Trámite procesal en segunda instancia

31. Mediante auto del 30 de octubre de 202514, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Dispuso que el
expediente ingresaría al despacho para proferir sentencia salvo que las partes

12
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 082Recurso.pdf.
13
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
088AnexosSobreelRecdeApelacion.
14
Samai, índice 4.

8

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

solicitaran pruebas en el término de ejecutoria de la providencia.

2.8. El Ministerio Público

32. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado emitió
concepto. Pidió confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la apelante adujo que la controversia
versaba sobre una compatibilidad entre la pensión de sobrevivientes y la pensión
de jubilación gracia. No obstante, en el proceso no se estudió esta última, sino la
pensión de jubilación post mortem regulada en el artículo 7.° del Decreto 224 de
1972, frente a la cual se consideró que existía carencia de objeto. Por ello, concluyó
que los motivos del recurso no guardaban congruencia con lo resuelto15.

3. Consideraciones
3.1. Competencia

33. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
la sentencia, y según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)16 que
prevé la competencia del juez de segunda instancia, corresponde a la Sala resolver
el siguiente problema jurídico:

35. ¿La parte actora acreditó que en el proceso radicado al núm. 7000-12-33-
1000-2013-00026-01 (4206-2014) se ordenó el reconocimiento de la sustitución de
una pensión gracia, por lo que la pensión post mortem del Decreto 224 de 1972
reclamada en este trámite constituye una distinta, de modo que serían compatibles?

36. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) pensión gracia; (ii) régimen pensional aplicable a los docentes; (iii) hechos
probados relevantes; y (iv) caso concreto.

15
Samai, índice 11.
16
CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

9

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Pensión gracia

37. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 191317, para
los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido en el
magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con honradez
y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter nacional.

38. La Ley 116 de 1928 18 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los
servicios prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en
la normalista, para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo
que se equiparó la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para
estos efectos.

39. Posteriormente, la Ley 37 de 1933 19 extendió el beneficio de la pensión
gracia de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo
de servicio estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

40. Por su parte, la Ley 91 de 198920, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, la norma señala que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

41. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la
Ley 91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

17
Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
18
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
19
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
20
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

10

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Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir
de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de
la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 1021 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido
creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.

42. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en
establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal, con
vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio
del orden nacional.

3.3.2. Régimen pensional aplicable a los docentes

43. A través de la Ley 43 de diciembre 11 de 1975 el legislador nacionalizó la
educación primaria y secundaria que prestaban los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías. En razón a ello,
según el artículo 1 de dicha norma, los gastos de este servicio público estarían a
cargo de la Nación.

44. En materia de pensión post mortem, el Decreto 224 de 1972, por el cual se
dictaron normas especiales relacionadas con el ramo docente, en su artículo 7.°
previó lo siguiente:

Artículo 7.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito
de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como
profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o
discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la
asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente […].

45. Es así como el Decreto 224 de 1972, en el artículo 7.°, reguló la pensión post
mortem que ampara a los beneficiarios de los docentes fallecidos que al momento
de su deceso no habían cumplido con los requisitos para percibir pensión de
jubilación, pero solo cuando hubiesen laborado en planteles oficiales durante un
periodo mínimo de 18 años continuos o discontinuos, caso en el cual se habilita

21
“En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional”.

11

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

para el cónyuge y los hijos menores, el derecho a una pensión equivalente al 75%
de la asignación mensual fijada para el cargo desempeñado por el docente al tiempo
de su fallecimiento.

3.4. Hechos probados relevantes

46. El señor Celestino Gándara Palencia laboró como docente en el nivel de
básica primaria, con vinculación en propiedad y con carácter nacionalizado por un
total de 19 años, 6 meses y 16 días, comprendidos en los siguientes períodos: (i)
del 20 de marzo de 1970 al 13 de febrero de 1977 en la escuela Urbana Bolívar
(Sincelejo); (ii) del 14 de febrero de 1977 al 3 de agosto de 1977 en la escuela
Urbana San Vicente de Paul (Sincelejo); (iii) del 4 de agosto de 1977 al 22 de febrero
de 1983 en la escuela San Antonio del Club de Leones (Sincelejo); y (iv) del 23 de
febrero de 1989 al 5 de octubre de 1989, en el Colegio Departamental San Juan
Bautista, según el certificado expedido por la Secretaría de Educación de la
Gobernación de Sucre el 12 de noviembre de 200322.

