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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00369-01

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00369-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima que denegó las pretensiones tanto de la demanda principal como de la de reconvención, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra el señor Edilberto Arguello Cortés y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2018-00369-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

6 de octubre de 2022

1
Radicado: 73001-23-33-000-2018-00369-01 (2807-2022)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO (LESIVIDAD)
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00369-01 (2807-2022)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Demandado: EDILBERTO ARGUELLO CORTÉS
Vinculada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES 2

Temas: Lesividad. Reconocimiento de pensión especial
de jubilación de la Ley 32 de 1986. Aplicación del
régimen de transición del artículo 168 del Decreto
407 de 1994 y del artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003. No son aplicables los postulados del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-173-2022

ASUNTO

Decide la Subsección los recursos de apelación formulados por la parte
demandante y demandada (reconviniente) contra la sentencia proferida el 20
de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó las
pretensiones de la demanda inicial y de la demanda de reconvención.

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, que
consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20113, formuló en síntesis las
siguientes:

1 En adelante UGPP.
2 Colpesiones.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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2
Radicado: 73001-23-33-000-2018-00369-01 (2807-2022)
Demandante: UGPP

 Demanda principal

Pretensiones (Folio 235 vuelto, C1)

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

i) Resoluciones PAP 6635 del 19 de julio de 2010 y UGM 041394 del 2 de
abril de 2012, por medio de las cuales la extinta Cajanal reconoció y
reliquidó una pensión de vejez a favor del señor Edilberto Arguello Cortés
en aplicación de los preceptos de la Ley 32 de 1986.

ii) Resolución RDP 031901 del 15 de julio de 2013 con la que se reliquidó
la referida prestación en el sentido de incrementar su valor.

iii) Resolución RDP 037384 del 14 de agosto de 2013 a través de la cual
se confirmó la decisión precitada al resolver recurso de apelación
presentado por el demandado.

2. Como consecuencia de estas declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene al demandado reintegrar de forma actualizada la
totalidad de las sumas abonadas a su favor por concepto de pensión de
jubilación reconocida y reliquidada conforme a los actos censurados.

3. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte pasiva.

Supuestos fácticos relevantes de la demanda principal y de la de
reconvención (Folio 234 vuelto a 235, C1)

1. El señor Edilberto Arguello Cortés nació el 21 de junio de 1964. Estuvo
vinculado al servicio del INPEC como dragoneante desde el 1.° de agosto
de 1986 hasta el 30 de junio de 2009 con aportes realizados a Cajanal, y
posteriormente del 1.° de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2012 con
cotizaciones efectuadas a Colpensiones.

2. La autoridad libelista por medio de la Resolución PAP 6635 del 19 de julio
de 2010 reconoció y ordenó el pago de la prestación deprecada por el
demandado, para lo cual aplicó el régimen especial del INPEC previsto en
el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994. Por ello liquidó
la pensión con el 75% de los salarios devengados por el señor Arguello
Cortés durante los últimos 10 años de servicio, para lo cual tuvo en cuenta
solamente la asignación básica, de manera que se fijó el monto del derecho
en $612.769, efectiva a partir del 1.° de julio de 2009, pero con efectos
fiscales una vez se demostrara el retiro definitivo del servicio.

3. La UGPP mediante la Resolución UGM 041394 del 2 de abril de 2012
revocó parcialmente el acto anterior en respuesta a un recurso de
reposición formulado por el demandado, ello con el fin de incluir como
factores salariales de liquidación el sobresueldo y la bonificación por
servicios devengados por aquel, por lo que se incrementó el valor de la
prerrogativa a la suma de $991.619, efectiva a partir del 1.° de agosto de
2010.

4. La entidad demandante profirió la Resolución RDP 031901 del 15 de julio
de 2013 con la que reajustó la prestación otorgada al señor Arguello

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Radicado: 73001-23-33-000-2018-00369-01 (2807-2022)
Demandante: UGPP

Cortés, ello en el sentido de calcularla con base en el 75% del promedio de
salarios o rentas percibidas por aquel durante su último año de servicio con
inclusión de la asignación básica, el auxilio de alimentación, el auxilio de
transporte, la bonificación por servicios, la prima de navidad, la prima de
servicios y la prima de vacaciones, ello determinado en una cuantía de
$1.419.625 y con efectividad desde el 1.° de enero de 2013. Esta decisión
fue impugnada y a la vez confirmada mediante la Resolución RDP 037384
del 14 de agosto de 2013.

5. Por medio de la Resolución RDP 003498 del 31 de enero de 2018 la UGPP
negó la reliquidación pensional que solicitó por segunda vez el demandado,
ello por arrojar un resultado inferior al reconocido a través de la Resolución
RDP 031901 del 15 de julio de 2013.

 Demanda de reconvención

Pretensiones (Folio 72 a 73, C2)

4. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

i) Parcialmente de las Resoluciones i) PAP 6635 del 19 de julio de 2010; ii)
UGM 041394 del 2 de abril de 2012; iii) RDP 031901 del 15 de julio de
2013; iv) RDP 037784 del 14 de agosto de 2013; y v) RDP 003498 del 31
de enero de 2018, por medio de las cuales la extinta Cajanal y la UGPP
reconoció y reliquidó una pensión de vejez a favor del señor Arguello
Cortés en aplicación de los preceptos de la Ley 32 de 1986.

ii) Auto ADP 004240 del 8 de junio de 2018 que rechaza un recurso de
apelación formulado por el reconviniente contra el último acto enlistado.

iii) Acto administrativo presunto derivado de la configuración del silencio
administrativo negativo por falta de respuesta a la solicitud reliquidatoria
presentada por el señor Arguello Cortés ante la UGPP el 31 de julio de
2018.

5. Como consecuencia de estas declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a la autoridad reconvenida, reliquidar la pensión de
jubilación otorgada a favor del reconviniente, ello en el sentido de corregir
el error aritmético presentado en la Resolución RDP 031901 del 15 de julio
de 2013 al haber tenido en cuenta solo el 50% del valor de la prima de
vacaciones y no su total.

6. Como pedimento subsidiario solicitó que se reajuste la prerrogativa en
comento calculada con el 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados por el señor Arguello Cortés durante su último año de servicio.

