Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00033-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00033-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2026-00033-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de mayo de 2026
Demandante: Miguel Antonio Villa Osorio
Demandada: Defensoría del Pueblo
Radicación: 70001-23-33-000-2026-00033-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 70001-23-33-000-2026-00033-01
Demandante: Miguel Antonio Villa Osorio
Demandada: Defensoría del Pueblo
Tema: Se niegan las pretensiones por temeridad en el ejercicio de la
acción de cumplimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 24 de marzo de 2026. En la citada decisión el Tribunal Administrativo
de Sucre, Sala Primera de Decisión, negó la pretensión de la acción de
cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Miguel
Antonio Villa Osorio presentó demanda contra la Defensoría del Pueblo con el fin
de obtener el cumplimiento de lo previsto en los artículos 39, 41 y 49 de la
Resolución 638 de 20081. Del escrito de demanda se infiere, que lo pretendido por
la parte actora es que se le ordene a la accionada que solicite ante la Corte
Constitucional, la revisión de los fallos de tutela dictados al interior de procesos en
los que él participó como parte2.
2. Hechos
El actor sostuvo que, el 6 de febrero de 2026, le solicitó a la Defensoría del Pueblo
el acatamiento de los artículos 39, 41 y 49 de la Resolución 638 de 2008 proferida
por dicha autoridad. Ello, con el fin de que insistiera «en la revisión de la tutela T
100 76 370».
1 Por medio de la cual se precisan y complementan los lineamientos generales para el litigio defensorial en
aplicación de los mecanismos de protección de los derechos constitucionales y se dictan otras disposiciones.
2 «RESPETUOSAMENTE SOLICITO SE ORDENE A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA
INSISTA EN REVISIÓN DE TUTELA APLICANDO LOS ARTÍCULOS 39 , 41 Y 49 DE LA RESOLUCIÓN 638
DE 2.008 Y ASI CESE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MIGUEL ANTONIO
VILLA OSORIO . ESTO EN LA TUTELA CON RADICADO NÚMERO : T 100 76 370».
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Demandante: Miguel Antonio Villa Osorio
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4. Precisó que, ha realizado a tiempo y con el lleno de los requisitos «la insistencia
en revisión de tutela».
5. Afirmó que, a la fecha de interposición de la demanda, no ha obtenido una
respuesta positiva a su petición.
3. Admisión de la demanda
En auto de 27 de febrero de 2026, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Sucre, Sala Primera de Decisión, admitió la demanda. En consecuencia, ordenó
la notificación de lo decidido a la autoridad accionada.
4. Informe
La Defensoría del Pueblo se opuso a las pretensiones y sostuvo que el accionante
presentó nuevamente una demanda con el mismo objeto: exigir el cumplimiento de
los artículos 39, 41 y 49 de la Resolución 638 de 2008 para que la entidad insistiera
ante la Corte Constitucional en la revisión de su tutela.
Explicó que ya le había informado al actor sobre la naturaleza discrecional de la
facultad de insistencia y que, en todo caso, había tramitado y estudiado sus
solicitudes, pero concluyó que no se configuraban los presupuestos para ejercer
dicha atribución.
Además, señaló que el Consejo de Estado ya había negado una acción de
cumplimiento similar, al considerar que las normas invocadas no contienen
mandatos imperativos e inobjetables, sino una potestad facultativa de la Defensoría.
Por ello, pidió negar la demanda e instar al accionante a hacer un uso razonado de
los mecanismos judiciales.
5. Sentencia de primera instancia
En sentencia de 24 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Primera de Decisión, negó la pretensión de la acción de cumplimiento. En primer
lugar, el Tribunal realizó el análisis de posible cosa juzgada frente al proceso de
acción de cumplimiento radicado 70001-23-33-000-2025-00104-00, promovido
también por Miguel Antonio Villa Osorio contra la Defensoría del Pueblo, concluyó
que había identidad de partes y de objeto con el proceso actual 70001-23-33-000-
2026-00033-00, pero no identidad de causa, porque en el proceso anterior no se
individualizaban los radicados de tutela cuya insistencia se pedía, mientras que en
el actual la solicitud se refería específicamente a la tutela T-10076370. Por eso no
declaró cosa juzgada.
