República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2024-00145-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de noviembre de 2024
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Radicación: 70001-23-33-000-2024-00145-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 70001-23-33-000-2024-00145-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida al interior
de un incidente de desacato, mediante la cual se negó una solicitud
de inaplicación de la sanción impuesta. Ausencia del defecto
sustantivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual negó la solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Edwin Alfredo González Rangel, en su condición de gerente de salud del
patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), por intermedio de su apoderada judicial, promovió demanda en orden a que
se tutele su derecho fundamental al debido proceso. Como consecuencia de lo
anterior, solicitó lo siguiente:
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Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
«[…] PRIMERO: Se sirva conceder la MEDIDA PROVISIONAL solicitada, y como
consecuencia de ello, se ordene al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE SINCELEJO, expida auto por el cual se suspenda la ejecución de medida
sancionatoria en contra de mis representados.
SEGUNDO: Se sirva declarar que la omisión en la declaratoria de inaplicación de la
medida sancionatoria proferida mediante oficio del 30 de agosto de la presente anualidad
por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO,
constituye una VÍA DE HECHO, atendiendo la acreditación por medio probatorio
conducente y pertinente del cumplimiento del fallo de tutela en proceso 70-001-33-33-
008-2023-00106 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y Corte Suprema de
Justicia respecto a la viabilidad de cesar los efectos de las medidas sancionatorias en
tramites incidentales.
TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos las sanciones
impuestas por parte del JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SINCELEJO […]».
1.1.2. Hechos de la solicitud
La apoderada de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
i) El 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Sincelejo, en la acción de tutela con radicado 70001-33-33-008-2023-00106,
promovida por la señora Lourdes María Torres Ucrós, como agente oficiosa de su
padre, Jesús Torres Espinosa, declaró en desacato y sancionó al señor Edwin Alfredo
González Rangel, en calidad de gerente del área de Salud del Fomag, por el
incumplimiento del fallo de tutela del 27 de junio de 2023.
ii) El 22 de diciembre de 2023, a través del Oficio núm. 20230580996531, se informó
el cumplimiento de la orden impartida en la providencia mencionada.
iii) El 1.° de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre, en grado jurisdiccional
de consulta, confirmó la sanción impuesta.
iv) El 15 de igual mes y anualidad, el señor Edwin Alfredo González Rangel, mediante
el Oficio núm. 20241062000883501, solicitó la inaplicación de la sanción, ante el
cumplimiento de la sentencia de tutela.
v) El 22 de marzo de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo resolvió de manera desfavorable dicha solicitud.
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Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
vi) Por lo anterior, el 3 de abril de 2024, señor Edwin Alfredo González Rangel, por
medio del Oficio con radicado 20241062001062041, solicitó la reconsideración de la
inaplicación de la sanción impuesta, para lo cual adjuntó los soportes que, en su
criterio, demostraban el acatamiento de la directriz impartida en el fallo de tutela.
vii) En atención a los múltiples requerimientos efectuados, debido a la falta de
respuesta de la anterior petición, el 30 de agosto de 2024, el despacho judicial
precitado resolvió de manera negativa dicho pedimento.
1.1.3. Fundamentos de derecho
El accionante consideró que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al expedir los autos del
22 de marzo de 2024 y 30 de agosto de igual anualidad, comoquiera que incurrió en
defecto sustantivo, al alejarse de los precedentes jurisprudenciales vigentes sobre la
inaplicación de las medidas sancionatorias derivadas de los trámites de desacato,
«toda vez que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción
en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento
de la sentencia, lo cual la autoridad judicial referida reconoce en sus providencias que
ya se cumplió».
Adicionalmente, afirmó que si bien es cierto que el Juzgado accionado indicó que las
sanciones no podían ser revocadas debido a que estas surtieron el grado de consulta,
por lo que se encuentran debidamente ejecutoriadas, esto carece de argumentación,
pues, en lo que respecta a la competencia del juez de primera instancia para adelantar
la inaplicación de una sanción confirmada en sede de consulta, la Corte Constitucional,
en los autos A-136 de 2002 y A-032 de 2011, en síntesis, sostuvo que el competente
para conocer del trámite de cumplimiento y del incidente de desacato es el juez de
primera instancia, por cuanto es «este el encargado de hacer cumplir la orden
impartida, así provenga del fallo de segunda instancia o de revisión, ya que mantiene
la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad».
