Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00231-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00231-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2015-00231-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
2 de junio de 2022
Radicado: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL1
Demandada: CARMEN ELISA MANRIQUE BOCANEGRA
Tema: Reconocimiento pensión gracia. Lesividad. No acreditó 20
años de servicio en el sector docente oficial en calidad
territorial o nacionalizada. Improcedencia devolución sumas
percibidas de buena fe.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide los recursos
de apelación interpuestos por la entidad demandante y la demandada contra la
sentencia del 20 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
DEMANDA
La UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, demandó a la
señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra.
Pretensiones2:
1. Declarar la nulidad de las Resoluciones 027842 del 31 de diciembre de 1997
y 30131 del 20 de diciembre de 2004, por medio de las cuales Cajanal EICE
reconoció una pensión gracia en favor de la señora Carmen Elisa Manrique
Bocanegra y posteriormente la reliquidó en cumplimiento de un fallo de tutela.
2. Declarar que la señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra no tiene derecho
al reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, en razón a su
vinculación como docente nacional.
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la señora Manrique Bocanegra a restituir la totalidad de
las sumas de dinero canceladas en virtud del reconocimiento pensional y su
reliquidación, desde la fecha de efectividad hasta que se realice el pago.
1 En adelante UGPP.
2 Folio 126 a 128.
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Radicado: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UGPP
4. Ordenar que la condena impuesta se cumpla según lo previsto por los
artículos 99 y 187 de la Ley 1437, y que en ella conste una obligación clara,
expresa, exigible, que preste merito ejecutivo. Además, la indexación de la
condena y la liquidación de los intereses comerciales y moratorios de
conformidad con el artículo 195 del CPACA.
5. Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
Fundamentos fácticos relevantes3
1. La señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra nació el 22 de diciembre de
1946 y prestó servicios como docente así:
Entidad Cargo/Modalidad Desde Hasta Tiempo de
Vinculación Servicio
Caldas Viejo Alvarado Docente/Nacionalizado 15/01/1968 12/01/1969 11 meses, 6
días
Institución Educativa Docente/Nacionalizado 13/01/1969 27/01/1976 7 años, 10
Exalumnas de la días
Presentación
Colegio Bienestar Docente/Nacionalizado 28/01/1976 31/03/1976 2 meses, 1
Social de la Policía día
Institución Educativa Docente/Nacionalizado 01/04/1976 31/08/1976 3 meses
Alfonso López
Pumarejo
Institución Educativa Docente/Nacionalizado 10/05/1978 28/02/1979 9 meses, 21
Técnico Femenino días
Institución Educativa Docente/Nacional 01/09/1976 23/12/2002 26 años, 8
Liceo Nacional meses, 24
días
Para un tiempo total de servicio de 35 años, 8 meses y 24 días.
2. La docente solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia el día 11 de
marzo de 1997. La anterior petición se resolvió favorablemente a través de la
Resolución 024872 del 1.° de diciembre de 1997, para lo cual se reconoció la
prestación a partir del 22 de diciembre de 1996, con la inclusión de la asignación
básica y el sobresueldo.
3. El 2 de noviembre de 2001 presentó petición tendiente a la reliquidación de la
pensión, con la inclusión de todos los factores devengados causados en el año
anterior a la consolidación del estatus pensional, solicitud que fue resuelta
negativamente mediante Auto 101406 del 20 de febrero de 2002.
4. Posteriormente, la señora Manrique Bocanegra solicitó nuevamente la
reliquidación el 23 de abril de 2003, con motivo de su retiro definitivo del servicio
docente. La solicitud fue desatada negativamente a través de la Resolución 5835
del 5 de marzo de 2004.
5. La demandante instauró acción de tutela en contra de Cajanal EICE, la cual
fue resuelta a su favor a través de sentencia del 19 de agosto de 2004, en la que
se ordenó reliquidar en forma definitiva la pensión gracia.
6. En cumplimiento a la decisión judicial, Cajanal expidió la Resolución 30131 del
20 de diciembre de 2004 por medio de la cual se reliquidó el derecho pensional
por nuevos factores salariales.
