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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00078-02

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00078-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – REVOCAR el ordinal sexto de la sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces el Tribunal Administrativo del Tolima, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO.- MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual quedará así: « CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho, CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a la señora TATIANA BORJA BASTIDAS, desde el 12 de agosto de 2014 hasta la fecha de la sentencia y en adelante, hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que para ese momento, la demandante continúe prestando el servicio en cargos 23 Interno: 0070-2023 Demandante: Tatiana Borja Bastidas Demandada: Nación – Rama Judicial que generen el derecho a dicha prima, o en su defecto hasta su desvinculación, la prima mensual sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la ley 4 de 1992, en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica legal mensual, fijada en los decretos del Gobierno, teniéndola como un plus o valor adicional sobre la misma y no como parte integrante de esta como hasta el momento lo ha hecho. La inclusión de la prima especial de servicios, no podrá implicar, en ningún caso, que la remuneración total de la servidora, supere los topes máximos, circunstancia que deberá verificarse al momento de efectuar la liquidación correspondiente. » TERCERO.- ADICIONAR un ordinal sexto a la sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces el Tribunal Administrativo del Tolima, en los siguientes términos: «SEXTO: El pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, deberá efectuarse sobre el 100% de la asignación básica más el 30% de la prima especial de servicios, desde el el 12 de agosto de 2014, fecha en que la demandante se vinculó […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2017-00078-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 73001-23-33-000-2017-00078-02 (0070-2023).
Demandante Tatiana Borja Bastidas.
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de
1992).
Decisión Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada, en contra de la sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinte
(2020), proferida por la Sala de Conjueces el Tribunal Administrativo del Tolima, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1.

1.1. Pretensiones.

1. La señora Tatiana Borja Bastidas, por intermedio de apoderada judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar la nulidad del Oficio DSAJ
000032 de Dieciocho (18) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), expedido por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué – Tolima, mediante la cual, se le negó la
solicitud de derechos y acreencias de carácter laboral.

2. Asimismo, solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad, los decretos 204 de 2014,
194 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016 y subsiguientes.

1
Folios 30 a 42, expediente físico.

2

Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se condene a la entidad demandada a lo siguiente:

i) Incluir en el ingreso base de liquidación, el 30% que le fue descontado del salario,
para liquidar prestaciones sociales y demás derechos laborales, desde el Doce
(12) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), hasta cuando cese su calidad de juez
de la Republica.

ii) Reconocer y pagar la prima especial de servicios, sin carácter salarial, tomando
como base el 100% del salario, sobre el cual debe aplicarse el 30%, conforme al
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

iii) La indexación de las sumas adeudadas, de acuerdo al IPC, los intereses
moratorios sobre las sumas adeudadas, a partir del momento en que surgió el
derecho y la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, por la no
consignación de las cesantías.

iv) La condena en costas.

1.2. Hechos.

4. La señora Tatiana Borja Bastidas, se ha desempeñado como juez Promiscuo Municipal
de Herveo (Tolima), desde el Doce (12) de agosto de Dos Mil Catorce (2014).

5. El Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), presentó reclamación
administrativa, solicitando el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, y
la reliquidación de sus prestaciones sociales, con base en el 100% del salario.

6. Mediante acto administrativo DSAJ 000032 de Dieciocho (18) de enero de Dos Mil
Dieciséis (2016), la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, Tolima, dio
respuesta negativa; decisión notificada en 21 del mismo mes y año.

7. En el acto administrativo no se establecieron los recursos procedentes.

8. El Cinco (5) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), se convocó a la demandada a
conciliación prejudicial, la cual fue declarada fallida el Nueve (9) de junio de Dos Mil
Dieciséis (2016).

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

3

Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

9. La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes:

• Constitución Política, artículos 2, 5, 13, 53 y 58;
• Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
materia de derechos económicos, sociales y culturales;
• Protocolo de San Salvador;
• Ley 50 de 1990, artículo 90;
• Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14;
• Ley 270 de 1996, artículo 152;
• Ley 1395 de 2010, artículo 114;
• Ley 1437 de 2011, artículo 83;
• Decreto 1042 de 1968.

10. Como concepto de violación, señaló que, la demandada vulneró los derechos
salariales y prestacionales de la actora, al reducir su salario en el 30%, dada la excepción
de inconstitucionalidad que debe ser aplicada, vulnerando adicionalmente, el principio de
progresividad, que impide un cambio que implique la disminución o pérdida de un
derecho.

11. Adicionalmente, consideró aplicable el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que consigna
la sanción por no consignación anualizada de cesantías; norma aplicable a la
demandante, al pertenecer al régimen anualizado, sin que exista incompatibilidad en el
ordenamiento jurídico y por el contrario, está consagrada en el literal b) de la Ley 344 de
1996.

1.4. Contestación de la demanda2.

12. La entidad demandada se opuso a las pretensiones, argumentando que, el artículo 7
del Decreto 618 de 2007, sobre el cual se declaró la nulidad, no regulaba lo atinente a
jueces y magistrados, porque la prima de estos, no tiene carácter salarial.

