Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00095-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00095-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2025-00095-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: EDWIN ALFREDO GONZÁLEZ RANGEL - GERENTE DE
SALUD DEL FOMAG
Accionado: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial// acción de tutela contra auto
que negó inaplicar sanción de multa en trámite de desacato. // se niega la petición
de amparo pues se concluye que la decisión judicial cuestionada es razonable y
fundada en el examen del material probatorio contenido en el expediente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderada judicial, el señor Edwin Alfredo González Rangel
promovió acción de tutela contra el juzgado octavo administrativo oral de Sincelejo
debido a que emitió providencias en sede de desacato dentro de otro proceso de
amparo de derechos fundamentales. Con el fin de facilitar la comprensión de los
antecedentes, en primer lugar, se explicarán el decurso procesal que llevó a la
imposición de sanciones en sede de desacato, y en segundo lugar, se reseñarán
los fundamentos de la tutela.
Antecedentes del proceso de tutela 70-001-33-33-008-2023-00106 y que llevó a
que se profirieran las decisiones judiciales cuestionadas.
2. En el año 2023, la agente oficiosa de Jesús Torres Espinosa presentó acción de
tutela contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG,
cuya vocería ejerce la fiduciaria la previsora S.A. y contra la Unión Temporal del
Norte. Este proceso de tutela fue radicado con número 70-001-33-33-008-2023-
00106 y correspondió al Juez Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo. En
providencia del 27 de junio de 2023, esa autoridad judicial amparó los derechos
fundamentales del agenciado y ordenó:
“PRIMERO. TUTELAR el derecho fundamental a la salud del señor JESÚS
TORRES ESPINOSA, frente a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN
CINCO, conforme a lo expresado en la parte motiva.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
SEGUNDO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que
dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la notificación de esta
sentencia, autorice y programe, para realizarse dentro de los diez (10) días
siguientes, las valoraciones médicas con los profesionales en medicina interna,
cirugía general y neurología, a fin de determinar los insumos o servicios que
requiere el señor JESÚS TORRES ESPINOSA para su tratamiento, y en
especial se pronuncien sobre la necesidad de pañales, alimento líquido y
servicio de enfermería en el lugar de domicilio.
TERCERO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que
dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la notificación de esta
sentencia, autorice y entregue al señor JESÚS TORRES ESPINOSA, en caso
de que no se haya hecho, los medicamentos ordenados el 4 de mayo de 2023
por medicina general. Así mismo, que suministre y garantice un tratamiento
médico integral continuo y permanente, atendiendo las patologías que padece.
CUARTO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO que
informe a este Despacho del total acatamiento de las órdenes impartidas en la
presente decisión, dentro del término de los dos (02) días siguientes de vencido
el lapso otorgado, tal como lo establece el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991,
so pena de incurrir en las sanciones allí establecidas.”
3. La decisión de amparo no fue impugnada. Además, indica que, durante el año
2023 se inició incidente de desacato contra las personas encargadas del
cumplimiento del fallo, entre ellos, el tutelante en esta oportunidad.
4. Manifiesta la parte actora que, mediante auto del 19 de diciembre de 2023, el
Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo sancionó a Edwin González Rangel,
puesto que se encontró que incumplió un fallo de tutela, en una acción constitucional
promovida por María Torres Ucrós, agente oficioso de su padre, Jesús Torres
Espinosa.
5. Se indica que, el 3 de abril de 2025, la parte actora solicitó al despacho la
reconsideración de la inaplicación de la sanción, en esa ocasión se acompañó la
petición de soportes del cumplimiento del fallo de tutela. Adicionalmente, se adujo
que, la agente oficiosa de la parte actora dentro del proceso de tutela, María Torres
Ucrós, después de que se impuso la sanción de desacato en el grado jurisdiccional
de consulta contra Edwin González, desistió de la petición de desacato, pues a la
postre informó que se cumplió el fallo.
6. Resultado de lo anterior, el 26 de noviembre de 2024, Edwin Alfredo González
presentó una nueva petición al juzgado octavo administrativo del circuito de
Sincelejo, con el fin de solicitar que se “inaplicara” la sanción de desacato.
7. El 24 de julio de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo profirió un auto en el
que resolvió la petición de “inaplicación” de la medida de desacato. En el auto, la
autoridad judicial argumentó que no accedería a la petición de inaplicación de la
sanción de desacato pues, en efecto, dicha autoridad judicial profirió una decisión
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
de amparo el 27 de junio de 2023 en la que se profirieron órdenes contra el FOMAG.
Reseñó que, en varias oportunidades, el juzgado requirió al FOMAG para que
cumpliera la determinación y que ello llevó a que, en sede de grado jurisdiccional
de consulta, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmara la sanción de desacato,
y que solo después de que esta se confirmó, la autoridad accionada cumplió la orden
judicial. La providencia de 24 de julio de 2025 concluyó:
“De acuerdo con los argumentos expuestos esta unidad procesal considera que
no tiene competencia para modificar la decisión tomada, así como tampoco
puede aceptar la solicitud de desistimiento conforme a que considera que en
esta etapa procesal no resulta oportuno desistir del incidente de desacato
cuando ya el proceso terminó e incluso se resolvió una solicitud de inejecución
posterior a la consulta y fueron interpuestas dos acciones de tutela contra el
despacho por los mismos hechos las cuales fueron negadas, al punto que se
ha movido el aparato judicial a sabiendas que existen dos decisiones en su
contra, reiterando el despacho que la entidad fue renuente al cumplimiento del
fallo en su momento y por ese motivo se hizo acreedor de la multa que le fue
impuesta”1.
Fundamentos jurídicos del escrito de tutela.
8. La parte accionante sostiene que, a pesar de que el fallo de tutela ya se cumplió
y que la accionante en ese proceso desistió de la solicitud de desacato, se mantiene
la sanción de multa. Se reprocha que, el despacho reitera su postura de no aplicar
la sanción impuesta, lo cual es contraria a las posturas de los órganos de cierre en
las distintas jurisdicciones.
