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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2021-00226-01

Fecha
28 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2021-00226-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en su lugar, NEGAR, las pretensiones invocadas por Gina del Carmen Hoyos Sierra, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Costas en ambas instancias a cargo de la demandante, por lo dicho en la motivación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 24 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 70001-23-33-000-2021-00226-01 (5902-2024) Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2021-00226-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de octubre de 2025

Radicado: 70001-23-33-000-2021-00226-01 (5902-2024)
Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2021-00226-01 (5902-2024)
Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Tema: Relación laboral encubierta/trabajadora social

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de
25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. Que se declare la nulidad del Oficio S-2019-223617-7000 de 22 de abril de
2019 expedido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que negó la
existencia de una relación laboral encubierta entre el 17 de mayo de 2005 y el 31
de diciembre de 2014.

3. Como consecuencia, solicitó el pago de las acreencias laborales y
prestaciones sociales a que tiene derecho, a saber: i) auxilio de cesantías; ii)
intereses a las cesantías; iii) prima de navidad; iv) prima de vacaciones; v)
bonificación por servicios prestados; vi) dotación por calzado y vestido de labor;
vii) auxilio de transporte.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra

4. Así mismo, reclamó la restitución de los dineros sufragados por retención en
la fuente y de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y
riesgos profesionales, por último, reclamó la indexación de los valores que sean
reconocidos, el reconocimiento de intereses moratorios y que se condene en
costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5. La señora Gina del Carmen Hoyos Sierra prestó sus servicios personales y
remunerados con ocasión de la suscripción continua y sucesiva de múltiples
contratos de prestación de servicios desde el 17 de mayo de 2005 y hasta el 31
de diciembre de 2014 con el objeto de laborar como trabajadora social de la
regional Sucre del ICBF, así mismo, derivada de la prestación de servicios
percibió una remuneración.

6. Las labores desempeñadas no fueron independientes ni autónomas, es decir,
se ejecutaron bajo subordinación, fueron de carácter permanente a las
desempeñadas por las personas que estuvieron vinculadas de manera legal y
reglamentaria; no existió ninguna diferencia entre las actividades realizadas de
manera contractual, dado que la demandante ejerció la misma labor cuando fue
vinculada a la planta de personal mediante la Resolución 0094 de 14 de enero
de 2015.

7. El 29 de marzo de 2019, solicitó a la autoridad administrativa el reconocimiento
de la existencia de una relación laboral por el tiempo en que se desempeñó como
trabajadora social y de las prestaciones sociales que se derivaban de ella; sin
embargo, esta petición fue negada por el Oficio S-2019-223617-7000 de 22 de
abril de 2019.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

8. Señaló la demandante como vulnerados con la expedición del acto
demandado los artículos 1°, 2°, 13, 25, 29, 48, 53 y 83 de la Constitución Política;
la Ley 6ª de 1945; 4ª de 1996; artículos 32 de la Ley 80 de 1993; 15, 17, 18, 20,
22, 23, 128, 157, 161 y 204 de la Ley 100 de 1993; 48-29 de la Ley 734 de 2002;
23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo; 138, 162, y 168 de la Ley 1437 de
2011; 8, 17, 24, 25, 28, 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978; 58 y 59 del Decreto
1042 de 1978; 7 y 25 del Decreto 3135 de 1968; 7º del Decreto 1950 de 1973; 2º
del Decreto 2400 de 1968; Decreto 1950 de 1973.

9. Como concepto de violación señaló que se configuraron los elementos de la
relación laboral subyacente, estos son, la prestación personal del servicio, la
contraprestación y la continua subordinación, afectándose el reconocimiento de
garantías prestacionales y laborales que dejó de percibir por encubrirse los
servicios prestados con una relación de carácter contractual.

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Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra

1.4. Contestación de la demanda

10. El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar no contestó la demanda2.

1.5. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal dictó sentencia el 25 de enero de 2024, mediante la cual declaró: i)

la nulidad parcial del acto demandado, ii) la existencia de la relación laboral
encubierta entre las partes durante los períodos de ejecución de los contratos de
prestación de servicios3. También declaró probada de oficio la excepción de
ineptitud de la demanda por indebida escogencia del medio de control en lo
concerniente a la pretensión de devolución de dineros por concepto de retención
en la fuente, y la excepción de prescripción extintiva del derecho de las
prestaciones sociales causadas entre el 17 de mayo de 2005 a 31 de diciembre
de 2014.

12. En ese sentido, condenó a la entidad a efectuar las cotizaciones en el fondo

de seguridad social en el que estuvo vinculada la actora, durante los lapsos en
los que se desempeñó como contratista4, atendiendo los parámetros indicados
en la parte motiva de la decisión, además, dispuso el cumplimiento de la decisión
en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y no condenó en costas.

13. Para arribar a la anterior decisión, el tribunal corroboró la existencia de los

elementos esenciales de la relación laboral de la siguiente forma:

14. Sobre la prestación del servicio, determinó que en el período de 17 de marzo

de 2005 a 31 de diciembre de 2014 llevó a cabo labores en calidad de trabajadora
social para el apoyo a programas y proyectos de la entidad con el objeto de
garantizar la protección integral a los niños, niñas, adolescentes y las familias,
igualmente, como consecuencia de la labor realizada percibió una remuneración
de acuerdo con la disponibilidad del recurso y previa legalización de la cuenta de
pago.

15. Por otro lado, hizo hincapié en la tacha formulada por la parte demandada

frente a las declaraciones rendidas por las señoras Katya Soto Herazo, Carmen
Ortega Gil y Elena Esther Velilla Rodríguez con ocasión a que presentaron
demandas en contra del ICBF por situaciones similares a las invocadas por la
accionante, al respecto, la tacha fue resuelta desfavorablemente al considerar
que las deponentes fueron coherentes en sus declaraciones sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar acreditadas mediante los contratos de

2 Según consta en informe secretarial visto en el archivo 117 del archivo titulado «001Demanda», expediente

digital, índice 2 de Samai.
3 En efecto, determinó los siguientes lapsos, 17 de marzo al 8 de diciembre de 2005, 30 de marzo al 1 de

septiembre de 2006, 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007, 1 de marzo de 2008 al 30 de junio de 2010,
13 de enero al 13 de julio de 2011, 14 de octubre al 28 de diciembre de 2011, 29 de julio al 29 de noviembre
de 2012 y del 5 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
4 ídem

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prestación de servicios, cuadros de turnos de entrada y salida, mails recibidos
por la demandante, entre otros.

16. Determinó que las labores ejercidas por la señora Gina del Carmen Hoyos

Sierra eran del giro ordinario del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en
el centro zonal Boston de Sincelejo y que en la planta de personal existían
personas efectuando las mismas funciones, del mismo modo, con fundamento
en los cuadros de relación de entrada y salida de servidores públicos del citado
centro zonal con fechas del 3 de diciembre de 2010 y 7 de junio de 2011, dedujo
que la actora firmaba registro de asistencia, es decir, se controlaba el horario de
ingreso y salida de la dependencia.

