Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00087-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00087-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2019-00087-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
30 de junio de 2022
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00087-01 (2742-2021)
Demandante: HENRY ARMANDO BELTRÁN GARAVITO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA
NACIONAL1
Tema: Sanción Moratoria. Ley 244 de 1995.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 11 de
febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Henry Armando Beltrán Díaz, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio S-2018-
029318- DIPON/-ARPRE-GRUCE 1.10 del 23 de mayo de 2018, por medio
del cual la Policía Nacional negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria consagrada en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, que modificó
y adicionó la Ley 244 de 1995, por el pago tardío de las cesantías parciales
reclamadas por el señor Henry Armando Beltrán Garavito.
2. Declarar que el demandante tiene derecho a que la entidad demandada le
reconozca y pague la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo,
contados desde los 65 días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de cesantías y hasta cuando se hizo efectivo el pago de las
mismas.
1
En adelante Policía Nacional.
2
Folios 13 y 14, 24 y 25 (Integración de la demanda), C1.
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2
3. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la demandada a
reconocer y pagar la sanción moratoria, en los términos descritos en el
numeral anterior.
4. Condenar a la Policía Nacional a reconocer y pagar los ajustes de valor a
que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la
sanción moratoria peticionada, teniendo en cuenta la variación del IPC
desde la fecha en que se efectuó el pago del auxilio de cesantías hasta la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.
5. Ordenar el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del
CPACA.
Supuestos fácticos relevantes3
1. El señor Henry Armando Beltrán Garavito, en su calidad de
subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, solicitó el 3 de enero
de 2017 al Director General de la Policía Nacional, el reconocimiento y
pago de un anticipo de cesantías por valor de $45.000.000, destinadas a
reparaciones locativas.
2. Mediante comunicación S-2017-011488/ARPRE-GRUCE 1.10 del 3 de
abril de 2017, la entidad demandada negó la anterior petición por cuanto
no existía presupuesto para dicha partida.
3. A través de la Resolución 01243 del 17 de octubre de 2017, la Policía
Nacional reconoció y ordenó el pago al demandante, del auxilio de
cesantías parciales requerido.
4. La consignación del monto reconocido, fue realizado el 24 de octubre de
2017 a la cuenta bancaria del señor Beltrán Garavito.
5. Por medio de petición del 17 de mayo de 2018, el convocante solicitó a la
Dirección de la Policía Nacional, el reconocimiento y pago de la sanción
por mora regulada en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
6. Mediante comunicación S-2018-029318 – DIPON/ARPRE-GRUCE 1.10
del 23 de mayo de 2018, la demandada negó la petición mencionada, bajo
el entendido de que en oficio del 3 de abril de 2017, se le había informado
al interesado los motivos por los cuales no era procedente efectuar el pago
de las cesantías parciales.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
3
Folios 14, 15, y 25 (Integración de la demanda), C1.
4
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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3
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.
En cumplimiento de las disposiciones del Decreto 806 del 4 de junio de 2020,
el juez de primera instancia, ajustó el trámite para proferir sentencia anticipada
y profirió las siguientes decisiones:
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones5:
«[…] Ahora bien, en lo relativo a las excepciones previas y las de cosa juzgada,
caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y
prescripción extintiva […] se observa que debe ser estudiada la propuesta como
Falta de integración del litisconsorcio, que corresponde textual y
conceptualmente al artículo 10-9 del C.G. del P.
Evidentemente las excepciones de Falta de legitimación en la causa por
pasiva y Genérica, son asuntos que corresponde definir en la sentencia por
cuanto de la documental se observa que el señor Henry Armando Beltrán
Garavito laboraba para la institución al momento de efectuar la solicitud del pago
de las cesantías, y por otro lado, la nominada Genérica, no es una excepción,
sino un deber funcional previsto parta los jueces de lo contencioso administrativo
en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 […].
[…]
La entidad accionada hace consistir la excepción previa aquí aludida en (sic) se
debió demandar al Congreso de la República y al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, porque fue allí donde se programó la apropiación de dineros, la
Policía Nacional se supedita a lo que le quieran dar de dinero para el
funcionamiento, además, el actor debe recordar que su régimen de liquidación
de cesantías es retroactivo y se reitera, que no existe un fondo continuo e incierto
[…]
Dicho esto, la excepción referente a la no conformación del litisconsorcio
necesario, no es procedente, por cuanto en este caso es factible resolver la
situación jurídica planteada, esto es, la legalidad del acto administrativo que
denegó el reconociendo y pago de la sanción moratoria al señor Henry Armando
Beltrán Garavito, sin la presencia de las demás entidades indicadas por la
demandada, en tanto el demandante laboraba par la época de los hechos en la
Policía Nacional, siendo esta la entidad encargada de atender, tramitar,
reconocer y pagar las cesantías parciales, como de hecho lo hizo, idéntica
situación sucedió con la solicitud sobre el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria. […]» (Negrillas, mayúsculas y cursiva del texto original)
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos6:
«[…] el litigio se contrae a determinar para el caso concreto i. si el personal
adscrito a la Policía Nacional tiene derecho al reconocimiento, liquidación y pago
de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías, ii. si es viable
5
Folios 97 Vto. a 99 Vto., C1.
6
Folios 100 y Vto., C1.
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4
declarar la nulidad del oficio No. S-2018-029318-DIPON/ARPRE-GRUCE 1.10
del 23 de mayo de 2018, mediante el cual se denegó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria al señor Henry Armando Beltrán Garavito, iii. si lo anterior
se determina procedente, su eventual liquidación.»