47. El señor Celestino Gándara Palencia falleció el 25 de septiembre de 1989,
según consta en el registro civil de defunción con indicativo serial número 62001623.

48. La señora Narcha del Tránsito Contreras Sierra, el 29 de diciembre de 200324,
pidió el reconocimiento y pago de la pensión post mortem de 18 años y la sustitución
a su favor y de sus hijos Carlos Alberto y Tatiana Paola Gándara Contreras por el
fallecimiento del señor Celestino Gándara Palencia25.

49. La Secretaría de Educación departamental de Sucre, en nombre y
representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag expidió la
Resolución 0884 del 27 de julio de 2018, en la que negó lo pretendido. Sostuvo que
el señor Celestino Gándara Palencia nació el 13 de mayo de 1951 y falleció sin
cumplir la edad requerida para tener derecho a la pensión ordinaria de jubilación.
Prestó sus servicios en el departamento de Sucre del 20 de marzo de 1970 al 25 de
septiembre de 1989, por un total de 19 años, 5 meses y 6 días.

50. Además, determinó que la pensión post mortem solicitada se causó antes de
la vigencia del Fomag, creado a través de la Ley 91 de 1989. Añadió que la
Fiduprevisora, en estudio del 24 de febrero de 2006, negó la post mortem reclamada
por la señora Narcha del Tránsito Contreras Sierra a su favor y de sus hijos Carlos
Alberto y Tatiana Paola Gándara Contreras, al efectuar la siguiente observación:

22
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
002DemandaAnexos, página 9 del archivo digital; y 058Historia Laboral.
23
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
002DemandaAnexos, página 2 del archivo digital.
24
La fecha se extrae del contenido de la Resolución 0884 y de la sentencia de primera instancia que así lo
reconoció.
25
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
002DemandaAnexos, página 6 del archivo digital.

12

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
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Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

Toda vez que operó el fenómeno de la prescripción por tratarse de una prestación
de carácter temporal como lo es la P.P.M. 18 años que se reconoce únicamente por
espacio de 5 años, toda vez que el docente falleció el 25 de septiembre de 1989, el
término de los 5 años se cumplió el 24.09.94, radicación solicitud dic 29/0326.

51. En la audiencia de pruebas celebrada el 21 de mayo de 2024, el Tribunal
recibió el testimonio de la señora Nazira Isabel González Luna. Adujo que tiene
estudios universitarios en contaduría, que se ocupa de labores del hogar y que
conoce a la señora Narcha del Tránsito Contreras Sierra. Afirmó que «hasta ahora
lo que tengo entendido es que ella no ha tenido parte de esas cesantías […] de esa
pensión hasta ahora tengo ese conocimiento».

52. La testigo añadió que conocía a la señora Narcha del Tránsito desde hacía
40 años, porque «el profesor Celestino era compañero de trabajo de mi esposo en
el colegio de Tulia, San Juan Bautista». Manifestó que vivían muy cerca, se
visitaban y que, según entendía, ambos eran esposos y tuvieron dos hijos, Carlos
Alberto y Tatiana Paola. Relató que ella, mientras vivió con el señor Celestino, se
dedicaba al cuidado de la casa; que él sostenía económicamente el hogar y que, al
momento del fallecimiento, ambos convivían bajo el mismo techo. Por último, indicó
que después del deceso mantuvo la amistad con ella, quien se dedicó a hacer
pasteles y a la venta en la calle.

53. Proceso acumulado del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, radicado al núm. 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014)
[demandas acumuladas 5294, 99-01789 y 2005-01162-0027].

54. Demanda expediente 5294. La señora Narcha del Tránsito Contreras Sierra,
en su nombre y en el de sus hijos Carlos Alberto y Tatiana Paola Gándara Contreras,
el 17 de noviembre de 199528, pidió la nulidad de la Resolución 25080 del 1.° de
junio de 199329 y de la Resolución 00963 del 4 de abril de 1995, expedidas por
Cajanal.

