Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00264-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00264-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2018-00264-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001 23 33 000 2018 00264 01 (2214-2021)
Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Armada Nacional)
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Nación
(Ministerio de Defensa, Armada Nacional) contra la sentencia proferida el 2 de
septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual
accedió al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las
cesantías definitivas, a favor del demandante.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Arnold Enrique Arnedo Rojas, por conducto de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del oficio
20180042360070911 del 24 de febrero de 2018 mediante el cual se negó la sanción
moratoria por el pago inoportuno de las cesantías definitivas.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 52001 23 33 000 2018 00264 01 (2214-2021)
Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) ordenar el reconocimiento
y pago de la sanción por mora a partir del momento en que se sobrepasaron los 45
días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto administrativo que le reconoció las
cesantías definitivas y hasta el momento en que se hizo efectivo el pago de estas;
(ii) disponer la indexación de la condena, en aplicación de las fórmulas establecidas,
para el efecto, por el Consejo de Estado; (iii) condenar al pago de los intereses
moratorios, en el evento de incumplimiento de la condena, al tenor de lo previsto en
los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; y (iv) imponer costas y agencias en derecho a la parte
demandada.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) El señor Arnold Enrique Arnedo Rojas ingresó a laborar en la Armada Nacional
el 1.º de junio de 1990 y su desvinculación del servicio se hizo efectiva en el año
2017, con derecho a percibir la asignación de retiro por parte de la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares; como consecuencia de la desvinculación, se reconocieron,
a su favor, las cesantías definitivas.
(ii) La entidad demandada reconoció dicha prestación definitiva, a través de la
Resolución 0290 del 22 de marzo de 2017; acto administrativo que quedó
ejecutoriado el 27 de marzo siguiente; sin embargo, el pago de la prestación se
efectuó el 30 de noviembre de 2017, como consta en su extracto bancario.
(iii) La Ley 244 de 1995, que rige lo relativo al plazo para el reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas y la sanción que se acarrea a cargo del empleador ante
la tardanza en su pago, fue modificada por la Ley 1071 de 2006, en cuyo artículo
2.º incluyó como destinatarios a los miembros de la Fuerza Pública. Tal normativa
prevé que el empleador debe cancelar la prestación dentro de los 45 días hábiles
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Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
siguientes a la ejecutoria del acto de reconocimiento; siendo así, como la resolución
quedó ejecutoriada el 27 de marzo de 2017, el término máximo para realizar el pago
venció el 2 de junio de ese año, lo que quiere decir que como este se produjo el 30
de noviembre siguiente, hubo una mora que duró 180 días.
(iv) El 9 de febrero de 2018, el demandante radicó una petición ante la entidad, a
través de la cual solicitó el reconocimiento de la sanción por la mora en el pago de
sus cesantías definitivas, la cual fue resuelta a través del acto acusado; en él se
adujo que el régimen especialísimo al que pertenece el actor impide el
reconocimiento de la penalidad reclamada, pues incluye los 3 meses de alta durante
los cuales la entidad conforma el expediente prestacional. Pese a ese argumento,
la jurisprudencia es clara respecto del derecho pretendido y las normas que
soportan la pretensión están vigentes y son aplicables en el caso concreto.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante manifestó lo
siguiente:
(i) La Ley 1071 de 2006 incluyó, dentro de sus destinatarios, a los miembros de la
Fuerza Pública; además, determinó los plazos en que se deben pagar las cesantías
definitivas a aquellos y las consecuencias del incumplimiento de dicha carga, por
parte del empleador.