SENTENCIA APELADA7
El tribunal de primera instancia dictó sentencia escrita el 11 de febrero de 2021,
a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en
las siguientes consideraciones:
En primer lugar, abordó la procedencia de la sanción moratoria prevista en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 para el personal vinculado a la Policía
Nacional, y luego concluyó, que en la misma medida en que el Consejo de
Estado determinó su aplicación al sector docente, la penalidad mencionada
cobijaba a los empleados de la entidad demandada. Lo anterior, en tanto estas
normas tienen como destinatarios a los servidores públicos sin distinción
alguna.
En punto al término que debe observarse para la configuración de la sanción
por mora, el tribunal indicó que el cómputo varía entre 65 días, si la petición se
presentó durante la vigencia del CCA, o de 70 días, si fue con posterioridad a
la expedición del CPACA.
Tras relacionar las pruebas aportadas en el curso del proceso, señaló que se
acreditó por la parte demandante haber presentado solicitud para el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales, el 3 de enero de 2017, que
dicha solicitud fue resuelta el 17 de octubre de 2017, y que su pago efectivo
se realizó el 24 de octubre de la misma anualidad.
En ese orden, consideró demostrados los supuestos para acceder al
reconocimiento y pago de la penalidad pretendida, pues reiteró, la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido dicho derecho
atendiendo a la calidad de servidores públicos de los miembros de la Policía
Nacional; y, seguidamente efectuó el análisis de los plazos legales, y corroboró
que entre el 13 de abril y el 23 de octubre de 2017, se generó la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, es decir, 193 días.
Así, precisó que corresponde a la entidad precisar el valor a pagar, debiendo
liquidar la indemnización con el salario que percibía el demandante en el año
2017.
Al referirse a la prescripción el a quo sostuvo que, la penalidad mencionada,
se hizo exigible el 13 de abril de 2017, de manera que a partir de esa fecha
inició el cálculo de los tres años para que opere la prescripción, plazo que
vencía el 13 de abril de 2020. En ese sentido, y toda vez que la petición fue
radicada el 17 de mayo de 2018, no se encuentra configurado el fenómeno
prescriptivo.
Corolario de lo expuesto, el juez de primera instancia resolvió declarar la
nulidad del acto administrativo cuestionado; ordenar a la entidad el
reconocimiento y pago de la sanción por mora en la consignación de las
7
Folios 223 a 256, C1.
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cesantías parciales del demandante, desde el 13 de abril de 2017 y hasta que
se hubiesen causado según la parte motiva.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada8 presentó recurso de apelación contra la sentencia
arriba referenciada, con fundamento en lo siguiente:
En primer término hizo alusión a los conceptos desarrollados en la providencia
objeto de impugnación y, señaló que, para materializar el derecho a la igualdad
de los miembros de la Policía Nacional con los servidores públicos en general,
a quienes se les garantiza el reconocimiento oportuno de sus prestaciones
sociales, resulta apenas lógico aducir que aquellos también tienen derecho a
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, una vez el juzgador
verifique los presupuestos que den lugar a su reconocimiento.
Mas adelante, indicó disentir con algunas de las apreciaciones efectuadas por
el a quo, específicamente en lo que atañe al término empleado por la
institución para realizar el pago del auxilio de cesantías reclamado por el
demandante, pues mediante comunicado S-2017-011488 ARPRE- GRUCE se
dio respuesta a la petición elevada por el señor Beltrán Garavito, en el que se
le informó que de conformidad con la Ley de Presupuesto General de la Nación
1815 de 2016 y el Decreto de liquidación 2170, por el cual se liquida el
presupuesto general referido, las mismas no contemplan la asignación de
presupuesto para reconocimiento y pago de cesantías parciales de los
funcionarios pertenecientes al régimen retroactivo de la Policía Nacional,
durante la vigencia 2017.
Señaló que la entidad dispuso el reconocimiento y pago del anticipo de
cesantías reclamado, mediante la Resolución 01243 del 17 de octubre de
2017, pago que se hizo efectivo el 24 del mismo mes y año.
Así mismo manifestó que, el señor Henry Armando Beltrán Garavito presentó
petición el 30 de abril de 2018, a efectos de obtener la penalidad por mora en
el pago del auxilio de cesantías; sin embargo, en el aplicativo GECOP la fecha
de radicación corresponde al 17 de mayo de 2018.
Bajo el anterior panorama, la entidad demandada efectuó el cálculo, y sostuvo
que entre el acto administrativo que dispuso la cancelación de las cesantías
parciales y su consignación, solo transcurrieron 7 días y no 45 días como lo
expone la convocante.
Argumentó que tal y como se desprende de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, la convocada tenía un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir del cual
quede en firme el acto administrativo que ordene la liquidación de las cesantías
definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación
social.
Reiteró entonces que, la Policía Nacional no tiene un fondo destinado a los
funcionarios beneficiarios del régimen de cesantías retroactivo, en el que se
acumule la prestación en una cuenta individual; y que, cualquier apropiación
de cesantías, ya sea parciales o definitivas, no depende de la voluntad de la
8
Folios 147 a 152 Vto., C1.
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demandada, sino que está sujeta a la disponibilidad de los recursos
apropiados y que gire el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En ese orden, consideró que se debió demandar al Congreso de la República
y por consiguiente a la cartera ministerial de Hacienda y Crédito Público, en
tanto fue allí en donde se programó la destinación de los dineros de la Policía
Nacional.
