RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2020-00222-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00222-01

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00222-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. – Revocar la sentencia proferida el 14 de junio del 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de la Ley 1071 del 2006 en el proceso promovido por William Adenis Lancheros Casas contra la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por las razones expuesta en la parte motiva de este proveído. Segundo. - Declarar la nulidad parcial de la Resolucion 1046 del 5 de diciembre del 2018 y en su totalidad de la Resolución 556 del 16 de agosto del 2019 y 3721 del 9 de septiembre del 2019 en cuanto negaron el reconocimiento de la penalidad pretendida por el demandante. 21 Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022) Demandante: William Adenis Lancheros Casas Tercero.- Como consecución de la nulidad declarada, a título de restablecimiento del derecho, condenar al Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reconocer y pagar al demandante la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de mora en el pago de las cesantías definitivas desde el 28 de noviembre de 2018 hasta el 28 de octubre de 2019, penalidad que se liquidará con base en la asignación básica vigente para el momento de la causación de la mora, acorde con la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 201832, esto es, con la asignación del año 2018. Cuarto. - Sin condena en costas. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00222-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Temas: Reconocimiento de sanción moratoria por pago tardío
de cesantías definitivas a miembro retirado de la Policía Nacional

Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 14 de junio del 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las pretensiones de la
demanda.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo1, William Adenis Lancheros Casas presentó demanda
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para que se declarara la
nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 1046 del 5 de
diciembre del 2018 «por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de
cesantías definitivas de un personal retirado»; ii) Resolución 556 del 16 de agosto
del 2019 «por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución 1046 del 5 de diciembre del 2018» y, iii) Resolución 3721 del
9 de septiembre del 2019 «por medio de la cual se resolvió el recurso de
apelación» que negó el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
prestaciones debidas por la Policía Nacional al demandante.

1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, en atención a
las prestaciones pagadas de forma tardía por la Policía Nacional, lo anterior con
efectos desde el 7 de mayo del 2018, fecha en la cual se causó el retiro del
servicio activo; ii) ordenar pagar las sumas adeudadas con la indexación
respectiva conforme al IPC certificado por el DANE; iii) condenar en costas y
agencias en derecho a las entidades demandadas y iv) dar cumplimiento al fallo.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

William Adenis Lancheros Casas ingresó a la escuela de cadetes general
Santander de la Policía Nacional el 13 de enero de 1997 y de la cual egresó el 5
de noviembre de 1999, cuando obtuvo el escalafón de oficiales de esa institución.
En su carrera como oficial de la Policía Nacional, fue merecedor de los siguientes
ascensos:

GRADO FECHA DE ACTO ADMINISTRATIVO
ASCENSO
Cadete 13/01/1997 Resolución 544 del 10 de enero de 1997
Subintendente 5/11/1999 Resolución 1044 del 29 de noviembre de
1999
Teniente 01/12/2003 Decreto 3402 de 2003
Capitán 01/12/2007 Decreto 4645 de 2007
Mayor 01/12/2012 Decreto 2438 de 2012

El 7 de mayo de 2018, luego de más de 21 años de actividad, fue notificado del
retiro del servicio activo en la institución Policial, lo cual se efectuó mediante la
Resolución 2381 del 16 de abril de 2018. En el parágrafo del artículo 1, se
estableció lo siguiente:

«Parágrafo. Los mencionados oficiales, continuaran dados de alta por el lapso de
tres (3) meses, contados a partir de la fecha de retiro en la respectiva tesorería de
la Policía Nacional, en los términos y para los efectos del artículo 145 del Decreto
Ley 1212 de 1990».

En el momento del retiro del servicio activo, el mayor William Adenis Lancheros
Casas se encontraba adscrito y laborando en la Dirección de Protección y
Servicios Especiales de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá y percibió las
siguientes sumas, según consta en la hoja de servicio: i) sueldo básico: $
2.723.536; ii) prima de actividad: $1.348.150,32; iii) prima de antigüedad:
$435.765,76; iv) subsidio familiar: $817.060,80; v) subsidio de alimentación: $56.786

2

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

El 7 de agosto del 2018 se cumplió el término de los 3 meses de alta y debido a la
falta de pago de sus cesantías definitivas, radicó el 15 de agosto siguiente,
petición ante el director general de la Policía Nacional a través de la cual solicitó la
liquidación y pago de sus prestaciones sociales entre ellas, las cesantías
definitivas y el pago de la moratoria por el pago tardío de las mismas.

