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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-31-000-2012-00122-02

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-31-000-2012-00122-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada de 6 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. Segundo: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada Leidy Carolina Cardozo Medellín para que represente los intereses del Municipio de Ibagué. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. 15 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P. Ricardo Hoyos Duque. 16 Índice número 26 y 27 del aplicativo Samai. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 73001 23 31 000 2012 00122 02 Demandantes: Edith Guzmán de Ramírez y Efraín Ramírez Useche

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 73001-23-31-000-2012-00122-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

21 de agosto de 2025

1

Radicado: 73001 23 31 000 2012 00122 02
Demandantes: Edith Guzmán de Ramírez y
Efraín Ramírez Useche

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco
(2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001 2331 000 2012 00122 02
Demandantes: EDITH GUZMÁN DE RAMÍREZ Y EFRAÍN RAMÍREZ USECHE
Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ y GESTORA URBANA DE IBAGUÉ
E.I.C.E.

Tema: Expropiación por vía administrativa – perjuicios por
concepto de lucro cesante

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 6 de junio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual se negó las pretensiones de la
demanda incoada por Edith Guzmán de Ramírez y Efraín Ramírez Useche en
contra del Municipio de Ibagué y la Gestora Urbana de Ibagué E.I.C.E.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del C.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388 de
1997, Edith Guzmán de Ramírez y Efraín Ramírez Useche 1, a través de
apoderado judicial, demandaron al Municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana
del Municipio de Ibagué E.I.C.E., con el objeto de que se accediera a las
siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“PRIMERO: Se declare la nulidad del Decreto No. 1-0079 del 26 de julio de 2010,
proferida por el Alcalde Municipal de Ibagué, el Dr. JESÚS MARÍA BOTERO
GUTIÉRREZ, en virtud de la cual se ordenó la expropiación por vía
administrativa, por razones de utilidad pública del bien inmueble ubicado en la
carrera 4 número 34 C -63, Sector Santander Comuna 10, identificado con ficha
catastral número 01-06-0136-0003-00 de propiedad del señor Efraín Ramírez

1
Cuaderno principal, folio 1. Según acta de reparto la demanda se presentó el 8 de febrero
de 2011.

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2

Radicado: 73001 23 31 000 2012 00122 02
Demandantes: Edith Guzmán de Ramírez y
Efraín Ramírez Useche
Aseche y de las mejoras construidas sobre el predio del señor Efraín Ramírez
Aseche, y las cuales son de propiedad de la señora Edith Guzmán Ramírez con
ficha catastral Número 01-001-003-001, y se ordenó la cancelación del valor
del precio indemnizatorio de la expropiación al señor Efraín Ramírez Useche
propietario del predio de ficha catastral No. 01-06-0136-0003-000 la suma de
veintitrés millones cinco mil pesos ($23.005.000), la señora Edith Guzmán
Ramírez la suma de ciento nueve millones ochocientos trece mil doscientos
pesos ($109.813.200) por las mejoras con ficha catastral 01-06-00136-001 por
un total de Ciento Treinta y dos millones ochocientos diez y ocho mil doscientos
pesos ($132.818.200).

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior se sirva ordenar a la
entidad pública demandada, a pagar a favor de mis mandantes a título de
indemnización correspondiente a la adición referente al precio reconocido del
bien inmueble expropiado, así mismo como del lucro cesante dejado de percibir
con el establecimiento de comercio ANILINAS GRAFICS & COMUNICACIONES
con matrícula mercantil 00050277 que funcionaba en este mismo lugar, según
lo determinado por el artículo 71 de la ley 388 de 1997, indemnizaciones que
son calculadas en la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($132.818.200).

