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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-33-000-2020-00275-01

Fecha
21 de octubre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-33-000-2020-00275-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual denegó la pérdida de investidura del señor Jesús Miguel García Piña, en calidad de concejal del municipio de San Pedro, Sucre, para el período constitucional 2016-2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Radicación: 70001 23 33 000 2020 00275 01 Accionante: Augusto Benítez de la Ossa SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 70001-23-33-000-2020-00275-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

21 de octubre de 2022

Radicación: 70001 23 33 000 2020 00275 01
Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 70001-23-33-000-2020-00275-01
Solicitante: AUGUSTO BENÍTEZ DE LA OSSA
Concejal acusado: JESÚS MIGUEL GARCÍA PIÑA

Tesis: No se configura la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros
públicos, cuando no se acredita que el
presidente del concejo ordenó el pago de la
sesión inaugural del período constitucional a los
miembros del concejo municipal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante en
contra de la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la cual denegó la pérdida de
investidura del señor Jesús Miguel García Piña, en calidad de concejal del
municipio de San Pedro, Sucre, para el período constitucional 2016-2019.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada

El señor Augusto Benítez de la Ossa, obrando en nombre propio, solicitó se
decretara la pérdida de investidura del concejal acusado, por considerar que

Radicación: 70001 23 33 000 2020 00275 01
Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

incurrió en las causales previstas “(…) en el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002 en armonía con el en (sic) numeral 42.2. del artículo 42
del Acuerdo Municipal nro. 003 de 2012 (Reglamento interno vigente del
concejo municipal para la fecha de ocurrencia de los hechos) por el
incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, (…) y el numeral
4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 al configurarse la destinación
indebida de recursos”. (Negrillas originales)

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada1

El solicitante informó que el señor Jesús Miguel García Piña fue elegido
concejal del municipio de San Pedro, Sucre, para el período constitucional
2016-2019 en las elecciones populares celebradas el 25 de octubre de
2015, y en la sesión inaugural del 2 de enero de 2016 se le nombró
presidente de la corporación.

Aseveró que el acusado, en calidad de presidente de la mesa directiva del
concejo municipal, incurrió en las causales de pérdida de investidura de
“incumplimiento de los deberes inherentes del cargo e indebida destinación
de dineros públicos”, dado que ordenó y pagó honorarios a los concejales
en cuantía de $1.129.007 por su asistencia a las sesiones realizadas los
días 2, 3, 6, 9 y 12 de enero de 2016, entre ellas, la sesión inaugural, que,
de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 25 del acuerdo municipal
nro. 003 de 2012, reglamento interno del concejo, no debía pagarse.

Expuso que lo anterior puede corroborarse con el material probatorio que
aporta a la presente acción pública, y que, con las resoluciones por las

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 7001 23 33 000 2020 00275 01.

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Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

cuales se reconoce una deuda, se demuestra que fue pagada la sesión
especial de instalación e inauguración.

Alegó que la cuantía de la indebida destinación de dineros públicos fue por
la suma de $1.129.007 que se obtiene de multiplicar el valor pagado por
honorarios de la precitada sesión especial.

Consideró que el acusado actuó “con dolo o culpa grave” por lo que también
se reúne el elemento subjetivo, ya que conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

2.- Contestación por parte del concejal acusado

El señor Jesús Miguel García Piña, actuando por conducto de apoderado,
contestó la solicitud de desinvestidura y manifestó como argumentos de
defensa los siguientes2:

Que es cierto que fue elegido concejal del municipio de San Pedro, Sucre,
para el período constitucional 2016-2019 en las elecciones territoriales
celebradas el 25 de octubre de 2015, y que en la sesión inaugural del 2
de enero de 2016 resultó elegido como presidente de la mesa directiva
de dicha corporación, pero no que haya incurrido en incumplimiento de
los deberes inherentes al cargo, ni en indebida destinación de dineros
públicos.

Informó que se ordenó pagar honorarios a los concejales por su asistencia
a las sesiones extraordinarias celebradas los días 3, 6, 9, 12 y 13 de enero
de 2016, pero no por la sesión del 2 de enero de 2016; prueba de ello lo

2
Ibídem.

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Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

constituye la respuesta dada por el secretario pagador del concejo de San
Pedro, Sucre.

Aludió que el accionante no incluyó en la demanda como objeto de
reconocimiento de pago la sesión extraordinaria del 13 de enero de 2016,
con la cual se completaron cinco sesiones extras, ni observó que hubieran
sido seis sesiones, contando la del 2 de enero de 2016.

Añadió que por error del secretario del concejo se consignó en el
documento “nómina- planilla de pago sesiones concejales de San Pedro,
Sucre, período enero 2 al 12 de 2016”, toda vez que las sesiones
extraordinarias se hicieron del 3 al 13 de enero de 2016 y no entre el 2 y
12 de enero, conforme con los decretos de convocatoria expedidos por el
alcalde municipal, los cuales relacionó.

Propuso como excepción la que denominó “atipicidad e inexistencia de la
causal invocada por el accionante”, que sustentó en que el actor invocó
causales relativas al incumplimiento de los deberes inherentes al cargo
que es totalmente atípica e inexistente; y, en lo relacionado con la
indebida destinación de dineros públicos, con los documentos aportados
se demuestra que este cargo es infundado.

Acotó que se ordenó el reconocimiento y pago de honorarios de cinco
sesiones extraordinarias a nueve concejales porque asistieron a la
totalidad de las mismas y que a dos concejales se les ordenó el
reconocimiento y pago de las cuatro sesiones a las que asistieron, por lo
que no actuó con dolo o culpa y fue diligente en la inversión de los dineros
públicos.

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Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Sucre, en providencia del 3
de noviembre de 2020, negó las pretensiones3. Como razones de la
decisión se apoyó en las siguientes:

Comenzó por precisar que, como lo ha indicado el Consejo de Estado4 y
la Corte Constitucional5, el proceso de pérdida de investidura no es
inquisitivo, sino dispositivo, por lo que el juez no está autorizado para
invocar causales distintas a las taxativamente señaladas en la
Constitución y la ley; por consiguiente, en lo que respecta a la
denominada por el actor “incumplimiento de los deberes del cargo”,
señaló que no está prevista como causal de desinvestidura de los
concejales “y por ello dicho cargo deviene atípico”.

Centrándose en la causal de indebida destinación de dineros públicos,
precisó los elementos que la componen, sus características, alcance, y en
qué casos hay lugar al reconocimiento de honorarios para los concejales,
para concluir que tal derecho se deriva de su asistencia comprobada a las
sesiones plenarias y a las comisiones permanentes que se lleven a cabo
en días diferentes de aquellas.

Al descender en el análisis de la causal expuso:

“[…] Alega la parte demandante en el escrito de la demanda, que el
señor JESÚS MIGUEL GARCÍA PIÑA, en su condición de concejal del

3
Ibídem.
4
Consejo de Estado, Sentencia de mayo de 2002, rad. 11001-03-15-000-2002- 0043-
01 (PI040).
5
Corte Constitucional. Sentencia C- 237 de 2012.

