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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00759-01

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00759-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 12 de marzo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Rosa Inés Zamudio contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta a la parte demandada. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2016-00759-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

20 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Demandante : Rosa Inés Zamudio
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Litisconsorte : Elvia Parra de Castro1
necesario
Tema : Sustitución de pensión de jubilación post mortem en
cónyuge y compañera permanente

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionada
contra la sentencia de 12 de marzo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual accedió a las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 45 a 60 y 108 a 1272). La señora Rosa Inés Zamudio,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del «auto» ADP 3351 de 9 de marzo de
20163, por el que la entidad demandada le negó a la actora «[…] la sustitución
pensional por haber sido la compañera permanente durante los últimos 15 años

1
Vinculada por el a quo, mediante auto de 14 de agosto de 2017, en condición de litisconsorte necesaria (ff.
145 y 146).
2
Reforma de la demanda.
3
Se precisa que si bien la actora también pidió la anulación de las Resoluciones 4798 de 3 de abril de 1997
(parcial) y RDP 41216 de 5 de septiembre de 2013, el «auto» ADP 14821 de 12 de noviembre de 2015 y el
oficio 201550051717732 de 19 de enero de 2016, el Tribunal de primera instancia, a través de proveído de 19
de junio de 2018, proferido dentro de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 el CPACA, «DECLAR[Ó]
probada de forma parcial la excepción de inepta demanda contra las Resoluciones No. 004798 […] y […] RDP
046216 […] por falta de agotamiento de la actuación administrativa, y frente al Auto ADP 014821 y Oficio
Nro. 201550051717732 […], por ser actos no susceptibles de control judicial» (ff. 178 y 179).

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

de vida del causante», señor Jorge Alberto Castro Sierra (q. e. p. d.).

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la accionada sustituir en ella la pensión de jubilación post mortem del
citado señor, en su condición de compañera permanente supérstite, «[…] en
proporción del 100% […] de forma vitalicia, desde el 18 de marzo de 1994, y
efectiva en ese porcentaje desde la fecha en que dejó de pagarse a los demás
beneficiarios (hijos) y las que se sigan causando, con los reajustes anuales»
(sic); y dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA. Por último, se le condene en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que vivió con el señor Jorge
Alberto Castro Sierra (q. e. p. d.), con quien «[…] compartía mesa, lecho y
techo», relación de la cual nacieron sus dos (2) hijos el 13 de febrero de 1981 y
el 15 de julio de 1992.

Que, «[…] a pesar de hacer vida marital durante sus últimos 15 años de vida
[pues murió el 17 de marzo de 1994] […], [el finado] nunca disolvió un vínculo
matrimonial anterior con la señora ELVIA PARRA DE CASTRO, quien al
parecer convivió con [él], en periodo por determinar, pero en todo caso con
anterioridad […]» (sic).

Dice que luego de que la liquidada Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)
reconociera la «[…] pensión de vejez post mortem mediante Resolución No.
004798 del 3 de abril de 1997 […]», y de que pidió que esa prestación se
sustituyera en ella, entre otros beneficiarios, la señora Parra de Castro también
formuló el mismo reclamo «[…] como compañera permanente [de aquel],
solicitud [que] ha sido despachada desfavorablemente por CAJANAL y la
UGPP con el argumento de que debe ser la justicia ordinaria la que defina el
pleito presentado entre […]» ellas.

Que «Desde la última […] petición de la pensión de sobrevivientes presentada
ante la UGPP el 28 de diciembre de 2015, la entidad no ha hecho ningún
pronunciamiento de fondo hasta el momento de la interposición de esta
demanda, solamente produjo el Auto No. ADP 003351 de 9 de marzo de 2016
en la que se ordena el archivo […], siendo que debió pronunciarse acerca de
[esa] solicitud [y la de] 29 de enero de 2016» (sic).

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
2

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

violadas por el acto censurado los artículos 1º, 2º, 4º a 6º, 13, 29, 42, 43, 48, 53
(incisos 3º y 4º), 58, 93, 228, 237 (numeral 1) y 243 de la Constitución Política;
1º a 3º, 10 y 138 del CPACA; 27 y 28 del Código Civil; 1º a 6º de la Ley 153
de 1887; 1º de la Ley 33 de 1973; 1º, 2º y 8º de la Ley 4ª de 1976; 1º y 3º de la
Ley 12 de 1975; 1º de la Ley 113 de 1985; 1º a 3º y 11 de la Ley 71 de 1988;
46 a 48 de la Ley 100 de 1993; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 y 1º, 5º a 8º y 10
a 13 del Decreto 1160 de 1989; y las Leyes 44 de 1977, 33 de 1985 y 54 de
1990.

Arguye que «[…] es indudable que […] se le debe sustituir la pensión […] en
un 100% (50% por haber sido la compañera permanente y 50% por
acrecimiento porque los beneficiarios ya dejaron de recibir la prestación) en
consideración a que convivió con el causante durante los últimos 15 años de su
vida, y fue la persona que lo acompañó y compartió con él muchos momentos
de alegría y de tristeza, lo acompañó y socorrió, tuvieron una convivencia
plena, permanente y singular, tal como lo señala el Consejo de Estado» (sic).