El 22 de agosto de 2018, mediante comunicación oficial S-2018-047510-DIPON/-
ARPRE-GRUCE 1.10, el jefe de área de prestaciones sociales dio respuesta a la
solicitud, en la que le informó que:

«La Secretaria General en coordinación con la Oficina de Planeación, vienen
adelantando las gestiones necesarias para que el Ministerio de Hacienda apruebe la
adición o traslado presupuestal para el pago de sus cesantías. Por otra parte, la
indemnización por el no pago de sus cesantías definitivas no es procedente, toda
vez que pertenece a un régimen especial el cual no contempla ese tipo de pagos.
Finalmente, no se le liquidaron sus cesantías definitivas, toda vez que, no es posible
hasta que el acto administrativo no se encontrara en firme».

El 14 de diciembre del 2018, el jefe de grupo de nóminas envió la comunicación
oficial S-2018-067641/ARPRE-GRUNO-29, en la cual notificó por aviso y anexó la
Resolución 1046 del 5 de diciembre del 2018 y el expediente 17947 del 3 de julio
de 2018, en la que liquidó las cesantías definitivas del actor por valor de
$42.403.867, sin que en ella se incluyera la indemnización moratoria por su pago
tardío, decisión contra la cual, el 8 de enero de 2019, interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación, cuyo objeto fue reclamar la penalidad por la
demora en el pago de su auxilio.

Posteriormente, ante la falta de pago de sus cesantías y al no recibir respuesta de
los recursos instaurados, el 6 de febrero del 2019 presentó una segunda petición
ante el director general de la Policía Nacional, en el que solicitó la liquidación y
pago total de la aludida prestación, sin que obtuviera respuesta de fondo, motivo
por el cual, el 1 de marzo del 2019 instauró acción de tutela y conoció de ella el
Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, despacho que tuteló el derecho
fundamental de petición mediante fallo del 12 de marzo del 2019.

El 1 de abril del 2019 se le notificó el contenido de la Resolución 109 de esa
misma fecha, por medio de la cual rechazaron los recursos de reposición y
apelación interpuestos contra la Resolución 1046 del 5 de diciembre del 2018, al
considerar que habían sido interpuesto de manera extemporánea, decisión que
fue recurrida en queja, medio de impugnación desatado mediante Resolución
1967 del 10 de mayo de 2019 que revocó aquellas y en su lugar, dispuso remitir el
expediente para dar trámite a los recursos de reposición y apelación incoados
inicialmente.

3

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

Al demandante le fue comunicado la Resolución 556 del 16 de agosto de 2019 el
20 siguiente, que resolvió el recurso de reposición y negó lo pretendido por el
recurrente y 4 de septiembre de esa misma anualidad, el jefe de grupo de nómina
le notificó el contenido de la Resolución 3721 del 3 septiembre de 2019 que
resolvió el recurso de apelación confirmando la negativa de acceder a la penalidad
y con tal decisión, finalizó el procedimiento tendiente al pago de sus cesantías
definitivas y la indemnización derivada del pago tardío de aquella.

Mediante comunicación oficial S-2019-035944/DIRAF-ARFIN 38.10, el tesorero
general de la Policía Nacional le informó al actor que el 7 de octubre de 2019 se le
realizó un abono a su cuenta de ahorros del banco BBVA por valor de
$21.201.933,89. Adicionalmente, le indicó que el descuento aplicado en la
precitada nómina de cesantías definitivas por valor de $21.201.933,88, fue girado
con fecha de pago el 29 de octubre del 2019, a la cuenta corriente 918993015 del
banco Popular, la cual es destinada para el recaudo de los pagos por libranza.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante consideró vulneradas las siguientes disposiciones: artículos
1, 2, 3, 6, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 83, 84, 90, 122,123 y 209 de la Constitución
Política; 143 y 145 del Decreto Ley 1212 de 1990; Ley 244 modificada por la Ley
1071 de 2006; Decretos 1252 de 2000 y 1919 de 2002.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos2:

