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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-33-000-2021-00113-02

Fecha
3 de marzo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-33-000-2021-00113-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FA LLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2022, por el Tribunal Administrativo de Sucre, que denegó la pérdida de investidura de los señores José Gutemberg Macea Gómez, Daniel Felipe Merlano Porras, Omar Quessep Sierra, Daniela Vergara Guzmán, Javier de Jesús Ortiz Villa, Américo de la Cruz Donado Redondo, Jesús David Castilla Cuello, Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Diego Mercado Sanabria, José David González Villamizar, Ramiro Enrique González Zabala, Álvaro Alonso Díaz Bohórquez, Manuel Antonio Barrios Pérez y 52 El inciso séptimo del artículo 272 de la Constitución Política dispone: “(…) los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un período de cuatro años que no podrá coincidir con el período del correspondiente gobernador y alcalde. (…)”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45 Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02 Solicitante: Sergio Monterroza y otro. Derly Sofía Chamorro Salcedo, en calidad de concejales del municipio de Sincelejo, Sucre, período constitucional 2020-2023, según las razones explicadas en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 70001-23-33-000-2021-00113-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de marzo de 2023

Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: SERGIO MONTERROZA BADRÁN Y OTRO
Concejales acusados: JOSÉ GUTEMBERG MACEA Y OTROS

TESIS No incurren en causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de
conflicto de intereses los concejales que
votaron la elección del contralor municipal,
mientras no se demuestre la existencia de
un interés directo, particular y concreto que
les impidiera conformar el quorum para
decidir y participar en dicha elección.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 2 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la cual denegó la desinvestidura de los
señores José Gutemberg Macea Gómez, Daniel Felipe Merlano Porras,
Omar Quessep Sierra, Daniela Vergara Guzmán, Javier de Jesús Ortiz
Villa, Américo de la Cruz Donado Redondo, Jesús David Castilla Cuello,
Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Diego Mercado Sanabria, José David
González Villamizar, Ramiro Enrique González Zabala, Álvaro Alonso Díaz
Bohórquez, Manuel Antonio Barrios Pérez y Derly Sofía Chamorro Salcedo,
en su condición de concejales del municipio de Sincelejo, Sucre, para el
período constitucional 2020-2023.

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada

Los señores Sergio Monterroza Badrán y Elkin Monterroza Gómez,
actuando en nombre propio, solicitaron se decretara la pérdida de
investidura de los concejales acusados por considerar que incurrieron en
la causal establecida en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994
y en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 del 6 de octubre de 20001.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

La parte solicitante informó que los acusados fueron elegidos concejales del
municipio de Sincelejo, Sucre, para el período constitucional 2020- 2023,
quienes tomaron posesión de sus cargos el 2 de enero de 2020, conforme
consta en el acta de dicha fecha.

Aludió que el 10 de enero de 2020, todos los acusados asistieron a la sesión
plenaria para elegir al contralor municipal de Sincelejo, donde resultó
elegida la señora Vivian Montaño González para el período 2020- 2021, con
el registro de 16 votos válidos.

Alegó que los concejales estaban incursos en un conflicto de interés directo,
personal y de orden moral para elegir a la señora Montaño González; “(…)
este interés se ubica, en grado de culpabilidad, en las circunstancias propias

1
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
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Archivo 001.Escritodemanda.pdf. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

de cada concejal antes, durante y después de la elección anotada, todo por
el logrado propósito de evitar que las autoridades competentes conocieran
el comportamiento disciplinable y fiscal de los electores de la contralora
elegida, quien los auditó en cuanto el manejo presupuestal y contractual,
denunciando hallazgos administrativos y disciplinarios en contra de sus
electores. Esta impunidad que benefició a los concejales que asistieron a la
sesión, generó el interés en su decisión de asistir, conformar el quórum y
votar”.

Señaló que, de manera previa, mediante la Resolución nro. 2488 del 29 de
mayo de 2019, la señora Montaño González había sido designada por el
alcalde de la época como contralora encargada ante la falta absoluta de su
titular, encargo que se prolongó por más de siete meses y que ejerció sus
atribuciones hasta el día de la elección.

Informó que, una vez posesionada como contralora encargada, en
desarrollo de sus atribuciones y competencias notificó una auditoría al
concejo municipal, en la modalidad regular sobre la vigencia presupuestal
2018, así como sobre el manejo de los recursos puestos a disposición del
concejo municipal de Sincelejo durante el período 2016-2019, y que el
presidente del concejo fue notificado personalmente de dicha auditoría,
informe en el que se determinaron hallazgos disciplinarios y
administrativos.

Expuso que la decisión de la contraloría municipal, dirigida por la señora
Vivian Montaño González, de trasladar a la Procuraduría Regional de Sucre
los hallazgos y las pruebas con incidencia disciplinaria por el ejercicio
contractual del concejo municipal de Sincelejo, fue debidamente notificada
a la corporación a través de su presidente, “(…) notificación [que] afecta
inicialmente a los concejales municipales en el período constitucional 2016-
2019 que resultaron reelegidos en el período actual 2020-2023, toda vez
que tuvieron conocimiento directo de dicha actuación investigativa y sus

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

resultados. Siendo ellos los siguientes concejales electores; Daniel Felipe
Merlano Porras, Javier de Jesús Ortíz Villa, Américo de la Cruz Donado
Redondo, Diego Mercado Sanabria, José David González Villamizar”.

Mencionó también que “(…) los hallazgos con incidencia disciplinaria y
administrativa afectaron igualmente a exconcejales municipales de
Sincelejo período 2016-2019 que no aspiraron a mantener su curul, pero
que en su lugar resultaron elegidos parientes en primer y segundo grado
de consanguinidad”, haciendo alusión a los concejales Ramiro González
Zabala, Daniela Vergara Guzmán, Omar Quessep Sierra, Manuel Antonio
Barrios Pérez y Jesús David Castilla Cuello.

Lo anterior, dado que, Ramiro González Zabala es padre de la exconcejal
de Sincelejo Lisseth Paola González Oviedo; Daniela Vergara Guzmán es
hermana del exconcejal de Sincelejo Sebastián Vergara Guzmán; Omar
Quessep Sierra es hermano de la exconcejal de Sincelejo Yulieth Oñate
Sierra; Manuel Antonio Barrios Pérez es hijo del exconcejal de Sincelejo
Manuel de Jesús Barrios Gil y Jesús David Castilla Cuello es hermano del
exconcejal Jader Castilla Cuello.

Aseveró que se presentó una alteración en el proceso de selección del
contralor municipal, ya que en la Resolución nro. 103 del 20 de noviembre
de 2019, “por medio del cual se fijan las reglas generales los criterios de
selección y evaluación y el cronograma de la convocatoria pública para la
elección del cargo de contralor municipal de Sincelejo para el período 2020-
2021”, se dispuso la fecha en la que se convocaba a concurso de mérito y
las oportunidades para interponer los respectivos recursos, ya que la fecha
de la conformación de la terna y su notificación estaba fijada para el 27 de
diciembre de 2019, y al día siguiente, esto es, el 28 de diciembre de 2019,
era la oportunidad para interponer recursos, pero solo hasta el 31 de
diciembre de 2019 se conformó la terna, sin haberse notificado a los
aspirantes que fueron excluidos, ni darles oportunidad de recurrir,

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

“desnaturalizando de esta manera el debido proceso en beneficio de la
elegida y de los propios concejales”.

Consideró que “los concejales municipales que conformaron la mesa
directiva en el primer período de sesiones ordinarias 2020/2021 Américo
Donado Redondo, Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo y Derly Sofía Chamorro
Salcedo, junto a Álvaro Díaz Bohorquez, no se declararon impedidos cuando
mantuvieron un interés directo, personal y moral, el alterar ilegalmente el
proceso de elección del contralor de esta ciudad, con la finalidad de
mantener fuera de cualquier control interno, los manejos presupuestales o
recursos trasladados al concejo municipal” y posesionaron a una funcionaria
inhabilitada a sabiendas de su condición.

Señaló que “(…) el concejo municipal de Sincelejo en pleno, consintió
omisiva y deliberadamente, que se eliminara el principio de la doble
instancia en las auditorías administrativas, cuando permite (i) que la
aspirante y elegida Vivian Montaño González, ejerciera atribuciones como
directora de control fiscal y como contralora encargada, más allá del período
constitucional dispuesto para el titular del cargo de contralor municipal y
(ii) sea ella quien por disposición del manual de funciones establecido en el
Acuerdo municipal # 171 de 2016 (…) practique las auditorías y ejerciera
al mismo tiempo facultades de contralora a efectos de conocer y decidir en
segunda instancia las inconformidades sobre hallazgos administrativos,
fiscales, disciplinarios o penales que conoció en primera instancia”.

Enfatizó que los concejales reelegidos para el período 2020-2023 Daniel
Felipe Merlano Porras, Javier de Jesús Ortiz Vila, Américo de la Cruz Donado
Redondo, Diego Mercado Sanabria y José David González Villamizar,
actuaron a título de dolo, puesto que tenían la capacidad de comprender las
causas y consecuencias de su conducta generadora de conflicto de intereses
al elegir a su investigadora.

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

Frente a los concejales Daniela Vergara Guzmán, Omar Quessep Sierra,
Ramiro González Zabala, Jesús David Castilla Cuello y Manuel Barrios Pérez,
Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Delcy Chamorro Salcedo y José
Gutemberg Macea Gómez, “(…) las condiciones personales de los concejales
ahora señalados como su grado de formación, su capacidad de
entendimiento para acceder a la función pública, su residencia en el
municipio, la diligencia debida a la que estaban obligados, permiten
establecer más allá de toda duda, que se encontraban dentro de las
circunstancias propias para conocer el marco normativo en el que ejercen
sus atribuciones”.

