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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00357-02

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00357-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: ADICIONAR la sentencia del 9 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, para ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014, bajo el radicado: 11001-03-25-000-2007-00087- 00 (1686-07), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: ADICIONAR la sentencia del 9 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos demandados. Tercero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 9 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, en el sentido de: «DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada respecto de las sumas reclamadas, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, desde el 1.° de enero de 1993 hasta el 28 de febrero de 2007» Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00357-02 (0749-2023) Cuarto: ADICIONAR la sentencia del 9 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, en el sentido de CONDENAR a la entidad demandada a efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al empleador, de acuerdo con los porcentajes de ley, respecto de las diferencias no cotizadas desde el 1.° de enero de 1993 hasta el 28 de febrero de 2007, los cuales deberán ser dirigidos al Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliado. Con la precisión de que la demandada deberá atender el límite porcentual impuesto por el legislador anualmente. Quinto: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 9 de septiembre de 2022, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2017-00357-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00357-02 (0749-2023)
Demandante: Ciro Lozano Guarnizo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

2. El señor Ciro Lozano Guarnizo interpuso demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad del Oficio DSAJ000875 del 3 de agosto de 2016, a
través del cual la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó
la reliquidación y pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y
prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 y, del acto ficto producto del silencio administrativo negativo en el
que incurrió la entidad frente al recurso interpuesto en contra del referido acto.

4. Que se inapliquen por inconstitucionalidad las disposiciones que le restan el
30% al salario básico a título de prima especial, contenidas en los Decretos 658 de
2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012.

1 Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido respecto de la prima

especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se debatía un asunto similar,
el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada,
por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.

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5. Que se condene a la demandada a pagar la prima especial de servicios,
como incremento a la asignación básica, así como las diferencias existentes entre
el cálculo efectuado con el 70% de la remuneración y el valor que resulte de
reliquidar las prestaciones sociales y laborales, computadas sobre el 100% del
salario, con la inclusión del 30% del sueldo, que se ha tenido como prima especial
sin carácter salarial.

6. Que se actualicen las sumas reconocidas, se condene en costas y se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

HECHOS

7. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

8. Que prestó sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez de la
República, desde el 1.° de julio de 1978 hasta el 28 de febrero de 2007.

9. Que el 28 de julio de 2016, solicitó a la demandada reconocer y pagar la prima
especial de servicios, como un agregado al salario, y reliquidar las prestaciones
sociales percibidas, sobre el 100% de la remuneración, con la inclusión del 30% de
la asignación básica que se le ha descontado a título de prima especial. Petición
que se negó a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Como normas violadas se citaron los artículos 5, 6, 13, 29, 40, 48, 53 y 90;
13, 103, 104,106, 107, 124, 125, 135, 136, 138 del CPACA y 14 de la Ley 4ª de
1992.

11. Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y el precedente desarrollado sobre el particular por esta
corporación, porque la entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales, a
través de los cuales se reguló el reconocimiento de la prima especial
correspondiente al 30% del salario, pues la tuvo en cuenta como parte integrante
de este y no como un aumento, con lo que generó una disminución en la asignación
básica y las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó la
decisión del 29 de abril de 20142, proferida por el Consejo de Estado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

12. La demanda fue admitida el 20 de marzo de 2018, la entidad3 se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
3 Folios 77 a 78.

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de la Ley 4ª de 1992, la prima especial no tiene carácter salarial, es decir, no
constituye factor para la liquidación de las prestaciones sociales. Agregó que dicha
disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-279 de 1996.

13. Propuso las siguientes excepciones: caducidad e innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del 9 de septiembre de 20224, negó las pretensiones por haberse configurado la
prescripción. Al respecto, explicó que, según lo señalado en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, el derecho se hizo exigible con la entrada en vigor de la Ley 4ª
de 1992; por consiguiente, teniendo en consideración que el demandante se retiró
del servicio el 28 de febrero de 2007 y la reclamación administrativa se presentó el
28 de julio de 2016, el derecho se encuentra prescrito.

15. Que, en gracia de discusión, si se contabilizara el término de prescripción a
partir de la ejecutoria de la providencia del 29 de abril de 2014, tampoco habría lugar
a acceder a lo solicitado, ya que los valores susceptibles de reconocimiento
procederían únicamente desde el 28 de julio de 2013 en adelante, fecha para la cual
el actor ya se encontraba desvinculado del servicio.

RECURSO DE APELACIÓN

16. La parte demandante5 interpuso recurso de apelación en el que solicitó
revocar la sentencia y, en su lugar, acceder al reconocimiento de la prima especial
de servicios. Alegó que, con anterioridad al pronunciamiento del 2 de septiembre de
2019, no existía un referente legal para la contabilización de la prescripción del
derecho.