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Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

municipio de San Pedro, Sucre, incurrió en la causal de indebida
destinación de dineros públicos prevista en el artículo 48 numeral 4
de la Ley 617 de 2000.

(…)

Causal que como se indicó ut supra, será la que centra la atención de
la sala. Amén de lo anterior, conviene precisar que, el demandante en
los alegatos de conclusión rendidos en audiencia pública, fundamenta
la causal de pérdida de investidura en diversas y supuestas
irregularidades en las actas de sesión extraordinaria realizadas del 2
al 10 de enero de 2016, que desembocan en su concepto en la
invalidez de las mismas y, en consecuencia, en la imposibilidad de
pago de todas ellas. No obstante, frente a dichos cargos, el Tribunal
precisa que estos hechos y argumentos no fundamentaron la demanda
de pérdida de investidura, por ende, son a todas luces diferentes a los
plantados en el marco jurídico de la admisión que da lugar a la
contestación y frente a los cuales, la parte demandada no tuvo la
oportunidad de pronunciarse, razón la que no serán objeto de
pronunciamiento de fondo.

(…)

Con sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Política, y
en los artículos 65 de la Ley 136 de 1994 y 58 de la Ley 617 de 2000,
los concejales tienen derecho al pago de honorarios por su asistencia
comprobada a las sesiones de la respectiva corporación, sin que se
establezca otra condición en dichas normas, de la que se haga
depender la causación del respectivo derecho.

Para la Sala, el análisis del acervo probatorio que obra dentro del
expediente permite concluir que el presupuesto constitucional y legal
que se exige para el reconocimiento de honorarios a quienes ostentan
la condición de concejales, se encuentra satisfecho pues está
acreditado con las actas de las sesiones extraordinarias del concejo
municipal de San Pedro-Sucre (01, 02, 03, 04 y 05), con las
resoluciones de reconocimiento y liquidación de los honorarios (01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11), con los decretos expedidos
por el alcalde del municipio de San Pedro, Sucre (decretos 0001 y
0016 de 2016), donde convoca al concejo municipal a sesiones
extraordinarias entre el 3 de enero al 13 de enero de 2016; con la
certificación allegada por el secretario del concejo del municipio de
San Pedro en respuesta al derecho de petición radicado por el señor
Jesús Miguel García Piña, donde constan el número de sesiones
extraordinarias realizadas los días 3, 6, 9, 12 y 13 de enero de 2016,
en las cuales participaron los concejales, así como los honorarios
reconocidos a cada uno de ellos con ocasión a las sesiones asistidas.

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Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

Vistas así las cosas, no se encuentra prueba alguna donde conste que
el señor JESÚS MIGUEL GARCÍA PIÑA, en su condición de presidente
del concejo municipal de San Pedro en el período constitucional del
año 2016, reconoció y pagó honorarios a los concejales por la sesión
de inaugural o de instalación de dicho concejo realizada el 2 de enero
de 2016, que es el supuesto de hecho irregular que se identifica en la
demanda, como vulnerador del numeral 4 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000.

Por el contrario, las pruebas que obran en el plenario son coincidentes
y concluyentes en que el concejo municipal de San Pedro sesionó de
manera extraordinaria los días 3, 6, 9, 12 y 13 de enero de 2016, las
cuales se consignaron en las actas de sesiones extraordinarias nros.
01, 02, 03, 04 y 05, respectivamente.

(…)

Ahora bien, el parágrafo 4 del artículo 25 del Acuerdo 003 de 2012,
estatuye que: “Las sesiones especiales de instalación e inauguración
efectuadas el primer año del período constitucional en el mes de
enero, no serán pagadas a los concejales que hayan participado en
ellas”, hecho que se itera, no aparece probado en el plenario.

Conviene anotar además que el artículo 26 del mentado acuerdo
establece que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 136 de 1994,
el período de las sesiones ordinarias del concejo es el siguiente:

(…)

Conforme a lo anterior, dado que el Municipio de San Pedro, Sucre, se
encuentra clasificado como de sexta (6) categoría, su período de
sesiones ordinarias corresponde a febrero, mayo, agosto y
noviembre.

Siguiendo el hilo argumental, el parágrafo segundo del artículo 26 del
Acuerdo 003 de 2012, el cual regula las sesiones extraordinarias,
indica que “El alcalde municipal podrá convocar al concejo a sesiones
extraordinarias en oportunidades que no coincidan con los períodos
ordinarios de sesiones o con las prórrogas previamente aprobadas,
para que se ocupe exclusivamente de los asuntos que se sometan a
su consideración”.

De esta manera, se colige que, efectivamente las sesiones realizadas
en el mes de enero de 2016 corresponden a sesiones extraordinarias,
que fueron convocadas por el Alcalde del Municipio de San Pedro.

(…)

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Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

En conclusión, no existe prueba de los hechos narrados por el
demandante, relacionados con la “indebida destinación” de recursos
públicos por el supuesto pago de la sesión inaugural del día 2 de enero
de 2016 y con respecto a la conjeturada vulneración de los deberes;
existe atipicidad; lo que conduce indefectiblemente a la negativa de la
pretensión formulada […]”. (Mayúsculas y negrillas originales)

4.- El recurso de apelación

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la parte solicitante de la pérdida
de investidura presentó recurso de apelación, pidiendo que fuera
revocada la decisión del a quo y para ello arguyó6:

“[…] El Tribunal considera que no se configura la causal de pérdida
de investidura porque el señor Jesús Miguel García Piña efectuó el
reconocimiento y ordenó el pago de honorarios por la asistencia
comprobada a las sesiones extraordinarias, toda vez que, para la
Corporación Judicial, sólo tomó en consideración los argumentos
demagogos expuestos en la contestación de la demanda, dejando de
pronunciarse sobre la excepción propuesta y la contestación de la
excepción una vez surtido el traslado, donde se argumentó las razones
de la inepta excepción propuesta y se contradijo con argumentos
legales el error involuntario aducido, por lo tanto es mentirosa las
razones del Tribunal Administrativo de Sucre cuando manifiesta que
son nuevos cargos y que la contraparte no tuvo la oportunidad de
pronunciarse en la audiencia pública y los alegatos presentados, es
decir, con la contestación de la demanda fue propuesta la excepción
denominada “atipicidad e inexistencia de la causal invocada por
el accionante, la que fue desmentida con argumentos legales
(art. 45 de la Ley 1437 de 2011).

Aunado a lo anterior, el demandado soporta su argumento con
fundamento en documentos públicos obtenidos como respuesta de un
derecho de petición formulado y radicado el 4 de septiembre de 2020
al señor secretario del honorable concejo municipal de San Pedro,
Sucre (…)”.