Ahora, resaltó el recurrente que, en aras de definir el contexto de la contienda
que suscita el presente trámite, solicitó que le fueran informados los bienes a
nombre del demandante para el año 2017, fecha de su petición, a lo cual le
respondieron que el señor Beltrán Garavito tenía un inmueble en el municipio
de Envigado, Antioquia. Ello cobra relevancia, en tanto para efectuar la
reparación locativa, motivo de la solicitud parcial de cesantías, se debe contar
con la aprobación de la curaduría urbana del lugar donde está ubicada la
vivienda.
Con fundamento en lo anterior, y luego de oficiar a la curaduría
correspondiente, se tiene que dicha entidad certificó que para los años 2017
y/o 2018 no se encuentra registro de licencia otorgada como titular al
demandante, circunstancia que permite concluir que no se causó perjuicio
alguno, toda vez que jamás se realizaron reparaciones al inmueble de
propiedad del interesado.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En atención a lo dispuesto en el numeral 5. del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, que modificó el artículo 247 del CPACA, y conforme a la constancia
secretarial visible a folio 178 de la actuación, no habiendo sido necesario el
decreto de pruebas, se prescindió del traslado para alegar de conclusión.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Problema jurídico
De acuerdo con los razonamientos derivados de la sentencia impugnada y del
recurso de apelación elevado por la parte demandada, el problema jurídico a
resolver en esta instancia se circunscribe a determinar si:
¿Le asiste el derecho al señor Henry Armando Beltrán Garavito al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: tal y como se desprende del
análisis efectuado a los elementos probatorios recaudados en el curso del
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proceso, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional se
encuentra en la obligación de reconocer y pagar la sanción por mora prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por cuanto el pago de del auxilio
de cesantías parciales solicitadas por el demandante se efectuó de manera
tardía.
Régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
La Ley 6.ª de 1945 en el artículo 17, señaló que los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de un
auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio
prestado con posterioridad al 1.º de enero de 19429.
Mediante el artículo 1.° del Decreto 2767 de 1945 se extendieron la totalidad
de las prestaciones sociales consagradas en el artículo 17 de la Ley 6.ª de
1945 a los empleados de los departamentos, intendencias, comisarías y
municipios, que incluyó el auxilio de cesantía10.
Posteriormente, la Ley 65 del 20 de diciembre de 1946 modificó las
disposiciones sobre cesantías, cuyos efectos también fueron extendidos a los
trabajadores previamente relacionados.
A su turno el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946 definió los parámetros
para su liquidación11, y el Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 previó que
tendría derecho a dicho auxilio, el empleado inscrito o no en carrera
administrativa, sea cual fuere la causa de su retiro, con la aclaración de que
el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese lapso.
Visto lo anterior, este régimen de cesantías era de carácter retroactivo, por
cuanto para su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el
último salario devengado.
Luego, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA),
como un establecimiento público vinculado al otrora Ministerio de Desarrollo
Económico que, dentro de sus objetivos, en el artículo 2.º señaló:
« […] a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales;
9
«ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las
siguientes prestaciones:
a).Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación
de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o.
de enero de 1942. […]».
10
«Artículo 1.º Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y obreros al
servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las
prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del
mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en
uno de los casos de excepción, de corresponderá probarlo.»
11
El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los
Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a
menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la
liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de
servicio, si éste fuero menor de doce meses.
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8
b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el
reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del empleado
o trabajador;
c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del Estado;
d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de
seguridad social y a la futura unificación de sus servicios;
e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y
establecer sistemas adecuados y reservas suficientes para atender
oportunamente el pasivo a cargo del Estado por tal concepto, y
f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no inflacionaria
de proyectos de especial importancia para el desarrollo económico y social. […]»
Dicho precepto (Decreto 3118 de 1968) también ordenó que se debían liquidar
y entregar al Fondo Nacional del Ahorro las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas
industriales y comerciales del estado del orden nacional, con excepción de las
de los miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los
miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la
defensa nacional.
En relación con la liquidación de las cesantías, el artículo 27 del citado Decreto
3118 de 1968, determinó:
«[…] Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero
de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador. […]»
Por lo tanto, con la expedición del referido Decreto 3118 de 1968, empezó en
el sector público el desmonte de la retroactividad de la prestación referida,
para dar paso al sistema de liquidación anualizado, que en principio no era
aplicable a los servidores públicos del orden territorial, quienes se
encontraban sujetos al régimen de cesantías dispuesto en las Leyes 6.ª de
1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo, no obstante, con las disposiciones
que modificaron su naturaleza y cobertura, permitieron la afiliación a este de
los empleados de las entidades territoriales y sus entes descentralizados (Ley
432 de 1998 y Decreto 1453 de 1998).
Por otra parte, la Ley 50 de 1990 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo
99 de la siguiente manera:
«[…] El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
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9
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en
la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]»
De otro lado, el artículo 13 de la Ley 344 de 27 de diciembre de 199612,
extendió el régimen de cesantías fijado en la Ley 50 de 1990 a los servidores
públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31 de
diciembre de 1996), en virtud del cual, la liquidación definitiva debía realizarse
el 31 de diciembre de cada año.