La Ley 244 de 1995 estableció la sanción moratoria, consistente en un día de
salario por cada día de retardo, cuando no se pague las cesantías definitivas o
parciales de los servidores públicos, en los términos señalados por la ley. A su
vez, la Ley 1071 de 2006 estableció en su artículo 2 el ámbito de aplicación y en
ella señaló que: «son destinatarios de la presente ley los miembros de las
Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos
efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que
ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios
y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al
Fondo Nacional de Ahorro».

Lo anterior quiere decir que cuando un servidor público, en este caso miembro de
la Fuerza Pública solicita sus cesantías, sean parciales o definitivas, ante la falta

2 A folios 8-19 del expediente

4

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

de pago o pago tardío, la administración está obligada a reconocer la sanción
moratoria. Por lo tanto, en el caso bajo estudio, una vez vencido el término de alta
del servicio el 7 de agosto de 2018, la demandada no había reconocido ni pagado
las cesantías definitivas por retiro, pues el acto de reconocimiento solo fue
proferido el 5 diciembre de 2018 mediante la Resolución 1046 de 2018 y el pago
se efectuó el 7 de octubre de 2019, lo que se tradujo en una mora de un poco más
de 16 meses después de su retiro del servicio.

La Policía Nacional olvidó que todos los trabajadores colombianos, sin excepción,
incluidos los miembros de la Fuerza Pública, están amparados por principios y
derechos fundamentales constitucionales como la garantía efectiva de los
derechos y libertades, igualdad de trato ante la ley, derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas, aplicación de los beneficios mínimos laborales.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, contestó la demanda y se
opuso a la totalidad de las pretensiones y para tal efecto manifestó los siguientes
argumentos:3

El actor no tiene derecho al pago de la sanción moratoria que reclama, por cuanto
el régimen especial al que perteneció no la contiene. Si lo que pretende es
apartarse de la aplicación del régimen especial y que se le aplique el régimen
ordinario, la Policía Nacional no ve inconveniente en ello, siempre y cuando se le
aplique en su integridad la norma, porque no es jurídicamente viable que el
trabajador se beneficie de dos normas que regulan regímenes diferentes, tomando
de cada una de ellas lo que le conviene.

Frente al reconocimiento de la prestación social, manifestó que procedió a su
reconocimiento y liquidación una vez fue retirado del servicio; no obstante, para su
pago era necesario contar con la disponibilidad presupuestal asignada por el
gobierno nacional. Adicionalmente, las cesantías definitivas fueron pagadas en el
término de 45 días como lo dispone el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, ello en
razón a que el plazo mencionado se contabiliza una vez en firme el acto
administrativo que las reconoce. En este caso, la firmeza ocurrió cuando se
resolvieron los recursos de reposición y apelación, esto es, el 16 de agosto y 3 de
septiembre de 2019 respectivamente, por lo tanto, desde esta fecha hasta cuando
se realizó el desembolso de la prestación el 7 de octubre de 2019 no habían
trascurrido el término dispuesto en la norma para el pago de las cesantías,

3 A folios 127-136 del expediente

5

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

significando lo anterior que el acto administrativo que las reconoció y ordenó no
cobró firmeza hasta cuando se desataron los recursos que impetró el demandante
contra el aludido acto.