55. Pidió condenar a Cajanal a reconocer, sustituir y pagar la pensión post
mortem a favor de los demandantes en cuantía del 75% del salario promedio
devengado en el último año de servicios; que se les paguen las mesadas

26
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
002DemandaAnexos, páginas 6 a 8 del archivo digital.
27
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo de tutela proferido el 23 de septiembre de 2013, le
ordenó al Tribunal Administrativo de Sucre avocar el conocimiento de los citados procesos y proferir en estos
la sentencia correspondiente.
28
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf. página
44 del archivo digital.
29
Sic: como lo precisó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de
julio de 2023, en el pie de página número 11, «aunque en la demanda se refiere a la pensión gracia, lo cierto
es que la demandante en realidad hacía alusión a la pensión de jubilación post mortem regulada en el artículo
7.° del Decreto 224 de 1972». Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip)
NroActua 2, 075Constancia, prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado,
SentenciaSegundaInstancia.pdf.

13

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
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Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

acumuladas; que se reajuste y actualice en el porcentaje de ley; y que se paguen
los intereses legales y la indexación. En sustento, se relató que el señor Celestino
Enrique Gándara Palencia se encontraba afiliado a Cajanal30.

56. Demanda expediente 99-01789. Miriam Margarita Marmolejo Merlano, el 23
de octubre de 199931, pidió que se declarara la nulidad del auto 104790 del 15 de
julio de 1999, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación post mortem al señor Celestino Gándara Palencia. Solicitó condenar a
Cajanal a reconocer a favor de este último una pensión de jubilación post mortem,
y ordenar a su favor la sustitución de esta, a partir del 25 de febrero (sic) de 1989,
con los reajustes y mesadas adicionales, los cuales debían actualizarse desde su
causación y hasta cuando se hiciera efectivo el pago según el IPC. Asimismo,
reclamó que se condenara en costas y gastos procesales.

57. Demanda expediente 2005-01162-00. La señora Narcha del Tránsito
Contreras Sierra, en su nombre y en el de sus hijos Carlos Alberto y Tatiana Paola
Gándara Contreras, el 12 de abril de 200532, pidió la declaratoria de nulidad del acto
ficto, que negó la petición de reajustar o reliquidar la pensión post mortem33 del
difunto docente Celestino Enrique Gándara Palencia y la pensión de sobrevivientes
reconocida a favor de sus hijos, por nuevos factores salariales34. Solicitó ordenarle
a Cajanal la reliquidación de la referida pensión, con inclusión de la prima de
alimentación, prima de navidad, horas extras y cualquier otro factor devengado por
el causante; los intereses moratorios, la indexación y la condena en costas.

58. Sentencia de primera instancia en el proceso 7000-12-33-1000-2013-
00026-01. El Tribunal Administrativo de Sucre, en providencia del 27 de junio de
201435, resolvió:

Primero: Declárese la nulidad de las Resoluciones 25080 del 1.° de junio de 1993 y
000963 del 4 de abril de 1995 y del auto No. 104790 del 15 de julio de 1990 (sic),
por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación post mortem a favor del señor Celestino Gándara Palencia y la sustitución

30
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf. página
44 del archivo digital.
31
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf. página
46 del archivo digital.
32
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf. página
47 del archivo digital.
33
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, SentenciaSegundaInstancia.pdf, páginas 3 y 7 del
archivo digital.
34
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf. página
46 del archivo digital.
35
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf.
páginas 42 a 56 del archivo digital.

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Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
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Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
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de la misma a las señoras Miriam Margarita Marmolejo y Narcha del Tránsito
Contreras Sierra.

Segundo: Condénase a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en Liquidación,
a reconocer y pagar una pensión de jubilación post mortem a favor del señor
Celestino Gándara Palencia, en cuantía de un 75% de la asignación mensual
percibida al momento de su muerte, con inclusión de todos los factores salariales,
igualmente, percibidos. Dicha pensión devengará los ajustes de la Ley 71 de 1998.

Tercero: Condénase a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en Liquidación,
a sustituir la pensión de jubilación post mortem conceda a favor del señor Celestino
Gándara Palencia, a las señoras Miriam Margarita Marmolejo, en su condición de
cónyuge supérstite y Narcha del Tránsito Contreras Sierra, en su condición de
compañera permanente, en cuantía del cincuenta por ciento (50%) para cada una
de ellas. […].