17. Que debe ordenarse el pago de la prima especial como factor salarial para
efectos de los aportes a pensión, en virtud de su carácter irrenunciable e
imprescriptible. Como fundamento de lo afirmado, citó la sentencia del 26 de marzo
de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca6.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

18. El 2 de mayo de 2025 se admitió el recurso, y se dispuso que, una vez
ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

4 Folios 137 a 146.
5 Folios 156 a 159.
6 Radicado: 25000-23-42-000-2018-01784-00.

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19. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.

CONSIDERACIONES

Asunto a resolver

20. El problema jurídico según el recurso de apelación interpuesto se contrae a
determinar si operó la prescripción en el caso concreto.

De la prescripción

21. En lo que se refiere a la prescripción, se advierte que esta corporación ha
sostenido, de forma pacífica7, que el hecho constitutivo del derecho a la prima
especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que
reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de
1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia,
desde el 7 de enero de 1993 el interesado podía haber interrumpido la prescripción
trienal. Es decir que no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014
que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.

22. En el presente asunto quedó probado que el señor Ciro Lozano Guarnizo
laboró como juez de la República desde el 1.° de julio de 1978 hasta el 28 de febrero
de 20078, y que desde 1993, la prima especial fue tenida en cuenta como parte
integrante de la asignación básica y no un plus, desmejorándose con ello sus
prestaciones9. Sin embargo, en consideración a que la reclamación administrativa
ante la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se radicó
hasta el 28 de julio de 201610, se advierte que el derecho se encuentra prescrito, tal
como lo concluyó el tribunal.

23. No obstante, este fenómeno no afecta la obligación de la demandada de
realizar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en
materia de pensiones, durante el lapso reclamado, por tratarse de un derecho
cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor
público que presta sus servicios laborales al Estado11, utilizando como ingreso base

7 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 12 de septiembre de 2018. Radicación:
73001233300020120018302 (3546-2015). CP: Néstor Raúl Correa Henao.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
8
De acuerdo con la certificación de períodos de vinculación laboral para bonos pensionales y pensiones
expedido el 28 de marzo de 2017, visible a folio 15.
9 Folios 16 a 30.
10 De acuerdo con lo señalado por la parte demandante en los hechos de la demanda (folio 37), y según se

desprende del acto administrativo demandado (folios 3 a 6).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-

2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter.
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de cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el 30% que se tomaba
como prima especial. Lo anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 100 de 199312, que prevé que es obligatorio realizar las respectivas
cotizaciones, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino por la
sostenibilidad del sistema13.

24. Finalmente, debe precisarse que la legalidad de los decretos que
incorporaron la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la
remuneración fue definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril
de 2014 y del 9 de abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales
disposiciones reglamentarias; por lo tanto, en consideración a que el juez no se
pronunció sobre este aspecto, la sala adicionará la decisión, para disponer estarse
a lo resuelto en la providencia de 29 de abril de 2014, en la cual se precisó que la
prima especial constituye una adición al salario.

25. De igual manera, se adicionará y se modificará el fallo apelado en el sentido
de declarar la nulidad parcial de los actos demandados, y declarar probada la
prescripción, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su
remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al
empleador de acuerdo con los porcentajes de ley, respecto de las diferencias no
cotizadas durante el tiempo en el que laboró como juez, entre el 1.° de enero de
1993 y el 28 de febrero de 2007. Aportes a pensión que deberán ser dirigidos al
Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliado el actor.

26. En ese mismo sentido, se adicionará la decisión para ordenar que se
efectúen los aportes, y para precisar que la entidad demandada, al momento de
cumplir la condena, deberá atender el límite porcentual impuesto por el legislador
anualmente.

De la condena en costas en segunda instancia.

27. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

12 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
13 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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28. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

29. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

30. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que ninguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: ADICIONAR la sentencia del 9 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, para ESTARSE a lo resuelto
en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, el 29 de abril de 2014, bajo el radicado: 11001-03-25-000-2007-00087-
00 (1686-07), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: ADICIONAR la sentencia del 9 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, en el sentido de declarar la
nulidad parcial de los actos demandados.

Tercero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 9 de septiembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, en el
sentido de:

«DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la parte
demandada respecto de las sumas reclamadas, con excepción de la
obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema
General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso
base de cotización el 100% de su remuneración, desde el 1.° de enero de 1993
hasta el 28 de febrero de 2007»

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Radicación: 73001-23-33-000-2017-00357-02 (0749-2023)

Cuarto: ADICIONAR la sentencia del 9 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, en el sentido de
CONDENAR a la entidad demandada a efectuar las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la proporción
que le corresponda al empleado y al empleador, de acuerdo con los porcentajes de
ley, respecto de las diferencias no cotizadas desde el 1.° de enero de 1993 hasta el
28 de febrero de 2007, los cuales deberán ser dirigidos al Fondo Administrador de
Pensiones al que estuviere afiliado. Con la precisión de que la demandada deberá
atender el límite porcentual impuesto por el legislador anualmente.

Quinto: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 9 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Sexto: Sin condena en costas en esta instancia a la parte demandante, en los
términos previstos en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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