9. Sostuvo que el auto de 24 de julio de 2025 desconoce el precedente de la Corte
Constitucional y de otras corporaciones judiciales según los cuales, las sanciones
de desacato si pueden ser revocadas cuando la sentencia resulta observada.
Reprochó del juez de primera instancia que negara su petición de inaplicar la
sanción de desacato argumentando que el Tribunal Administrativo de Sucre la
confirmó en el grado jurisdiccional de consulta. Recordó autos A-136 A de 2002 y
Auto 032 de 2011, ambos de la Corte Constitucional, en los que se señaló que el
juez de primera instancia, es el que conserva la determinación de imponer
desacatos.
10. Igualmente recordó decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, en las que, en su criterio, se han revocado decisiones de
desacato.
11. Solicitó que se declarara que la decisión de “negar la petición de inaplicar la
medida sancionatoria constituye una vía de hecho atendiendo la acreditación por
medio probatorio condicente y pertinente del cumplimiento del fallo de tutela en
proceso 70-001-33-33-008-2023-00106. En consecuencia, se debe dejar sin efecto
las sanciones impuestas por parte del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Sincelejo”2.
1
Folio 42, Anexo al escrito de tutela. Indice samai 2.
2
Folio 12 del escrito de tutela, Indice samai 2.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
Trámite de la tutela
12. La acción de tutela fue repartida en primera instancia, al Tribunal Administrativo
de Sucre, autoridad judicial que, admitió la petición y vinculó a la autoridad judicial
accionada.
13. El juzgado accionado intervino y explicó que el escrito de amparo no satisface
los requisitos de procedencia de tutela contra providencias, puesto que: (i) el actor
ha realizado la misma petición de protección constitucional en dos ocasiones y la
misma le ha sido negada por el Tribunal Administrativo de Sucre y por el Consejo
de Estado; (ii) la sanción de desacato impuesta en instancia y confirmada en grado
jurisdiccional de consulta, se produjo luego del incumplimiento reiterado del fallo de
tutela; (iii) el tutelante, Edwin Alfredo González, ha presentado 18 solicitudes en el
mismo sentido, es decir, que inapliquen las sanciones de desacato, pues cumplió el
fallo y es irrelevante que lo haya cumplido después de impuesta la sanción en sede
de grado de jurisdiccional de consulta.
14. Agregó; (iv) la petición de desistimiento suscrita por la actora dentro de la tutela
2023-0106 resultaba extemporánea pues, la misma se produjo tiempo después de
que ya se habían confirmado la sanción de desacato; (v) argumentó que el
cumplimiento del fallo de tutela fue tardío, parcial y discontinuo, lo que justifica
plenamente la negativa a levantar la sanción; (vi) por último esbozó que la
providencia cuestionada no incurrió en ninguna vulneración al derecho al debido
proceso y la sanción impuesta a Edwin Alfredo González fue el resultado del
cumplimiento de la Constitución y la Ley.
Sentencia de tutela de primera instancia
15. En fallo de 11 de agosto de 2025, la Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Sucre declaró improcedente la petición de amparo. Examinó la
solicitud de protección formulada a la luz del precedente de la Corte Constitucional
referido a la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámites de
desacato. Puntualmente la Sentencia SU-034 de 2018 y los requisitos específicos
de procedencia de tutela contra este tipo de providencias.
16. En el caso concreto, el Tribunal concluyó que no satisfacía la carga
argumentativa mínima puesto que, en el escrito de tutela introdujo documentos que
no fueron allegados al Juzgado Octavo Administrativo al momento de solicitar la
inaplicación de la sanción de desacato. La sentencia recordó que, según la
Sentencia SU-034 de 2018, en casos de tutela contra decisiones de desacato “En
la acción de tutela no se pueden allegar ni solicitar pruebas que no hayan sido
valoradas en el incidente de desacato”. Por lo anterior, concluyó:
“En este caso, el accionante presentó documentos que no fueron aportados
oportunamente en el trámite incidental. El juzgado no valoró dichas pruebas en
su momento, y no corresponde al juez constitucional hacerlo en sede de tutela.
Por tanto, este requisito también se considera incumplido”3.
3
Indice samai 2. Certificado 512155F51A81889D 0A3960E77323886D 1B907922D39D1643
539884DA75903E66 . Folio 8
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
17. Adicionalmente indicó que el escrito de tutela no satisface el requisito
relacionado con que se argumente la configuración de una causal de procedencia
específica.
Recurso de impugnación
18. En el recurso, la apoderada de la parte actora indicó que existen hechos que
deben ser tenidos en cuenta en segunda instancia. Señaló que, el 3 de abril “se
remite respuesta al despacho solicitando la reconsideración de la inaplicación con
los soportes que permiten identificar el cumplimiento de la orden”. El 22 de
noviembre de 2024, se remitió al despacho del juez octavo administrativo la
comunicación informando el desistimiento de la acción por el cumplimiento de los
servicios a su padre.
19. Reiteró los argumentos del escrito de amparo, respecto al cumplimiento de la
sentencia de tutela, y en esa medida, de la arbitrariedad de la decisión de inaplicar
la medida de desacato. Afirmó que la decisión atacada incurrió en un defecto
sustantivo, aunque no explica las razones para tal afirmación, y reitera que, además,
el juzgado octavo administrativo incurrió en un desconocimiento del precedente,
pues dentro del expediente reposa prueba de que la parte actora dentro de la tutela
2023-00106 presentó solicitud de desistimiento del incidente de desacato. Afirmó:
“Resulta incongruente entonces que el despacho le da plena validez al accionante
cuando manifiesta que existe un incumplimiento y no cuando manifiesta que la
entidad está dando cabal cumplimiento a la orden”4.
CONSIDERACIONES
Competencia
20. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
segunda instancia, conforme el artículo 33 del decreto 2591 de 1991 y el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.