Posteriormente, se expidió el Decreto 1582 del 5 de agosto de 199813 que
amplió el régimen de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a
los servidores públicos del orden territorial, así:
«[…] El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos
del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien
a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
[…]»
En el caso de aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad y que decidieran
acogerse al previsto en la precitada Ley 344 de 1996, el artículo 3 del Decreto
1582 de 1998 previó el siguiente procedimiento:
«[…] a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la
fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la seleccionada por el
trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este
régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías,
con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de
los trámites legales necesarios para su expedición. […]»
Lo anterior, fue acogido por esta Corporación en sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 201614, en la cual se señaló:
«[…] En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la
administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344
de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías,
12
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
13
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de
1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta
materia».
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de
agosto de 2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
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10
al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al
régimen anualizado, y para efecto de la liquidación y pago de esa prestación se
rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y normas
concordantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de
1998. […]»
Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las retroactivas que
son viables para quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30
de diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990,
inicialmente para el sector privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31
de diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial.
Sin embargo, para aquellos servidores con vinculación anterior a la Ley 344
de 1996 y beneficiarios del régimen retroactivo, el Decreto 1582 de 1998 les
concedió la posibilidad de acogerse u optar por el régimen anualizado de
cesantías, previa solicitud, liquidación total de la prestación y entrega del
emolumento al fondo de su elección, tal como lo previó en su artículo 3.°, como
procedimiento necesario para el precitado cambio.
Por otra parte, el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000, en el artículo 2.°,
conservó el régimen de cesantías retroactivas para los servidores públicos
que a 25 de mayo de 2000 lo disfrutaban, hasta la terminación de la relación
laboral.
Y en el mismo sentido, el Decreto 1919 del 27 de agosto de 2002, que
extendió el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos de
la rama ejecutiva del poder público del orden nacional a los servidores del
orden territorial, en el artículo 3.° previó que: «[…] Los empleados públicos a
quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán
disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto
1252 de 2000 […]».
Régimen de cesantías aplicable a los miembros de la fuerza pública
Tal y como lo dispone la Carta Política, «La fuerza pública estará integrada en
forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. […]»15.
Se tiene entonces que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente a
cargo de la Nación, Ministerio de Defensa, a quien le resulta aplicable las
disposiciones del Decreto 1212 de 1990 en materia prestacional que, en punto
al anticipo de cesantías reguló lo siguiente:
«ARTÍCULO 136. Anticipo de cesantía. A los Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional se les podrá conceder anticipos de cesantía hasta por la totalidad del
tiempo de servicio que acrediten en la fecha de la respectiva solicitud, previa
comprobación de que su valor será invertido en la adquisición de lote de terreno
o vivienda, o en la construcción, reparación o liberación de ésta.
PARÁGRAFO. Cuando el Oficial o Suboficial de la Policía Nacional acredite tener
vivienda, podrá otorgársele el anticipo de cesantía para la dotación de la misma,
o para atender calamidad doméstica o extrema necesidad, de conformidad con
reglamentación que expida el Ministerio de Defensa».
15
Artículo 216 C.P.
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11
Norma que luego se extendió por virtud de los Decretos 1213 y 1214 de 1990
a los Agentes empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional.
Así mismo, el Decreto 1214 de 1990 dispuso sobre las cesantías definitivas
que «Los empleados públicos del ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que
sean retirados o se retiren del servicio, tienen derecho a que el Tesoro Público les
pague por una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un (1) mes del último salario
devengado por cada año de servicio prestado en dichas entidades y
proporcionalmente por las fracciones de meses y días a que hubiere lugar, liquidado
sobre las partidas indicadas en el artículo 102 de este Decreto».
Lo que ubica a los empleados de esta entidad en el supuesto en el que se
liquidan las cesantías de manera retroactiva, al definir que dicho auxilio sería
determinado con el último salario devengado.
A su turno, el Decreto 1252 de 2002 «Por el cual se establecen normas sobre el
régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los
miembros de la fuerza pública», previó en su artículo 1.º que «Los empleados
públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se
vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán
derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de
1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior
se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el
servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías. Parágrafo. Los
fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que
administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo,
seguirán haciéndolo.»
De tal suerte que el decreto en cita, al incluir en su campo de aplicación a los
miembros de la fuerza pública, extendió el entendimiento normativo general
de la liquidación anualizada del auxilio de cesantías para dicho personal,
sustrayendo la posibilidad de que la misma continuara siendo de forma
retroactiva.
Sin embargo se recuerda que el el Decreto 1919 de 2002, dispuso que a los
empleados públicos a quienes se les estuviera aplicando el régimen de
retroactividad de cesantías, continuarían disfrutando del mismo, en los
términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.
Sobre el hito que define el punto de partida para la configuración de la
sanción por mora prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
La Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, reguló el
pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, previó
las sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los términos para su
cancelación, reiteró los parámetros respecto de los cuales se entiende
configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas:
«ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o
parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la
resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
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PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en
firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas
o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o
parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará
de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo
hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin
embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que
la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.» (Subrayas propias)
De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías
definitivas la entidad cuenta con un término de quince (15) días para expedir
el acto de reconocimiento. Además, en el evento de que la solicitud esté
incompleta el empleador debe manifestarlo así al peticionario dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen
pueda proferir el acto que reconozca la prestación en el término inicialmente
indicado.
Así, el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de las
cesantías definitivas comienza a computarse desde la firmeza del acto
administrativo que lo dispuso, y desde ese instante, la administración cuenta
con el término de cuarenta y cinco días (45) hábiles para pagar la prestación,
so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el
parágrafo de la norma en cita, equivalente a un día de salario por cada día de
retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.
