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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00049-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00049-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Carlos Andrés Castro León, Camilo Ernesto Delgado Herrera, Víctor Julio Aiza Loaiza, Marco Tulio Quiroga Mendieta, Juan Evangelista Ávila Sánchez, Flavio Rosas Jurado y Víctor Hugo García Contreras en contra de la PGN, para en su lugar: Segundo. Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que profiera una decisión de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia planteada de conformidad con las consideraciones expuesta en la parte motiva de esta sentencia, dentro de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Radicado: 73001-23-33-000-2019-00049-01 (2468-2024) Demandante: Carlos Andrés Castro León y otros Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Aclara voto Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2019-00049-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00049-01 (2468-2024)
Demandante: Carlos Andrés Castro León, Camilo Ernesto Delgado Herrera,
Víctor Julio Aiza Loaiza, Marco Tulio Quiroga Mendieta, Juan
Evangelista Ávila Sánchez, Flavio Rosas Jurado y Víctor Hugo
García Contreras
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación1

Tema: Sanción disciplinaria

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. Carlos Andrés Castro León y otros3 presentaron demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo4, en
orden a que se declarara la nulidad de los actos disciplinarios de primera instancia
del 7 de diciembre de 2017 y de segunda del 20 de diciembre de 2018, proferidos
dentro del proceso con radicación IUS-2016-64816 / IUC-D-2016-86-844552 por la
Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Sala
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, mediante
los cuales se les impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de
concejales de Ibagué por un periodo de 9 meses.

1 En lo sucesivo PGN.
2 Folios 2 a 59 del tomo I.
3 Camilo Ernesto Delgado Herrera, Víctor Julio Aiza Loaiza, Marco Tulio Quiroga Mendieta, Juan

Evangelista Ávila Sánchez, Flavio Rosas Jurado y Víctor Hugo García Contreras.
4 En adelante CPACA.

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Demandante: Carlos Andrés Castro León y otros

2. A título de restablecimiento del derecho pidieron: (i) el reintegro al cargo que
desempeñaban como concejales de Ibagué, sin solución de continuidad; (ii) el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones que dejaron de percibir desde
el retiro hasta su reincorporación; y (iii) la desanotación de las sanciones
disciplinarias impuestas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. El 27 de febrero de 2014, Carlos Alberto Martínez solicitó a la PGN adelantar
una investigación disciplinaria en contra de los concejales de Ibagué, entre ellos los
demandantes, por haber elegido y posesionado a Ramiro Sánchez como contralor
municipal, pese a que se encontraba inhabilitado de conformidad con lo previsto en
los artículos 272 de la Constitución Política y 95 la Ley 136 de 1994.

3.2. El 31 de marzo de 2016, la Procuraduría Regional del Tolima abrió indagación
preliminar contra los concejales que votaron por Ramiro Sánchez y dispuso la
práctica de pruebas. Posteriormente, el 21 de marzo de 2017 citó a los investigados
a audiencia pública por las presuntas irregularidades relacionadas con la elección
de aquel como contralor municipal.

3.3. El cargo que se le formuló a los concejales fue «haber elegido y nombrado al señor
RAMIRO SÁNCHEZ, como Contralor Municipal de Ibagué, periodo 2016-2020, persona en
quien concurría inhabilidad en el ejercicio del cargo, al haberse desempeñado dentro de los
12 meses anteriores a su elección como Director Territorial Tolima de la Escuela Superior
de Administración Pública ESAP, cargo que respondiendo el ámbito del ejercicio de sus
funciones, entraña poder de dirección, manejo, mando– autoridad administrativa- en todo
el Departamento, incluyendo el municipio de Ibagué» [sic].

3.4. La falta endilgada fue calificada como gravísima a título de culpa grave.

3.5. Previo a continuar con las audiencias respectivas, los investigados solicitaron la
conformación de la sala territorial de conformidad con lo dispuesto en el reglamento
interno de la PGN; no obstante, el proceso fue remitido a Bogotá y se asignó a la
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.

3.6. A través de decisión del 7 de diciembre de 2017, el procurador primero delegado
para la vigilancia administrativa declaró probado el cargo endilgado a los concejales
y los sancionó con suspensión de 9 meses.

3.7. Inconformecon la anterior decisión, los actores interpusieron recurso de
apelación en su contra; no obstante, en segunda instancia se confirmó la decisión.

3.8. Antes de que se ejecutara la sanción, los concejales solicitaron que se adicionara
la decisión sancionatoria de segunda instancia al considerar que algunos de sus
argumentos de defensa no habían sido resueltos, y pidieron la aclaración de un
aparte relacionado con un eximente de responsabilidad analizado en la parte
considerativa; sin embargo, el 15 de enero de 2019 ambas peticiones fueron
negadas.

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1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Se citaron como tales los artículos 29, 40, 103, 277, 278 y 312 de la Constitución
Política; 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos5; 4 a 6, 9, 14,
20, 23, 28, 128, 142 y 243 de la Ley 734 de 2002; y 10 del CPACA; en su concepto,
porque:

4.1. Se vulneraron las disposiciones constitucionales que establecieron los derechos
políticos y los mecanismos de participación destinados a garantizarlos, toda vez que
los demandantes y sus electores confiaron en que el mandato otorgado no sería
truncado por hechos que no constituían actos de corrupción susceptibles de una
sanción como la que se cuestionaba.

4.2. La actuación de la PGN desconoció tanto el derecho de todo ciudadano a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder público como los
mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, los cuales
quedaron afectados con la decisión adoptada por la entidad demandada.

4.3. Los demandantes fueron elegidos concejales del municipio de Ibagué para el
período 2016-2019, circunstancia que exigía respetar la voluntad de los ciudadanos
que los eligieron. De igual forma, los derechos políticos que les asistían a los
disciplinados también amparaban a los ciudadanos que participaron en el proceso
electoral, cuyo ejercicio no se agotaba con el voto, sino que se proyectaba a lo largo
de las distintas etapas del mandato conferido.

4.4. El artículo 23 de la CADH estableció de manera expresa que la sanción a una
persona elegida por voto popular solo podía imponerse mediante sentencia penal o
por hechos de corrupción. Asimismo, la Sala Plena del Consejo de Estado, en
sentencia del 15 de noviembre de 2017 [radicación 2014-00360-01], precisó que la
PGN no tenía competencia para imponer medidas de esa naturaleza a servidores
elegidos por voto popular, de modo que la adoptada excedía los límites previstos en
el artículo 23.2 de la CADH.

4.5. Los actos acusados vulneraron los derechos a la igualdad y a la seguridad
jurídica, pues la PGN sancionó a los investigados con 9 meses de suspensión, en
su condición de concejales que eligieron a Ramiro Sánchez como contralor. No
obstante, con base en iguales hechos y pruebas, la autoridad absolvió a este último
de responsabilidad mediante decisión del 28 de noviembre de 2018. Por lo tanto,
resultaba incoherente el hecho de que, aunque las presuntas inhabilidades recaían
sobre aquel, este fuera exonerado y, un mes después, el 20 de diciembre de 2018,
los concejales fueran sancionados disciplinariamente por haberlo elegido.