2.- Contestación de los concejales acusados

En la oportunidad procesal correspondiente y actuando por conducto de
apoderado judicial, los concejales acusados contestaron la demanda,
quienes manifestaron lo siguiente:

2.1. El concejal José Gutemberg Macea Gómez

Se opuso a las pretensiones y como argumentos de defensa expuso3:

Que asistió a la sesión plenaria del 10 de enero conforme a la convocatoria
que se les hizo y que efectivamente se registraron 16 votos válidos para
la elección del contralor, pero que la parte actora omitió deliberadamente
indicar que dentro de esos votos válidos había tres en blanco y uno de
ellos era el suyo, lo que no comporta una elección unánime.

Informó que el día anterior a la elección, como quedó consignado en el
acta no. 006 del 9 de enero de 2020, manifestó claramente su desacuerdo
con los tres candidatos y su inclinación inequívoca al voto en blanco,

3
Archivo 020.Contestacióndemanda.pdf.Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

intervención que hizo debido a la imposibilidad estatutaria de aclarar su
voto durante la votación, conforme lo previsto por el artículo 67 del
acuerdo 252 de 2019, reglamento interno del concejo municipal de
Sincelejo.

Sostuvo que no es cierto que se encontrara inmerso en un conflicto de
interés directo, personal y de orden moral, pues nunca eligió a la señora
Vivian Montaño González como contralora municipal para el período 2020-
2021, y, por el contrario, expuso su inconformidad a través del voto en
blanco, como consta en el acta nro. 006 de 9 de enero de 2020; que
tampoco había ningún interés en la elección, puesto que no tenía atada
su suerte fiscal a la elección de ninguno de los posibles contralores; por
lo tanto, no necesitaba ningún beneficio a su favor ya que la auditoría que
le fue realizada a la entidad que gerenciaba en la vigencia 2017, esto es,
Empresa Oficial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sincelejo- EMPAS-
ESP, no fue a su persona, y arrojó unos hallazgos que se contestaron y
aclararon oportunamente, que hizo tránsito a indagación preliminar un
solo hallazgo que culminó con archivo mucho antes que se presentara a
las elecciones del año 2019.

Manifestó que resultaba imposible que pudiese existir un conflicto de
intereses cuando para la fecha del archivo de la indagación preliminar no
era concejal electo, ni había forma de saber que lo sería hasta el 26 de
octubre de 2019 que se produjeron las elecciones.

Consideró que “(…) pretende el demandante que se acceda a una pérdida
de investidura … con unos hechos incongruentes y una petición sin
relación lógica y jurídica con tales hechos. Situación que adolece de
técnica jurídica y abiertamente contraria a la ley; pues no proporciona
claridad sobre cuál imputación defender y cual presupuesto fallar”.

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

Propuso como excepciones la de inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones y violación al principio de congruencia en
relación con los fundamentos de hecho de la pretensión.

2.2. Los concejales Javier de Jesús Ortíz Villa, Daniela Vergara
Guzmán, Diego Mercado Sanabria, José David González Villamizar,
Omar Quessep Sierra, Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Jesús
David Castilla Cuello, Américo de la Cruz Donado Redondo, Álvaro
Alonso Díaz Bohórquez, Ramiro Enrique González Zabala y Manuel
Antonio Barrios Pérez

Los citados concejales igualmente se opusieron a las pretensiones y
explicaron lo siguiente 4:

Al referirse de manera específica a los hechos endilgados, sostuvieron que
no estaban cumplidos los presupuestos necesarios para que se decretara
su desinvestidura. Que la contraloría del municipio de Sincelejo hizo una
auditoría regular al interior del concejo municipal para la vigencia 2018 y
presentó el informe final el 26 de julio de 2019, que arrojó como resultado
nueve observaciones administrativas, de las cuales dos tenían incidencia
disciplinaria; y en el mismo informe, al momento de conceptuar sobre el
fenecimiento, se emitió concepto favorable sobre la evaluación de la
gestión fiscal del concejo municipal de Sincelejo durante la vigencia 2018.

Manifestaron que, pese a lo anterior, se suscribió un plan de
mejoramiento en aquellas actividades que fueron calificadas por la
contraloría como hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria,
precisando que, contrario a lo señalado por la parte actora, en el informe
final de auditoría no quedó previsto ningún hallazgo de carácter fiscal; por
ende, no había lugar a abrir proceso de responsabilidad fiscal alguno.

4
Archivo 027.contestacióndemanda.pdf.Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
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Expusieron que el concejo municipal de Sincelejo cuenta con una planta
de personal para atender las actividades relacionadas con su
administración y funcionamiento, que fue creada mediante la Resolución
nro. 027 de 2018, y tiene definidas sus funciones en la Resolución nro.
068 de 2015, que son eminentemente administrativas; por lo tanto, muy
diferentes a las asignadas por la Constitución y la ley a los miembros que
conforman el concejo municipal descritas en el artículo 313 de la
Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, así como
en el reglamento interno del concejo.

Sostuvieron que no le asiste razón a la parte solicitante al querer
atribuirles responsabilidad disciplinaria o fiscal, ya que los concejales no
tuvieron una participación directa y personal frente a la conducta
reprochada y considerada como hallazgo administrativo por parte de la
contraloría, los cuales eran atribuibles a los servidores públicos o
contratistas que para ese entonces les estaba asignada la tarea, labor o
función incumplida o inobservada.

Destacaron que la contraloría municipal dio traslado a la personería
municipal de Sincelejo de los presuntos hallazgos administrativos con
incidencia disciplinaria contenidos en el informe de auditoría al concejo
municipal, vigencia 2018, ente que los remitió por competencia a la
Procuraduría Provincial de Sincelejo que, mediante auto del 10 de marzo
de 2021, emitió una decisión inhibitoria; de manera que se presenta una
ausencia de culpabilidad y atipicidad de la conducta, dado que nunca ha
existido un conflicto de interés, que, según el actor, se originó por los
presuntos hallazgos obtenidos en la auditoría regular vigencia 2018, los
cuales, en todo caso, no eran atribuibles a los concejales sino a otros
servidores públicos.

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

Por último, afirmaron que no hicieron ningún tipo de actuación frente a
las conductas descritas dentro de la auditoría regular practicada por la
contraloría para la vigencia 2018, por lo que no es posible hacer una
adecuación típica y ubicar de manera clara, precisa e inequívoca su
comportamiento en la causal de pérdida de investidura invocada por la
parte actora, como lo es la presunta existencia de un conflicto de interés,
toda vez que éste nunca ha existido, teniendo en cuenta que, según se
indica, éste se originó por los presuntos hallazgos obtenidos en la
auditoría regular vigencia 2018, los cuales no son atribuibles a los
concejales, sino a otros servidores públicos.

2.3. El concejal Daniel Felipe Merlano Porras

Se opuso a las pretensiones y como argumentos de defensa explicó5:

Que asistió a la sesión el 10 de enero de 2020, convocada para la elección
del contralor municipal de Sincelejo período 2020-2021 y que votó en
blanco tal como está acreditado.

Sostuvo que el voto en blanco es la prueba del disentimiento, rechazo,
abstención o inconformidad que tenía en relación con la elección de
contralor municipal de Sincelejo para el período 2020-2021

Aseguró que no es cierto que tuviera algún conflicto de intereses para
participar en dicha sesión, pues no ha sido investigado fiscalmente, por
lo que su voto en blanco no implica beneficio o privilegio para él o sus
parientes, ya que no tiene parientes en el actual concejo ni en los períodos
anteriores.

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Archivo 027.contestacióndemanda.Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

En relación con los cargos de ocultamiento, encubrimiento, impunidad
como juicio ético que alegan los actores y frente a los alegados hallazgos
fiscales y disciplinarios, informó que no le han notificado de ninguna
investigación fiscal por parte de la contraloría ni mucho menos
disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación, por lo que solicitó
se denieguen las pretensiones.

2.4. La concejal Derly Sofia Chamorro Salcedo

Se opuso a las pretensiones y como argumentos de defensa manifestó 6:

Que es cierto que el 10 de enero de 2020 se verificó la elección del
contralor municipal de Sincelejo, pero no tuvo conocimiento acerca de
cómo se desarrolló el concurso de méritos que terminó con una terna
conformada por las personas postuladas para ser elegidas en dicha fecha,
ni injerencia alguna ello, ya que se posesionó el 1 de enero de 2020 como
concejal y tenía la obligación legal y funcional de elegir de la terna
presentada y conformada con anterioridad.

Argumentó que no le asistía ningún interés en dicha elección, dado que
resultó elegida concejal para el período 2020-2023 superando al señor
Sergio Monterroza Badrán, quien ahora funge como actor en la solicitud
de desinvestidura, y contra ella no existía, ni estaba vinculada, a
investigación de carácter fiscal alguna.

Explicó que eligieron a la contralora municipal con el convencimiento que
no se encontraba inhabilitada para ejercer el cargo ya que la misma
funcionaria se venía desempeñando como contralora municipal en
encargo.

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

Mencionó que todas las actuaciones y procedimientos fiscales motivo del
informe de auditoría ocurrieron en el período constitucional 2016-2019 y
ella no se desempeñó como concejal durante ese período.