En efecto, la Sala Plena de esta Corporación16 sostuvo que la administración
cuenta con 45 días hábiles para el pago de la prestación social, contados a
partir del momento en que adquiere firmeza el acto administrativo que la
reconoce, y agregó que dicho término solo se puede contar desde la ejecutoria
del acto administrativo que dio respuesta a la petición y no desde que se
radicó. Así lo interpretó la Sala de la siguiente manera:
«Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre
la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad
conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el
tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la
indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado
radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir,
quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más
cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007.
Número interno: 2777-2004. Actor José Bolívar Caicedo Ruíz.
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13
resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que
alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día
en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles,
transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria (…).
En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se
reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las
mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe
servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de
determinar el monto de la indemnización moratoria […]» (Resalta la Sala).
La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de unificación el 18 de julio
de 201817, reafirmó la postura precitada y la complementó en el sentido de
precisar que la firmeza del acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías surge a partir de su notificación en los términos dispuestos por el
CPACA, como se indica a continuación:
«100. Como conclusión a lo anterior, ha de indicar la Sala de Sección que los
términos que tiene la administración para llevar al conocimiento del interesado el
contenido de su acto administrativo, esto es, para notificarlo, no pueden
computarse como días de sanción moratoria, pues es evidente y así lo previó el
legislador que la notificación por regla general ocurre después de proferida la
decisión18, y que además es la circunstancia que refleja el deber de la entidad de
informarla a su destinatario.
101. Ha de ser así, pues la producción de los efectos del acto administrativo exige
de su publicidad, de manera que solo son oponibles las decisiones de la
administración que son conocidas por las personas llamadas a su cumplimiento
o afectadas con su ejecución; situación que perfectamente encaja en el cómputo
de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía, que consulta o se causa
por el paso del tiempo, a donde no concurre el término que tiene el empleador
para notificar el acto expreso que reconoce la mencionada prestación.
102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las
cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles
posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a
correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos
señalados. […]» (Resaltado del texto original)
De esa suerte, es el vencimiento de los cuarenta y cinco días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen
las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas, el hito
que debe servir de punto de partida para la causación de la sanción moratoria.
Con todo, se debe resaltar que la posición jurisprudencial así desarrollada,
parte del supuesto en que la administración haya expedido un acto
administrativo reconociendo la mencionada prestación, pues cuando no hubo
pronunciamiento o el mismo fue tardío, lo propio es entender que «[…] el
término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de
la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de unificación del 18 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 73001-23-33-000-2014-
00580-01(4961-15).
18
Salvo los actos dictados en audiencia, que se notifican en estrados.
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expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/200619), 10 del
término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 201120) [5 días
si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo –
Decreto 01 de 1984, artículo 5121], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en
firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles
discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo
5 de la Ley 1071 de 2006».
Postura que encuentra sustento en la finalidad con la cual fue instituida la
penalidad moratoria, pues desconocer la misma implicaría atribuirle a la
inactividad de la administración, la posibilidad de impedir su causación
contraviniendo la filosofía con la que fue instituido el auxilio de cesantías, y
los derechos de los trabajadores.
En ese sentido, el análisis relevante en punto a la determinación de la
tardanza alegada por el demandante, debe remitirse a la actuación
gubernativa que propició el acto administrativo de reconocimiento de la
prestación, o al acto tardío o ficto negativo que resolvió la solicitud de las
cesantías.
El caso concreto
En el asunto sometido a discusión se advierte que el señor Henry Armando
Beltrán Garavito persigue con la demanda, el reconocimiento y pago de la
sanción por mora prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 al
considerar que la entidad demandada, Policía Nacional, efectuó una
consignación tardía de las cesantías parciales por él solicitadas.
El tribunal de primera instancia, luego de analizar los elementos de juicio
allegados al expediente, y a la luz de las determinaciones normativas y
19
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.
[…]
Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud
de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad
empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir
la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.»
20
«ARTÍCULO 76. oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que
se haya acudido ante el juez.
[…]
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en
firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo
positivo.»
21
«Artículo 51. Oportunidad y presentación. De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse
uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella,
o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos
podrán interponerse en cualquier tiempo.
[…]
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará
en firme. […]»
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15
jurisprudenciales expuestas en la sentencia, consideró que, en efecto, la
demandada se encontraba en la obligación de reconocer y pagar la penalidad
moratoria peticionada, pues pasaron 193 días entre el 13 de abril de 2017 (día
siguiente al vencimiento de los 70 días contados a partir de la radicación de la
solicitud) y el 23 de octubre de 2017 (día anterior a la consignación efectiva
del auxilio).
Por su parte, la Policía Nacional presentó recurso de apelación que sustentó,
entre otros aspectos, en que el demandante no tiene derecho a la sanción
moratoria requerida en el libelo, en atención a que entre la firmeza del acto
administrativo que determinó el reconocimiento y pago de las cesantías y la
transferencia de dicho valor a cuenta bancaria del interesado, solo
transcurrieron 7 días; y, de otro lado, la entidad no cuenta con un fondo de
administración para el pago de cesantías del régimen retroactivo al que
pertenece el señor Beltrán Gravito, lo que implica que una apropiación
presupuestal por dicho concepto no dependa de la Policía Nacional sino de
disponibilidad de recursos que haya destinado el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Respecto de este último argumento, el apelante señaló que, al verificar el
Decreto 2170 de 2016, páginas 95 y 96 se puede evidenciar que para el año
2017, el Gobierno solo destinó a la Policía Nacional una apropiación
presupuestal para cesantías definitivas y no parciales, y para ello, adjuntó
pantallazos en donde se visualiza la relación que se efectua en el referido
decreto de los conceptos a girar en el marco del presupuesto general de la
Nación. Con fundamento en lo anterior, consideró que se está frente a una
falta de legitimación por pasiva o una falta de integración del litisconsorcio,
pues la demanda debió haberse dirigido contra el Congreso de la República,
al ser esta la entidad en donde se programa el presupuesto de la demandada.