3 Folio 122 a 126.
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Demandante: UGPP
7. La señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra presentó demanda en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Cajanal EICE
con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron la
reliquidación pensional, proceso que fue resuelto con sentencia del 3 de enero
de 2005, en la cual se declaró la nulidad de la Resolución 101406 del 20 de
febrero de 2001 y ordenó la reliquidación de la prestación con la inclusión de todo
lo devengado en el último año de servicio. A través de la Resolución 5434 del 31
de agosto de 2005 se dio cumplimiento a la anterior decisión.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de modo que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza
el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver
el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones y las
excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los
problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se
convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones,
la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia
inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar
adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 7 de diciembre de 2015.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] Indicó la vocera de la parte accionada, que en el sub lite operó el fenómeno
jurídico de la cosa juzgada, en razón a que la extinta CAJANAL en cumplimiento de
un fallo de tutela ordenó la reliquidación pensional a través de la resolución No 30131
de 20 de diciembre de 2004; de la mima manera la accionante presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho solicitando nuevamente la reliquidación de su
mesada pensional, pretensiones estas que fueron despachadas a su favor por
Tribunal Administrativo del Tolima y confirmada por el Honorable Consejo de Estado,
razón por la cual la Caja Nacional de Previsión Social ordenó la reliquidación
pensional a través de la resolución No 5434 de 31 de agosto de 2005.
[…]
Ahora bien, observa el Despacho que las providencias judiciales a las que alude la
accionada y sobre las cuales soporta la excepción de cosa juzgada ordenaron la
reliquidación de su mesada pensional, pretensión esta que difiere en lo absoluto de
lo pretendido en el medio de control que se debate, pues resulta palmario que lo que
pretende la entidad demandante no es otra cosa que la declaración de nulidad del
acto administrativo a través del cual se ordenó el reconocimiento pensional de la
demandada y consecuentemente la declaración de que a ésta no le asistía derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación gracia.
Igualmente pretende el accionante la nulidad del acto que ordenó la reliquidación
pensional, esto es la resolución No 30131 de 20 de diciembre de 20004, pero dicha
pretensión no se fundamenta sobre la procedencia o no de la inclusión de factores
salariales, tal como ya fue decidido en sede judicial, sino que la declaratoria de nulidad
del acto de reconocimiento pensional, evidentemente afecta la legalidad de los actos
administrativos accesorios, como los que ordenaron la referenciada reliquidación
pensional.
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Radicado: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UGPP
Así las cosas, se evidencia que no existe providencia judicial alguna dentro del
plenario que demuestre que ya fue ventilado y decidido en sede judicial la controversia
atinente a si la demandada tenía o no derecho al reconocimiento de la pensión gracia
de jubilación, pues, se itera, el intríngulis debatido en las providencias sobre las cuales
se pretende se declare la prosperidad de la excepción, versan sobre el derecho a la
reliquidación de una pensión y no, sobre el derecho al reconocimiento o no de la
misma.
En este orden de ideas, habrá de decirse que la misma no está llamada a prosperar,
pues los fundamentos esgrimidos por la demanda, se alejan de la ocurrencia del
fenómeno jurídico de la cosa juzgada, pues en el sub examine, no se acreditó la
existencia de una providencia judicial que hubiera puesto fin a los mismos hechos y
las mismas pretensiones que aquí se debaten.
[…]
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones previas denominadas Cosa
Juzgada y Caducidad propuestas por la parte demandada, de conformidad con lo
expuesto con antelación.
SEGUNDO: De conformidad con lo señalado en el inciso segundo del numeral 1° del
artículo 365 del C.G. del P., se condena en costas a la parte demandada. Por
secretaria efectúese la correspondiente liquidación, incluyéndose como agencia en
derecho la suma de doscientos mil pesos m/cte. ($200.000)»
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«Para la fijación del litigio, es pertinente señalar, que el mismo se contrae a establecer
si la accionada tenía derecho al reconocimiento y reliquidación de la pensión gracia,
otorgada por la CAJANAL EICE, mediante los actos administrativos sobre los cuales
se pretende su anulación, o si por el contrario, tal como lo arguye la entidad
accionante, la demandada no tenía derecho al reconocimiento de la mencionada
prestación, por no cumplir con los requisitos exigidos en las normas que regulan la
materia. […]»
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA4
Mediante sentencia del 20 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Tolima
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y negó las demás
pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:
En primer lugar, hizo un recuento jurisprudencial y legal sobre la pensión gracia
para determinar que el problema jurídico se centraba en determinar si a la señora
Manrique Bocanegra le asistía el derecho al reconocimiento de la prestación con
tiempos laborados bajo una vinculación de carácter nacional.