1.5 Contestaciones de la demanda.

1.5.1 Parte demandada (ff. 77 a 82 y 132 a 137). La UGPP, por conducto de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; respecto de los hechos
afirma que unos son ciertos, otros no, algunos no constituyen situaciones
fácticas y los demás no le constan. De igual modo, propuso las excepciones
denominadas falta de agotamiento de la vía gubernativa o de la actuación
administrativa, inexistencia del derecho a reclamar y de vulneración de
principios constitucionales y legales, cobro de lo no debido, buena fe y
prescripción.

Que en el trámite administrativo no hay prueba contundente sobre «La
convivencia por más de quince años que aduce [la demandante] […], toda vez
que al presentarse como beneficiarias de la pensión del causante [ella] y la
señora ELVIA PARRA DE CASTRO […], alegando cada una mejor derecho
frente a la otra y como quiera que aquellas aportaron declaraciones extrajuicio
para acreditar la convivencia marital con [aquel] hasta el momento de su
fallecimiento, se generan dudas frente a cuál de los dos tiene mejor derecho,
pues bajo esta circunstancia no se puede deducir inequívocamente el tiempo de
convivencia real y efectiva de las mismas con el señor CASTRO SIERRA […]»
(sic).

3

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

1.5.2 Señora Elvia Parra de Castro (ff. 160 y 161). Por medio de curador ad
litem, contestó la demanda con oposición a las súplicas, y respecto de los hechos
precisó que algunos son ciertos y los restantes deben probarse.

1.6 La providencia apelada (ff. 224 a 236). El Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante sentencia de 12 de marzo de 2020, accedió a las pretensiones
de la demanda (con condena en costas), al considerar que los medios de
convicción recaudados dan cuenta de la relación entre el extinto señor Castro
Sierra y la actora, «[…] la cual adquirió la connotación de unión marital de
hecho, logrando acreditar que convivieron bajo el mismo techo, lecho y mesa
hasta el último día de existencia del señor […], denotándose apoyo,
comprensión, ayuda mutua, socorro y lazos de afectividad, por un tiempo
superior a los últimos cinco años de vida […]» (sic) de él.

Aduce que, «[…] aún cuando [la señora Parra] tiene un vínculo matrimonial
con el [difunto señor Jorge Castro], no por ello se puede inferir que cumplió
con los requisitos materiales que por vía jurisprudencial se ha exigido para la
sustitución pensional, pues […] no es el presupuesto formal, es decir, aquel que
se origina del matrimonio, como quiera que este no permite determinar la
titularidad o el derecho de la prestación que se discute, sino también, la
convivencia continua, efectiva y estable […]» (sic).

Respecto del fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, sostiene que la
accionante «[…] elevó reclamación administrativa tendiente al reconcomiento
de la sustitución pensional, el día 03 de febrero de 2016 […], la cual dio origen
AL […] Auto 003361 del 09 de marzo de 2016 […], posteriormente presentó la
demanda el día 30 de septiembre de 2016 […], por lo que se advierte que no
operó [dicho] fenómeno […] y en consecuencia, se ordenará el pago de la
prestación económica desde el 3 de febrero de 2013» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 244 a 247 vuelto). Inconforme con el anterior
fallo, la entidad accionada interpuso recurso de apelación, al estimar que el a
quo no efectuó un análisis adecuado de las pruebas adosadas a las presentes
diligencias, puesto que, por ejemplo, no observó que (i) en el registro civil de
defunción figura que la cónyuge del fallecido es la señora «ELVIA PARRA», (ii)
en los testimonios recibidos «[…] fue evidente el afán […] por favorecer el
supuesto fáctico y jurídico que sustenta la demanda […]», en los que, por
demás, hay contradicciones; y (iii) la existencia de hijos en común no impone

4

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

concluir que a la demandante le asiste el derecho deprecado o que en realidad
hubo una convivencia durante los cinco (5) años previos a la muerte de aquel.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 27 de enero de 2021 (ff. 272
a 274) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 10 de febrero
de 2022 (f. 309), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 4 de abril de 2022 (f. 321), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las
primeras4.

2.1.1 Parte actora. Pide confirmar la providencia impugnada, para lo cual
asevera que, contrario a lo alegado por la demandada, el Tribunal de primera
instancia valoró de manera correcta las pruebas, las que evidencian que «[…]
fue en [su] compañía […] y en su lecho que falleció quien durante 16 años obró
como su compañero permanente […]».

2.1.2 UGPP. Reiteró cada uno de los argumentos consignados en el recurso de
apelación.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación5, corresponde

4
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai.
5
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

en esta oportunidad a la Sala determinar si a la accionante le asiste o no razón
jurídica para reclamar de la entidad demandada, en condición de compañera
permanente supérstite del señor Jorge Alberto Castro Sierra (q. e. p. d.), la
sustitución de su pensión de jubilación post mortem; o si, por el contrario, al no
demostrar la efectiva convivencia dentro de los cinco (5) años anteriores a su
muerte, carece de tal derecho, como lo alega la accionada.

3.3 Marco conceptual. En punto a la resolución del problema jurídico
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta respecto del caso concreto.

Como bien lo ha dicho esta subsección6, la muerte constituye una contingencia
del sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma definitiva la
persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de
que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder subsistir, por
ello, se concibió la pensión de sobrevivientes con el fin de evitar un cambio
sustancial en las condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta
prestación.