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En ese sentido, señaló que el juez de primera instancia que haya conocido el trámite
de tutela, es en todo caso el competente para conocer del trámite incidental por
desacato y, en este caso, el que debe resolver sobre la solicitud de inaplicación de la
sanción, interpretación que tiene fundamento en los siguientes aspectos: (i) obedece
a una interpretación sistemática del decreto 2591 de 1991; (ii) genera claridad en
términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los
procedimientos judiciales, (iii) está en armonía con el principio de inmediación del
trámite de tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el
grado jurisdiccional de consulta.
Por último, alegó que las providencias cuestionadas incurrieron en el defecto
mencionado por dos razones: la primera, correspondiente a «el hecho de que la
providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales» y, la
segunda, se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación.
1.2. Actuación procesal
El 4 de septiembre de 2024, el despacho del magistrado César Enrique Gómez
Cárdenas del Tribunal Administrativo de Sucre (i) admitió la acción de tutela en contra
del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo; (ii) denegó la
medida provisional solicitada por la parte accionante, puesto que no se evidenciaba,
prima facie, que la decisión adoptada por la autoridad judicial precitada fuera arbitraria
o desproporcional, por lo que debía ahondarse en la controversia para verificar si se
prueban defectos en tal sentido y, de contera, la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales alegados; (iii) vinculó a la señora Lourdes María Torres
Ucrós, como agente oficiosa de su padre Jesús Torres Espinosa, y a la Unión Temporal
del Norte Región Cinco, como terceros interesados en los resultados del proceso; (iv)
requirió al Juzgado mencionado para que remitiera copia del expediente digital de la
acción de tutela con radicado 70001-33-33-008-2023-00106-00, y (v) reconoció
personería adjetiva a la abogada Aidee Johana Galindo para actuar en representación
del señor Edwin Alfredo González Rangel.
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1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
El juez Jorge Eliecer Lorduy Viloria afirmó que las decisiones tomadas por ese
despacho no han afectado el derecho fundamental al debido proceso del accionante,
ya que el actuar de esa unidad procesal se ha guiado en la administración de justicia,
empleando siempre la sana crítica y valorando el material probatorio presentado de
manera objetiva y ecuánime dentro de los procesos que tramita.
Asimismo, indicó que la acción de tutela no satisface los requisitos necesarios para
que esta proceda, comoquiera que su despacho no incurrió en defecto sustantivo,
como lo alega el accionante, pues las actuaciones efectuadas en el incidente de
desacato que dio origen a la sanción impuesta se llevaron a cabo de acuerdo con la
Constitución, la ley y la jurisprudencia, tanto así que el Tribunal Administrativo de
Sucre, en grado jurisdiccional de consulta, confirmó la medida impartida.
Además, precisó que las sentencias judiciales son órdenes que deben cumplirse y que
no deberían esperar a que los usuarios recurran al incidente de desacato para su
ejecución; sin embargo, en el caso concreto el despacho resolvió una solicitud de
inaplicación de la sanción incluso después de recibir la confirmación de la sanción por
parte del Tribunal Administrativo de Sucre, y aun así no se cumplió con la orden
impartida el 27 de junio de 2023. En esos términos, consideró que no se acreditaron
todos los presupuestos para que la acción de tutela sea prospera y, en esa medida,
tampoco se vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
1.4. Sentencia impugnada
El 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión, negó el amparo solicitado, al considerar que la autoridad judicial accionada
no accedió a la solicitud de inaplicación de la sanción, puesto que el señor Edwin
Alfredo González Rangel, en su calidad de gerente del área de salud del FOMAG, no
logró demostrar el cumplimiento del fallo de tutela de fecha 27 de junio de 2024, para
lo cual motivó su decisión conforme a la normativa constitucional correspondiente y
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con base en jurisprudencia sobre la materia, de donde no se vislumbra contradicción
y/o arbitrariedad en su decisión, o la aplicación de una norma inexistente, no
pertinente, derogada o contraria a la Constitución Política.
Además, resaltó que desde el auto sancionatorio del 19 de diciembre de 2023,
confirmado por el Tribunal Administrativo de Sucre el 1.° de marzo de 2024, se le
advirtió al actor, en su calidad de gerente del área de salud del Fomag, la falta de
prueba que acreditara la materialización de la sentencia de tutela y, además, la falta
de justificación del por qué se ha sustraído del deber de suministrar los procedimientos
médicos ordenados por el médico tratante de la accionante, por lo que concluyó que
durante el trámite incidental la sanción impuesta tenía su fundamento en la
desatención a la orden de tutela que a la postre determinaba la continuidad de la
vulneración al derecho fundamental amparado judicialmente al señor Jesús Torres
Espinosa (accionante en la tutela 08-2023-00106-00).