Advirtió que estos mismos actores son los demandantes en el proceso
electoral que se adelanta ante el Tribunal Administrativo de Sucre con la
finalidad que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el
acta de la sesión nro. 0007 del 10 de enero de 2020 en el proceso radicado
bajo el nro. 70001 23 33 000 2020 00035 00, en el que, por auto del 13
de marzo de 2020 se ordenó la suspensión provisional del acto de elección
y que ya se profirió sentencia de primera instancia.

Formuló como excepciones las de carencia de requisitos para la
prosperidad de la acción y la de temeridad.

3.- La sentencia de primera instancia

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia
del 2 de febrero de 2022, denegó la desinvestidura de los concejales
acusados 7.

Como cuestión previa mencionó que, en providencia del 12 de octubre de
2021, fueron decretadas e incorporadas las pruebas pedidas y aportadas,
y que el 22 de octubre de 2021 la parte actora presentó un escrito por
correo electrónico que denominó “solicitud de aplicación de regla de
exclusión de prueba ilícita”, con el que pretendía la exclusión de una
prueba aportada al proceso en la contestación de la demanda por el
apoderado de los concejales Javier de Jesús Ortiz Villa, Daniela Vergara
Guzmán, Diego Mercado Sanabria, José David González Villamizar, Omar
Quessep Sierra, Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Jesús David Castilla

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Archivo121Sentencia1eraInstancia.pdf.Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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Cuello, Américo de la Cruz Donado Redondo, Álvaro Alonso Díaz
Bohórquez, Ramiro Enrique González Zabala y Manuel Antonio Barrios
Pérez, y en el que solicitó la incorporación y el decreto de pruebas
adicionales.

Precisó que dicha petición fue resuelta por auto del 2 de noviembre de
2021 en sentido negativo, decisión contra la cual los actores presentaron
recurso de apelación, el cual fue concedido por auto del 3 de diciembre
de 2021 en el efecto devolutivo y para la fecha de la sentencia no había
sido decidido por el Consejo de Estado.

Refiriéndose al fondo del asunto, expuso:

Frente al elemento objetivo y los presupuestos que deben estar
configurados para la estructuración de la causal de conflicto de intereses,
que no estaban reunidos, ya que no se demostró la concurrencia de un
interés directo, particular o inmediato en cabeza de los concejales. Que
existía un hecho común para todos los acusados y eran los hallazgos
encontrados en el informe de auditoría modalidad regular que se hizo al
concejo municipal de Sincelejo durante la vigencia 2018, de los cuales,
nueve eran de índole administrativa, dos de incidencia disciplinaria, cero
sancionatorios y ninguno con incidencia fiscal.

En relación con los hallazgos disciplinarios, que se señalaron como
posibles responsables de las faltas disciplinarias a las señoras Betty
Margarita Salom Herrera, contadora y Andrea Catalina Velazco Mejía,
contratista, asesora jurídica en el área administrativa del concejo
municipal de Sincelejo, fueron evaluados por la personería municipal de
Sincelejo y remitidos a la procuraduría provincial de Sincelejo, que, por
auto del 10 de marzo de 2021, emitió decisión inhibitoria.

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

En cuanto a la temporalidad, aseguró que los concejales Daniel Felipe
Merlano Porras, Javier de Jesús Ortiz Villa, Américo De La Cruz Donado
Redondo, Diego Mercado Sanabria y José́ David González Villamizar,
fueron reelegidos para el período 2020-2023, es decir, fungieron como
concejales en el período 2016-2019, precisamente para el tiempo en que
se hizo el informe de auditoría modalidad regular, vigencia 2018. No
obstante, en dicho informe no se encontraron hallazgos de tipo fiscal ni
se iniciaron procesos de responsabilidad fiscal donde fueran vinculados,
aspecto respecto del cual emanaría el deber objetivo de declararse
impedidos para participar en la elección de la contralora municipal.

Frente a los nuevos concejales elegidos para el período 2020-2023,
señores José́ Gutemberg Macea Gómez, Omar Quessep Sierra, Daniela
Vergara Guzmán, Jesús David Castilla Cuello, Leonardo Fabio Rodríguez
Oviedo, Ramiro Enrique González Zabala, Álvaro Alonso Díaz Bohórquez,
Manuel Antonio Barrios Pérez y Derly Sofía Chamorro Salcedo, analizó que
tomaron posesión del cargo el 2 de enero de 2020, es decir, mucho tiempo
después de la realización del informe de auditoría que pertenece a la
vigencia 2018 y que terminó con decisión inhibitoria de la procuraduría
provincial de Sincelejo.

Acerca de las responsabilidades individuales que endilgó la parte actora a
los concejales Ramiro González Zabala, Daniela Vergara Guzmán, Manuel
Antonio Barrios Pérez, Jesús David Castilla Cuello y Omar Quessep Sierra
por un supuesto parentesco con concejales que fungieron en el período
2016 – 2019, la Sala analizó que ello carecía de asidero jurídico, puesto
que no existía prueba de que los concejales del período anterior tuvieran
procesos de responsabilidad fiscal vigentes, “de modo tal que generen en
los nuevos concejales, más allá de sus grados de parentesco, un interés
directo y personal que comprometan su condición y su imparcialidad en
la adopción de decisiones al interior de la corporación pública”, aunado a
que la responsabilidad sancionatoria es personalísima.

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

En relación con el concejal José Gutemberg Macea Gómez, indicó que, si
bien ejerció como gerente de la Empresa Oficial de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, EMPAS ESP, siendo parte de la indagación
preliminar iniciada en virtud del informe de auditoría especial vigencia
2017, también lo es que el trámite fue archivado por la Contraloría
Municipal de Sincelejo, mediante auto del 26 de agosto de 2019, por
considerar que los hechos no fueron constitutivos de responsabilidad
fiscal.

Por último, respecto de la acreditación de los presupuestos de la causal
de pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades a que
se refiere el numeral segundo del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por
elegir a la señora Vivian María Montaño González como contralora
municipal de Sincelejo, quien estaba inhabilitada para ejercer el cargo,
consideró que “(…) la tesis de los demandantes no guarda
correspondencia alguna con la norma que consagra tal causal de pérdida
de la investidura, toda vez que salta a la vista que se refiere al régimen
de inhabilidades de los concejales, en tratándose de éstos, y no de la
contralora, quien es la que está inhabilitada, debiéndose recordar en este
punto, que el juicio de pérdida de investidura, en sus caracteres responde
al mandato estricto de tipicidad y taxatividad. // En consecuencia, la
participación en la elección de un contralor incurso en inhabilidad, no
constituye desde la óptica de la tipicidad, causal de pérdida de investidura
de los concejales que participan en su elección, como acaece en el
presente caso”.

4.- El recurso de apelación presentado por la parte solicitante

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, los actores interpusieron recurso

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

de apelación para que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones 8.

Como razones de inconformidad adujeron que lo reprochado era lo
siguiente:

”[…] I- Omisión sobre la creación de un marco conceptual de los
conceptos jurídicos indeterminados.

II. Ausencia de definición, configuración y procedimiento para llenar
de contenido la causal de pérdida de investidura referida al “conflicto
de intereses” en la función electoral de los concejos municipales,
frente a los mandatos de optimización establecidos en la Constitución.

III. Ausencia de motivación sobre todos los escenarios legales
propuestos. Motivación dilógica […]”.

Frente al primer punto manifestaron en concreto:

”[…] Existe una etapa que no controla el concejo municipal como
poder público y es una especie de Tribunal de selección en el que no
interviene como árbito de la selección de los postulados al cargo de
contralor, en este caso.

Pero llegado el momento de la elección del contralor y frente al
conflicto de intereses como concepto indeterminado, el concejo debió
aplicar pautas de juridicidad como reglas de contenido, es decir,
verificación del cumplimiento de las exigencias establecidas en el
reglas del concurso que superan las expectativas de lo opinable, y
sobre las cuales hubo adulteración por parte de la administración. El
concejo municipal de Sincelejo una vez ha recibido la selección de los
ternados al cargo, ejerce un control de juridicidad previo a la etapa de
discrecionalidad que impone al momento de elegir.

(…)

Señala lo anterior que se desarrolló una función electoral, se cumplió
con un control de juridicidad, conforme a lo citado, se procedió bajo
discrecionalidad a elegir a quien resultó ganadora, luego entonces
como función electoral se procedió a actuar y decidir conforme a una
valoración política sobre una determinada realidad que los llevó por
mayoría a la certeza, por la que establecieron su conveniencia o
inconveniencia para designar al juez fiscal del municipio, entendiendo
conforme a los contenidos de lo indeterminado que, tenían el deber

8
Archivo124.RecursoApelación.pdf. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

de estar en la búsqueda del bien común dentro del marco fijado por
la Constitución y no lo hicieron.

[…]”.

Acerca del segundo punto expusieron que:

“[…] No se aprecia en la ratio decidendi referencias a la elaboración,
por parte de la Sala, de un marco concepto de lo indeterminado en el
conflicto de intereses frente a la función electoral de los concejos
municipales, de igual modo, notamos la ausencia del procedimiento
para llenar de contenido dicho precepto. ¿es necesario en el caso que
nos ocupa, llenar de contenido el precepto indeterminado? Sí es
necesario.

(…)

La sala Plena del Tribunal Administrativo de Sucre decidió no fijar un
marco conceptual dentro del cual se estableciera una definición de lo
indeterminado, para el Tribunal fue suficiente para justificar la
decisión final de la causa, establecer la veracidad o falsedad de los
hechos, cuando lo que se exige en estos casos es un proceso de
subsunción de los hechos en la norma citada, pero para ello era
necesario crear unas pautas que definieran, en qué consiste lo
indeterminado frente a una función establecida constitucionalmente.
La simple valoración objetiva de una conducta o comportamiento
frente a una exigencia típica no resuelve el caso, frente a una norma
que exige el uso de máximas de experiencia y proceder a valorar un
determinado comportamiento omisivo frente a otro tipo de categorías
valorativas como lo son, la moral, la confianza legítima, etc.