(ii) La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca del
derecho a la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías, a favor
de los docentes, y, en igual sentido, se ha referido a los derechos que les asisten a
los demás servidores públicos, entre los cuales están los miembros de la Fuerza
Pública. Para el efecto, dicha Corporación ha resaltado la finalidad que tiene la
referida penalidad; por ello, en el caso concreto la entidad no puede eximirse de
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Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
acatar la ley, pretendiendo evadir la responsabilidad que debe asumir ante la
morosidad en el pago de sus cesantías definitivas.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Nación (Ministerio de Defensa, Armada Nacional)
La entidad demandada, por intermedio de su apoderada, contestó la demanda1 y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones. En síntesis, expuso lo siguiente:
(i) El demandante, por ser miembro de la Armada Nacional está sometido a un
régimen prestacional especialísimo y el pago de sus cesantías definitivas se sujeta
a unos términos distintos de los incluidos en la Ley2 1071 de 2006, conforme a lo
previsto en el artículo 164 del Decreto 1211 de 1990, según el cual «los oficiales y
suboficiales que sean pasados a la situación de retiro temporal o absoluto con
quince o más años de servicio con derecho a pensión de invalidez, continuarán
dados de alta en la respectiva contaduría por tres meses, a partir de la fecha que
se cause la novedad de retiro […]».
(ii) En aplicación a la normativa antes citada, en el caso concreto no se ha incurrido
en mora para la cancelación de las cesantías definitivas del actor, pues deben
tenerse en cuenta los tres meses de alta que son utilizados para la conformación
del expediente prestacional.
(iii) Además, la entidad cuenta con unas unidades ejecutoras, encargadas de
proyectar los gastos para cada año y la consolidación de las necesidades del
Ministerio de Defensa se remite a la Dirección General del presupuesto del
Ministerio de Hacienda, el cual elabora y presenta ante el Congreso de la República
el proyecto de ley del presupuesto; por otro lado, anualmente, se expide, por parte
1 Folios 53 a 60.
2 Se precisa, en todo caso, que en la contestación de la demanda se refirió al «Decreto» aunque la
manera correcta, para referirse a dicha normativa es la ley.
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Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
del último ministerio citado, el decreto de liquidación del presupuesto, que incluye el
programa anual de caja, el cual contiene la cifra líquida con que cuenta cada entidad
de carácter nacional para los gastos de funcionamiento; en ese sentido, no hay mala
fe por parte de la entidad, que dé lugar a considerar que incurrió en mora para el
pago de sus obligaciones, pues ha realizado todos sus esfuerzos, desde la esfera
legal, para evitar la tardanza en la cancelación de las prestaciones sociales.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el 2 de
septiembre de 2020,3 accedió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por
el pago tardío de las cesantías definitivas a favor del demandante, por el periodo
transcurrido entre el 3 de junio y el 30 de noviembre de 2017, con sustento en lo
siguiente:
(i) Según lo establecido por el legislador en la Ley 1071 de 2006, los empleados
públicos, de los cuales hacen parte los miembros de la Fuerza Pública, tienen
derecho al pago oportuno de sus cesantías definitivas, las cuales deben ser
reconocidas en los precisos términos allí establecidos, so pena de que el empleador
tenga que reconocer una sanción equivalente a un día de salario por cada día de
retraso.
(ii) En orden de lo anterior y a la luz de los antecedentes jurisprudenciales sobre la
materia, no existe causal de exoneración de la sanción moratoria, pues, en el caso
concreto, la ejecutoria del acto administrativo que reconoció la prestación, se
produjo el 27 de marzo de 2017, de modo que la entidad contaba, a partir de esa
fecha, con el término de 45 días para pagar la prestación, es decir, hasta el 2 de
junio de 2017; sin embargo, tan solo produjo ese pago el 30 de noviembre siguiente.
(iii) Si bien es cierto que la entidad invoca el artículo 164 del Decreto 1211 de 1990
3 Folios 121 a 129.
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Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
como razón para haber tardado en el pago de la prestación, también lo es que dicha
norma se debe interpretar conforme a la situación que pretende regular y, en ese
sentido, su objetivo solo consiste en «suspender en el tiempo el ingreso,
reconocimiento y pago de su primera asignación de retiro». Así las cosas, en el caso
del demandante, al revisar el acto administrativo de reconocimiento de sus
cesantías definitivas se observa que, de haber estado en suspenso para efectos de
impactar dicha prestación, debió incluir los tres meses de alta, no obstante, una vez
expedido aquel, no fue objeto de modificación alguna y el pago se circunscribió a lo
inicialmente liquidado. De manera que la norma invocada por la entidad no tiene la
facultad para modificar el plazo establecido para el pago de las cesantías ni
modificar las reglas para la ejecutoria de los actos administrativos.
