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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2023-00016-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2023-00016-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la presente providencia. 10 Sentencia SU-003 de 2018 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Radicado: 70001-23-33-000-2023-00016-01 Demandante: Antonio Rafael Barranco Cuello 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 70001-23-33-000-2023-00016-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de marzo de 2023

Radicado: 70001-23-33-000-2023-00016-01
Demandante: Antonio Rafael Barranco Cuello

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00016-01
Demandante: ANTONIO RAFAEL BARRANCO CUELLO
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo. Edad de retiro forzoso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 27 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que denegó
la solicitud de amparo.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 13 de diciembre de 20221, a través de apoderado, en ejercicio de la acción
de tutela, Antonio Rafael Barranco Cuello pidió la protección de los derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna, a la seguridad social, a la
estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que estimó vulnerados por las Resoluciones 219 del 28 de
noviembre de 2022 y 310 del 9 de diciembre de 2022, dictadas por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Sincelejo. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR los Derechos Constitucionales Fundamentales AL TRABAJO, AL MÍNIMO
VITAL, A UNA VIDA DIGNA, SEGURIDAD SOCIAL Y A LA ESTABILIDAD REFORZADA de mi
poderdante el señor ANTONIO RAFAEL BARRANCO CUELLO.

SEGUNDO: ORDENESE al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, a
que dentro las 48 horas siguientes a la notificación de la tutela, se ordene a REINTEGRARLO AL
CARGO que venía desempañando, hasta por el término que sea resuelto su SITUACION
PENSIONAL a efectos obtener el cumplimiento de los requisitos de mi pensión de vejez en los
términos de la Ley 100 de 1.993 modificado por la Ley 797 de 2003.

TERCERO: ORDENESE al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO a
reconocer y pagar costas - agencias en derecho.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Antonio Rafael Barranco Cuello fue juez promiscuo municipal de Ovejas (Sucre).

2.2. El 23 de marzo de 2022, el señor Antonio Rafael Barranco Cuello presentó
demanda en contra de Colpensiones y Porvenir S.A. bajo el radicado
70001310500120220006900 para que se declarara la nulidad del traslado al régimen
de ahorro individual con solidaridad.

1 Ante la Corte Suprema de Justicia según índice 1 de Samai

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Radicado: 70001-23-33-000-2023-00016-01
Demandante: Antonio Rafael Barranco Cuello

2.3. El 31 de octubre de 2022, el señor Barranco Cuello pidió ante el Tribunal Superior
de Sincelejo que, por ser prepensionado, le concediera seis meses más en el cargo
de juez promiscuo municipal de Ovejas con posterioridad al cumplimiento de la edad
forzosa de retiro previsto en el artículo 130 del Decreto 1660 de 1978.

2.4. Mediante Resolución No. 291 del 28 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Sincelejo denegó la solicitud del señor Antonio Rafael Barranco
Cuello y ordenó el retiro del cargo de juez promiscuo municipal de Ovejas conforme
con el artículo 1º de la Ley 1821 de 2016.

2.5. Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de reposición y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, mediante la Resolución No. 310 del 9 de
diciembre de 2022, la confirmó.

2.6. En declaraciones juramentadas, los señores Ariel de Jesús Núñez Pacheco,
Bessy Mercedes Castillo de la Ossa y María del Carmen Amaris Mora señalaron que
la única fuente de ingresos del señor Antonio Rafael Barranco Cuello era el salario
que percibía como juez promiscuo municipal de Ovejas.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. El actor alegó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo vulneró
los derechos fundamentales invocados al expedir las Resoluciones Nos. 291 del 28 de
noviembre de 2022 y 310 del 9 de diciembre de 2022, porque desconoció su calidad
de prepensionado.

3.1.1. Que si bien el tribunal demandado en los actos administrativos señaló que
contaba con los requisitos de tiempo y edad para acceder a la pensión de vejez, lo
cierto era que no contaba con reconocimiento pensional ni inclusión en nómina de
pensionados, en razón a que cuenta con un pleito pendiente porque promovió un
proceso ordinario laboral de nulidad del traslado de régimen pensional.

3.1.2. Que no cuenta con otros ingresos que le permitan satisfacer el mínimo vital, que
es padre cabeza de hogar y no cuenta con bienes o ahorros. Que, por lo tanto, la
acción de tutela es procedente a fin de evitar un perjuicio irremediable.

3.1.3. Que, según el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se entiende como justa causa
para el retiro del servicio el reconocimiento pensional, de modo que no bastaba con
que alcanzara la edad forzosa de retiro, sino que era necesario que se verificara el
reconocimiento de la pensión de vejez.