TERCERO: Se condene a la entidad accionada por concepto de perjuicios
morales por cada uno de mis representados, a la suma de CIEN (100) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

CUARTO: Se condene al pago de las costas procesales.”2

1.1.2. Los actos acusados

En este proceso se pretende la nulidad del Decreto número 1-0079 del
26 de julio de 2010 expedido por el Alcalde Municipal de Ibagué3, por
medio de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del
inmueble ubicado en la carrera 4 número 34 C – 63, sector Santander,
Comuna 10, identificado con ficha catastral número 01-06-0136-0003-000,
de propiedad del señor Efraín Ramírez Useche y de las mejoras construidas
sobre el mencionado predio, las cuales son de propiedad de la señora Edith
Guzmán Ramírez con ficha catastral número 01-06-00136-0003-001.

En este mismo acto se ordenó cancelar como precio indemnizatorio al señor
Efraín Ramírez Useche la suma de $23.005.000 por el predio y a la señora
Edith Guzmán Ramírez la suma de $109.813.200 por las mejoras, para un
total de $ 132.818.200, de acuerdo con el avalúo comercial del inmueble y
de las mejoras realizado por el Instituto de Geográfico Agustín Codazzi el 13
de agosto de 2009. Así mismo, se indicó que la destinación del inmueble es
la realización del proyecto de ampliación y mejoramiento del Estadio Manuel
Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

1.1.3. Fundamentos de hecho

2
Cuaderno Principal, folios 15 y 16.
3
Ibidem, folios 3 a 8.

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3

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Demandantes: Edith Guzmán de Ramírez y
Efraín Ramírez Useche

Los demandantes manifiestan que se encuentran casados entre sí con
sociedad conyugal vigente, y que son propietarios del establecimiento de
comercio ANILINAS GRAFICS & COMUNICACIONES con matrícula mercantil
00050277 que funcionaba en el inmueble que fue objeto de expropiación y
del cual derivaban su sustento diario desde hace aproximadamente 15 años.

Señalan que la suma de $132.818.200 fue pagada por el municipio de Ibagué
a través de la Gestora Urbana del Municipio de Ibagué el día 21 de octubre de
2010, valor que corresponde al valor comercial del inmueble de acuerdo con
el avalúo comercial del IGAC, pero que no corresponde a la indemnización de
que trata el artículo 67 de la Ley 388 de 1997.

Reiteran que derivan su sustento diario del establecimiento comercial
ANILINAS GRAFICS & COMUNICACIONES, respecto del cual pagan
anualmente el impuesto de industria y comercio, por lo que con la demolición
de su inmueble se generó la pérdida de ingresos y, por tanto, un perjuicio
económico inminente, en la medida en que su fuente diaria de ingresos es
derivada totalmente de dicha actividad, máxima por ser personas de tercera
edad.

Afirman que la contadora pública Leyla Villareal Díaz determinó el valor por
concepto de goodwill del establecimiento ANILINAS GRAFICS &
COMUNICACIONES en la suma de $53.022.131.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora el acto acusado infringe el artículo 67 de la Ley
388 de 1997, en razón a que la administración únicamente reconoció uno
de los dos pagos que prevé dicha norma se debe cancelar a los propietarios
de los bienes que han sido expropiados. Específicamente, indica que la
citada norma establece que se debe pagar, de un lado, el precio de
adquisición el cual será igual al valor comercial determinado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y, de otro, la indemnización, que corresponde al
avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61
de la Ley 388 de 1997, este último valor, estima en el caso concreto no se
ha reconocido por la administración.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. El Municipio de Ibagué contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones4, con fundamento en las siguientes razones de defensa:

Afirma que dentro del trámite de enajenación la Gestora Urbana de Ibagué
allegó 2 ofertas de compra del bien inmueble ajustadas a los preceptos de
la Ley 388 de 1997 y definido el procedimiento como de enajenación

4
Cuaderno principal, folios 247 a 254.

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4

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voluntaria, por lo que el inmueble se adquirió de manera concertada con el
accionante, bajo el principio de autonomía de la voluntad, ya que se
perfeccionó la negociación entre los meses de noviembre y diciembre de
2010, en donde el propietario aceptó el justo precio ofrecido por la entidad
y al momento de correr el traslado del dictamen no presentó objeción.