4.6. La sanción impuesta a los demandantes tuvo origen en su participación y voto
en la elección de Ramiro Sánchez como contralor municipal, pese a que este último
se encontraba inhabilitado por mandato constitucional, conforme con el artículo 272
numeral 8, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015. Sin embargo, para la fecha
en que se realizó dicha elección, el Consejo de Estado aún no había reconocido la
aplicación de esa inhabilidad en el caso de los contralores. Solo hasta el 16 de junio

5 En adelante CADH.

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de 2016 [6 meses después de la elección del contralor de Ibagué] la corporación
adoptó ese criterio en el proceso relacionado con el contralor del municipio de Neiva,
oportunidad en la que configuró la nueva inhabilidad prevista en el Acto Legislativo
02 de 2015.

4.7. Los concejales actuaron bajo un error invencible, habida cuenta de la normativa
vigente en el momento de la elección, la jurisprudencia existente y la información
suministrada por la Universidad CUN, responsable del concurso de méritos. El
salvamento de voto del procurador que integró la Sala Disciplinaria evidenció, con
apoyo en precedentes del Consejo de Estado, que la inhabilidad solo fue definida
por la jurisdicción contenciosa en junio de 2016, es decir, con posterioridad a la
elección del contralor municipal.

1.2. Contestación de la demanda6

5. Laentidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente:

5.1. Los fallos disciplinarios
de primera y segunda instancia de la Procuraduría
Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Sala Disciplinaria de la PGN,
respectivamente, fueron expedidos en ejercicio de la potestad constitucional y legal,
y se encuentran ajustados a la realidad probada dentro del proceso.

5.2. La PGN adelantó la actuación disciplinaria contra los concejales del municipio
de Ibagué con fundamento en las facultades previstas en la Constitución y las
normas, orientadas a investigar irregularidades atribuibles a quienes ejercían
funciones públicas. Dichas facultades resultaban legítimas a la luz del artículo 277.6
de la Constitución, en tanto la acción disciplinaria buscaba garantizar los fines
esenciales del Estado y los principios de la función administrativa previstos en el
artículo 209 ibidem.

5.3. La Corte Constitucional, en la sentencia C-028 de 2006, definió la interpretación
de la potestad disciplinaria y de las sanciones de destitución e inhabilidad conforme
con el bloque de constitucionalidad. En esa decisión concluyó que tales medidas no
desconocían el artículo 23 de la CADH ni contrariaban los tratados internacionales.
Asimismo, reiteró que la competencia disciplinaria de la PGN, fijada en el artículo
277.6 de la C.P., se encontraba vigente y armonizada con las obligaciones
internacionales del Estado.

5.4. Acoger la tesis de la parte actora desconocería esa decisión de
constitucionalidad y habría generado un escenario de irresponsabilidad disciplinaria,
pues ningún otro órgano del Estado cuenta con competencia constitucional o legal
para asumir las investigaciones y decisiones derivadas de infracciones a los
deberes funcionales de los servidores públicos.

5.5. Noera procedente exigir igualdad entre situaciones jurídicas distintas. Los
concejales de Ibagué tenían la responsabilidad directa de elegir al contralor
municipal, mientras que Ramiro Sánchez participaba en calidad de candidato. Así
lo señalaron las decisiones disciplinarias, las cuales precisaron que no era posible

6 Folios 385 a 444.

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trasladar a la CUN, como contratista del proceso de selección, la obligación de
cumplir con las reglas de la convocatoria, cuyo acatamiento recaía sobre los
miembros del Concejo Municipal.

5.6. Propuso como excepción la innominada o genérica.

1.3. La sentencia apelada7

6. Mediante sentencia proferida el 22 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte demandada. Para el efecto, inaplicó por inconvencional el artículo
44-3 de la Ley 734 de 2002 y declaró la nulidad de los actos disciplinarios acusados.
Igualmente, ordenó ─como restablecimiento del derecho─ la supresión inmediata
de los antecedentes disciplinarios derivados de aquellas decisiones y condenó a la
entidad demandada al pago de los honorarios que los actores dejaron de percibir
durante el periodo comprendido entre el 13 de febrero y el 13 de noviembre de 2019,
debidamente indexados conforme con el IPC.

7. Luegode realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto,
fundamentó su decisión en lo siguiente:

7.1. Se acreditó que los demandantes fueron elegidos concejales del municipio de
Ibagué para el periodo 2016-2019 y suspendidos durante 9 meses por una falta
grave culposa derivada de la elección de Ramiro Sánchez como contralor municipal,
pese a que se encontraba inhabilitado. Esta sanción fue impuesta en primera
instancia el 7 de diciembre de 2017, por la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa, y confirmada en segundo grado por la Sala Disciplinaria
de la PGN el 20 de diciembre de 2018.

7.2. Con base en lo anterior, resultaba necesario determinar si la Procuraduría tenía
competencia para restringir los derechos políticos de los demandantes mediante la
suspensión del ejercicio del cargo.

7.3. Si bien la PGN tenía competencia para vigilar a los servidores públicos e imponer
sanciones, incluso aquellas que afectaban derechos políticos de funcionarios
elegidos popularmente, el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 era
incompatible con el artículo 23 de la CADH. Este tratado, al ser aprobado por
Colombia, imponía a las autoridades judiciales el deber de asegurar la primacía del
derecho convencional frente a normas internas contrarias a su objeto y fin.

7.4. Del análisis del artículo 23 de la CADH se concluyó que solo un juez penal,
mediante sentencia condenatoria proferida dentro de un proceso judicial, podía
restringir derechos políticos. De esta manera, la facultad disciplinaria prevista en la
Ley 734 de 2002 para imponer sanciones que afectaran tales derechos resultaba
contraria al tratado internacional.

7.5. LaCorte Interamericana de Derechos Humanos había precisado que los
Estados debían someterse a criterios de legalidad, finalidad, necesidad y
proporcionalidad al regular o limitar derechos políticos. Conforme con estos

7 Folios 601 a 616.

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parámetros, indicó que una autoridad administrativa no podía restringir derechos
políticos de servidores elegidos por voto popular, salvo cuando la conducta
constituyera un acto de corrupción definido conforme con los instrumentos
internacionales pertinentes8.

7.6. La Comisión Interamericana reiteró esta postura al analizar medidas cautelares
relacionadas con decisiones de la Procuraduría respecto del entonces alcalde de
Bogotá Gustavo Petro y señaló que la limitación de derechos políticos solo podía
derivarse de condena penal emitida por juez competente, como garantía del
principio democrático y del derecho de los electores a mantener el mandato
otorgado.

7.7. En este marco, el Consejo de Estado aplicó control de convencionalidad al
artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 y declaró la nulidad del acto disciplinario en
estudio, al concluir que la Procuraduría carecía de competencia para imponer
sanciones que limitaran derechos políticos cuando la conducta no constituía un acto
de corrupción. Verificó además que la Fiscalía General de la Nación había archivado
las actuaciones penales relacionadas con iguales hechos, lo cual descartó cualquier
imputación penal o vínculo con actos corruptos9.

7.8. El Consejo de Estado estableció que, en ausencia de conductas de corrupción,
la Procuraduría solo podía imponer sanciones distintas de la destitución, suspensión
o inhabilidad que afectaran el ejercicio de derechos políticos. Señaló asimismo que
la competencia para restringir tales derechos correspondía exclusivamente a un
juez penal, en concordancia con el artículo 23 de la CADH y con la salvaguarda del
principio democrático.