(…)

La pretensión de la demanda se circunscribe (i) a la acreditación del
ocultamiento de intereses al momento de la elección de la contralora
municipal de Sincelejo, (ii) al beneficio que se obtuvo al colocar en
poder de la elegida la estimación de las consecuencias que se
derivarían de los hallazgos administrativos.

Ante lo anterior, el Tribunal consideró cuales pruebas harían parte de
la acreditación de los elementos objetivos de la causal de pérdida de
investidura, dejando de los demás elementos probatorios para una
eventual consideración subjetiva dentro de la sentencia, lo que nunca
ocurrió. Por tratarse de un juicio sancionatorio resulta obligado
conjugar todos los elementos de valoración de la conducta de los
enjuiciados para poder concluir si era procedente atribuirle a los
llamados una responsabilidad personal y a qué título correspondería
tal enrrostramiento.

[…]”.

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

En relación con el tercer punto se destaca:

“[…] Motivación dilógica

El Tribunal Administrativo de Sucre fue llamado por competencia a
absolver de forma clara y absoluta todas las solicitudes de las partes
involucradas, en dicha solución los fundamentos de ella estarían
amarrados a los extremos de la demanda y su oposición, sobre lo que
una vez conocida se podría disentir. Omitir asumir el conocimiento de
la solicitud de la totalidad de los extremos de la pretensión, porque
para el Tribunal es suficiente la supuesta existencia de los
presupuestos objetivos, se estructura con ello una irregularidad
sustancial que impide darle al fin al debate propuesto con el agravante
que, en otra instancia la solución pedida dejaría sin posibilidades de
defensa a quien llegare a resultar vencido, por ello se requiere un
pronunciamiento valorativo del comportamiento subjetivo de los
demandados […]”.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 28 de febrero de 20229.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 17
de marzo de 202210, ingresó a despacho el 18 del mismo mes y año y por
auto del 18 de abril de 2022 se admitió el recurso de apelación 11, el cual
fue notificado por estado el 21 de abril de 202212.

5.2. Por memorial enviado por correo electrónico el 21 de abril de 2022
los recurrentes manifestaron que procedían “(…) a ampliar las
consideraciones de la apelación presentada ante el Tribunal

9
Según se desprende del archivo128.pdf.Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
10
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
11
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
12
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

Administrativo de Sucre, con el fin de respetar el principio de congruencia
estimatoria del recurso”13.

5.3. El 2 de mayo de 2022 el expediente ingresó a despacho14.

5.4. De otro lado, por auto del 15 de noviembre de 2022, el ponente de
la presente decisión resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
parte solicitante en contra del numeral segundo del auto proferido el 2 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó una
solicitud de exclusión probatoria y el decreto de unas pruebas, en el
sentido de confirmarlo. Allí se explicó lo siguiente 15:

“[…] En el asunto bajo examen, la parte solicitante de la pérdida de
investidura interpuso recurso de apelación en contra del numeral
segundo del auto proferido el 2 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Sucre que negó la exclusión probatoria y el decreto
de unas pruebas que fueron pedidas para sustentar la mencionada
solicitud de exclusión probatoria.

(…)

Para ello, esta Sala Unitaria se detendrá en (i) la regla constitucional
de exclusión probatoria; (ii) los derechos fundamentales al debido
proceso y al debido proceso probatorio y, por último, analizará (iii) el
caso concreto.

(…)

(iii) Caso concreto

En el asunto bajo examen, el Tribunal de instancia, en proveído del 2
de noviembre de 2021, negó la solicitud de exclusión probatoria y el
decreto de las pruebas que fueron pedidas para fundamentar tal
pedimento. Lo anterior, dado que el auto del 12 de octubre de 2021,
mediante el cual fueron incorporadas y decretadas las pruebas
solicitadas por las partes, “se encuentra ejecutoriado y la parte actora
guardó silencio al respecto, es decir, no ejerció ningún reproche o

13
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
14
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
15
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 01. Notificado por el estado el 18 de
noviembre de 2022.

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contradicción dentro de la oportunidad procesal correspondiente”;
agregó que la discusión sobre la alteración de la prueba documental
debió plantearse en oportunidad, a través de la tacha de falsedad; y,
por último, indicó que la alteración de una prueba documental no
conlleva a que la prueba sea ilícita o ilegal.

La parte solicitante de la pérdida de investidura interpuso recurso de
apelación y alegó que la solicitud de exclusión probatoria debió
examinarse integralmente por cuanto no existe en el ordenamiento
jurídico una norma que disponga un término preclusivo para la regla
de exclusión de la prueba y, en esa misma línea, anotó que dicha regla
no está supeditada a la oportunidad para controvertir el material
probatorio. Finalmente, reiteró la argumentación en la que
fundamentó la petición de exclusión probatoria.

Por consiguiente, lo que debe resolverse es si, tal como lo alega el
recurrente, hay lugar a excluir la prueba allegada por los concejales
acusados en la contestación de la demanda, consistente en una
captura de pantalla “con la que se pretende acreditar el hecho de
haber publicado con fines de agotamiento de recursos en sede
administrativa, la conformación de la terna definitiva de los aspirantes
al cargo de contralor municipal de Sincelejo, período 2020 – 2021”, y
si era procedente decretar las pruebas que solicitó y allegó para
fundamentar la exclusión de la prueba.

Al respecto, la Sala Unitaria advierte que la prueba que viola el debido
proceso constitucional puede ser excluida en cualquier momento
procesal; sin embargo, acorde con el artículo 29 Superior y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional señalada en precedencia, en
este evento, la prueba que el recurrente alega debe ser excluida no
vulnera el derecho al debido proceso constitucional.

Lo anterior, dado que la prueba que afecta el debido proceso
constitucional es, como lo señala el artículo 29 Superior, la obtenida
con violación del debido proceso. Valga indicar entonces que, vulnera
el debido proceso constitucional la prueba que: 1.- se obtiene con
violación de derechos humanos, como la confesión que se hace bajo
tortura; 2.- o se valora, no obstante prohibición procesal, como la que
acredita el matrimonio con testimonios; 3.- o se solicita
inoportunamente y se decreta y aprecia.

En este caso, la parte actora no argumentó, ni es posible desprender
de lo expuesto en la solicitud de exclusión probatoria, que la aludida
captura de pantalla haya sido obtenida vulnerando otros derechos
fundamentales; además, la prueba atacada por el recurrente fue
allegada oportunamente por el apoderado de los concejales acusados
con la contestación de la solicitud de pérdida de investidura y, por ello,
fue decretada en el auto del 12 de octubre de 2021, no obstante lo
cual no fue objeto de reproche o tacha de alguna naturaleza.

Lo anterior significa entonces que la prueba aportada por el
demandado, y que el demandante y aquí recurrente manifiesta es

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ilegal y debe ser excluida, no tiene el carácter de tal, en los términos
del artículo 29 de la Constitución Política, pues no se obtuvo violando
derechos fundamentales ni con ella se pretende probar algo que el
legislador ha previsto que solo puede ser probado de determinada
manera, y además fue allegada al proceso en la oportunidad y forma
debidas. Que el demandante, ahora extemporáneamente, considere
que es una prueba que debe ser excluida porque está alterada, es un
asunto que debió alegar oportunamente dentro del proceso, teniendo
en cuenta que debe pronunciarse en las oportunidades procesales que
se le otorgan con ese propósito para mantener el equilibrio entre las
partes en el proceso y respetar el derecho a la defensa.
(…)

Resta por indicar por la Sala Unitaria que el mérito probatorio de la
captura de pantalla, así como de las demás pruebas obrantes en el
proceso, será determinada en la sentencia, al constituir el momento
procesal en el que deben valorarse los elementos de convicción que
reposan en el expediente. Al respecto, el artículo 187 del CPACA
establece: (…).

[…]”. (subrayas originales en la providencia)

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200016, y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12

16
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.

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de marzo 2019 17, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones 18.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que los señores José Gutemberg Macea Gómez, Daniel
Felipe Merlano Porras, Omar Quessep Sierra, Daniela Vergara Guzmán,
Javier de Jesús Ortiz Villa, Américo de la Cruz Donado Redondo, Jesús
David Castilla Cuello, Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Diego Mercado
Sanabria, José David González Villamizar, Ramiro Enrique González
Zabala, Álvaro Alonso Díaz Bohórquez, Manuel Antonio Barrios Pérez y
Derly Sofía Chamorro Salcedo, fueron elegidos concejales del municipio
de Sincelejo, Sucre, para el período constitucional 2020-2023, la parte
actora aportó copia del formulario E- 26 CON 19, elecciones autoridades
territoriales del 27 de octubre de 2019, acta parcial del escrutinio general
concejo.

Así mismo, mediante acta nro. 001 del 2 de enero de 2020 del concejo
municipal de Sincelejo, Sucre, se verifica que tomaron posesión del cargo
los concejales elegidos para el citado período 20.

Por lo tanto, los acusados son sujetos pasivos de la presente acción de
pérdida de investidura.