3.1.4. Sustentó las pretensiones en las sentencias T-360 de 2017 y T-413 de 2019 de
la Corte Constitucional, que, según dijo, han protegido los derechos fundamentales de
personas que alcanzaron la edad de retiro forzoso sin contar con un reconocimiento
pensional. Que, en esos eventos, la Corte Constitucional flexibilizó la aplicación del
retiro forzoso.

4. Intervenciones

4.1. La presidenta del Tribunal Superior de Sincelejo pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, pues contra los actos administrativos que
dispusieron el retiro del servicio del señor Antonio Rafael Barranco Cuello procedía la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, medio judicial en el que, incluso,
podía solicitar medidas cautelares.

4.1.1. Agregó que, en todo caso, al momento del retiro del servicio, el actor no tenía
la condición de prepensionado, porque contaba con las semanas de cotización y la

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Demandante: Antonio Rafael Barranco Cuello

edad necesarias para el reconocimiento de la pensión de vejez. Que, además, si no
contaba con una pensión de vejez reconocida era porque no lo había solicitado y, en
su lugar, había iniciado una demanda laboral con el fin de que se declarara la nulidad
del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad.

5. Sentencia impugnada

5.1. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 27 de febrero de 2023,
denegó el amparo, porque no se estructuraban los presupuestos de la sentencia T-
360 de 2017 para no aplicar automáticamente la causal de retiro por cumplimiento de
la edad de retiro forzoso. Que si bien el demandante no contaba con el reconocimiento
de pensión de vejez, eso obedecía a que (i) sólo había iniciado el proceso de nulidad
del traslado de régimen pensional en el año 2022 y (ii) no demostró haber solicitado el
reconocimiento pensional ni las razones que se lo impidieron.

6. Impugnación

6.1. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda de tutela. Insistió en
que tiene la calidad de prepensionado, habida cuenta de que no tiene reconocimiento
ni inclusión en nómina de pensionados. Que, incluso, por haber iniciado un proceso
ordinario laboral ningún fondo de pensiones va a reconocerle la pensión.

6.2. A juicio del actor, el tribunal desconoció que, en los términos de la sentencia T-413
de 2019, no podía ser retirado del servicio automáticamente por haber cumplido la
edad de retiro, pues, de manera previa, debía garantizarse el reemplazo de los
ingresos del salario con la mesada pensional.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela

1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. En los términos de la impugnación2, corresponde a la Sala decidir si el a quo
acertó al denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor
Antonio Rafael Barranco Cuello contra las Resoluciones 219 del 28 de noviembre de
2022 y 310 del 9 de diciembre de 2022, dictadas por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo, que ordenaron la desvinculación del servicio del actor por haber
cumplido la edad de retiro forzoso.

2 La Sala precisa que la demanda cumple los requisitos excepcionales previstos por la Corte Constitucional para la

procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de retiro y, por eso, el asunto se analiza de fondo.

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Demandante: Antonio Rafael Barranco Cuello

2.2. Para resolver, la Sala hará referencia a la edad como causal de retiro del servicio
y a las pautas que ha creado la Corte Constitucional para que la desvinculación se
haga de manera razonable y en atención a las circunstancias especiales de cada caso.
Luego, se analizarán los actos objeto de tutela para determinar si cumplieron o no esas
pautas. En este punto, la Sala precisa que no analizará la legalidad de los actos de
retiro, porque el control judicial de esos actos corresponde a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Esa jurisdicción es la encargada de examinar si esos actos
incurrieron en alguna causal de nulidad. El análisis, se insiste, solo se hará respecto
de los parámetros fijados por la Corte Constitucional sobre el retiro automático.

3. La edad como causal de retiro forzoso. Pautas jurisprudenciales sobre la
desvinculación

3.1. El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 establecía que todo empleado que cumpla
65 años sería retirado del servicio. Esa regla tenía como fundamento la expectativa de
vida de los colombianos, que, para la época, era de 61,83 años para las mujeres y
58,33 años para los hombres.

3.2. Luego, el artículo 1° de la Ley 1821 de 2016 actualizó la regla sobre retiro forzoso
a 70 años. La ley se expidió con el fin de que la permanencia de las personas en cargos
públicos guarde correspondencia con las actuales tablas de longevidad y para retener
a favor del servicio público la experiencia de las personas mayores.