En ese sentido, encontró probado que la demandada prestó servicios como
docente oficial con vinculación departamental entre el 15 de enero de 1968 y el
1.° de junio de 1977, esto es, por espacio de ocho años, cuatro meses y quince
días; y del 28 de febrero de 1979 al 18 de diciembre de 2002 como directiva del
orden nacional, sin que fuera procedente acumular dichos tiempos.
4 Folios 286 a 293.
5
Radicado: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UGPP
Así mismo, advirtió que si bien la demandada puso de presente en sus
alegaciones que, como docente, atendió las tres jornadas del colegio Liceo
Nacional Femenino de Ibagué, en el que la jornada nocturna era de carácter
departamental y pagada con recursos del ente territorial, una vez fueron
analizados los documentos obrantes en el plenario sobre esa jornada, advirtió
que el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Tolima
suscribieron un contrato de comodato en el cual se facilitaron las instalaciones
educativas para que funcionaran dichas jornadas (tarde y noche) “modalidad
académica” y el ente territorial se obligó a cancelar una bonificación adicional a
la señora Manrique Bocanegra como directora de la jornada departamental
nocturna que funcionó en el Liceo Nacional.
En segundo lugar, aclaró que el tiempo que tomó la entidad demandante para el
reconocimiento de la citada prestación no fue solo el comprendido entre el año
1985 y 1990 de conformidad con los decretos expedidos por la Gobernación, sino
que también incluyó los que laboró como rectora del Liceo Nacional Femenino de
Ibagué, cargo que desempeñó hasta el 18 de diciembre de 2002.
Agregó que el convenio suscrito en su cláusula 7ª dejó claro que los planteles
objeto de este tipo de acuerdos seguirían dirigidos por los rectores nacionales,
razón por la cual el a quo concluyó que no le asistía derecho a la demandada al
reconocimiento de la pensión gracia toda vez que no cumplió con el requisito de
los 20 años de servicio, sin ser posible acumular tiempo de servicio de orden
territorial y nacional.
Igualmente, afirmó que a la docente solo le fue cancelada una bonificación
adicional por el departamento para que asumiera la dirección de un
establecimiento educativo, sin que en ningún momento se hubiese mutado el
origen de su nombramiento.
Finalmente, el a quo negó el restablecimiento del derecho al considerar no
demostrada la mala fe de parte de la señora Manrique Bocanegra y, por
consiguiente, no había lugar a ordenar el reintegro de dineros recibidos por
concepto de la pensión gracia.
RECURSOS DE APELACIÓN
La señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra5 manifestó su inconformidad con
la sentencia de primera instancia, por considerar que los actos demandados a
través de los cuales se reconoció y reliquidó la pensión gracia de jubilación fueron
expedidos por haber cumplido con los requisitos para su otorgamiento. Sobre el
particular, reiteró que su prestación ya había sido revisada en sede jurisdiccional,
que hizo tránsito a cosa juzgada, razón por la cual no era viable jurídicamente revivir
términos para estudiar nuevamente un tema ya decidido.
Por otra parte, reafirmó que las tres jornadas que cumplió en el Colegio Liceo
Nacional Femenino de Ibagué, en especial la nocturna, tuvo el carácter de
departamental, porque fue pagada con recursos del departamento como consta en
los Decretos 0469 de 1985, 1188 de 1986, 00760 de 1987, 002451 de 1988, 01155
de 1989 y 00847 de 1990, en los cuales se instituyó que, de conformidad con el
parágrafo de la cláusula primera del contrato de comodato suscrito entre el
Ministerio de Educación y el ente departamental, respecto a la jornada adicional
“nocturna”, se dejó consignado que el departamento pagaría el porcentaje
adicional que implique el funcionamiento de la nueva jornada y, además que la
5 Folios 300 a 302.
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Radicado: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UGPP
directora del Liceo Nacional no percibía remuneración alguna por parte del
Ministerio.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.
La UGPP6 interpuso recurso de apelación parcial, específicamente respecto de
la negativa de acceder al restablecimiento del derecho, para lo cual indicó que la
demandada tenía pleno conocimiento de que su vinculación era del orden
nacional y que, por lo tanto, no le asistía derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, a partir de lo cual se evidencia la mala fe de la señora Manrique
Bocanegra.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada7 reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio, según se
desprende de la constancia secretarial que obra a folio 345 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, por haber sido apelada por
ambas partes, el juez de segunda instancia puede resolver sin limitaciones los
argumentos expuestos en los recursos.