Asegura que se realizó un avalúo comercial que arrojó las sumas de dinero
que fueron voluntariamente aceptadas y canceladas a los accionantes,
quienes libremente hicieron entrega del bien y no objetaron ni manifestaron
inconformidad alguna, por lo que el acto demandado esta ajustado a
derecho.

Formula las excepciones de “falta de vicio en los actos administrativos que
se acusan”, “ausencia de causa en los actos administrativos que se acusan”,
“reconocimiento oficioso de la excepción” y “caducidad de la acción”.

1.2.2. La Gestora Urbana de Ibagué presentó escrito de contestación en
el que se opuso a las pretensiones de la demanda5. Señala que dicha entidad
no expidió el acto demandado y que, contrario a lo afirmado por la parte
actora, el trámite de enajenación no obedeció al cumplimiento del acto
enjuiciado sino a una venta voluntaria entre una entidad de derecho público
y un privado tal como se acredita con la promesa de compraventa y la
escritura pública que adjunta.

Asegura que la venta del inmueble fue el resultado de un negocio jurídico
directo celebrado entre dicha entidad y los accionantes y no como
consecuencia de un proceso de expropiación en cumplimiento de los
artículos 62 y siguientes de la Ley 388 de 1997, trámite que inició el
municipio a efectos de agilizar el proceso en caso de que los ocupantes no
quisieran vender su predio voluntariamente.

Formula las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“falta de vicio en el acto administrativo que se acusa”, “ausencia de causa
en el acto administrativo que se acusa” y “excepción genérica”.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 6 de junio de
2019, negó las pretensiones del libelo introductorio6, con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Señala, después de realizar un recuento de las pruebas que obran en el
expediente y de las normas que regulan la expropiación por vía administrativa,
que el avalúo elaborado por el IGAC y que sustentó el precio pagado a los
accionantes, no fue objeto de cuestionamiento en sede administrativa ni en el
presente proceso, así como tampoco se solicitó una experticia para efectos de
5
Cuaderno principal, folios 224 a 240.
6
Cuaderno Consejo de Estado, folios 47 a 63.

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5

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controvertirlo.

Afirma que lo que se pretende es el reconocimiento de la actividad empresarial
desarrollada por el accionante en el inmueble expropiado con fundamento en
el certificado de matrícula mercantil del establecimiento que allí funcionaba;
sin embargo, no allegó prueba alguna para demostrar el valor pretendido, así
como tampoco la indemnización por goodwill y daño moral, además de que
no realizó ningún esfuerzo por desvirtuar las conclusiones del avalúo oficial.

Asegura que, ante la imposibilidad de dar plena credibilidad a la pretensión en
relación con el justiprecio de la actividad empresarial desarrollada en el
inmueble expropiado y teniendo en cuenta que el actor no logró desvirtuar en
el proceso la incorrección del justiprecio y, por tanto, la presunción de
legalidad que cobija el acto demandado, al no existir ninguna prueba que
permita afirmar que el avalúo oficial es incorrecto, no hay razón para declarar
la nulidad del acto enjuiciado.

Manifiesta que, si bien el interés particular debe ceder ante el interés general,
no puede pretenderse que los administrados puedan ser constreñidos a
soportar sacrificios especiales en su nombre, pues ello entrañaría un
desconocimiento en la distribución de las cargas públicas. Enfatiza que todos
los daños que logren demostrarse y que hayan tenido origen en la decisión de
privar a un particular del derecho de dominio, deben ser plenamente
indemnizados, siempre y cuando exista un nexo de causalidad entre el daño
inferido y la determinación administrativa mediante la cual se ordena la
expropiación, circunstancia que no ocurrió en el presente caso.

Finalmente, condena en costas a la parte actora y fija como agencias en
derecho el equivalente al 4.5% de las pretensiones denegadas a la parte
demandante.