De acuerdo con las consideraciones planteadas en el caso sub examine y el
resumen de los antecedentes, se hace necesario indicar, que en el presente
asunto no se encuentra en discusión que el señor Henry Armando Beltrán
Garavito es beneficiario del régimen retroactivo de cesantías; que así mismo,
en su condición de servidor Público se encuentra amparado por las normas
que regulan la sanción por mora de la Ley 244 de 1995; y que el monto
solicitado a título de cesantías parciales fue consignado por la entidad a su
número de cuenta el 24 de octubre de 2017, pues así lo refirieron las partes
en la demanda, la contestación y el recurso de apelación.
De manera que el análisis probatorio que se sigue, se encuentra circunscrito
a determinar si el demandante logró demostrar el pago inoportuno del auxilio
de cesantías parciales por parte de la demandada y, en consecuencia, la
causación de la sanción por mora que reclama.
Claro lo anterior, se tiene que el interesado se vinculó a la Policía Nacional
como cadete, el 27 de enero de 1992, según consta en Resolución 1434 del
25 de febrero de 1992, expedida por el Ministerio de Defensa, Policía
Nacional22.
Del mismo modo, obra petición radicada S-2017 000367/COMAN – SUBCO -
29.25 del 3 de enero de 201723, mediante la cual el convocante solicitó a la
22
Documento anexo en CD a folio 2, Actuación Administrativa
23
Folios 3 y 4, C1.
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16
Dirección General de la Policía Nacional la liquidación y pago de unas
cesantías parciales por valor de $45.000.000, dirigidos a la realización de
unas reparaciones locativas de vivienda.
Igualmente, consta Oficio S-2017-011488/ARPRE – GRUCE – 1.10 del 3 de
abril de 201724, por medio del cual el Área de Prestaciones Sociales de la
Policía Nacional dio respuesta negativa a la anterior solicitud «[…] teniendo en
cuenta lo establecido en la Ley de Presupuesto General de la Nación No. 1815 del
07 de diciembre de 2016 y el Decreto de liquidación No. 2170 “Por el cual se liquida
el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017”, normatividades
que no contemplan la asignación de presupuesto para el reconocimiento y pago de
cesantías parciales particulares, para los funcionarios pertenecientes al régimen
retroactivo de la Policía Nacional, durante la vigencia 2017. […]»
Se visualiza también en el expediente, Resolución 01243 del 17 de octubre
de 201725, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de un anticipo
de cesantías a un personal de la policía nacional y en la que, además, se
observa como consideración la existencia de los recursos necesarios para
atender el pago de lo dispuesto en el mencionado acto administrativo, según
certificado de disponibilidad presupuestal número 42117 del 13 de octubre de
2017.
Como se desprende del acervo probatorio anexo al plenario, la primera
actuación administrativa que resolvió la petición elevada por el señor Beltrán
Garavito, encaminada al reconocimiento y pago de un adelanto de su auxilio
de cesantías, fue el Oficio S-2017-011488/ARPRE – GRUCE – 1.10 del 3 de
abril de 2017 y no la Resolución 01243 del 17 de octubre de 2017, por modo
que es respecto de la primera de estas decisiones que debe analizarse la
causación de la indemnización moratoria.
Así las cosas, encuentra la Sala que el referido oficio fue proferido de manera
tardía, pues traspasó el término de los 15 días hábiles que la norma prescribe
para dar respuesta efectiva a la petición de liquidación de cesantías, sean
parciales o definitivas; circunstancia que conlleva a que el cómputo que deba
valorarse para la determinación de la sanción prevista en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, sea contabilizado al amparo de los lineamientos
jurisprudenciales de la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, según
la cual, cuando no haya habido pronunciamiento por parte de la administración
o el mismo haya sido tardío, el hito que determina el cálculo de la penalidad
corresponde al día en que fue presentada la reclamación.
En ese orden, entre la radicación de la solicitud de cesantías parciales (3 de
enero de 2017) y la fecha en que la Policía Nacional emitió su respuesta (3 de
abril de 2017) transcurrieron más de 15 días hábiles (61 días) y, en esa
medida, es el 3 de enero de 2017 el momento a partir del cual deben contarse
los 70 días hábiles (pues la reclamación fue presentada el 3 de enero de 2017,
es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011) para la verificación de la sanción
moratoria.
Como consecuencia de dicho cómputo se tiene que la fecha que determina el
cumplimiento de los 70 días hábiles a que se ha hecho alusión, corresponde
al 12 de abril de 2017, de esta manera, la sanción moratoria, comenzó a
24
Folio 5, C1.
25
Folio 6
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17
generarse al día siguiente de dicho vencimiento, esto es, el 13 de abril de
2017.
Se recuerda pues que no existe cuestionamiento alguno en el plenario, sobre
la consignación efectuada del auxilio de cesantías parciales por parte de la
Policía Nacional al demandante, el 24 de octubre de 2017. Así, entre el 13 de
abril de 2017 y el 23 de octubre de la misma anualidad, transcurrieron 194
días de retardo.