3.3. Sobre el aumento en la edad de retiro forzoso, la Corte Constitucional, en
sentencia C-084 de 20183, concluyó que “el señalamiento de una nueva edad de retiro
forzoso se justificó en criterios objetivos, en los que se tuvo en cuenta el aumento en la
expectativa promedio de vida de la población, el mayor envejecimiento de la misma, la
necesidad de incluir su experiencia dentro de las fuerzas productivas del país, la posibilidad
de aumentar la cobertura en el acceso del derecho a la pensión de jubilación, los ahorros a
favor de la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la alternativa de contar con
recursos adicionales para atender mandatos de solidaridad”.

3.4. Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que las
normas que establecen el retiro forzoso como causal de desvinculación deben
aplicarse de manera razonable y que se deben valorar las circunstancias especiales
de cada caso, en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales de
los adultos mayores. Justamente por lo anterior, en la sentencia T-294 de 2013, la
Corte Constitucional creó algunas pautas que deben tenerse en cuenta a la hora de
decidir sobre el retiro, según la situación en la que se encuentre el interesado. Esas
pautas son las siguientes:
(i) En aquellos casos en los que el trabajador retirado del servicio ya cumple los requisitos para
acceder a la pensión de vejez, pero esta no ha sido reconocida por demora del Fondo de
Pensiones o por negligencia del empleador en adelantar los trámites o mora en el pago de
cotizaciones a su cargo, la Corte ha ordenado el reintegro de la persona hasta tanto tenga lugar
el reconocimiento de la pensión y su inclusión en la respectiva nómina de pensionados.4

(ii) Cuando está probado que al trabajador en edad de retiro forzoso le falta un corto tiempo para
cumplir el tiempo de cotizaciones, ha ordenado su reintegro hasta completar las cotizaciones y
se produzca el reconocimiento efectivo de la pensión de vejez5. En estos casos, si bien la Corte
ha precisado que las normas sobre retén social (Ley 790 de 2002), que establecen estabilidad
laboral reforzada para los servidores públicos a quienes les falte un máximo de tres años para
cumplir los requisitos para pensionarse, fueron previstas sólo para trabajadores de empresas

3 En el mismo sentido ver las sentencias C-135 de 2018 y C-426 de 2020.
4 Cita original de la sentencia: “Tal ha sido la decisión adoptada, entre otras, en las sentencias T-012 de 2009 (MP.

Rodrigo Escobar Gil), T-685 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio), T-007 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt), T-487
de 2010 (MP. Juan Carlos Henao) y T-154 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva)”.
5 Cita original de la sentencia: “Es el caso de la sentencia T-495 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao. AV. Gabriel

Eduardo Mendoza), donde se resuelve el caso de un trabajador desvinculado del cargo por haber alcanzado la
edad de retiro forzoso, y a quien le faltaban sólo dos meses y medio para cumplir con el tiempo de cotizaciones
requerido para acceder a la pensión de vejez”.

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estatales en liquidación, pueden no obstante ser empleadas como parámetro de interpretación
para determinar cuál es el plazo razonable para mantener vinculado al servidor que alcanza la
edad de retiro forzoso sin haber completado el tiempo de cotizaciones necesario para obtener
el reconocimiento de una pensión.6

(iii) Cuando exista controversia o vacíos probatorios sobre el tiempo cotizado por el trabajador en
edad de retiro forzoso, de modo tal que no se logre establecer si cumple los requisitos para
acceder a la pensión de vejez, se ha concedido la tutela como mecanismo transitorio, ordenando
el reintegro del peticionario y confiriéndole un plazo para interponer las acciones
correspondientes ante la jurisdicción ordinaria. 7

(iv) Finalmente, en casos de personas de edad avanzada que no lograron cumplir los requisitos
para acceder a la pensión de vejez pero si satisfacen las condiciones para obtener la pensión
de retiro por vejez,8 la Corte amparó su derecho ordenando el reconocimiento inmediato de esta
última prestación.9

3.4.1. En términos generales, y atendiendo a las circunstancias específicas de cada
caso, la Corte Constitucional ha venido reiterando las pautas antes mencionadas,
como puede constatarse en las sentencias T-326 de 2014, T-643 de 2015, T-638 de
2016 y T-413 de 2019.

3.5. Esas son las pautas que la Sala acogerá para determinar si los actos objeto de
tutela desconocieron o no los derechos del señor Antonio Rafael Barranco Cuello.