Fue así como, ab initio, la Ley 33 de 1973, «[p]or la cual se transforman en
vitalicia las pensiones de las viudas», consagró el derecho a la sustitución
pensional en los siguientes términos:

Artículo 1º. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidación o vejez, o un empleado o trabajador del sector
público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda
podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.
[…].

Asimismo, el artículo 2° de la anterior normativa estableció que «[e]l derecho
consagrado en favor de las viudas […] se pierde cuando por culpa de la viuda,
los cónyuges no viven unidos en la época del fallecimiento del marido».

Posteriormente, la Ley 12 de 19757 dispuso que ese beneficio no solo
correspondía a la cónyuge supérstite, sino que también lo previó para la
compañera permanente, así:

6
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
7
«[P]or la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
6

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

Artículo 1º.- El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un
trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y
sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación
del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica
para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio
consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas.

Con la expedición de la Ley 71 de 19888 (artículo 3°), vigente para la fecha de
fallecimiento del señor Jorge Alberto Castro Sierra (q. e. p. d.), la prerrogativa
de la sustitución pensional, consagrada en las aludidas disposiciones, se
extendió, en forma vitalicia, «al cónyuge supérstite compañero o compañera
permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos
que dependan económicamente del pensionado».

Por su parte, el Decreto 1160 de 2 de junio de 1989, que «[…] reglament[ó]
parcialmente la Ley 71 de 1988», preveía:

ARTICULO 6o. Beneficiarios de la sustitución pensional. Extiéndese las
previsiones sobre sustitución pensional:

1o. En forma vitalicia al cónyuge sobreviviente, al compañero o a la
compañera permanente del causante.
[…]

ARTICULO 8o. Distribución entre beneficiarios de la sustitución
pensional. La sustitución pensional se distribuirá entre los beneficiarios
así:

1o. El 50% para el cónyuge sobreviviente o compañero o compañera
permanente del causante y el otro 50% para los hijos de éste, distribuido
por partes iguales.

[…] (se destaca).

Para dilucidar lo concerniente al requisito de convivencia, el artículo 7º del
citado Decreto 1160 de 1989 establecía:

Pérdida del derecho del cónyuge sobreviviente. El cónyuge sobreviviente
no tiene derecho a la sustitución pensional, cuando se haya disuelto la
sociedad conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos o

8
«Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones». Artículo 3°: «Extiéndese las
previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de
la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite compañero o compañera permanente, a los hijos
menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado».
7

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

cuando en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común
con él, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber
abandonado éste el hogar sin justa causa o haberle impedido su
acercamiento o compañía, hecho éste que se demostrará con prueba
sumaria.

El cónyuge sobreviviente pierde el derecho de la sustitución pensional que
esté disfrutando, cuando contraiga nupcias o haga vida marital.

A renglón seguido, el artículo 12 del Decreto 1160 de 1989, preceptuaba que
«Para efectos de la sustitución pensional, se admitirá la calidad de compañero
o compañera permanente a quien […] haya hecho vida marital con el causante
durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento de éste o en el lapso
establecido en regímenes especiales», es decir, quien pregone dicha condición
debe acreditar que ofreció real apoyo al causante en vida, en una relación de
solidaridad y socorro mutuos9, por lo menos en el año que antecede al deceso10.

Frente a la normativa trascrita, el aparte tachado fue declarado nulo por el
Consejo de Estado, con sentencia de 8 de julio de 199311, al estimar que como
se trataba de una disposición contenida en un decreto reglamentario, debía estar
acorde con lo previsto en la Ley regulada, lo cual no se observaba en este caso,
pues esta no establecía «[…] la disolución de la sociedad conyugal ni la
separación definitiva de cuerpos como causales para que el cónyuge
sobreviviente pierda el derecho a la sustitución pensional», de lo que se deduce
que «[…] se excedió la potestad reglamentaria […]».

Posteriormente, con providencia de 12 de octubre de 200612, esta Corporación
anuló en su totalidad el referido artículo 7º, bajo las siguientes consideraciones:

9
Ver, de esta Corporación, entre otros, fallos de (i) 12 de octubre de 2006, expediente: 803-99, C. P. Alberto
Arango Mantilla; y (ii) 26 de agosto de 2021, radicación 25000-23-42-000-2017-01107-01 (6410-2019), C. P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Gabriel
Valbuena Hernández, sentencia de 18 de junio de 2020), radicado 54001-23-33-000-2017-00168-01 (6177-
2018): «Sea lo primero indicar que de acuerdo con el Decreto 1160 de 1989 los requisitos para acceder a la
sustitución pensional son tres: i) acreditar la calidad de beneficiario, ii) demostrar que hizo vida marital con
el causante un año antes de su muerte […]».
Criterio que comparte la Corte Suprema de Justicia (sala de casación laboral), como consta, entre otras
providencias, en la SL1352-2019 de 19 de febrero de 2019, radicación 57426, M. P. Ana María Muñoz Segura:
«Del precedente anterior queda claro, que en el evento en que exista separación entre el pensionado fallecido
y la cónyuge, sin que ésta hubiere demostrado la imposibilidad de haber hecho vida marital común por razones
imputables al causante, perderá el derecho a la sustitución pensional. Y, en consecuencia, el único requisito
que debe probar el compañero o compañera permanente para obtener la prestación es haber convivido con el
causante durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento».
11
Sección segunda, sentencia de 8 de julio de 1993, expediente 4583, C. P. Clara Forero de Castro.
12
Expediente: 803-99, actor: Arturo Acosta Saravia, C. P. Alberto Arango Mantilla.
8