7.9. La Corporación aclaró que el control de convencionalidad tenía efectos inter
partes y no suprimía del ordenamiento la norma interna, toda vez que los jueces no
estaban facultados para expulsar disposiciones legales mediante este mecanismo.
No obstante, reiteró la obligación de dar prevalencia a la norma convencional frente
a la interna que resultaba incompatible.

7.10. Altratarse de una sentencia de unificación, su decisión adquirió fuerza
vinculante y fue aplicada en otros procesos similares. En ellos se reafirmó que,
cuando la conducta atribuida a un servidor elegido popularmente no configuraba un
acto de corrupción, procedía inaplicar por inconvencional la norma disciplinaria que
permitía imponer sanciones restrictivas de derechos políticos.

7.11. En cumplimiento de estas directrices, la Procuraduría expidió lineamientos
internos para que sus funcionarios impusieran a los servidores de elección popular
únicamente sanciones distintas de la destitución o la inhabilidad general, salvo que
los hechos investigados constituyeran actos de corrupción o se adecuaran
objetivamente a un tipo penal doloso.

7.12. Posteriormente, el legislador expidió la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 6 de agosto de 2008, caso Jorge

Castañeda Gutman contra Estados Unidos Mexicanos.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de noviembre

de 2017, radicación 110010325000201400360 00 (1131-2014).

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2094 de 2021, con la finalidad de otorgar funciones jurisdiccionales a la
Procuraduría para imponer sanciones restrictivas de derechos políticos. Sin
embargo, la Corte Constitucional declaró inexequibles dichas facultades, por lo que
se mantuvo la regla según la cual solo un juez penal podía imponer sanciones que
limitaran o suspendieran derechos políticos.

7.13. De acuerdo con lo expuesto, se evidenció una clara incompatibilidad entre el
artículo 44.3 de la Ley 734 de 2002, que asignaba competencia a la Procuraduría
para imponer sanciones restrictivas de derechos políticos a servidores elegidos
popularmente, y el artículo 23 de la CADH, que reservaba esa facultad al juez penal
mediante sentencia condenatoria. Lo anterior exigía acudir al control de
convencionalidad previsto en la Ley 319 de 1996 para inaplicar la norma interna y
garantizar la prevalencia del tratado, de modo que la autoridad administrativa no
restringiera los derechos políticos de los demandantes.

7.14. Eneste caso, se acreditó nuevamente que los demandantes, elegidos
concejales para el periodo 2016-2019, fueron suspendidos durante 9 meses
mediante los actos disciplinarios ya referidos, sin que existiera condena penal ni
evidencia de conductas de corrupción. En consecuencia, la Procuraduría carecía de
competencia para restringir sus derechos políticos.

7.15. El reintegro al cargo resultaba improcedente, pues era de elección popular cuyo
periodo constitucional, conforme con el artículo 312 de la Constitución, era de 4
años, el cual ya había finalizado para el momento en que se adoptaba la decisión.

7.16. Acorde con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General
del Proceso10, había lugar a condenar en costas a la parte demandada, pues la
actora debió desplegar una defensa técnica que intervino en las correspondientes
etapas procesales.

1.4. El recurso de apelación11

8. Laentidad demandada interpuso recurso de apelación y expuso como
argumentos para la revocatoria de la sentencia de primera instancia los siguientes:

8.1. El a quo fundamentó su decisión en la supuesta falta de competencia de la PGN
para investigar y sancionar disciplinariamente a los actores como concejales.
Sostuvo que la entidad no conservaba facultades para imponer medidas que
restringieran derechos políticos, pese a que el precedente constitucional establecía
lo contrario y reconocía la competencia disciplinaria del órgano de control respecto
de servidores de elección popular.

8.2. La Corte Constitucional había desarrollado una línea jurisprudencial sobre la
interpretación del artículo 23.2 de la CADH en relación con el régimen disciplinario
previsto en la Constitución Política. Desde la sentencia C-551 de 2003 reconoció su
fuerza normativa, pero indicó que debía entenderse de manera compatible con el
orden constitucional y con los límites razonables a los derechos políticos. En esa
decisión condicionó la exequibilidad de una inhabilidad aplicable a los servidores

10 En lo que sigue CGP.
11 Folios 624 a 632.

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públicos a que fuera impuesta por un juez penal cuando la conducta constituyera
delito, sin desconocer las demás competencias disciplinarias de la Procuraduría.

8.3. La sentencia C-028 de 2006 examinó la relación entre el artículo 23.2 de la
CADH y el artículo 277.6 de la Constitución Política. La Corte concluyó que la
potestad disciplinaria de la PGN no vulneraba el tratado, pues debía interpretarse
de forma armónica con otros instrumentos internacionales orientados a fines
legítimos, como la lucha contra la corrupción. Bajo ese entendimiento, la Carta
Política permitía la imposición de sanciones disciplinarias que incluyeran
inhabilidades y destituciones.

8.4. Esa línea se reiteró y consolidó en las sentencias SU-712 de 2013, C-500 de
2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-106 de 2018 y C-111 de 2019. En estas
decisiones la Corte sostuvo que: (i) el artículo 23 de la CADH debía interpretarse
sistemáticamente con la Constitución y el bloque de constitucionalidad; (ii) las
restricciones a derechos políticos impuestas por autoridades distintas de un juez
penal eran válidas cuando respetaran el debido proceso; (iii) la PGN ofrecía
garantías suficientes de independencia e imparcialidad; y (iv) no existía razón para
modificar ese precedente.

8.5. En la sentencia C-146 de 2021, la Corte Constitucional reiteró la vigencia del
precedente interno y precisó que el principio de jurisdiccionalidad exigía que las
sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad impuestas a servidores de
elección popular quedaran sometidas a control judicial a través del mecanismo de
revisión. La Corte reafirmó la competencia disciplinaria de la PGN en la sentencia
C-030 de 2023, en la cual armonizó el ejercicio de competencias administrativas
con la garantía del control jurisdiccional, sin desconocer la facultad sancionatoria de
la entidad.

8.6. La Ley 2094 de 2021 materializó ese deber de armonización al crear el recurso
extraordinario de revisión ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, aplicable
de manera automática e integral cuando la sanción disciplinaria afectara derechos
políticos. Conforme con este desarrollo normativo y jurisprudencial, la PGN
conservó plena competencia disciplinaria frente a funcionarios de elección popular.

8.7. El Consejo de Estado, en sentencia del 15 de noviembre de 2017 [radicación
11001032500020140036000], interpretó el artículo 277.6 de la Constitución en
armonía con el artículo 23 de la CADH y concluyó que la PGN mantenía la
competencia para investigar y sancionar funcionarios de elección popular. Esa
interpretación fue reiterada por la Corporación en la sentencia del 23 de julio de
2020 [radicación 110010325000201700073 00 (0301-2017)].

8.8. Para la época de los hechos, la PGN tenía competencia disciplinaria para
imponer sanciones a servidores elegidos mediante voto popular, conforme con la
Constitución, la ley, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia reiterada de
las altas cortes. En consecuencia, debía revocarse la sentencia apelada.

8.9. El «caso Petro» no podía servir de precedente para desestimar la competencia
de la Procuraduría, toda vez que este tuvo efectos inter partes, tal como lo reconoció
el Consejo de Estado en el proceso con radicado 11001-0325- 000-2012-00276-00

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(1016-20212).

8.10. La condena en costas resultaba improcedente, porque no se demostró su
causación y la entidad no incurrió en actuaciones dilatorias, de mala fe o temerarias.