Consideraciones adicionales
Observa la Subsección que como argumento del recurso de apelación se
aduce también, que no es del resorte de la Policía Nacional la destinación o
incorporación de recursos para cubrir el rubro presupuestal denominado
cesantías parciales, y que prueba de ello la constituye la liquidación efectuada
por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2170 de 2016 «Por el cual se
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos», pues en las páginas
95 y 96 del Anexo, solo es posible leer como apropiación destinada a
cesantías, la dirigida a cesantías definitivas.
Al respecto huelga indicar que tal y como se evidencia en imagen adjunta, en
la Sección 1601, correspondiente al presupuesto total de la Policía Nacional,
página 97 del referido Anexo, existió un rubro presupuestal destinado a
«Cesantías» y a «Cesantías definitivas»26.
26
https://www.suin-juriscol.gov.co/imagenes//16/02/2017/1487254552976_50099(1)-50-209.pdf
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Circunstancia que lejos de acreditar la no existencia de un rubro o ítem con
destinación específica a cesantías en las que puedan considerarse incluidas
las parciales, corrobora la provisión presupuestal para dichas contingencias.
Lo anterior, en tanto, no de otro modo habría sido posible que en la misma
vigencia fiscal (año 2017) en la cual fue presentada la reclamación
administrativa de reconocimiento y pago de dicho auxilio, se hubiese expedido
la Resolución 01243 del 17 de octubre de 2017 que dispuso su consignación,
y se hubiese realizado de manera efectiva, la transferencia a instancias
bancarias del señor Beltrán Garavito.
De otro lado, si bien el artículo 73 del Decreto 400 de 1992, por medio del cual
se reglamentaron algunas disposiciones del Decreto 1212 de 1990, señaló que
«El anticipo de cesantía consagrado en el artículo 136 del Decreto 1212 de 1990, sólo
se liquidará y cancelará al Oficial o Suboficial cuando el Director General de la Policía
lo autorice con base en las correspondientes disponibilidades presupuestales. […]»,
ello no tiene la virtualidad de desconocer que existen rubros en el presupuesto
para la vigencia fiscal 2017 de la Policía Nacional destinados a satisfacer la
contingencia denominada «cesantías», de modo, que no puede entenderse
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que la autorización a que hace referencia el artículo en cita, implique que para
dicha anualidad no existiera el monto necesario para cubrir el ítem prestacional
conforme parece entenderlo el apelante, y que con fundamento en ello, se
justifique la tardanza en su consignación una vez elevada la solicitud
correspondiente.
Tales consideraciones, aunadas al hecho de que anualmente se efectúe una
transferencia del presupuesto general de la Nación a la Policía Nacional para
asegurar su funcionamiento, implican necesariamente que dicha entidad
(Policía Nacional) tenga la administración y debida gestión de los recursos
girados por el Gobierno Nacional y que, en cumplimiento de su deber funcional
deba tramitar, reconocer y pagar las prestaciones sociales de los miembros de
su institución.
Lo anterior cobra importancia al recordar, que quienes se vinculan a la Policía
Nacional, lo hacen bajo el amparo legal de que el empleador es el Ministerio
de Defensa, Policía Nacional, y prueba de ello lo refiere el que los actos
administrativos (S-2017-011488/ARPRE – GRUCE – 1.10 del 3 de abril de
2017 y la Resolución 01243 del 17 de octubre de 2017) que definieron en
diferentes momentos el derecho del demandante frente a las cesantías
parciales solicitadas, fueron expedidos por el Área de Prestaciones Sociales
del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Subdirección General
del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, respectivamente.
Así las cosas, está claro que no se está frente a una falta de legitimación en la
causa por pasiva como la alegada por el recurrente, pues se itera, si bien es
el Congreso de la República quien determina el presupuesto general de la
nación para cada vigencia, no es esta la entidad empleadora del demandante
ni la administradora de los recursos destinados a la Policía Nacional.
Ahora, observa la Sala que a voces de la demandada, debía analizarse la
procedencia de la excepción denominada falta de integración del litisconsorcio,
excepción que fue propuesta con la contestación de la demanda, y que fue
resuelta por el a quo en audiencia inicial celebrada el 24 de septiembre de
2020 sin que contra la misma se hubiesen interpuesto de recursos, por lo que
a consideración de esta Corporación, la decisión tomada en dicha etapa
procesal se encuentra en firme, y no se evidencian elementos de juicio
adicionales que permitan un pronunciamiento de fondo o que modifiquen la
postura del tribunal de conocimiento.
Por último, manifestó la parte demandada que no hubo causación de perjuicio
alguno al demandante, por cuanto, consultadas las entidades municipales
respectivas, evidenció que el señor Henry Armando Beltrán Garavito, no había
gestionado la licencia necesaria para adelantar las reparaciones locativas de
su vivienda, de manera que podía concluirse que las mismas no fueron
realizadas.
Sobre este punto, obra en el plenario oficio S-2019-074538/SEGEN-UNDEJ-
29 del 5 de septiembre de 201927, por medio del cual el Jefe de Unidad de
Defensa Judicial Tolima, solicitó al Jefe del Área de Administración de
Información Criminal DIJIN, «Indicar que bienes muebles e inmuebles figuran en
su base de datos a nombre del señor Henry armando Beltrán Garavito […]».
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Folio 4, Antecedentes Administrativos.
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Así mismo, se visualiza la respuesta brindada por el Administrador del Sistema
de Información de la DIJIN28 en donde refiere la información solicitada con
base en la cual, manifestó la demandada haber solicitado al municipio de
Envigado certificar «[…] si para los años 2017 y/o 2018 se otorgó algún permiso
(sic) efectuar adecuaciones, remodelaciones o similares, respecto del inmueble de
propiedad del señor Henry Beltrán Garavito identificado con […]».