Es claro que el apoderado judicial del concejal demandado y el
secretario del concejo municipal de San Pedro... indujeron a error al

6
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 7001 23 33 000 2020 00275 01.

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Radicación: 70001 23 33 000 2020 00275 01
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Tribunal Administrativo de Sucre con las certificaciones aportadas
donde justifican que fue un error involuntario o lapsus calami,
cometido por el secretario del concejo municipal de San Pedro que
ofició para el año 2016, se hace consignar en el documento titulado
“NOMINA PLANILLA DE PAGO SESIONES CONCEJALES DE SAN
PEDRO- SUCRE PERIODO: ENERO 2 AL 12 DE 2016”.

Aceptar tal argumento, es mentiroso y contrario a lo que enuncia el
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 (…). Siendo así, el ordenamiento
jurídico (artículo 45 del CPACA) permite corregir en cualquier tiempo
de oficio o a petición de parte los errores simplemente formales
contenidos en los actos administrativos, para el caso de marras y por
ser parte (Jesús García Piña) del acto administrativo (nómina –
planilla de pago sesiones concejales de San Pedro - Sucre
período: enero 2 al 12 de 2016), prueba reina que sirvió de
fundamento de los hechos de la demanda de pérdida de investidura,
al no ser desvirtuada y, que conforme a su contenido se
demuestra que sirvió de fundamento para expedir las
resoluciones de pago de los honorarios a los concejales del
municipio de San Pedro, Sucre, se encuentra acreditada la causal
de pérdida de investidura endosada del concejal Jesús García Piña.

Por otra parte, es claro que la nómina elaborada por el secretario
del concejo municipal de la época en cumplimiento de sus funciones y
firmada por los concejales que recibieron el pago de los honorarios
por la asistencia a las sesiones celebradas entre enero 2 y 12 del 2016,
a la luz de las normas contables generalmente aceptadas en Colombia,
como también del Consejo Técnico de la Contaduría es el documento
soporte contable o prueba idónea que resume los pagos realizados
a cada uno de los beneficiarios registrados en la nómina, posteriores
a los movimientos presupuestales ordenados por el ordenador
(presidente del concejo) del gasto conforme al artículo 71 del Decreto
111 de 1996 todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de
disponibilidad previos. Igualmente, estos compromisos deberán
contar con registro presupuestal para que los recursos con él
financiados no sean desviados a ningún otro fin.

(…)

Por lo anterior, de bulto se concluye que el Concejo Municipal de San
Pedro- Sucre, y el apoderado judicial del concejal demandado
contaban con un conjunto de normas de índole legal - artículo 45 de
la Ley 1437 de 2011, artículo 71 del Decreto 111 de 1996 - que le
permitían corregir el yerro contenido en la prueba conducente que
probaría que el concejal demandado no había incurrido en las causales
de pérdida de investidura invocada por el suscrito “NOMINA- PLANILLA

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DE PAGO SESIONES CONCEJALES DE SAN PEDRO SUCRE PERIODO:
ENERO 2 AL 12 DE 2016".

Sumado a lo anterior, y al realizar un cotejo de las sesiones
extraordinarias reconocidas y pagadas como lo indican las
resoluciones de pago de los honorarios, se lee que corresponde al
pago de cinco (5) sesiones extraordinarias y en la nómina - planilla de
pago debidamente firmada por los 11 concejales, acto administrativo
que se encuentra en firme y a la fecha no ha sido modificada, notamos
que la realidad probatoria nos lleva a concluir que lo cancelado
correspondió a cuatro (4) sesiones ordinarias y una (1)
extraordinarias, entre el 2 y el 12 de enero de 2016, como quedó
consignado en la prueba idónea denominada nómina - planilla de
pago. En gracia de discusión, el suscrito nunca dentro de la demanda
de pérdida de investidura del radicado fundamento la causal de
pérdida de investidura por pago indebido por no asistencia a las
sesiones por parte de los concejales, como lo interpreto el Tribunal
Administrativo de Sucre y lo fundamento con base a los artículos 65 y
66 de la Ley 136 de 1994, lo que argumento el suscrito fue que se
pagó la sesión de instalación e inauguración celebrada el 2 de enero
de 2016 como se probó con la prueba denominada NOMINA-
PLANILLA DE PAGO SESIONES CONCEJALES DE SAN PEDRO SUCRE
PERIODO: ENERO 2 AL 12 DE 2016", y, el pago de honorarios por la
asistencia a dicha sesión está prohibida por el reglamento interno
del concejo municipal de San Pedro- Sucre, de conformidad al
parágrafo 4 del artículo 25 del reglamento precitado.

(…)

Para el caso en concreto y de conformidad con el artículo 167 del
Código General del Proceso, era obligación de la parte demandada la
carga probatoria que aclarara los yerros en que incurrió el demandado
y para así, desvirtuar la causal de pérdida de investidura indilgada
(sic) conforme a los hechos de la demanda, el marco normativo, las
pruebas allegadas y la contestación de las excepciones propuestas, lo
que no sucedió acorde con las pruebas aportadas con la contestación
de la demanda. […]”. (Mayúsculas y negrillas originales)

El recurso de apelación fue concedido por auto del 19 de enero de 20217.

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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 7001 23 33 000 2020 00275 01.

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5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 16
de febrero de 20218.

5.2. Por auto del 8 de marzo de 2021 se admitió el recurso de apelación9.

5.3. Por auto del 8 de octubre de 2021 se corrió traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el
concepto10.

5.3.1. El solicitante descorrió el traslado en oportunidad11, en el que
reiteró que el acusado incurrió en indebida destinación de dineros públicos
por transgredir lo previsto por el parágrafo cuarto del artículo 25 del
acuerdo municipal nro. 003 de 2012, reglamento interno del concejo,
porque pagó honorarios a los concejales por su asistencia a la sesión
inaugural celebrada el 2 de enero de 2016.

Aludió que la providencia proferida por el a quo incurrió en defecto
sustantivo al negar las súplicas de la demanda al desconocer el enunciado
del inciso 3 del artículo 20 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo
66 de la Ley 136 de 1994, puesto que no es posible el pago de sesiones
extraordinarias o de las prórrogas, y en este caso, “(…) el Tribunal
Administrativo de Sucre considero que el concejal Jesús Miguel García
Piña no incurrió en la causal de pérdida de investidura por destinación

8
Ibidem
9
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 7001 23 33 000 2020 00275 01.
10
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 7001 23 33 000 2020 00275 01.
11
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 7001 23 33 000 2020 00275 01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

indebida de recursos cuando reconoció y pagó a los concejales honorarios
por la asistencia a las sesiones extraordinarias incluida la prórroga
decretadas con los Decretos Municipales nro. 0001 y nro. 016 de enero
de 2016”.