(iv) Por otro lado, la finalidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías definitivas está dirigida a lograr una respuesta imparcial, rápida y efectiva
respecto de las peticiones que formulen los empleados para obtener el
reconocimiento y pago oportuno de la prestación; en ese sentido, en el caso
concretó está demostrado que la entidad incurrió en retraso para realizar el pago,
entre el 3 de junio de 2017 y el 30 de noviembre de 2017 y, por ello, debe reconocer,
a favor del demandante, un día de salario por cada día de retraso durante ese lapso.
(v) Finalmente, es del caso imponer costas a cargo de la entidad demandada, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 365 y 366 del
Código General del Proceso y en aplicación del criterio interpretativo dado por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-157 de 2013.
1.4. El recurso de apelación
La Nación (Ministerio de Defensa, Armada Nacional), por intermedio de su
apoderada, interpuso recurso de apelación,4 que sustentó en los siguientes
4 Folios 130 a 134.
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Radicación: 52001 23 33 000 2018 00264 01 (2214-2021)
Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
términos:
(i) En el caso concreto, la parte demandante estaba en la obligación de desvirtuar
la legalidad del acto administrativo acusado, lo que no hizo, valga aclarar que, para
ese efecto, debía aportar las pruebas en las cuales sustentaba su pretensión, so
pena de que estas se resolvieran en forma adversa.
(ii) En la sentencia apelada se declaró la nulidad del oficio acusado desconociendo
que el demandante está sometido a un régimen prestacional especialísimo, dado
que se trata de un miembro de la Armada Nacional y, en ese sentido, para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas se debía sumar el tiempo de que
trata el artículo 164 del Decreto 1211 de 1990, lo que lleva a concluir que no hubo
mora para el pago de la prestación.
(iii) Adicionalmente a la parte actora le incumbía probar que debían prosperar las
pretensiones y no lo hizo y, en todo caso, no hay prueba de la mala fe de la entidad,
la cual realizó todos los esfuerzos, dentro del marco legal, para cumplir con el pago
de las prestaciones sociales.
(iv) Finalmente, no debía prosperar la condena en costas, pues de acuerdo con lo
establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso estas solo se
generan en cuanto aparezcan demostradas en el expediente y ello no ocurrió, pues
los únicos gastos que se pueden constatar son aquellos referentes a las
notificaciones y traslados ordenados en el auto que admitió la demanda.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandante no hizo ninguna manifestación en esta etapa.5 La parte
demandada reiteró los argumentos del recurso.6
5 Según el informe secretarial visible en el folio 150.
6 Según escrito adjunto al índice 14 del aplicativo Samai.
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Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a (i) establecer si era viable acceder al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías definitivas al demandante
o si, en su caso, los tres meses de alta de que trata el artículo 164 del Decreto 1211
de 1990 imposibilitaban que se configurara tal penalidad; por otro lado, (ii)
determinar si el hecho de que la gestión de la parte demandada, que, según el
recurso, estuvo desprovista de mala fe, impedía acceder a la referida sanción y,
finalmente, (iii) definir si procedía o no la condena en costas ordenada por el a quo.
2.2. Marco normativo
La Ley 6.ª de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
7 En el informe secretarial visible en el folio 150 no se hace referencia a un concepto que se hubiera
emitido en tal sentido y en la plataforma Samai no aparece un escrito de tal naturaleza.
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Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de
los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»8, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;9
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías10, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo11. Además, en los artículos 6 y
8 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
9 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
10 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
11 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesantías.
Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días
para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas
de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
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Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador12.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales13 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
12 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
13 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006, son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los
miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en
forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la
República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se
resalta).