17. Destacó que conforme a lo observado en los correos electrónicos remitidos los

días 21 de junio de 2019, 2 de julio de 2019 y 4 de abril de 2014, la accionante al
igual que los empleados públicos de la regional Sucre del ICBF, recibía mensajes
generales de exhortación de cumplimiento de horario laboral y compensatorios,
así como, convocatorias a capacitaciones y realización de exámenes, aunque en
ninguno de ellos se hiciera referencia específica a la demandante.

18. Concluyó que conforme a la prueba testimonial: i) el horario y jornada laboral

de la actora era de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a
viernes; ii) recibía órdenes por parte del coordinador zonal; iii) contaba con un
sitio de trabajo en las instalaciones de la autoridad administrativa y iv) recibía
capacitaciones y era evaluada por la entidad demandada en asuntos
relacionados con la obtención de la ciudadanía digital, al igual que a los
servidores de planta.

19. Especificó que la celebración de los contratos de prestación de servicios se

prolongó por más de 9 años, siendo notoria la necesidad del servicio, el cual no
se podía interrumpir derivado de la naturaleza de las funciones ejecutadas, pues,
la labor se encontró dentro de la órbita de la protección de derechos
fundamentales de sujetos de especial protección como lo son las niñas, niños,
adolescentes y familias, denotándose de esa manera el desbordamiento del
término estrictamente indispensable, dado que, los instrumentos contractuales
tenían similitud de objetos y funciones.

20. En los anteriores términos, infirió que se afectó la independencia en la relación

contractual, se cumplió horario laboral, se realizaran visitas fuera de las
instalaciones de la entidad bajo las órdenes del coordinador del centro zonal,
siendo evidente la subordinación a la que se sometió la accionante.

21. De otro lado, advirtió que para determinar el pago de las prestaciones sociales

y de la solución de continuidad no se tendrían en cuenta los contratos de
prestación de servicios 0177 y 0036, ya que, la fecha de inicio de éstos era
ilegible, no se aportaron certificaciones de tiempos de servicio y las declaraciones

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no especificaron los tiempos de ejecución, en consecuencia, señaló que no fue
posible establecer los extremos temporales de los referidos contratos.

22. Explicado lo anterior, determinó que se presentaron múltiples interrupciones y

que para la reclamación de los derechos de la demandante tenía los siguientes
plazos: i) contrato 327, hasta el 8 de diciembre de 2009; ii) contrato 256, hasta el
2 de septiembre de 2009; iii) contrato 0453, hasta el 1° de enero de 2010; iv)
contratos 00393, 00107 y 0019, hasta el 1° de julio de 2013; v) 006; hasta el 14
de julio de 2014; vi) 0359, hasta el 29 de diciembre de 2014; vii) contrato
700420120417, hasta el 30 de noviembre de 2015; viii) contratos 700420130055
y 700420140096, hasta el 1.° de enero de 2017.

23. En ese orden de ideas, como la reclamación administrativa se presentó el 29

de marzo de 2019, se configuró la excepción de prescripción extintiva del derecho
de las prestaciones sociales reclamadas.

24. En consecuencia, a pesar de estar prescritos los derechos laborales, señaló

que procedía el reconocimiento de las cotizaciones a la institución de seguridad
social en la que se vinculó la demandante en los lapsos estipulados en los
contratos, no obstante, la parte demandada, debería tener en cuenta los
honorarios, mes a mes, para calcular el IBC y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, únicamente en el porcentaje que le correspondía como empleador.

25. Así mismo, para los anteriores efectos, la parte accionante tendría que
acreditar las cotizaciones efectuadas a dicho sistema durante sus vínculos
contractuales y si no lo hubiere realizado o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
correspondía como trabajador, además, al existir un saldo a favor de la actora por
las cotizaciones realizadas, la entidad deberá reconocerlo.
26. Por último, explicó que la pretensión de devolución de retención en la fuente

únicamente podría estudiarse en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter tributario, dado que, su análisis se
enmarca en la legalidad de un tributo dispuesto en el Estatuto Tributario,
aclarando que su ejercicio también implicaba la radicación previa de una solicitud
ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales. En consecuencia, se
configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia del medio de control.

1.6. Recurso de apelación
27. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presentó escrito de apelación

contra la sentencia de primera instancia, solicitando que se revoque la sentencia

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de primera instancia por las siguientes razones:

28. Los contratos de prestación de servicios 327 de 2005, 256 de 2006, 177 de

2006, 453 de 2007, 393 de 2008, 107 de 2009, 019 de 2010. 006 de 2011, 359
de 2011, 036 de 2011, 700420120417 de 2012, 700420130055 de 2013 y
700420140096 de 2014 tuvieron objetos contractuales diferentes, sin ser posible
predicar el ánimo de permanencia, así mismo, la prestación del servicio no fue
continua y se presentaron múltiples interrupciones.

29. No es cierto que la demandante cumpliera con las mismas funciones de los

empleados de planta de la entidad, las diferencias en los objetos contractuales
no pueden conducir a un símil general en toda la ejecución de las labores.

30. La institución tenía la necesidad de celebrar los contratos de prestación de

servicios para fortalecer la gestión administrativa para el cumplimiento de sus
propósitos y finalidades, dado que, para satisfacerlos fue necesario acudir a
personas que tuviesen los conocimientos requeridos y específicos.
31. Se valoraron de forma incorrecta las declaraciones que fueron objeto de tacha,

en efecto, los testimonios fueron generales y no especificaron a qué período en
particular se referían, en ese sentido, no era posible tener por demostrado el
elemento de la subordinación.
32. De esa forma puntualizó que a la señora Katya Soto Herazo solo le consta lo

ocurrido con posterioridad al año 2012, anualidad en la que inició como
contratista del ICBF, señaló que la demandante y ella pertenecían) a un equipo
interdisciplinario del que algunos eran funcionarios de planta, sin embargo, no
señaló a quiénes se refería y los cargos que ocupaban.

33. Respecto a la señora Carmen Ortega Gil, la cual indicó que conoció a la
accionante cuando llegó en el 2007 y hasta el 2014, especificando que la
demandante cumplía funciones relacionadas con la supervisión de entidades
contratistas y hogares comunitarios, sin embargo, el a quo no verificó que esas
actividades solamente correspondieron a las pactadas en el contrato de
prestación de servicios 256 de 2006, época en la que la declarante no integraba
la institución, igualmente en el contrato de prestación de servicios 453 de 2007
se incluyó la función relacionada con la supervisión, de ahí que, no es posible
generalizar los objetos y funciones de dichos contratos con los celebrados
posteriormente, es decir, entre el 2008 al 2014.