III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte accionante interpuso recurso de apelación con el fin de que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda7.

Como motivo de inconformidad manifiesta que el fallo de primera instancia
desconoce su derecho a ser indemnizado, ya que el acto enjuiciado en
ningún momento reconoce la existencia del establecimiento mercantil que
era de su propiedad y que funcionaba en el inmueble objeto de
expropiación.

Afirma que, si bien con la demanda no se aporta un dictamen o similar que
acredite el monto del perjuicio, lo cierto es que éste si existió, ya que la

7
Cuaderno Consejo de Estado, folios 66 a 72.

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explotación mercantil del establecimiento era lo que les permitía subsistir
dignamente.

Asegura que, aunque no llevaban contabilidad de su negocio y, por tanto,
no era posible allegar una prueba en tal sentido, no se puede dejar de lado
que el establecimiento existía y que además era su único medio de
subsistencia.

Alega que el Tribunal debió partir de una presunción consistente en que la
explotación del establecimiento de comercio generaba por lo menos un
salario mínimo como ingreso.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de 16 de octubre de 2020 se admitió el recurso de apelación
y se corrió traslado para alegar de conclusión8, término dentro del cual se
pronunció la Gestora Urbana de Ibagué reiterando lo expresado en la
contestación de la demanda9.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre
de 2024, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia.

5.2 Análisis de la Sala

Como quiera que la presente instancia se encuentra delimitada rigurosamente
por los términos de la impugnación presentada10, le corresponde a la Sala
determinar, si el acto acusado es nulo por no reconocer los perjuicios
causados, específicamente, el lucro cesante por la pérdida de los ingresos
derivados del establecimiento de comercio que afirma la parte actora
funcionaba en el inmueble que era de su propiedad.

Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que, de conformidad con el
numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, “[p]ara los efectos del

8
Cuaderno de segunda instancia, folio 5.
9
Índice número 22 del aplicativo Samai.
10
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del C.G.P., el recurso de apelación
tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer
grado y la revoque o reforme. Este examen debe hacerse a partir de los motivos de
inconformidad que se expresen en el recurso de apelación, sustentación que es necesaria,
de acuerdo con el artículo 322 ibídem.

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avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se
encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación
que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos
provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas
que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.”

En concordancia con lo anterior, el numeral 4º del artículo 21 de la Resolución
620 de 2008 preceptúa que, “[p]ara estimar el monto de la compensación de
las rentas o ingresos que se dejan de percibir por una limitación temporal o
definitiva […] se deberán tener en cuenta: Las declaraciones para efectos
tributarios. El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.”

Esta misma disposición establece que, si la empresa no está obligada a
presentar las declaraciones tributarias o el balance ante la Cámara de
Comercio, "[…] deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los
seis meses anteriores, mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual
firmado por un contador público titulado, con matrícula profesional vigente.
[…]”.

Como puede apreciarse de las normas citadas, previa determinación de que
el inmueble se encuentra destinado a una actividad productiva y presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de los ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, los documentos
que se deberán tener en cuenta para determinar el monto de la compensación
por rentas e ingresos que se dejan de percibir con ocasión de la afectación a
causa de una obra pública, son i) las declaraciones para efectos tributarios;
ii) el balance contable que se presente a la Cámara de Comercio; y iii) un
estado de pérdidas y ganancias mensuales para acreditar la utilidad neta del
negocio, este último en el evento en que el afectado no esté obligado a
presentar los dos primeros.

Las anteriores disposiciones, son aplicables para calcular el valor de la
compensación por la afectación a causa de una obra pública; sin embargo, se
debe recordar que el titular del bien expropiado tiene derecho a recibir una
indemnización de carácter reparatorio, que comprenda, además del valor del
bien expropiado, los demás perjuicios que se le hubieren causado con ocasión
de la expropiación, incluido el daño emergente y lucro cesante.