Por otra parte, el Decreto 1211 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto del
Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares» en sus artículos 162
y 164 establecen lo siguiente:
Artículo 162. Cesantías e indemnizaciones. El Oficial o Suboficial de las Fuerzas
Militares que durante la vigencia de este Decreto se retire o sea retirado del servicio
activo por cualquier causa, tendrá derecho a que el Tesoro Público le pague, por una
sola vez, un auxilio de cesantía igual a un mes de labores correspondientes a su
grado por cada año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando
como base las partidas señaladas en el Artículo 158, y a las indemnizaciones que
legalmente del puedan corresponder liquidadas igualmente conforme al Artículo antes
citado. […]
Artículo 164. Tres meses de alta. Los Oficiales y Suboficiales que sean pasados a la
situación de retiro temporal o absoluto con quince (15) o más años de servicio o con
derecho a pensión de invalidez, continuarán dados de alta en la respectiva
Contaduría por tres (3) meses, a partir de la fecha que se cause la novedad de
retiro, para la formación del correspondiente expediente de prestaciones
sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el Artículo 178 de este Decreto
devengarán la totalidad de los haberes de actividad correspondientes a su
grado. Tal período se considera como de servicio activo, para efectos
prestacionales. [Resalta la Sala]
Es importante precisar, además, que el Decreto 1252 de 2000 «[p]or el cual se
establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los
trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública» dispuso, en su artículo
1.º, que los miembros de la Fuerza Pública que se vincularan a partir de su vigencia
tendrían derecho al derecho al pago de las cesantías en los términos dispuestos en
las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso, y el artículo 2
ibidem estableció que aquellos que para el 25 de mayo de 2000 disfrutaban del
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Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
régimen de cesantías con retroactividad, continuarían con dicho régimen hasta la
terminación de su relación laboral.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
(i) El 22 de marzo de 2017,14 el jefe de desarrollo humano y familia de la Armada
Nacional expidió la Resolución 0290 por la cual reconoció y ordenó el pago de las
cesantías definitivas a favor del demandante, en la cual liquidó la prestación, y, en
el acto se lee que dicha autoridad tuvo como fecha de ingreso al servicio, el 1 de
junio de 1990 y de retiro del servicio el 17 de enero de 2017. De la liquidación total
se descontaron los valores reconocidos previamente por concepto de anticipos. En
el sello que aparece en dicho acto se dejó constancia que este quedó en firme el 27
de marzo del referido año.
(ii) En noviembre de 2017,15 se emitió el extracto bancario de la cuenta de ahorro
del demandante, en la que consta que el día 30 de noviembre se realizó la
transferencia del dinero reconocido por concepto de cesantías.
(iii) El 9 de febrero de 2018,16 el demandante formuló solicitud dirigida a lograr el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ante la tardanza en el pago de sus
cesantías definitivas.
(iv) El 24 de febrero de 2018,17 el director de prestaciones sociales de la Armada
Nacional dio respuesta adversa al requerimiento hecho en la anterior petición, con
sustento en lo siguiente:
14 Folio 6.
15 Folios 7 y 9.
16 Folios 2 a 4.
17 Folio 5.
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Radicación: 52001 23 33 000 2018 00264 01 (2214-2021)
Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
[…] el señor Capitán de Navío (RA) Arnold Enrique Arnedo Rojas está cobijado por un
régimen prestacional especialísimo, por lo que los términos para reconocimiento de
Cesantías Definitivas a su favor son diferentes a los establecidos en el régimen
general, pues a los términos indicados en la Ley 1071 de 2006 debe sumarse el
establecido en el artículo 164 el Decreto 1211 de 1990 que establece el pago de los
conocidos Tres (3) Meses de Alta que es el tiempo destinado para efecto de
conformación del expediente prestacional.
(v) El 26 de octubre de 2018,18 el jefe de la División de Nómina de la Armada
Nacional remitió los certificados de los haberes reconocidos a favor del señor
Arnedo Rojas durante los tres meses de alta. En ellos se observan los siguientes
conceptos: «SUEL. BASICO», «SEGVIDSUBS», «PRIMDEC2863ART3», «PRIMAS», «ADIC.
PRINAVIDAD», «ADIC. PRISERVANUAL», «ADIC. PRIVACACIONAL».
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
En primer lugar, se precisa que la controversia se contrae al reconocimiento y pago
de la sanción moratoria que reclama la demandante, producto de la tardanza en que
incurrió la administración en reconocer y pagar sus cesantías definitivas,
pretensión que fue decidida en forma favorable en primera instancia.