7. Que se condene en costas a la UGPP.

8. Que dicha autoridad cumpla la sentencia de conformidad con los preceptos
de los artículos 192 y 195 del CPACA.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

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Radicado: 73001-23-33-000-2018-00369-01 (2807-2022)
Demandante: UGPP

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 3 de diciembre de 2019.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente:

«[…] Ineptitud sustantiva de la demanda

Dicha excepción fue propuesta por el apoderado judicial del Edilberto Arguello Cortés
(sic), argumentando que la UGPP no le mandó (sic) la Resolución del 31 de enero del
2018, mediante la cual le negó la reliquidación de la pensión, y el Auto del 08 de junio
del mismo año, lo que configuraría ineptitud sustantiva de la demanda por falta de
proposición jurídica completa e indebida acumulación de pretensiones.

Así mismo, señala que hay inepta demanda por indebida acumulación de las
pretensiones, aludiendo que en la primera y segunda pretensión, la UGPP solicitó la
nulidad de varias resoluciones de forma indiscriminada, incumpliendo lo señalado en
el artículo 163 del CPACA, al no haberlas formulado de manera separada.

De conformidad con lo señalado por el apoderado judicial de la parte demandada, de
entrada se advierte que las excepciones propuestas tienen vocación de prosperidad,
como quiera que lo pretendido en presente medio de control, es que se declaré la
nulidad de las resoluciones que reconocieron y reliquidaron la pensión del señor
Edilberto Arguello, al presuntamente haberse reconocido transgrediendo la
Constitución y la ley, por lo que no era obligatorio solicitar la nulidad de los actos
administrativos que negaron la reliquidación solicitada por el señor Arguello Cortes, o
el auto que negó el recurso de apelación, como quiera esto no se controvierte con la
demanda principal.

Aunado a ello, al revisar el libelo demandatorio, se observa que la UGPP cumplió con
lo dispuesto en el artículo 163 del CPACA, al haber individualizado las pretensiones,
puesto que en la primera pretensión, diferenció la declaratoria de nulidad que
pretende, en la segunda lo referente a la condena a título de restablecimiento del
derecho, en la tercera la solicitud de actualización de la condena, y como cuarta y
última, la condena en costas y agencias en derecho.

En consecuencia, se DECLARA NO PROBADA la excepción previa de ineptitud
sustantiva de la demanda propuesta por el apoderado judicial que representa los

4 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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Demandante: UGPP

intereses del señor EDILBERTO ARGUELLO CORTÉS. […]». (Negrilla y
mayúscula del texto original. Folios 385 a 386 y CD que obra a folio 397, C1).

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] El problema jurídico de fondo a resolver, se contrae en establecer si
efectivamente los actos administrativos que reconocieron y reliquidaron la pensión de
vejez del señor Edilberto Arguello Cortes, se encuentran viciados de nulidad, al
presuntamente no ser beneficiario de la Ley 32 de 1986, debiéndose aplicar el
régimen contenido en el Decreto 2090 del 2003, al ser la norma que se encontraba
vigente al momento en que adquirió su status pensional, o por el contrario los actos
administrativos gozan de legalidad.

En cuanto a la demanda de reconvención, el problema jurídico que se contrae a
establecer, es si al señor Edilberto Arguello le asiste derecho a que su pensión de
vejez sea reliquidada debiendo arreglar el presunto error aritmético que hubo durante
su liquidación en el acto administrativo del 15 de julio del 2013, debiéndole incluir
todos los factores salaries devengados, o si por el contrario no le asiste el derecho
deprecado. […]». (Folios 386 a 392 y CD que reposa a folio 397, C1).

SENTENCIA APELADA
(Folios 425 a 435, C1)

El a quo profirió sentencia escrita el 20 de enero de 2022 por medio de la cual
negó las pretensiones tanto de la demanda principal como de la de
reconvención, ello con fundamento en las siguientes consideraciones:

Inicialmente, el tribunal de primera instancia resaltó que los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC que para el 21 de febrero de 1994
(fecha de entrada en vigencia del Decreto 407 de 1994), prestaran su servicio
a dicha entidad, tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los
términos fijados en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Contrario a ello, quienes
ingresaron a laborar como guardias de dicha institución con posterioridad a la
mencionada fecha, la prestación será reconocida conforme a lo previsto por el
Gobierno Nacional sobre la materia en desarrollo del artículo 140 de la Ley
100 de 1993.

En ese orden de ideas, sostuvo que el señor Edilberto Arguello Cortés al haber
ingresado a laborar al servicio del INPEC el 1.° de agosto de 1986, es decir,
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 407 de 1994, no debe
ser sujeto de aplicación del régimen general de pensiones como lo solicita la
UGPP, sino del especial que le es propio a funcionarios como este.

Manifestó que dicha regulación diferencial implica que los servidores públicos
que ejercen actividades de alto riesgo, para ser beneficiarios del régimen de
transición, deberán acreditar al menos 500 semanas cotizadas al 26 de julio
de 2003, fecha en que entró en vigencia el Decreto 2090 de 2003, y una vez
cumpla las 1.000 semanas cotizadas, tendrá derecho a que su pensión sea
reconocida con la norma anterior, esto es, con la Ley 32 de 1986.

Aseguró que de acuerdo con el material probatorio que reposa en el plenario,
se dilucida que el señor Arguello Cortés al haber ingresado a laborar el 1.° de
agosto de 1986, claramente para el 26 de julio del 2003 este contaba con un

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Demandante: UGPP

tiempo de servicios de 16 años, 11 meses y 25 días, lo que equivale, a 664.95
semanas de cotización en el régimen especial, lo que sin duda alguna, permite
evidenciar que es beneficiario a que su pensión de vejez sea reconocida de
conformidad a los presupuestos establecidos en la Ley 32 de 1986, pues al
momento del reconocimiento de su pensión acreditó las 1.000 semanas de
cotización, tal y como lo hizo la extinta Cajanal al momento de reconocerle su
prestación pensional.