17
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
18
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
19
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
20
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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3.- Hechos probados:

En el proceso está acreditado lo siguiente:

3.1. Está demostrado que se practicó informe de auditoría modalidad
regular en el mes de julio de 2019 al concejo municipal de Sincelejo,
vigencia 2018, por parte de la contraloría municipal de Sincelejo, y el 26
de julio de 2019 la contralora municipal de Sincelejo, Vivian María
Montaño González, presentó al presidente del concejo municipal de
Sincelejo el “informe final de auditoría regular dictamen integral vigencia
2018”21.

3.2. Según el acta nro. 001 de la sesión del 2 de enero de 2020 del
concejo municipal de Sincelejo, Sucre, sesión pública de instalación del
día del año 2020, se eligieron los dignatarios de la mesa directiva para el
período 2020 a los siguientes concejales 22:

Concejal Américo Donado Redondo, presidente
Concejal Leonardo Fabio Rodríguez, primer vicepresidente
Concejal Derly Chamorro Salcedo, segundo vicepresidente.

3.3. Frente a la elección de la señora Vivian María Montaño González como
contralora municipal de Sincelejo, Sucre, para el período 2020-2021,
consta que:

3.3.1. Mediante la Resolución nro. 2488 del 29 de mayo de 2019,
expedida por el alcalde municipal de Sincelejo, Sucre, se aceptó la
renuncia voluntaria e irrevocable del contralor municipal de Sincelejo,

21
Archivo 001.Escritodemanda.pdf. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
22
Archivo 034.contestacióndemanda.anexo1.pdf.Visto en el índice 2 de la Sede
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00113 02.

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Sucre, presentada por el señor Mauricio Andrés Hernández Ibáñez, y se
designó de manera provisional a partir del 31 de mayo de 2019 a la señora
Vivian María Montaño González 23.

3.3.2. Después de fijar las reglas generales, los criterios de selección y
evaluación, así como el cronograma de la convocatoria pública para la
elección del cargo de contralor municipal de Sincelejo para el período
2020-2021 a través de la Resolución nro. 103 del 20 de noviembre de
2019 24, los puntajes de evaluación de hoja de vida dentro de la
convocatoria pública por medio de la Resolución nro. 133 del 23 de
diciembre de 2019 25, y los resultados definitivos de la evaluación de las
hojas de vida de los aspirantes al cargo de contralor municipal de
Sincelejo para el período 2020-2021, Resolución nro. 139 del 27 de
diciembre de 2019 26, se conformó la terna para el cargo de contralor
municipal de Sincelejo, Sucre, período 2020-2021.

3.3.3. Según acta nro. 007 del 10 de enero de 2020 del concejo municipal
de Sincelejo, Sucre, en dicha fecha se eligió como contralora municipal de
Sincelejo, período 2020-2021, a la señora Vivian María Montaño, quien ya
fungía como contralora encargada. En el orden del día figuran como
asistentes los siguientes concejales 27:

23
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
24
Archivo 037contestacióndemanda.Anexo4.pdf.Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021
00113 02.
25
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
26
Ibídem.
27
Archivo036.Contestación.Demanda.Anexo3.pdf.Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021
00113 02.

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Así mismo, en el punto de elección de contralor municipal consta 28:

”[…] El sr. Presidente anuncia que la elección tercera en el día de hoy
que la concerniente (sic) a la elección de contralor municipal y que ya
fueron entrevistados aquí se daba cumplimiento a lo establecido en el
cronograma de actividades de la resolución 103 del 20 de noviembre
de 2019 y da inicio a las votaciones para el cargo de contralor
municipal las cuales eran secretas según lo establecido en el artículo
3 de la ley 14/31 de 2011.

(…)

Continúa el honorable concejal Jader Acosta quien reitera que sólo
quiere ser (sic) extensiva al igual que los otros ternados la joven
Vivian a su vez trabajó en la contraloría, es contralora, hay sentencias
que declaran inexequibles el tema del encargo ella viene de ocupar un
cargo de director que está inmerso o me causa la duda y por eso
quiero dejarlo sentado sobre el nivel ejecutivo.

Interpela el señor Presidente al honorable concejal Jader Acosta y le
dice que sigue argumentando su voto usted no va a votar y el
reglamento es claro en el sentido que usted no puede ni ninguno de
los concejales ni yo como presidente podemos argumentar el voto
entonces se le agradezco (sic) que hagamos uso del reglamento y no
sigamos argumentando el voto.

El sr. Presidente ordena que por secretaría se entreguen los tarjetones
a los honorables concejales y le recuerda nuevamente que todo este
proceso ha surtido lo normado y según lo reglado y lo establecido en
la Constitución Política (…).

El sr. Presidente procede con la votación para el contralor municipal
de Sincelejo y se nombra una comisión escrutadora (…) y pide a los

28
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

honorables concejales que consignen sus tarjetones en la urna y le
pide a los H. concejales de comisión escrutadora que hagan el conteo
de los votos y posterior verificación de que candidato fueron
consignado esos votos y le dan lectura, el H. Concejal José David
González hace el conteo de votos anunciando que 16 votos para igual
número de votantes. El señor presidente anuncia que hay 3 votos en
blanco y 13 votos fueron para la Dra. Vivian María Montaño, el señor
presidente pide nuevamente a la comisión escrutadora verificar
nuevamente la votación.

Interpela el H. concejal José David González quien fue escogido para
la verificación de la votación anuncia que hay 13 votos para la Dra.
Vivian María Montaño González, 3 votos en blanco y anuncia a la
plenaria que queda elegida como Contralora Municipal de Sincelejo la
Dra. Vivian María Montaño González.

El señor presidente procede a tomar el juramento a la nueva
contralora del Municipio de Sincelejo (…).

[…]”.

3.3.4. Se aportó copia del Decreto nro. 494 del 10 de agosto de 2020,
“Mediante la cual se da cumplimiento a lo decretado por el Tribunal
Administrativo de Sucre y se designa provisionalmente al contralor
municipal de Sincelejo”, en cuya parte resolutiva se indicó 29:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Désele cumplimiento a lo decretado por
el Honorable Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso 70-
001-23-33-000-2020-00035-00, mediante auto de fecha 13 de marzo
de 2020, que declaró la suspensión provisional de los efectos del acto
que declaró la elección de la señora VIVIAN MARÍA MONTAÑO
GONZÁLEZ en el cargo de Contralor Municipal de Sincelejo, período
2020- 2021, consignada en el Acta No. 007 del 10 de enero de 2020
del Concejo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Desígnese provisionalmente en el cargo de
Contralor Municipal de Sincelejo al funcionario JOSÉ GUILLERMO
ROJAS BARRETO, (…) quien deberá empezar a ejercer el cargo a partir
del día diez (10) de agosto de 2020 y hasta tanto continúe suspendido
el acto administrativo que declaró la elección, o hasta tanto el Tribunal
Administrativo de Sucre resuelva de fondo la nulidad del mismo o
hasta que se realice la elección de un nuevo contralor según los
términos de ley.
[…]”.

29
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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3.3.5. Se allegó copia de la sentencia de primera instancia proferida el 14
de abril de 2021 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Sucre, mediante la cual declaró la nulidad de la elección de la señora
Vivian Montaño González en el cargo de contralor municipal de Sincelejo,
período 2020-2021, consignada en el acta nro. 007 del 10 de enero de
2020 del concejo municipal de Sincelejo, Sucre 30.

4.- Análisis de la Sala

4.1. Cuestión previa

La Sala comenzará por señalar que no examinará el contenido del
memorial radicado por correo electrónico el 21 de abril de 2022 por los
recurrentes, en el que manifestaron que procedían “(…) a ampliar las
consideraciones de la apelación presentada ante el Tribunal
Administrativo de Sucre, con el fin de respetar el principio de congruencia
estimatoria del recurso”31.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:

El término para interponer y sustentar el recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia es dentro de los diez días siguientes
a los de la notificación, ante la autoridad judicial que profirió la decisión 32.

30
Archivo 025.sentenciaPrimerainstancia.Contralora.20210805.pdf. Visto en el índice 2
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23
33 000 2021 00113 02.

31
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
32
Lo anterior de acuerdo con lo señalado por el numeral primero del artículo 14 de la
Ley 1881 de 2018, en concordancia con el numeral primero del artículo 247 del CPACA.

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En este evento, como se observa en el expediente digital 33, la sentencia
de primera instancia fue notificada a las partes el 10 de febrero de 202234
y el recurso de apelación fue interpuesto por la parte actora el 21 de
febrero de 202235 .

En el informe suscrito el 28 de febrero de 2022 por el secretario del
Tribunal Administrativo de Sucre se dejó la siguiente constancia 36:

“[…] Informando que la sentencia proferida el 2 de febrero de 2022
fue debidamente notificada a las partes mediante envio de mensaje a
los correos electrónicos de accionados o apoderados el día 10 de
febrero de 2022.

Los términos para interponer recurso de apelación contra la decisión
de fondo transcurrieron entre el día 11 y el 24 de febrero de 2022.

El día 21 de febrero de 2022 dentro del término los actores
presentaron escrito interponiendo recurso de apelación// Para
estudiar concesión de recurso interpuesto.

[…]”.

Por lo tanto, se tiene que el escrito radicado por correo electrónico el 21
de abril de 2022 por los recurrentes no fue presentado en la oportunidad
procesal correspondiente. A lo que cabe agregar que, aunque el recurso
de apelación fue radicado y sustentado en tiempo, esto no implica que de
manera posterior el interesado pueda ampliar la sustentación, por cuanto
ello desconoce el derecho de defensa y el equilibrio procesal entre las
partes.