Ahora bien, el recurso de apelación se contrae a cuestionar el reconocimiento de tal
penalidad, pues, en sentir de la entidad demandada, el señor Arnold Enrique Arnedo
Rojas está amparado por un régimen especialísimo para el reconocimiento de sus
cesantías definitivas y, por ende, el término para su pago debe empezar a correr
después de los 3 meses de alta establecidos en el artículo 164 del Decreto 1211 de
1990.
A efecto se resolver tal planteamiento, la Sala debe precisar que en el proceso bajo
examen no se debate el sistema que fue empleado por la administración para
liquidar las cesantías definitivas del señor Arnedo Rojas, lo que se cuestiona es el
hecho de que se hubieran pagado en forma extemporánea, de modo que no hay
lugar a hacer ningún pronunciamiento en torno al régimen que lo cobija, y, en ese
18 Folios 103 a 106.
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Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
sentido, el análisis se circunscribirá a examinar si la norma que contiene la sanción
moratoria tiene como destinatario al demandante, en su condición de capitán de
navío de la Armada Nacional; una vez definido lo anterior, se identificará si, como
se plantea en el recurso, el término para disponer el pago de la prestación debía
contabilizarse a partir del vencimiento de los tres meses de alta dispuestos en la
norma antes citada.
En cuanto al primer aspecto, esta Subsección considera que los miembros de la
Fuerza Pública sí son destinatarios de la Ley 1071 de 2006, pues están incluidos,
expresamente, en su artículo 2; siendo así, para efecto del reconocimiento y pago
de sus cesantías definitivas, la administración se debe sujetar a los precisos
términos dispuestos en los artículos 4 y 5 de esa disposición legal.19
Establecido lo anterior, la Sala abordará el estudio de los tres meses de alta
señalados en el artículo 164 del Decreto 1211 de 1990, y, en esa materia, se
advierte que, según el texto normativo, este lapso tiene por objeto la conformación
del expediente prestacional, una vez que los oficiales y suboficiales hayan pasado
a la situación de retiro temporal o absoluto, en las condiciones allí establecidas.
Dicha norma también prevé que «[t]al período se considera como de servicio activo,
para efectos prestacionales».
En ese contexto, y según el material probatorio que obra en el expediente, se
concluye que, en el caso concreto, la fecha en la cual se produjo el retiro del servicio
fue el 17 de enero de 2017;20 idéntica a la que sirvió de extremo final para la
liquidación de las cesantías definitivas reconocidas al señor Arnedo Rojas. Por otra
parte, se pudo establecer que los emolumentos que se pagaron a favor de este,
durante los 3 meses siguientes,21 que comprenden el periodo durante el cual se
conformaría su expediente prestacional, fueron el sueldo básico, el seguro de vida,
19 Así lo ha reconocido esta Corporación, entre otras, en sentencias del 30 de junio de 2022,
radicación 73001-23-33-000-2019-00087-01, número interno: 2742-2021, M.P. William Hernández
Gómez y del 31 de agosto de 2023, radicación: 25000 23 42 000 2020 00222 01, número interno:
4338-2022, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
20
Según consta en el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas, folio 6.
21 Meses de enero (parcial), febrero, marzo y abril (parcial) de 2017.
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las primas, la prima de diciembre, un adicional de las primas de diciembre, de la
anual de servicios y de la de vacaciones,22 pero, en momento alguno, se concedió
un valor adicional, durante ese lapso, por concepto de cesantías que cubran los 3
meses de alta.
Adicionalmente, y según se observa en la constancia pertinente,23 la notificación de
la Resolución 0290 del 22 de marzo de 2017, se produjo el 27 de ese mes y año,
es decir, antes de que vencieran los 3 meses de alta, y no se allegó al expediente
un acto modificatorio en el que se hubiera incluido alguna diferencia, por concepto
de los mencionados meses de alta, lo que lleva a inferir que no hubo ningún
reconocimiento de cesantías durante el lapso usado por la administración para
elaborar el expediente prestacional del actor.