Problemas jurídicos
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, los
problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia son los siguientes:
1. ¿En el sub judice se demostró que la señora Carmen Elisa Manrique
Bocanegra acreditó 20 años de servicio como docente oficial del orden
territorial o en calidad de nacionalizada?
En caso negativo,
2. ¿Se desvirtuó la buena fe de la parte demandada cuando obtuvo el
reconocimiento, que permita el reintegro de las mesadas pensionales
percibidas por la demandada por concepto de la prestación reconocida?
Primer problema jurídico
¿En el sub judice se demostró que la señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra
acreditó 20 años de servicio como docente oficial del orden territorial o en calidad
de nacionalizada?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la señora Manrique Bocanegra
no acreditó 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada y, en
6 Folios 307 a 308.
7 Folios 336 a 344.
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Radicado: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UGPP
consecuencia, no es posible mantener el reconocimiento pensional, como se
explica a continuación:
La pensión de jubilación gracia
La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que
hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.
Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1. °, acerca de los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», preceptúa lo siguiente:
«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
Así mismo, el numeral 2 del artículo 15 de la anterior norma limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al señalar textualmente
que:
«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social
conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado8, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia así:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
8Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto
de l997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
8
Radicado: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UGPP
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de
1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15,
dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó
la ley. […].»
De la misma manera, los requisitos para dicha pensión fueron reiterados en otra
sentencia de unificación, en la cual se dijo lo siguiente9:
«De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa
que la regula, entre los que se encuentran haber prestado los servicios como
docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término
no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad y haberse
desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.» [Negrillas fuera de
texto].
Finalmente, esta Subsección resolvió un caso similar en donde se hizo alusión a
la diferencia entre los docentes nacionales y aquellos que hicieron parte del
proceso de nacionalización. Al respecto, en sentencia del 29 de octubre de 2020
se dijo lo siguiente10:
«37. Esta Corporación, en sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro
Peñaranda, fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia en los siguientes
términos11:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni
recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este
aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales.»
38. De lo anterior, se infiere que la citada prestación se causa únicamente para
los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales
hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal. Es claro entonces,
que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados
exclusivamente en instituciones educativas territoriales o nacionalizadas.
39. Al respecto, esta Subsección en sentencia de 27 de abril de 201612 expresó con
base en la sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997 de la Sala Plena de la misma
Corporación, que no serán computables los tiempos de servicio ejercidos en planteles
9Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. SUJ-SII-11-2018 de 21
de junio de 2018. Demandante: Gladys Amanda Hernández Triana.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 29 de octubre de 2020.
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03743-01 (578-2018). Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Demandado: Gilma
Barrera de Martínez y María del Carmen Rojas Torres.
11 Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
12 Con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, dentro del expediente radicado 3075-14.
9
Radicado: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UGPP
nacionales ni aquellos que provengan de nombramientos efectuados por el
Gobierno Central, así:
«2.3.2. De la vinculación del personal docente.
En lo que respecta a las modalidades de vinculación del personal docente, la Ley 29
de 1989 consagró la descentralización administrativa en el sector de la educación, y
dispuso que:
«Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito
Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar,
remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de
los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de
colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas
del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante
el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas
de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes. […]
Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a
cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon. […]
Artículo 10º.- Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, asumirán temporalmente
las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera y/o
administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.
Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del
Alcalde, el Ministerio podrá mediante Resolución trasladar tal competencia.”
[…]
De tal manera y de conformidad con las leyes antes citadas, han tenido derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria
oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción
pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de
enseñanza secundaria, prestación a la que, a partir de las precisiones que se hicieron
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 26 de agosto de
1997, dictada en el proceso No. S-699 de la cual fue ponente el Magistrado doctor
Nicolás Pájaro Peñaranda, sólo acceden aquellos docentes que hubieran
prestado los servicios en planteles municipales, distritales, departamentales o
nacionalizados. No tienen derecho a ella, aquellos que hubieran servido en
centros educativos de carácter nacional.»