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

En este orden de ideas, de conformidad con las consideraciones anteriores
de índole jurisprudencial, es apropiado afirmar que la convivencia
efectiva, al momento de la muerte del titular de la pensión, constituye el
hecho que legitima la sustitución pensional y que, por lo tanto, es el criterio
rector material o real que debe ser satisfecho, tanto por la cónyuge como
por la compañera permanente del titular de la prestación social, ante la
entidad de seguridad social, para lograr que sobrevenida la muerte del
pensionado, la sustituta obtenga la pensión y de esta forma el otro miembro
de la pareja cuente con los recursos económicos básicos e indispensables
para subvenir o satisfacer las necesidades básicas.

Se concluye entonces que tratándose de la sustitución de derechos
pensionales, el núcleo esencial se mantiene cuando se privilegia la relación
efectiva.
[…]

El análisis de esta norma amerita que ella se desglose pues, como se señaló
inicialmente el aparte “cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o
existe separación legal o definitiva de cuerpos” fue declarado nulo por
esta Corporación en sentencia que se cita.

Respecto del aparte “o cuando en el momento del deceso del causante no
hiciere vida en común con él...”, se tiene lo siguiente.

Como se ha dejado explicado, hay igualdad entre las familias,
conformadas libremente o por matrimonio, frente a los derechos de la
seguridad social basado en la convivencia efectiva. Pero el artículo
demandado parte del supuesto contrario, es decir, de la posibilidad de
conferir el derecho de sustitución pensional a quien no convive con el
pensionado, lo cual da lugar a afirmar, con certeza, que esta expresión se
aleja de los principios e interpretación constitucionales.

Sin duda, si la Constitución y la Corporación Judicial a la que se ha
confiado su guarda, propugnan por privilegiar el elemento sociológico,
material y real de la convivencia, aceptar que el derecho a la sustitución
pueda ser conferido a quien no convive con el pensionado, contradice el
ordenamiento superior.

Ahora, trata la norma de superar el anterior obstáculo, haciendo una
salvedad, lo cual no convierte la premisa inicial en admisible. Dicha
excepción, por el contrario, confirma que la ley concibe la posibilidad de
que quien no comparte la vida con el pensionado, pueda lograr el derecho
a la seguridad social, cuando establece “...salvo de hallarse en
imposibilidad de hacerlo por haber abandonado éste el hogar sin justa
causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho este que se
demostrará con prueba sumaria...”

9

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

Si la norma parte de que el cónyuge está en imposibilidad de convivir con
el pensionado y, no obstante, permite que lo sustituya pensionalmente,
desconoce de plano el criterio material de la convivencia y los principios
de la seguridad social frente a la familia, admitido por la Corte
Constitucional.
[…]

Por el contrario se trata de un problema puramente probatorio, que debe
desatar el juez bajo la certeza de que quien se designe como titular del
derecho fue real y materialmente el apoyo del causante, en una relación de
solidaridad y socorro mutuos.

Esta prueba debe ser absolutamente fehaciente, de manera que genere en
el juzgador la convicción de la existencia de una unión entre la pareja, sin
que puedan privilegiarse circunstancias que resultan ajenas al debate, y a
los principios de la seguridad social y la Familia propugnados por nuestro
ordenamiento jurídico [subraya la subsección].

En ese sentido, si bien el artículo 7º fue anulado por la jurisdicción contencioso-
administrativa, por cuanto al fijar excepciones sobre la pérdida del derecho del
cónyuge sobreviviente cuando este no conviva con el difunto al momento de su
deceso, desconoce el criterio material de la convivencia y los principios de
seguridad social frente a la familia, se debe tener en cuenta que las razones que
llevaron a ello no implican la no exigencia de ese requisito para acceder al
reconocimiento de tal prestación, por el contrario, se consideró que se deberá
otorgar a la persona que «[…] fue real y materialmente el apoyo del causante,
en una relación de solidaridad y socorro mutuos», pues «[…] aceptar que el
derecho a la sustitución pueda ser conferido a quien no convive con el
pensionado, contradice el ordenamiento superior».