Aseveró que el Tribunal incurrió en defecto fáctico por la indebida
valoración de las pruebas, en especial, la nómina -planilla de las sesiones
del concejo del 2 al 12 de enero de 2016 y de tratarse de un error
involuntario del secretario de la época, dicha corporación pública ya sea
de oficio o a petición de parte del señor García Piña debió hacer la debida
corrección, motivos por los que solicitó fuera revocada la sentencia de
primera instancia.

5.3.2. El apoderado del concejal acusado12 aseguró que la primera causal
invocada por el solicitante de violar los reglamentos no está contenida
como causal de pérdida de investidura y es atípica la imputación. En
cuanto a la segunda, esto es, la de indebida destinación de dineros
públicos, que de las pruebas arrimadas al proceso se desprende que no
ordenó pagar en calidad de presidente del concejo la sesión de instalación
del día 2 de enero de 2016 y que las resoluciones que ordenaron los pagos
despejan las dudas sobre cuáles fueron los pagos de las sesiones
extraordinarias.

Indicó que “(…) la parte demandante en su afán de crear una causal de
pérdida de investidura a todas luces inexistente, rompió el principio de
congruencia, adicionando nuevos cargos que no fueron presentados en su
escrito de demanda inicial y que como tal no fueron legalmente integrados

12
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 7001 23 33 000 2020 00275 01.

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a la litis en el auto admisorio de la demanda (…)”, por lo que no pueden
ser tenidos en cuenta, conducta que afirma, repitió en su intervención en
la audiencia pública, donde adicionó nuevos cargos”.

Por último, manifestó que el concejal actuó con el pleno convencimiento
de que su actuar estaba ajustado a derecho, que en su conciencia no
existió dolo, culpa grave, ni favoritismo indebido y su conducta no fue
antijurídica.

5.3.3. El señor agente del Ministerio Público en el concepto rendido13,
luego de referirse a la demanda, a la causal invocada, a la contestación,
a la sentencia de primera instancia y al recurso de apelación, expuso que,
al revisar los medios de prueba allegados al expediente, se observa que,
aunque la planilla de pago de nómina se rotuló para el período del 2 al
16 de enero de 2016, éste no puede ser el único documento a valorar
para establecer si se configuran los elementos objetivos de la causal de
pérdida de investidura alegada.

Que en el caso concreto fueron aportadas las actas de las sesiones
extraordinarias llevadas a cabo entre los días 3 y 16 de enero de 2016 y
también se allegó la certificación del secretario pagador del concejo
municipal de San Pedro, Sucre, en la cual pone de presente que, por la
sesión del 2 de enero de 2016, no se ordenó reconocer ni pagar
honorarios, al tiempo que brinda información respecto de las sesiones
extraordinarias llevadas a cabo los días 3, 6, 9, 12 y 13 de enero de 2016,
junto con la descripción de los honorarios reconocidos a cada concejal por
su asistencia a las sesiones extraordinarias, lo que permite afirmar que

13
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro7001 23 33 000 2020 00275 01.

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no se configuró la causal y, en consecuencia, la solicitud de desinvestidura
debe negarse.

En cuanto al elemento subjetivo sostuvo que, comoquiera que no se
demostró la causal de inhabilidad invocada, no hay conducta que
reprochar, por lo que solicitó se confirme la sentencia de primera
instancia.

5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 22 de noviembre de
202114.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el
artículo 48, parágrafo 2, de la Ley 617 de 200015, y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12

14
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 7001 23 33 000 2020 00275 01.
15
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.

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de marzo 201916, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones17.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que el señor Jesús Miguel García Piña fue elegido concejal
del municipio de San Pedro, Sucre, la parte actora aportó copia del
formulario E-26 CON, del resultado del escrutinio municipal para las
elecciones del concejo del 25 de octubre de 2015, que declaró electos
como concejales del citado municipio, para el período 2016-201918, entre
otros, al señor García Piña, quien tomó posesión del cargo.

En consecuencia, el concejal acusado es sujeto pasivo de la presente
acción de pérdida de investidura.

3.- Hechos probados

De las pruebas obrantes en el expediente, se acredita lo siguiente19:

3.1. Acorde con el acta especial del 2 de enero de 2016 del concejo
municipal de San Pedro, Sucre, fue elegida la mesa directiva para el
período constitucional del año 2016 y elegido presidente de la corporación

16
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
18
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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el concejal Jesús Miguel García Piña20.

3.2. Mediante el Decreto nro. 0001 del 2 de enero de 2016, “por medio
del cual se convoca a sesiones extraordinarias al concejo municipal de
San Pedro, Sucre”, expedido por el alcalde del mismo municipio, se
dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a sesiones extraordinarias al
Honorable Concejo Municipal de San Pedro, Sucre, a realizarse entre
el día tres (3) al diez (10) de enero de dos mil dieciséis (2016), con el
objeto de que sus miembros se ocupen exclusivamente del trámite del
siguiente proyecto de acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE
FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SUCRE”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del presente Decreto al
Honorable Concejo Municipal de San Pedro, Sucre, para los fines
pertinentes”. […]”. (Mayúsculas y negrillas originales)

3.3. A través del Decreto nro. 0016 del 8 de enero de 2016, “por medio
del cual se modifica la el (sic) Decreto 0001 de 2016 que dispuso convocar
a sesiones extraordinarias al concejo municipal de San Pedro, Sucre y se
amplía el término”, expedido por el alcalde del mismo municipio, se
ordenó:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Modificase el artículo primero del Decreto
0001 de dos (2) de enero de dos mil dieciséis (2016), en el sentido de
ampliar el término que se efectuarán las sesiones extraordinarias,
estableciendo que estás se realizarán entre los días tres (3) al trece
(13) de enero de dos mil dieciséis (2016).

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás aspectos señalados en el artículo
primero del mencionado Decreto, tales como la convocatoria a
sesiones extraordinarias, el proyecto a estudiar, entre otros, no sufren
modificación ni alteración alguna.

[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales)

20
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3.4. Según acta nro. 1 del 3 de enero de 2016 en dicha fecha el concejo
municipal de San Pedro, Sucre celebró la primera sesión extraordinaria
convocada por el alcalde del municipio. En el punto nro. 3 del orden del
día se dio lectura al Decreto nro. 001 de 2016 presentado por el alcalde21.

3.5. Acorde con el acta nro. 2 del 6 de enero de 2016 del concejo
municipal de San Pedro, Sucre, se hizo la segunda sesión extraordinaria;
allí se dio lectura del informe de comisión del proyecto de acuerdo nro.
001 de 201622.

3.6. En el acta nro. 3 del 9 de enero de 2016 consta que se hizo la tercera
sesión extraordinaria del concejo municipal de San Pedro, Sucre. En el
punto número tres se observa que fue sometido a “debate y votación del
(sic) proyecto de acuerdo n (sic) 001 de 2016 por medio del cual se
conceden facultades protempores (sic) al alcalde municipal de san pedro
sucre (sic)”23.