40. De lo anterior se concluye que los beneficiarios de la pensión gracia serán
aquellos docentes cuya vinculación sea territorial y/o nacionalizada, descartando de
esta forma aquellas del orden nacional, bien sea porque provenga directamente
del Gobierno Nacional o se acredite en el plenario que la profesión se ejerció en
una institución educativa nacional.» (negrillas fuera de texto original).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta suficientemente claro que los
tiempos de servicio como docente del orden nacional no pueden ser computados
para efectos de los requisitos exigidos para adquirir la pensión gracia de
jubilación.
La sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
Ahora bien, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en
relación con el tema específico del reconocimiento de la pensión gracia, procedió
en la aludida providencia a explicar la incidencia de los recursos con los que se
remunera a los docentes (situado fiscal y sistema general de participaciones); la
naturaleza de los fondos educativos regionales (FER); y la prueba de la calidad
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Demandante: UGPP
de quienes tienen derecho a esta prestación, y en consecuencia, fijó las reglas
de unificación que a continuación se transcriben:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron
en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente nacional, una vez
se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de
los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley
24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados13, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a
sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique
la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal14; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la
Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)
La vinculación de la docente probada en el proceso
13 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el
Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
14 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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Demandante: UGPP
En el sub examine, la Sala advierte que lo pretendido a través del recurso de
apelación interpuesto por la señora Manrique Bocanegra es que se revoque la
sentencia de primera instancia por considerar que el a quo no tuvo en cuenta que
la jornada nocturna en la cual laboró como directora del Liceo Nacional era del
orden territorial, pagada con recursos del departamento de Tolima, razón por la
cual, consideró que sí era beneficiaria de la pensión gracia.
Al respecto, debe señalarse que en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-011-
2018 del 21 de junio de 2018 adoptada por la Sala Plena de esta Sección, se
definió que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión
gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada y no el origen de los recursos de la entidad nominadora
destinados para cubrir las acreencias que genera el respectivo vínculo, pues son
aquellos docentes los beneficiarios del régimen prestacional reclamado en el sub
lite.
Así mismo, determinó que la prueba de calidad de docente territorial se puede
acreditar a través del acto administrativo donde conste el vínculo y que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o, en su
defecto, también es posible demostrar tal situación con la respectiva certificación
de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual fue sometido el docente oficial fue de carácter territorial o
nacionalizado.
En ese orden de ideas, se tiene que en el presente asunto está demostrado que
la señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra nació el 22 de diciembre de 194615.
Por otra parte, respecto al tiempo de servicios, según certificados visibles de
folios 40 al 42 del expediente, desde el año 1968, se tiene que la demandada
laboró como docente, así:
Entre el 15 de enero de 1968 y el 12 de enero de 1969, como directora de
la Escuela Rural de Niñas Caldas Viejo, en el municipio de Alvarado.
Entre el 13 de enero de 1969 y el 27 de enero de 1976 en la Institución
Educativa Exalumnas de la Presentación, en Ibagué.
Entre el 28 de enero de 1976 y el 31 de marzo del mismo año prestó sus
servicios como educadora en el colegio Bienestar Social de la Policía, en
Ibagué.
Entre el 1.° de abril de 1976 y el 31 de agosto del mismo año lo hizo en la
institución educativa Alfonso López Pumarejo.
Laboró en el Colegio Nacional Integrado del municipio de Honda a partir
del 1.° de septiembre de 1976 hasta el 1.° de junio de 1977.
Entre el 28 de abril de 1978 como profesora de tiempo completo en el
Instituto Técnico Femenino del municipio de Ibagué hasta el 10 de marzo
1979.
Entre el 28 de febrero de 1979 y hasta el 18 de diciembre de 2002, fecha
a partir de la cual le fue aceptada la renuncia por parte del secretario de
educación del departamento del Tolima, como directora del Liceo Nacional
Femenino de Ibagué.
De acuerdo con lo anterior, el tribunal concluyó que en el primer periodo
comprendido entre el 15 de enero de 1968 y el 1.° de junio de 1977, obtuvo solo
8 años, 4 meses y 15 días de servicios en calidad de docente nacionalizada, y
que dicho tiempo era computable para efectos de acceder a la pensión gracia,
15 Folio 39 RC.
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Demandante: UGPP
sin que este sea objeto de discusión por las partes y no será objeto de análisis
por parte de esta Sala.