Postura que ha sido acogida por la Corte Constitucional, en fallo T-87 de 201813,
al sostener que «[…] la sustitución pensional no depende de la clase de vínculo
generador de la familia, sino de la relación real de convivencia y afecto que
existía entre el fallecido y su beneficiario»14.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se

13
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Criterio adoptado por esa Corporación en su jurisprudencia, de lo que dan cuenta las sentencias T-1009 de
2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-584 de 2009, y T-307 de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
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Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

destaca:

a) Registro civil de matrimonio, según el cual el señor Jorge Alberto Castro
Sierra se casó con la señora Elvia Parra el 17 de mayo de 196915.

b) Escritura pública 3668 de 12 de octubre de 1990, otorgada en la Notaría
Segunda (2ª) del Círculo de Ibagué, por la que la referida pareja disuelve y
liquida la sociedad conyugal surgida con ocasión de su matrimonio16.

c) Registro civil de defunción 1538646, que da cuenta de que el aludido señor
falleció el 17 de marzo de 1994 en Ibagué, como que su cónyuge es la señora
«ELVIA PARRA» (f. 37).

d) Resolución 4798 de 3 de abril de 199717, por cuyo conducto la entonces
Cajanal (i) reconoció «[…] pensión de jubilación post mortem al Señor JORGE
ALBERTO CASTRO SIERRA […] a partir del 18 de marzo de 1994», en
atención a lo establecido en la Ley 33 de 1985, por haber laborado durante más
de veinte (20) años como servidor público en el departamento del Tolima y en
la junta administradora seccional de deportes de ese ente territorial del Instituto
Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes); y (ii) sustituyó dicha
prestación en sus hijos «[…] HEINY HASBLEIDY CASTRO TRIANA hasta el 5
de junio del 2011, representada por su señora Madre MARTHA ISABEL
TRIANA VARELA […]; JORGE ALBERTO CASTRO ZAMUDIO hasta el 15 de
junio del 2010, YEINSY ROCIO CASTRO ZAMUDIO hasta el 13 de febrero de
1.999 quienes estaran representados por su señora Madre ROSA INES
ZAMUDIO […] y a FERNEY CASTRO PARRA hasta el 25 de agosto de 1.994
fechas en las cuales aún son menores de edad o hasta cuando acrediten
incapacidad en razón de estudios […]» (sic), de acuerdo con los artículos 3º de
la Ley 71 de 1988 y 6º del Decreto 1160 de 1989.

Del igual modo, negó sustituir esa prestación en las señoras Elvia Parra de
Castro y en la actora, comoquiera que, respectivamente, «[…] no […]
demostr[ó] su convivencia con el causante hasta el día de su fallecimiento […]»
y «[…] no tiene la calidad de compañera permanente por cuanto el causante
tenia vinculo matrimonial vigente, asimismo se advierte que la separación y

15
Obrante en expediente administrativo contenido en disco compacto adosado en el folio 105 (archivo «22-
Registro Civil de Matrimonio-Conyuge.PDF»).
16
Archivo «31-Escritura Pública-Causante.PDF» ibidem.
17
Archivo «63-Acto administrativo con Notificación-Causante.PDF» idem.
11

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
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Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

liquidación de la sociedad conyugal no es condición para que el compañero o
compañera entre a disfrutar de la sustitución» (sic).

e) «Auto» ADP 3351 de 9 de marzo de 2016, por medio del cual la demandada
«[…] ORDENA EL ARCHIVO DE LA SOLICITUD PRESENTADA EL 3 de
febrero de 2016 […]» (sic) por la accionante, para lo cual informa que «Si bien
se manifestó [en] el citado acto administrativo [Resolución RDP 41216 de 5 de
septiembre de 2013] la existencia de un conflicto suscitado entre las señoras
ELVIA PARRA DE CASTRO y ZAMUDIO ROSA INES, la interesaba debe
acudir ante la Jurisdicción Ordinaria, con el fin de dirimir el conflicto, por lo
tanto aportar copia del fallo» (sic), motivo por el cual se abstiene de
pronunciarse de fondo18.

f) Registros civiles de nacimiento de los señores Ferney Alberto Castro Parra y
Yensy Rocío y Jorge Alberto Castro Zamudio, en los que consta que nacieron
el 25 de agosto de 1976, 13 de febrero de 1981 y 15 de julio de 1992, en su
orden, el primero hijo de la señora Elvia Parra de Castro y el señor Castro Sierra,
los restantes, de este y la demandante19.

g) Declaración extraprocesal de 7 de marzo de 1994, rendida por el finado
señor Jorge Castro ante la Notaría Segunda (2ª) del Círculo de Ibagué, en la que
expresa que su estado civil es casado y actualmente «[…] ha[ce] vida
extramatrimonial con la señora ROSA INES ZAMUDIO, de cuya unión t[ienen]
2 hijos […]» (sic; f. 42).

h) Declaración juramentada de la actora ante la misma Notaría de 7 de marzo
de 1994, en la que afirma que vive en unión libre con el fallecido en la calle 39
núm. 4-85, barrio Boyacá de Ibagué, tienen dos (2) hijos (Yensy Rocío y Jorge
Alberto Castro Zamudio) y «[…] carece[n] de bienes de fortuna […]» (f. 43).

i) Acta de declaración suscrita por los señores Yecid Castañeda Galeano y
Fabiola Rojas el 13 de abril de 1994, en la que indican que (i) conocen a la
accionante desde «[…] hace unos 16 años porque fu[eron] vecinos de Icononzo
[…]» (Tolima), (ii) ella convivió con el difunto durante quince (15) años, (iii)
él «[…] fue legalmente separado y ella soltera, […] [iv] vivian bajo un mismo

18
Archivo «2601 AUTOS-31-2017-02-17_152732.PDF» ib.
19
Folios 37A y 39 y archivo «21-Registro civil de nacimiento-Hijos.PDF» del expediente administrativo
contenido en disco compacto obrante en el folio 105.
12

