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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00002-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00002-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 16 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las súplicas de la demanda dentro del proceso de la referencia. En su lugar: SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del Auto ADP 007303 de 31 de mayo de 2016, por medio del cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó a Tiburcio Antonio Díaz Ramos el reconocimiento y pago de una pensión gracia. TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a reconocer y pagar a favor de Tiburcio Antonio Díaz Ramos, identificado con la cédula de ciudadanía 9.309.458, una pensión gracia, a partir del 8 de febrero de 2015, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores devengados en el último año previo a la adquisición del estatus pensional, comprendido entre el 8 de febrero de 2014 y el 7 de febrero de 2015, según certificación que deberá expedir la entidad territorial. CUARTO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP deberá cumplir lo dispuesto en este fallo conforme a lo señalado en el artículo 192 del CPACA. QUINTO. Negar las demás pretensiones de la demanda. SEXTO. Sin condena en costas en ambas instancias. SÉPTIMO. Se reconoce personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte como apoderado de la UGPP, de acuerdo con el poder allegado vía correo electrónico y que se encuentra visible en el índice 8 del expediente digital disponible en SAMAI. Igualmente, se le acepta la renuncia presentada y visible en el índice 15 de SAMAI, al mencionado apoderado por cumplir con los requisitos legales establecidos. Ahora bien, se reconoce personería al abogado Edgar José Polanco Pereira como apoderado de la entidad demandada en atención al poder allegado y visible en el índice 17 de SAMAI. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 17 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2018-00002-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078–2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Nombramiento en interinidad.
Vinculación a través de concurso de méritos. Ley 1437 de 2011

Decisión: Revocar la sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 16 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

El señor Tiburcio Antonio Díaz Ramos, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad del Auto ADP 007303 de 31 de mayo de 2016, proferido por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, por medio del cual se negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia.

Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la mencionada
pensión, liquidada con el 75% de lo devengado en el año inmediatamente anterior
a obtener el estatus pensional; así mismo, sean canceladas las mesadas
adeudadas con los respectivos reajustes de ley, desde el momento de la adquisición
del estatus pensional hasta que se haga efectivo el pago.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=70001233300020180
0002011100103

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El señor Tiburcio Antonio Díaz Ramos nació el 2 de marzo de 1956, cumpliendo 50
años de edad el 2 de marzo de 2006; y prestó servicio como docente oficial así:

• En el departamento de Sucre, nombrado como docente interino a través de
la Resolución 377 de 2 de agosto de 1979, desde el 23 de julio hasta 16 de
septiembre de 1979.
• Nombrado en propiedad por el departamento de Sucre por medio del Decreto
28 de 30 de marzo de 1995, estando vinculado a partir de esa fecha en
adelante.

Relató que el 19 de mayo de 2015 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa a través de la Resolución RDP 039604 de 28 de septiembre de
2015, al considerar que los tiempos de prestación de servicio docente eran de
carácter nacional.

Señaló que, nuevamente, el 22 de febrero de 2016, radicó petición de
reconocimiento y pago de pensión gracia la cual fe resuelta a través del Auto ADP
007303 de 31 de mayo de 2016, en donde se reiteró la negativa al reconocimiento
pensional por tratarse de un docente del orden nacional.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como argumento de lo pretendido, sostuvo que la entidad demandada infringió los
artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política, así como las Leyes
114 de 1913, 91 de 1989, 115 de 1994 y el Decreto 2277 de 1979, entre otras.

Explicó que la entidad demandada, a pesar de haberse allegado certificaciones y
documentos que demuestran el tipo de vinculación docente, negó el derecho
pensional al considerar que se trataba de un docente nacional; decisión que estima
contraria a las normas que rigen la pensión gracia y, principalmente, a la
jurisprudencia que sobre el particular ha sentado la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.

1.4. Contestación de la demanda

Admitida la demanda el 13 de marzo de 2018, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, una vez notificada, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de
las pretensiones; al efecto, sostuvo que el acto administrativo demandado es de
trámite y por lo tanto no es pasible de control judicial, además que frente a la primera

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

resolución que negó el derecho reclamado no se agotaron los recursos de ley, por
lo tanto no cumplió con los requisitos para poder interponer la demanda.