Ahora, respecto al segundo periodo, esto es, del 28 de febrero de 1979 al 18 de
diciembre de 2002, como directiva docente del Liceo Nacional Femenino de
Ibagué se consideró que la demandante había tenido la connotación de nacional
y que, por consiguiente, se debía declarar la nulidad del acto de reconocimiento
pensional puesto que dicho lapso no era computable para el otorgamiento del
derecho. No obstante, la señora Manrique Bocanegra consideró errada esa
decisión en tanto se desempeñó como docente en una entidad del orden territorial
y que, en consecuencia, tenía era la calidad de nacionalizada.
Ahora, a fin de desatar el recurso de apelación de la parte demandada, debe
precisar la Subsección que es pacifica la jurisprudencia de esta Sección
alrededor de la imposibilidad de acumular tiempos de servicio como docente
nacional para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, tal como se
expuso en acápite anterior.
Bajo ese entendido, la Sala comparte la decisión adoptada por el tribunal por las
siguientes razones:
En primer lugar, debe reiterarse la distinción que ha hecho el legislador entre
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, en lo relacionado con su tipo
de vinculación, bajo el entendido de que, según el artículo 1.° de la Ley 91 de
1989, los docentes nacionales son los «vinculados por nombramiento del
gobierno nacional».
En ese contexto, debe acudirse a los certificados de tiempo de servicio, visibles
a folios 67 y 68, en los que consta el tipo de vinculación nacionalizada que
sostuvo la demandada en el periodo comprendido entre el año 1969 hasta parte
de 1979 y de allí en adelante hasta el 2002 como nacional.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la señora Carmen Elisa Manrique
Bocanegra prestó sus servicios como docente oficial por más de 20 años;
empero, para acceder a la pensión gracia, era indispensable acreditar que prestó
sus servicios en la docencia oficial territorial o nacionalizada por un término no
menor de veinte (20) años, circunstancia que no se encuentra demostrada con
los elementos de prueba que reposan en el expediente, pues ellas dan cuenta en
debida forma, que su vinculación a la docencia oficial fue nacionalizada entre el
15 de enero de 1968 hasta el 1.° de junio de 1977, y nacional desde 28 de febrero
de 1979 al 18 de diciembre de 2002.
Igualmente se verificó que la jornada nocturna del colegio Liceo Nacional
Femenino de Ibagué, en la cual laboró la demandada y de la cual sostuvo que
era de carácter departamental porque no percibió ninguna remuneración del
Ministerio de Educación como presuntamente consta en los decretos16 469 de
1985, 1188 de 1986, 760 de 1987, 2451 de 1988, 1155 de 1989 y 847 de 1990,
se puede decir que dicho argumento fue desestimado con los mismos, porque en
su síntesis y con el contrato de comodato del 8 de noviembre de 1984 suscrito
entre el Ministerio de Educación y el departamento del Tolima, este último se
comprometió a facilitar las instalaciones para que funcionara la jornada nocturna
en el Liceo Nacional en modalidad académica y se obligó a cancelar una
bonificación adicional (por el porcentaje que implicaba una nueva jornada
académica) la cual se encuentra sustentada en los decretos arriba mencionados.
16 Folio 175 a 186
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Demandante: UGPP
Además, los planteles objeto de dichos convenios, para ser más específicos, en
su cláusula 7ª indicó expresamente que seguirían siendo dirigidos por los
rectores nacionales, argumento que da más fuerza a lo probado respecto al tipo
de vinculación de la docente Carmen Elisa, como lo citó el tribunal en la sentencia
de primera instancia, y sobre lo cual la parte demandada en ningún momento
refutó, ni manifestó inconformidad.
Así las cosas, se comprobó plenamente que la demandada no acreditó los
requisitos necesarios para que se mantuviera el reconocimiento de la pensión
gracia y, conforme con lo expuesto, la señora Manrique Bocanegra no tenía
derecho a causar a su favor el derecho pensional objeto de estudio, pues se
reitera, el tiempo de servicios acreditado de carácter territorial o nacionalizado,
resultó insuficiente para materializar el beneficio a la pensión gracia y, en
consecuencia, le asiste razón al juez de primera instancia cuando declaró la
nulidad del acto acusado.
Conclusión: la señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra no reunió la totalidad
de los requisitos regulados legalmente para tener derecho a la pensión gracia,
comoquiera que esta no acreditó 20 años de vinculación como docente territorial
o nacionalizada, y los tiempos que trabajó en calidad de docente nacional no
pueden ser computados para la causación de la prestación.