Sexto: Niégase la nulidad del acto administrativo ficto o presunto por medio del cual
se negó el reajuste o reliquidación de la pensión de jubilación post mortem del señor
Celestino Gándara Palencia. (Sic para toda la cita).

59. En sustento, el Tribunal indicó que, por un lado, se discutió la legalidad de
las resoluciones 25080 del 1.° de junio de 1993 y 00963 del 4 de abril de 1995 y del
auto 104790 del 15 de julio de 1999, por medio de los cuales Cajanal negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación post mortem y la consecuente
sustitución de esta a las señoras Narcha del Tránsito Contreras Sierra–en su
nombre y en el de sus hijos Carlos Alberto y Tatiana Paola–y Miriam Margarita
Marmolejo Merlano. Y, por otro lado, se reclamó la nulidad del acto ficto producto
de la ausencia de respuesta por parte de Cajanal frente a la solicitud en la que la
señora Narcha del Tránsito Contreras Sierra pidió la reliquidación de la pensión de
jubilación que le había sido reconocida y sustituida a sus hijos Carlos Alberto y
Tatiana Paola, en la Resolución 24747 del 2 de septiembre de 2002.

60. Encontró acreditado que el señor Celestino Enrique Gándara Palencia laboró
del 20 de marzo de 1970 al 24 de septiembre de 1989, por un total de 19 años, 6
meses y 4 días. De ahí que les asistiera el derecho a la pensión post mortem
prevista en el artículo 7.° del Decreto 224 de 1972, en cuantía del 75% de la
asignación mensual, con la inclusión de todos los factores percibidos al momento
de su muerte.

61. En lo que respecta a la sustitución pensional, el Tribunal tuvo por demostrado
que el señor Celestino Enrique Gándara Palencia contrajo matrimonio con la señora
Miriam Margarita Marmolejo Merlano y que convivió con la señora Narcha del
Tránsito Contreras Sierra hasta el día de su muerte, con quien procreó dos hijos.
En ese sentido, a las dos les asistía derecho sobre la pensión en un 50%, cuestión
distinta a lo que ocurría con los hijos, por ser mayores de edad.

15

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

62. Finalmente, el Tribunal aclaró que no accedería a lo solicitado en el
expediente 2005-01162-00, relativo a la nulidad del acto que negó la reliquidación
de la pensión gracia post mortem que le fue reconocida al señor Celestino Enrique
Gándara Palencia, dado que lo concedido fue una pensión de jubilación post
mortem. Visto en ese plano, no se podía disponer la reliquidación de una pensión
que no fue reconocida de acuerdo con lo acreditado en el proceso.

63. Recurso de apelación. La UGPP, sucesora procesal de la extinta Cajanal
en Liquidación, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y alegó la improcedencia de la sustitución pensional. En concreto, adujo
que no existía prueba que acreditara la dependencia económica y que, en gracia de
discusión, la liquidación no debía efectuarse sobre la totalidad de lo devengado por
el fallecido, sino sobre los factores enlistados en la norma vigente a la fecha en que
se produjo el deceso y sobre los cuales se hubieran efectuado los aportes36.

64. Alegatos de conclusión en segunda instancia. La parte demandante
intervino y sostuvo que, tal y como lo estableció el Tribunal en la sentencia de
primera instancia, demostró los requisitos legales para ser beneficiaria de la
sustitución de la pensión de jubilación post mortem del señor Celestino Enrique
Gándara Palencia. De suerte que le asistía el derecho al 50% de la pensión, tal y
como lo distribuyó el Tribunal. Por ese motivo, destacó que «mi mandante se
encuentra conforme con el fallo […] y, en consecuencia […] pedimos que el mismo
sea confirmado en su integridad pues se ajusta al principio de equidad y se amparan
los derechos fundamentales de las partes»37.

65. Sentencia de segunda instancia. La Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado profirió sentencia el 6 de julio de 202338, en la que resolvió:

Primero. – Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida el 27 de junio de
2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia, en consecuencia, el numeral quedará así:

Condénase a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación,
hoy UGPP, a reconocer y pagar una pensión de jubilación post mortem a
favor del señor Celestino Gándara Palencia, en cuantía equivalente al 75%
de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba al tiempo
de su muerte con la inclusión de los factores salariales respecto de los
cuales efectuó los respectivos aportes y que se encuentren enlistados en

36
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf.
páginas 59 a 62 del archivo digital.
37
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf. página
282 del archivo digital.
38
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2, 075Constancia, prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado,
SentenciaSegundaInstancia.pdf.