Finalmente, consideró que las certificaciones allegadas del tiempo de servicio
demuestran que a partir de 1995 la labor fue del orden nacional, y no se identificaron
tiempos anteriores al 31 de diciembre de 1980, por lo que el docente no cumple con
los requisitos mínimos exigidos para la prestación reclamada.

1.5. Audiencia inicial

En audiencia realizada el 5 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo de Sucre
realizó la audiencia de que trata el artículo 180 del CPACA; en la cual, previo a fijar
el litigio, resolvió las excepciones previas, entre ellas la de inepta demanda por
cuanto la entidad demandada considera que el acto demandado no es un acto
definitivo sino de trámite.

Sobre el particular, el a quo consideró que a través del acto demandado se puso en
conocimiento la resolución que negó el derecho pensional y, además, confirmó la
decisión inicial, por lo que se trata de una sola manifestación integral de la entidad
que niega el derecho reclamado. Ante este pronunciamiento, las partes guardaron
silencio y no propusieron recursos dentro del trámite de la audiencia.

1.6. Sentencia de primera instancia

En decisión de 16 de diciembre de 2019 el Tribunal Administrativo de Sucre negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial
que regulan la pensión gracia, analizó el cumplimiento de requisitos, llegando a la
siguiente conclusión:

En primer lugar, encontró probado que el demandante acreditó el requisito de edad,
pues cumplió 50 años el 2 de marzo de 2006; de igual manera, consideró que se
acreditó una vinculación del orden territorial con anterioridad a 1981.

En cuanto al tiempo mínimo de prestación del servicio docente, expuso que las
certificaciones allegadas al expediente dan fe que la vinculación causada a partir de
1995 es del orden nacional, pues de los documentos allegados no puede
demostrarse que la misma sea del orden nacionalizado, estimando que el solo acto
de nombramiento no es suficiente para determinar la naturaleza de la designación,
pues ello solo lo puede dar la ley.

Por lo tanto, al no existir material probatorio suficiente, y al recaer la carga de la
prueba en el demandante, no procede el reconocimiento y pago de una pensión
gracia a su favor. Condenó en costas al demandante.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

1.7. Recurso de apelación

A través de apoderado, el señor Tiburcio Antonio Díaz Ramos presentó recurso
de apelación peticionando la revocatoria de la decisión de primera instancia.

Argumentó que la línea jurisprudencial del Consejo de Estado ha explicado cuales
son los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia, por
lo que, en razón a ello, acudió ante la jurisdicción con el lleno de requisitos legales
y la documentación que soporta el derecho reclamado.

Alegó que no se tuvo en cuenta el certificado expedido por el Ministerio de
Educación Nacional en el cual se indicó que el docente demandante no tuvo una
vinculación con dicha entidad; así mismo, recordó que en la sentencia de unificación
de 21 de junio de 2018, el Consejo de Estado determinó que son necesarios los
actos administrativos de nombramiento para establecer la naturaleza del vínculo,
pues es allí donde se constata que el docente fue nombrado como nacionalizado.

1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Con auto de 5 de marzo de 2024, se admitió el recurso de apelación.

A través de apoderado, la UGPP2 presentó escrito de alegatos de conclusión
mencionando que los tiempos laborados en interinidad no pueden ser tenidos en
cuenta debido a que la educación estatal solamente puede ser prestada mediante
nombramiento a través de decreto, de acuerdo con la planta de personal aprobada
por la entidad.

Insistió, que de tenerse en cuenta esos periodos, estos tienen naturaleza nacional
y por tanto no son computables para la para pensión gracia. Y agregó que los
laborados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 son del
orden nacional, pues les aplica el régimen pensional de los docentes del orden
nacional.

La Procuraduría Segunda delegada ante esta Corporación, allegó concepto3
con el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia; ello, en razón a que
las certificaciones allegadas al expediente evidencian que el señor Díaz Ramos no
logró acreditar los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, pues
la mayoría del tiempo de servicio fue del orden nacional.

El señor Tiburcio Antonio Díaz Ramos y la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado, guardaron silencio en esta etapa procesal.

2 Índice 11 del expediente digital disponible en SAMAI.