33
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
34
Archivo122.NotificaciónSentencia.pdf.Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
35
Archivo123.RecibidoRecursoApelación.pdf. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113
02.

36
Archivo125.PasoConcederApelación.pdf. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
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4.2. El caso concreto

Se le atribuyó a los concejales acusados la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 del 2 de
junio de 1994 37 y en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 del 6 de
octubre de 200038, los cuales disponen:

El numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994:

“ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL.
Los concejales perderán su investidura por:

(…)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de
conflicto de intereses.

[…]”.

A su turno, el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, establece:

“ARTICULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto
de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”.

El conflicto de intereses se ha definido “como aquella conducta en que
incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que,

37
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.
38
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”.

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movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general,
sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia
de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero
y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la
pugna entre los intereses propios de la función y los particulares
del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera
honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e
imparcial”39. (negrillas en la providencia).

Como lo ha explicado esta Sección en diversas oportunidades, la causal
de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de
intereses busca dar cumplimiento al mandato previsto en el artículo 133
de la Constitución Política, según el cual, constituye un imperativo de los
miembros de los cuerpos colegiados de elección popular actuar
consultando la justicia y el bien común y, en esa medida, resulta exigible
que, cuando exista colisión entre el interés general con el particular o
privado que pueda tener un servidor público sobre un asunto que deba
conocer, manifieste de manera oportuna dicha situación mediante la
declaratoria de su impedimento, pues no hacerlo compromete el ejercicio
transparente, probo y ponderado del ejercicio de la función pública que
están llamados a cumplir en la democracia 40.

La Sala destaca que el Tribunal de instancia denegó la desinvestidura de
los acusados por considerar que no estaban reunidos los presupuestos del
elemento objetivo para la estructuración de la causal de conflicto de

39
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-
000-2005-00068-00(IJ), cita extractada de sentencia del 2 de abril de 2018, Sala
Dieciocho (18) Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. C.P. Oswaldo Giraldo
López. Expediente radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00.
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 18 de marzo de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 85001 23 33 000 2020 0016 02.

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intereses, y, a su vez, la parte recurrente argumenta que los acusados
con la elección de la contralora pretendían “(…) evitar que las autoridades
competentes conocieran el comportamiento disciplinable y fiscal de los
electores de la contralora elegida, quien los auditó en cuanto el manejo
presupuestal y contractual, denunciando hallazgos administrativos y
disciplinarios en contra de sus electores. Esta impunidad que benefició a los
concejales que asistieron a la sesión, generó el interés en su decisión de
asistir, conformar el quórum y votar”.

En consecuencia, para resolver los argumentos de la parte recurrente, la
Sala se detendrá en los requisitos que deben estar cumplidos para la
configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
de conflicto de intereses y de estar acreditados descenderá al estudio del
elemento subjetivo de la conducta de los acusados.

Siguiendo decisiones de la Sala Plena de esta Corporación, esta Sección
ha explicado cuales presupuestos deben estar cumplidos para que se
configure la causal de conflicto de intereses 41:

(i) Tener los acusados la calidad de concejal.

(ii) Existir un interés directo, particular y concreto de los acusados o de
las personas que señala la ley 42 distinto al propio de la función pública o
al que le asiste a la comunidad en general, que le impida participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.

(iii) La no manifestación de impedimento frente al asunto que es motivo

41
Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P.
Oswaldo Giraldo López. Sentencia del 1 de febrero de 2018. Expediente radicación nro.
66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de mayo de 2019.
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 05001-23-31-000-
2017- 02538- 01 (PI).
42
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio
o socios de derecho o de hecho.

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de decisión.

(iv) Haber conformado el quorum o participado los concejales el debate o
votación del asunto, y,

(v) Que su participación tenga lugar en un asunto de conocimiento
funcional de la corporación.

Examinados en el caso, se tiene:

a) En cuanto a la calidad de concejales de los acusados: está
acreditado que los señores José Gutemberg Macea Gómez, Daniel Felipe
Merlano Porras, Omar Quessep Sierra, Daniela Vergara Guzmán, Javier
de Jesús Ortiz Villa, Américo de la Cruz Donado Redondo, Jesús David
Castilla Cuello, Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Diego Mercado
Sanabria, José David González Villamizar, Ramiro Enrique González
Zabala, Álvaro Alonso Díaz Bohórquez, Manuel Antonio Barrios Pérez y
Derly Sofía Chamorro Salcedo, fueron elegidos concejales del municipio
de Sincelejo, Sucre, para el período constitucional 2020-2023 y que
tomaron posesión del cargo.

b) La concurrencia de un interés directo, particular o inmediato en
cabeza de los concejales distinto al propio de la función pública
que le impidiera participar en el asunto sometido a consideración:

Se le endilga a los acusados que tenían un interés directo, particular e
inmediato para participar y votar en la elección como contralora de la
señora Vivian Montaño González, para el período 2020- 2021, toda vez
que sabían que se practicó una auditoría al concejo municipal de Sincelejo
en la vigencia 2018, en el que dicha funcionaria fungía como contralora
encargada y con ello pretendían evitar que las autoridades competentes
conocieran el comportamiento disciplinable y fiscal de los electores de la

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contralora elegida, quien los auditó en cuanto el manejo presupuestal y
contractual, denunciando hallazgos administrativos y disciplinarios en
contra de sus electores.

Específicamente frente a cada uno de los acusados se afirma:

• En relación con los concejales Daniel Felipe Merlano Porras, Javier de Jesús
Ortíz Villa, Américo de la Cruz Donado Redondo, Diego Mercado Sanabria,
José David González Villamizar, se argumentó que, dentro de los hallazgos
encontrados en la auditoría practicada en la vigencia 2018, algunos tenían
incidencia disciplinaria y los afectaba porque tenían la calidad de
concejales para ese año y resultaron reelegidos para el período 2020-
2023.

• Frente a los concejales Ramiro González Zabala, Daniela Vergara Guzmán,
Omar Quessep Sierra, Manuel Antonio Barrios Pérez y Jesús David Castilla
Cuello, adujeron que los hallazgos con incidencia disciplinaria y
administrativa afectaron a exconcejales municipales de Sincelejo del
período 2016-2019 que no aspiraron a mantener su curul, pero en su lugar,
los primeros resultaron elegidos y son sus parientes en primer y segundo
grado de consanguinidad.

Lo anterior, dado que Ramiro González Zabala es padre de la exconcejal de
Sincelejo Lisseth Paola González Oviedo; Daniela Vergara Guzmán es
hermana del exconcejal de Sincelejo Sebastian Vergara Guzmán; Omar
Quessep Sierra es hermano de la exconcejal de Sincelejo Yulieth Oñate
Sierra; Manuel Antonio Barrios Pérez es hijo del exconcejal de Sincelejo
Manuel de Jesús Barrios Gil y Jesús David Castilla Cuello es hermano del
exconcejal Jader Castilla Cuello.

• Frente a los concejales Américo Donado Redondo, Leonardo Fabio
Rodríguez Oviedo, Derly Sofía Chamorro Salcedo y Álvaro Díaz Bohorquez,

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que conformaron la mesa directiva en el primer período de sesiones
ordinarias de 2020-2021 y no se declararon impedidos, cuando
mantuvieron un interés directo, personal y moral, en “(…) el alterar
ilegalmente el proceso de elección del contralor de esta ciudad, con la
finalidad de mantener fuera de cualquier control interno, los manejos
presupuestales o recursos trasladados al concejo municipal”.

Para efectos de determinar si existía un interés directo, particular o
inmediato en cabeza de los concejales acusados, la Sala advierte que, en el
proceso de pérdida de investidura, está acreditado lo siguiente:

• Se practicó un informe de auditoría modalidad regular en el mes de julio
del año 2019 al concejo municipal de Sincelejo, durante la vigencia 2018,
por parte de la contraloría municipal de Sincelejo, y el 26 de julio de 2019
la contralora municipal de Sincelejo, Vivian María Montaño González,
presentó al presidente del concejo municipal de Sincelejo el “informe final
de auditoría regular dictamen integral vigencia 2018”, en el que, entre
otros aspectos, consta 43:

”[…] CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

En desarrollo de la presente auditoría y como resultado del proceso se
originaron nueve (09) observaciones administrativas, de las cuales
dos (02) tienen incidencia disciplinaria.

Concepto sobre fenecimiento

Con base en la calificación total de 90.0 puntos arrojada por la matriz
empleada para este tipo de procesos auditores, la Contraloría
Municipal de Sincelejo emite un concepto FAVORABLE sobre la
evaluación de la Gestión Fiscal del Concejo Municipal de Sincelejo para
el período correspondiente a la vigencia 2018, lo que significa que la
cuenta fiscal de la entidad FENECE.

(…)

43
Archivo001EscritoDemanda.pdf.páginas 71 a 136. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021
00113 02.

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HALLAZGO Nro. 1

CONNOTACIÓN: Administrativo.

CONDICIÓN: El Concejo Municipal de Sincelejo adoptó mediante la
Resolución nro. 109 del 08 de octubre 2018 el manual para el manejo
y control e bienes, observándose que no se está llevando a cabo el
ingreso material y real de un bien o elemento al almacén de la entidad,
circunstancia que generan (sic) poca transparencia.

(…)

HALLAZGO Nro. 2

CONNOTACIÓN: Administrativo con incidencia disciplinaria

CONDICIÓN: El Concejo Municipal de Sincelejo, durante la vigencia
fiscal 2018, publicó en forma extemporánea los contratos en el portal
(SECOP), inobservando con ello, las disposiciones establecidas en la
ley.