Problema jurídico
21. En su respuesta a esta acción de tutela, el Juzgado Octavo Administrativo de
Sincelejo indicó que, el actor ha formulado otras peticiones de amparo dirigidas al
mismo objetivo, es decir, la inaplicación de la sanción de multa impuesta mediante
auto de 19 de diciembre de 2023. El juzgado referenció que, en al menos dos
oportunidades, jueces constitucionales han resuelto acciones de tutela suscritas por
Edwin Alfredo González Rangel en las que ataca decisiones proferidas por el
Juzgado Octavo Administrativo que negaron peticiones de inaplicación de la sanción
de multa. Sin embargo, examinado el expediente, se verifica que una acción de
tutela con, aparentemente, hechos similares y las mismas partes fue resuelta dentro
del radicado 70-001-23-33-000-2024-00145-01, por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en providencia del pasado 7 de noviembre de 2024. Por lo
4
Folio 7 del escrito de impugnación.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
anterior, en primer lugar, deberá examinarse como primer problema jurídico, si se
presentó cosa juzgada constitucional.
22. En caso de que llegue a descartarse la cosa juzgada constitucional, como
segundo problema jurídico se deberá establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, en atención a la especial
situación de que se trata de una acción de tutela contra un auto que resolvió una
petición de “inaplicación” de una sanción de desacato resuelta en primera y grado
jurisdiccional de consulta. En caso de resolver positivamente el anterior
interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.
23. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la Sección
reiterará el precedente constitucional sobre; (i) la cosa juzgada en materia de acción
de tutela, y (ii) procedencia de tutela contra providencias proferida en el trámite de
desacato. En caso de superar los estadios previos, se resolverá el caso concreto.
Cosa juzgada en acción de tutela
24. En reciente sentencia T-504 de 2024, la Corte Constitucional reiteró que la cosa
juzgada constitucional en los procesos referidos a acciones de tutela se debe
estudiar en aquellos eventos en los que “se adelanta un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y entre ambos hay identidad jurídica
de partes, objeto y causa”. Esta triple identidad, en criterio de esta corporación, se
verifica cuando:
Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado
por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o
representantes y se dirija contra el mismo demandado.
Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de
tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.
Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales.”
25. De lo anterior, se deduce que, por regla general, los fallos de tutela hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional cuando la Corte Constitucional decide excluir
de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, cuando queda ejecutoriada la
providencia que expida este tribunal.”5 . El examen de los requisitos de la cosa
juzgada constitucional, en todo caso, debe analizarse caso a caso, pues basta con
que concurra un hecho nuevo para que pueda desvirtuarse la triple identidad 6. De
igual manera, cuando se demuestra que en el proceso anterior “no se ha emitido un
pronunciamiento de fondo sobre la pretensión puesta en conocimiento original de
un juez”7 En estos eventos excepcionales, el juez constitucional queda habilitado
para que realice un pronunciamiento de fondo.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2023.
6
Sentencia SU-128 de 2024 que, a su vez, se refirió a la sentencia SU-027 de 2021.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2023.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
Examen de la cosa juzgada en el caso concreto
26. Se examinará si se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Respecto a los hechos, esta subsección encuentra que, conforme a las piezas
procesales que allegaron las partes al expediente de tutela, en el año 2023, la
agente oficiosa de Jesús Torres Espinosa promovió acción de tutela contra el
FOMAG. En decisión de 27 de junio de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo de
Sincelejo amparó los derechos fundamentales del actor y ordenó:
SEGUNDO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que
dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la notificación de esta
sentencia, autorice y programe, para realizarse dentro de los diez (10) días
siguientes, las valoraciones médicas con los profesionales en medicina interna,
cirugía general y neurología, a fin de determinar los insumos o servicios que
requiere el señor JESÚS TORRES ESPINOSA para su tratamiento, y en
especial se pronuncien sobre la necesidad de pañales, alimento líquido y
servicio de enfermería en el lugar de domicilio.
TERCERO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que
dentro de los dos los medicamentos ordenados el 4 de mayo de 2023 por
medicina general. Así mismo, que suministre y garantice un tratamiento médico
integral continuo y permanente, atendiendo las patologías que padece.
CUARTO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO que
informe a este Despacho del total acatamiento de las órdenes impartidas en la
presente decisión, dentro del término de los dos (02) días siguientes de vencido
el lapso otorgado, tal como lo establece el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991,
so pena de incurrir en las sanciones allí establecidas (2) días siguientes,
contados a partir de la notificación de esta sentencia, autorice y entregue al
señor JESÚS TORRES ESPINOSA, en caso de que no se haya hecho.
27. El 25 de agosto de ese mismo año, la agente oficiosa del actor inició incidente
de desacato contra la entidad accionada. El incidente se resolvió el 19 de
diciembre de 2023 y se declaró que Edwin Alfredo González Rangel, en su calidad
de gerente del área de salud de Fomag incurrió en desacato al fallo de tutela. La
decisión fue confirmada tras grado jurisdiccional de consulta, en auto de 1 de marzo
de 2024. Se impuso como sanción una multa de un salario mínimo mensual vigente.
28. Según la información que reposa en el expediente8, desde que se impuso el
desacato en sede de primera instancia, desde el 16 de enero de 2024, pero,
después de que se confirmó el desacato en grado jurisdiccional de consulta, la
Fiduprevisora S.A. de manera reiterada ha dirigido escritos al Juzgado Octavo
Administrativo de Sincelejo en el que ha solicitado que se inaplique la sanción. Se
relacionan escritos del 31 de marzo de 2024, el 1 de abril de 2024, el 3 de abril de
2024, el 25 de abril de 2024, y el 16 de agosto de 2024. Según el escrito de
8
Folio 44 y subsiguientes del anexo del escrito de amparo.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
contestación de la tutela, el actor ha presentado 9 solicitudes de inaplicación de la
sanción de desacato.