Adicionalmente afirmó que si bien la UGPP solicitó que se vinculara a
Colpensiones como litisconsorte necesario, en el presente caso debe tenerse
en cuenta que es la primera la que debe asumir el pago de la pensión
demandado, ello en atención al pronunciamiento del Consejo de Estado
emitido en el concepto del 30 de julio de 2019 emitido en el expediente 11001-
03-06-000-2019-00088-00. Con base en lo anterior aseguró que el señor
Edilberto Arguello Cortés al pensionarse bajo las prerrogativas de la Ley 32 de
1986 y adquirir su derecho pensional cuando aún se encontraba afiliado a la
extinta CAJANAL, debía obtener el reconocimiento prestacional a cargo de la
UGPP.

En cuanto al error aritmético alegado por la parte reconviniente evidenció que
este no existe, pues de conformidad con la certificación suscrita por la
coordinadora del grupo de tesorería del INPEC, durante el último año de
servicios percibió como prima de vacaciones la suma equivalente a un millón
seiscientos nueve mil novecientos ochenta y dos pesos ($1.609.982), y este
valor fue el que se tuvo en cuenta para la reliquidación que la UGPP le efectuó
a su pensión mediante la Resolución RDP 031901 del 15 de julio de 2013.

Respecto a la pretensión subsidiaria, advirtió que de acuerdo con la
certificación salarial visible a folio 199 del cuaderno principal, se logra
evidenciar que durante el último año de servicio del demandado, esto es del
periodo comprendido entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre del 2012,
percibió salario básico, prima de riesgo, subsidio de alimentación, subsidio por
unidad familiar, auxilio de transporte, bonificación por recreación, prima de
vacaciones, prima de servicios y prima de navidad.

Ante lo esgrimido por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa
administrativa, precisó que la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 del Consejo de Estado no es extensible a los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia, pues se trata de empleados exceptuados de la aplicación
de la Ley 33 de 1985, y por ello, para quienes son beneficiarios de la Ley 32
de 1986, su derecho pensional se debe liquidar con el 75% del promedio
mensual obtenido en el último año de servicio con los factores determinados
en el Decreto 446 de 1994 que contempla los siguientes emolumentos: prima
de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de instalación y
alojamiento, prima de capacitación, derecho a pasajes y gastos de transporte,
prima de clima, prima extra carcelaria, prima de seguridad, prima de riesgo,
prima de vigilantes instructores, subsidio de transporte, subsidio de
alimentación, subsidio familiar y bonificación por servicios prestados, de los
cuales se advierte no todos constituyen factor salarial.

De conformidad con lo esbozado aseveró que no es procedente la inclusión
de la bonificación especial por recreación ni del subsidio de unidad familiar,
pues estos no constituyen factor salarial para efectos prestacionales.

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Demandante: UGPP

Ante este panorama, indicó que la pensión de vitalicia de vejez reconocida a
favor del señor Edilberto Arguello Cortes se realizó de acuerdo con los
parámetros legales y jurisprudenciales aplicables, ello al no evidenciarse el
error aritmético alegado en la demanda de reconvención, y al no ser
procedente la reliquidación de la pensión de vejez del demandado.

RECURSOS DE APELACIÓN

Parte demandada – reconviniente (Folios 439 a 441, C1): formuló recurso
de apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que esta sea
revocada a fin de que se acceda a las pretensiones de la demanda de
reconvención.

Al respecto argumentó que con la Resolución RDP 031901 de 15 de julio de
2013, la UGPP reliquidó la pensión de jubilación del demandado con el 75 %
del último año de servicio y conforme los factores salariales contemplados en
el Decreto 1045 de 1978 relacionados con la asignación básica (sueldo y
sobresueldo), bonificación por servicios prestados, auxilio de transporte,
subsidio de alimentación y las primas de navidad, de servicios y de
vacaciones, ello conforme los requisitos de que trata el artículo 96 de la Ley
32 de 1986.

Añadió que en dicho acto se ordenaron descuentos de aportes para pensión
al señor Arguello Cortés y al empleador INPEC en cuantía de $3.395.218 y
$10.185.824, respectivamente, esto es, sobre los factores que no se habían
realizado descuentos: auxilio de transporte, subsidio de alimentación y las
primas de navidad, de servicios y de vacaciones. Lo anterior significa que al
empleador y al trabajador se le hicieron los descuentos de cotización por toda
la vida laboral sobre los emolumentos enunciados sobre los que se reconoció
la prestación, es decir, los previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

No obstante, planteó que dicha resolución presenta un error aritmético que la
entidad se negó a rectificar, y que en sede judicial nuevamente se desconoce,
el cual consiste en que el factor salarial denominado prima de vacaciones solo
fue tomado por la entidad demandante de manera parcial, esto en casi un 53%
de su monto y no en su valor totalidad, ello por cuanto se tuvo en cuenta en
una suma equivalente a $1.609.982, pese a que tenía que ser computada en
cuantía de $3.142.310.

Parte demandante (Folios 444 a 447, C1): interpuso recurso de alzada contra
la sentencia de primera instancia, a fin de que esta sea revocada en el sentido
de acceder a los pedimentos del libelo.

Acotó que el señor Edilberto Arguello Cortés no cumple con los requisitos para
hacerse merecedor de la pensión de vejez, ya que al 1.° de abril de 1994 (fecha
entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 para servidores del orden Nacional)
el hoy pensionado no tenía 15 años de servicio, ni 40 años de edad como lo
exige el articulo 36 ibidem para ser beneficiario del régimen de transición allí
previsto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003,
norma aplicable habida cuenta de que los 20 años de servicio en cargos de
excepción del INPEC los cumplió el 30 de Julio de 2006.

Al respecto señaló que en el proceso se encuentra demostrado que el
demandado nació el 21 de junio de 1964 y prestó los siguientes tiempos de
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servicio en el INPEC: i) desde el 1.° de agosto de 1986 hasta el 30 de junio de
2009 con aportes a Cajanal y ii) desde el 1.° de julio de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2012 con aportes al Instituto de Seguros Sociales hoy
Colpensiones, computado así más de 20 años de servicio público
desempeñando el cargo de dragoneante.