34. En lo concerniente a la declarante Elena Esther Velilla Rodríguez, quien
aseguró que la accionante se vinculó al centro zonal de Sincelejo del ICBF desde
el 17 de mayo de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2014, sitios en el que conoció
a la actora, pero, no especificó el momento a partir del cual la conoció, de otro
lado, afirmó que la demandante integraba un equipo interdisciplinario y le
correspondía hacer constatación en el área clínica en zona rural y urbana de
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Sincelejo, sin precisar a qué objetos y contratos se refería o a qué anualidades
correspondían las actividades, haciendo esto más general el testimonio.

35. Sostiene la recurrente que las labores se ejercieran en el horario de 8.00 a.m.

a 5:00 p.m., sin embargo, no implicó que la contratista se pudiera retirar en los
instantes que lo deseara; que las visitas por fuera de las instalaciones de la
autoridad administrativa se encontraban pactadas en los contratos, por lo que no
puede concluirse que el contenido de ellos da lugar a la pretendida subordinación.

36. Durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios es posible que

los supervisores o coordinadores, para el adecuado cumplimiento de las
obligaciones impartan directrices para que se cumplan las actividades conforme
se pactaron sin que ello implique que un superior o jefe de órdenes.

37. De esa manera, los contratistas no pueden ser una rueda suelta para hablar

de independencia en la relación contractual, sobre ellos pesa el deber de atender
las directrices del contratante, ceñirse a las políticas de la entidad y de honrar las
obligaciones contractuales.

38. No se presentaron pruebas idóneas, reiterativas y concluyentes que durante

el tiempo de la relación contractual se hubieren dado llamados de atención o de
supuestas felicitaciones, o que la actora fue disciplinada por no cumplir con el
horario presuntamente establecido.

39. Se creó una similitud entre la actora y los empleados de planta que no existe,

y prueba de ello es que no existen actividades versus con las funciones que
cumpliera un funcionario público de planta debidamente determinado por grado
y cargo y según el manual de funciones, es decir, no se verificó si las condiciones
en las que la accionante prestó sus servicios eran idénticas a las del personal de
planta, dado que, no se probaron esas condiciones y en todo caso tampoco se
compararon las funciones de planta, cargo, código y grado con las actividades
contratadas para llegarse a tal conclusión.

1.7 Trámite de segunda instancia

40. El 9 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,

de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo.

41. Encontrándose el expediente en la Secretaría de la Sección Segunda, el
procurador tercero delegado ante esta Corporación emitió concepto5 en el que
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

5 Índice 9 de Samai.

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Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se resolverá la
alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

42. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

43. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte demandada, la competencia se limitará a los
argumentos manifestados en su recurso.

2.2. Problema jurídico

44. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

45. ¿entre la señora Gina del Carmen Hoyos Sierra y el Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar existió una relación laboral encubierta o subyacente en los
períodos en que celebraron contratos de prestación de servicios?

46. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo o

en parte el fenómeno de la prescripción trienal, si la parte actora tiene derecho al
pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

47. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

48. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

49. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección

Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

50. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».

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2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

51. La
parte demandada, tachó a las testigos Katya Marcela Soto Herazo 7,
Carmen Estella Ortega Gil8 y Elena Esther Velilla Rodríguez9.

52. Pues bien, es preciso recordar el deber de imparcialidad, en los términos

prescritos por el Código General del Proceso:

«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos
o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias
de cada caso».

53. Como se puede apreciar, le corresponde al juez determinar que un testigo es

sospechoso y valorar sus declaraciones de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.

54. Ahora bien, para valorar el testimonio, es necesario que las circunstancias de

tiempo, modo y lugar del relato sean claras, que las respuestas sean
responsivas, exactas y completas10 y que el declarante explique cómo llegó al
conocimiento de los hechos, pues solo de esta forma el juzgador podrá apreciar
la veracidad de lo expuesto, y determinar si la información se obtuvo de primera
mano, si resulta verosímil, si no contraría los dictados del sentido común o las
leyes de la naturaleza, y, además, si es consonante con el resto del material
probatorio11.

55. No obstante, tal como se infiere de la norma transcrita, no impide la
declaración de un testigo sospechoso, sino que le impone al juzgador el deber
de apreciarlo con mayor severidad, y que su dicho sea contrastado con las
demás pruebas que existen en el expediente12. De allí que se haga el estudio del
medio probatorio en mención de manera conjunta con los demás elementos
probatorios traídos al proceso.

56. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por las partes, la señora

Gina del Carmen Hoyos Sierra suscribió los siguientes contratos de prestación
de servicios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:

No. Contrato Objeto contratado Inicio Finalización Valor

Prestar atención directa y especializada a
327 de 200513 $13.919.993
la niñez o familias que presenten 17/03/2005 08/12/2005
M/cte.
vulneración de sus derechos por

13 Folios 31 a 33 a del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.

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Radicado: 70001-23-33-000-2021-00226-01 (5902-2024)
Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra

No está completo el situaciones de violencia y ruptura del tejido
archivo social como consecuencia del conflicto
armado y/o desastres naturales
Interrupción de 77 días hábiles
256 de 200614
$5.371.392
Trabajadores sociales que presten el 30/03/2006 30/06/2006
No está completo el M/cte.
servicio de apoyo a la supervisión técnica
archivo
de las entidades contratistas que
Adición al contrato de
administran los diferentes programas en
prestación de servicios
los municipios del área de influencia de los
256 de 2006 $2.685.696
centros zonales: Norte, Boston, Sincelejo y 01/07/2006 01/09/2006
M/cte.
la Mojana del ICBF Regional Sucre
No está completo el
archivo
Interrupción de 221 días hábiles
Apoyo a la supervisión técnica de las
unidades de servicio, de los diferentes
0453 de 200715 programas que funcionan en los municipios 01/08/2007 31/12/2007
del área de influencia del Centro Zonal
Sincelejo
Interrupción de 47 días hábiles
Apoyar el desarrollo de las actividades $11.541.296
0393 de 200816 10/03/2008 10/11/2008
encaminadas a la implementación de M/cte.
Adición al contrato de programas proyectos y servicios para el
$2.404.437
prestación de servicios restablecimiento de los derechos de los 11/11/2008 31/12/2008
M/cte.
039317 Niños, Niñas, Adolescentes y las Familias.
Prestar el servicio profesional de
Trabajadora Social para el apoyo en el
00107 de 26 de enero
desarrollo de las actividades encaminadas
de 200918
a la implementación de programas, $19.800.000
26/01/2009 26/12/2009
proyectos y servicios para el M/cte.
No está completo el
restablecimiento de los derechos de los
archivo
NNA y la familia para el Centro Zonal
Sincelejo.
Prestar el servicio profesional de
$8.479.465
0019 de 201019 Trabajadora Social, para la ejecución de 15/01/2010 30/06/2010
M/cte.
acciones misionales en cumplimiento a las