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
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techo y hasta el día de su fallecimiento […] Jorge Alberto era quien respondía
por toda[s] la obligaciones del hogar […]» (sic; f. 41).

j) Declaraciones notariales de 3 de julio y 14 de agosto de 2013, por las que
los señores Fabio Velásquez Sarmiento y Lucía Cortés Figueroa dicen que
conocieron a la pareja conformada por el extinto señor Castro Sierra y la
demandante «[…] desde el año 1979 [y 1976, respectivamente,] de vista, trato
y comunicación» (sic), quienes compartieron como «marido y mujer» de «[…]
forma continúa e ininterrumpida, […] compartiendo mesa, techo y lecho,
durante catorce (14) años hasta el día de su fallecimiento ocurrido en el año
1994» (sic), como que ella dependía desde el punto de vista económico de su
compañero.

k) Dentro de este proceso judicial se recaudaron el interrogatorio de parte de la
actora y los testimonios de los señores mencionados en la letra precedente (ff.
203 a 209).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el señor Jorge
Alberto Castro Sierra contrajo matrimonio con la señora Elvia Parra el 17 de
mayo de 1969, relación de la cual nació su hijo Ferney Alberto Castro Parra el
25 de agosto de 1976; (ii) la sociedad conyugal conformada por ellos se disolvió
y liquidó mediante escritura pública 3668 de 12 de octubre de 1990 de la Notaría
Segunda (2ª) del Círculo de Ibagué; y (iii) el 7 de marzo de 1994 el finado señor
y la accionante declararon bajo la gravedad del juramento, que mantenían
actualmente «vida extramatrimonial», dentro de la cual procrearon a sus hijos
Yensy Rocío y Jorge Alberto Castro Zamudio, nacidos el 13 de febrero de 1981
y el 15 de julio de 1992, en su orden.

De igual manera, se observa que (iv) el señor Castro Sierra laboró durante más
de veinte (20) años como servidor público en el departamento del Tolima y la
junta administradora seccional de deportes de ese ente territorial; (v) falleció el
17 de marzo de 1994 en Ibagué; (vi) por lo anterior, la entonces Cajanal, a través
de Resolución 4798 de 3 de abril de 1997, reconoció pensión post mortem de
jubilación y la sustituyó en sus hijos Ferney Alberto Castro Parra, Yensy Rocío
y Jorge Alberto Castro Zamudio y Heiny Hasbleidy Castro Triana, de
conformidad con los artículos 3º de la Ley 71 de 1988 y 6º del Decreto 1160 de
1989, al paso que la negó respecto de la demandante y la señora Elvia Parra de
Castro, en su condición de compañera permanente y cónyuge sobreviviente de
aquel, respectivamente, al considerar que la primera no demostró su
13

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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convivencia con el causante hasta el día de la muerte y la segunda no acreditó
la unión marital de hecho invocada.

Asimismo, (v) con Resolución RDP 41216 de 5 de septiembre de 2013 y «Auto»
ADP 3351 de 9 de marzo de 2016, la accionada rehusó nuevamente la
sustitución deprecada por las aludidas señoras, hasta cuando «[…] la
Jurisdicción Ordinaria […] dirim[a] el conflicto […]».

En primer lugar, resulta necesario anotar que, contrario a lo concluido por el a
quo, en el sub lite no es dable aplicar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, de
acuerdo con las modificaciones introducidas por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, dado que el deceso del referido señor ocurrió el 17 de marzo de 1994,
valga decir, antes de la entrada en vigor de aquel (1º de abril siguiente20), por lo
que corresponde aplicar la Ley 71 de 1988.

En el presente caso, la entidad demandada alega que en el fallo apelado se
valoraron de manera errada los medios de convicción allegados, en particular,
el registro civil de defunción del difunto, que da cuenta de que él se encontraba
casado con la señora Elvia Parra de Castro, así como el interrogatorio de parte
y los testimonios rendidos por los señores Fabio Velásquez Sarmiento y Lucía
Cortés Figueroa, los que, a su juicio, por sus contradicciones, dejan dudas
respecto de la convivencia y apoyo mutuo entre la pareja Castro Sierra y
Zamudio durante los cinco (5) años anteriores a la muerte de aquel.

Por tanto, el debate es eminentemente probatorio, puesto que lo trascendente
para desatar este litigio es demostrar el vínculo de la actora con el causante de
la pensión post mortem de jubilación.

En lo atinente al contenido del registro civil de defunción, la Sala no considera
que la mención de la señora «ELVIA PARRA» en el renglón de «DATOS DEL
C[Ó]NYUGE» tenga la entidad suficiente para desvirtuar la unión que existió
entre el fallecido señor y la accionante, o que, en su defecto, demuestre que fue
aquella quien veló por su esposo al momento del deceso, cuanto más si se tiene
en cuenta que allí también se consigna el nombre de sus progenitores,
posiblemente ya muertos para esa fecha, lo que denota que se trata de datos de
carácter informativo orientados a individualizar de manera correcta al afectado.