Bajo dicha intelección manifestó que al señor Arguello Cortés no le es aplicable
el régimen especial de los empleados del INPEC contenido en la Ley 32 de
1986, porque el requisito de 20 años de servicio en cargos de excepción lo
completó con posterioridad al 28 de Julio de 2003 (fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003), específicamente el 30 de julio de 2006,
luego entonces, al tenor de lo consagrado en el parágrafo del artículo 6.°
ibídem, el demandado debió efectuar aportes para pensión cuando menos 500
semanas de cotización especial, además cumplir con el número mínimo de
semanas exigido por la ley 797 de 2003 para acceder a la pensión en las
mismas condiciones previstas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo y por lo menos uno de los dos requisitos exigidos en
el artículo 36 de la ley 100 de 1993 para gozar del régimen de transición,
requisitos que aquel no cumple, habida cuenta de que 1.° de abril de 1994 no
tenía 40 años de edad o 15 años de servicio.

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA

Una vez presentados los recursos de apelación por las partes demandada y
demandante, al estar dentro del término procesal correspondiente, el
Despacho ponente mediante auto del 29 de junio de 2022 admitió ambas
impugnaciones y, en concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal
5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el
artículo 247 del CPACA, dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoria de mencionada providencia, pasara el expediente al
Despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud
probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 12 de agosto
de 2022, proferida por la Secretaría visible en el índice 9 del registro en SAMAI,
en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de
fondo el asunto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia resolverá sin limitaciones cuando las partes hayan
controvertido la totalidad de la sentencia, tal como sucede en el presente caso.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:
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Radicado: 73001-23-33-000-2018-00369-01 (2807-2022)
Demandante: UGPP

¿El señor Edilberto Arguello Cortés era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por lo tanto, se ajusta a
derecho el reconocimiento de la pensión especial de jubilación por actividades
de alto riesgo conforme a las previsiones de la Ley 32 de 1986, otorgada por
la entidad demandante en virtud de la Resolución PAP 6635 del 19 de julio de
2010 y en la forma de liquidación determinada en la Resolución RDP 031901
del 15 de julio de 2013?

Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: al demandado no le eran
aplicables las exigencias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, sino las contempladas en el artículo 168 del Decreto 407 de
1994 y en el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003, las cuales en todo caso,
este acreditó en debida forma, y por lo tanto lo hacían titular del derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación conforme al artículo 96
de la Ley 32 de 1986, tal como lo determinó la entidad demandante, ello sin
que proceda ajuste alguno sobre el monto liquidado por la parte activa. Lo
anterior de acuerdo con las siguientes consideraciones:

 Régimen pensional aplicable a los funcionarios del INPEC

En primer lugar, debe ponerse de presente que la Ley 100 de 19935
reglamentó en su artículo 11 lo siguiente:

«Artículo 11. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones
consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio
nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos
conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o
convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta
ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los
sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima
Media y del sector privado en general. […]».

Conforme con la norma citada, el Sistema General de Pensiones aplica para
todos los habitantes del territorio nacional, sin hacer distinción entre servidores
públicos, trabajadores oficiales, empleados del sector privado, o
independientes, entre otros. Lo anterior, desde el 1.º de abril de 1994 según el
artículo 151 ibidem y, en el caso de los servidores públicos del orden territorial,
a partir del 30 de junio de 1995 de acuerdo con el parágrafo del mismo artículo.

Asimismo, con el fin de proteger expectativas legítimas de aquellas personas
que se encontraban más cerca de acceder a su pensión a la fecha en que hizo
tránsito de regulación, el legislador diseñó un régimen de transición en dicha
materia, regulado en el artículo 36 ejusdem, según el cual:

«[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las
personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás

5 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

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condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión
de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. […]».

Por su parte, el artículo 279 de la regulación bajo estudio indicó:

«[…] Artículo 279. Excepciones. El sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 914 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en
favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir
la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan
pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones,
y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los
servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los
pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la
presente ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por
vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán
beneficiarse del régimen de seguridad social de la misma, mediante la
celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma
de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema
que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

Parágrafo 1.º La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior,
quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas
para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación
o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que
para tal efecto se expida. […]»

De acuerdo con los preceptos transcritos, es evidente que con la Ley 100 de
1993 se derogaron los regímenes pensionales existentes para ese momento,
y se unificaron e integraron en uno solo de carácter general. No obstante, el
legislador dejó vigentes transitoriamente algunas de las normas preexistentes
para aquellas personas que se encontraran cobijadas por lo regulado en el
artículo 36 ibidem, y en los preceptos especiales expresamente indicados en
el artículo 2796.

En segundo lugar, el mentado Sistema General de Seguridad Social en su
artículo 140 reguló unas normas especiales previstas para quienes
desarrollaran actividades de alto riesgo en la siguiente forma:

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de mayo de 2013. Radicación
11001032500020100029100 (2390-10).

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«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen
de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo
en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como
actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen
algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.». (Negrilla fuera del texto original).

Pues bien, en lo que respecta a la normativa en materia prestacional
consagrada para el personal de vigilancia y custodia del INPEC, debe tenerse
en cuenta que incluso con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, dichos funcionarios ya tenían consolidado un régimen especial
desarrollado en la Ley 32 de 19867, la cual en su artículo 96 previó frente al
derecho pensional lo siguiente:

«Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al
servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.»

No obstante, con la expedición de la Ley 65 de 1993, el Legislador otorgó al
presidente de la República facultades extraordinarias para dictar normas con
fuerza de ley sobre la composición, clasificación y categoría del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia, así como sobre el régimen salarial, prestacional y
pensional del personal que laboraba en tal calidad, ello en armonía con el
precitado artículo 140 de la Ley 100 de 1993.

En virtud de aquel mandato, tuvo origen el Decreto Ley 407 del 20 de febrero
de 1994, que en su artículo 168 fijó un régimen especial en materia pensional
para el personal de custodia y vigilancia del INPEC, el cual respetaba los
preceptos de la Ley 32 de 1986 que cobijaba a quienes ejercían como tal antes
del 21 de febrero de 19948. Al respecto, el canon en comento señaló lo
siguiente:

«ARTÍCULO 168. PENSION DE JUBILACION. Los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la
vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley
32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por
el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este
decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional,
tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el

7 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.»
8 Fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 407 de 1994.

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Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para
las actividades de alto riesgo.

PARAGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993.».