13. Bajo este presupuesto, consideró que, al no encontrarse la demandante, en los
mismos supuestos de quienes son beneficiarios de la declaratoria de nulidad, es inviable

2
Folios 92 a 99, expediente físico.

4

Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

incluir la primas especial de servicios sin carácter salarial, en la liquidación y pago de las
prestaciones sociales reclamadas.

14. Como excepciones propuso la prescripción y la innominada y genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia3.

15. El Tribunal Administrativo del Tolima (Sala de Conjueces), mediante sentencia del
Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), accedió a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas, y dispuso:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionales las siguientes disposiciones: artículo 8 del
decreto 194 del 07 de febrero de 2014, artículo 4° Decreto 1105 de 2015 y artículo 4°
Decreto 234 de 2016.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acto Administrativo contenido en Oficio DSAJ No.
000032 de fecha 18 de enero de 2016 emanado de la Rama Judicial - Consejo Superior de
la Judicatura- Dirección de Administración Judicial.

TERCERO: Declarar que no hay lapsos prescritos por cuanto no existen periodos
reclamados más allá de los tres años anteriores a la presentación del derecho de petición
con el cual se solicitaron los derechos laborales.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho,
CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a TATIANA BORJA
BASTIDAS, desde el 12 de agosto de 2014 hasta la fecha de la sentencia y en adelante,
mientras permanezca o haya permanecido vinculada como servidor judicial -Juez-, la prima
mensual sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la ley 4 de 1992, en cuantía
equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica legal mensual, fijada en los
decretos del Gobierno, teniéndola como un plus o valor adicional sobre la misma y no como
parte integrante de esta como hasta el momento lo ha hecho.

QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reliquidar, reajustar y pagar a la
actora TATIANA BORJA BASTIDAS, desde el 12 de agosto de 2014 hasta la fecha de la
sentencia y adelante, mientras permanezca o haya permanecido vinculada como servidor
judicial - Juez-, la totalidad de sus prestaciones sociales, salariales y emolumentos
laborales, tales como primas, bonificaciones, cesantías y seguridad social, teniendo como
base de liquidación el 100% de la asignación básica legal, incluyendo el 30% de esta que
hasta ahora le ha restado al salario para considerarlo como prima.

3
Folios 130 a 142, expediente físico.

5

Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reliquidar, reajustar y pagar a la
actora TATIANA BORJA BASTIDAS, desde el 12 de agosto de 2014 hasta la fecha de la
sentencia y adelante, mientras permanezca o haya permanecido vinculada como servidor
judicial -Juez-, la suma que resulte como diferencia existente entre lo pagado hasta ahora
con el 70% de su remuneración mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones
y emolumentos que resulte teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración
básica mensual legal, incluyendo el 30% que le ha restado a ésta para considerado como
prima especial.

(…)» (sic)

16. El A-quo, luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial sobre la prima
especial de servicios, concluyó que, las certificaciones salariales de la demandante, son
claras en la disminución del salario básico en un 30%, para llamarlo prima y con el salario
disminuido, liquidar las prestaciones y aportes a seguridad social, desde el 12 de agosto
de 2014.

17. Enfatizó que la prima especial de servicios debe constituir un plus del salario y no un
recorte o decrecimiento de la remuneración, y, por lo tanto, al ser un derecho adquirido,
no podía el Gobierno suprimirlo mediante decretos posteriores.

18. Advirtió que la reclamación administrativa se radicó el Veintiuno (21) de enero de Dos
Mil Dieciséis (2016), y los derechos laborales requeridos, abarcan desde el Doce (12) de
agosto de Dos Mil Catorce (2014), por lo que no operó la prescripción.

1.6. Recurso de apelación.
1.6.1. Parte demandada4.

19. La Rama Judicial, interpuso recurso de apelación, por medio de la cual, solicitó
revocar la sentencia de primera instancia, porque el Tribunal Administrativo del Tolima,
otorgó la prima especial de servicios, contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
como un valor adicional del salario, no pudiéndose efectuar ello, porque la prima es sin
carácter salarial, y la decisión adoptada, conlleva necesariamente a otorgarle ese
carácter.

4
Folios 149 a 155, expediente físico.

6

Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

20. Enfatizó en que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones
seccionales, han aplicado correctamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y los decretos
anuales expedidos por el Gobierno nacional.

21. Finalmente adujo que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como
autoridad administrativa, no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas,
competencia reservada a los jueces en sus respectivos fueros; solicitando revocar la
decisión de instancia, o en todo caso, declarar la prescripción.