3.7. Acorde con el acta nro. 4 del 12 de enero de 2016 del concejo del
municipio de San Pedro, Sucre, se realizó la cuarta sesión extraordinaria.
En el tercer punto consta que se hizo “entrega y lectura del Decreto 0016
del año 2016, presentado por el señor Alcalde Enrique Carlos Cohen
Mendoza, por medio del cual se modifica el decreto 001 del año 2016 que
dispuso convocar a sesiones extraordinarias al concejo municipal de San
Pedro Sucre”24.

21
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22
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23
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 7001 23 33 000 2020 00275 01.
24
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3.8. En el acta nro. 5 del 13 de enero de 2016 del concejo municipal de
San Pedro, Sucre, consta que se hizo la quinta sesión extraordinaria. En
el punto tercero se sometió a debate y votación el proyecto de acuerdo
nro. 001 de 2016 “por medio del cual se conceden facultades protempores
(sic) al alcalde municipal de san pedro sucre (sic)”25.

3.9. A través de los siguientes actos administrativos, el presidente y
secretario del concejo municipal de San Pedro, Sucre reconocieron lo
siguiente:

-) En la Resolución nro. 001 del 18 de febrero de 2016 a favor de la
concejal Zulay Amell Herazo la suma de $513.185 por su asistencia a
cinco sesiones extraordinarias.

-) Mediante la Resolución nro. 002 del 18 de febrero de 2016 a favor del
concejal Farid Benítez Martínez la suma de $410.548 por su asistencia a
cuatro sesiones extraordinarias.

-) Por la Resolución nro. 003 del 18 de febrero de 2016 a favor del concejal
Orlando Raúl Cerro Aguirre la suma de $513.185 por su asistencia a cinco
sesiones extraordinarias.

-) En la Resolución nro. 004 del 18 de febrero de 2016 a favor del concejal
Joaquín Díaz Acosta la suma de $513.185 por su asistencia a cinco
sesiones extraordinarias.

-) A través de la Resolución nro. 005 del 18 de febrero de 2016 a favor
del concejal Jesús Miguel García Piña la suma de $513.185 por su

25
Ibídem.

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asistencia a cinco sesiones extraordinarias.

-) En la Resolución nro. 006 del 18 de febrero de 2016 a favor del concejal
Gualberto Jerónimo Rivera la suma de $513.185 por su asistencia a cinco
sesiones extraordinarias.

-) Mediante la Resolución nro. 007 del 18 de febrero de 2016 a favor del
concejal Ramón González García la suma de $513.185 por su asistencia
a cinco sesiones extraordinarias.

-) En la Resolución nro. 008 del 18 de febrero de 2016 a favor del concejal
Jacob Guerra Avilez la suma de $513.185 por su asistencia a cinco
sesiones extraordinarias.

-) Por Resolución nro. 009 del 18 de febrero de 2016 a favor del concejal
German Manjarrez Hernández la suma de $513.185 por su asistencia a
cinco sesiones extraordinarias

-) En Resolución nro. 010 del 18 de febrero de 2016 a favor de la concejal
Kelly Oviedo Méndez la suma de $513.185 por su asistencia a cinco
sesiones extraordinarias.

-) En resolución nro. 011 del 18 de febrero de 2016 a favor del concejal
José Palencia Galindo la suma de $410. 548 por su asistencia a cuatro
sesiones extraordinarias.

En las anteriores resoluciones se observa que todos los pagos se
ordenaron con cargo al presupuesto del concejo y fueron firmadas por el
presidente y el secretario del concejo municipal de San Pedro, Sucre, en

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su orden, señores Jesús García Piña y Eduardo Benítez Castilla26.

3.10. Se aportó el documento denominado “nómina - planilla de pago
sesiones concejales de San Pedro, Sucre. Período: enero 2 al 12 de 2016”,
con fecha 18 de febrero de 2016, firmada por el señor Eduardo Benítez
Castilla, Secretario, donde consta el valor neto a pagar a cada uno de los
concejales allí relacionados27.

3.11. En ejercicio del derecho de petición, el señor Jesús Miguel García
Piña solicitó el 4 de septiembre de 2020 al secretario del concejo municipal
de San Pedro, Sucre, certificar28:

“[…]

• Se precisarán (sic) las fechas de las sesiones extraordinarias
que fueron pagadas y se relacionarán sus respectivos números
o actas de sesión, expidiéndoseme copia de las mismas.

• Se me certificará (sic) si en los pagos hechos por las sesiones
extraordinarias del mes de enero de 2016 se hizo pago por la
sesión inaugural del día 2 de enero de 2016.

• Así mismo se me expedirá (sic) copia de las respectivas
resoluciones en que se ordenan los pagos a los
correspondientes concejales que sesionaron
extraordinariamente en el mes de enero de 2016.

[…]”.

El secretario del concejo municipal de San Pedro, Sucre, dio respuesta a
la referida solicitud en la fecha del 8 de septiembre de 2020.

26
Ibídem.
27
Ibídem.
28 28
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4.- Análisis de la Sala

De manera previa a descender al estudio del caso, la Sala estima
pertinente precisar que las causales de desinvestidura son de aplicación
restrictiva, dadas las consecuencias que conlleva la prosperidad de una
acción de esta naturaleza, puesto que, como lo ha señalado la Corte
Constitucional, “(…) culmina con la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional, de tipo disciplinario, por la trasgresión del estricto código
de conducta previsto para los miembros de las corporaciones
representativas. Consiste por lo tanto en un proceso jurisdiccional, de
carácter sancionatorio, el cual culmina – en el caso que se compruebe la
trasgresión de unas de las causales legalmente previstas- con la
imposición de una sanción que constituye una sanción equiparable, por
sus efectos y gravedad a la destitución de los altos funcionarios
públicos”29, lo que implica que, en cumplimiento de las reglas del debido
proceso, en particular los principios de legalidad y tipicidad, para su
prosperidad deban estar taxativamente señaladas en la ley; por
consiguiente, aunque no es motivo de la apelación, es pertinente señalar
por la Sala que “el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo” no
es una causal de pérdida de investidura, puesto que no está prevista en
la ley y, por tal motivo, no será examinada.

Precisado lo anterior, en el asunto bajo examen, lo que es objeto de
apelación por parte del recurrente se circunscribe a que el acusado, en
calidad de presidente del concejo municipal de San Pedro, Sucre, para el
año 2016, incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos
porque pagó honorarios a los miembros del concejo por su asistencia a la

29
Corte Constitucional. Sentencia C-254 A del 29 de marzo de 2012. Para ello se citan
las sentencias C-319 de 1994 y T-544 de 2004.

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sesión inaugural celebrada el 2 de enero de 2016, pese a que el parágrafo
cuarto del artículo 25 del acuerdo municipal nro. 003 de 2012 establece
que no debe cancelarse. Para sustentar la configuración de la causal
alegada allegó como prueba la documental titulada “nómina- planilla de
pago sesiones concejales de San Pedro, Sucre. Período: enero 2 al 12 de
2016”, por lo que afirma está acreditado el pago de la mencionada sesión.