20
Artículo 151 de la Ley 100 de 1993: «Vigencia del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de
Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1994».
14

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
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Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

En tal sentido, recuérdese que, de conformidad con el artículo 8021 del Decreto
ley 1260 de 27 de julio de 197022, ese documento oficial debe contener, entre
otros detalles, la identificación, nacionalidad, sexo, causa de la muerte y estado
civil del difunto, así como el nombre de su cónyuge, de ser el caso, lo que resulta
razonable en la medida en que, de acuerdo con el artículo 22 ibidem23, las
defunciones, entendidas como uno de los «[…] hechos […] relacionados con
el estado civil y la capacidad de las personas […], deberán inscribirse […] en
el folio del registro de nacimiento de la persona o personas afectadas».

Agrégase a lo dicho que, pese a la disolución y liquidación de la sociedad
conyugal constituida entre el finado señor Jorge Castro y la señora Parra, se
mantuvo vigente su lazo matrimonial (no se probó otra cosa), por lo que no
deviene falso o errado darle a ella la condición de esposa, comoquiera que, en
efecto, aún lo era.

Empero, esa situación no tiene la virtualidad de frustrar el derecho reclamado
por la demandante, toda vez que esta Corporación ha precisado que en casos
como el que ahora nos ocupa, en los que se encuentra demostrado que la
sociedad conyugal fue disuelta y liquidada, descarta (en principio) el derecho
del sobreviviente de acceder a la sustitución pensional, por cuanto los efectos
patrimoniales cesaron una vez se disolvió aquella.

Acerca de este tema, esta sala de decisión, en fallo de 15 de septiembre de
201624, concluyó:

En el presente caso, se evidencia que además de que la señora […] liquidó
la sociedad conyugal con el señor […] en el año 1989, éste conformó una
unión marital de hecho y una sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes con la señora […] el 5 de diciembre de 1997 […], con lo cual
se puede afirmar, que la demandante no tiene derecho al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes por cuanto los efectos patrimoniales
cesaron una vez se liquidó la sociedad conyugal.

Así pues, el hecho de que las personas que conforman un matrimonio se
separen de hecho y además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que
no terminen los demás efectos civiles del matrimonio católico como lo es
el estado civil de la persona, son causales suficientes para perder aquél

21
«CONTENIDO DEL REGISTRO DE DEFUNCIÓN».
22
«Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas».
23
«INSCRIPCIONES RELACIONADAS CON EL ESTADO CIVIL».
24
Expediente 25000-23-42-000-2013-04442-01 (1076-2015). Ver también fallo de 30 de enero de 2020,
radicación: 13001-23-33-000-2014-00028-01 (791-2018), de esta subsección.
15

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
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Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

derecho […] en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
se refiere, por cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de
ser parte de la masa patrimonial que alguna vez conformaron.

Ahora bien, para dilucidar los demás reparos de la recurrente, cabe anotar que
en el interrogatorio de parte rendido en las presentes diligencias, la actora
sostuvo que conoció al fallecido en Icononzo en 1978, en su lugar de trabajo, y
luego de que él se trasladó a Ibagué y ella tuvo a su hija mayor, se fue a vivir a
su lado ante su insistencia, primero en el barrio Las Palmas y posteriormente en
el barrio Boyacá, unión que perduró hasta el día de su deceso, es decir, alrededor
de dieciséis (16) años.

Respecto de la declaración de la señora Lucía Cortés Figueroa, que la accionada
estima inconsistente, dado que «[…] al referirse a los extremos temporales de
la relación que aduce la demandante con el causante, no pudo determinar de
manera concreta la información […]» (f. 244 vuelto), no se encuentra tal
incoherencia, pues sobre el particular afirmó que los conoció «[…] más o menos
unos 35 años atrás [cuando] […] ellos vivían en el barrio Las Palmas […], era
un hogar muy estable, […] cuando eso tenían una niña, después ella tuvo el
niño […]», y el señor Castro Sierra «[…] era muy cariñoso con ella, muy
juicioso e incluso […] él […] llevaba todo a la casa […]».

Por su parte, el señor Fabio Velásquez Sarmiento, frente al mismo aspecto, dijo:
«[…] Pregunta: Háganos un pequeño relato de esa relación de tipo familiar,
¿qué es lo que le consta a usted y por qué razón le consta? Contesta: A mí me
consta, porque yo vivía en el campo y llegué en el año 79 a estudiar a Icononzo,
en el 80 distinguí a Inés […] ya ella formó su hogar con don Jorge. Pregunta:
Pero ¿qué es lo que le constad de esa relación?, ¿cuándo empezó? Precísenos
fechas […] lugares […]. Contesta: Yo me distinguí con Rosa Inés, y ya cuando
los vi fue a ellos viviendo, pues tuvieron su romance como cualquier otro,
tuvieron la niña y ya ellos se vinieron aquí para Ibagué, yo estaba en Icononzo,
terminé mis estudios, me fui a trabajar […] a Ibagué, compartimos hasta que
él falleció. […] Pregunta: En términos generales, ¿cuánto tiempo
aproximadamente duró la relación de la señora Rosa Inés con el señor Castro
Sierra? Contesta: Año 79 pongámosle año 80 hasta cuando él falleció […]
Pregunta: ¿A qué se dedicaba el señor […] Sierra? Contesta: Él trabajaba en
ese momento en Coldeportes […] Pregunta: Don Fabio dígale al Despacho,
usted dice haberse venido a Ibagué a vivir y haber conocido la pareja, ¿esa
convivencia se realizó en el mismo techo […]? […] ¿recuerda el tiempo que
16

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
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convivieron? Contesta: Si claro, yo de Bogotá en el año 89 me vine para Ibagué
a trabajar, incluso yo alcancé a vivir unos días en el mismo techo […]» (se
subraya; sic para toda la cita).