Al analizar de fondo los artículos 39, 41 y 49 de la Resolución 638 de 2008, concluyó
que estos no contienen una obligación imperativa a cargo de la Defensoría, sino
una facultad discrecional para solicitar o no la insistencia en revisión ante la Corte
2
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Constitucional. Además, verificó que la entidad sí había estudiado las solicitudes del
accionante y emitido conceptos negativos dentro del marco de sus competencias.
En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda e instó al actor a ejercer de
manera responsable las acciones judiciales.
6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Alegó que al sostener
que no existe temeridad ni cosa juzgada respecto de la tutela identificada con
radicado T-10076370, pues, según afirma, cada solicitud de insistencia en revisión
tiene un enfoque propio y puede recaer sobre accionados distintos.
Indicó que aún conserva el derecho a acudir al mecanismo ciudadano de insistencia
ante la Corte Constitucional y que no puede entenderse cerrado o archivado el
asunto, porque la vulneración de sus derechos fundamentales y humanos persiste
en el tiempo. Para sustentar esa postura, invocó una sentencia de tutela de la Corte
Suprema de Justicia de 29 de enero de 2008, según la cual una nueva tutela por los
mismos hechos no sería temeraria si la vulneración de derechos continúa.
También cuestionó la respuesta de la Defensoría del Pueblo, al considerar que no
resuelve de fondo su solicitud. Agregó que se siente discriminado frente a otros
casos en los que, según afirma, se reconocieron derechos después de un largo
tiempo, y anexó capturas y documentos para respaldar su inconformidad.
7. Impedimento
El magistrado Dr. Omar Joaquín Barreto Suárez consideró estar incurso en causal de
impedimento prevista en el numeral 1.º del artículo 130 del CPACA. Sin embargo, tal
manifestación se declaró infundada en auto previo adoptado por los demás integrantes
de esta Sala de Decisión.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 24
de marzo de 2026 del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150
y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del
12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer
de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
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2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 24
de marzo de 2026. Para lo anterior, se plantean los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada?
De encontrar superado el requisito de procedibilidad anterior, ¿en el presente caso
se configura la temeridad en el ejercicio de la acción de cumplimiento?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción y (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia en el caso concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. En ese sentido,
la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
3 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), Sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
4
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[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios
y directrices.
5
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3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material. Incluso, desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la república, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6. Sin dejar a un
lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido general o
particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos.
No obstante, se precisa que no es dable este mecanismo constitucional para
pretender la observancia de normas constitucionales «pues el propio Constituyente
la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta
misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al
concluir que no procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de
normas supremas»7.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que se
constituye en una exigencia de procedibilidad. Para tenerlo por satisfecho, es
necesario que el demandante, previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud
expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que
ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de
requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición, pero
enfocado al fin reseñado8.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional11.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
8
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
9
Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11 Sentencia antes citada.
6
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3.3. De la renuencia
Como se anticipó, el requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo
previo y por escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo
atender un mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa
de este12. A su vez, que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste
en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, esta sección Sala ha señalado que «el
reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para
los fines de la acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta corporación14 ha dicho
lo siguiente:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, conforme con lo expuesto, para dar por satisfecho este presupuesto no
es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que
su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley
12Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
15 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
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393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia» o cuando no se señala de manera precisa la disposición que consagra
el deber que se reclama. Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia
debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.
Para acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad, en el caso concreto, la
accionante acompañó con la demanda copia del escrito de 6 de febrero de 2026, en
el que le solicitó a la Defensoría del Pueblo el acatamiento de los artículos 39, 41 y
49 de la Resolución 638 de 2008 proferida por dicha autoridad. Ello, con el fin de
que insistiera «en la revisión de la tutela T 100 76 370».
Lo anterior, resulta suficiente, para que la Sala concluya que la accionante agotó el
requisito de procedibilidad de la renuencia, respecto de las normas que la parte
actora invocó en la demanda.
3.4. Temeridad
Como viene de verse, la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de esta Sala
de Decisión que el accionante ha radicado otras acciones de cumplimiento con el
mismo fin. En ese orden, se hace necesario verificar si se dan los presupuestos para
la declaratoria de la cosa juzgada y, en ultimas, de la temeridad de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 393 de 199717.