Ahora, sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad al marco regulatorio en
mención, se profirió el Decreto Ley 2090 de 20039 con fundamento en las
facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional en la Ley 797 del
mismo año, esto a fin de regular en materia laboral y prestacional a los
trabajadores que desempeñaran actividades de alto riesgo como lo era el
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC.

En tal sentido, se observa que el campo de aplicación del Decreto 2090 de
2003 se definió así:

«Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se
aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo,
entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la
necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su
trabajo.»

Sobre ello, debe precisarse que el mentado decreto derogó la regulación
anterior prevista en el Decreto Ley 407 de 1994, al punto de que el artículo 4.º
ibidem fijó las condiciones y requisitos para obtener la pensión especial de
jubilación para los servidores referidos, así:

«ARTÍCULO 4º. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A
LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez se sujetará
a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003 […].»

Empero, aún bajo dicho entendido, el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003
previó un régimen de transición para aquellos trabajadores que estuvieren
próximos a adquirir el derecho pensional en virtud de las prerrogativas
anteriores al decreto en mención, ello con el fin de salvaguardar sus
expectativas legítimas y que estas no se vieran afectadas por el tránsito
normativo de nuestro ordenamiento. Lo anterior, de la siguiente forma:

«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas
de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión,
esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas
anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente

9 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan

las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en
dichas actividades.

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decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de
transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado
por el artículo 1810 de la Ley 797 de 2003.»

El primer inciso de esta última normativa fue declarado exequible
condicionadamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-663 de
29 de agosto de 2007, al estimar que «para el cómputo de las ‘500 semanas
de cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente
como de alto riesgo.».

Esta norma también ha sido analizada por la jurisprudencia del Consejo de
Estado11 para señalar que demostrar 500 semanas de cotización en
actividades de alto riesgo para la entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, concede el derecho a acceder a la prestación en los términos de la
norma inmediatamente anterior y lo que debe entenderse del parágrafo del
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 es que la intención del legislador fue la de
complementar este requisito en armonía con el régimen general de pensiones.

Igualmente, se interpretó que exigir adicionalmente el estar cobijado por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso
cuando el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma
anterior, por cuanto conlleva una situación más desventajosa en virtud del
tránsito legislativo. En suma, destacó que la finalidad de un régimen de
transición consiste en que el legislador defina un sistema de protección para
que los cambios producidos por una reforma en la normativa no afecten a
quienes, pese a no haber adquirido el derecho a la pensión porque les falta
reunir todos los requisitos, sí tienen una expectativa legítima de adquirir el
derecho.

Al respecto, la Sección Segunda12 se ha pronunciado de manera reciente
frente al aludido punto, al confirmar que sería contraria a la intención del
legislador exigir a los trabajadores beneficiarios del régimen de transición del
Decreto 2090 de 2003, el cumplimiento adicional de los aspectos contenidos
en el Sistema General de Pensiones. Lo anterior, conforme se cita:

«[…] Más adelante, con la expedición del Decreto 2090 de 2003, por medio del
cual se definieron las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y
se modificaron las condiciones […] previó en su artículo 6 un régimen de
transición para aquellos quienes a su entrada en vigencia -28 de julio de 2003-
, acreditaran 500 semanas de cotización en ejercicio o desempeño de las ya
mencionadas actividades alto riesgo […]

De la lectura del parágrafo de este último artículo se advierte que este exige,
además de los requisitos contemplados en dicha norma, el cumplimiento de las
condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al
régimen pensional de alto riesgo.

10 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
11 En este sentido se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29

de junio de 2017, radicación: 08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14), demandante: Gilberto Antonio
Rondón Sepúlveda.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021,

demandante: María Yolanda Castañeda Orjuela, radicación: 17001-23-33-000-2016-00572-01(0614-20).

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Al respecto, encuentra esta Sala que tal y como se ha indicado en providencias
previas de esta Corporación, la lectura literal de dicha disposición contraviene
la naturaleza del régimen de transición del mencionado canon, y transgrede la
intencionalidad del legislador al reglamentar este tipo de prerrogativas a favor
de los trabajadores, que no es otra que la de salvaguardar las garantías del
ordenamiento jurídico y proteger la expectativa legítima de acceder a la pensión
especial de vejez bajo las condiciones previstas en el régimen aplicable.

«[…] En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas
de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento
adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el
requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional
bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en
asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias
adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de
2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo,
al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener
la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto
1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador
establezca un sistema de protección para que los cambios producidos por un
tránsito legislativo no afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a
la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa
legítima de adquirir ese derecho. […]»

[…]
En virtud de la norma en cita, aquellas personas que desarrollan alguna de las
actividades de alto riesgo reguladas en el Decreto 2090 de 2003 tienen derecho
a la aplicación de los requisitos previstos en los Decretos 1281 de 1994 o 1835
de 1994, según el caso, siempre y cuando:

1. Hubiesen cotizado a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, esto es, el 28 de julio de dicho año, cuando menos 500 semanas de
cotización en la ejecución de una actividad catalogada como de alto riesgo.

Para el efecto, se advierte que la exigencia de semanas de cotización especial
a que hace referencia el artículo 6 del Decreto 2090 ejusdem puede
interpretarse como «[…] semanas de cotización efectuadas en cualquier
actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo […]»,
de acuerdo con el ordinal primero de la sentencia C-663 de 2007 que declaró
la exequibilidad condicionada de la norma en cita […]

2. La segunda parte del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
prevé que el derecho se causa «[…] una vez cumplido el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión […]», a
partir de lo cual se les reconocerá la pensión «[…] en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo […]».

[…] Tal como indicó la Sección en la sentencia recién citada, la Sala considera
que el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000
semanas, sin que aplique el aumento de estas, estipulado en la Ley 797 de

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2003 al modificar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Ello en virtud de que no
es razonable ni proporcional exigir el requisito de densidad de la Ley 797
ejusdem cuando las previsiones de la norma anterior al Decreto en cita, esto
es, el Decreto 1281 de 1994 exige 1000 semanas para causar el derecho y,
según el caso concreto, una edad de 55 años. […]».

En ese orden, se ha entendido que como el artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003 prevé unos supuestos para la transición de un régimen especial y al
mismo tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más
favorezca al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la
regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial
de jubilación, con fundamento en el principio de favorabilidad, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política.