(…)

CAUSA: corresponde a la posible negligencia por parte de la entidad
en cuanto a la publicación en el SECOP.

Así las cosas, debe ser incluido en su plan de mejoramiento y lo
correspondiente a la posible falta disciplinaria será remitida al órgano
competente para los fines pertinentes.

(…)

HALLAZGO Nro. 3

CONNOTACIÓN: Administrativo

CONDICIÓN: Los aportes a la seguridad social efectuados por los
contratistas bajo número de contrato CMS- PSP No. 001- 2018, CMS
MC No. 007-2018 y CMS- MC -004 2018 fueron cancelados tomando
como base un valor menor, por consiguiente, el importe pagado no
corresponde al valor exigido por la ley.

(…)

HALLAZGO Nro. 4

CONNOTACIÓN: Administrativo

CONDICIÓN: una vez retirados los expedientes contractuales de la
vigencia 2018 efectuados por el concejo municipal, se denota la falta
de organización, no se encuentran foliados y en su orden cronológico

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(…)

HALLAZGO No. 5

CONNOTACIÓN: Administrativo

CONDICIÓN: se evidenció que el Concejo Municipal de Sincelejo no ha
realizado la debida actualización de los bienes y equipos, de igual
forma falta control en la clasificación e identificación con el código
respectivo, existen bienes muebles que se encuentran en estado de
deterioro, que aún no han sido dados de baja, para su respectiva
destinación final, sobrestimando la propiedad, planta y equipo, lo
anterior se debe a la implementación del manual para el manejo y
control de bienes.

(…)

HALLAZGO No. 6

CONNOTACIÓN: Administrativo

CONDICIÓN: se evidenció que el concejo municipal no ha dado la
aplicabilidad en lo que respecta a la ley del funcionamiento del control
interno en las entidades, lo que no permite un correcto cumplimiento
de los procesos de la entidad. Además, a pesar de existir en su planta
de personal la figura de control interno aún no ha sido nombrado el
funcionario que cumplirá directamente estas funciones.

(…)

HALLAZGO No. 7

CONNOTACIÓN: Administrativo

CONDICIÓN: El Concejo Municipal de Sincelejo no ha creado el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño que exige MIPG, no ha hecho la
integración de los planos exigidos a través de actos administrativos,
igualmente no ha ejecutado en su totalidad los planes institucionales
y estratégicos necesarios para la aplicación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión vigencia 2018.

(…)

HALLAZGO No. 8

CONNOTACIÓN: Administrativo

CONDICIÓN: El Concejo Municipal de Sincelejo no ha iniciado la
ejecución de los procesos de Gobierno en línea, así como de su plan
estratégico de tecnologías de la información, plan de seguridad y
privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgo de

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seguridad y privacidad de la información adoptados en la vigencia
2018.

(…)

HALLAZGO Nro. 9

CONNOTACIÓN: Administrativo con incidencia disciplinaria

CONDICIÓN: Las notas de los estados financieros no brindan los
elementos necesarios para ser leídos y comprendidos en forma clara
por cualquier usuario. Ellas permiten entender las cifras expresadas
en los Estados Financieros. Por consiguiente, la dependencia de
contabilidad debe generar información de acuerdo a los parámetros
establecidos”.

(…)

CAUSA: Desatención en la elaboración de las notas de los Estados
Financieros.

[…]”. (negrillas originales)

• Mediante oficio CF nro.120/19 del 2 de agosto de 2019, suscrito por el
director de control fiscal de la contraloría municipal de Sincelejo, Sucre,
se dio traslado a la personera del mismo municipio de los presuntos
hallazgos con incidencia disciplinaria, en el que se indicó44:

”[…] 1. GENERALIDADES DEL HALLAZGO DISCIPLINARIO

(…)

1.2. Período Evaluado: Desde 01 de enero de 2018. Hasta: 31 de
diciembre de 2018.

1.3. Hallazgo

CONNOTACIÓN: Administrativo con incidencia disciplinaria

CONDICIÓN: Las notas de los estados financieros no brindan los
elementos necesarios para ser leídos y comprendidos en forma clara
por cualquier usuario. Ellas permiten entender las cifras expresadas
en los Estados Financieros. Por consiguiente, la dependencia de

44
Archivo027.Contestación20210805.pdf.DemandaEscritoDemanda.pdf.página 34 de
124. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

contabilidad debe generar información de acuerdo a los parámetros
establecidos.

(…)

PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS

Nombre Cé Cargo Dirección de Telé
dula Residen fono
cia
Betty Margarita (…) Contador (…) (…)
Salom Herrera

(…)

1. GENERALIDADES DEL HALLAZGO DISCIPLINARIO

(…)

1.2. Período Evaluado: Desde 2018. Hasta: 2018

1.3. Hallazgo

OBSERVACIÓN NRO. 2

CONNOTACIÓN: Administrativo con incidencia disciplinaria

CONDICIÓN: El Concejo Municipal de Sincelejo, durante la vigencia
fiscal 2018, publicó en forma extemporánea los contratos en el portal
(SECOP), inobservando con ello, las disposiciones establecidas en la
ley.

(…)

5. PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS FALTAS
DISCIPLINARIAS

Nombre Cé Cargo Dirección de Telé
dula Residen fono
cia
ANDREA (…) Contratista (…) (…)
CATALINA
VELASCO MEJÍA

[…]”.

• Con ocasión del precitado informe de auditoría, en la fecha del 17 de
noviembre de 2020, el señor Elkin Monterroza Gómez dirigió derecho de
petición a la Procuradora Regional Sucre, en el que señaló que en el mes

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

de julio de 2019 la contraloría municipal de Sincelejo había notificado al
presidente del concejo de la misma ciudad el resultado del informe de
auditoría, modalidad regular, practicada sobre los manejos financieros,
contractuales y laborales de esa Corporación, y en el referido informe se
habían señalado hallazgos de tipo disciplinario en contra de la entidad
auditada, por lo que solicitaba responder, dentro de sus competencias 45,
lo siguiente, petición que fue reiterada el 21 de enero de 202146:

”[…] (i) si la contraloría municipal de sincelejo compulsó copias a la
procuraduría regional de Sucre, entre los referidos años 2019-2020
para indagar disciplinariamente a los concejales de esta ciudad, como
consecuencia de los hallazgos disciplinarios puestos en evidencia en
la auditoría practicada en el mes de julio de 2019, (ii) si, la
procuraduría regional de Sucre ha iniciado alguna indagación o
investigación de carácter disciplinario en contra de los concejales de
esta ciudad, ante el traslado y/o denuncia a que se encuentra obligada
la contraloría municipal de Sincelejo por los hallazgos presentados en
la mentada auditoría.

OBJETO DE LA PETICIÓN

La respuesta a esta petición será enviada a la Fiscalía General de la
Nación – unidad especializada contra la corrupción, en la ciudad de
Bogotá, como prueba de los posibles delitos cometidos en desarrollo
de la elección de la contraloría municipal de Sincelejo período 220 (sic)
– 2021”.

[…]”.

Mediante oficio nro. 127 del 28 de enero de 2021, la Procuradora Regional
de Sucre, dio respuesta al señor Elkin Monterrosa en los siguientes
términos47:

”[…] Le comunico que su derecho de petición fue involuntariamente
acumulado en el expediente a las quejas contra el Concejo de
Sincelejo, no obstante, una vez conocida por el despacho su petición
le respondo a la primera pregunta: revisado el sistema de información
misional por parte del funcionario asignado, no se encontró radicado

45
Archivo001EscritoDemanda.pdf.páginas 140 a 141. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021
00113 02.
46
Archivo001EscritoDemanda.pdf.página 141. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.
47
Archivo001EscritoDemanda.pdf.página 143. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

de compulsa de copias de la Contraloría Municipal por hallazgos
disciplinarios contra los concejales de Sincelejo.

A la segunda pregunta respondo: No se encontró radicado alguno que
indique se haya iniciado indagación o investigación disciplinaria alguna
por el motivo señalado.

[…]”.

• Por oficio nro. RF nro. 92/21 del 30 de julio de 2021, suscrito por el
director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la contraloría
municipal de Sincelejo, se dio respuesta a Daniela Vergara Guzmán al
derecho de petición formulado 29 de julio de 2021, en el que indicó lo
siguiente48:

“[…] Si los Honorables Concejales que a continuación relaciono, han
sido objeto de investigación de responsabilidad fiscal alguna desde el
momento que fue creado dicho órgano de control, hasta el dia de hoy,
en caso cierto, nos indique número de radicado y estado del proceso,
aun aquellos que hayan sido archivado.

1. DERLY SOFIA CHAMORRO SALCEDO, identificada (…)
2. JAVIER DE JESUS ORTIZ VILLA, identificado (…)
3. DANIELA VERGARA GUZMÁN identificada (…)
4. DIEGO MERCADO SANABRIA identificado (…)
5. JOSE DAVID GONZALEZ VILLAMIZAR, identificado (…)
6. OMAR QUESSEP SIERRA, identificado (…)
7. LEONARDO FABIO RODRIGUEZ OVIEDO (…)
8. JESUS DAVID CASTILLA CUELLO, identificado (…)
9. AMERICO DE LA CRUZ DONADO REDONDO identificado
10.ALVARO ALONSO DIAZ BOHORQUEZ, identificado (…)
11. RAMIRO ENRIQUE GONZALEZ ZABALA identificado (…)
12.MANUEL ANTONIO BARRIOS PEREZ identificado (…)

A lo cual se procede a responder de la siguiente manera:

Sea lo primero advertir que el proceso de responsabilidad fiscal cuenta
con dos formas para adelantarse, una a través del procedimiento
ordinario, el cual comienza formalmente con la expedición del auto de
apertura de investigación de Responsabilidad Fiscal, y el
procedimiento verbal, el cual comienza formalmente con la expedición
del auto de apertura, o el auto de apertura e imputación de
Responsabilidad fiscal, es decir que, las indagaciones preliminares en
estricto sentido, no hace parte integral del mismo.