1.5. Trámite de la segunda instancia

9. En auto del 17 de mayo de 202412 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada en los términos de la Ley 2080 de 2021 y se otorgó el
término previsto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 para que
las partes intervinieran. En esta oportunidad se pronunció la parte demandada y
reiteró los argumentos expuestos en las instancias procesales anteriores.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. La procuradora delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se revocara la
sentencia apelada, toda vez que el proceso disciplinario adelantado en contra de
los actores se encontraba debidamente ajustado a las disposiciones
constitucionales y legales que facultaban a la entidad demandada para sancionar a
los investigados por la conducta que les fue señalada en el pliego de cargos. Dicho
proceso reunía los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y en el
trámite se preservaron los principios que gobernaban el proceso disciplinario, entre
otros, el debido proceso, la legalidad, la congruencia, la ilicitud sustancial y la
motivación de las decisiones. Tales principios fueron acatados en su integridad,
motivo por el cual le asistía razón a la apelante.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problemas jurídicos

12. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿La PGN era competente para imponer sanción de suspensión del cargo
a los demandantes, en su condición de servidores de elección popular
como concejales del municipio de Ibagué?

(ii) ¿Era procedente la condena en costas de primera instancia?

13. Para resolver los anteriores cuestionamientos, se abordará el marco normativo y

12Samai, índice 3, actuación «Auto que admite recurso de apelación», documento «4Auto que
admite_24682024Admiterecurs(.pdf) NroActua 3».

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jurisprudencial y el caso concreto en cada tema.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Principios constitucionales del derecho disciplinario y el principio de
legalidad

14. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora administrativa
es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta, fundamentalmente,
en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y correccional13. Para que esta
potestad se pueda concretar, se requiere que para imponer una sanción se cumpla
con las garantías del debido proceso.

15. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su turno, la
Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización.

16. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso»14,
así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó solo al
legislador para que establezca qué conductas constituían una infracción de carácter
disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento que considera
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»15

17. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o sujeto
pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la falta
que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador «definir de forma abstracta y
objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones
públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
sido encomendado o por el abuso de su ejercicio16»17.

18. Es decir que este principio comprende dos garantías18: la primera, de orden material
y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén previamente
consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se concreta en
que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual podrá hacer
remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados los elementos
estructurales de la conducta antijurídica»19.

19. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el

13 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
14 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00

(2388-2010).
15 Sentencia C-135 de 2016.
16 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las

autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
17 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
19 Ibidem

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legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar un
servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente20:

«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la
relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la
efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una relación
de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de
funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.

El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la autoridad
cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se encuentra en el
derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar descritos los
comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor flexibilidad al
concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga un listado
detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de falta21; como
consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista constitucional22, la
inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la formulación de los tipos abiertos
y en blanco que están redactados con una amplitud tal que hace necesario remitirse
a otras normas en las que se encuentren consagrados los deberes, las funciones o
las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso
de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la
conducta investigada se subsume en la descrita por la ley».

20. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada apuntó
a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las
remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurarles», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador disciplinario
establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el principio de legalidad
previsto en el artículo 29 superior.

21. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco, también
explicó está Sección23:

«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818 de
200524, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un
listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un
complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se
consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina
por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento
de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria».

En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que
apunta a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su

20 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
21 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las

conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»21,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
22 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-

393 de 2006.
23 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
24 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.

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sentido25 bajo la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas
precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos
aspectos de los que adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al
campo disciplinario, según lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.

No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar
que los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su alcance26,
mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto, como lo ha
definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha determinado de manera
completa la materia de la prohibición, correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia
de la prohibición no está descrita en forma total y exhaustiva por medio de elementos
objetivos”27, afirma Hans Welzel»28. Es así como los tipos en blanco se han incluido
en la clasificación de tipos según su estructura formal29, mientras que los abiertos
ingresan en la división según su contenido30».

22. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de manera precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación entre la conducta y la
sanción.

2.3.2. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios

23. El Consejo de Estado en sentencia de unificación del 9 de agosto de 2016 [11001-
03-25-000-2011-00316-00(SU)] estudió la legalidad de las sanciones disciplinarias
proferidas por la PGN en contra de Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó la
postura respecto de los actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el
sentido que corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo efectuar
un control integral de los actos sancionatorios, respecto de lo cual se precisó:

«Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo
es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto
administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La
existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de
ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la
valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en
el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite
procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el
amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo
contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también
garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios
que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es
garante de la tutela judicial efectiva».

24. Con estos fundamentos, la Sala Plena de lo Contencioso de este órgano colegiado,
estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos

25 Ver la sentencia 404 de 2001.
26 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
27 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
28 Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
29 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
30 Ibidem p.118.

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proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de
2002, en los siguientes términos:

1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial
integral31 de los actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares
de la acción disciplinaria regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela
judicial efectiva.

2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye
el recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos».

25. Conforme con lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial de la
persona sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política el respeto de
la dignidad humana, el trabajo, asegurando dentro los fines la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo.

2.3.3. La competencia de la PGN para imponer sanciones disciplinarias a
servidores elegidos popularmente

26. La Corte Constitucional en las sentencias C-030 de 2023 y SU-381 de 2024
consideró que la prevalencia de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos [CADH] se derivaba del artículo 93 de la Constitución, pero que ello no
implicaba la subordinación de la Carta Política a su contenido. En su criterio, no
existía una relación de jerarquía entre ambos instrumentos jurídicos, sino de
complementariedad y coordinación, pues la CADH no podía concebirse como
norma supraconstitucional ni las decisiones de la CIDH hacían parte del bloque de
constitucionalidad, de manera que se presentaban como criterios hermenéuticos
relevantes que debían ser considerados para resolver sobre la exequibilidad de las
normas internas.

27. A partir de lo anterior y, a pesar de que la convención expresamente dispuso que
solo el juez penal podía restringir los derechos, hizo una interpretación del art. 23.2
de la CADH y el bloque de constitucionalidad para precisar que el entendimiento
que permitía armonizar ambos postulados «corresponde a que la restricción o limitación
temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección popular, en ejercicio de sus
funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de manera definitiva por un juez
de la República de cualquier especialidad, con las excepciones constitucionales».

28. En criterio de la Sala, debe atenderse que de conformidad con la Convención de
Viena del 23 de mayo de 196932, sobre el derecho de los tratados, un Estado adquiere
obligaciones en el ámbito internacional a través de la ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión, según el caso. Dicho instrumento define este acto
internacional como aquel «por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado»33.

29. En el mismo sentido, esta convención señaló, en su parte II, artículo 11, que un

31 «El concepto de “control judicial integral” se entiende de conformidad con los parámetros
señalados en la parte motiva de la providencia»
32 Ratificado por Colombia a través de la Ley 32 de 1985 «Por medio de la cual se aprueba la

"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados", suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969»
33 Parte I, numeral 1, literal b).

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Estado puede manifestar su consentimiento para adquirir obligaciones en virtud de un
tratado «mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación,
la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido», aspectos que se abordan igualmente en el artículo 14.