8 Al respecto la apoderada de la parte demandada preguntó «si usted ha interpuesto demanda contra el

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar exigiendo el pago de prestaciones sociales o el reconocimiento
de vinculación laboral», contestando la deponente que «sí, claro, yo sí interpuse también solicitando mis
derechos», razón por la que mandataria del parte demandada formuló la tacha en los siguientes términos,
«así las cosas, honorable magistrado, teniendo en cuenta lo que acaba de manifestar la Doctora Carmen
Estela le pido al igual que ocurrió con la anterior testigo que es evidente que también tiene comprometida la
objetividad y la imparcialidad, por tanto, le pido que desestime el testimonio de la Doctora Carmen Estela
teniendo en cuenta lo previamente enunciado. Muchas gracias, Doctora Carmen y independientemente de
la circunstancia para mí es un placer verle y saludarle».
9 Sobre el particular la apoderada de la parte demandada preguntó «sírvase manifestar la señora Helena

Ester, en algún momento usted, señor Helena Ester Velillas Rodríguez, interpuso demanda contra el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar por hechos similares a los que hoy se encuentran en cuestionamiento»,
afirmando la testigo que «claro que sí, yo instauré una demanda hace dos años, el cual me la gané, y pues
mis compañeros sirvieron de testigo, pues quién más que ellos que conocen el Instituto, porque si coloco a
otra persona que no sabe cómo es el Instituto, pues no va a responder a lo que ustedes me están
preguntando ahora en estos momentos», por lo anterior, la apoderada de la autoridad administrativa propuso
tacha así, «teniendo en cuenta lo que acaba de exponer la doctora Helena Ester Velillas Rodríguez,
respetuosamente me permito afirmar que su dicho carece de objetividad, de imparcialidad, como quiera, que
la testigo estuvo en las mismas condiciones de la demandante, pues en su relato manifestó haberse
encontrado inmersa en un proceso judicial en el que ostentó la calidad de demandante por hechos similares
a los que hoy se discuten, razón por la cual solicito la tacha de la testigo y que, por consiguiente, lo narrado
por ella no se ha ido en cuenta, teniendo en cuenta las razones y fundamentos previamente esbozados».
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 6 de febrero de 1965, magistrado

ponente: Gustavo Fajardo Pinzón, publicada en Gaceta Judicial, Tomo CXI, página 54,
11
cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de agosto de 1992, magistrado
ponente: Alberto Ospina Botero, publicada en la Gaceta Judicial 2458, que se encuentra en el Tomo ccxix,
pp. 301 y ss.
12 Sentencia de 23 de mayo de 2024; Sección Segunda, Subsección A, radicado 66001-23-33-000-2017-

00083-01 (2190-2020) C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.
13 Folios 31 a 33 a del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
14 Folios 34 a 36 a del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
15 Información extraída de la modificación del contrato de prestación de 0453 de 2007.
16 Folios 37 y 38 a del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
17 Folio 39 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
18 Folio 41 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
19 Folios 42 y 43 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.

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Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra

funciones relacionadas con la garantía de
los derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, correspondientes al Centro
Zonal Boston.
Interrupción de 129 días hábiles
Prestar servicio profesional de Trabajadora
Social, para apoyar las acciones propias
0006 de 201120
del proyecto para garantizar la protección
$9.517.200
integral de los NNA y a las familias en las 13/01/2011 13/07/2011
No está completo el M/cte.
diferentes modalidades del área de
archivo
influencia del Centro Zonal Boston del
ICBF Regional Sucre
Interrupción de 64 días hábiles
Prestar el servicio de Trabajadora Social,
para la ejecución de acciones propias del
0359 de 2011
proyecto para garantizar los derechos de
los niños, niñas y adolescentes y las 14/10/2011 28/12/2011
No está completo el
familias de las diferentes modalidades,
archivo
correspondientes al Centro Zonal Boston
del ICBF Regional Sucre
Interrupción de 142 días hábiles
Prestar los servicios profesionales en el
área de Trabajo Social, para apoyar las
acciones propias del proyecto para
700420120417 de $10.1888.000
garantizar la protección integral de los 29/07/2012 29/11/2012
201221 M/cte.
NNA, y las familias de las diferentes
modalidades del área de influencia, ICBF
Regional- Sucre.
Contratar un profesional en Trabajo Social,
para apoyar las acciones propias del
proyecto para garantizar la protección
700420130055 de $31.480.920
integral de los NNA, y las familias de las 05/01/2013 31/12/2013
201322 M/cte.
diferentes modalidades del área de
influencia del Centro Zonal Boston, ICBF
Regional-Sucre.
Prestar el servicio profesional de
trabajadora social, para apoyar las
acciones propias del proyecto y garantizar
700420140096 de $31.614.710
la protección integral a los niños, niñas, 10/01/2014 31/12/2014
201423 M/cte.
adolescentes y la familia en las diferentes
modalidades que se adelantan en el Centro
Zonal Boston.

57. Precisado lo anterior, con el material probatorio allegado al proceso se
evidencia que la actora cumplió con la carga de demostrar la prestación
personal del servicio toda vez que ejecutó actividades de manera personal a
favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interrumpidamente en el
período de 17 de marzo de 2005 al 31 de diciembre de 2014.

58. Conforme lo advirtió la autoridad administrativa en el recurso de apelación, la

prestación de sus servicios, según se observa de la lectura de los objetos
contractuales fueron para cubrir distintas finalidades, a saber: en desarrollo del
contrato de prestación de servicios 327 de 2005 llevó a cabo actividades de
atención directa y especializada a la niñez o familias que presentaran vulneración
de sus derechos por situaciones de violencia y ruptura del tejido social como
consecuencia del conflicto armado y/o desastres naturales.

59. En los contratos de prestación de servicios 256 de 2006 y 0453 de 2007
ejerció labores de apoyo a la supervisión técnica de instituciones o unidades que

20 Folio 44 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
21 Folios 48 a 54 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
22 Folios 55 a 61 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
23 Folios 62 a 67 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.

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administraban programas en las zonas de influencia de la regional Sucre del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

60. A través de los contratos de prestación de servicios 0393 de 2008, 00107 de

2009, 0019 de 2010, 0006 de 2011, 0359 de 2011, 700420120417 de 2012,
700420130055 de 2013 y 700420140096 de 2014 realizó funciones de
trabajadora social con el propósito de apoyar programas, acciones y proyectos
de protección integral a niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias.

61. Así mismo, de acuerdo con la declaración de Katya Marcela Soto Herazo, la

demandante en su rol de trabajadora social brindaba asistencia técnica a los
programas de primera infancia24 e integraba un equipo interdisciplinario
conformado por las áreas de psicología, nutrición y trabajo social 25.

62. No obstante, la testigo Carmen Estella Ortega Gil señaló que «las funciones

que ella realizaba eran en el área de prevención, la parte de supervisión de
hogares comunitarios, verificación de quejas y reclamos y supervisión de las
entidades, de todos los informes de las entidades contratistas de ICBF».