Segundo problema jurídico
¿Se desvirtuó la buena fe de la parte demandada cuando obtuvo el
reconocimiento, que permita el reintegro de las mesadas pensionales percibidas
por la demandada por concepto de la prestación reconocida?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: en el plenario no existen pruebas
que evidencien la mala fe de la señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra, que
permitan desvirtuar la presunción de buena fe y, en consecuencia, resulta
improcedente la recuperación de las sumas pagadas a su favor en virtud del acto
acusado.
El principio de la buena fe.
El artículo 83 de la Constitución Política prevé que «Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena
fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
Por su parte, el artículo 768 del Código Civil, en relación con el principio de buena
fe, prescribe:
«ARTICULO 768. BUENA FE EN LA POSESIÓN. La buena fe es la conciencia de
haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes
y de todo otro vicio.
Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de
haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber
habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.
Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.
Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que
no admite prueba en contrario.»
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Demandante: UGPP
Sobre el particular, esta corporación17 ha sostenido lo siguiente:
«[Este] Principio […] no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites
demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia
del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función
administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía, entre otros. En este sentido, no podemos entender al principio de la
buena fe de manera aislada y como un fin en si (sic) mismo, por cuanto se debe
concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos
concretos encerrados en sí mismos, o como una simple mescolanza de normas,
sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no
contradicción»
Por su parte, la Corte Constitucional18 señaló:
«[…] En los debates al interior de la Asamblea Nacional Constituyente se señaló
que tanto los particulares como las autoridades están sujetos a los mandatos de
honestidad, lealtad y sinceridad, integradores del principio de la buena fe. Para los
primeros, como una barrera que evita el abuso del derecho; y para los segundos,
como un límite a los excesos y a la desviación del poder. Allí también se explicó
que el reconocimiento de la presunción de buena fe pretendía superar la
desconfianza hacia el particular en sus actuaciones ante la administración pública,
con el fin de humanizar las relaciones jurídicas y reducir los requisitos y
procedimientos exigidos por las autoridades.
4.2.- Desde sus inicios la Corte ha examinado el significado y alcance de la buena
fe, que ha dejado de ser considerada únicamente un principio general del derecho
para constituirse en un verdadero postulado constitucional que cumple un papel
integrador del ordenamiento y de las relaciones entre particulares, y entre estos y
el Estado.
La sentencia C-840 de 2001 define la buena fe como la pieza fundamental de
todo el ordenamiento jurídico, que incorpora el valor de la confianza como un
presupuesto de las relaciones sociales que trascienden en la vida jurídica. Al
mismo tiempo, señala, funge como criterio para valorar el comportamiento de los
sujetos de derecho y regla de conducta que debe ser observada tanto en el
ejercicio de sus derechos como en el ámbito de los deberes y obligaciones […]»
De lo anterior se colige que el principio de buena fe es aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una persona correcta.
Bajo el anterior razonamiento, y según lo prescribe el numeral 1, literal c) del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, disposición que reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo
136 del CCA, no habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de
buena fe.
Al respecto, esta sección19, en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la
17 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-23-25-000-
2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE en Liquidación - Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz Mery
Melo Melo.
18 Sentencia C-527 de 2013.
19 Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.
Véanse también: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación:
25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Demandado: Luz Mery Melo Melo.
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Radicado: 73001-23-33-000-2015-00231-01 (3963-2017)
Demandante: UGPP
administración, ha mantenido una posición pacífica, en cuanto a que no
procederá la devolución de las mesadas por haber sido estas percibidas de
buena fe. Específicamente se ha sostenido:
«La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al
reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir
del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos
cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91) cuando por este
concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del 1º
de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de la
Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender
unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues
fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por
la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la
demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto que dispuso el
reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa
ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes
pagados». (Se subraya)
Luego entonces, dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción
de legalidad, que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de
menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Sin embargo, repárese que
al hablarse de un error de la administración (reconocer la pensión a quien no
reúne los requisitos), esta no puede con posterioridad alegar a su favor su propia
culpa, a fin de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena
fe20. Empero en aquellos casos en que esta situación no se consolide, es decir,
que el error no devenga de la administración, se deberá analizar cada caso
particular, para determinar si hay lugar o no a la devolución de los dineros.