16

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
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el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, específicamente el salario mensual y las
horas extras. Dicha pensión devengará los ajustes de la Ley 71 de 1998.

Segundo. – Confirmar en lo demás la sentencia apelada. […]

66. Para soportar lo anterior, tuvo por acreditado que el señor Celestino Enrique
Gándara Palencia trabajó como docente del 20 de marzo de 1970 al 26 de
septiembre de 1989, y que entre 1988 y 1989 recibió salario mensual, primas de
alimentación y de navidad y horas extras y que, además, efectuó aportes a Cajanal.

67. Precisó que la dependencia económica no era un requisito previsto en el
artículo 7.° del Decreto 224 de 1972 para acceder al reconocimiento de la sustitución
pensional. Lo anterior, pues la norma solo exige que el docente no hubiera reunido
los presupuestos para pensionarse y que acreditara 18 años de servicio en planteles
oficiales. En el caso, esos requisitos se cumplieron porque el señor Celestino
Enrique Gándara Palencia prestó servicios por 19 años, 6 meses y 13 días y falleció
a los 38 años, razón por la cual no completó la edad y el tiempo de servicios
regulado por la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación.

68. Destacó que en la apelación no se planteó inconformidad alguna con la
condición de cónyuge y compañera permanente y precisó que Miriam Margarita
Marmolejo Merlano contrajo matrimonio con el causante y acreditó que el vínculo
permaneció vigente hasta el deceso de este. Además, subrayó que Narcha del
Tránsito Contreras Sierra demostró la unión marital de hecho con el causante y que
fruto de ella nacieron Carlos Alberto y Tatiana Paola Gándara Contreras.

69. Por consiguiente, la Subsección consideró que las demandantes acreditaron
los requisitos del artículo 7.° del Decreto 224 de 1972 para acceder a la pensión
post mortem como beneficiarias del señor Celestino Enrique Gándara Palencia.

70. Adicionalmente, en punto a los factores que se debían tener en cuenta en la
liquidación, estableció que el Decreto 224 de 1972 se debía interpretar
armónicamente con la Ley 33 de 1985, régimen pensional que cobijaba al causante.
Esa interpretación, a su vez, debía atender la regla fijada en la sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, según la cual
«en la liquidación de las pensiones debe incluirse solo los factores sobre los que
efectuaron los respectivos aportes y que se encuentran en el artículo 1 de la Ley 62
de 1985».

71. Con ese fundamento, resolvió que la sentencia de primera instancia
inobservó el contenido de esta decisión, y que de las pruebas aportadas se acreditó
que el causante en el último año de servicios percibió salario mensual, horas extras
y las primas de alimentación y navidad, factores de los cuales solo los dos primeros
están enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Por lo tanto, únicamente
estos se debían incluir en la liquidación.

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Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

3.5. Caso concreto

72. En el caso bajo análisis, la parte demandante, en la calidad de compañera
permanente, solicita la nulidad de la Resolución 0884 del 27 de julio de 2018 que le
negó el reconocimiento y pago de la pensión post mortem como beneficiaria del
señor Celestino Enrique Gándara Palencia. A título de restablecimiento del derecho
pide el pago de la pensión post mortem del Decreto 224 de 1972, por servicios
docentes prestados durante 18 años.

73. El Tribunal Administrativo de Sucre declaró no probada la excepción de cosa
juzgada y negó las pretensiones de la demanda por carencia de objeto. Sostuvo
que existían diferencias entre el proceso radicado al núm. 7000-12-33-1000-2013-
00026-01 (4206-2014), decidido en segunda instancia por esta Subsección y el
presente que impedían tener por configurada la triple identidad. No obstante, no era
posible acceder a lo pretendido, pues en el trámite 4206-2014 ya se definió lo
relativo al reconocimiento de la pensión post mortem del señor Celestino Enrique
Gándara Palencia y la sustitución a las señoras Miriam Margarita Marmolejo y
Narcha del Tránsito Contreras Sierra en cuantía del 50% para cada una de ellas.

74. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación
para que la sentencia de primera instancia se revocara. Lo anterior, toda vez que,
en su criterio, en el proceso 4206-2014 se le reconoció una pensión gracia, mientras
que en este trámite reclama la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, ambas
prestaciones económicas pueden coexistir. Añadió que le asiste el derecho dado
que convivió con el causante por un término superior a 5 años, que se demostró su
dependencia económica y que este estuvo vinculado al magisterio y cotizó el
número de semanas requeridas.

75. Conforme con los cargos formulados, la competencia de la Sala se
circunscribe a determinar si la parte actora acreditó que en el proceso radicado al
núm. 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014) se ordenó el reconocimiento de
la pensión gracia a favor de la señora Narcha del Tránsito Contreras Sierra, por lo
que la pensión post mortem del Decreto 224 de 1972 reclamada en este trámite a
favor de esta última constituye una distinta, que sería compatible con la pensión
gracia.

76. Para ese efecto, la Sala tiene por acreditado que la señora Narcha del
Tránsito Contreras Sierra, en su nombre y en el de sus hijos Carlos Alberto y Tatiana
Paola Gándara Contreras, el 17 de noviembre de 199539, radicó demanda dentro
del expediente núm. 5294 en la que pidió la nulidad de las resoluciones 25080 del
1.° de junio de 1993 y 00963 del 4 de abril de 1995 mediante las cuales Cajanal les

39
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf. página
44 del archivo digital.

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Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

negó el reconocimiento de la pensión post mortem. Luego, el 23 de octubre de
1999 40, la señora Miriam Margarita Marmolejo Merlano pidió la nulidad del auto
104790 del 15 de julio de 1999, dentro del proceso radicado al núm. 99-01789.
Mediante ese acto se negó el pago de la pensión de jubilación post mortem al señor
Celestino Gándara Palencia.

77. Por último, el 12 de abril de 2005, la señora Narcha del Tránsito Contreras
Sierra, en su nombre y en el de sus hijos Carlos Alberto y Tatiana Paola, radicó
demanda tramitada en el expediente núm. 2005-01162-00, en la que pidió la nulidad
del acto ficto que le negó la reliquidación de la pensión que Cajanal le reconoció a
través de la Resolución 24747 del 2 de septiembre de 2002.

78. También está probado que, con ocasión de la sentencia de tutela proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 23 de septiembre de 2013, el
Tribunal Administrativo de Sucre acumuló las demandas y profirió sentencia de
primera instancia el 27 de junio de 2014 41 en la que declaró la nulidad de las
resoluciones 25080 del 1.° de junio de 1993 y 00963 del 4 de abril de 1995 y del
auto 104790 del 15 de julio de 1999. Condenó a Cajanal a reconocer y pagar al
señor Celestino Enrique Gándara Palencia una pensión post mortem en cuantía del
75% con inclusión de todos los factores salariales percibidos y la sustituyó a las
señoras Miriam Margarita Marmolejo Merlano y Narcha del Tránsito Contreras
Sierra, en un 50% para cada una. Negó la nulidad del acto ficto reclamada en el
expediente núm. 2005-01162-00, porque al señor Celestino Enrique Gándara
Palencia no se le reconoció una pensión gracia sino una pensión de jubilación post
mortem.

79. Solamente la UGPP apeló42 y la parte demandante descorrió el traslado de
los alegatos de conclusión, oportunidad en la cual expresó que estaba conforme
con la sentencia de primera instancia43. A su turno, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, profirió sentencia el 6 de julio de 202344, en la que
modificó la providencia para disponer que únicamente se incluirían los factores
salariales sobre los cuales se hicieron aportes y que estuvieran enlistados en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 y la confirmó en lo demás.

40
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf. página
46 del archivo digital.
41
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf.
páginas 42 a 56 del archivo digital.
42
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00 ,01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf.
páginas 59 a 62 del archivo digital.
43
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, 075Constancia,
prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado, 2013-00026 Cuaderno 01Segunda Instancia.pdf. página
282 del archivo digital.
44
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2, 075Constancia, prueba Exp-2013-00026-00, 01ExpedienteDigitalizado,
SentenciaSegundaInstancia.pdf.