30. Tal y como se deduce de lo anterior, la manifestación del consentimiento de un
Estado frente a la comunidad internacional respecto de un instrumento jurídico implica
que asume la obligación de observar y respetar la materia objeto de acuerdo. Así se
desprende del numeral 26 de la Convención de Viena, al referirse al contenido del
principio pacta sunt servanda, para señalar que «[t]odo tratado en vigor obliga a las partes
y debe ser cumplido por ellas de buena fe». En consecuencia «[u]na parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado»34,
salvo que exista un vicio de competencia para efectuar tal declaración.

31. En estos términos, al momento de suscribir el Pacto de San José de Costa Rica del
22 de noviembre de 1969: Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Colombia declaró que reconocía como «obligatoria de pleno derecho y sin convención
especial, la competencia de la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] sobre todos los
casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención»35 y se comprometió a
cumplir las decisiones de aquella Corte en los casos por ella decididos en los que
hubiera sido parte36.

32. Ello se ratificó en los artículos 9 y 93 de la Constitución Política de 1991 al reconocer
los principios del derecho internacional aceptados por Colombia y disponer que «[l]os
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia».

33. En efecto, esta interpretación se acompasa con el control de convencionalidad que
fue desarrollado en la sentencia Almonacid Arellano y otros vs. Chile del 26 de
septiembre de 2006, en la cual se estableció que la obligación del artículo 2 de la
convención los Estados parte se comprometían a adoptar con arreglo a sus
procedimientos constitucionales las disposiciones de la convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades, la cual se extendía a los funcionarios judiciales cuando aquellos fallaran
en su tarea de «suprimir y/o no adoptar las leyes contrarias» a esta, pues permanecía
vinculado al deber previsto en el artículo 1.1 y, por consiguiente, «debía abstenerse de
aplicar cualquier normativa contraria a ella». A esta precisión siguió lo que se transcribe:

«124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos

34 Artículo 27
35 Artículo 62 de la CADH Artículo 62. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de

su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia
de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 2. La
declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo
determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización
y al Secretario de la Corte. 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a
la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre
que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.»
36 «Artículo 68. 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la

Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la
ejecución de sentencias contra el Estado».

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al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer
una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.» [se resalta]

34. Este concepto de control de convencionalidad y el pronunciamiento citado ha
generado que la doctrina considere que la idea de convencionalidad que se articula
de manera sistemática a los ordenamientos internos cause un «vinculante régimen
jurídico que garantiza una vigencia, interpretación y aplicación homogénea y estandarizada en
materia de derechos humanos»37, pero debe interpretarse como un ordenamiento jurídico
objetivo o de subsunción y sustancial, en razón a que la convención «configura un marco
[...] de derechos y garantías al cual se encuentran sujetos y vinculados todos los poderes u
órganos de los Estados miembros»38, de conformidad con el artículo 1.1 que es la base
para la subordinación a las reglas convencionales.

35. En línea con lo anterior, las autoridades nacionales deben dar estricto cumplimiento
a los estándares determinados por la interpretación de la Corte Interamericana, en
razón a que esta, en virtud del artículo 93 de la Constitución, conforme con el
ordenamiento jurídico interno es «un solo marco protector de derechos39»40. Ello, también
fue expuesto por la CIDH al indicar que «los jueces y órganos vinculados a la
administración de los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de
convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes»41.

36. En suma, el control de convencionalidad consiste en la verificación de las normas
y actos de un Estado parte con la Convención Americana de Derechos Humanos, la
cual debe ser ejercida por toda autoridad pública en el marco de sus competencias y
las regulaciones procesales y para ejercerlo debe tener en cuenta no solo el texto
convencional, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como su intérprete.

37. Ello, sin que se deje de lado la importancia de distinguir entre el Estado que es
parte en el caso sometido a su jurisdicción y el que no lo es. Para el primero de los
casos los artículos 66, 67 y 68 de la Convención disponen que el fallo será motivado,
definitivo y que el Estado se compromete a cumplir con la decisión, la cual, no solo
es exigible respecto de la parte resolutiva, sino que si en ella se refiere a las
consideraciones también debe atenderse a tal motivación, comoquiera que el

37 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. El concepto de Convencionalidad. Vicisitudes para su
construcción sustancial en el sistema interamericano de derecho humanos. Ideas fuera rectoras.
Universidad Externado de Colombia, 2ª Ed., 2018.
38 Ibidem.
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amonacil Arellano, 125; Gelman 197; Masacre de

Santo Domingo 187.
40 Op. Cit. 8.
41 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México,

26 de noviembre de 2010.

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razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte integral
del fallo y constituye un todo, adquiriendo la sentencia el carácter de cosa juzgada
internacional para el Estado que ha sido parte en la controversia y la norma
convencional interpretada adquiere vinculatoriedad para todos sus órganos y
autoridades.

38. Para el segundo de los casos, en el cual el Estado no es parte del caso sometido
a su jurisdicción, la Corte Interamericana ha señalado que por el solo hecho de ser
parte en la Convención, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos están
obligados por el tratado, por lo que, deben ejercer en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de
convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas internas en lo que se
refiere a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación,
juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos teniendo en
cuenta el propio tratado y según corresponda sus precedentes o lineamientos
jurisprudenciales42.

39. Lo anterior es una expresión del principio de complementariedad del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y de la obligación de los Estados de cumplir
de buena fe los tratados y, en el caso de la Convención, de ejercer un control de
convencionalidad de su ordenamiento interno con las disposiciones del texto
convencional para evitar potenciales violaciones de derechos humanos y la
consecuente responsabilidad internacional, comoquiera que son los Estados los
primeros llamados a proteger los derechos humanos de las personas dentro de su
jurisdicción y en caso de violación de estos deben solucionarse internamente y solo
en caso contrario someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en forma complementaria, le compete a esta pronunciarse,
pero, en todo caso, el control de convencionalidad es obligatorio para todas las
autoridades en virtud de la ratificación del tratado y la aceptación de la competencia
de las instancias internacionales.

40. Por lo anterior, si el Estado colombiano asumió la obligación de cumplir con la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y reconoció como «obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención», así como el imperativo de
cumplir con las decisiones de la CIDH en los casos en los que fue parte [art. 68 de la
CADH], frente a cada caso concreto el juez también está llamado a verificar el
cumplimiento de las órdenes internacionales a través del respectivo control de
convencionalidad.

41. Y es que, advierte la Sala que, a pesar de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de
septiembre de 2024 presentó las observaciones al cumplimiento de la sentencia del
caso 13.044 -Petro Urrego vs Colombia- en las que se examinó el contenido de la
sentencia C-030 de 2023 y precisó que «el estándar interamericano no se refiere a que
la sanción disciplinaria y para funcionarios que se encuentran ejerciendo el cargo en el cual
fueron sancionados, sea ejecutoriada por autoridad judicial. La adecuación ordenada al
Estado se refiere a la imposición de una sanción penal, no así a que su ejecutabilidad sea
revisada y avalada por autoridad judicial». En ese marco, la Comisión sostuvo que,

42 Caso Gelman Vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

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desde su valoración, las medidas adoptadas por el Estado no satisfacían
plenamente lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más
adelante sostuvo:

«En vista de esto, la Comisión reitera que el Estado aún no ha adecuado la
legislación colombiana a los parámetros establecidos en la Sentencia de la
Honorable Corte. Actualmente en Colombia, mediante la aplicación de la
normativa vigente persiste la posibilidad de sanción de inhabilitación o
destitución de funcionario público democráticamente electo por vía de
autoridad administrativa y no por “condena, por juez competente, en el
proceso penal” contrariando el artículo 23.2 de la Convención Americana y su
objeto y fin. Es decir, los y las funcionarias pueden continuar siendo
sancionados inicialmente con pena de inhabilitación o destitución mediante
decisiones disciplinariamente emitidas por la Procuraduría General de la
Nación, sin perjuicio de que dichas decisiones deban ser revisadas por el
Consejo de Estado».