63. A su vez, la declarante Elena Esther Velilla Rodríguez relató que la actora

ejercía labores de constatación e integraba el equipo interdisciplinario 26. Ante
ello, la agente del Ministerio Público advirtió las diferencias de las funciones
ejecutadas por la señora Gina del Carmen Hoyos Sierra e interrogó a la citada
testigo de la siguiente manera, «las anteriores declarantes han hablado de unas
funciones que desarrollaba la doctora Gina, Usted, igual que las anteriores, dijeron que
era un grupo interdisciplinario que desarrollaban diferentes funciones, entonces yo
quiero que nos explique en qué consistían esas funciones que señalaron que era, por
ejemplo, asistencia técnica con relación al programa de primera infancia, una, otra en el
área de prevención, hogares comunitarios y supervisión de entidades contratistas.
¿Podría informarnos si usted desarrolló esas mismas funciones junto con la doctora
Gina?», ante esto, la declarante reconoció que no realizó esas funciones junto a
la demandante y que únicamente había integrado el equipo interdisciplinario 27,
complementando en qué consistían las constataciones, así, «hacíamos
constataciones en el área clínica y en el área comunitaria, o sea, verificar los derechos
de los niños que estaban vulnerados y, pues, si los niños recibían maltrato por parte de
sus padres, tanto psicológicos, físicos, eso era más que todo lo que nosotros hacíamos
en esa parte de bienestar familiar».

24
En efecto señaló que «ella realizaba funciones de trabajadora social y funciones que hacíamos como
equipo porque nosotros brindábamos asistencia técnica a los programas de primera infancia. Hacíamos
equipo interdisciplinario, los cuales eran conformados también por servidores de planta y realizábamos las
mismas funciones, tanto los contratistas como los servidores de planta, de igual forma en cumplimiento de
horario»
25 Al respecto afirmó que «nosotros conformábamos un equipo interdisciplinario, psicóloga, nutricionista y

trabajadora social y los equipos estaban conformados tanto por contratistas como por compañeros de planta
y todos asumíamos las mismas funciones desde cada área, cada uno, obviamente».
26 Sobre ello indicó que «en ICBF, ella le tocaba salir a hacer las constataciones y estar en un equipo

interdisciplinario».
27 La testigo aseveró que «no desarrollé esas funciones con la doctora Gina. Yo permaneciera con el equipo

interdisciplinario».
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Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra

64. LaSala de los anteriores medios probatorios, lo que advierte es que la
demandante ejecutó objetos contractuales que apuntaron a la satisfacción de
necesidades diferentes, por ello, no fue idéntica la prestación de servicios en los
períodos que a continuación se relacionan: i) 17 de marzo de 2005 a 8 de
diciembre de 2005; ii) 30 de marzo de 2006 a 31 de diciembre de 2007 y iii) 10
de marzo de 2008 a 31 de diciembre de 2014.

65. Con relación a la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero

recibidas por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
advierte la Sala que, a partir de los contratos de prestación de servicios, se
extraen los honorarios recibidos por la demandante por concepto de los servicios
ejecutados. Con lo que se acredita este requisito.

1. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, la Sala sobre este elemento ha
afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a
los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación»42.

66. En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
subordinación, se deben analizar los elementos probatorios con el fin de
establecer si existió una relación de subordinación con el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.

67. Para ello se tendrán en cuenta los criterios expuestos por esta Corporación

en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

68. En esos términos, con las pruebas aportadas se probó que, como lugar de

trabajo, la accionante tuvo las instalaciones del centro zonal de Sincelejo y de
la regional Sucre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar28, conforme lo
dicho por las testigos Elena Esther Velilla Rodríguez29, Katya Marcela Soto

28 Así se indicó en los objetos contractuales de los contratos de prestación de servicios 327 de 2005, 256 de

2006, 0453 de 2007, 0393 de 2008, 00107 de 26 de enero de 2019, 0019 de 2010, 0006 de 2010, 0359 de
2011, 700420120417 de 2012, 700420130055 de 2013 y 700420140096 de 2014.
29 Sobre el particular, la agente del Ministerio Público le preguntó «¿en qué sede, o sea, en qué sede de la,

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabajaban ustedes, junto con la doctora Gina?», señalando
la testigo que en el «Centro Zonal Sincelejo».
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Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra

Herazo30 y Carmen Estella Ortega Gil31 quienes expresaron que también se
ejercían las funciones en municipios cercanos al área de influencia de la
entidad32.

69. Sobre el horario de labores, la testigo Katya Marcela Soto Herazo precisó

que la interesada prestaba los servicios en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.33 de lunes a viernes, lo que sostuvo la deponente Elena
Esther Velilla Rodríguez34 quien también señaló que en ocasiones se extendía
hasta las 8:00 p.m. o 9:00 p.m35, además, ellas especificaron que se efectuaba
un control de ese horario mediante libro de ingreso y salida36.

70. Sin embargo, la declarante Carmen Estella Ortega Gil no fue coincidente con

lo anterior, puesto que, señaló que el horario acaeció en la franja de 8:00 a.m. a
12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y que no fue constante el control de ingreso
y salida, pues, solamente se verificó al principio y se hacía a través de un libro a
cargo del celador de la dependencia37.

71. De hecho, en el expediente reposan dos documentos38 con el epígrafe de

«relación de entrada y salida (sic) servidores públicos centro zonal Boston» en
el que se observa ingreso y salida de la demandante en los días 3 de diciembre
de 2010 y 7 de junio de 2011.

30 Al respecto la apoderada de la parte demandante le preguntó si «las funciones que la señora Gina del

Carmen desarrollaba, ¿lo hacía de manera personal o cómo las ejecutaba?», explicando la declarante que
«sí, claro, de manera presencial, acá en las instalaciones del Centro Zonal Boston».
31 Sobre ello, la deponente expresó que «cuando yo llego en el 2007, ya la señora Gina Hoyos laboraba en

el ICBF y sí, ella trabajaba como trabajadora social en el centro Zonal Boston en el área de prevención».
32 Respecto a esto la declarante Katya Marcela Soto Herazo explicó que las funciones se llevaban a cabo