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Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

80. Lo primero que corresponde establecer es que, contrario a lo afirmado por la
apelante, el Tribunal no negó las pretensiones de la demanda por considerar que la
demandante fuera beneficiaria de la sustitución de una pensión de jubilación gracia
en un 50%. Por el contrario, el fallo apelado analizó el proceso 7000-12-33-1000-
2013-00026-01 (4206-2014) y concluyó que allí no se estudiaron los requisitos para
el reconocimiento de una pensión gracia, sino que se aludió a la pensión de
jubilación post mortem prevista en el artículo 7.° del Decreto 224 de 1972. En
particular, destacó que, aunque uno de los actos acusados mencionó la pensión
gracia, luego se aclaró que se trataba de la pensión de jubilación post mortem del
Decreto 224 de 1972.

81. De este modo, a partir de los hechos probados se tiene que en el proceso
7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014) se anularon las resoluciones 25080
del 1.° de junio de 1993 y 00963 del 4 de abril de 1995 y el auto 104790 del 15 de
julio de 1999, actos administrativos en los que Cajanal negó la pensión de jubilación
post mortem regulada en el Decreto 224 de 1972.

82. Por ende, en el citado proceso 4206-2014 no se ordenó el reconocimiento de
una pensión gracia, ni la sustitución, sino que la Subsección ordenó el
reconocimiento de una pensión post mortem del Decreto 224 de 1972, liquidada
conforme a la Ley 62 de 1985, con los factores respecto de los cuales hizo aportes.
Sobre este último aspecto se destaca que para el reconocimiento de la pensión
gracia no se requieren aportes, y para concederla se analiza según las leyes 114
de 1913 y 91 de 1989, que la plaza sea territorial o nacionalizada, y que la
vinculación haya sido antes del 31 de diciembre de 1980, aspectos que claramente
no fueron objeto de estudio en el proceso 4206-2014.

83. Por ello, lo decidido en el asunto 4206-2014 no se refería al reconocimiento
de la pensión gracia prevista en la Ley 114 de 1913, sino a la pensión post mortem
del Decreto 224 de 1972; por tal motivo, se advierte que en este proceso se reclama
la misma pensión que ya fue reconocida a la demandante, pese a que la haya
solicitado ante entidades diferentes, lo cierto es que la pensión pedida ya fue
concedida mediante providencia judicial, lo cual configura la carencia de objeto,
como lo sostuvo el Tribunal.

84. En virtud de lo expuesto, se insiste en que la sentencia proferida por esta
Subsección el 6 de julio de 2023, en el trámite 7000-12-33-1000-2013-00026-01
(4206-2014), determinó el reconocimiento pensional a la luz del Decreto 224 de
1972.

85. Por lo tanto, en línea con lo precisado por el Tribunal, la Sala considera que
el presente asunto no puede abordarse desde la compatibilidad pensional, pues no
se trata de la coexistencia de dos prestaciones distintas, pensiones de jubilación y
gracia, dado que en los dos procesos se reclamó la misma pensión post mortem
regulada en el Decreto 224 de 1972.

20

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

86. La Sala advierte que la demandante provocó un pronunciamiento por parte
del Fomag y activó el aparato judicial, el 14 de enero de 2019, cuando estaba
pendiente la decisión frente al recurso de apelación interpuesto por la UGPP en el
proceso primigenio. Así pues, se destaca que la parte actora en el recurso de
apelación en el asunto de la referencia pretende reabrir la discusión del proceso
núm. 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014), en particular, porque está
demostrado que en ese trámite no interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y, en sede de alegatos de conclusión, indicó que
estaba conforme con lo decidido, en cuanto a que le asistía el derecho al 50% de la
pensión reconocida.