Para tal fin, debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de
la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente
no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por
cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio
y, por tanto, de inmutable18.
16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.
17 «Actuación Temeraria. Cuando sin motivo justificado, la misma Acción de Cumplimiento sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios Jueces, se rechazarán o se negarán todas ellas si hubieren
sido admitidas».
El abogado que promoviere la presentación de varias Acciones de Cumplimiento respecto de los mismos hechos
y normas, será sancionado por la autoridad competente con la suspensión de la tarjeta profesional al menos
por dos (2) años. En caso de reincidencia, la suspensión será por cinco (5) años, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias o penales a que hubiere lugar».
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero de
2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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En palabras de la Corte Constitucional:
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias
y alcanzar un estado de seguridad jurídica19.
De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del
Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i) identidad de objeto;
(ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de la
cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la
identidad de partes; en específico, del extremo accionante, dado el carácter púbico
de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por cualquier persona.
Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la equivalencia del bien jurídico que
se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la identidad de causa se
determina la razón por la cual se acude a esta instancia20.
En esos términos, se procede a verificar si se dan los presupuestos para declarar la
cosa juzgada.
EXPEDIENTE PARTES OBJETO CAUSA
70001-33-33- Accionante: Miguel Cumplimiento de los Que la Defensoría
004-2025- Antonio Villa Osorio artículos 39, 41 y 49 del Pueblo insista
00104-00/01 Accionado: de la ante la Corte
Defensoría del Resolución 638 del Constitucional para
Pueblo 6 de que seleccione
junio de 2008 expedientes de
tutela.21
70001-23-33-000- Accionante: Miguel Cumplimiento de los Que la Defensoría
2025-00145-01/01 Antonio Villa Osorio artículos 39, 41 y 49 del Pueblo insista
Accionado: de la ante la Corte
Defensoría del Resolución 638 del Constitucional para
Pueblo 6 de que seleccione el
junio de 2008 expediente de
tutela T 10 67 55 22.
70001-23-33-000- Accionante: Miguel Cumplimiento de los Que la Defensoría
2026-00033-00 Antonio Villa Osorio artículos 39, 41 y 49 del Pueblo insista
/01 (caso sub judice) Accionado: de la ante la Corte
Defensoría del Resolución 638 del Constitucional para
Pueblo 6 de que seleccione el
junio de 2008 expediente de
tutela T 100 76 370.
19
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
20 Ibidem.
21 En dicha oportunidad aquella autoridad se puso de presente que el actor ha intervenido en
aproximadamente 7 procesos judiciales tramitados ante la Corte Constitucional con concepto desfavorable: T-
9771368; T10076370; T-10597119; T-10506049; T-10675522; T-10975310 y -11141708.
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Demandante: Miguel Antonio Villa Osorio
Demandada: Defensoría del Pueblo
Radicación: 70001-23-33-000-2026-00033-01
En el primero de los casos, la Sala, a través de decisión del 2 de octubre de 2025,
revocó la decisión de primera instancia que había declarado la improcedencia de la
acción y la estudió de fondo para concluir que, de la lectura de las disposiciones
objeto de la demanda no se advertía ningún mandato imperativo a cargo de la
autoridad accionada. Por el contrario, lo pretendido por el actor hace parte de una
facultad discrecional de la Defensoría del Pueblo, la cual, por lo demás, está
sometida a condición.
Adicionalmente, luego de estudiar las pruebas allegadas, concluyó que la autoridad
accionada ha desplegado actuaciones tendientes a darle tramite a las solicitudes de
insistencia radicadas por el señor Villa Osorio. No obstante, los resultados han sido
desfavorables a aquel, por decisión discrecional de la entidad. Además, porque, de
las disposiciones invocadas no se deriva ningún mandato imperativo ni inobjetable
y, aunque se considerara lo contrario, tampoco un eventual incumplimiento de las
mismas.