29. Las mismas fueron resueltas el 30 de agosto de 2024, pues “el juzgado octavo
administrativo oral de Sincelejo emitió respuestas a las solicitudes de inaplicación
y/o revocatoria de la sanción de multa dictada en el incidente de desacato”9. Dentro
del radicado 2024-00145-00, el 4 de septiembre de 2024, Edwin Alfredo González
Rangel presentó acción de tutela (2024-00145-00) contra el Juzgado Octavo
Administrativo solicitando que “se dejara sin efecto las sanciones interpuestas
contra su persona por el incumplimiento del fallo de tutela con radicado 70-001-33-
33-008-2023-00106 el cual fue proferido (sic) el despacho”. Esa petición de amparo
fue negada mediante sentencia del 18 de septiembre de 2024, por Tribunal
Administrativo de Sucre10 y confirmado en segunda instancia en sentencia del 7 de
noviembre proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
30. Dentro del sub lite, en esta ocasión, se verifica que el actor, después del fallo de
tutela de 7 de noviembre de 2024 proferido dentro de la tutela radicada con número
2024-0045-01, resuelta en segunda instancia por el Consejo de Estado, el 21 de
noviembre de 2024, el mismo actor presentó una nueva petición de inaplicación de
la sanción de desacato, acompañada de una solicitud de desistimiento de desacato
suscrita por la agente oficiosa del paciente y tutelante, Jesús Torres Espinosa. Esa
petición fue resuelta negando la petición de inaplicación de la sanción de desacato
y se negó la solicitud de desistimiento suscrita por la parte actora, en auto de 24 de
julio de 202511.
31. Examinado el expediente12, se verifica que, en efecto, Edwin Alfredo González
Rangel, en su condición de Gerente de Salud del Patrimonio Autónomo Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ha solicitado en varias ocasiones
la inaplicación de una sanción impuesta dentro del trámite de desacato para el
cumplimiento del fallo de 27 de junio de 2023, proferido dentro del radicado de tutela
2023-00106-00 adelantado por el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo. Ello
ha llevado que se profiera al menos otro fallo de tutela relacionado con la misma
petición de inaplicación de la sanción de multa. Ello es verificable dentro del
radicado 70001-23-33-000-2024-00145-01, y que, según la contestación de tutela
suscrita por la autoridad judicial accionada, fue resuelta en sentencia del 7 de
noviembre de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
32. Por lo anterior, en punto a la solución del primer problema jurídico formulado en
este acápite, se descartará que exista cosa juzgada constitucional entre la acción
de tutela radicada con numero 2024-00145-01 y la sub-lite.
9
Citado en folio 44 del anexo del escrito de tutela.
10
Folio 9 del escrito de contestación de tutela.
11
Folio 42 y subsiguientes del escrito de tutela.
12
Contestación de la acción de tutela suscrita por el Juez Octavo Administrativo de Sincelejo. Anexo
1. Folio 9 y subsiguientes.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
33. Si bien en las dos acciones de tutela se examinaron decisiones proferidas por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo en las que se negó la
petición de inaplicación de la sanción de desacato, se verifica que en la sentencia
de noviembre de 2024 se examinó una decisión de 30 de agosto de 2024 proferida
por la autoridad judicial accionada, mientras en esta ocasión de ataca una
providencia de 24 de julio de 2025. En este punto debe aclararse que en el escrito
de amparo que actualmente se estudia, la parte actora equivocadamente, en el
acápite de pretensiones si enuncia cuestionar una decisión de 30 de agosto, sin
embargo, si se examina el contenido de toda la petición de amparo constitucional
se comprende que se refiere a la decisión de 24 de julio de 2025, y que la mención
al 30 de agosto fue un error.
34. El cuadro siguiente permite comparar las dos acciones de tutela:
Radicado 2024-00145-0113 Radicado 2025-00095-01
Actor Edwin Alfredo González Rangel Edwin Alfredo Gónzález Rangel
Accionado Juzgado Octavo Administrativo Juzgado Octavo Administrativo del
del Circuito Judicial de Sincelejo Circuito de Sincelejo
Pretensión SEGUNDO: Se sirva declarar que “SEGUNDO: Se sirva declarar que
la omisión en la declaratoria de la omisión en la declaratoria de
inaplicación de la medida inaplicación de la medida
sancionatoria proferida mediante sancionatoria proferida mediante
oficio del 30 de agosto de la oficio del 30 de agosto de la
presente anualidad por el presente anualidad por el
JUZGADO OCTAVO JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
CIRCUITO DE SINCELEJO, DE SINCELEJO, constituye una VIA
constituye una VÍA DE HECHO, DE HECHO, atendiendo la
atendiendo la acreditación por acreditación por medio probatorio
medio probatorio conducente y conducente y pertinente del
pertinente del cumplimiento del cumplimiento del fallo de tutela en
fallo de tutela en proceso 70-001- proceso 70-001-33-33-008-2023-
33-33- 008-2023-00106 y los 00106 y los pronunciamientos de la
pronunciamientos de la Corte Corte Constitucional y Corte
Constitucional y Corte Suprema Suprema de Justicia respecto a la
de Justicia respecto a la viabilidad viabilidad de cesar los efectos de las
de cesar los efectos de las medidas sancionatorias en tramites
medidas sancionatorias en incidentales.”