87. A ello se debe agregar que al descorrer el traslado de la prueba de oficio que
el Tribunal decretó antes de proferir sentencia, en la cual pidió el envío de la copia
auténtica del expediente núm. 7000-12-33-1000-2013-00026-01 (4206-2014), la
parte actora manifestó lo siguiente:

Visto el expediente se percata que mi patrocinada solicitó el reconocimiento de la
pensión de gracia contemplada en la ley 114 de 1913, por considerar mi clienta que
su compañero permanente señor CELESTINO GANDARA cumplía con las reglas
para su reconocimiento, reglas que se probaron en el expediente identificado con el
radicado 700012331000201300026-01(4206-2014), así las cosas son excluyentes e
independientes las prestaciones económicas en cuanto a su naturaleza normativa,
nominador y requisito para el acceso a cada una, por lo que el reconocimiento de la
prestación solicitada en la litis no se ve afectada, más aun teniendo presente la buena
fe con la cual ha actuado mi cliente en su calidad de compañera permanente del señor
Celestino Gándara; luego entonces no se ven afectados los derechos prestacionales
respecto del reconocimiento de la pensión de sobreviviente con base en lo establecido
por el decreto 2277 de 1979, ley 91 de 1989, ley 33 de 1985 a favor de mi patrocinada,
las decisiones y reconocimientos realizados en el expediente rad.
700012331000201300026-01(4206-2014) como se itera tienen como que ver con una
prestación excluyente45 (sic).

88. Cabe anotar que aunque no se configure formalmente la excepción de cosa
juzgada por ausencia de alguno de sus elementos estructurales respecto de la
totalidad del nuevo litigio, la situación jurídica relativa al reconocimiento y
distribución de la pensión post mortem quedó definida por una sentencia
ejecutoriada en la que la propia demandante intervino y obtuvo el reconocimiento
del 50% de la pensión. En consecuencia, ese derecho no puede ser objeto de un
nuevo pronunciamiento judicial dirigido a modificar lo ya decidido.

89. En este orden de ideas, la parte demandante no puede utilizar este segundo
proceso para discutir que es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes
del señor Celestino Enrique Gándara Palencia, cuando está acreditado que en el

45
Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia8z(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2,
078MemorialWeb.pdf.

21

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

primer trámite ya se definió que la pensión post mortem debía sustituirse en partes
iguales entre la cónyuge y la compañera permanente, aquí demandante, situación
que esta última no objetó.

90. En esas condiciones, la Sala considera que en el proceso 4206-2014
materialmente ya se accedió al reconocimiento de la pensión post mortem. Permitir
un estudio de fondo de la presente controversia reviviría necesariamente el litigio
decidido en las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Sucre y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 27 de junio de 2014
y el 6 de julio de 2023. De manera que, en garantía de la seguridad jurídica, no hay
lugar a acceder a lo pretendido.

91. En ese escenario, los cargos de la apelación encaminados a que se efectúe
un estudio detallado de la compatibilidad pensional, con sustento en la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, no tienen
vocación de prosperar. En efecto, las decisiones invocadas parten de la
coexistencia de dos prestaciones de naturaleza y fuente distintas, supuesto que
aquí no se configura, pues en ambos procesos se reclamó la pensión post mortem
prevista en el artículo 7.° del Decreto 224 de 1972.

92. Resta señalar que la apelante refirió que en el proceso quedó demostrado
que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes porque convivió con el causante
por más de 5 años y dependía económicamente de este. Sin embargo, por
sustracción de materia no hay lugar a pronunciarse sobre estos aspectos, dada la
carencia de objeto.

93. Así, como los argumentos propuestos por la parte demandante no desvirtúan
el análisis del Tribunal, el cual coincide con el efectuado por la Sala en esta
oportunidad, la apelación se despachará desfavorablemente y se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones aquí expuestas.

3.6. Conclusión

94. En suma, la respuesta al problema jurídico es negativa porque en el proceso
4206-2014 no se ordenó el reconocimiento de la pensión gracia ni su sustitución.
Entonces, la pensión post mortem del Decreto 224 de 1972 reclamada en este
proceso, ya fue reconocida y sustituida, lo que configura la carencia de objeto
advertida por el Tribunal. De donde se colige que es improcedente el análisis de
compatibilidad pensional que la actora funda entre la supuesta pensión gracia y la
pensión del Decreto 224 de 1972, porque en el caso concreto no existen dos
prestaciones distintas.

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Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

3.7. Costas

95. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario46 de la Subsección sobre el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

96. Como en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado que la parte incurrió
en actuaciones de tal naturaleza, no se condenará en costas.

97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de julio de 2025, por la Sala Primera
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones
de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

46
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las
de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

23

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00028-01 (2897-2025)
Demandantes: Narcha del Tránsito Contreras Sierra, Tatiana
Paola y Carlos Alberto Gándara Contreras
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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