1.6.2. Parte demandante5.

22. La parte demandante sentó su inconformidad con la sentencia de primera instancia,
respecto de la ausencia de condena en costas, a partir de la gestión realizada por la
interesada, tanto en sede administrativa, como en el trámite de conciliación prejudicial y
la interposición de la demanda contencioso administrativa, en la cual se presentaron los
respectivos alegatos de conclusión, no encontrando razón para que no se condene en
agencias en derecho en este tipo de procesos, en los cuales no se ventila un interés
general.

23. Luego de referenciar una providencia del año 2018, arguyó que, la Rama Judicial
conoce la sentencia de inconstitucionalidad de los decretos que permiten el descuento
del 30% del salario y no ha implementado las partidas presupuestales para comenzar a
pagarlo, y por el contrario, año a año reproduce el mismo decreto, afectando los derechos
de sus empleados y obligándolos a presentar demandas que tardan más de cinco años
en su resolución, ganando plazos injustificados respecto de pagos que deben efectuarse
mensualmente, semestralmente y anualmente, según el caso.

24. Asimismo, puso de manifiesto la labor desplegada por el abogado litigante, quien de
manera responsable ejerce la labor intelectual, dedicando horas, meses y años, para
sacar adelante su pretensión, y es la razón por la cual, las normas que regulan la materia,
premian al vencedor del litigio; enfatizando en que muchos abogados no cuentan con un
empleo y por lo tanto no tienen ingresos mensuales, y al dedicarse al ejercicio de la
abogacía de manera independiente, reviste de gran importancia que no se lo prive del
justo derecho a percibir agencias en derecho, que resultan importantísimas para las
finanzas del abogado, después de ganar un litigio de años, como ocurre en este asunto.

5
Folios 160 a 164, expediente físico.

7

Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

25. De otra parte, advirtió la falta de pronunciamiento en la sentencia de primera
instancia, respecto de la sanción de la Ley 50 de 1990, por no consignación de cesantías,
la cual, dependía de las declaraciones principales, y al acreditarse la errónea liquidación
de sus cesantías, le es aplicable dicha normativa, porque se encuentra afiliada a un fondo
privado de cesantías.

26. Indicó que, la negligencia de la Rama Judicial, en solucionar el tema de la prima
especial de servicios a sus trabajadores, se traduce en mala fe, porque, aunque conoce
las decisiones judiciales que anularon los decretos anuales mediante los cuales se
reglamentó, continúa cometiendo tal infracción, lo que justifica la sanción por
consignación incompleta de las cesantías.

27. Adicionó que, este reconocimiento de cesantías no proviene del denominado
“contrato realidad”, sino del desconocimiento de un deber legal, o de un proceder ilegal,
lo que hace importante su análisis, porque se está permitiendo al Estado que, a un grupo
importante de servidores, se les prolongue el pago de una prestación social anual,
justificándose en decretos que reproducen las infracciones de manera anual, cuando en
el año 2015, ya conocía las consecuencias adversas a los trabajadores y debió actualizar
los decretos y no propiciar descuentos salariales y prestacionales, debiéndose reconocer
la sanción contemplada en la ley.

28. Finalizó reseñando que, conforme los artículos 8 y 15 del Convenio 95 de la OIT, que
hace parte del ordenamiento jurídico conforme la Ley 52 de 1962, y que la Corte
Constitucional le reconoció la jerarquía de bloque de constitucionalidad, es clara la
contravención a normas de orden legal y constitucional, de acuerdo con el análisis
efectuado en la sentencia de 29 de abril de 2014, porque el Estado continúa permitiendo
el descuento salarial, sin que se aplique ningún tipo de sanción por tal infracción, pues la
indexación de las sumas adeudadas no puede tenerse como tal, o los intereses
moratorios que solo surgen en determinadas condiciones frente al incumplimiento del
pago de sentencias judiciales, más cuando la legislación interna establece una sanción
como la de la Ley 50 de 1990, ante la consignación incompleta de cesantías.

1.7. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

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Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

29. Con auto del Diez (10) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)6, se admitieron
los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, y
dispuso la notificación al Ministerio Público.

30. Con auto de Dos (2) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) 7, el consejero
sustanciador, avocó conocimiento del proceso.

1.8. Concepto del Ministerio Público.

31. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

32. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2. Problema jurídico.

33. Corresponde a la Sala determinar, si se revoca la sentencia del Trece (13) de
noviembre de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda, debiendo
verificarse lo siguiente:

i) Si se le otorgó a la prima especial de servicios, un carácter salarial que no tiene;

ii) Si la imposibilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como
autoridad administrativa, de interpretar las leyes e inaplicarlas, se erige como
un fundamento para negar las pretensiones de la demanda;

6
Folio 256, expediente físico.
7
Samai – índice .

9

Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

iii) Si hay lugar a la sanción prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
incompleta de las cesantías;
iv) Si debe disponerse la condena en costas de primera instancia, a partir de las
gestiones administrativas y judiciales desplegadas por la parte demandante, y
al no ventilarse un interés general;

34. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial- Prima Especial de Servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, prerrogativas y generalidades; 2.4. Hechos probados;
2.5. Caso concreto; y 2.6. Condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.

35. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30%, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial solo para el pago de aportes pensionales.

36. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de
septiembre de 2019.

37. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de

10

Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

38. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede a
decidir el presente caso.

2.4. Hechos probados.

39. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en
atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos
constatados por esta Corporación, se destaca:

40. Obra petición presentada por la señora Tatiana Borja Bastidas, el Doce (12) de enero
de Dos Mil Dieciséis (2016) 8, dirigido a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

8
Expediente físico folios 3 a 5.

11

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Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

Judicial de Ibagué, solicitando el reconocimiento y pago de la de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, así como la inclusión del 30% del
salario para liquidar prestaciones sociales y demás derechos laborales.

41. Mediante Oficio DSAJ-000032 de Dieciocho (18) de enero de Dos Mil Dieciséis
(2016)9, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué – Tolima, se negó la solicitud.

42. Obra constancia del acta de nombramiento No. 54 de Seis (6) de agosto de Dos Mil
Catorce (2014)10, en el cual, se designó a la señora Tatiana Borja Bastidas, como Juez
Promiscuo Municipal de Herveo, en provisionalidad; así como el acta de posesión del 12
de agosto siguiente11.

43. Se encuentra el Informe de «Acumulados Concepto/Empleado», expedido por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, de Tres (3) de Mayo de Dos
Mil Dieciséis (2016)12, mediante el cual, se certifican los ingresos salariales y
prestacionales percibidos por la demandante, durante el período comprendido entre el
Primero (01) de enero de Dos Mil Once (2011) y el Treinta (30) de mayo de Dos Mil
Dieciséis (2016), con discriminación de los distintos conceptos devengados, tales como,
sueldo básico, prima de servicios, prima de navidad, prima especial, bonificación judicial,
bonificación por servicios prestados y bonificación por actividad judicial, así como los
correspondientes descuentos efectuados por concepto de retención en la fuente, aportes
a salud, pensión y fondo de solidaridad.

2.5. Caso concreto

44. En el presente asunto, no está en discusión la vinculación de la señora Tatiana Borja
Bastidas, a la rama judicial, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Herveo, Tolima,
desde el Doce (12) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), lo que la hace acreedora de la
prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

9
Expediente físico folios 6 a 9.
10
Expediente físico folio 15.
11
Expediente físico folio 14.
12
Expediente físico folios 20 a 24.

12

Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

45. Tampoco es objeto de reproche, la ausencia de estructuración del fenómeno
prescriptivo sobre los términos reclamados, dado que, la solicitud administrativa ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, Tolima, se efectuó el
12 de enero de 2016.

46. La inconformidad de la entidad apelante, radica en el reconocimiento de la prima
especial de servicios a la demandante, como un monto adicional a la remuneración
mensual, le otorga un carácter salarial que no tiene.

47. A partir del marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala reitera que, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que, la prima
especial de servicios debe ser un adicional al 100% del salario básico y/o asignación
básica, y no una parte de este. En este orden, la prima especial de servicios se entiende
como un plus o emolumento adicional devengado por el trabajador, sin que de tal
connotación se pueda derivar un carácter salarial.

48. Asimismo, jurisprudencialmente ha quedado establecido, que aquella «prima
especial de servicios», sólo es factor salarial para el pago de aportes pensionales y, en
consecuencia, no sirve de base para la liquidación de prestaciones sociales.

49. De acuerdo con las razones expuestas, toda vez que la prima especial de servicios,
no puede ser tenida en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, el aludido
carácter salarial por parte de la entidad demandada, se confronta y por lo tanto, en criterio
de la Sala, la orden judicial dispuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima, se
atempera cabalmente a las previsiones legales en la materia, sin que sea factible predicar
el pago debido de la prestación, cuando se ha establecido la disminución del salario de
la demandante, para darle el carácter de prima especial de servicios.

50. Ahora bien, el otro punto de apelación por parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, está dirigido a señalar que, la entidad no tiene facultades para
interpretar, ni inaplicar normas.

51. La Sala considera que el argumento no tiene vocación de prosperidad, porque a la
entidad demandada, en calidad de empleadora, le correspondía garantizar la aplicación
del régimen más favorable a la demandante, tal como lo imponen los principios del
derecho laboral y el bloque de constitucionalidad, criterio a partir del cual, la imposibilidad
de interpretación o inaplicación de las normas, no la eximen de atemperarse a la

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Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

Constitución y la ley, y tampoco dan lugar a revocar la sentencia de primera instancia,
por medio de la cual se dispuso el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios, como adicional al salario básico devengado por la señora Borja Bastidas.