De otro lado, se agrega que el Acto Legislativo 01 de 2005 delimitó bajo ciertas
circunstancias la extensión de los regímenes pensionales especiales hasta el
31 de julio de 2010, así

«[…] Parágrafo transitorio 2o. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el
régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la
República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia
de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como
cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes
del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010. […]”
(Negritas intencionales).

Es así como se desprende que hasta el 31 de julio de 2010, podían afianzarse
situaciones jurídicas que comprometieran el reconocimiento de pensiones de
vejez a aquellos empleados que, por la actividad que desempeñaran o por la
naturaleza de la entidad a la cual se encontraran vinculados, gozaran de un
régimen excepcional de pensiones.

Por consiguiente, es diáfano que el Acto Legislativo 01 de 2005 procuró fijar el
derrotero que debía seguirse de cara a aplicar uno u otro régimen especial de
pensión, en el sentido de delimitar la configuración de este derecho de carácter
económico sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias temporales
específicas en cada caso para que, como resultado de ello, el interesado
pueda hacerse acreedor legítimo de la prestación pretendida.

Bajo esta intelección, es plausible colegir que los siguientes son los requisitos
de la transición prevista en el Decreto 2090 de 2003:

i) que para el 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir aquella norma, el
servidor que estuviere próximo a adquirir el derecho a la pensión bajo las
prerrogativas anteriores, contara con al menos 500 semanas de cotización en
cualquier actividad que haya sido calificada legalmente como de alto riesgo, y;

ii) en lo que atañe a las cotizaciones, debe cumplir con «el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es,
al menos con 1.000 semanas, como lo prevé el numeral 2 del artículo 9 de la
Ley 797 ejusdem. Este aspecto debe entenderse como requisito necesario
para ser beneficiario de la transición.

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En suma, para el caso de los servidores del INPEC que hubiesen
desempeñado actividades peligrosas, como es el caso del demandado por
haber ejercido el cargo de dragoneante (perteneciente al Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional. Ver certificado de información
laboral obrante a folio 102 del cuaderno 1), no resulta válido estudiar su
situación en punto a la aplicación de los preceptos del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como lo hizo el a quo en
el fallo apelado.

Lo expuesto se justifica en la medida en que dicha regulación general no les
era aplicable a aquellos funcionarios por expreso mandato del artículo 140
ibidem, habida cuenta de que no solo con anterioridad a la entrada en vigencia
del SGSS estos tenían una regulación específica en materia prestacional
contenida en la Ley 32 de 1986, sino que además en el primer precepto aludido
se conminó al Gobierno Nacional a expedir el régimen propio de estos
empleados.

En virtud de ello, para funcionarios como el señor Edilberto Arguello Cortés,
las condiciones, requisitos y postulados relacionados con la verificación de la
transición normativa aplicable en lo que respecta a sus derechos pensionales,
no pueden ser los contemplados en la Ley 100 de 1993, sino en el artículo 168
del Decreto 407 de 1994 y el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 (según sea
el caso), tal como se expuso con anterioridad, aunado a la salvedad
jurisprudencial respecto de la imposibilidad de atender las exigencias del
parágrafo de este último precepto enlistado, por cuanto lo propio implicaría
tornar más gravosa la situación de quien se supone que debe verse
beneficiado con la observancia de un régimen de transición.

En tal sentido, no son de recibo los argumentos de nulidad de la entidad
demandante al aducir que el demandado no cumplió con los postulados del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para que con motivo del aludido marco
jurídico transicional, le hubiera sido reconocida la pensión con base en la Ley
32 de 1986. Esto en razón a que aquellos requisitos no eran los que debían
verificarse, sino los de la normativa especial y determinada exclusivamente
para los servidores que ejecutaban actividades peligrosas, tal como pasa a
verificarse a continuación.

 Sobre la situación particular del demandado

Al respecto, se torna indispensable poner de presente los medios de
convicción recaudados y practicados que demarcan el contexto factual del
presente caso, los cuales se relacionan a continuación:

 Certificado de información laboral emitido por el INPEC, en el que se indica
que el señor Edilberto Arguello Cortés desempeñó el cargo de dragoneante al
servicio de dicha institución desde el 1.° de agosto de 1986 hasta el 31 de
diciembre de 2012.

También se observa que aquel efectuó cotizaciones especiales de alto riesgo
entre el 1.° de agosto de 1986 y el 30 de junio de 2009 ante Cajanal, y
posteriormente del 1.° de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2012 con
cotizaciones efectuadas a Colpensiones. (Folio 102, C1).

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 Resolución 005816 del 27 de diciembre de 2012, a través de la cual el director
general del INPEC aceptó la renuncia presentada por el señor Arguello Cortés al
cargo de dragoneante, código 4114, grado 11, adscrito al Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
de Melgar, lo anterior con efectividad a partir del 1.° de enero de 2013. (Folio 215,
C1).

 Resolución RDP 031901 del 15 de julio de 2013 (folios 231 a 233, C1), por
medio de la cual la entidad demandante reliquidó la pensión de jubilación
reconocida a favor del demandado, calculada con base en el 75% del promedio
de la asignación básica, el auxilio de alimentación, el auxilio de transporte, la
bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de servicios y
la prima de vacaciones devengados por aquel durante su último año de labor
oficial (2012).

Una vez evidenciado el material probatorio obrante en la actuación, se hace
necesario resaltar que la discusión en la presente instancia radica en
determinar si el demandado era beneficiario del régimen de transición que
permite que su pensión de jubilación se encuentre legalmente reconocida al
haberse dado aplicación a la Ley 32 de 1986; o si por el contrario, como lo
planteó la parte activa, el señor Arguello Cortés no había adquirido aquella
garantía transicional por no haber colmado las exigencias del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, al punto de que el derecho otorgado en virtud de los actos
administrativos demandados no se ajusta a derecho.