En atención a lo anterior, la Sala concluye que si los tres meses de alta no fueron
incluidos a efectos de liquidar la prestación social denominada cesantías definitivas,
mal podría considerarse que el plazo para el pago de dicha prestación se deba
sujetar al vencimiento de los 3 meses de alta, máxime cuando, incluso, el acto
administrativo que las reconoció fue expedido y notificado con antelación al
vencimiento del periodo durante el cual se elaboraría el expediente prestacional.
Aunado a lo anterior, es evidente que el legislador no estableció ninguna excepción
respecto del cumplimiento de los términos perentorios establecidos en la Ley 1071
de 2006, para efectos del reconocimiento y pago de las cesantías definitivas a los
destinatarios de esta.
Corolario de lo anterior, la Sala considera que, en el caso bajo examen no era viable
computar los términos para el pago de las cesantías, con posterioridad al
vencimiento de los 3 meses de alta, y, por esa razón no se acoge el planteamiento
que, en ese sentido, propuso la entidad recurrente, de manera que no hay lugar a
revocar la sentencia apelada, en la cual se consideró que había lugar al
22 Tal como consta en los documentos que reposan en los folios 103 a 106.
23 Revés del folio 6.
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reconocimiento de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías
definitivas al actor, contabilizando la oportunidad para el pago desde el momento en
que quedó en firme el acto de reconocimiento de la prestación.24
En las anteriores condiciones, la Sala abordará el segundo problema jurídico, que
consiste en identificar si el actuar desprovisto de mala fe, por parte de la entidad
demandada, impedía imponer la sanción moratoria y, al respecto, basta con decir
que, al revisar el texto del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 no se denota que el
legislador hubiera sometido la causación de dicha penalidad, al comportamiento
subjetivo del empleador, pues para que aquella se origine, el único requisito
emanado de la ley consiste en un incumplimiento del plazo perentorio establecido
para el pago de la prestación. Esta Subsección25 ya se ha pronunciado sobre esa
materia, en los siguientes términos:
Bajo ese entendido, se debe precisar que, en el derecho público, a diferencia del
derecho privado, la mala fe no constituye un requisito para la aplicación de la norma,
pues basta con la acreditación del no pago oportuno del auxilio de las cesantías para
que haya lugar a la sanción moratoria derivada del incumplimiento en el pago de la
citada prestación social.26
Bajo la anterior interpretación, se concluye que no le asiste razón a la entidad
recurrente, para considerar que el hecho de que su gestión estuviera de provista de
mala fe, sea una causal que la exima de la responsabilidad de asumir el pago de la
sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías a favor del actor y, en
ese escenario, fuerza confirmar la sentencia apelada, en cuanto accedió a
reconocimiento de dicha penalidad.
24 El término de 45 días para el pago de la prestación, para el caso concreto, se debe contabilizar
así: «en casos donde existe acto escrito que reconoce las cesantías, el término de ejecutoria y, por
ende, los 45 días hábiles posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a
correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos señalados» tal como lo consideró
esta Corporación en sentencia de unificación, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018,
radicación: 73001 23 33 000 2014 00580 01, número interno: 4961-15.
25 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021, radicación: 76001-23-33-
000-2018-00686-01, número interno: 0396-2020; M.P. William Hernández Gómez.
26 Cita propia del texto transcrito «Posición que también ha sido adoptada por la Corte Constitucional
como se advierte en la Sentencia T-008/15 de enero de 2015. Expediente T-4.501.911. M. P.: Dr.
Jorge Iván Palacio Palacio.»
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Radicación: 52001 23 33 000 2018 00264 01 (2214-2021)
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Finalmente, la Sala abordará el asunto relativo a la imposición de costas en primera
instancia, por parte del Tribunal Administrativo de Nariño, pues, la entidad
accionada estima que no procedía una condena en ese sentido.
Para resolver el anterior cuestionamiento, y al revisar el expediente, en particular
las gestiones realizadas por las partes ante el a quo, se observa que el señor Arnold
Enrique Arnedo Rojas tuvo que constituir apoderado para que lo representara en
este proceso,27 dicha parte depositó el valor ordenado por concepto de gastos del
proceso,28 y el representante judicial de esa parte asistió a las audiencias inicial29 y
de pruebas,30 por lo tanto se debe concluir que el a quo acogió los criterios objetivo
y valorativo31 para imponer una condena al respecto,32 a cargo de la parte
demandada.