52. Aunque las razones que anteceden serían suficientes para confirmar la decisión de
primera instancia, la Sala encuentra una inconsistencia en la decisión de primera
instancia adoptada por la Sala de conjueces del Tribunal Administrativo del Tolima, al
momento de establecer la condena, como quiera que, en los ordinales cuarto, quinto y
sexto de la sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), dispuso:

« CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho,
CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a TATIANA BORJA
BASTIDAS, desde el 12 de agosto de 2014 hasta la fecha de la sentencia y en adelante,
mientras permanezca o haya permanecido vinculada como servidor judicial -Juez-, la prima
mensual sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la ley 4 de 1992, en cuantía
equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica legal mensual, fijada en los
decretos del Gobierno, teniéndola como un plus o valor adicional sobre la misma y no como
parte integrante de esta como hasta el momento lo ha hecho.

QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reliquidar, reajustar y pagar a la
actora TATIANA BORJA BASTIDAS, desde el 12 de agosto de 2014 hasta la fecha de la
sentencia y adelante, mientras permanezca o haya permanecido vinculada como servidor
judicial - Juez-, la totalidad de sus prestaciones sociales, salariales y emolumentos
laborales, tales como primas, bonificaciones, cesantías y seguridad social, teniendo como
base de liquidación el 100% de la asignación básica legal, incluyendo el 30% de esta que
hasta ahora le ha restado al salario para considerarlo como prima.

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reliquidar, reajustar y pagar a la
actora TATIANA BORJA BASTIDAS, desde el 12 de agosto de 2014 hasta la fecha de la
sentencia y adelante, mientras permanezca o haya permanecido vinculada como servidor
judicial -Juez-, la suma que resulte como diferencia existente entre lo pagado hasta ahora
con el 70% de su remuneración mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones
y emolumentos que resulte teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración
básica mensual legal, incluyendo el 30% que le ha restado a ésta para considerado como
prima especial.»

53. Del tenor literal de las disposiciones referenciadas, la Sala verifica una incongruencia,
en tanto, aunque pareciera que, en el ordinal sexto de la decisión de primera instancia,
se está ordenando la reliquidación de prestaciones sociales con el 100% del salario
devengado, dicha orden fue dispuesta en el ordinal quinto, por lo que resultaría inocuo
repetir la disposición, no obstante, si lo que se está ordenando es el pago del 30% por
concepto de salario dejado de percibir, la reliquidación estaría soportada en un doble

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Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

pago, pues se parte de la base del descuento del 30% del salario básico, para tenerlo
como prima especial de servicios, la cual fue reconocida mes a mes a la señora Tatiana
Borja Bastidas, tal como se aduce desde la demanda inicial.

54. Con este panorama, mantener la orden judicial en los términos establecidos por la
primera instancia, constituiría una afectación al erario, sin un fundamento jurídico que así
lo establezca, por lo tanto, esta Sala de decisión, revocará el numeral sexto de la
sentencia de primera instancia, que condenó a la entidad demandada, al pago del 30%
de la asignación básica mensual de la demandante, desde el Doce (12) de agosto de Dos
Mil Catorce (2014), por cuanto dicho pago ha sido efectuado a lo largo de la relación
laboral por el empleador.

55. Sumado a lo anterior, se aclara que el reajuste salarial y prestacional aquí ordenado,
junto con la reliquidación de los aportes pensionales se deberá llevar a cabo, hasta
cuando la entidad llamada a juicio, de aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de
2021, si para aquel momento la demandante continuaba prestando el servicio a la
entidad, en cargos que le hicieran acreedora de la prima especial de servicios de que trata
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación, debiendo
modificarse el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, para incluir este
aspecto.

56. Asimismo, el cumplimiento de la orden dispuesta, deberá realizarse con sujeción a
los límites salariales, para los funcionarios de la Rama Judicial; en consecuencia, la
inclusión de la prima especial de servicios, no podrá implicar, en ningún caso, que la
remuneración total del servidor supere los topes máximos, circunstancia que deberá
verificarse al momento de efectuar la liquidación correspondiente.

57. La Sala precisa que, el cumplimiento de la orden judicial, estará condicionado a que
la entidad demandada -Rama Judicial- no haya realizado otro pago a la parte
demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos y, en ese sentido
se modificará la decisión de primera instancia.

58. Entre tanto, se adicionará un ordinal sexto, a efectos de establecer que, los aportes
a seguridad social en pensiones, dispuestos en el ordinal quinto, deberá efectuarse sobre
el 100% de la asignación básica más el 30% de la prima especial de servicios, desde el
el 12 de agosto de 2014, fecha en que la demandante se vinculó como Juez de la
República, y hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de

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Demandante: Tatiana Borja Bastidas
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2021, siempre que para ese momento, la demandante continúe prestando el servicio en
cargos que generen el derecho a dicha prima, o en su defecto hasta su desvinculación.

59. Ahora bien, como motivo de censura frente a la decisión de primera instancia, la parte
demandante expuso, la omisión de pronunciamiento frente al pago de la sanción
moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, ante el pago incompleto de las cesantías del
demandante, el cual fue requerido en el escrito de demanda, al considerar que, el
ordenamiento jurídico vigente, y en específico las normas de la OIT, dan lugar a su
causación, máxime si se tiene en cuenta que, la omisión del Estado colombiano, es
reproducida año a año, en los decretos que rigen la materia.