4. De las resoluciones objeto de tutela. Análisis del caso concreto

4.1. En la Resolución No. 291 del 28 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sincelejo denegó al señor Antonio Rafael Barranco Cuello la
permanencia en el cargo de juez promiscuo municipal de Ovejas y ordenó el retiro del
cargo por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

4.1.1. Para motivar la decisión, el tribunal expuso que, el 3 de noviembre de 2022, el
señor Barranco Cuello cumplió la edad forzosa de retiro (70 años). Que, en un caso
similar, el Consejo de Estado explicó que el término de gracia de 6 meses previstos en
el Decreto 1660 de 1978 fue derogado por la Ley 1821 de 2016 y concluyó que el retiro
forzoso no está sujeto a término adicional ni condicionado a circunstancias objetivas o

6 Cita original de la sentencia: “Este criterio interpretativo fue fijado en la sentencia T-495 de 2011 (MP. Juan Carlos

Henao. AV. Gabriel Eduardo Mendoza). Cabe señalar que, en una decisión anterior, adoptada en la sentencia T-
496 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt, SV. Humberto Sierra Porto), la Corte resolvió la tutela interpuesta por una
persona a quien le faltaban menos de dos (2) años de servicios para que se le reconociera su derecho a la pensión
de vejez. En aquella ocasión la Corte estableció que la peticionaria tenía derecho a ser reintegrada y a que la
entidad accionada no la desvinculara hasta que manifestara si seguiría cotizando al sistema hasta cumplir con el
número de semanas exigidas para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, caso en el cual la entidad no
estaría obligada a mantenerla en el cargo, o si optaría por solicitar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, evento en el cual la entidad sólo podría desvincularla hasta que la administradora de fondos
de pensiones le reconociera y pagara dicha prestación, con el fin de asegurar la protección de su mínimo vital. Sin
embargo, el magistrado Humberto Antonio Sierra Porto salvó su voto por considerar que “no darle la orden a la
entidad demandada de mantener a la accionante en el cargo que venía desempeñando, en caso de escoger la
primera opción que se le da en la parte resolutiva de la sentencia, es tanto como negarle la oportunidad de acceder
a la pensión de vejez, pues difícilmente será contratada por otra entidad para poder continuar cotizando los dos
años que le faltan para adquirir el derecho pensional”.
7 Cita original de la sentencia: “Sentencia T-174 de 2012 (MP. María Victoria Calle)”.
8 Cita original de la sentencia: “Prevista en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 como una prestación sucedánea

para aquellos empleados públicos o trabajadores oficiales que alcancen la edad de retiro forzoso sin cumplir los
requisitos para obtener la pensión de vejez”.
9 Cita original de la sentencia: “Tal fue la decisión adoptada en las sentencias SU-189 de 2012 (MP. Gabriel

Eduardo Mendoza, SV. Juan Carlos Henao, María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas), respecto de un docente
de 74 años de edad, quien no obstante haber prestado servicios por más de 1200 semanas, no había alcanzado
a cotizar el número de semanas requerido, pues buena parte de su labor docente la había cumplido como miembro
de una comunidad religiosa, razón por la cual no se efectuaron las respectivas cotizaciones. Por su parte, en la
sentencia T-067 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt), la Corte ordenó el reconocimiento de la pensión de retiro por
vejez a una persona de 100 años de edad, quien desde sus 79 años, cuando fue retirado del servicio, había
solicitado en vano el reconocimiento de dicha pensión”.

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subjetivas que pueda exhibir el servidor. Que, por lo tanto, no podía otorgarse 6 meses
más de permanencia en el cargo.
4.1.2. Adicionalmente, se precisó que si bien la Corte Constitucional, en sentencia T-
413 de 2019, dijo que existía una prohibición constitucional de desvinculación
automática de las personas que alcanzan la edad de retiro forzoso, la protección
estaba orientada a continuar en el servicio por un plazo máximo de tres años, hasta
que se cumplan los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

4.1.3. También se hizo referencia a la sentencia SU-003 de 2018 para indicar que,
según la Corte Constitucional, son prepensionados las personas vinculadas
laboralmente que están próximas (dentro de los tres años siguientes) a acreditar los
dos requisitos para consolidar el derecho a la pensión de vejez. Que, además, en la
sentencia T-385 de 2020 la Corte Constitucional señaló que el fuero de
prepensionados se aplicaba en los casos en que de la permanencia del vínculo laboral
dependía completar las semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión
dentro de los tres años siguientes.

4.1.4. Con fundamento en lo anterior, y luego de analizar la historia laboral del
demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo concluyó que el
señor Barranco Cuello no gozaba de protección constitucional por fuero de
prepensionado porque contaba con 1302 semanas de cotización y la edad necesarios
para el reconocimiento de la pensión de vejez.