tramites incidentales. TERCERO:
Que como consecuencia de lo Si se observa el escrito de amparo
anterior, se deje sin efectos las se verifica que, a pesar de que se
sanciones impuestas por parte del anuncia que se ataca una decisión
JUZGADO OCTAVO de 30 de Agosto, esto se debe
ADMINISTRATIVO DEL comprender como un error de la
CIRCUITO DE SINCELEJO […]». apoderada, toda vez que, en la parte
motiva del escrito de amparo se
13
Los elementos para identificar si se presenta cosa juzgada fueron extraídos de la sentencia de 7
de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del radicado 70001-23-33-000-2024-00145-01
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
afirma en el hecho quinto:
“Consecuentemente el 24 de julio de
2025 el despacho emite auto por
medio del cual resuelve la solicitud
de inaplicación indicando” y más
Adelante, al comentar la decisión de
24 de julio de 2025 afirma: “Pese a
que a la fecha la orden de instancia
se encuentra cumplida, el despacho
reitera su postura de no aplicar la
sanción impuesta, lo cual es
contrario a las posturas de los
órganos de cierre en las distintas
jurisdicciones”
Autoridad Sentencia de 18 de septiembre de Sentencia de 11 de agosto de 2025,
judicial que 2024 proferida por la Sala proferida por la Sala Cuarta de
conoció en Segunda de decisión del Tribunal Decisión del Tribunal Administrativo
primera Administrativo de Sucre de Sucre-
instancia
Autoridad Sentencia de 7 de noviembre de
judicial que 2024, proferida por la Subsección
conoció en A de la Sección Segunda del
segunda Consejo de Estado
instancia
35. Examinado el escrito de tutela sub-lite, se verifica que el actor está atacando la
providencia de 24 de julio de 2025, situación que no fue objeto de ataque el
expediente 2024-00145-01, aunque si bien si se cuestionó una determinación del
mismo juzgado referida a abstenerse de inaplicar la sanción de multa. Sin embargo,
puesto que no se censura error a la misma actuación judicial, en este caso, este
solo hecho basta para concluir que se presenta un hecho nuevo y que en esa
medida no se produce el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
36. Resuelto el primer problema judicio, a continuación, corresponde examinar si
resulta procedente formalmente, la acción de tutela contra el auto proferido dentro
del trámite de desacato. Con el fin de resolver la procedencia de la acción de tutela,
como ya se indicó, se reiterará el precedente constitucional relacionado con la
procedencia de la acción de tutela en estas hipótesis.
Acción de tutela contra autos de desacato
37. La jurisprudencia constitucional14 ha señalado que resulta procedente promover
acción de tutela contra providencias que imponen sanciones dentro del incidente de
desacato con miras a garantizar el cumplimiento de los fallos de tutela. Se ha
precisado que, puesto que, una providencia que impone una sanción de desacato,
es diferente a la sentencia de tutela, la misma es pasible de acción constitucional,
siempre que satisfaga los mismos requisitos de una acción de tutela contra
14
Cfr. Sentencia T-170 de 2023 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. En el mismo sentido, Sentencia
SU-034 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos. En el mismo sentido la SU-050 de 2022 M.P. Alberto Rojas
Ríos.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
providencia judicial, salvo el de subsidiariedad, puesto que, el legislador no previó
ningún medio judicial que permita controvertir un auto ejecutoriado en que se
impuso una sanción dentro del incidente de desacato.
38. En la SU-050 de 2022, la Sala Plena de la Corte resolvió una acción de tutela
promovida por Colpensiones. En ella se cuestionaban sanciones proferidas dentro
del trámite de desacato contra servidores de Colpensiones. En las sanciones de
desacató y en sentencias de tutela se ordenaba mantener mesadas pensionales por
encima del tope constitucional. La Corte recodó que, los jueces de tutela, en
ocasiones, vulneran los derechos fundamentales de las partes, cuando profieren
órdenes que son de imposible cumplimiento. En esos eventos, se debe levantar la
sanción de desacato. En los restantes casos, es decir, cuando la orden judicial de
amparo es cumplible, pero no existe satisfacción del derecho por inacción de la
entidad accionadas, corresponde utilizar las facultades que entrega el decreto 2591
de 1991 al juez constitucional para garantizar la satisfacción del derecho protegido.
39. Recientemente la Sentencia T-170 de 2023 precisó que, para que sea
procedente la acción de tutela contra un auto que pone fin a un incidente desacato
se requiere: “(i) la decisión que puso fin al trámite incidental se encuentre
debidamente ejecutoriada, pues será improcedente aun si lo que resta es que se
surta el grado de consulta; (ii) sean acreditados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y sustentar la
solicitud de amparo, al menos, en la configuración de una de las causales
específicas (defectos); y (iii) haya consistencia entre los argumentos planteados en
la demanda de tutela y los esgrimidos en el curso del incidente de desacato,
evitando incluir nuevas alegaciones y solicitar pruebas nuevas o que de oficio el
juez no debía practicar.”
40. En este aspecto, la Sentencia SU-034 de 2018 resolvió una acción de tutela
formulada por quien en su momento era la directora de la UARIV, puesto que, varios
jueces de tutela habían impuesto sanciones dentro del trámite de desacato. En la
providencia, la Corte aclaró que el incidente de desacato es un mecanismo dirigido
a que, el juez constitucional cuente con un instrumento para garantizar el
cumplimiento del fallo. En esa medida, se descarta que el incidente tenga como
única y principal finalidad la imposición de la sanción. Se insistió que la finalidad
principal de incidente de desacato es que, a través de la disuasión de la sanción,
buscar que su cumpla la decisión de amparo.
41. Por lo anterior, el incidente de desacato examina la responsabilidad subjetiva de
un servidor público o persona renuente al cumplimiento de un fallo, y se excluye la
responsabilidad objetiva. En aquel caso, se protegió el derecho al debido proceso
de la actora, pues se verificó que las autoridades judiciales impusieron sanciones
de desacato, desconociendo la lógica de dicha institución procesal, es decir, el
examen subjetivo del comportamiento de un servidor público, y cuya única finalidad
es el cumplimento de los fallos de tutela, no la imposición de la sanción en si misma.
La Sala Plena de la Corte reprochó a las autoridades judiciales que no tuvieron en
cuenta que, impusieron la sanción “respecto a órdenes complejas y se pasó por alto
que el no pago inmediato de las medidas de reparación reconocidas a los
solicitantes no era imputable a la negligencia de las funcionarias”. Indicó el fallo:
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
“La Sala evidenció que las providencias acusadas incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, en la medida en que hicieron
caso omiso de que, a raíz de la complejidad que implicaba la ejecución
inmediata de las órdenes de tutela –por estar inmersas en un estado de cosas
inconstitucional–, era preciso atender la jurisprudencia conforme a la cual el juez
está revestido de singulares atribuciones para modular las órdenes impartidas
en sentencia –en este caso, las órdenes de pago de la indemnización
administrativa–, considerando los elementos del contexto y los informes
allegados por la entidad obligada. Específicamente, se advirtió que en el marco
de lo que esta Corte ha denominado órdenes complejas, el precedente
habilitaba al juez para que modulara la orden de pago en uno de sus aspectos
accidentales (tiempo, modo y lugar) con el propósito de hacer posible el
cumplimiento, dado el allanamiento a los fallos por parte de la obligada,
contrastado con la problemática estructural asociada al estado de cosas
inconstitucional en materia de víctimas de desplazamiento forzado.