Así las cosas, estimó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo no incurrió en la causal específica de defecto sustantivo, ello en razón a que
la actuación censurada por la parte actora se fundamentó en los aspectos fácticos
probados y en ningún caso se contradice con las normas o va en contravía de la
jurisprudencia constitucional.
1.5. Impugnación
La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual insistió en que
la autoridad judicial accionada, al expedir los autos del 22 de marzo de 2024 y 30 de
agosto de igual anualidad, incurrió en defecto sustantivo, al apartarse de los
precedentes jurisprudenciales vigentes sobre la inaplicación de las medidas
sancionatorias derivadas de los trámites de desacato, «toda vez que la finalidad del
incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción
como una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia, lo cual la
autoridad judicial referida reconoce en sus providencias que ya se cumplió».
Asimismo, reiteró que si bien es cierto que el Juzgado accionado indicó que las
sanciones no podían ser revocadas debido a que estas surtieron el grado de consulta,
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por lo que se encuentran debidamente ejecutoriadas, esto carece de argumentación,
pues, en lo que respecta a la competencia del juez de primera instancia para adelantar
la inaplicación de una sanción, confirmada en sede de consulta, la Corte
Constitucional, en los autos A-136 de 2002 y A-032 de 2011, en síntesis, sostuvo que
el competente para conocer del trámite de cumplimiento y del incidente de desacato
es el juez de primera instancia, por cuanto es «este el encargado de hacer cumplir la
orden impartida, así provenga del fallo de segunda instancia o de revisión, ya que
mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad».
Por lo expuesto, solicitó que se declare la vulneración de sus derechos fundamentales
y, en consecuencia, se inapliquen las medidas sancionatorias impuestas en el trámite
incidental.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer de la presente impugnación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25
del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir el auto del 22 de
marzo de 2024 y el oficio del 30 de agosto de igual anualidad, proferidos por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo en el incidente de desacato
con radicado 70001-33-33-008-2023-00106-00. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si se configuró el defecto sustantivo alegado, y, por ende, si se
vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante.
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2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de
2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez,
contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere
alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi)
que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un
examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra
providencia judicial de naturaleza «excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto
1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del incidente de desacato
con radicado 70001-33-33-008-2023-00106-00, la Sala de decisión establece lo
siguiente:
2.4.1. La señora Lourdes María Torres Úcros instauró acción de tutela en contra del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag, de la Unión Temporal
del Norte–Medicina Integral S.A., para obtener la protección de los derechos
fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad personal de su padre, Jesús Torres
Espinosa, quien es adulto mayor.
2.4.2. El 27 de junio de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo amparó los derechos fundamentales del accionante y, en consecuencia,
ordenó lo siguiente:
«[…] SEGUNDO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que dentro de los dos (2)
días siguientes, contados a partir de la notificación de esta sentencia, autorice y
programe, para realizarse dentro de los diez (10) días siguientes, las valoraciones
médicas con los profesionales en medicina interna, cirugía general y neurología, a fin
de determinar los insumos o servicios que requiere el señor JESÚS TORRES
ESPINOSA para su tratamiento, y en especial se pronuncien sobre la necesidad de
pañales, alimento líquido y servicio de enfermería en el lugar de domicilio.
TERCERO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a
la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que dentro de los dos (2) días
siguientes, contados a partir de la notificación de esta sentencia, autorice y entregue al
señor JESÚS TORRES ESPINOSA, en caso de que no se haya hecho, los
medicamentos ordenados el 4 de mayo de 2023 por medicina general. Así mismo, que
suministre y garantice un tratamiento médico integral continuo y permanente,
atendiendo las patologías que padece.
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CUARTO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a
la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO que informe a este Despacho del
total acatamiento de las órdenes impartidas en la presente decisión, dentro del término
de los dos (02) días siguientes de vencido el lapso otorgado, tal como lo establece el
artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, so pena de incurrir en las sanciones allí
establecidas […]».
2.4.3 Por el incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo constitucional
mencionado, la parte accionante interpuso incidente de desacato en contra del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag y de la Unión Temporal del
Norte Región 5– Medicina Integral S.A.