60. Aunque la Sala encuentra que, en efecto, tal como lo expone el extremo procesal
activo, la solicitud de condena por concepto de sanción moratoria, con fundamento en la
Ley 50 de 1990, no fue absuelta en la sentencia de primera instancia, no hay lugar a
acceder a las pretensiones en este aspecto, comoquiera que, la Sección Segunda del
Consejo de Estado, tiene consolidada una posición pacífica según la cual, el pago
incompleto de las cesantías, no es un presupuesto contenido en la norma referenciada y
en consecuencia, no existe sustento legal para ordenar la sanción por mora en estos
casos.

61. Así, la sentencia de Ocho (8) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025) 13, proferida por
esta Subsección, hace un recuento jurisprudencial en la materia, en los siguientes
términos:

«
46. La Sala Plena de la Sección Segunda se ha pronunciado en torno a la sanción moratoria
por el pago tardío de una fracción de las cesantías anualizadas14. En efecto, en el auto
del 14 de julio de 202215, se abstuvo de avocar el asunto para unificar jurisprudencia
por encontrar que sobre la procedencia de la sanción moratoria prevista por el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, por el pago parcial de las cesantías anualizadas de los
servidores públicos que tienen vinculaciones sucesivas con el mismo empleador, las
decisiones que ha adoptado esta Corporación han sido unánimes.

47. En efecto, en sentencia del 27 de noviembre de 2020, la Subsección B indicó que «el
“pago parcial” del auxilio de cesantías, o lo que es igual, la diferencia en el monto de la
liquidación de la prestación social, no constituye una causa para reclamar la sanción

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del Ocho (8) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), radicado
25000-23-42-000-2018-01034-01 (6741-2023), Consejero ponente: Juan Enrique bedoya Escobar
14 Recientemente en la providencia del 29 de junio de 2023, radicado 11001-33-42-047-2019-00352-01

(3554-2022) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 14 de julio de 2022, radicación: 11001-33-35-029-2017-

00293-01 (2479-2021), M.P. William Hernández Gómez.

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moratoria, pues se trata de un supuesto fáctico que la Ley 50 de 1990 no contempló»16.
[Se resalta].

48. En la providencia del 10 de febrero de 2022, esa Subsección manifestó, ante la
equivocación de la Rama Judicial al liquidar las cesantías y no incluir unos meses y
reconocerlos después, que solo la ausencia del pago conlleva la sanción y agregó que «no
es posible crear una segunda regla de derecho para decir que cuando hay discusión sobre
el monto liquidado, si el recurso prospera, ello indica mora en el pago; dicha mora se ha
fijado por el legislador para castigar o sancionar a la entidad que omitió el pago, no para el
caso inconsistente en la liquidación. Recuérdese que esta es una sanción pecuniaria de
reserva legal, de modo que por vía de interpretación no puede extenderse la sanción
moratoria a los valores complementarios de la liquidación inicial que fue satisfecha en
tiempo»17.

49. A su turno, la Subsección A en casos de iguales supuestos fácticos expresó que «la
“existencia de diferencias en el monto de la liquidación”, no puede considerarse
constitutivo de “mora” en el pago de la prestación, que tenga la entidad de generar la
sanción a que alude la norma señalada, pues tal hipótesis no se encuentra prevista dentro
de los presupuestos legales para la acusación de esta»18 [Se resalta]. La postura se reiteró
en la sentencia del 3 de febrero de 202219, en la cual se indicó que «la sanción moratoria
consagrada en [la] Ley 50 de 1990 no procede cuando lo que existe es una controversia
sobre el valor pagado, sino solo cuando el pago fue tardío, esto es, con incumplimiento de
los términos señalados en el numeral 3.° del artículo 99 ibidem».

50. Según se advierte, la Sección Segunda de esta corporación había considerado
improcedente del reconocimiento de la sanción moratoria por el pago incompleto de las
cesantías anualizadas y el realizado por el faltante de manera posterior al término
establecido en la ley. En efecto, «las subsecciones A y B mantienen una posición unánime,
consistente y pacífica que niega tal pretensión al considerar que no es el supuesto fáctico
que reguló el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para ordenar la sanción»20.»

62. A partir del precedente jurisprudencial en la materia, aunque la discusión planteada
por el recurrente, radica en la omisión de la entidad de efectuar el pago debido sobre el
100% del salario, lo cual, le merece un reproche desde el punto de vista constitucional y
de las normas internacionales sobre la materia, lo cierto es que, contrario a lo aducido
por la parte, en nuestro ordenamiento jurídico, tal reproche no procede cuando quiera

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de noviembre de 2020, radicación:

17001233300020180044501(6209-19).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2022, radicación:

25000234200020180283301 (0612-2021).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, radicación:

68001-23-33-000-2015-01238-01 (5257-2018). Actor: Mario Andrés Reyes Barbosa.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2022, radicación:

17001233300020160010202 (5427-2019) y radicación: 2500023420002018021881 (6664-2019).
20 Recientemente en la providencia del 29 de junio de 2023, radicado 11001-33-42-047-2019-00352-01

(3554-2022) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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que la liquidación de las cesantías no se omitió de manera total, y por lo tanto, no es
factible aplicar a la presente litis, la consecuencia dispuesta en la Ley 50 de 1990, razón
suficiente para no acceder a la pretensión.