Del material probatorio recaudado dentro del presente proceso, se acreditó que
la extinta Cajanal, a través de la Resolución 027842 del 31 de diciembre de 1997
reconoció la pensión gracia a la señora Carmen Elisa Manrique Bocanegra.
Ahora, en sede judicial el a quo anuló el acto mencionado al advertir que la
prestación no satisfizo el requisito de 20 años de servicio en entidades del orden
territorial; sin embargo, negó el restablecimiento del derecho, consistente en la
devolución del dinero recibido por la demandada, lo cual comporta el motivo de
la alzada de la entidad demandante.
Como argumento de su inconformidad, la UGPP adujo que la mala fe se demostró
con el hecho de que la pensionada tenía conocimiento de que no le asistía el
derecho.
En lo que respecta al caso concreto, es preciso recordar que, por regla general,
declarada la nulidad de un acto de carácter particular y concreto, las cosas deben
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007. Número interno: 0950-2006. Actora:
Univ. Distrital Francisco José de Caldas. Demandado: Arturo Spin Ramírez.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-
03370-01 (0488-07). Actor: Universidad Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado:
130012333000201300149 01 (2677-2015). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Manuel Baquero
Nova.
20 En este sentido, se pronunció recientemente la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias
del 17 de noviembre de 2016, número interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-
2016
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Demandante: UGPP
volver al estado en el que se encontraban antes de que este naciera a la vida
jurídica. No obstante, en aquellas demandas donde se pretenda la nulidad de un
acto que reconoció una prestación periódica, como es el caso de la pensión
gracia, y como restablecimiento se peticione la devolución de las sumas de dinero
pagadas y no debidas, dicho precepto no puede aplicarse de forma absoluta,
dado que el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA, previó que «[…] no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]»
Así, para la Subsección el hecho de que la señora Manrique Bocanegra hubiese
reclamado el reconocimiento de una pensión gracia en su favor, no denota, a
partir de esa sola situación, un actuar de mala fe dirigido a defraudar a la
administración.
Así, por ejemplo, la mala fe tiene lugar cuando se despliegan otras actividades,
como cuando se acude a la acción de tutela en un lugar diferente al domicilio, y
pese a que por la vía administrativa se le había negado expresamente el
reconocimiento a dicho derecho al interesado21.
De acuerdo con lo expuesto, el actuar de la señora Manrique Bocanegra no se
apartó del postulado de la buena fe, es decir, no realizó afirmaciones engañosas,
ni se probó que hubiese aportado documentos falsos encaminados a demostrar
que prestó sus servicios docentes en entidades territoriales.
En ese orden de ideas, ante la falta de elementos de juicio que permitan
corroborar las afirmaciones de la entidad demandante, la Sala no accederá a su
solicitud presentada en su recurso de apelación.
Conclusión: Aunque la señora Manrique Bocanegra percibió sumas de dinero
por concepto de pensión gracia reconocida por Cajanal sin haber cumplido los
requisitos determinados legalmente, no se desvirtuó la buena fe con la que actuó,
por lo cual no hay lugar a ordenar que se restituyan las sumas pagadas
irregularmente.
Decisión de segunda instancia
Por lo expuesto, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia proferida
el 20 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la
cual declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y negó las
demás pretensiones.
Condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, se precisa que con la adopción del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley
1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando
en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188
ibidem22, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de
las costas procesales.
En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que
determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto
a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para
21 Sobre el particular se puede revisar la sentencia de esta Subsección del 23 de mayo de 2019, con
radicación 76001233100020090029501 (3106-16). ISS contra Luis Alberto Valencia Rodríguez
22 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.»
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condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo
en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el
pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo
365 del Código General del Proceso.
En cuanto a la condena en costas en la presente instancia, la subsección resalta
que el presente asunto se promovió en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de
obtener la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se
reconoció y reliquidó una pensión gracia.
En ese sentido conforme al artículo 188 del CPACA 23, no es viable la condena
en costas, toda vez que en este tipo de eventos en que se ventilan intereses
públicos, como lo es el patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de
la prestación sea la parte vencida en el litigio, cuando resulte afectado con la
decisión.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 20 de junio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en el proceso que en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la señora
Carmen Elisa Manrique Bocanegra.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de
Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
23 «ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.».
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Demandante: UGPP
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