3 Índice 12 del expediente digital disponible en SAMAI.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo4, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso5, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Tiburcio Antonio Díaz
Ramos, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para
hacerse acreedor a tal prestación.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su

4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
5 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes

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Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»6

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20187
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».8

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2. Del docente interino

Esta Subsección14 ha señalado que la interinidad, corresponde a otros tipos de
vinculación al servicio público, no obstante, no existe una definición expresa de la
misma, debiendo entonces entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de tal actividad,
en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del servicio de
educación.

8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

En ese orden, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se ha señalado
que es procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en interinidad o
temporal, en la medida que el nombramiento haya sido del orden territorial o
nacionalizado; ello, en tanto las exigencias para obtener dicha prestación se
reducen a la existencia de una vinculación al servicio docente con antelación al 30
de diciembre de 1980, buena conducta, 50 años de edad y la acreditación de 20
años de servicios, sin que tenga incidencia la modalidad de la vinculación, es decir,
sin que sea necesario tener en cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de
docente, si lo fue en carrera, en provisionalidad o en forma transitoria o interina. Al
respecto, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe
reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia
de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en
cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de
reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de
la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta
responda a cualquiera de las previstas en la ley.9

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de
la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha
precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con
carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en
atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios
educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración, en
cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de
posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración de
una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el
caso del señor Arcos Gómez»10. (Resalta la Sala).11

En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de educadores
territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia siempre que cumplan
con la edad de 50 años, el tiempo de servicios de 20 años y acrediten buena
conducta.12

9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-2014).

Sentencia de 30 de julio de 2015.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014).

Sentencia de 14 de noviembre de 2015.
11 Relacionado en sentencia del 27 de junio de 2018, radicado 68001-23-33-000-2014-00812-01

(3597-2015).
12 Véase, entre otras, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000 23 42 000 2017 02988

01 (0691–2021). Sentencia de 3 de agosto de 2023.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

2.4. Actuación administrativa

El señor Tiburcio Antonio Díaz Ramos, actuando a nombre propio radicó el 29 de
mayo de 2015 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, que por medio de la Resolución RDP 039604 de
28 de septiembre de 2015 negó lo reclamado; posterior a ello, radicó nueva solicitud
el 22 de febrero de 2016, la cual fue resuelta a través del Auto ADP 007303 de 31
de mayo de 2016, a través del cual se le informó que al no allegar nuevos elementos
de juicio no es posible variar la decisión previamente resuelta, por lo que mantienen
la negativa del derecho.

2.5. Caso concreto

Pasa la Sala a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, para el reconocimiento de la acreencia pensional en discusión.
Debiendo analizarse, además, si los tiempos de servicio en interinidad y a través de
ordenes de prestación de servicio resultan computables para pensión gracia y, si la
naturaleza de dicha labor fue del orden territorial, nacionalizado o nacional.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

a. Edad

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que Tiburcio Antonio Díaz Ramos nació el 2 de marzo
de 195613, razón por la cual, el 2 de marzo de 2006 cumplió 50 años de edad.

b. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; siendo pertinente destacar que, en
todo caso, dicho aspecto no fue objeto de reproche por la demandada.

c. Tiempo de servicio

Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial;
requisito este sobre el que gira la controversia en esta instancia:

13 Copia del registro civil de nacimiento y de la cedula de ciudadanía visible en expediente digital que

se encuentra en SAMAI.

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Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

• Vinculación como docente interino desde el 23 de julio hasta el 16 de
septiembre de 1979 (1 mes y 24 días)

En el expediente reposa copia de la Resolución 377 de 2 de agosto de 197914,
expedida por la Secretaría de Educación del departamento de Sucre, nombrando
como docente en interinidad al señor Tiburcio Antonio Díaz Ramos a fin de cubrir
una licencia de maternidad por 56 días a partir del 23 de julio de 1979.

De la mencionada vinculación, la Secretaría de Educación departamental de Sucre,
en certificado expedido el 21 de diciembre de 201515, indicó que la prestación del
servicio fue del orden departamental (territorial), por el término de 1 mes y 24 días
transcurridos entre el 23 de julio de 1979 y el 16 de septiembre del mismo año.