«también a los municipios de influencia del Centro Zonal Boston con los equipos conformados», igualmente,
el magistrado sustanciador le preguntó a la testigo Carmen Estella Ortega Gil «¿esas funciones,
concretamente, en qué sitio las desarrollaba? ¿O desde qué sitio?», relatando la declarante que «las
desarrollaba en los municipios, o sea, en el área en el centro zonal Bosque, que tiene el área de 11
municipios, entonces la supervisión tocaba irse a los municipios, algunas veces en carros del ICBF, otras
veces en el transporte público a supervisar cada hogar comunitario de bienestar en los municipios, Corozal,
Oveja, Buenavista, Galera, todo lo que tiene que ver con el área del centro zonal Bosque».
33 Sobre el particular el magistrado sustanciador preguntó «¿Cuál era ese horario?», indicando la declarante

que «era de 8 a 12 y de 2 a 6 en ese entonces», de la misma manera la interrogó en el sentido de precisar
«¿qué días de la semana?», señalando la testigo que «de lunes a viernes».
34 Al respecto la testigo relató que «cumplía su horario de trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde».
35 En efecto expresó que «ahorita que me recordó la magistrada, en cuanto a los turnos, también pues se

presentaban turnos a veces, nos llamaban a presentar turnos».
36 En cuanto a dicho punto el magistrado sustanciador le preguntó a la señora Katya Marcela Soto Herazo

«mientras la señora Gina del Carmen estuvo elaborando en la condición que usted menciona, ¿existía algún
tipo de control sobre el horario de trabajo por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?»,
mencionando la testigo que «claro, ellos acá manejan un libro donde describen la entrada y salida de los
servidores públicos y a los contratistas los relacionaban en un cuadro también de entrada y salida», así
mismo, la apoderada de la parte demandante le preguntó a la deponente Elena Esther Velilla Rodríguez «¿
si para el ingreso y salida del ICBF firmaban algún libro o planilla siendo contratistas?», contestando la
testigo que «sí, firmábamos un libro para entrar y salir en el momento que ya terminamos nuestras funciones,
igual que un profesional de planta».
37 Al respecto el magistrado sustanciado efectuó las siguientes preguntas: «¿Cuál era el horario de trabajo

que cumplía la señora Gina del Carmen?» Contestó: «el horario de trabajo era de 8 de la mañana a 12 y
30 y de 2 a 6» Preguntado: «¿ese horario de trabajo tenía algún tipo de control por parte del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar?» Contestó: «Al principio sí lo tuvo, yo hablo porque yo también era
contratista entonces nos controlaban a mí, a Gina y a todos los demás contratistas en la entrada al igual que
todos los funcionarios teníamos que nos controlaban la entrada» Preguntado: «¿Cómo se verificaba ese
control? ¿Cómo se hacía?» Contestó: «en un libro que llevaba el vigilante de turno».
38 Folios 71 y 72 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.

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72. Enese orden de ideas, se advierte que la demandante para ejecutar las
labores contratadas debía realizarlas en un horario, a pesar de que las
declarantes no fueron coincidentes en la franja horaria de prestación del servicio.
De la misma manera, el cuadro de ingreso y salida a las instalaciones no permite
determinar el control de asistencia, pues solamente corresponde a dos días de
una relación contractual que se extendió aproximadamente 9 años.

73. Ahora bien, se allegó el correo electrónico remitido el 4 de abril de 201439 por

el director regional de la institución con el asunto de control de horario, cuyos
destinatarios eran los servidores públicos de la entidad, en efecto, indicó:

74. Igualmente, se aportó el email enviado el 9 de enero de 201340 por la
coordinadora del grupo administrativo de la entidad con el asunto de horario
festividades 20 de enero, cuyos destinatarios eran los servidores públicos y los
contratistas, en el cual se señaló:

39 Folios 76 y 77 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
40 Folios 84 y 85 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
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75. También se aportó el email remitido el 18 de febrero de 201441 por el director

regional de la institución con el asunto de compensatorio semana santa, cuyos
destinatarios eran los servidores públicos, en éste se precisó:

76. Se resalta que los anteriores documentos eran de carácter informativo para

los empleados públicos y los contratistas de la entidad sin que éstos puedan

41 Folio 78 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
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Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra

entenderse como una imposición de horario en específico a la señora Gina del
Carmen Hoyos Sierra.

77. De otro lado, se allegaron correos electrónicos enviados el 1° y 2 de abril de

201342 por el director regional de la institución con destino a los servidores
públicos, en los que se solicitó a las señoras Rina Barreto, Genny Narváez, Ilse
Mercado, Maribel Gamarra, Yolima Martínez, Alma Payares, Elsa Oliver,
Yacqueline Salazar, Gloria Vergara y Dermasol Montiel justificar los retardos en
las horas de su llegada; sin que se hiciera requerimiento alguno a la accionante.

78. Si bien se aportó el email de fecha 27 de marzo de 2013 signado por la señora

Enilsa Raquel Cera Mejía con funciones de coordinadora zonal de la regional
Sucre del ICBF con destino a la demandante43 en el que se le informó que «se
les da el día lunes 1 de abril de descanso», no implicó la verificación y control de
la jornada de trabajo, ya que, entre el contratante y contratista es posible acordar
el momento en el que se ejecutará la labor encomendada.

79. Por lo tanto, para la Sala las pruebas no son suficientes y definitivas para

demostrar la imposición de un horario a la demandante por parte del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

80. En todo caso, es de resaltar que para la Sala de Subsección el cumplimiento

de un horario no debe entenderse como un aspecto que, en su análisis particular
y aislado, configure el elemento de la subordinación en la relación laboral
encubierta. Por el contrario, el cumplimiento del horario debe entenderse, en los
contratos de prestación de servicios, como un parámetro lógico que guarda
relación con la coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la
correcta ejecución del objeto convenido44.

81. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,

es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas se encontraban dirigidas de manera irresoluta por la entidad
contratante.

82. Laparte demandada alegó que las pruebas aportadas al expediente no
acreditaron los direccionamientos en el modo de cumplimiento de las

42 Folio 44, ídem.
43 Folios 86 y 87, ídem.
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 3 de octubre de 2022. Expediente: 25000-23-42-000-2013-04575-01 (2611-2016) CP Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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obligaciones contractuales contraídas o la falta de autonomía técnica y directiva
en la ejecución de los contratos de prestación de servicios.

83. Al respecto, la Sala considera que, con las pruebas recaudadas y los
testimonios practicados no se advierten los elementos de juicio que se aluden
suficientes para considerar que la actora prestó sus servicios bajo una influencia
decisiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que conlleve a advertir
la existencia del elemento de la subordinación y por ende la relación laboral
encubierta.

84. En efecto, frente a la prueba testimonial se tiene la testigo Katya Marcela Soto

Herazo a pregunta formulada por la apoderada de la parte demandante
relacionada con que «si la señora Gina desempeñaba las funciones establecidas
en el contrato de manera independiente o debía someterse a las órdenes
impartidas por su jefe inmediato», contestó que debía cumplir las órdenes
impartidas por el jefe inmediato, desempeñar las obligaciones contractuales y las
directrices dadas por el coordinador zonal45, en ese sentido, identificó que el jefe
inmediato de la actora era el coordinador o coordinadora del centro zonal
Boston46, que las indicaciones se enviaban a través de correo electrónico47 y al
hacer una descripción de las órdenes recibidas, dijo que las mismas consistían
en «realizar asistencia técnica a las entidades administradoras de servicio con
relación a los programas de primera infancia, realizar verificación de quejas, de
reclamos, realizar comités técnicos operativos con los equipos, con todos los
equipos que conformaban la zona de prevención, que somos varios, que éramos
varios en ese tiempo, sí, básicamente eso».