42. Ello corrobora que, en escenarios en los que el ordenamiento interno presenta
tensiones frente a los mandatos internacionales, el control de convencionalidad
adquiere especial relevancia como herramienta interpretativa y de armonización del
derecho interno con las obligaciones internacionales, a través de la cual puede
examinarse la competencia de la PGN a la luz del ordenamiento internacional, de
manera sistemática y coordinada con el sistema jurídico interno y el ordenamiento
constitucional vigente.

43. Lo anterior parte de que, por mandato de la Constitución Política, existe una
sujeción del Estado colombiano a la Convención Americana, como bien lo ha
sostenido la doctrina43 al señalar que, según el derecho internacional, «las obligaciones
que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su
incumplimiento el derecho interno»44, y que, a la luz de la jurisprudencia de la corporación
supranacional, «[u]na norma jurídica nacional que sea manifiestamente contraria con la
letra y el espíritu de la convención americana y que afecte los derechos consagrados en
ella, constituye per se una violación a la constitución que genera responsabilidad del Estado
y por lo tanto carece en absoluto de efectos jurídicos», sin perjuicio de la observancia de
los precedentes constitucionales obligatorios que han definido el alcance actual de las
competencias de los órganos del Estado.

44. La Sala no pasa por alto que, a través de distintas sentencias, por ejemplo, las
SU-381 y 382 de 2024, la Corte Constitucional ordenó a esta Subsección proferir
sentencia de reemplazo en aquellos casos en los que se declaró la nulidad de unos
actos administrativos por considerar que la PGN no tenía competencia para imponer
sanciones a servidores elegidos popularmente, razón por la cual se procederá a
resolver los cargos de la apelación.

45. En este contexto, resulta relevante señalar que la Sección Tercera, Subsección
B, del Consejo de Estado, al conocer la acción de tutela promovida por la PGN
contra una decisión adoptada por esta Sección el 26 de junio de 2024 45, dictada en
un asunto con supuestos fácticos y jurídicos análogos al presente, dejó sin efectos

43 Op. Cit. 8.
44 Ibidem.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2025, M.P.

Jorge Edison Portocarrero Banguero.

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Demandante: Carlos Andrés Castro León y otros

dicha providencia mediante sentencia del 24 de febrero de 2025 46. En esa
oportunidad, se concluyó que para la fecha en que se profirieron las decisiones
administrativas sancionatorias ya se encontraba consolidada la postura de la Corte
Constitucional que reconocía la competencia de la PGN para imponer sanciones de
destitución e inhabilidad a los servidores públicos elegidos por voto popular, por lo
cual debía respetarse dicho entendimiento al efectuar el respectivo control de
convencionalidad y legalidad.

2.4. Caso concreto

46. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

46.1. El 24 de febrero de 2016, Carlos Alberto Martínez solicitó a la PGN que se
adelantara una investigación disciplinaria en contra de los concejales de Ibagué
periodo 2016-2019, dentro de los cuales se encontraban los demandantes, por
haber vulnerado el régimen de inhabilidades al haber elegido a Ramiro Sánchez
como contralor municipal, quien se encontraba inhabilitado de conformidad con lo
previsto en los artículos 272 de la Constitución Política y 95 de la Ley 136 de 1994,
porque se desempeñó como director territorial de la ESAP Tolima durante el año
inmediatamente anterior a su designación, la cual fue el 9 de enero de 201647.

46.2. En virtud de lo anterior, el 31 de marzo de 2016 la Procuraduría Regional del
Tolima ordenó abrir investigación en contra de los concejales del municipio de
Ibagué, bajo el radicado IUS 2016-64816 IUC-D-2016-86-844552. Asimismo, se
dispuso la práctica de pruebas48.

46.3. Por medio de auto del 11 de mayo de 2016 se decretó por parte del funcionario
instructor la práctica de pruebas en etapa de indagación49.

46.4. El 21 de marzo de 2017, la Procuraduría Regional del Tolima resolvió tramitar
la actuación a través del procedimiento verbal y convocar a audiencia pública a los
concejales de Ibagué periodo 2016-2019, en los que se encontraban los
demandantes, por las posibles irregularidades en las que habrían incurrido al haber
elegido Ramiro Sánchez como contralor municipal. Como cargo único se formuló el
siguiente50:

«CARGO ÚNICO […]

Se reprocha a ustedes, señores VICTOR JULIO ARIZA LOAIZA, JUAN
EVANGELISTA AVILA SANCHEZ, JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES,
CARLOS ANDRES CASTRO LEON, CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA,
VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, HAROL OSWALDO LOPERA
RODRIGUEZ, HASBLEDY MORALES LOZANO, ERNESTO ORTIZ AGUILAR,
LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, CARLOS ANDRES PORTELA
CALDERON, HUMBERTO QUINTERO GARCIA, MARCO TULIO QUIROGA
MENDIETA, FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO, OSWALDO RUBIO MARTINEZ

46 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de febrero de 2025,
radicación 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado) 11001-03-15-000-2024-03980-00 11001-
03-15-000-2024-04285-00 11001-03-15-000-2024-05727-00, M.P. Alberto Montaña Plata.
47 De conformidad con el fallo sancionatorio del 7 de diciembre de 2017 de la Procuraduría Primera

Delegada para la Vigilancia Administrativa. Folios 86 a 134.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Folios 61 a 85.

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y WILLIAM SANTIAGO MOLINA en sus calidades de Concejales de la ciudad de
Ibagué, periodo 2016-2019, haber elegido y nombrado al señor RAMIRO
SANCHEZ como Contralor Municipal de Ibagué, periodo 2016-2020, persona en
quien concurría inhabilidad para el ejercicio del cargo, al haberse desempeñado
dentro de los 12 meses anteriores a su elección como Director Territorial Tolima
de la Escuela Superior de Administración Publica, ESAP, cargo que respondiendo
al ámbito del ejercicio de sus funciones, entraña poder de dirección, manejo,
mando - autoridad administrativa - en todo el Departamento, incluyendo el
municipio de Ibagué» [sic].

46.5. Mediante fallo disciplinario del 7 de diciembre de 201751, la Procuraduría
Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, dentro del proceso con radicado
IUS-2016-64816 IUC-D-2016-86-844552, sancionó a los demandantes en sus
calidades de concejales del municipio de Ibagué y los suspendió 9 meses en el
ejercicio del cargo, por la falta grave a título de culpa por haber elegido a Ramiro
Sánchez como contralor municipal, sobre quien recaía una inhabilidad. En esta
providencia se consideró lo siguiente:

«En ese orden de ideas, consideró el Consejo de Estado que encontrándose
probado que el señor Ramiro Sánchez ostentó y ejerció autoridad administrativa
en el municipio de Ibagué dentro del año anterior a su elección como contralor
municipal, quedaba comprobada su incursión en las inhabilidades preceptuadas
tanto en el artículo 272 de la Constitución Política como en el numeral 2º del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000.