A su turno, el concejal acusado manifestó como argumentos de defensa
que no fue pagada la sesión inaugural del 2 de enero de 2016 y que está
probado en el expediente que fueron canceladas las sesiones
extraordinarias adelantadas los días 3, 6, 9, 12 y 13 de enero de 2016,
no, como lo afirma el solicitante, que fueron pagadas las sesiones del 2,
3, 6, 9 y 12 de enero de 2016.

Bajo el anterior contexto, se tiene que la causal invocada es la señalada
por el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 200030, que dispone:

“[…] ARTICULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

(…)

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

[…]”.

30
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.

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Sobre la finalidad de la causal invocada, esta Corporación ha dicho que31:

“(…) la finalidad de la indebida destinación de dineros públicos, como
causal de pérdida de investidura, es censurar cualquier utilización de
los dineros públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no
autorizados por la Constitución o las leyes32, con el propósito de
erradicar y castigar prácticas parlamentarias como por ejemplo, el
pago de salarios a personas que no ejercen funciones o prestan
servicios o la remuneración de funciones o actividades que no se
relacionan con las propias de los congresistas.

87. Sobre esta base, la Corporación ha entendido que el
comportamiento sancionable se configura, en términos generales,
cuando el congresista [léase para el caso concejal] en su condición de
servidor público33, al ejercer las competencias de las que ha sido
revestido: i) traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento
para los dineros públicos, o, ii) destina o aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o,
iii) cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal
o de terceros, o, iv) cuando pretende derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o de terceras personas34 (…)”.

Esta Sección también ha explicado que para que se configure la causal,
deben estar reunidos los siguientes requisitos35:

31
Ibídem.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de
mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-
2013-00865-00, sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez
Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
33
Lo es por definición del artículo 123 de la Constitución.
34
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 3 de octubre de 2000. MP: Doctor Darío
Quiñones Pinilla. Expedientes AC 10529 y AC 10968.
35
Los cuales se pueden extraer de la sentencia del 22 de febrero de 2018. C.P. María
Elizabeth García González. Expediente radicación número: 25000-23-42-000-2017-
04038-01(PI); para ello se cita la sentencia del 28 de marzo de 2017. C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, expediente radicación 11001 03 15 000 2015 00111 00, donde
fueron enlistados tales requisitos; explicando que aunque allí se referían a los
Congresistas son perfectamente aplicables a los restantes miembros de Corporaciones
públicas de elección popular, como los concejales. Posición reiterada por la Sala en
sentencia del 15 de marzo de 2018. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 13001-23-33-000-2016-01107-01(PI), entre otras.

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(i) Que se ostente la condición de concejal.

(ii) Que se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan de una
actividad económica del Estado.

(iii) Que los dineros sean indebidamente destinados, esto es, a finalidades
y cometidos estatales prohibidos o distintos a los previamente
establecidos en la Constitución y la ley.

Una vez identificados los elementos que configuran la causal de pérdida
de investidura invocada, la Sala se detendrá en cada uno, advirtiendo que
el segundo y el tercero se analizarán de manera conjunta, así:

4.1. En cuanto a la condición de concejal: como se señaló líneas atrás
en el acápite de procedibilidad de la acción de pérdida de investidura, está
demostrado que el señor Jesús Miguel García Piña fue elegido concejal del
municipio de San Pedro, Sucre, para el período constitucional 2016-2019;
por lo tanto, el primer elemento se cumple.

4.2. Que se trate de dineros públicos y que sean indebidamente
destinados

La indebida destinación de dineros públicos se concreta cuando un
miembro de una corporación pública, en su condición de servidor público,
de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros públicos a fines
diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la Constitución,
la ley o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero36.

36
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de
noviembre de 2016. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2015 02938 00.

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Al respecto, cabe precisar que, conforme con la jurisprudencia de esta
Corporación, se “entiende que la indebida destinación de los dineros
públicos puede ser directa, cuando el congresista [léase para el caso
concejal] es ordenador del gasto, administrador o depositario de los bienes
públicos, o puede ser indirecta, como ocurre en los casos en que sin tener
ninguna de las dos condiciones mencionadas, el congresista [para este caso
el concejal] ejerciendo las funciones del cargo traiciona, cambia o
distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la
Constitución, la ley o el reglamento, porque desvía los dineros públicos a
fines distintos de los previstos por medio de instrumentos, como por
ejemplo, los contratos o las autorizaciones para el pago de salarios”37. Por
lo que ello conlleva al detrimento patrimonial del Estado38.

De igual manera, esta Corporación ha identificado algunos eventos en los
cuales los miembros de una corporación pública incurren en esta causal
de pérdida de investidura, así39:

“[…] Como la causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura, resulta
pertinente consignar el sentido y alcance que esta Corporación le ha
dado. En efecto, en sentencia de 3 de octubre de 200040 la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo a este respecto precisó:

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 27 Especial de Decisión
de Pérdida de Investidura. Sentencia del 3 de diciembre de 2019. C.P. Rocío Araújo
Oñate. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2019 00 771 00 (PI).
38
Esta Sección ha precisado que uno de los presupuestos para la configuración de la
causal por indebida destinación de dineros es que implique la distorsión de las finalidades
del gasto. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 18 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 85001 23 33 000 2017 00223 01. (PI).
39
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia
del 14 de abril de 2016. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación nro.
85001-23-33-000-2015-00001-01(PI).
40
C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla. Expediente AC-10529 y AC-10968. Actores Emilio
Sánchez Alsina y Pablo Bustos Sánchez.

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25

Radicación: 70001 23 33 000 2020 00275 01
Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

«[...]

La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura
cuando el congresista [léase para el caso los concejales] destina los
dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a
los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos,
como ocurre en los siguientes casos:

a) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados;
b) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el
reglamento.
d) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas.
e) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
f) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o en el de terceros.
[...]»

[…]”.

Así mismo, el Consejo de Estado ha sostenido que la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos se trata de una
norma de textura abierta, puesto que no se estableció su alcance ni se
detalla un catálogo de conductas específicas que la configuren; razón por
la cual, aquellos eventos que la jurisprudencia ha considerado son
constitutivos de la misma no son los únicos para verificar su
estructuración, ni limitan el análisis y concreción en cada caso particular41.

41
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 3 de diciembre de 2019.
C.P. Rocío Araújo Oñate. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2019-00771-
00(PI).

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Radicación: 70001 23 33 000 2020 00275 01
Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

Previo a determinar si el concejal acusado incurrió en indebida destinación
de dineros públicos, dado que se afirma que autorizó el pago de
honorarios por la sesión realizada el 2 de enero del año 2016, la Sala
estima pertinente referirse al marco legal de la causación de los
honorarios de los concejales.