2.4.4. El 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial, una vez agotado el trámite incidental correspondiente, declaró que el señor
Edwin Alfredo González Rangel, en su calidad de gerente del área de salud del Fomag,
y la señora Lorena Barraza Ruiz, como coordinadora general departamental de la
Unión Temporal del Norte Región 5 – Medicina Integral S.A. incurrieron en desacato
del fallo de tutela del 27 de junio de 2023 y, en consecuencia, los sancionó con multa
de un salario mínimo legal mensual vigente a cada uno.
2.4.5. El 1.° de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre, en grado
jurisdiccional de consulta, confirmó la anterior decisión.
2.4.6. El 15 de marzo de 2024, la jefe de la Oficina Jurídica de Negocios Especiales
del Fomag, presentó solicitud de inaplicación y/o revocatoria de la sanción, ante el
supuesto cumplimiento de la sentencia de tutela del 27 de junio de 2023.
2.4.7. El 22 de marzo de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Sincelejo no accedió a la solicitud de inaplicación y/o revocatoria de la sanción,
dejando en firme la sanción de multa de 1SMLMV, considerando que no existía prueba
fehaciente que acreditara el acatamiento de las órdenes impartidas en el proveído
constitucional.
2.4.8. El 3 de abril de 2024, la jefe de la Oficina Jurídica de Negocios Especiales del
Fomag, presenta un nuevo escrito denominado «RECONSIDERACIÓN SOLICITUD
DE INAPLICACIÓN», por el supuesto obedecimiento del fallo multicitado.
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2.4.9. El 30 de agosto de igual anualidad, la autoridad judicial referida resolvió la
anterior solicitud de manera desfavorable.
2.5. Caso concreto
2.5.1. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»3.
En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los cuales
se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes
se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
3 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de
la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de
la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el
orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos
y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario
se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación
al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por
la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a
la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador»4. (Subrayado fuera de texto)
Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se presentó
un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas que son
aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los postulados
mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa aplicable o
porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga
omnes.
2.5.2. Análisis de la Sala
El señor Edwin Alfredo González Rangel, en el escrito de impugnación, afirmó que el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo incurrió en defecto
sustantivo, al expedir el auto del 22 de marzo de 2024 y el oficio del 30 de agosto de
igual anualidad, debido a que, por un lado, carecen de suficiente motivación y
justificación y, por el otro, se desconocieron los precedentes jurisprudenciales vigentes
4 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
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sobre la inaplicación de las medidas sancionatorias derivadas de los trámites de
desacato.
Pues bien, del breve recuento efectuado en el acápite de hechos probados, con
respecto a las actuaciones adelantadas en el incidente de desacato con radicado
70001-33-33-008-2023-00106-00, se advierte que el 22 de marzo de 2024, el Juzgado
accionado no accedió a la solicitud de inaplicación y/o revocatoria de la sanción, con
fundamento en lo siguiente:
«[l]as entidades accionadas presentaron escritos en los cuales pretenden que se
inaplique la sanción interpuesta como argumento principal exponen que se le está
dando cumplimiento al fallo de tutela, dado que se le está brindado la atención integral
en salud y los servicios que le fueron ordenados por los profesionales de la salud que
atienden al paciente, para sostener su hipótesis adjuntaron con los escritos
documentos que tienen la pretensión de ser valorados como prueba.
Sin embargo, difiere el Despacho de tal apreciación, pues la orden impartida en el fallo
de tutela fue clara, y consistía en otras en suministrarle y garantizarle al paciente un
tratamiento médico integral continúo y permanente, atendiendo las patologías que
padece. Si bien el FOMAG y la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGION 5 –
MEDICINA INTEGRAL S.A. allegaron autorizaciones para atención domiciliaria por
fisioterapia y atención por fonoaudiología igualmente de manera domiciliaria, así como
también adjunta asignación de cita con medicina general domiciliaria, evaluación por
cirujano general, médico general y neurólogo, control por medicina interna y entrega
de pañales, de igual forma adjunta planillas de servicio por terapia física / ocupacional
/ fonoaudiología con una periodicidad de 3 veces por semana por 3 meses en el
domicilio y una de terapia psicológica 2 veces por semana, con respecto a estas últimas
es donde se evidencia el incumplimiento de lo ordenado por el fallo de tutela y sobre
todo en lo relacionado con el tratamiento integral y continuo, dado que en las planillas
anexadas y demás documentos no queda demostrada la periodicidad que requiere el
paciente de acuerdo a la orden medica realizada por el especialista de neurología el
primero de noviembre de 2023 y el plan de manejo ordenado por este, puesto que en
el mejor de los casos solo se demuestra la prestación del servicio por dos meses, no
tres y en algunos casos de forma discontinua.