Asimismo, se constató que la pretermisión del estudio sobre la responsabilidad
subjetiva conllevó un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la
finalidad del incidente de desacato. Se pasó por alto que el no pago inmediato
de las medidas de reparación reconocidas a los solicitantes no era imputable a
la negligencia de las funcionarias sino a la situación coyuntural ocasionada por
la violación masiva de derechos en el marco del conflicto, y dicha omisión
condujo a una desnaturalización de las sanciones de arresto y multa como
mecanismos para propiciar la efectividad de la salvaguarda dispensada en los
fallos de tutela.
42. El fallo que se comenta argumentó que el juez del desacato tiene el deber de
verificar, más allá del cumplimiento objetivo de la decisión de amparo, examinar si
los servidores o particulares obligados actuaron de manera negligente, o si por el
contrario, existe una imposibilidad jurídica o fáctica de cumplir el fallo. La Sala Plena
de la Corte indicó que el juez del desacato debe tener cuenta, entre otras cosas, el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida; la presencia de un estado de
cosas inconstitucional; la complejidad de las órdenes; la capacidad funcional de la
persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el
fallo; y entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como (i) la
responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las
órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al
cumplimiento.
43. Además de una carga argumentativa, el tutelante debe satisfacer los requisitos
de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2) relevancia constitucional, 3)
subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal decisiva, 6) identificación
razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen
sentencias de tutela de constitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad15.
44. Examinado lo anterior, corresponde verificar si se configura alguna de las
causales invocadas por la parte tutelante, razón por la cual, se explicarán las siete
causales de procedencia especifica de tutela contra providencia. La Sentencia C-
590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los
siguientes defectos. A continuación, se enuncian los defectos específicos
15
Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre
otras.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y se profundiza en el
defecto del desconocimiento del precedente judicial, puesto que es la tesis central
de la acción de amparo.
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados
por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar
de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye
un alcance insuficiente o lo contradice.
45. Con base en las anteriores consideraciones se resuelve el caso concreto.
Caso concreto
46. Como ya se indicó en el acápite del primer problema jurídico, el actor promovió
acción de tutela contra la providencia de 24 de julio de 2025, en la que el juzgado
octavo administrativo de Sincelejo negó la petición de inaplicación de la sanción de
desacato interpuesta el 19 de diciembre de 2023, dentro del cumplimiento de la
tutela identificada con el radicado 2023-00106-00. En punto al examen de la
procedencia formal de la acción de tutela se verifica que, conforme lo afirma el
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
tutelante, en el trámite de cumplimiento de la sentencia de tutela de 27 de junio de
2023, ha remitido la información relacionada al supuesto cumplimiento del fallo de
tutela. La información con la que se acompaña el escrito de amparo, toda ella data
del año 2024, es decir, no se trata de información nueva que no conozca el Juez
Octavo Administrativo de Sincelejo. Con ello, esta Subsección estima que se
satisface el requisito relacionado con que, “haya consistencia entre los argumentos
planteados en la demanda de tutela y los esgrimidos en el curso del incidente de
desacato, evitando incluir nuevas alegaciones y solicitar pruebas nuevas o que de
oficio el juez no debía practicar.”16
47. En relación con la ejecución de la decisión que se cuestiona, esto es, la
providencia de 24 de julio de 2025, se verifica que la misma se encuentra
ejecutoriada, en atención a que contra la misma no procede el grado jurisdiccional
de consulta. Respecto a los requisitos de procedencia formal de la tutela contra la
providencia se encuentra que, se satisface la legitimación en la causa por activa y
por pasiva, pues quien presenta la acción de tutela es la persona sancionada en
desacato y quien solicitó la inaplicación de la decisión disciplinaria. En el mismo
sentido, se demandó la providencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Sincelejo.
48. De igual forma se satisfacen los requisitos de inmediatez, subsidiariedad y
relevancia constitucional. En efecto, la acción de tutela se promovió el 28 de julio de
2025, es decir, a los 4 días siguientes de la expedición de la providencia atacada,
lo que se encuentra dentro de un plazo razonable. En este punto corresponde
reiterar que, en este caso se ataca la providencia de 24 de julio de 2025, decisión
que no ha sido objeto de otra acción de tutela, además, en esta oportunidad, la parte
actora afirma que se presenta un desistimiento del incidente de desacato. Nótese
que esos dos aspectos no han sido estudiados en algún otro proceso constitucional
relacionado con esta materia. Contra la misma no procede ningún recurso judicial,
pues el grado jurisdiccional de consulta está previsto únicamente para la sanción de
desacato, no para aquella que resuelve una petición de inaplicación de esta. En el
mismo sentido, se satisface el requisito de relevancia, toda vez que se cuestiona la
garantía del derecho al debido proceso y la posibilidad de que se impongan
sanciones, señaladas de arbitrarias, todo ello, compromete la garantía del derecho
previsto en el artículo 29 superior. En varias decisiones, la Corte Constitucional ha
señalado que las discusiones sobre la inaplicación de las sanciones impuestas en
desacato sobrepasan este análisis formal17.
49. Finalmente, no se cuestiona una sentencia de tutela, de control abstracto o
interpretativa de la jurisdicción especial para la paz, sino un auto que resolvió la
petición de inaplicación de la sanción de desacato.
50. En punto al examen de procedencia material, es decir, la configuración de alguna
de las causales específicas de procedencia, esta subsección debe examinar las
razones que tuvo el juzgado octavo administrativo de Sincelejo para negarse a
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-034 de 2018.