El demandante olvidó que fue retirado del servicio mediante Resolución 2831 del
16 de abril de 2018, la cual fue notificada el 7 de mayo del 2018; no obstante, la
institución le siguió pagando un salario durante los tres meses siguientes, ello en
razón a que el artículo 145 del Decreto 1212 de 1990. Por lo tanto, durante esos 3
meses se considera que continuaba estando en servicio activo y que dicho tiempo
se adiciona para liquidarle el auxilio de cesantías. En consecuencia, solo era
posible realizar la liquidación de las cesantías una vez culminara en su totalidad el
periodo de alta, porque en ese momento se tiene precisión del tiempo total
laborado para liquidar sus cesantías.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció en estos
términos4:

El a quo estimó que cuando las cesantías se reconocen en forma retroactiva no
hay lugar a percibir la sanción por mora en el pago de esa prestación. En ese
orden de ideas, al tener en cuenta la fecha de ingreso al servicio del actor el 13 de
enero de 1997 y la liquidación de las cesantías definitivas realizada por la entidad
demandada, es claro que la prestación fue reconocida con el régimen retroactivo,
pues su vinculación se produjo con anterioridad al 25 de mayo de 2000, fecha de
entrada en vigencia el Decreto 1252 de 2000 que estableció el régimen anualizado
de cesantías para los miembros de la Fuerza Pública, por lo tanto, no es viable el
reconocimiento y pago de la penalidad, pues ésta se estableció para los afiliados
al régimen de cesantías anualizado cuando el empleador realiza su pago o
consignación por fuera del término previsto para el efecto.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación5 a fin de que se revoque la
decisión de primera instancia. Para tal efecto argumentó lo siguiente:

Se debió aplicar lo establecido en la Ley 1071 del 2006, la cual reglamentó el
reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores

4 A folios 250-260 del expediente.
5 A folios 271-284 del expediente

6

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

del Estado, así como su oportuna cancelación, norma que señaló que son
destinatarios de la penalidad reclamada los miembros de la Fuerza Pública. Por lo
tanto, para el pago de las cesantías definitivas se debió aplicar lo dispuesto en los
artículos 4 y 5 de la citada ley, los cuales indican que en caso de que se pague por
fuera de los términos allí señalados, la entidad pública deberá reconocer de sus
propios recursos al beneficiario, una sanción moratoria equivalente a un día de
salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en
ese artículo.

En vigencia del régimen retroactivo, si bien no había norma que regulara la
sanción moratoria, ello no significa que las entidades públicas estuvieran liberadas
del pago oportuno de las prestaciones. Para reforzar su postura, citó los
argumentos del salvamento de voto de la sentencia de primera instancia.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

Las partes no se pronunciaron en esta etapa procesal

1.6. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, en razón
a que la posición predominante de la jurisprudencia ha concluido que en el
régimen de retroactividad de cesantías no hay lugar al reconocimiento y pago de
la sanción moratoria.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿William Lancheros Casas en su
condición de oficial retirado de la Fuerza Pública y beneficiario del régimen de
retroactividad de las cesantías, puede ser destinatario de la sanción moratoria por
el pago tardío de sus cesantías definitivas de acuerdo con lo previsto en las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006?

Para resolver el anterior problema, se abordarán los siguientes temas: i) régimen
de cesantías de los miembros de la Fuerza Pública; ii) sobre la sanción moratoria
por el pago tardío de cesantías definitivas; y iii) estudio del caso concreto.

7

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico
planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
aplicable al caso concreto.

2.3.1. Régimen de cesantías de los miembros de la Fuerza Pública

El régimen de cesantías aplicable a los miembros de la Fuerza Pública reviste dos
modalidades de conformidad con lo establecido en el Decreto 1252 de 2000. La
primera, de retroactividad para quienes se vincularon con anterioridad a su
entrada en vigencia, esto es, 25 de mayo de 2000 y, la segunda, anualizada, para
quienes lo hicieron con posterioridad a dicha fecha, así:

«ARTÍCULO 1°. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros
de la fuerza pública que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del
presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos
establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso. Lo
dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u
organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial
que regule las cesantías. Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja
Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los
servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo».

En igual sentido, el artículo 2 dispuso que: «los servidores públicos que a 25 de
mayo de 2000 disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas se mantenían en
dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en la entidad que
aplica dicha modalidad prestacional; es decir, a partir de su expedición los
servidores públicos que se vincularon se regirían por las disposiciones de las Leyes
50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso».