48
Archivo027.ContestaciónDemanda.20210805.pdf.página 92 de 124. Visto en el índice
2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23
33 000 2021 00113 02.

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40

Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

Con fundamento a lo anterior, una vez verificada la base de datos que
reposa en el área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, se
evidenció que en la actualidad no cursa algún proceso de
responsabilidad fiscal vigente en contra de los Honorables Concejales
anteriormente mencionado (sic).

[…]”.

En consecuencia, conforme con lo aquí demostrado y teniendo en cuenta
los fundamentos por lo que se les endilga a los acusados que incurrieron
en la causal de pérdida de investidura, la Sala advierte que no está
acreditada la configuración de un interés directo, particular o inmediato
en la participación y elección como contralora de la señora Vivian Montaño
González para el período 2020-2021, por las razones que pasan a
explicarse:

• Respecto de los concejales Daniel Felipe Merlano Porras, Javier de Jesús
Ortíz Villa, Américo de la Cruz Donado Redondo, Diego Mercado Sanabria y
José David González Villamizar, se afirmó que, dentro de los hallazgos
encontrados en la auditoría practicada al concejo municipal de Sincelejo,
Sucre, en el año 2018, por parte de la contraloría del mismo municipio,
mientras fungía como contralora encargada la señora Vivian Montaño
González, algunos tenían incidencia disciplinaria que los afectaba debido
a que resultaron reelegidos como concejales para el período 2020-2023.

Sobre el particular, se deduce que, aunque se aportó copia de los
formularios E- 26 CON49, elecciones autoridades territoriales del 25 de
octubre de 2015, acta parcial del escrutinio municipal elecciones de
concejo, en los que se acredita que resultaron elegidos como concejales
del municipio de Sincelejo, Sucre, para el período 2016-2019, no está
evidenciado que los hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria
encontrados en la auditoría practicada en el año 2018 los haya cobijado,

Archivo 001.EscritoDemanda.pdf.página69Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
49

para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23 33 000 2021 00113 02.

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Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

comoquiera que, como se estableció en líneas precedentes, tales
hallazgos tuvieron como presuntos responsables disciplinarios, uno de
ellos a la contadora, y el otro, a una contratista de la Corporación, de tal
manera, que no es posible indicar que hayan tenido repercusiones en los
acusados. A lo que cabe agregar que, conforme está acreditado, los
hallazgos fueron de naturaleza disciplinaria, no fiscal, ni derivó en un
proceso de responsabilidad fiscal en contra de los acusados.

Por consiguiente, no se observan las razones por las cuales los concejales
mencionados debieran apartarse de participar y votar en la elección de la
contralora, dado que no está probado que se haya iniciado una
investigación de naturaleza fiscal en su contra.

• Frente a los concejales Ramiro González Zabala, Daniela Vergara Guzmán,
Omar Quessep Sierra, Manuel Antonio Barrios Pérez y Jesús David Castilla
Cuello, de quienes se afirma tenían un interés directo, particular o
inmediato distinto al propio de la función pública que les impedía
participar en la elección de la señora Vivian Montaño González como
contralora municipal de Sincelejo para el período 2020- 2021, debido a
que los hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria afectaron a
exconcejales municipales de Sincelejo del período 2016-2019 que no
aspiraron a mantener su curul, pero en su lugar resultaron ellos elegidos y
son parientes en primer y segundo grado de consanguinidad:

La Sala puede arribar a la misma conclusión señalada respecto de los
anteriores concejales acusados, dado que no se demostró que los hallazgos
administrativos con incidencia disciplinaria encontrados con ocasión de la
auditoría practicada al concejo municipal de Sincelejo, en la modalidad
regular, sobre la vigencia presupuestal 2018, y el manejo de los recursos
puestos a disposición del concejo municipal de Sincelejo durante la vigencia
2016- 2019, dirigida por la contralora encargada, señora Vivian Montaño
González, afectara a los ex concejales del citado período.

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Al efecto, se reitera que, por tales hallazgos, se señalaron como posibles
responsables disciplinarias, no fiscales, a las señoras Betty Margarita
Salom Herrera, contadora del concejo, y Andrea Catalina Velazco Mejía,
contratista de la corporación, para lo que es importante destacar, como
lo sostuvo el a quo, que las causales de pérdida de investidura son de
aplicación restrictiva y, por ende, solo de estar acreditado que se hubieran
encontrado hallazgos de tipo fiscal en contra de los concejales o iniciado
procesos de responsabilidad fiscal donde los acusados resultaran
vinculados, es que emanaría el deber objetivo de declararse impedidos
para participar en la elección de la contralora municipal Vivian Montaño
González.

• Por último, respecto de los concejales Américo Donado Redondo,
Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Derly Sofía Chamorro Salcedo y Álvaro
Díaz Bohórquez, que se indica, conformaron la mesa directiva en el primer
período de sesiones ordinarias de 2020-2021, lo primero que se verifica es
que el último de los concejales mencionados, es decir, el señor Álvaro Díaz
Bohórquez no hizo parte de la mesa directiva para el período 2020, lo que
se desprende del acta nro. 001 del 2 de enero de 2020.

Adicionalmente, frente a quienes resultaron elegidos como integrantes de
la mesa directiva, estos son, los concejales Américo Donado Redondo,
Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Derly Sofía Chamorro Salcedo, se afirma
que alteraron “el proceso de elección del contralor”; sin embargo, se trata
de un hecho que debió ventilarse en el proceso de nulidad electoral que
conoció el Tribunal Administrativo de Sucre y culminó con la sentencia de
primera instancia del 14 de abril de 2021, mediante la cual se declaró la
nulidad de la elección de la señora Vivian Montaño González en el cargo

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
Solicitante: Sergio Monterroza y otro.

de contralor municipal de Sincelejo, período 2020-2021 50. En este punto,
valga indicar que, como lo ha explicado esta Sección, “(…) si bien entonces,
la participación en la elección de un contralor que fue retirado del cargo por
encontrarse en causa de inhabilidad puede dar lugar a adelantar un proceso
disciplinario de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002, ello
no configura per se la causal de pérdida de investidura, pues no hay
disposición legal que le atribuya tal alcance”51.

Por lo anotado, la Sala deduce que el interés directo, particular y concreto
no está evidenciado, en la medida en que no se probó por ninguno de los
medios establecidos en la ley que existieran procesos de responsabilidad
fiscal en contra de los acusados con ocasión del informe de auditoría
practicado por la contraloría municipal de Sincelejo durante el año 2018,
período en el que fungió como contralora encargada la señora Vivian
Montaño González.

Adicionalmente, se demostró que los hallazgos encontrados con ocasión
de la referida auditoría fueron de tipo disciplinario y no fiscal, y los
presuntos responsables no eran los acusados ni los parientes indicados
en el escrito de pérdida de investidura.

En conclusión, la Sala estima que no había lugar a que los acusados
manifestaran impedimento para votar en la sesión llevada a cabo por el
concejo municipal en la fecha del 10 de enero de 2020 convocada, entre
otros puntos, para elegir al contralor municipal de Sincelejo, Sucre, en
donde resultó electa la señora Vivian Montaño González, o que les
impidiera conformar el quorum para participar en el debate y votación del

50
Archivo 025.sentenciaPrimerainstancia.Contralora.20210805.pdf. Visto en el índice 2
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 70001 23
33 000 2021 00113 02.
51
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 8 de febrero de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 47001
23 33 000 2017 00081 01.

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mismo, máxime cuando dicha participación tuvo lugar en un asunto de
conocimiento funcional de la corporación, ya que el artículo 272 de la
Constitución Política le asigna a los concejos municipales la atribución de
elegir al contralor municipal 52.

Por lo señalado y sin ser necesario analizar el elemento subjetivo de la
conducta de los acusados, la Sala confirmará la decisión proferida por el
Tribunal de instancia, puesto que, contrario a lo señalado por los
recurrentes, este elemento no es posible analizarlo mientras no estén
cumplidos los presupuestos objetivos de la causal de pérdida de
investidura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FA LLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2022,
por el Tribunal Administrativo de Sucre, que denegó la pérdida de
investidura de los señores José Gutemberg Macea Gómez, Daniel Felipe
Merlano Porras, Omar Quessep Sierra, Daniela Vergara Guzmán, Javier
de Jesús Ortiz Villa, Américo de la Cruz Donado Redondo, Jesús David
Castilla Cuello, Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Diego Mercado
Sanabria, José David González Villamizar, Ramiro Enrique González
Zabala, Álvaro Alonso Díaz Bohórquez, Manuel Antonio Barrios Pérez y

52
El inciso séptimo del artículo 272 de la Constitución Política dispone: “(…) los
contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas
departamentales, concejos municipales y distritales, de terna conformada por quienes
obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley siguiendo los
principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad
de género, para un período de cuatro años que no podrá coincidir con el período del
correspondiente gobernador y alcalde. (…)”.

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00113-02
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Derly Sofía Chamorro Salcedo, en calidad de concejales del municipio de
Sincelejo, Sucre, período constitucional 2020-2023, según las razones
explicadas en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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46

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