Puntualizado lo anterior, y de cara a la conducta endilgada a los disciplinados, se
tiene como un hecho probado y sobre esto no cabe discusión, que al momento en
que se llevó a cabo la elección del señor Ramiro Sánchez como Contralor
Municipal se encontraba inhabilitado para el ejercicio de este cargo, en los
términos establecidos en el artículo 272 de la Constitución Política, así como en
el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37
de la Ley 617 de 2000, toda vez que en el año inmediatamente anterior fungió
como Director Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP,
cargo en el cual ejerció autoridad administrativa en el departamento del Tolima y
que pertenecía al nivel directivo de la entidad, y en consecuencia, se entrañaba
funciones de dirección, manejo y mando en el departamento, incluido el municipio
de Ibagué.

Por tal motivo, considera este Despacho probado el primero de los elementos
constitutivos de la falta disciplinaria enrostrada a los investigados, el de tipicidad
o legalidad, pues al realizarse el juicio de adecuación típica, que no es cosa
diferente a confrontar la acción con la descripción legal, surge sin asomo de duda
que efectivamente los señores Víctor Julio Ariza Loaiza, Juan Evangelista Ávila
Sánchez, Jorge Luciano Bolívar Torres, Carlos Andrés Castro León, Camilo
Ernesto Delgado Herrera, Víctor Hugo Gracia Contreras, Harol Oswaldo Lopera
Rodríguez, Hasbledy Morales Lozano, Ernesto Ortiz Aguilar, Linda Esperanza
Perdomo Ramírez, Carlos Andrés Portela Calderón, Humberto Quintero García,
Marco Tulio Quiroga Mendieta, Flavio William Rosas Jurado, Oswaldo Rubio
Martínez y William Santiago Molina, en su condición de Concejales de la ciudad
de Ibagué, eligieron y nombraron a Ramiro Sánchez como Contralor Municipal,
periodo 2016-2020, persona que se encontraba inhabilitada para el ejercicio del
cargo» [sic].

46.6. El 20 de diciembre de 2018, la Sala Disciplinaria de la PGN, emitió fallo de
segunda instancia dentro del proceso disciplinario seguido en contra de los
demandantes y confirmó la sanción de suspensión de 9 meses impuesta a los

51 Folios 86 a 134.

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concejales del municipio de Ibagué por parte de la Procuraduría Primera Delegada
para la Vigilancia Administrativa el 7 de diciembre de 201752. En esta providencia
se señaló lo siguiente:

«Según lo señalado en el citado fallo judicial se configuró la inhabilidad establecida
en el inciso 8° del artículo 272 de la Constitución Política modificado por al Acto
legislativo 02 de 2015 ya que el demandado se desempeñó en el cargo de Director
Territorial del ESAP dentro del año anterior a su elección, con lo cual se satisface
el elemento objetivo de la falta disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002, en tanto los disciplinados eligieron como contralor a una
persona incursa en causal de inhabilidad.

Por tanto, no existe duda que los concejales disciplinados eligieron a un ciudadano
que se encontraba inhabilitado para ocupar el cargo de contralor municipal,
inhabilidad que se sustenta en la siguiente normatividad, allende la claridad antes
indicada […].

Por consiguiente, es apenas lógico concluir que para el momento de la elección
cuestionada, los concejales de Ibagué tenían la real posibilidad de vislumbrar que
el cargo desempeñado por el señor Ramiro Sánchez, como Director Territorial
Tolima de la Escuela de Administración Pública ESAP, dentro de los 12 meses
anteriores a su elección entrañaba poder de dirección, manejo y mando en la
jurisdicción de la Dirección Tolima de la ESAP, que comprendía el municipio de
Ibagué, estando legalmente facultado para celebrar contratos o convenios, tal y
como bien lo refirió el Consejo de Estado, circunstancia fáctica que se adecua al
supuesto de hecho previsto en las normas que soportaron el juicio de adecuación
típica realizado por el a quo» [sic].

46.7. El procurador Jaime Mejía Ossman salvó voto frente a la anterior providencia
con fundamento en los siguientes argumentos53:

«El error en que incurrieron los concejales disciplinados, claramente que fue de
las características de INVENCIBLE, porque así hubiesen acudido solamente a la
redacción literal de las normas y/o a un concepto del Departamento Administrativo
de la Función Pública, como lo consideró el a quo, de tal actuar no hubieran
llegado al alcance de la aplicabilidad de las referidas causales de inhabilidad,
porque solo vino a decantarse con plena claridad, alrededor de cinco meses
después; por parte del Consejo de Estado, precisamente analizando el caso de
marras. Así que, del error no hubieran podido salir los disciplinados para el 9 de
enero de 2016, racionalmente hablando.

Aquí nos valemos igualmente de la posiciones jurisprudenciales que en anterior
capítulo trajimos, como también lo hizo certeramente el fallador de primera
instancia, para resaltar en este momento, que el lema de las causales de
inhabilidad aquí cuestionadas no fue pacífico durante largo tiempo, lo que
constituye un elemento más para entender configurada la causal de exclusión de
responsabilidad (error de prohibición con la calificación de invencible),
compartiendo igualmente la tesis expuesta por uno de los defensores técnicos, en
la que tomando como fundamento varias posiciones del Consejo de Estado mostró
que se llegó a idéntica conclusión, esto es, que exigir más allá de lo que hicieron
los hoy disciplinados se tornaría irracional para derivar responsabilidad
disciplinaria.

En efecto, el estudio mínimo que echó de menos el fallador de primera instancia,
si lo hicieron los disciplinados, pero así se hubiese demostrado que tal labor fue
de otra complejidad, más profunda, no hubieran llegado a encontrar el alcance
que le dio el Consejo de Estado para determinar dichas inhabilidades, pues ello
ocurrió en fecha posterior, bajo la égida de un alcance sistemático de la

52 Folios 135 a 172.
53 Folios 173 a 211.

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modificación constitucional; en otras palabras, esta Sala Disciplinaria concluye
que los disciplinados actuaron como de ellos se esperaba, en su condición de
cualquier concejal con el deber constitucional y legal de elegir a un contralor
municipal, para el 9 de enero de 2016; se cercioraron con los elementos que tenían
a su alcance de la ausencia de inhabilidad en el señor RAMIRO SÁNCHEZ,
fundamentalmente de lo regulado en las respectivas normas constitucionales y
legales, en concordancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, vigente
para dicha época.

Exigirles un comportamiento distinto sería absolutamente irracional, más aún para
aquellos concejales que no son abogados, como por ejemplo, el caso de los
señores VICTOR JULIO ARIZA LOAIZA, quien es administrador de empresas,
WILLIAM SANTIAGO MOLINA, quien es retirado del ejército Nacional, sin otra
profesión y FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO, quien es ingeniero de sistemas.

Es importante recalcar, tal y como se alegó, que para la Sala. Disciplinaria es
admisible la postura de la defensa técnica de los disciplinados, en el sentido de
que no era exigible para ellos acudir a un concepto del Departamento
Administrativo de la Función Pública, porque el corto tiempo que tenían para
proceder a la elección no hacía viable tal actuación, sumado a que contaron con
el concepto de un experto, que en el contexto en que ocurrieron los hechos, era
viable para efectos del cumplimiento de su deber funcional. Sin olvidar lo ya
considerado en esta providencia, esto es, que si así lo hubieran hecho, el concepto
de dicha entidad les hubiera confirmado el entendimiento que tuvieron de la
ausencia de inhabilidad en cabeza del señor RAMIRO SÁNCHEZ.