Por lo anterior, esta Sección11, en varias oportunidades, ha señalado que en
la medida en que no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de
manera justa y plena los detrimentos patrimoniales accesorios causados a los

11
Consejo de Estado, Sección Primera, i) sentencia de 23 de mayo de 2024, rad. 25000-
23-24-000-2010-00623-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; ii) sentencia de 23 de
noviembre de 2023, rad.05-001-23-31-000-2011-00268-01, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes; iii) sentencia de 19 de abril de 2021, rad. 25000-23-24-000-2011-00240-01,
C.P. Oswaldo Giraldo López; iv) sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 05001-23-31-000-
2003-00977-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E)

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propietarios de una expropiación por vía administrativa, en aplicación del
artículo 8° de la Ley 153 de 188712, se debe acudir a la regla establecida en
el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el propietario del inmueble expropiado
tiene derecho a recibir una indemnización justa que reconozca el valor
comercial del bien expropiado, así como los perjuicios que se le han generado
con ocasión de la expropiación, ante el vacío normativo en la forma de
indemnizar dichos perjuicios, es posible acudir a disposiciones que regulen
asuntos semejantes para llenarlo, como es el caso de la aplicación del numeral
6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, en concordancia con el numeral
4º del artículo 21 de la Resolución 620 de 2008, para determinar en este caso
el lucro cesante.

Ahora bien, en el caso concreto, la parte actora alega que se debe reconocer
el lucro cesante, en razón a que en el inmueble funcionaba un establecimiento
de comercio del cual derivaban su sustento.

Revisado el expediente se observa que para acreditar dicho perjuicio el
demandante allegó el certificado de matrícula mercantil de 10 de diciembre
de 2010 del establecimiento de comercio denominado “Anilina Grafic
Comunicaciones” ubicado en la carrera 4 Estadio #86-31 Barrio Santander13,
de propiedad de Edith Guzmán de Ramírez en el cual se indica como “activos
vinculados al establecimiento” la suma de $23.000.000.

Así mismo, se lee en la demanda que la contadora pública Leyla Villareal Díaz
señaló que el establecimiento de comercio de propiedad de la actora tenía un
goodwill valorado en $53.022.131; sin embargo, no se aportó documento
alguno que confirmara dicha afirmación.

En el anterior contexto, se observa que en el expediente únicamente obra el
certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio que tenía
como dirección el inmueble objeto de la demanda; sin embargo, no existe
prueba adicional que permita afirmar que el citado establecimiento para la
fecha en que se expidió el acto demandado se encontraba en funcionamiento.
De igual forma, tampoco se allegó prueba de cuáles eran los ingresos que se
percibían con ocasión de la operación del citado establecimiento, además de
que no se solicitaron otras pruebas documentales o testimoniales que
corroboraran que, para la época de la expedición del acto demandado, el
establecimiento efectivamente estaba en funcionamiento y que se estaban
percibiendo ingresos con ocasión de su operación, razón por la cual no hay
certeza de la existencia del perjuicio alegado, esto es, de las rentas e ingresos
dejados de percibir por el no funcionamiento del establecimiento de comercio

12
Artículo 8. “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán
las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho.”
13
La carrera 4 Estadio #86-31 Barrio Santander corresponde a la dirección del inmueble
objeto de expropiación. Folio 130 del cuaderno principal.

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que afirma se encontraba en el inmueble de propiedad de la parte actora,
perjuicio que, para ser indemnizado, debe ser cierto.

Así las cosas, revisado el acervo probatorio, se advierte que no se aportaron
medios probatorios que acreditaran el perjuicio alegado por la demandante,
perjuicio que no puede ser objeto de presunción como lo pretende el
recurrente.

En ese orden de ideas, a pesar de que la indemnización que se reconoce a
quienes se ven afectados con la expropiación debe ser justa y, por tanto, con
carácter reparatorio, lo que comprende el precio comercial del bien y los
demás perjuicios que pudieron causarse con ocasión de la expropiación, no
es menos cierto que es obligación del demandante, propietario del bien,
probar la existencia de los perjuicios, su monto y su nexo de causalidad con
el acto demandado, circunstancia que no ocurrió en el presente caso.