17
Corte Constitucional Sentencia SU-055 de 2022 y SU-034 de 2018.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
inaplicar la sanción impuesta al tutelante. En este punto, se lee en la providencia de
24 de julio:
La Corte Constitucional ha dicho que la finalidad del incidente de desacato no
es la sanción en sí misma, sino una forma de lograr que los derechos
fundamentales que han sido tutelados sean garantizados efectivamente. Al
respecto en Sentencia SU 034/18 estableció:
(…)
Por su parte, el Consejo de Estado, ha manifestado que es posible levantar la
sanción de desacato cuando se haya cumplido con la orden de tutela, aún en el
evento que se haya decidido el grado jurisdiccional de consulta, pues la finalidad
del desacato es persuasiva y no sancionatoria. Al respecto señaló:
(…)
De lo anterior, es claro que es posible levantar la sanción de desacato cuando
la parte accionada demuestra que ha cumplido con la orden impartida en la
sentencia de tutela, aun cuando se haya resuelto el grado jurisdiccional de
consulta.
Descendiendo en el caso concreto, es claro que no es procedente la
inaplicación o inejecución de la sanción impuesta, pues siendo los doctores
EDWIN ALFREDO GONZALEZ RANGEL, en su calidad gerente del área de
salud del FOMAG, y (…) los encargados de darle cumplimiento al fallo de tutela,
haciendo caso omiso al mismo, debido a la discontinuidad del servicio y no
prestación total del plan de manejo estipulado por uno de los médicos tratantes,
quedado comprobado que no le dieron en su oportunidad el total cumplimiento
al fallo de tutela.
Luego entonces, tal como se establece en la jurisprudencia citada, el
levantamiento de la sanción impuesta en el trámite del incidente de desacato es
procedente cuando se demuestra que se ha acatado la sentencia, y en el
presente caso los doctores EDWIN ALFREDO GONZALEZ RANGEL, en su
calidad gerente del área de salud del FOMAG, y (…) no cumplieron con la
orden judicial que le fue impartida por este Despacho la cual debió
haberse cumplido en el término establecidos en la misma una vez fuera
notificado del fallo proferido el 27 de junio de 2023, lo cual no hicieron, como
tampoco se hizo en el trámite del incidente de desacato la muestra es que
todavía para la fecha en que nos encontramos en pleno 2025 todavía
siguen presentando solicitudes y pruebas del aparente cumplimento”
(negrilla y subrayado agregado por la sala)
51. Esta subsección verifica que, el auto de 24 de julio de 2025 reiteró las reglas
jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado referidas a que,
en sede de incidente de desacato, el objetivo del juez constitucional no es imponer
la sanción prevista en el decreto-ley 2591 de 1991 sino garantizar el cumplimiento
del fallo de tutela. El Juez Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo fue
consciente de que la finalidad principal del incidente de desacato es el cumplimiento
del fallo y la aplicación de una sanción. En el mismo sentido verificó que, en su
criterio, la sentencia de amparo de 27 de junio de 2023 no estaba cumplida, incluso
a pesar del memorial que remitió la agente oficiosa del titular de los derechos
fundamentales protegidos, quien indicó al juez constitucional que:
“ (…) a la fecha la nueva administración del fomag le ha estado suministrando
las terapias ordenadas por el médico, el alimento que ordeno (sin) la
nutricionista, los pañales, los medicamentos que ha requerido para (sic)
mejoramiento de su estado y servicio de enfermería por 8 horas.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
La nueva administración del fomag a la fecha ha estado al pendiente de las
necesidades del paciente JESUS TORRES ESPINOSA (…) le agradezco al sr
Juez (…) por su apoyo y al FOMAG por brindar calor humano ante las
necesidades de pacientes de alto riesgo como es el caso de mi padre”18
52. Es el Juez Octavo Administrativo de Sincelejo quien cuenta con la integralidad
de la información respecto al grado de cumplimiento de la sentencia de 27 de junio
de 2023. Como se observa, en el auto atacado, la autoridad judicial estima que, aún
en 2025, la sentencia no ha sido cumplida, por lo anterior, esta subsección concluye
que no puede reemplazar al juez del desacato pues carece del material probatorio
para determinar si la sentencia proferida dentro del radicado 2023-00106-00 ha sido
cumplida en su totalidad, o si por el contrario, como lo indica la providencia atacada,
el cumplimiento ha sido parcial, fragmentado y sin el tratamiento integral ordenado.
En esa medida, para esta subsección, la autoridad judicial llamada a verificar si la
sentencia de amparo fue cumplida o no es el juez octavo administrativo de la ciudad
de Sincelejo. En este aspecto la providencia goza de la presunción de acierto y
validez que acompañan a las decisiones judiciales.
53. Respecto de la materialización de los fallos de tutela, el juez del cumplimiento y
el del desacato no puede renunciar a la observancia del fallo de amparo, incluso si
la parte actora “desiste del incidente”, especialmente, cuando del material probatorio
contenido en el expediente se verifica que, la sentencia no ha sido cumplida. Esto
tiene especial relevancia en el caso concreto, toda vez que, el juez accionado en la
providencia cuestionada señala que, a pesar del desistimiento de la parte actora,
verifica que después de este memorial, en todo caso persiste el incumplimiento de
la decisión judicial de protección de derechos. Si la parte actora pretendía que se
ampararan sus derechos en esta sede judicial, debía allegar al expediente material
probatorio que mostrará el pleno cumplimiento de la decisión judicial, que abarca la
protección de los derechos amparados en el fallo, y de esa manera mostrar el error
del juez atacado. Sin embargo, la acción de tutela no fue acompañada de medios
de conocimiento que permitan, siguiera indiciaria y sumariamente, verificar el
cumplimiento del fallo de amparo. El argumento principal de la acción de tutela es
que la parte actora desistió del incidente de desacato, pero el mismo juez octavo
administrativo de Sincelejo, en el auto impugnado, señala que después de ese
memorial se continúa verificando el incumplimiento del fallo constitucional.