Ahora bien, para el caso que nos ocupa que es el de las cesantías retroactivas, el
Decreto 1212 de 19906, estableció en su artículo 143 lo siguiente:

«ARTICULO 143. Cesantía e indemnizaciones. El Oficial o Suboficial de la Policía
Nacional que durante la vigencia de este Decreto se retire o sea retirado del servicio
activo por cualquier causa, tendrá derecho a que el Tesoro Público le pague, por
una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un mes de haberes correspondientes a
su grado por cada año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando
como base las partidas señaladas en el artículo 140 y a las indemnizaciones que
legalmente le puedan corresponder liquidadas igualmente conforme al citado
artículo».

Del anterior fragmento se extrae que la liquidación de las cesantías conforme al
régimen de retroactividad se liquida por una sola vez, con el último salario

6 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.

Expedido el 8 de junio de 1990.

8

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

devengado por el servidor público, por cada año de servicio o fracción de 6 meses,
régimen que terminó para los miembros de la Fuerza Pública con la expedición del
Decreto 1252 de 2000 el cual expresamente incluyó a este personal dentro de su
campo de aplicación al régimen anualizado. De tal manera, este decreto previó
que los servidores que se vincularan a partir de su vigencia tendrían derecho al
pago de sus cesantías conforme a las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de
1998; aun, cuando el servidor público perteneciera a un régimen especial.

Posteriormente, la Ley 344 de 1996 dispuso en su artículo 13 la forma en la que
se consignaría y pagaría las cesantías en el régimen anualizado:

«ARTÍCULO 13.- Reglamentado parcialmente por el Decreto 1582 de 1998. Sin
perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a
partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los
Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: Ver Art. 3°
Decreto Nacional 1919 de 2002

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo

PARÁGRAFO.- El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se
aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»

Como se puede observar, dicha norma al momento de su expedición no previó
que los miembros de la Fuerza Pública se cobijaran bajo el régimen anualizado de
cesantías; no obstante, con la expedición del Decreto 1252 del 2000, se hizo
extensible la aplicación de este régimen a los miembros de las Fuerzas Militares y
Policía Nacional. Adicionalmente, la diferencia entre el régimen retroactivo y el
anualizado como se ha visto hasta el momento, consiste en la forma y tiempo en
que se liquidan las cesantías, pues en el primero, se liquidan tomando todo el
tiempo de servicios prestados y se utiliza el último salario devengado por el
servidor; mientras que, en el segundo, es decir en el anualizado, se liquidan
anualmente al 31 de diciembre, tomando el salario actual de cada año devengado
por el servidor y su consignación se hace a más tardar el 15 de febrero de la
anualidad siguiente.

Así lo estableció la Ley 50 de 1990, la cual dio origen a la aplicación del régimen
anualizado, en principio exclusivamente para los trabajadores del sector privado.
Tal ley dispuso en su artículo 99 lo siguiente:

9

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

«ARTÍCULO 99.- Reglamentado por el Decreto 1176 de 1991. El nuevo régimen
especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcional por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo. (Aparte subrayado fuera del texto)».

En consecuencia, el régimen de cesantías que dispuso el Decreto 1252 del 2000,
solo hace referencia a la forma en cómo se liquidan y consignan las cesantías,
que como ya se vio, se hace de forma anual tomando el salario actual devengado
por el servidor, en su cuenta individual en el fondo de cesantía que elija. Situación
muy diferente del pago o cancelación de las cesantías definitivas o parciales, en
donde el servidor solicita la entrega de los dineros consignados en su cuenta
individual del fondo de cesantías, bien sea de forma parcial por educación, mejora
o compra de vivienda; o de forma definitiva al terminar la relación laboral con el fin
de cubrir sus necesidades al quedar cesante.

En tal sentido es indispensable establecer la diferencia entre los conceptos de
liquidación y consignación anual del de pago, pues para los primeros se hace
alusión a la forma en cómo se calcula la prestación y el momento en que se
deposita en la cuenta individual del fondo de cesantías del servidor mientras que
la segunda hace alusión a la entrega definitiva o parcial del auxilio de cesantías
ahorrado y depositado en su cuenta. Realizada la anterior diferenciación, se puede
concluir que si bien el régimen anualizado previó una sanción moratoria para la
consignación oportuna de las cesantías, esta difiere de la sanción moratoria
prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 del 2006, la cual rige para aquella
situación en que la administración pague tardíamente el auxilio de cesantías al
servidor público, bien sea de forma parcial cuando las solicite en vigencia de la
relación laboral o definitiva cuando ya haya terminado el vínculo laboral.