De lo descrito previamente, para la Sala no hay duda de que el señor Díaz Ramos
se desempeñó durante el tiempo mencionado como docente en el municipio de
Sincelejo. En cuanto a la naturaleza de la vinculación, se observa que los actos de
nombramiento fueron suscritos por la Secretaría de Educación del departamento de
Sucre, quien funge como nominadora y que en uso de sus facultades legales
concedió una licencia por maternidad y, así mismo, en desarrollo de esta novedad,
nombró por el término de 56 días al hoy demandante.

Lo anterior, permite establecer que se trató de una designación del orden territorial,
pues, solo intervino en la designación la voluntad de la autoridad territorial, más no

14 Documento visible en el folio 9 del archivo “00CuadernoEscaneado”, disponible en SAMAI.

15 Documento visible en el folio 17 del archivo “00CuadernoEscaneado”, disponible en SAMAI.

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Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

se observa participación del Ministerio de Educación Nacional, o de un delegado de
este; y menos aún reposa en el plenario prueba que dé cuenta que la plaza ocupada
por el demandante fuera del orden nacional.

Cabe destacar además que, aunque el acto administrativo se expidió con
posterioridad a la Ley 43 de 1975, que dispuso la nacionalización de la educación,
no se trata en este caso de un docente nacionalizado, en la medida que, en la parte
considerativa de aquel no se invocó dicha normativa, y tampoco se advierte que la
plaza que ocupó el señor Díaz Ramos, sea de aquéllas objeto de nacionalización, y
menos aún la nominadora actuó en calidad de presidente del FER – Sucre, lo cual
quiere decir que la vinculación fue decisión propia del ente territorial.

En esa línea de consideraciones, para la Sala la designación durante este periodo
tiene respaldo en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, y en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, en la que se
señaló la diferencia entre el docente nacionalizado y el territorial:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial
antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con
la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de
ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere
se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

Adviértase que esas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con todos elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco la naturaleza de la vinculación del respectivo docente.

Así, de conformidad con el análisis efectuado en párrafos anteriores, resulta claro
que para el período que aquí se analiza, el docente ostentó una vinculación de
naturaleza territorial durante el periodo de 1 mes y 24 días (a partir del 23 de julio
de 1979 y hasta el 16 de septiembre del mismo año), tiempo que resulta válido para
el cómputo de la pensión gracia.

• Vinculación desde el 30 de marzo de 1995 hasta por lo menos el 21 de
diciembre de 201516 (20 años, 8 meses y 17 días)

En el expediente reposa copia del Decreto 0028 de 30 de marzo de 199517, por
medio del cual el alcalde municipal de Colosó, Sucre, nombró en propiedad al señor

16 Fecha de expedición de la certificación de tiempos de servicios
17 Documento visible en el folio 11 del archivo “00CuadernoEscaneado”, disponible en SAMAI.

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Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

Tiburcio Antonio Díaz Ramos como docente de secundaria en el Instituto Técnico
Agropecuario de Chinulito; tomando posesión el 30 de marzo de 1995.18

Por su parte, la Secretaría de Educación departamental de Sucre expidió certificado
de tiempo de servicio el 21 de diciembre de 201519, en el cual se señaló que el señor
Díaz Ramos, para la fecha del certificado, se encontraba vinculado como docente
en la Institución Macaján del municipio de Toluviejo, y que su vinculación era en
propiedad como nacional.

Adicional a ello, se observa que, aparte de la vinculación ocurrida con el Decreto
0028 de 1995, se certificaron otras dos novedades: el traslado al municipio de
Toluviejo y la incorporación de la que fue objeto a través del Decreto 00674 de 19
de octubre de 2004.

Al respecto, se resalta que en el acto de nombramiento se especificó que este se
dictó en consideración a las atribuciones conferidas en el artículo 9 de la Ley 29 de
1989, y de conformidad con los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, y al artículo
105 de la Ley 115 de 1994.

Sobre el particular, se precisa que el nombramiento en uso de las facultades
otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no significa per se que la
vinculación sea nacional, puesto que en virtud de esa disposición se asignaron a los
alcaldes municipales las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en
general, administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos
educativos tanto nacionales o nacionalizados.

Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 establece el régimen especial para regular
las condiciones de ingreso y demás situaciones administrativas sobre el ejercicio de
la profesión docente y el Decreto 1706 de 1989 reglamentó, entre otros, el ya
mencionado artículo 9 de la Ley 29 de 1989.

18 Documento visible en el folio 13 del archivo “00CuadernoEscaneado”, disponible en SAMAI.

19 Documento visible en el folio 19 del archivo “00CuadernoEscaneado”, disponible en SAMAI.

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Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

Finalmente, en cuanto a la Ley 115 de 1994, resulta importante resaltar que en 1995
el accionante se vinculó a la docencia oficial a través de un concurso de méritos
organizado directamente por la gobernación de Sucre, el cual se llevó a cabo según
los artículos 105 y 106 de la Ley 115 de 1994, que al respecto dispusieron:

«Artículo 105. Vinculación al servicio educativo estatal. Vinculación al
servicio educativo estatal. La vinculación del personal docente, directivo y
administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse
mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de personal
aprobada por la respectiva entidad territorial.
Únicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios
administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de personal, quienes
previo concurso hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales.
Artículo 106. Novedades de personal. Los actos administrativos de
nombramientos, traslados, permutas y demás novedades del personal docente
y administrativo de la educación estatal se harán por los gobernadores y por los
alcaldes de los distritos o municipios que estén administrando la
educación conforme a lo establecido en la Ley 60 de 1993.
Todo nombramiento deberá ajustarse a los plazos y procedimientos legales y a
la disponibilidad presupuestal.
Parágrafo. Los alcaldes municipales pueden nombrar educadores con
cargo a los recursos propios del municipio, cumpliendo los requisitos
exigidos por la ley.» (Negrilla de la Sala)

En ese orden, teniendo en cuenta que el alcalde municipal de Colosó, Sucre, al
expedir el Decreto 00028 de 30 de marzo de 1995 se fundamentó en las normas en
comento, especialmente, en la Ley 115 de 1994, no cabe duda de que el
nombramiento lo efectuó en su calidad de administrador de la educación conforme
a lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, dentro de la planta de personal municipal, con
recursos del situado fiscal hoy sistema general de participaciones y con aprobación
presupuestal del FER, pues fue en el marco de un concurso de méritos convocado
para cubrir plazas territoriales.

Aunado a ello, el acto de nombramiento tampoco indica que el actor hubiera sido
designado para ocupar una plaza nacional, o en un establecimiento educativo de
ese orden o en un programa administrado por el Ministerio de Educación Nacional,
así como la designación tampoco fue efectuada directamente por dicha cartera, por
lo que, contrario a lo concluido en la sentencia de primera instancia, no existen
razones para afirmar que el docente era nacional.

Por lo anterior, se debe entender que la vinculación docente es de naturaleza
nacionalizada y, por tanto, la Sala considera que erró la administración al certificar
que se trataba de un docente nacional, circunstancia que llevó a negar el derecho,
tanto en sede administrativa por la UGPP, como por el a quo en la sentencia objeto
de apelación.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

Así, el tiempo de servicio docente prestado desde el 30 de marzo de 1995 hasta
por lo menos el 21 de diciembre de 2015, fecha de expedición de la certificación
antes referida, es decir, 20 años, 8 meses y 17 días, resulta valido para ser tenido
en cuenta para el cómputo de la pensión gracia, pues es del orden nacionalizado,
circunstancia que resulta coherente con el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 que
señala como personal nacionalizado a «los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1. de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.»

Ahora bien, se advierte que el actor, adquirió el estatus pensional el 8 de febrero
de 2015, cuando completó 20 años de servicio docente (territorial y/o
nacionalizado), momento para el cual ya había cumplido los 50 años de edad -lo
cual ocurrió el 2 de marzo de 2006-.

En ese orden de ideas, se declarará la nulidad del Auto ADP 007303 de 31 de
mayo de 2016, por medio del cual se reiteró por parte de la UGPP la negativa al
reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de Tiburcio Antonio Díaz
Ramos.