Por lo cual, es claro que no es procedente la inaplicación o inejecución de la sanción
impuesta, pues siendo los doctores EDWIN ALFREDO GONZALEZ RANGEL, en su
calidad gerente del área de salud del FOMAG, y a la Doctora LORENA BARRAZA RUIZ
en su calidad de Coordinadora General Departamental de la UNIÓN TEMPORAL DEL
NORTE REGION 5 – MEDICINA INTEGRAL S.A., los encargados de darle
cumplimiento al fallo de tutela, haciendo caso omiso al mismo, debido a la
discontinuidad y no prestación total del plan de manejo estipulado por uno de los
médicos tratantes, no han dado total cumplimiento al fallo de tutela.
Luego entonces, tal como se establece en la jurisprudencia citada, el levantamiento de
la sanción impuesta en el trámite del incidente de desacato es procedente cuando se
demuestra que se ha acatado la sentencia, y en el presente caso los doctores EDWIN
ALFREDO GONZALEZ RANGEL, en su calidad gerente del área de salud del FOMAG,
y a la Doctora LORENA BARRAZA RUIZ en su calidad de Coordinadora General
Departamental de la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGION 5 – MEDICINA
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INTEGRAL S.A no cumplieron con la orden judicial que le fue impartida por este
Despacho, la cual debió haberse cumplido en el término establecidos en la misma una
vez fuera notificado del fallo proferido el 27 de junio de 2023, lo cual no hicieron, como
tampoco se hizo en el trámite del incidente de desacato […]».
Asimismo, se denota que el 30 de agosto de igual anualidad, la autoridad judicial
referida resolvió la solicitud de inaplicación de la sanción formulada el 3 de abril de
2024, en los siguientes términos:
«[…] Mediante varios memoriales se ha realizado la solicitud de la inaplicación de la
sanción impuesta al Dr. EDWIN ALFREDO GONZALEZ RANGE (sic), argumentando la
entidad que el incumplimiento se llevó a cabo por el prestador de primer nivel, pero que
al final el paciente fue derivado a un prestador domiciliario (ADISALUD), el cual le está
prestando todos los servicios requeridos y que, en conversaciones sostenidas con
familiar de paciente, manifiesta que se encuentra conforme y muy agradecida con la
atención.
Además, refieren anteriormente fue atendida de manera integral aportando como
material probatorio los soportes de atención del mes de junio, julio y programación de
agosto, por lo que, en el sentido de resolver la petición de la accionante, consideran que
la orden sancionatoria impuesta ha quedado desprovista de su fundamento básico, por
lo anterior solicitó lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR que las circunstancias que originaron la acción de tutela de la
referencia se encuentran actualmente superadas como quiera que se haya dado
cumplimiento al fallo de tutela emitido en sede constitucional, y en consecuencia ordenar
la cesación de los efectos de sanción alguna impuesta a los funcionarios sancionados
como consecuencia del presente trámite.
SEGUNDO: Solicito se ordene la revocatoria y consecuente inejecución de la sanción
impuesta, con atención a la declaratoria del fenómeno jurídico de HECHO SUPERADO
en el trámite incidental del proceso de referencia.”
Teniendo en cuenta lo anterior, procede el Despacho a dar respuesta a la solicitud, en
los siguientes términos:
Allegada su petición, este despacho considera pertinente, aclarar que, la entidad y los
sancionados tuvieron varias oportunidades para darle cumplimiento a lo ordenado en la
Sentencia de tutela de 27 de junio de 2023, incluso se le dio respuesta a una solicitud
de inaplicación presentada después de realizada la devolución del expediente que subió
en consulta al Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, corporación que confirmó
la sanción impuesta por este despacho. Dicho lo anterior es pertinente informarles que
por secretaria se envió a la oficina de cobro coactivo de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Sincelejo copia íntegra y auténtica del autos (sic) de 19 de
diciembre de 2023 emitido por esta unidad judicial, del auto de 08 de marzo de 2024
emitido por el Tribunal Administrativo de Sucre y del auto de 22 de marzo de 2024
providencia por la cual no se accedió a la solicitud de inejecución y/o inaplicación de la
multa impuesta. Por este motivo este despacho ya no tiene competencia para modificar
la decisión tomada.