El artículo 312 de la Constitución Política dispone:

“[…] ARTICULO 312. <Artículo modificado por el artículo 5 del Acto
Legislativo 1 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> En cada
municipio habrá una corporación político-administrativa elegida
popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará
concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21
miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población
respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la
administración municipal.

(…)

La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios
por su asistencia a sesiones.

[…]”. (Se destaca)

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 136 de 1994, refiriéndose al período
de sesiones, estableció:

“[…] ARTÍCULO 23. PERIODO DE SESIONES. Los concejos de los
municipios clasificados en categorías Especial, Primera y Segunda,
sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto
señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio y máximo
una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias así:

a) El primer periodo será en el primer año de sesiones, del dos de
enero posterior a su elección, al último día del mes de febrero del
respectivo año.

El Segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el
comprendido entre el primero de marzo y el treinta de abril;

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Radicación: 70001 23 33 000 2020 00275 01
Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

b) El Segundo período será del primero de junio al último día de julio;

c) El tercer período será del primero de octubre al treinta de
noviembre, con el objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar
el presupuesto municipal.

Los concejos de los municipios clasificados en las demás categorías,
sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto
señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio, cuatro
meses al año y máximo una vez (1) por día así: febrero, mayo, agosto
y noviembre.

Si por cualquier causa los concejos no pudieran reunirse
ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como
fuere posible, dentro del período correspondiente.

PARÁGRAFO 1o. Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez
días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo.

PARÁGRAFO 2o. Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones
extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen
exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.
[…]”.

Adicionalmente, el artículo 65 de la citada Ley 136 preceptuó:

“[…] ARTÍCULO 65. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. Los
miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho
a reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las
sesiones plenarias.

(…)

Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios
expidan las mesas directivas de los concejos, serán publicadas en los
medios oficiales de información existentes en el respectivo municipio
o distrito. Cualquier ciudadano o persona podrá impugnarlas, y la
autoridad competente, según el caso, dará curso a la investigación o
proceso correspondiente.

PARÁGRAFO. Los honorarios de que trata este artículo se causarán a
partir del 1 de enero de 1994.

[…]”. (Se destaca)

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A su vez, la Ley 1368 del 29 de diciembre de 2009, “por medio de la cual
se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras
disposiciones”42, determinó lo siguiente frente al pago de honorarios de
los concejales por su asistencia a las sesiones:

“[…] ARTÍCULO 1o. El artículo 66 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 66. Liquidación de honorarios. Atendiendo la categorización
establecida en la Ley 617 de 2000, el valor de los honorarios por cada
sesión a que asistan los concejales será el señalado en la siguiente
tabla:
Categoría Honorarios por
sesión
Especial $ 347.334
Primera $ 294.300
Segunda $ 212.727
Tercera $ 170.641
Cuarta $ 142.748
Quinta $ 114.967
Sexta $ 86.862

[…]”.

Por último, el parágrafo 4 del artículo 25 del acuerdo nro. 003 de 2012 del
concejo municipal de San Pedro, Sucre, establece:

“[…] Artículo 25.- Posesión del presidente y de los concejales:

(…)

Parágrafo 4. Las sesiones especiales de instalación e inauguración
efectuadas en el primer año del período constitucional en el mes de
enero, no serán pagadas a los concejales que hayan participado en
ellas.

[…]”.

42
Modificada por la Ley 1551 de 2012.

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Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

De lo anotado se desprende que los honorarios de los concejales
constituyen la retribución que reciben por su asistencia a las sesiones
ordinarias o extraordinarias que se lleven a cabo en la corporación y que,
en el concejo municipal de San Pedro, Sucre, no hay lugar a que los
concejales reciban honorarios por su participación en la primera sesión
inaugural que se celebra en el mes de enero del primer año del período
constitucional.

En el caso concreto, el solicitante sustenta la causal de indebida
destinación de dineros públicos en que el concejal, en calidad de
presidente del concejo del municipio de San Pedro, Sucre, para el año
2016, pagó honorarios a los miembros del concejo por su asistencia a la
sesión inaugural del 2 de enero de 2016, pese a que el parágrafo cuarto
del artículo 25 del acuerdo municipal nro. 003 de 2012 establece que no
debía cancelarse. Para acreditar que dicha sesión fue pagada se
fundamenta en la prueba documental titulada “nómina- planilla de pago
sesiones concejales de San Pedro, Sucre. Período: enero 2 al 12 de 2016”,
del 18 de febrero de 2016, firmada por el señor Eduardo Benítez Castilla,
secretario, donde consta el valor neto a pagar a cada uno de los
concejales allí relacionados, así:

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A su turno, el concejal acusado para probar cuales fueron los pagos que
ordenó hacer a los concejales del municipio de San Pedro, Sucre, por las
sesiones extraordinarias a las que asistieron presentó el 4 de septiembre
de 2020 derecho de petición ante el secretario del concejo, en el que pidió
lo siguiente:

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Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

Frente a la referida solicitud el secretario del concejo respondió:

“[…] San Pedro-Sucre, 08 de septiembre de 2020

DOCTOR: JESUS MIGUEL GARCIA PIÑA
Alcalde Municipal de San Pedro Sucre

Asunto: Respuesta derecho de petición, en que se solicita certificación
de los pagos de sesiones extraordinarias del mes de enero de 2016,
con ocasión de la convocatoria a sesiones extraordinarias hechas por

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Radicación: 70001 23 33 000 2020 00275 01
Accionante: Augusto Benítez de la Ossa

el Alcalde de la época del Municipio de San Pedro, hechas mediante
decretos 001 y 0016 de 2016

Cordial Saludo:

Por la presente muy respetuosamente doy respuesta al derecho de
petición de la referencia en que solicita:

“certifiquen los pagos de sesiones extraordinarias del mes de enero
de 2016 que se cancelaron con ocasión de la convocatoria a sesiones
extraordinarias hechas por el Alcalde de la época del Municipio de San
Pedro, hechas mediante decretos 001 y 0016 de 2016.

• Se precisarán (sic) las fechas de las sesiones extraordinarias
que fueron pagadas y se relacionarán (sic) sus respectivos
números o actas de sesión, expidiéndoseme copia de las
mismas.

• Se me certificará (sic) si en los pagos hechos por las sesiones
extraordinarias del mes de enero de 2016 se hizo pago por la
sesión inaugural del día 2 de enero de 2016.

• Así mismo se me expedirá (sic) copia de las respectivas
resoluciones en que se ordenan los pagos a los
correspondientes concejales que sesionaron
extraordinariamente en el mes de enero de 2016”.

Al respecto le informo, que consultado los archivos que reposan en
esta secretaria, se encontró:

Se reconoció y ordenó pagar las siguientes sesiones:

• Sesión extraordinaria del 3 de enero de 2016, correspondiente al
Acta N° 1, PRIMERA sesión extraordinaria de esa fecha. Se anexa
copia de la misma.