2.3.2. La sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas

10

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

La Ley 244 de 19957, estableció la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio
de cesantías parciales o definitivas. Para tal efecto estableció en su artículo 1 lo
siguiente:

«Artículo 1.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de
la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores
públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta,
deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta
anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los
términos señalados en el inciso primero de este artículo».

De tal manera le dio a la entidad empleadora el término de 15 días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías para
expedir la resolución que ordene su liquidación y pago. Por otro lado, respecto al
pago, el artículo 2 de la citada norma le otorgó a la entidad pagadora el siguiente
plazo:

«Artículo 2.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor
público, para cancelar esta prestación social.

Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a éste.»

De conformidad con lo anterior, la norma previó unos términos o plazos para que
la entidad empleadora expidiera la resolución que ordene su liquidación y pago,
del mismo modo, para la entidad pagadora, para que cancele la prestación social,
de modo que si incumplen con los términos señalados, se hacen acreedoras de la
sanción moratoria equivalente un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo su pago.

7 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores

públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».

11

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

Posteriormente, la Ley 1071 del 20068 estableció en su artículo 1, que dicha ley
tiene por objeto reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación. Tal norma amplió la cobertura de su contenido al establecer en su
artículo 2 que se aplicaría a los siguientes servidores públicos:

«Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los
miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de
sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos
efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan
funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y
trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al
Fondo Nacional de Ahorro.» (Aparte subrayado fuera del texto)

Como se puede observar, la citada norma hizo extensivo la aplicación de los
términos allí previstos para el pago oportuno de las cesantías definitivas o
parciales a los miembros de la Fuerza Pública. De modo que, la sanción moratoria
prevista por el incumplimiento de tal obligación a cargo de las entidades
empleadora y pagadora se aplica también a los uniformados, sin perjuicio de que
pertenezcan a un régimen especial. Para tal efecto la ley estableció lo siguiente:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se

8 «por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las
cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan
términos para su cancelación»

12

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este».

De lo anterior, se desprende que la sanción moratoria se hace exigible una vez
vencidos los términos allí dispuestos, estos son: 15 días hábiles desde la
presentación de la solicitud para expedir la resolución que reconozca el pago de
las cesantías definitivas; 10 días hábiles del término de ejecutoria de la resolución
y, 45 días hábiles para efectuar el pago una vez vencido el termino de ejecutoria,
para un total de 70 días hábiles. En consecuencia, si al día 70 la administración no
ha cumplido con la obligación de pagar las cesantías definitivas al actor, se hará
exigible la sanción moratoria al día siguiente del incumplimiento. Aunado a la
anterior, la norma no estableció una distinción o prohibición de aplicación de tal
disposición entre el régimen de cesantías anualizado o retroactivo; por lo tanto, se
entiende que su aplicación se hace extensible a ambos regímenes, siempre y
cuando la situación verse sobre el pago de la prestación definitiva o parcial y su
reconocimiento, liquidación y pago se solicite a partir de la vigencia de la Ley 1071
del 2006.

Así lo determinó la sentencia de unificación del 18 de julio de 20189, la cual
dilucidó el momento en que inicia la causación de la precitada penalidad
moratoria, en las distintas hipótesis que pueden presentarse en el marco del
reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; no obstante, tal análisis de la norma también
resulta extensivo a los miembros de la Fuerza Pública, pues como ya se enunció,
la Ley 1071 del 2006 previó su aplicación para los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; del
mismo modo para los miembros de la fuerza pública. De modo que el precedente
que ha proferido esta corporación en el que analizó las situaciones en que se
aplica la norma para los docentes, también resulta aplicable al presente caso,
pues finalmente docentes y miembros de la Fuerza Pública fueron cobijados por
las disposiciones de esta norma. Siendo así, el análisis de la sentencia de
unificación se centra es en el contenido de la norma, lo cual permite que tal
interpretación sea aplicada también al caso.