Por los argumentos esgrimidos los exhortarnos a abstenerse de seguir presentando la
misma solicitud, toda vez que el despacho las entenderá como solicitudes temerarias,
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motivo por el cual podría esta unidad procesal hacer uso de las facultades sancionatorias
que le otorga la Ley por el entorpecimiento de las actividades del despacho, toda vez
que cada recurso o solicitud interpuesta ocasiona un desgaste de la administración de
justicia situación injustificable cuando estamos frente a situaciones que ya no pueden
ser objeto de modificación.
Por los planteamientos enunciados y al tratarse de una situación en la cual esta unidad
procesal no se puede pronunciar a través de providencia judicial le damos respuesta a
las peticiones impetradas a través del presente escrito. De acuerdo con los argumentos
develados le informamos que nueva solicitud que realice se entenderá como solicitud
reiterativa.
Una vez analizadas las anteriores transcripciones, la Sala considera que la decisión
proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo,
consistente en no acceder a la solicitud de inaplicación de la sanción, no fue arbitraria
ni caprichosa, pues esta se adoptó con fundamento en los supuestos fácticos
probados, comoquiera que las entidades incidentadas no lograron demostrar el
cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela del 27 de junio de 2023,
pues las pruebas aportadas no acreditaban que al señor Jesús Torres Espinosa se le
estuviese garantizado un tratamiento médico integral continúo y permanente, tal y
como se había ordenado en el proveído constitucional referido, por lo que la
interpretación realizada por la autoridad judicial precitada no es irrazonable, ya que,
como lo señaló el juez de primera instancia, si no se demuestra el cumplimiento
material del fallo de tutela, mal podría el despacho accionado dejar sin efectos la
sanción.
Ahora bien, se aprecia que el señor González Rangel afirmó que el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo incurrió en defecto sustantivo, debido
a que aquella autoridad era la competente para resolver la solicitud de inaplicación de
la sanción que fue confirmada en sede de consulta, ya que es al juez de primera
instancia a quien le corresponde conocer el trámite del incidente de desacato, pues
ello (i) obedece a una interpretación sistemática del decreto 2591 de 1991; (ii) genera
claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los
procedimientos judiciales, (iii) está en armonía con el principio de inmediación del
trámite de tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el
grado jurisdiccional de consulta.
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No obstante, debe aclararse que en ningún momento el despacho judicial precitado,
en las providencias objeto de censura, afirmó que carecía de competencia para
resolver la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta en el trámite incidental, sino
que, todo lo contrario, procedió a resolverla. Distinto es que, analizadas las
circunstancias del caso concreto, haya considerado que no podía levantar la medida
impuesta, por cuanto los sancionados tuvieron múltiples oportunidades para lograr la
materialización del fallo de tutela y en ese momento ya se habían enviado copia íntegra
y autentica de los autos del 19 de diciembre de 2023, del 8 de marzo de 2024 y del 22
de igual mes y anualidad a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Sincelejo.
En ese orden de ideas, el hecho de que la interpretación realizada por el Juzgado
demandado, en lo que se refiere a la procedencia del levantamiento de la sanción, no
fuera la esperada por la parte accionante, no implica que exista un defecto en la
decisión, pues no se observa que esta haya sido tomada de manera caprichosa o
alejada de los pronunciamientos del máximo órgano de la jurisdiccional constitucional.
Finalmente, se observa que el accionante discute el desconocimiento de precedentes
jurisprudenciales, relacionados con la inaplicación de las medidas sancionatorias
derivadas de los trámites de desacato. Sin embargo, aquel no identificó concretamente
a qué sentencia o auto hacía referencia, por lo que no es posible realizar un juicio
comparativo con la decisión que hoy pretende controvertir y los pronunciamientos que
invoca como desconocidos.
Por tanto, para esta Subsección las decisiones emitidas por parte del Juzgado Octavo
del Circuito Judicial de Sincelejo no adolecen de la causal específica invocada por el
accionante. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 18 de septiembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en la que
negó el amparo deprecado por el señor Edwin Alfredo González Rangel.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
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concluye que no se estructuró la causal específica aquí estudiada. En ese sentido,
confirmará la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual negó el amparo
solicitado por el señor Edwin Alfredo González Rangel, a través de la acción de tutela
instaurada en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
Segundo: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A.R.F.
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