• Sesión extraordinaria del 6 de enero de 2016, correspondiente al
Acta N 02, SEGUNDA sesión extraordinaria de esa fecha. Se anexa
copia de la misma.

• Sesión extraordinaria del 09 de enero de 2016, correspondiente al
Acta N° 03, TERCERA sesión extraordinaria de esa fecha. Se anexa
copia de la misma.

• Sesión extraordinaria del 12 de enero de 2016, correspondiente al
Acta N° 04, CUARTA sesión extraordinaria de esa fecha. Se anexa
copia de la misma.

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• Sesión extraordinaria del 13 de enero de 2016, correspondiente al
Acta N°05, QUINTA sesión extraordinaria de esa fecha. Se anexa copia
de la misma.

• Referente al pago por sesión inaugural del 2 de enero de 2016 de
instalación de sesiones del Honorable Concejo. Se responde que por
esta sesión no se ordenó reconocer y pagar en favor de los (sic).

Por reglamento, la sesión inaugural del honorable Concejo, no la cobija
reconocimiento y pago por la misma.

Por las sesiones extraordinarias de enero 3,6,9,12 y 13 de 2016, de
manera individual se le reconoció a cada concejal, según su asistencia
a las respectivas sesiones extraordinarias.

Hubo concejales que asistieron a cinco (5) sesiones y por ellas se hizo
reconocimiento por valor de $513.185 pesos.

Estos fueron:

ZULAY AMELL HERAZO; ORLANDO RAUL CERRO AGUIRRE; JOAQUIN
DIAZ ACOSTA; JESUS MIGUEL GARCÍA PIÑA; GUALBERTO JERONIMO
RIVERA; RAMON GONZALEZ GARCIA; JACOB GUERRA AVILEZ; GERMAN
MANJARREZ HERNANDEZ Y KELLY OVIEDO MENDEZ.

Otros que asistieron a cuatro (4), y por ello se les hizo el reconocimiento
por valor de $410.548 pesos.

Estos fueron:

JOSÉ PALENCIA GALINDO y FARID BENITEZ MARTINEZ

Anexan copia de estas resoluciones de reconocimiento de pago […]”.

(Mayúsculas y negrillas originales)

Conforme con el material probatorio obrante en el proceso, la Sala
concluye que no está acreditado que se haya efectuado el pago de la
sesión inaugural del 2 de enero de 2016, toda vez que analizadas en su
conjunto las pruebas allegadas por las partes, se desprende lo siguiente:

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(i) El alcalde municipal de San Pedro, Sucre, convocó al concejo para que
sesionara de manera extraordinaria entre el 3 y el 13 de enero de 2016
mediante los Decretos 0001 y 0016 de 2016.

(ii) Está acreditado con las actas relacionadas en el acápite de hechos
probados que las sesiones extraordinarias fueron llevadas a cabo por el
concejo municipal de San Pedro, Sucre, los días 3, 6, 9, 12 y 13 de 2016,
es decir, que se celebraron cinco sesiones extraordinarias.

(iii) De las resoluciones señaladas en el capítulo de hechos probados,
estas son, las número 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 y 010, se
observa que el presidente del concejo municipal de San Pedro, Sucre,
señor Jesús García Piña (concejal acusado), ordenó el pago por la suma
de $513.185 a nueve concejales y, en cada acto administrativo, se lee
que dicho valor corresponde al “pago de cinco (5) sesiones
extraordinarias”. (Se destaca)

Asimismo, en las resoluciones 002 y 011 se advierte que el presidente del
concejo municipal de San Pedro, Sucre, señor Jesús García Piña (concejal
acusado), ordenó el pago por la suma de $410.548 a los dos concejales
y, en los dos actos administrativos, se lee que dicho valor corresponde al
“pago de cuatro (4) sesiones extraordinarias”. (Se destaca)

(iv) Por consiguiente, está probado que el concejal acusado, en calidad
de presidente del concejo municipal de San Pedro, Sucre, ordenó el pago
a los miembros de la corporación por la asistencia a las sesiones
extraordinarias.

(v) Ahora bien, el solicitante asegura que la sesión inaugural del 2 de
enero de 2016 sí fue pagada con fundamento en la prueba denominada

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“nómina – planilla de pago de sesiones concejales de San Pedro, Sucre.
Período: enero 2 al 12 de 2016”; sin embargo, no constituye la única
prueba documental allegada al proceso, por lo que, una vez valorado el
acervo probatorio en su conjunto, la Sala observa que, en las resoluciones
números 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 y 011,
suscritas por el concejal acusado, en calidad de presidente de la
Corporación, se ordenó el pago de los honorarios a los respectivos
concejales por haber asistido a las sesiones extraordinarias, las cuales se
llevaron a cabo los días 3, 6, 9, 12 y 13 de enero de 2016, de acuerdo
con las actas relacionadas en el acápite de hechos probados.

A lo que se agrega que la sesión del 2 de enero de 2016 no fue
extraordinaria, sino especial, según se desprende de lo indicado en el acta
de la misma fecha y, adicionalmente, el alcalde municipal convocó al
concejo de manera extraordinaria a partir del 3 de enero hasta el 13 de
enero de 2016, según los mencionados decretos 001 y 0016 de 2016.

Por último, la Sala advierte que la prueba allegada por el solicitante,
denominada “nómina – planilla de pago de sesiones concejales de San
Pedro, Sucre. Período: enero 2 al 12 de 2016”, no está firmada por el
concejal acusado en su calidad de presidente, sino por el entonces
secretario de la corporación. Valga precisar que no fue a través de la
mencionada planilla que el presidente del concejo ordenó el pago de los
honorarios a los miembros del concejo, sino a través de las enunciadas
resoluciones, las cuales sí fueron suscritas por el acusado en su calidad
de presidente, y en el contenido de tales actos administrativos se indicó
de manera expresa que el pago se causaba por la asistencia a sesiones
extraordinarias.

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Conforme con lo expuesto, en este caso, no se incurrió en una indebida
destinación de dineros públicos, en la medida en que no está acreditado
que el concejal acusado, en calidad de presidente del concejo municipal
de San Pedro, Sucre, haya ordenado el pago en favor de los concejales
por la participación en la sesión inaugural del 2 de enero de 2016; por el
contrario, está probado que el pago de los honorarios fue por haber
asistido a las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde municipal
de San Pedro, Sucre.

Por consiguiente, no están reunidos los requisitos que componen el
elemento objetivo de la causal invocada, lo que releva a la Sala de
estudiar el elemento subjetivo de la perdida de investidura y, en
consecuencia, confirmará la sentencia del a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de noviembre de
2020 por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual denegó la
pérdida de investidura del señor Jesús Miguel García Piña, en calidad de
concejal del municipio de San Pedro, Sucre, para el período constitucional
2016-2019.

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SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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