Lo anterior, conforme se desprende del oficio del 4 de octubre de 201929,
expedido por la entidad territorial en donde se indicaron los datos requeridos
por la Policía Nacional y se informó que, consultadas las bases de datos que
reposan en las curadurías no se encontró registro de licencia urbanística
otorgada como titular al señor Beltrán Garavito ni al predio que figura a su
nombre.
Tales apreciaciones probatorias no ofrecen sustento fáctico o normativo para
desvirtuar la causación de la sanción por mora que aquí se discute, pues no
es con ocasión del trámite judicial que cuestiona la diligencia de la
administración en el reconocimiento y pago efectivo de las cesantías, que
compete a la entidad revisar la procedencia del referido reconocimiento bajo
las causales definidas en las normas que lo regulan.
Para ofrecer mayor ilustración se tiene que el artículo 136 del Decreto 1212 de
1990 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de
la Policía Nacional», prescribió que «A los Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional se les podrá conceder anticipos de cesantía hasta por la totalidad del tiempo
de servicio que acrediten en la fecha de la respectiva solicitud, previa comprobación
de que su valor será invertido en la adquisición de lote de terreno o vivienda, o en la
construcción, reparación o liberación de ésta. PARAGRAFO. Cuando el Oficial o
Suboficial de la Policía Nacional acredite tener vivienda, podrá otorgársele el anticipo
de cesantía para la dotación de la misma, o para atender calamidad doméstica o
extrema necesidad, de conformidad con reglamentación que expida el Ministerio de
Defensa», misma disposición que se repite en los Decretos 1213 y 1214 de
1990 para los Agentes y demás empleados públicos del Ministerio de Defensa
y la Policía Nacional.
De modo que no puede pretender la entidad demandada presentar como
elementos de juicio de la no causación de la indemnización moratoria, la
comprobación de no haber generado perjuicios al interesado al corroborar que
los recursos solicitados, no fueron destinados en la reparación o adecuación
de su vivienda, por cuanto: i) dichas circunstancias debieron ser verificadas
antes de la emisión del acto administrativo de reconocimiento y pago del
auxilio de cesantías, así como de su consignación efectiva; ii) las pesquisas
encaminadas a obtener la anterior información, se llevaron a cabo en el año
2019, es decir, casi dos años después de haberse efectuado la cancelación
del auxilio de cesantías; y iii) la sanción por mora bajo análisis, surge a la vida
jurídica a favor del demandante por disposición legal, es decir, opera de pleno
derecho siempre que se evidencien las condiciones de su configuración,
independientemente de las consideraciones alternas que plantee la
administración para justificar la ineficiencia e ineficacia de su función
específica en materia de reconocimiento y pago de la prestación de cesantías.
En conclusión: dados las pruebas allegadas al expediente, previamente
valoradas, y las precisiones normativas y jurisprudenciales expuestas,
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Folio 5, Antecedentes Administrativos.
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Folios 7 a 11, Antecedentes Administrativos.
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encuentra esta Subsección que el señor Henry Armando Beltrán Garavito tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción por mora de que tratan las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues: i) el acto administrativo que definió
inicialmente la solicitud de cesantías parciales es el Oficio S-2017-
011488/ARPRE-GRUCE 1.10 del 3 de abril de 2017; ii) el mismo fue expedido
con posterioridad al vencimiento de los 15 días hábiles legales que tiene la
administración para pronunciarse sobre la solicitud de cesantías, lo que ubica
al demandante en el supuesto analizado en acápite que antecede, en el que o
no hubo pronunciamiento sobre la petición por parte de la entidad, o el mismo
fue tardío; iii) caso en el cual, el término para la determinación del momento
en que ocurre la sanción por mora, es de 70 días hábiles contados a partir de
la radicación de la reclamación, los cuales vencieron el 12 de abril de 2017; y
iv) el pago efectivo de la prestación se llevó a cabo el 24 de octubre de 2017.
Con todo, observa la Sala que el tribunal de primera instancia dispuso el
reconocimiento y pago a cargo de la entidad demandada de la sanción por
mora causada durante 193 días transcurridos entre el 13 de abril y el 23 de
octubre de 2017, inclusive.
Efectuado el cálculo correspondiente por parte de esta Subsección se tiene
que la mora se causó durante 194 días, sin embargo y toda vez que como se
indicó al inicio de esta providencia, la sentencia de primera instancia solo fue
impugnada por la Policía Nacional, en virtud del principio de la non reformatio
in peius, no puede agravarse la condición de la entidad en calidad de apelante
único, al ordenar que se liquide la penalidad con inclusión de un (1) día.
En esa medida, y de conformidad con lo hasta aquí discurrido hay lugar a
confirmar la providencia impugnada.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia objeto del recurso de
alzada, toda vez que no prosperan los argumentos de la apelación.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201630 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
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Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP31, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso no hay lugar a
condenar en costas a la entidad demandada, pues si bien propuso en su
escrito de apelación argumentos que no estaban llamados a prosperar, acudió
a esta instancia en uso de su legítimo derecho de defesa; y, de otro lado, no
se verificaron actuaciones adicionales en esta sede por parte del demandante
que ameriten una consideración diferente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las súplicas de la demanda
que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió el señor Henry Armando Beltrán Garavito contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente
expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del
Consejo de Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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