85. Asimismo, se tiene que la deponente Carmen Estella Ortega Gil explicó que

la interesada recibía órdenes del coordinador zonal, debía cumplir con todo lo
que fuera asignado por este48, que no se realizaba ninguna labor de forma

45 Al respecto mencionó que «se tenía que someter a las órdenes de su jefe inmediato, como lo dije al inicio,

debía cumplirlas aquí en la oficina, cumpliendo horario, además de las obligaciones estipuladas en el
contrato y las demás órdenes que le asignara la coordinadora».
46 Sobre el punto, el magistrado sustanciador le preguntó «díganos, por favor, si la señora Gina del Carmen

tenía un superior jerárquico, es decir, un jefe», contestando la testigo que «sí, claro, en su momento la
coordinadora del Centro Zonal Boston», así mismo, le formuló la siguiente pregunta, «¿la señora Gina del
Carmen recibía órdenes para efectos de cumplir sus funciones?», relatando la deponente que «sí, señor,
vía correo electrónico nos enviaban las funciones, las órdenes y todo lo que nos mandaban hacer».
47 Al respecto, el magistrado sustanciador le preguntó «si la señora Gina del Carmen tenía un superior

jerárquico, es decir, un jefe», especificando la declarante que «sí, claro, en su momento la coordinadora del
Centro Zonal Boston».
48 Sobre el particular, el magistrado sustanciador le preguntó «¿para cumplir esas actividades que usted

acaba de mencionar la señora Gina del Carmen ¿recibía algún tipo de órdenes?», especificando la
deponente que «recibía órdenes porque los contratistas y en este caso Gina recibía, tenía las mismas
funciones de los de los de planta y había que hacer las mismas todo lo que el coordinador zonal requería
las órdenes que se daban y sí, todo lo que tenía que ver con la supervisión y demás funciones, igual a lo
que hacían los de planta el contratista le tocaba hacer lo mismo».
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independiente49 y que las directrices dadas por el coordinador se recibían
mediante correos electrónicos50.

86. De la misma manera, la declarante Elena Esther Velilla Rodríguez señaló que

se debían acatar las órdenes impartidas por el coordinador zonal y no era posible
realizar ninguna tarea sin la orden de él51.

87. De los anteriores relatos a pesar de ser coincidente en que la señora Gina del

Carmen Hoyos Sierra recibía órdenes por parte del coordinador o coordinadora
zonal de la regional Sucre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que
éstas se asignaban a través de correos electrónicos, la Sala estima que no son
suficientes ni ofrecen la claridad necesaria sobre el sometimiento de la
demandante a órdenes o imposiciones de la demandada en la ejecución de su
labor, sin que pudiera demostrarse que estas excedieran los parámetros de
coordinación propios de los contratos de prestación de servicios.

88. Si bien, la testigo Katya Marcela Soto Herazo describió una serie de
actividades52 que según su parecer constituían subordinación, solo se limitó a
indicar cuales eran las labores que la demandante ejecutaba, pero no afirmó en
qué consistían las órdenes y directrices dadas por la entidad a la demandante.
Lo que advierte la Sala es que esa descripción de funciones fue por las que se
contrataron los servicios de ella en el contrato 700420130055 de 201353.

89. De igual manera, la citada testigo en su relato dejó por sentado que no laboró

en todo momento junto a la demandante, únicamente le consta la prestación del
servicio de las anualidades de 2012 a 201454, a pesar de que en la demanda se
reclamó el reconocimiento de la relación laboral a partir del 17 de marzo de 2005,

49 En efecto, afirmó que «nunca se hacía nada independiente, la norma en esos momentos era lo que el

coordinador decía, las órdenes que le impartía al grupo interdisciplinario que había gente contratista
igualmente de planta, era una sola orden para todo ya».
50 Al respecto, el agente del Ministerio Público le preguntó ¿a través de qué medio se transmitían esas

órdenes frente a contratistas y empleados de la entidad?», explicando la testigo que «a través de correos,
sí, más que todo correos y verbalmente. El coordinador emitía órdenes. Ese tipo de órdenes emitidas».
51 Sobre ello la testigo aseveró que «ella tenía que acatar las órdenes del coordinador para poder hacer

cualquier función o salir, ella no podía ir sola a ninguna parte, o sea, por ella misma, tenía que ser por orden
del coordinador».
52 «realizar asistencia técnica a las entidades administradoras de servicio con relación a los programas de

primera infancia, realizar verificación de quejas, de reclamos, realizar comités técnicos operativos con los
equipos, con todos los equipos que conformaban la zona de prevención, que somos varios, que éramos
varios en ese tiempo, sí, básicamente eso».
53 En este, entre otras obligaciones, se establecieron las siguientes: i) brindar asistencia técnica en los

programas de primera infancia, niñez y adolescencia en los municipios del área de influencia; ii) ofrecer
información acerca de la ejecución de los programas, proyectos y políticas públicas a su cargo; iii) realizar
la constatación de reclamos direccionados y realizar sus respectivos trámites para dar el cierre de la petición;
iv) efectuar seguimientos y asesorar a los programas y proyectos de primera infancia, niñez y adolescencia
de los municipios del centro zonal Boston asignados.
54 Al respecto, el magistrado sustanciador efectuó las siguientes preguntas: «¿Desde hace cuánto tiempo

trabaja usted como profesional universitario, conforme a lo que acaba de manifestar, en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar?» Contestó: Ingresé en el 2012 como contratista hasta el 2018. A partir
del 2018 entré en carretera hasta la fecha. Preguntado: […] «todo lo que usted sepa le conste sobre estos
hechos» Contestó: «Yo ingresé al centro zonal Boston como contratista en el 2012, ella ya venía como
contratista en el instituto, hicimos equipo hasta el 2014 como contratista, a partir del 2015, pues ya ella entró
en planta temporal, pero sí duramos tres años trabajando con prestación de servicio».
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lo que denota la falta de conocimiento de la relación reclamada en la gran parte
de sus extremos.

90. Ahora bien, el agente del Ministerio Público le preguntó a la declarante Katya

Marcela Soto Herazo si «esas orientaciones que emitían de parte de la entidad
que usted o esa dependencia de la entidad que usted manifiesta del nivel
nacional ¿Era basado en algún tipo de ley o estaba basado en alguna directiva
interna de la entidad?», aseverando la testigo que «directiva interna del instituto,
de los lineamientos, de los manuales operativos que se manejan acá en los
programas».