54. Sin embargo, en sede del examen de desacato el juez constitucional debe
estudiar el comportamiento interno y subjetivo de los servidores públicos o los
particulares obligados con la decisión judicial de amparo. Como se indicó en la parte
motiva de esta providencia, el juez de desacato estudia si la persona obligada a
cumplir el fallo incurrió en negligencia, arbitrariedad o una actitud deliberada dirigida
al incumplimiento de un fallo de tutela. El examen subjetivo del comportamiento es
el núcleo del incidente de desacato. Este examen se realizó en la decisión de 19 de
diciembre de 2024 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo y
confirmado en sede de grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal
Administrativo de Sucre. Dichas decisiones no han sido objeto de ataque en la
acción de tutela que se estudia, dado que el señalamiento se concentra en el auto
de 24 de julio de 2025. Como se acabó de indicar, en el escrito de amparo no reposa
18
Folio 11 de los anexos del escrito de tutela.
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
información que permita desvirtuar la conclusión del juez octavo administrativo de
Sincelejo respecto a que la sentencia de 27 de junio de 2023 ya fue cumplida. En
criterio de esa autoridad judicial la decisión no ha sido cumplida, y en esa medida,
respecto a la petición de inaplicación de la sanción de desacato, el juez concluyó
que la misma no resulta procedente por la permanente insatisfacción del fallo de
protección constitucional, aun, en el año 2025.
55. A juicio del juez octavo administrativo, la decisión de desacato se remonta a
diciembre de 2023 y marzo de 2024, y durante todo el año 2024 y 2025, la entidad
accionada no ha satisfecho la garantía del derecho protegido. Para el juez
constitucional censurado no basta el memorial de noviembre de 2024, en la que la
agente oficiosa de la parte actora desiste del incidente de desacato, pues en su
criterio, para julio de 2025, el fallo aún se encuentra parcialmente satisfecho, al
punto que existen solicitudes de cumplimiento del fallo.
56. Corresponde insistir en que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reconocido la posibilidad de inaplicar sanciones proferidas en el trámite de
desacato, pero en aquellos eventos en los que la decisión judicial de tutela es de
imposible cumplimiento. Como se indicó en el acápite considerativo, en la Sentencia
SU-050 de 2022, la Corte amparó los derechos de servidores de Colpensiones y
dejó sin efectos sanciones de desacato porque las decisiones de amparo eran de
imposible cumplimiento jurídico. En ellas se ordenaba mantener mesadas
pensionales por encima de los topes constitucionales. En el caso concreto, la
Subsección concluye que la decisión de amparo del juez octavo administrativo de
Sincelejo es de posible cumplimiento y, conforme la información contenida en el
expediente, a la fecha de ejercicio de la acción constitucional, la misma no ha sido
totalmente cumplida. Además, se configura el presupuesto principal para excluir las
reglas de inaplicación de sanciones expedidas en desacato, a saber: persiste el
incumplimiento de las órdenes de tutela que justificó dicho proceso sancionatorio, y
por ende, continúa la infracción de los derechos fundamentales de la tutelante
original.
57. Debe precisarse que el auto atacado, el de 24 de julio de 2025, resolvió
peticiones de inaplicación de la sanción de desacato impuesto en el auto de 19 de
diciembre de 2023, confirmado en auto de marzo de 2024. En esta ocasión no se
está atacando la decisión de imposición de la sanción de desacato, sino memoriales
posteriores, en los que la entidad accionada solicita la inaplicación de la medida
disciplinaria. Esta subsección encuentra que, la decisión disciplinaria además de
que no es objeto del ataque constitucional, la misma fue confirmada en el grado
jurisdiccional de consulta. En esa medida, también goza de presunción de acierto y
corrección.
58. La Sala debe diferenciar con precisión el ataque constitucional que se pretende
en esta ocasión. Se insiste, no se ataca el auto que impuso la decisión de desacato,
sino un auto que resolvió peticiones de inaplicación. Por esta precisión, a criterio de
esta Sala resulta fundamental que, al momento de resolver la petición de
“inaplicación” de la sanción de desacato, el juez octavo administrativo concluyera
que la sentencia de amparo de 27 de junio de 2023 ya había sido cumplida, esto
como parte de un examen razonable y necesario. El juez accionado consideró que,
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
si aun en 2025 se recibían peticiones de cumplimiento del fallo, no resultaba
pertinente “inaplicar” la sanción de desacato, a pesar de que la agente oficiosa haya
desistido en noviembre de 2024 del incidente, o que, a criterio de la entidad
accionada ya se haya cumplido el fallo, esto pues, dentro del incidente siguen
reposando peticiones de cumplimiento.
59. A juicio de esta subsección la decisión del juez octavo administrativo de la ciudad
de Sincelejo resulta razonable en atención a que, no se estaba resolviendo sobre la
imposición de sanción de desacato, pues esto fue resuelto, como ya se ha indicado,
en auto de 19 de diciembre de 2023, sino que se estaba resolviendo sobre una
petición de inaplicación de la sanción, y para el juez accionado era condición de
posibilidad para eventualmente acceder a esa posibilidad que la sentencia de 27 de
junio de 2023 ya estuviese cumplida. Sin embargo, con base en el expediente del
incidente de desacato, el juez natural de la causa constató que persisten las
peticiones de cumplimiento y la inobservancia de las órdenes del fallo de amparo.
En consecuencia, esta subsección negará el amparo solicitado, pues, conforme el
material probatorio contenido en el expediente se concluye que, la decisión de
amparo de 2023 no se ha cumplido, y en esa medida, se sintetiza que no se produjo
la vulneración al derecho fundamental invocado por el actor. Se revocará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo, para en su
lugar negarlo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre en la que declaró improcedente el amparo, para
en su lugar, NEGARLO por las razones indicadas en la parte motiva.
SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01
Accionante: Edwin Alfredo González Rangel
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
VF
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