Por consiguiente, el señor Velásquez Sarmiento conoció a la mencionada
familia entre 1979 y 1980, cuando ya cohabitaban en Icononzo, y le consta su
mudanza a Ibagué, luego del nacimiento de su hija mayor, donde afirma fue
hospedado de manera temporal por ellos en 1989, lapso durante el cual
continuaban su vida en común, hecho del que da fe dada su cercanía con ellos.

Así las cosas, contrario a lo aseverado por la recurrente, no encuentra la
subsección argumentos para considerar que lo expuesto por los testigos y la
demandante, al absolver el interrogatorio, no sea concreto, resulte
contradictorio o deje alguna duda, pues, además de que coinciden en cuanto a
que la relación Castro Zamudio inició entre 1978 y 1980, como que vivieron en
Icononzo y luego en Ibagué, también aseguran que se extendió hasta 1994,
cuando falleció el causante.

Asimismo, carecen de asidero fáctico las aseveraciones de la demandada en
cuanto a que los referidos testimonios difieren del contenido de las
declaraciones extraprocesales de 3 de julio y 14 de agosto de 2013, aportadas
en sede administrativa, en la medida en que allí ambos manifestaron que «[…]
ROSA INES ZAMUDIO convivio de forma continúa e ininterrumpida, con el
señor JORGE ALBERTO CASTRO SIERRA (Q.E.P.D), compartiendo mesa,
techo y lecho, durante catorce (14) años hasta el dia de su fallecimiento
ocurrido en el año 1994» (sic); por tanto, como se explicó en líneas anteriores,
no se denota ninguna inconsistencia o cambio trascendente o sospechoso entre
unas y otras afirmaciones.

Sin perjuicio de lo expuesto en precedencia, no sobra advertir que con la
declaración jurada suscrita por el finado señor Jorge Castro el 7 de marzo de
1994, valga decir, diez (10) días previos a su muerte (f. 42), dejó claro que
aunque en efecto era casado, reconocía a la actora como su «compañera» actual,
con quien tenía dos (2) hijos y coexistían con él en el barrio Boyacá de Ibagué,
y estaba encargado del sustento económico del hogar, afirmaciones aceptadas y
corroboradas por ella por el mismo medio (f. 43). Además, se aprecia que el
segundo de sus hijos comunes nació el 15 de julio de 1992, por lo que no
deviene desacertado concluir que desde 1978 hasta 1994, y en especial durante
las cinco (5) últimas de esas anualidades (1989 a 1994), esa pareja forjó un
17

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vínculo basado en el apoyo, solidaridad y socorro mutuos25, requisito que,
conforme al artículo 12 del Decreto 1160 de 1989, resulta obligatorio demostrar
a quien invoca la calidad de compañero o compañera permanente del causante
de una prestación, con el propósito de acceder a la respectiva sustitución.

Ahora bien, pese a que se observa en el expediente administrativo que, mientras
convivía con la accionante, el difunto señor Castro Sierra tuvo con la señora
Martha Isabel Triana Varela otra hija (Heiny Hasbleidy Castro Triana), a quien
se le sustituyó una proporción de la pensión post mortem de aquel (su padre),
aquella solo deprecó el respectivo pago para la menor, sin invocar una relación
de otra índole26, por lo que la Sala, sin pasar por alto esa situación, se abstendrá
de pronunciarse en tal sentido, cuanto más si no fue objeto de discusión o reparo
por las partes.

En este orden de ideas, ninguno de los argumentos de apelación tienen la entidad
suficiente para dar al traste con la providencia apelada, comoquiera que las
pruebas acusadas dan cuenta de la convivencia de la demandante con el
fallecido entre 1978 y 1994, esto es, por un lapso superior a un año (demostró
más de 15) y hasta la muerte de este (conforme a la Ley 71 de 1988), como lo
concluyó el a quo27.

Por último, dado que la entidad accionada en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo impugnado, incluida la condena en costas, la
Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en
el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del
artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la
temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión
con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera
inexorable la imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta
Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de 201628, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

25
12 de octubre de 2006, expediente: 803-99, C. P. Alberto Arango Mantilla.
26
Archivo «35-Formato o comunicacionde Solicitud de prestación económica-Conyuge.PDF» del expediente
administrativo contenido en disco compacto obrante en el folio 105.
27
Valga decir, pese a que estudió la controversia con fundamento en una norma que no resultaba aplicable (Ley
100 de 1993), la convivencia en todo caso superó los cinco (5) años.
28
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
18

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por tanto, se considera que la referida normativa deja a disposición del juez la
procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar
la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el
simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, análisis que, se
19

Expediente: 73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021)
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Rosa Inés Zamudio contra la UGPP

reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte
demandada, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió a las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas, que incluye las
agencias en derecho, impuesta a la accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 12 de marzo de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la
demanda incoada por la señora Rosa Inés Zamudio contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho,
impuesta a la parte demandada.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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