En efecto, en aplicación del criterio objetivo, en la sentencia debe haber una
disposición o decisión acerca de la condena en costas, bien sea imponiéndola o
absteniéndose de hacerlo; en este caso, el juez de instancia, previo el análisis
respectivo, decidió condenar en costas.
Ahora bien, en virtud del criterio valorativo era necesario que el juez revisara si las
costas se causaron o si era viable comprobar su causación, ello, de acuerdo con la
actividad que efectivamente hubiera desplegado la parte contraria, en ejercicio de
la defensa de los intereses de su representado; así, en el caso en estudio, el tribunal,
al decidir acerca de la imposición de costas señaló lo siguiente:
27 Según consta en el poder visible en el folio 1.
28 Folio 39.
29 Como consta en el acta respectiva, visible en los folios 83 a 85.
30 Acta visible en los folios 96 y 97.
31 Criterios que fueron analizados por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 7 de abril de 2016, radicación: 13001-23-33-000-2013-00022-01, número interno:
1291-2014, M.P. William Hernández Gómez, en la cual se indicó que: «c) Sin embargo, se le califica
de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y
en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.
Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.» [Se destaca]
32 Se precisa que este criterio rigió el trámite de los procesos que se adelantaron en vigencia de la
Ley 1437 de 2011, antes de la modificación introducida en la Ley 2080 de 2021, y que se aplica, para
resolver el recurso y analizar la decisión de primera instancia, la cual se emitió en vigencia de la
primer ley citada.
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Radicación: 52001 23 33 000 2018 00264 01 (2214-2021)
Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
Teniendo en cuenta que la representación judicial y el trámite procesal implican gastos
que debió asumir la parte demandante, se impondrán costas en contra de la
demandada y a favor de la demandante de conformidad con el contenido del artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo,
las cuales se liquidarán por la Secretaría del Juzgado de primera instancia [sic], con
fundamento en el Acuerdo que sobre agencias en Derecho emitiera el H. Consejo
Superior de la Judicatura y aquello que se encuentre demostrado en el expediente de
conformidad con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
Lo anterior, por cuanto es la H. Corte Constitucional la que, en sentencia C-157 de
2013 decidió sobre la necesidad de imponerlas, en forma objetiva, de conformidad
con el contenido del Código General del Proceso.
Lo anterior quiere decir que el tribunal señaló, en forma expresa, que se sustentó,
entre otros, en el artículo 365 del Código General del Proceso, para imponer las
costas, norma en la que se establece que «se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso»; siendo así, como la parte accionada resultó condenada a
responder por las pretensiones que se decidieron en forma favorable para el
demandante, se estructuró el supuesto fáctico fijado en dicha disposición para
imponer costas a su cargo; además, de acuerdo con las actuaciones realizadas por
la parte actora, enunciadas previamente, sí está acreditado el criterio valorativo para
la imposición de una condena de tal naturaleza, razones suficientes para mantener
la decisión que adoptó, en ese aspecto, el tribunal de instancia.
2.5. Condena en costas en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,41 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
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Radicación: 52001 23 33 000 2018 00264 01 (2214-2021)
Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse, para la segunda instancia, a la luz del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del
CPACA para precisar que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que (i) en el caso que se examina, sí se demostró la
tardanza por parte de la entidad demandada, para el pago de las cesantías
definitivas del demandante y, en consecuencia, procedía reconocer a favor de este
la sanción moratoria reclamada, sin que se tuviera que ampliar el plazo, para ese
efecto, durante los tres meses de alta, y sin que la buena fe en su actuar fuera
determinante para eximirla de tal responsabilidad; y (ii) no es viable condenar en
costas de segunda instancia.
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Radicación: 52001 23 33 000 2018 00264 01 (2214-2021)
Demandante: Arnold Enrique Arnedo Rojas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2020, por el
Tribunal Administrativo de Nariño, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho formulado por Arnold Enrique Arnedo Rojas contra la Nación (Ministerio de
Defensa, Armada Nacional), según lo expuesto en las consideraciones que
anteceden.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, según lo
expuesto con antelación.
Tercero. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
21
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