63. Finalmente, frente a la solicitud de condena en costas elevada por la parte
demandante, derivada de la cabal gestión judicial efectuada por el extremo procesal,
además de los derechos del apoderado, debe señalarse que, la posición mayoritaria de
la Sala ha sostenido de manera reiterada que, si bien el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, otorga al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, ello implica
examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y
constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el
simple resultado adverso del proceso21.

64. En relación con la condena en costas, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), vigente al momento de proferirse sentencia de primera instancia, disponía:

“Artículo 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

65. Como se señala en la norma transcrita, la condena en costas integra la sentencia que
define la litis, la cual, se constituye en un orden judicial que obliga a una de las partes de
un juicio a pagar los gastos generados por el proceso. Las costas incluyen las expensas
generadas en el curso de la controversia y las agencias del derecho.

66. Ahora bien, en cuanto a la interpretación de la palabra “dispondrá” prevista en la
norma trascrita, la Sala22 ha señalado que, tiene una segunda acepción en el diccionario
de la Real Academia Española que significa: «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha
de hacerse». Ello se traduce y así se ha entendido, que el enunciado según el cual, «la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas», no presupone su causación per se contra
la parte que pierda el litigio, “sino que exige un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que

21
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, sentencia de 27 de enero de 2017. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-
33-000-2014-00390 (1327-16), reiterada por el mismo ponente en el radicado 05001-23-33-000-2014-00767-01(2227-16). Sentencia
del 2 de octubre de 2019; Radicado: 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra
Vélez.

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de diciembre de 2016, radicado
70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter

18

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limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma”.

67. De igual forma, cuando la ley prevé que la liquidación y ejecución se regirá por las
normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, no implica
entender que deberá atenderse a las reglas allí señaladas para los eventos en que
procede la condena en costas, sino que, en caso de acreditar su causación, la liquidación
y ejecución seguirá esas disposiciones. Así, la remisión a las normas del procedimiento
civil está precedida de una coma, que permite entender que toda sentencia debe emitir
un pronunciamiento sobre la condena en costas, y que solo en caso de encontrar
acreditada su causación para efectos de su liquidación y ejecución debe acudirse al
Código General del Proceso23.

68. El artículo 79 del Código General del Proceso (C.G.P.) prevé:

“Artículo 79. TEMERIDAD O MALA FE. Se presume que ha existido temeridad o mala fe
en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.
3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con
propósitos dolosos o fraudulentos.
4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso.
6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas”.

69. El artículo 365 ibidem, por su parte, consagra las reglas que deben tenerse en cuenta
para la condena en costas, como se observa a continuación:

“Artículo 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores
a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes
reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión
que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de
pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

23
Así se dijo en la sentencia proferida por esta Subsección el 11 de julio de 2024, en el proceso con
radicado 50001-23-33-000-2019-00438-01 (0280-2023)

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2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a
aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su
decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se
entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos
se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las
liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin
embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

70. De conformidad con las normas en cita, la condena en costas es una facultad del
Juez que no opera de forma automática en manera objetiva, entendida de una manera
restrictiva, sino que, está sujeta a la valoración que se haga de la conducta de la parte
vencida, que permita calificarla como temeraria o constitutiva de abuso de sus
atribuciones y derechos procesales.

71. De ahí que, una interpretación que resulta acorde con la finalidad de la norma, vista
de un modo integral con el resto del ordenamiento jurídico, permite establecer que solo
habrá lugar a costas, cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación y cuando se establezca que alguna de las partes obró con temeridad
o mala fe.

72. La jurisprudencia de la Sala24 en dicha temática ha precisado que, si bien el
ordenamiento jurídico habilita al juez para condenar en costas, también le exige realizar
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes,
previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar

24
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia
del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez. Reiteración en sentencia del 2 de
julio de 2022. Exp. 4134-2016. M.P. Sandra Lisset Ibarra.

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paso a una aplicación razonable de la norma, lo cual debe resultar de analizar diversos
aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que
principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el
contenido del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.

73. En cuanto a la facultad que tiene el juez para aplicar el criterio subjetivo en la condena
en costas, la Sala25 ha señalado:

“[De]be reiterar la Sala lo expuesto por esta sección sobre el particular,26 en la medida que
el artículo 188 del CPACA27 entrega al juez la facultad de disponer sobre la condena en
costas, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal,
tales como la conducta de las partes, y que principalmente deben aparecer causadas y
comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP28;
descartándose así una apreciación solamente objetiva sobre el particular, que
simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas, pues se exige
una valoración de la conducta.