Finalmente, se instó al actor para que ejerciera de manera razonada la acción de
cumplimiento, especialmente, teniendo en cuenta los efectos de cosa juzgada que
se derivaban de esa decisión, comoquiera que el asunto pretendido fue resuelto de
fondo. También, se le recordó que el uso desproporcionado de este mecanismo
puede acarrear las consecuencias previstas por la Ley 393 de 1997.
Luego, el actor, nuevamente propuso la acción de cumplimiento, con el mismo
objeto y para que se seleccionara el expediente de tutela T 10 67 55 22, asunto
que fue resuelto en segunda instancia por esta Sección, en sentencia de 26 de
febrero de 2026 y en la cual se declaró la temeridad en el ejercicio de la acción,
dado que el señor Villa Osorio ejerció de manera inapropiada y desmedida este
mecanismo constitucional al intentar conseguir que esta Corporación vuelva a
estudiar la controversia que ya fue resuelta en la anterior vigencia.
Sin embargo; el actor, nuevamente propuso la acción de cumplimiento; la
individualización de un nuevo radicado de tutela en un escrito diferente de
constitución en renuencia, pero ello no modifica la causa jurídica de la acción, pues
el actor insiste en obtener la misma orden: que la Defensoría del Pueblo ejerza la
facultad de insistencia ante la Corte Constitucional con fundamento en las mismas
disposiciones. Comoquiera que dicha discusión ya fue definida en el sentido de que
tales normas no contienen un mandato imperativo e inobjetable, sino una potestad
discrecional de la entidad. Por lo anterior, se evidencia que el señor Villa Osorio
ejerció de manera inapropiada y desmedida este mecanismo constitucional al
intentar conseguir que esta Corporación vuelva a estudiar la controversia que ya fue
resuelta en la anterior vigencia.
También, se evidencia la mala fe del actor, pues a pesar de tener conocimiento de
que la controversia ya fue decidida en primera y segunda instancia y de haber sido
advertido en aquella oportunidad respecto de los efectos de la cosa juzgada y de la
necesidad de que ejerza la acción de cumplimiento de manera razonada, luego se
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Demandante: Miguel Antonio Villa Osorio
Demandada: Defensoría del Pueblo
Radicación: 70001-23-33-000-2026-00033-01
conoció de otra demanda igual en la que se declaró la temeridad, y ahora se insiste
en presentarla de nuevo, reprochando la misma decisión del Tribunal Administrativo
de Sucre.
De lo anterior, se colige que la intención del actor era precisamente que la discusión
planteada fuera abordada nuevamente por el Consejo de Estado, lo que desvirtúa
su buena fe y, por el contrario, denota que su propósito era «obtener la satisfacción
del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable»22.
Por lo anterior, en criterio de la Sala la actuación del actor resulta temeraria y es
necesario reiterarle al demandante que, en lo sucesivo, debe abstenerse de
presentar otras acciones de cumplimiento por los mismos hechos, pues tal conducta
implica un ejercicio desproporcionado de este mecanismo constitucional y un
movimiento innecesario de la administración de justicia.
Como consecuencia y, en aplicación de lo establecido en el artículo 28 23 de la Ley
393 de 1997, se declarará la temeridad y se negarán las pretensiones de la acción
de cumplimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la temeridad en la acción de cumplimiento presentada por el
señor Miguel Antonio Villa Osorio y, como consecuencia, negar las pretensiones por
las razones expuestas.
SEGUNDO: Advertir, nuevamente, al señor Miguel Antonio Villa Osorio que, en lo
sucesivo se abstenga de presentar otras acciones de cumplimiento por los mismos
hechos.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.
22 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006.
23
Artículo 28. Actuación Temeraria. Cuando sin motivo justificado, la misma Acción de Cumplimiento sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios Jueces, se rechazarán o se negarán todas
ellas si hubieren sido admitidas.
El abogado que promoviere la presentación de varias Acciones de Cumplimiento respecto de los mismos hechos
y normas, será sancionado por la autoridad competente con la suspensión de la
tarjeta profesional al menos de dos (2) años. En caso de reincidencia, la suspensión será por cinco (5) años,
sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales a que hubiere lugar.
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Demandante: Miguel Antonio Villa Osorio
Demandada: Defensoría del Pueblo
Radicación: 70001-23-33-000-2026-00033-01
CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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