Para no desatender otro de los puntos de disenso y solo para responder el
argumento, porque fue expuesto por varios de los concejales, se deja claro que
en los certificados de antecedentes disciplinarios que tuvieron los concejales a la
vista, porque reposaban en las hojas de vida de los aspirantes, no podían aparecer
anotaciones relacionadas con las inhabilidades aquí cuestionadas (constitucional
y legal), así que no es un postulado válido para atender en esta instancia.

En conclusión, la Sala Disciplinaria reconoce esta causal como eximente de
responsabilidad, aceptando los argumentos expuestos por los defensores
técnicos y por los disciplinados que actuaron en causa propia.

Habida cuenta que la incursión en este eximente impone relevar de
responsabilidad disciplinaria a los concejales investigados, por economía
procesal, so pena de un desgaste innecesario, la Sala Disciplinaria se abstendrá
de analizar los restantes argumentos expuestos en esta instancia, incluidos los
que tienen que ver con la otra causal de alegada (artículo 28, numeral 2º de la Ley
734 de 2002) y los postulados que a manera de pregunta formuló el doctor
SEGOVIA ARMENTA» [sic].

46.8. La Procuraduría Regional del Tolima, dentro del proceso disciplinario con
radicado IUC 2016-86-831323 del 28 de noviembre de 2018, seguido en contra de
Ramiro Sánchez, sobre quien recaía la inhabilidad, lo absolvió de responsabilidad
disciplinaria, al concluir que tuvo un comportamiento cuidadoso que dio lugar a
descartar la culpa gravísima54.

2.4.1. Análisis sustancial del caso concreto

47. En el presente asunto, los demandantes pretenden la nulidad de los fallos
sancionatorios del 7 de diciembre de 2017 y 20 de diciembre de 2018, proferidos
por Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Sala
Disciplinaria de la PGN, respectivamente, a través de los cuales fueron suspendidos

54 Folios 257 a 283.

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por el término de 9 meses en el ejercicio de sus cargos de concejales del municipio
de Ibagué, por la conducta tipificada como falta grave en el numeral 9 del artículo
43 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior, por haber participado en la elección como
contralor municipal de Ramiro Sánchez, quien estaba inhabilitado para ejercer tal
cargo.

48. En primera instancia el Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 22 de
febrero de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo
cual declaró la nulidad de los fallos disciplinarios acusados y ordenó, como
restablecimiento del derecho, la supresión inmediata de los antecedentes
disciplinarios derivados de dichos fallos y condenó a la entidad demandada al pago
de los honorarios que los actores dejaron de percibir durante el periodo
comprendido entre el 13 de febrero y el 13 de noviembre de 2019, debidamente
indexados conforme con el IPC. En esta decisión el Tribunal inaplicó por
inconvencionalidad y con efectos inter partes el artículo 44-3 de la Ley 734 de 2002.

49. Lo anterior, al considerar el Tribunal que la PGN carecía de competencia para
imponer sanciones que restringieran derechos políticos a servidores públicos de
elección popular, en ausencia de condena penal y de conductas calificables como
actos de corrupción. Con fundamento en el artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el a quo concluyó que la suspensión impuesta a los
demandantes desconocía el derecho a elegir y ser elegido y, en consecuencia,
prescindió del examen de los restantes cargos formulados en la demanda, lo que
impidió un pronunciamiento integral sobre la legalidad de los actos acusados y
restringió el ámbito de la controversia a un único problema jurídico.

50. Ahora bien, esta Subsección, en sentencia del 10 de abril de 2025 55, al decidir
un caso con supuestos fácticos idénticos a los del presente proceso, se detuvo de
manera expresa en la competencia de la PGN y resolvió de fondo la controversia,
con base en el entendimiento jurisprudencial que para ese momento permitía un
pronunciamiento directo en sede de apelación.

51. Sin embargo, no puede pasarse por alto que mediante providencia del 29 de
octubre de 202556, se rectificó la posición que sobre este asunto había adoptado
esta Subsección al dar cumplimiento a sentencias de tutela57 que revocaban fallos
en los cuales se sostenía que la PGN carecía de competencia para sancionar a
servidores públicos de elección popular, por estimarse contraria a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, razón por la cual, en tales eventos, se optaba
por resolver directamente de fondo los asuntos.

52. Dicha rectificación obedeció, principalmente, a la necesidad de salvaguardar la
garantía de la doble instancia, pues resolver directamente el fondo del asunto en
sede de apelación, sin que los reproches hubieran sido analizados en primera

55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2025,
radicación 73001-23-33-000-2019-00042-01(5603-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2025,

radicación 52001-23-33-000-2019-00305-01 (0545-2022), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
57 La Corte Constitucional (SU- 381 de 2024, SU- 382 de 2024, SU-417 de 2024 y SU-070 de 2025),

como las Secciones Tercera y Quinta de esta Corporación, fijaron que existía un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente recogido por el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia C-
030 de 2023.

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instancia, implicaría privar a las partes del doble escrutinio judicial que exige el
debido proceso, garantía reconocida tanto en la Constitución Política como en el
artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

53. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.

54. En consecuencia, y en aplicación del criterio fijado en la providencia del 29 de
octubre de 2025, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo del Tolima profiera una nueva decisión en la que analice
exclusivamente los cargos formulados en la demanda, sin realizar consideraciones
relativas a la convencionalidad del régimen disciplinario.

55. Ello, en la medida en que la competencia de la PGN para investigar y sancionar
disciplinariamente a servidores públicos de elección popular ha sido definida por el
precedente constitucional y contencioso vigente, de modo que insistir en dicho
examen no solo resulta innecesario, sino que fue lo que condicionó el fallo inicial e
impidió el estudio integral de los reproches propuestos, con afectación de la garantía
de la doble instancia.

2.5. Costas

56. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

57. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

58. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma58.

59. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del

58 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

60. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la
condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí
expuesto.

3. Conclusión

61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo
del Tolima fundamentó su decisión en consideraciones relativas a la
convencionalidad del régimen disciplinario y, por esa vía, omitió el examen de los
cargos formulados en la demanda. En estas condiciones, un pronunciamiento de
fondo en sede de apelación desconocería la garantía de la doble instancia, por lo
que resulta necesario que el juez de primera instancia emita una nueva decisión en
la que analice integralmente los reproches propuestos, sin abordar nuevamente la
convencionalidad del régimen disciplinario.

62. La condena en costas en primera y segunda instancia es improcedente, toda vez
que no se evidenció actuación temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o
circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal.

63. En esas condiciones, se revocará la sentencia de primera instancia y, en
consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima que profiera una
decisión de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia planteada, dentro
de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda presentada por Carlos Andrés Castro León, Camilo Ernesto Delgado
Herrera, Víctor Julio Aiza Loaiza, Marco Tulio Quiroga Mendieta, Juan Evangelista
Ávila Sánchez, Flavio Rosas Jurado y Víctor Hugo García Contreras en contra de la
PGN, para en su lugar:

Segundo. Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que profiera una decisión
de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia planteada de conformidad
con las consideraciones expuesta en la parte motiva de esta sentencia, dentro de
treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

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Demandante: Carlos Andrés Castro León y otros

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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