4.1.5. Agregó que el hecho de que el señor Antonio Rafael Barranco Cuello hubiera
presentado una demanda laboral en la que pidió que se declarara la ineficacia de la
afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, no le confería fuero de
estabilidad en el cargo. Que el demandante tuvo la oportunidad de retirarse de ese
régimen hasta los 52 años o, en su defecto, presentar la demanda con suficiente
antelación y no con proximidad a cumplir la edad de retiro forzoso para que no
interfiriera con el reconocimiento de la pensión, por lo que debía asumir el riesgo al
que se expuso.

4.2. En la Resolución No. 310 del 9 de diciembre de 2022, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sincelejo confirmó la decisión de retiro porque el señor Barranco
Cuello no tiene la calidad de prepensionado. Que, por el contrario, es acreedor del
derecho de pensión por cumplir con los requisitos para el reconocimiento. Que,
además, el señor Barranco Cuello no explicó cuáles habían sido las razones de la
demora para iniciar la demanda laboral de nulidad del traslado de régimen pensional
y que, en todo caso, el hecho de la presentación de esa demanda no era razón para
conferir fuero de estabilidad.

4.3. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que los actos de desvinculación sí
valoraron la situación particular del señor Antonio Rafael Barranco Cuello para la fecha
de desvinculación por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, en los términos
previstos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

4.3.1. En efecto, en los actos acusados se corroboró si el actor cumplía con el requisito
de semanas cotizadas, precisamente para tener la estabilidad laboral reforzada de los
prepensionados. Otra cosa es que se encontraba probado que, incluso, superaba ese
requisito al contar con 1302 semanas de cotización.

4.3.2. Tampoco se desconoció que, al momento del retiro, el actor no contaba con una
pensión reconocida. Por el contrario, fue objeto de análisis al momento de decidir sobre
la desvinculación del servicio. Sin embargo, se tuvo en cuenta que la falta de

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reconocimiento no obedecía a la mora en el reconocimiento pensional por parte del
fondo de pensiones (requisito previsto en la jurisprudencia), sino que, en realidad, era
la consecuencia del propio actuar del demandante, quien voluntariamente optó por
promover una demanda ordinaria laboral para que se declarara la ineficacia del
traslado del régimen pensional, en lugar de solicitar el reconocimiento de la pensión.

4.3.3. La Sala encuentra razonable el análisis de los actos acusados, por cuanto es
cierto que, al momento del retiro, el demandante contaba con 1302 semanas de
cotización y 70 años. Eso quiere decir que, al margen del fondo al que se encontrara
afiliado, cumplió los requisitos para acceder a la pensión, incluso antes de que fueran
dictados los actos que dispusieron la desvinculación laboral.

4.3.3.1. Esa circunstancia también marca la diferencia con los precedentes de la Corte
Constitucional, pues en la mayoría de los casos se trataba de personas a quienes, al
momento del retiro, les faltaba un periodo de cotización inferior a tres años para cumplir
con los requisitos para acceder a la pensión de vejez y, por eso, se veía la necesidad
del amparo.

4.3.3.2. Ese hecho determinante no ocurre en este caso porque el actor ya cumplía
con el requisito de semanas de cotización. De modo que la desvinculación laboral del
demandante por haber alcanzado la edad de retiro forzoso no le impidió acceder a la
pensión de vejez ni tampoco es la causa por la cual aún no cuenta con el mencionado
reconocimiento.

4.4. Por otra parte, la Sala encuentra válida la conclusión de los actos acusados, en
cuanto a que el actor no tiene la calidad de prepensionado, por cuanto ya cumple con
los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez (1302 semanas de
cotización y 70 años).

4.4.1. En los términos de la Corte Constitucional10, son prepensionados “las personas
vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los 3 años
siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad
y el número de semanas -o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad)
y consolidar así su derecho a la pensión”. Evidentemente el actor no se encuentra en esa
condición, por cuanto, como se vio, indistintamente del régimen pensional aplicable al
caso, ya puede acreditar los dos requisitos necesarios. No es cierto que el hecho de
que tenga pendiente el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez le otorgue la
calidad de prepensionado, pues esa calidad depende estrictamente de la proximidad
al cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos según el régimen pensional,
requisitos que, se reitera, ya cumple el actor.

4.5. Se resuelve, entonces, el problema jurídico planteado: el a quo acertó al denegar
las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto la desvinculación del cargo se hizo
de manera razonable y en atención a las circunstancias especiales del actor, quien ya
contaba con los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión. En
consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la presente
providencia.
10 Sentencia SU-003 de 2018

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Radicado: 70001-23-33-000-2023-00016-01
Demandante: Antonio Rafael Barranco Cuello

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Con salvamento de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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