A título de restablecimiento del derecho se condenará a la UGPP a reconocer y
pagar la pensión gracia a favor de Tiburcio Antonio Díaz Ramos, a partir del 8 de
febrero de 2015, liquidada con el 75% del promedio de todos los factores
devengados en el último año previo a la adquisición del estatus pensional,
comprendido entre el 8 de febrero de 2014 y 7 de febrero de 2015, según
certificación que deberá expedir la entidad territorial.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior será ajustada a valor presente,
en los términos del artículo 187 del CPACA, en aplicación de la siguiente fórmula:

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesada
pensional, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el número que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE,
vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para
la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de este
proveído.

Cabe destacar que en el presente asunto no operó el fenómeno de la prescripción,
pues, siendo exigible el derecho a partir del 8 de febrero de 2015, el actor tenía
hasta el 8 de febrero de 2018 para presentar la reclamación administrativa, a lo cual
procedió inicialmente el 29 de mayo de 2015 y luego el 22 de febrero de 2016, es
decir, dentro de los tres años siguientes a la causación del derecho; y, la radicación
de la demanda se produjo el 15 de enero de 2018, es decir de manera oportuna.

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La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, la Sala considera que estos únicamente proceden cuando las
mesadas pensionales no están en discusión, es decir, que el reconocimiento de la
prestación ya fue efectuado en favor de la pensionada y únicamente se presenta
una omisión por parte de la entidad de realizar el pago de la respectiva mesada.
Razón por la cual, en el caso de la referencia no prosperaría la pretensión de pago
de intereses moratorios, en la medida que la prestación reclamada se está
reconociendo a partir de esta sentencia y, por lo tanto, la entidad demandada no se
encontraba en mora del pago de mesadas pensionales.

Sea del caso aclarar que en lo que concierne a la aplicación de la disposición
contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a los docentes, la Corte
Constitucional en Sentencia C-601 de 2000 estableció que la indemnización debe
cancelarse incluso cuando se trate de pensiones que se encuentren en las
excepciones previstas en la norma de la referencia, tal como sucede con el régimen
de docentes exceptuado conforme al artículo 279 ibidem19.

2.5. Conclusión

Encuentra la Sala, que contrario a lo expuesto por el Tribunal de instancia, el
docente si acredita los requisitos exigidos para obtener el reconocimiento y pago de
la pensión gracia, especialmente, 20 años de servicio como docente territorial y/o
nacionalizado, de manera que, como se dijo, hay lugar a revocar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones, y en su lugar se accederá parcialmente
a las mismas, declarándose la nulidad del acto acusado y el correspondiente
reconocimiento y pago de la prestación en comento. No obstante, se negará lo
relativo al pago de intereses moratorios, conforme se explicó.

2.6. Condena en costas

En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia
de fundamentación jurídica.

En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG, sin
embargo, no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se
sustentaron las razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus
intereses, máxime cuando lo aquí resuelto tiene que ver directamente con lo
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dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación
del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 16 de diciembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las súplicas de la demanda dentro del
proceso de la referencia. En su lugar:

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del Auto ADP 007303 de 31 de mayo de 2016,
por medio del cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó a Tiburcio
Antonio Díaz Ramos el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a reconocer y pagar a
favor de Tiburcio Antonio Díaz Ramos, identificado con la cédula de ciudadanía
9.309.458, una pensión gracia, a partir del 8 de febrero de 2015, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de todos los factores devengados en el último año
previo a la adquisición del estatus pensional, comprendido entre el 8 de febrero de
2014 y el 7 de febrero de 2015, según certificación que deberá expedir la entidad
territorial.

CUARTO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP deberá cumplir lo
dispuesto en este fallo conforme a lo señalado en el artículo 192 del CPACA.

QUINTO. Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO. Sin condena en costas en ambas instancias.

SÉPTIMO. Se reconoce personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte como
apoderado de la UGPP, de acuerdo con el poder allegado vía correo electrónico y
que se encuentra visible en el índice 8 del expediente digital disponible en SAMAI.
Igualmente, se le acepta la renuncia presentada y visible en el índice 15 de SAMAI,
al mencionado apoderado por cumplir con los requisitos legales establecidos.

Ahora bien, se reconoce personería al abogado Edgar José Polanco Pereira como
apoderado de la entidad demandada en atención al poder allegado y visible en el
índice 17 de SAMAI.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00002 01 (1078-2024)
Demandante: Tiburcio Antonio Díaz Ramos

OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

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