91. De la misma forma, interrogó a la deponente Carmen Estella Ortega Gil para

que detallara «si esas órdenes estaban basadas en alguna directiva de la entidad
o si estaban basadas en normas legales», contestando la declarante que «sí,
esto era todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de ICBF, era el
coordinador zonal todo lo que tenía que ver con ICBF, él emitía las órdenes a los
profesionales universitarios».

92. De esas expresiones no encuentra la Sala direccionamiento alguno sobre la

demandante para la ejecución de la labor, y a pesar de que las testigos
explicaron que se atendían unos protocolos y directivas internas de la autoridad
administrativa, ello no configura la dependencia del contratista frente a la entidad,
pues se trata de documentos que emanan del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para ser tenidos en cuenta por todos sus trabajadores en la prestación
de sus servicios, quienes de acuerdo al caso concreto, en su saber aplican sus
conocimientos en las áreas de atención de los niños, niñas y adolescentes, así
como, sus familias.

93. De otro lado, y aunque las declarantes afirmaron que la accionante debía

presentar informes de las actividades ejecutadas55, la Sala aclara que la
presentación de informes del contratista al contratante no puede considerarse
per se un elemento suficiente para acreditar la relación laboral encubierta, pues
ello hace parte de los parámetros de coordinación necesarios en el desarrollo
del contrato, en la medida que permite que el contratante verifique su estado de
cumplimiento y así garantizar su correcto desarrollo.

94. Frente a la afirmación de la testigo Katya Marcela Soto Herazo relacionada

con que «nos asignaban puestos de trabajo en oficinas, equipos de cómputo y
nos relacionaban en almacén de la entrega de estos equipos al igual que todos
los servidores de planta», la Sala estima que los insumos para la prestación del
servicio deben entenderse como herramientas necesarias para la correcta

55 La testigo Katya Marcela Soto Herazo señaló que «teníamos que presentar un informe de las obligaciones

contractuales realizadas porque era un requisito para que nos pudieran pagar la cuenta», así mismo, la
señora Elena Esther Velilla Rodríguez afirmó que «eso tenía que ir de forma virtual, pues tenía que hacer
las valoraciones como trabajadora social», y la declarante Carmen Estella Ortega Gil dijo que «era requisito
el llevar ese informe para para el pago de la prestación del servicio profesional. Había que hacer un informe».
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ejecución del servicio contratado, ya que, el contratante cuenta con la posibilidad
de suministrarle algunos elementos al contratista que lo identifiquen con la
comunidad, lo que, en todo caso, no implica subordinación56.

95. En lo concerniente al uso de elementos distintivos de la entidad para la
prestación del servicio, tales como el carnet de identificación o prendas con los
logos de la institución es pertinente precisar que el contratante cuenta con la
posibilidad de suministrarle algunos elementos al contratista que lo identifiquen
con la comunidad, lo que, en todo caso, no implica direccionamiento o control de
la cantidad y calidad de los servicios encomendados57.

96. Así las cosas, las pruebas documentales y los testimonios practicados no

permiten avizorar la existencia de órdenes, memorandos, imposición de labores
en cuanto al tiempo, modo y lugar por parte de la institución sobre la señora Gina
del Carmen Hoyos Sierra a partir de los cuales se logre advertir su inserción en
el círculo rector, organizativo y disciplinario del ente demandado, en
consecuencia, le asiste la razón a la autoridad administrativa en su reproche de
apelación relativo a la insuficiencia probatoria de la continuada subordinación y
dependencia.

97. De otro lado, no pasa por alto la Sala que conforme a la Resolución 0094 de

14 de enero de 201558 se nombró a la señora Gina del Carmen Hoyos Sierra
como profesional universitaria 2044-03 del centro zonal Boston, a pesar de esto,
tampoco es posible establecer las funciones asignadas a ese cargo, dado que,
no se aportó el manual de funciones de éste.

98. Sumado a lo expuesto se tiene que la jurisprudencia de esta Corporación, ha

sido clara en expresar que no toda relación de servicios en los que medien
actividades de cumplimiento de deberes por parte del contratista implica
necesariamente la existencia de subordinación. Pues entre las partes del
contrato de prestación de servicios debe existir una relación de coordinación de
actividades, donde el contratista, aunque autónomo en el desarrollo de sus
funciones, es libre de someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la labor encomendada, tales como: i) un horario; ii) el hecho de recibir
una serie de instrucciones de sus superiores, o iii) tener que reportar informes
sobre sus resultados, tal y como ocurre en el presente caso, sin que ello
transmute la coordinación existente en subordinación59.

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de

2021, expediente:3536-2018. CP William Hernández Gómez.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de

2021, expediente:3536-2018. CP William Hernández Gómez.
58 Folio 68 a 70 del archivo titulado «001Demanda», expediente digital, índice 2 de Samai.
59 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 14 de julio de 2022. Expediente: 25000-23-42-000-2016-04522-01 (2833-2019) CP William Hernández
Gómez.
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99. No obstante, aunque la accionante prestó su servicio por un período de 9

años, la prestación del servicio fue interrumpida en múltiples oportunidades, en
efecto, acaecieron 6 interrupciones superiores a 30 días hábiles, además, las
actividades que desplegó durante dicho lapso fueron diferentes, al ser contratada
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ejecutar varios objetos
contractuales, a saber: i) atención directa y especializada a la niñez o familias
que presentaran vulneración de sus derechos por situaciones de violencia y
ruptura del tejido social como consecuencia del conflicto armado y/o desastres
naturales; ii) supervisión técnica de instituciones o unidades que administraban
programas en las zonas de influencia de la regional Sucre del ICBF; iii)
trabajadora social para el apoyo de programas, acciones y proyectos de
protección integral a niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias.

100.Por consiguiente, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código
General del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era
al demandante a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona y
el ente demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del
caso.

101.Al respecto, esta Subsección ha considerado que «si bien no puede decirse
que existe una prueba reina para demostrar el elemento de la subordinación y
dependencia continuada, esta Sala si ha considerado que para acreditar este
elemento de la relación laboral, deben aportarse aquellas que permitan acreditar
fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad, para la cual fue
contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía someterse
ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran»60.

102. Por lo anterior, al no estar demostrada la subordinación, la Sala procederá a
revocar la sentencia de primera instancia proferida el 25 de julio de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Sucre y en su lugar negar las pretensiones de la
demanda. En consecuencia, no hay lugar al estudio del segundo problema
jurídico.

2.5. De la condena en costas en ambas instancias

103. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida

60 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.
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reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

104. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

105. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

106. En consecuencia, el artículo 365 numeral 4 establece que «cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas en ambas instancias».

107. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias
a la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Sucre.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en su lugar, NEGAR, las pretensiones invocadas
por Gina del Carmen Hoyos Sierra, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva.

SEGUNDO: Costas en ambas instancias a cargo de la demandante, por lo dicho
en la motivación.

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Radicado: 70001-23-33-000-2021-00226-01 (5902-2024)
Demandante: Gina del Carmen Hoyos Sierra

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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