Pues bien, en primer lugar se advierte que el demandado fue vinculado
directamente al INPEC donde ocupó de manera ininterrumpida la plaza de
dragoneante desde el 1.° de agosto de 1986 hasta el 31 de diciembre de 2012.
Sobre la calidad de las labores que el pensionado ha ejercido en virtud de la
mentada relación legal y reglamentaria, debe tenerse en cuenta que este
efectivamente ha desempeñado actividades de alto riesgo en razón de su
cargo, pues el empleo en mención hace parte del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional según los artículos 126 y 127 del
Decreto 407 de 199413, cuyas labores son catalogadas de tal manera conforme

13 «ARTÍCULO 126. COMPOSICION. El Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria

Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y los Bachilleres Auxiliares
que presten el servicio militar en la Institución.

ARTÍCULO 127. CATEGORIAS Y GRADOS. Para efectos de mando, régimen disciplinario, obligaciones
y derechos consagrados en este decreto, las categorías de oficiales, Suboficiales, Dragoneantes,
Alumnos y Auxiliares de Guardia comprenden los siguientes grados:

a) Categoría de oficiales:

1. Comandante Superior.
2. Mayor.
3. Capitán.
4. Teniente;

b) Categoría de Suboficiales:

1. Inspector Jefe.
2. Inspector.
3. Subinspector;

c) Categoría de Dragoneantes:

1. Dragoneantes.
2. Distinguidos;
[…]»

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al artículo 140 de la Ley 100 de 1993, al punto de que su situación prestacional
debía ser regulada especialmente de conformidad con los Decretos 407 de
1994 y 2090 de 2003.

Es decir, en este escenario de competencia del ad quem, no existe discusión
sobre la calificación como riesgosa de las funciones realizadas por el
pensionado al servicio del INPEC en virtud de la posición funcional de
dragoneante, pues la alzada solo se centra en el debate acerca del
cumplimiento de los requisitos por parte de este último para acceder a los
beneficios de la transición normativa y la consecuente aplicación de los
postulados pensionales de la Ley 32 de 1986.

Advertido lo anterior, el primer análisis que se logra desprender del contexto
fáctico y jurídico del sub examine, es que el señor Arguello Cortés
efectivamente era titular de los beneficios de la transición prevista en el artículo
168 del Decreto 407 de 1994, según la cual podía obtener el reconocimiento
de una pensión de vejez en aplicación de los postulados del artículo 96 de la
Ley 32 de 1986.

Al respecto se encuentra que, la primera norma en comento planteó lo
siguiente: «[…] los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y
carcelaria nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al instituto nacional penitenciario y carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo
96 de la ley 32 de 1986. […]».

Como se aprecia, el demandado antes del 21 de febrero de 1994 cuando entró
en vigencia el Decreto 407 de 199414, ya se encontraba vinculado al INPEC,
pues había sido nombrado como dragoneante desde el 1.° de agosto de 1986.
De hecho, lo cierto es que aquel había adquirido o consolidado válidamente
su derecho pensional desde el 1.° de agosto de 2006 cuando acreditó el
cumplimiento de 20 años de servicio oficial en actividades de alto riesgo, pues
conforme al artículo 96 de la Ley 32 de 1986, no debía demostrar ninguna
edad específica para acceder a la prerrogativa en mención.

No obstante, al margen de la prestación que en su momento el demandado ya
había estructurado a su favor, este solo reclamó el reconocimiento de la
pensión hasta el año 2010, es decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993 y del
Decreto 2090 de 2003 que derogó el artículo 168 del Decreto 407 de 1994.
Ahora, como se adujo con antelación, la segunda norma aludida contempló un
régimen de transición en su artículo 6.°, según el cual, a quienes resultaran
beneficiarios de sus postulados, les sería aplicable para el acceso al derecho
pensional en comento, el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, ello en punto a los
requisitos y monto.

En ese orden, a fin de determinar si el señor Arguello Cortés es beneficiario
del marco jurídico transicional del Decreto 2090 de 2003, y en consecuencia
verificar si en efecto era destinatario de las previsiones sobre pensión de
jubilación conforme a la Ley 32 de 1986, es pertinente recordar que con base
en lo expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, aquel debía
acreditar al 28 de julio de 200315 el cumplimiento de un mínimo de 500

14 Publicado en el Diario Oficial 41.233 del 21 de febrero de 1994.
15 Fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.

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semanas de cotización especial por actividades de alto riesgo, tal como lo
exige el primer inciso del artículo 6.° del decreto en mención.

Sobre el punto se destaca a partir del material probatorio recaudado que el
demandado, a la fecha previamente señalada, contaba con 896,27 semanas
de cotización derivadas de labores de alto riesgo desarrolladas al servicio del
INPEC como dragoneante desde el 1.° de agosto de 1986, ello para un tiempo
acumulado de 16 años, 11 meses y 27 días de servicio oficial. Al acreditar este
monto, claramente se superaron las 500 semanas mínimas requeridas en el
inciso primero del artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 para aplicar el régimen
de transición desarrollado en dicho precepto.

Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que en adición a la exigencia temporal
en comento, según lo precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado16
en casos similares al sub examine, sin tener en cuenta el parágrafo del artículo
6.° del Decreto 2090 de 2003 que incrementaba de manera desproporcionada
la carga de requisitos a los beneficiarios del aludido régimen de transición, lo
que también debían demostrar los reclamantes para consolidar su derecho
prestacional bajo la égida de la normativa anterior sobre pensiones de alto
riesgo como la consagrada en la Ley 32 de 1986, era acumular el «[…] número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 […]», el cual debe entenderse
para todos los efectos en un monto equivalente a 1.000 semanas.

Lo propio fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado 17 de
la siguiente forma:

«[…] Tal como indicó la Sección en la sentencia recién citada, la Sala considera que
el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000 semanas,
sin que aplique el aumento de estas, estipulado en la Ley 797 de 2003 al modificar el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Ello en virtud de que no es razonable ni
proporcional exigir el requisito de densidad de la Ley 797 ejusdem cuando las
previsiones de la norma anterior al Decreto en cita, esto es, el Decreto 1281 de
1994 exige 1000 semanas para causar el derecho y, según el caso concreto, una
edad de 55 años. […]». (Negrita fuera de texto).