En conclusión, teniendo en cuenta que en el expediente no existe certeza
sobre la ocurrencia del prejuicio en la modalidad de lucro cesante con ocasión
del acto enjuiciado, no es procedente su reconocimiento.

Por último, cabe señalar que, si el cambio de titularidad del bien que era
propiedad de la parte actora es consecuencia no de la expropiación
administrativa, sino de la compraventa celebrada con la entidad demandada,
Gestora Urbana de Ibagué, como lo afirma dicha entidad, lo cierto es que
tampoco tienen cabida los reproches de la parte actora sobre la inclusión o no
de los daños por concepto de lucro cesante en el precio del bien en la etapa
de la negociación directa, ya que la indemnización es una institución que solo
se utiliza en la fase de expropiación del inmueble14.

En el anterior contexto, los argumentos expuestos en el recurso de apelación
no tienen vocación de prosperar y, por tanto, la Sala confirmará la sentencia
apelada.

14
Sentencia C-227 de 2011, “el Procurador General de la Nación plantea que la negociación
no debe partir únicamente del valor comercial del bien, sino que debe incluir otros
conceptos como el de daño emergente -en el cual se incluye el valor del bien- y el de lucro
cesante, es decir, el costo de la explotación económica que este genera, los costos en que
debe incurrir el propietario o usufructuario como consecuencia de la expropiación, por
ejemplo, el traslado de semovientes. Al respecto, la Corte advierte que el mecanismo en
estudio contempla dos etapas: i. la negociación directa y ii. la expropiación. En ese orden,
las observaciones planteadas por la Procuraduría no resultan pertinentes en la etapa de
negociación directa de que trata este artículo, en que la Administración realiza una oferta
y el particular tiene un margen, limitado precisamente por las razones de urgencia que
justifican el proceso especial, para aceptarla o rechazarla, sin que per se sea necesario
estimar un daño que a esa altura del proceso no se ha causado. || Durante la enajenación
voluntaria, las partes se encuentran ante la posibilidad de celebrar un negocio jurídico para
la venta del bien, la transmisión de su dominio y el pago del precio, por tanto no hay lugar
a hacer referencia a la indemnización, cuyo concepto sólo cobra sentido en la etapa de
expropiación, en los términos del artículo 58 Constitucional” criterio reiterado en sentencia
C-150 de 2015.

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10

Radicado: 73001 23 31 000 2012 00122 02
Demandantes: Edith Guzmán de Ramírez y
Efraín Ramírez Useche

5.3. Costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 hay lugar a condenar en costas a la
parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria porque
no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de
su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de
pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente
dilatorio”15. En el caso concreto, la Sala no advierte que la conducta de la
parte demandante puede catalogarse como temeraria, abusiva o de mala fe
ni como un ejercicio abusivo de los instrumentos judiciales de los que
dispone, así como tampoco de su derecho a acceder a la Administración de
Justicia. Por lo tanto, no hay lugar a acceder a su reconocimiento.

5.4. Otros pronunciamientos

De otro lado, se reconocerá personería a la abogada Leidy Carolina Cardozo
Medellín, para que represente los intereses de la entidad demandada,
Municipio de Ibagué, en los términos y para los efectos del poder y los
anexos aportados al expediente16.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada de 6 de junio de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente proveído.

Segundo: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada Leidy Carolina Cardozo
Medellín para que represente los intereses del Municipio de Ibagué.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

15
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775,
C. P. Ricardo Hoyos Duque.
16
Índice número 26 y 27 del aplicativo Samai.

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Radicado: 73001 23 31 000 2012 00122 02
Demandantes: Edith Guzmán de Ramírez y
Efraín Ramírez Useche

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZON ACOSTA
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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