En el caso concreto, observa la Sala que el juez de primera instancia no hizo un análisis
sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los
criterios ya definidos por la jurisprudencia, no encontrándose además ninguna causación
de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandante, quien dentro de sus
facultades hizo uso mesurado de su derecho de acción. Por ello, se revocará el ordinal
tercero de la sentencia apelada”.

74. En oportunidad posterior, la Sección Segunda también ha sostenido:

“La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al
significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real
Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su
causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean

25
Sentencia del 8 de septiembre de 2017. Exp. 1327-16. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia
del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27
Condena es Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
28
Condena en Costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas,
una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 2. La condena
se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.3. En la providencia del superior que confirme en todas
sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.4. Cuando la sentencia de segunda instancia
revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que
prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión. 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 7. Si
fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere
sufragado y se harán por separado las liquidaciones.8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo
podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.

21

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impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y
ejecución (Artículo 366 del CGP). En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras
jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia
de costas siempre es objetiva (Artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de
la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos
contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente
o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal
y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(Artículo 79 CGP). Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento
que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró. Por lo tanto,
esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o
no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de
la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del
proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de
tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe,
actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder
de la parte demandante, no se impondrá condena en costas”29.

75. En este orden de ideas, la pretensión de la parte demandante, según la cual, la
imposición de condena en costas, debe examinar el actuar proactivo de este extremo
procesal, tanto en sede administrativa como judicial, no cuenta con sustento legal, pues
no atiende a la naturaleza para su causación.

76. A la par, tampoco puede entenderse que las costas procesales constituyen un
derecho “salarial”, del profesional del derecho que representa a la parte vencedora en el
proceso judicial, pues tal circunstancia escapa a la regulación normativa en la materia,
máxime que la abogacía es una profesión liberal y, por lo tanto, la representación judicial
parte de la libertad contractual entre las partes.

77. En suma, la Sala considera que, a la luz de las normas que consagran la facultad del
juez para imponer costas, junto con los aportes jurisprudenciales sobre la materia, es
dable concluir que, para que haya lugar a las mismas se debe examinar la actuación
procesal de la parte vencida y comprobar su causación, pues dicha imposición surge

29
Sentencia del 2 de octubre de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-00767-01(2227-16). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

después de tener certeza que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o
mala fe, razón suficiente para no acceder a la súplica de la alzada por la parte
demandante.

2.6 Condena en costas.

78. De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de
la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.

79. En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en el
proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se
evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, por
lo que no se impondrá condena en costas.

80. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – REVOCAR el ordinal sexto de la sentencia del Trece (13) de noviembre de
Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces el Tribunal Administrativo del
Tolima, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO.- MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia del Trece (13) de noviembre
de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces el Tribunal Administrativo
del Tolima, el cual quedará así:

« CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho,
CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a la señora TATIANA
BORJA BASTIDAS, desde el 12 de agosto de 2014 hasta la fecha de la sentencia y en
adelante, hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021,
siempre que para ese momento, la demandante continúe prestando el servicio en cargos

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Interno: 0070-2023
Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

que generen el derecho a dicha prima, o en su defecto hasta su desvinculación, la prima
mensual sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la ley 4 de 1992, en cuantía
equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica legal mensual, fijada en los
decretos del Gobierno, teniéndola como un plus o valor adicional sobre la misma y no como
parte integrante de esta como hasta el momento lo ha hecho.

La inclusión de la prima especial de servicios, no podrá implicar, en ningún caso, que la
remuneración total de la servidora, supere los topes máximos, circunstancia que deberá
verificarse al momento de efectuar la liquidación correspondiente. »

TERCERO.- ADICIONAR un ordinal sexto a la sentencia del Trece (13) de noviembre de
Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces el Tribunal Administrativo del
Tolima, en los siguientes términos:

«SEXTO: El pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
deberá efectuarse sobre el 100% de la asignación básica más el 30% de la prima especial
de servicios, desde el el 12 de agosto de 2014, fecha en que la demandante se vinculó
como Juez de la República, y hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el
Decreto 272 de 2021, siempre que para ese momento, la demandante continúe prestando
el servicio en cargos que generen el derecho a dicha prima, o en su defecto hasta su
desvinculación.

Las sumas de la condena impuesta a la entidad demandada en la presente sentencia,
estarán condicionadas a que la entidad demandada -Rama Judicial- no haya realizado otro
pago a la parte demandante, por los mismos conceptos reconocidos.»

CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia del Trece (13) de noviembre de
Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces el Tribunal Administrativo del
Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva.

QUINTO.- Sin condena en costas en esta instancia.

SEXTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Demandante: Tatiana Borja Bastidas
Demandada: Nación – Rama Judicial

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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