De esta forma, en lo que respecta a la densidad de tiempo cotizado por el
particular demandado, se observa que para completar este requisito en
comento, a aquel le hacía falta un monto total de 104 semanas contadas desde
el 28 de julio de 2003 cuando acumulaba 896 semanas como se precisó
anteriormente. Por ello, al margen de haber demostrado más de 500 semanas
que lo hacían beneficiario de la transición aludida, lo cierto es que aún estaba
pendiente que realizara aportes por actividades de alto riesgo a lo largo de 1
año, 11 meses y 5 días (equivalentes a 104 semanas), tiempo que satisfizo
hasta el 3 de julio de 2005.

En suma, desde esta última data era viable considerar que el señor Arguello
Cortés colmaba las exigencias propias del artículo 6.º del Decreto 2090 de
2003, a fin de que fuera beneficiario de las condiciones normativas para el
reconocimiento de la pensión de jubilación especial contemplada en el artículo
96 de la Ley 32 de 1986, esto es, cuando lograra 20 de años de servicio
adscrito como servidor del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021,
demandante: María Yolanda Castañeda Orjuela, radicación: 17001-23-33-000-2016-00572-01(0614-20).
17 Idem.

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Nacional (consolidados el 1.° de agosto de 2006), sin que debiera demostrar
edad alguna.

De conformidad con lo expuesto hasta este punto, resulta evidente que el
demandado efectivamente fue beneficiario en su momento del régimen de
transición del artículo 168 del Decreto 407 de 1994, y en todo caso, también
lo fue respecto de las previsiones propias del artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003. Por ello, sin hesitación la Sala infiere que su pensión de jubilación
efectivamente debía reconocerse como lo determinó la UGPP a través de las
Resoluciones PAP 6635 del 19 de julio de 2010 y UGM 041394 del 2 de abril
de 2012.

Bajo tal intelección, la decisión de reconocimiento pensional efectuada por la
entidad demandante, se ajusta a derecho conforme a las consideraciones
esbozadas a lo largo de esta providencia, al punto de que los referidos actos
administrativos deben permanecer incólumes frente a su presunción de
legalidad, habida cuenta de que no existe duda de que el señor Arguello Cortés
sí es titular legítimo del derecho al pago de una pensión de jubilación especial
por actividades de alto riesgo como la que fue concedida.

 Sobre la liquidación pensional

Acerca de este punto es preciso señalar que en vista que el régimen especial
en materia pensional aplicable a los empleados del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria no contempló los factores a tener en cuenta para su
liquidación, se deberá atender a la remisión de los Artículos 114 de la Ley 32
de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, que señalan que en los aspectos no
previstos en ellas, se aplicarán las normas vigentes para los empleados
públicos nacionales.

Sin embargo, la norma vigente para los empleados del orden nacional a que
aluden los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994,
es la Ley 33 de 1985, canon que no aplica a los servidores cobijados por un
régimen especial, dada la exclusión expresa consagrada en el Artículo 1.°
inciso 2.º y por tanto, en cuanto a la forma de liquidación es necesario acudir
al Decreto 1045 de 1978.

Bajo estos supuestos, para determinar la forma y factores a tener en cuenta
para liquidar la pensión de jubilación del señor Arguello Cortés debe acudirse
a lo contemplado en el Artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 que a su tenor
señala:

«ARTÍCULO 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y
pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las
pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en
la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación y la prima técnica;

c) Los dominicales y feriados;

d) Las horas extras;

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e) Los auxilios de alimentación y transporte;

f) La prima de navidad;

g) La bonificación por servicios prestados;

h) La prima de servicios;

i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de
servicio;

j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;

k) La prima de vacaciones;

l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;

ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del Artículo 38 del Decreto 3130 de
1968.»

Como se observa, de los factores de salario enlistados en la norma precitada,
los percibidos por el demandado durante su último año de labor oficial, fueron
debidamente computados en la Resolución RDP 031901 del 15 de julio de
2013.

Ahora, en punto al supuesto yerro de la UGPP al computar un supuesto valor
inferior de la prima de vacaciones en el IBL de la pensión otorgada a la parte
reconviniente, se destaca que como lo halló el a quo, de la certificación de
salarios devengados suscrita por la coordinadora de tesorería del INPEC (folio
199, C1), aquel percibió el referido emolumento en una cuantía de $1.609.982,
valor que corresponde al mismo tenido en cuenta por la entidad demandante
en la Resolución precitada que es la que finalmente definió la situación jurídica
del señor Arguello Cortés de manera ajustada a la normativa aplicable.

En tal sentido, el demandado no tiene derecho a que se le reliquide su pensión
de jubilación con inclusión de más factores adicionales a los tenidos en cuenta
y sin ningún ajuste sobre el monto de la prima de vacaciones, pues este
corresponde al realmente devengado, certificado y probado en la actuación,
que equivale al verificado por la parte activa en los actos de determinación de
la prestación.

En conclusión: al demandado no le eran aplicables los requisitos y
condiciones propias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, a fin de verificar la normativa aplicable para el reconocimiento de su
pensión de jubilación, pues debido a su labor como miembro del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC, la cual implicaba actividades de alto riesgo,
el marco jurídico transicional que en realidad gobernaba su situación, era el
consagrado en el artículo 168 del Decreto 407 de 1994 y posteriormente el
previsto en el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003.

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Ahora, debido a que el demandado acreditó el cumplimiento de las exigencias
propias de la transición contemplada en las últimas dos normas referidas, se
colige que aquel había adquirido el derecho a que su prestación fuera
reconocida con base en los postulados del artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
tal como se determinó en cuanto a la liquidación por parte de la entidad
demandante en los actos administrativos reprochados, razón por la cual estos
deben entenderse ajustados a la ley respecto de los argumentos de anulación
esgrimidos en esta causa judicial, y por lo tanto, tendrán que permanecer en
el tránsito jurídico.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 20 de enero
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó las pretensiones
tanto de la demanda principal como de la de reconvención, ello habida cuenta
de que no prosperan los argumentos de los recursos de apelación formulados
por el demandado y la entidad demandante.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201618, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP19, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

18 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
19 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».

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Demandante: UGPP

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público20, tal como
acontece en el presente caso en el que una entidad estatal promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad con el fin de proteger el erario, por lo que no hay lugar a que esta
condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Tolima que denegó las pretensiones tanto de la
demanda principal como de la de reconvención, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra el señor Edilberto Arguello
Cortés y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

20 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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