La referida sentencia de unificación determinó la forma y oportunidad del acto de
reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso en tiempo o extemporáneo),
su notificación, interposición de recursos y ejecutoria de dicha actuación y fijó a

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de fecha 18 de julio de 2018
dentro del proceso radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) Ce-Suj2-012-18; actor:
Jorge Luis Ospina Cardona y d/do: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Tolima.

13

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

partir de cuándo, en cada caso, empieza a generarse la mora en el pago del
auxilio:

«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria
corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término
que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del
acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el
término dispuesto en la ley para que la entidad intentara notificarlo personalmente,
esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar
que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el
enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los
términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que
así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán
en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique
el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la
cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto».

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

Mediante constancia expedida el 19 de noviembre del 2019 por el jefe grupo de
talento humano, se especificó que William Adenis Lancheros Casas prestó sus
servicios en la Policía Nacional desde el 10 de febrero de 1997 al 7 de agosto del
2018, con un tiempo de servicio de 21 años, 5 meses y 27 días 10 y según hoja de
vida, el 5 de noviembre de 1999 obtuvo el ascenso al grado de subteniente,
posteriormente, el de teniente el 1 de diciembre de 2003, el de capitán el 1 de
diciembre del 2007 y por último, el de mayor el 1 de diciembre del 201211.

Mediante certificación expedida el 13 de junio del 2018 por el tesorero general de
la Policía Nacional, dejó constancia del sueldo devengado por el demandante para

10 A folio 99 del expediente
11 A folios 40-42 del expediente

14

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

el mes de mayo del 201812: i) asignación básica: $2.723.536; ii) subsidio
alimentación: $56.786; iii) bonificación seguro de vida: $14.316; iv) prima
antigüedad: $354.059; v) prima actividad: $1.348.150; vi) subsidio familiar:
$817.060 para un total de $5.313.908.

A través de la Resolución 381 del 16 de abril del 2018 el Ministro de Defensa
Nacional retiró del servicio al actor por la causal de llamamiento a calificar
servicios. La misma estableció que continuaría dado de alta por el lapso de 3
meses, contados a partir de la fecha de retiro en la respectiva tesorería de la
Policía Nacional, en los términos y para los efectos del artículo 145 del Decreto
Ley 1212 de 199013, decisión que le fue notificada el 7 de mayo del 201814.

El 15 de agosto de 2018 presentó petición al director general de la Policía
Nacional, en el cual solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas;
igualmente, el reconocimiento de las indemnizaciones a que tuviera lugar por la
falta de pago de las prestaciones debidas15, ante lo cual, la Policía Nacional,
mediante Resolución S-2018-047510-DIPON/-ARPRE-GRUCE-1.10 del 22 de
agosto del 2018, dio respuesta a la petición y negó lo pretendido, al señalar que:
«[…] la demora en el pago de sus cesantías definitivas radicaba en la asignación
presupuestal que el Estado le otorgó a la institución para la vigencia 2018, la cual
no cubre el total de hoja de servicio, adicionalmente no es procedente la
indemnización por el no pago de las cesantías definitivas, toda vez que el régimen
especial no contempla ese tipo de pagos»16.

El 5 de diciembre de 2018 el subdirector general de la Policía Nacional expidió la
Resolución 1046 del 2018 que le reconoció y liquidó las cesantías definitivas por
valor total de $42.403.867,77; de los cuales, solamente ordenó el pago de
$21.2021.933 y quedó un saldo de $21.2021.93317, resolución que fue notificada
por aviso mediante Oficio S-2018-067641/ARPRE-GRUNO-29 del 14 de diciembre
del 201818, ello en razón a que no fue posible la notificación personal19, decisión
ante la cual, el 8 de enero del 2019, interpuso recurso de reposición y apelación
con el fin de que se le reconociera la indemnización moratoria por la mora en el
pago de sus cesantías, comoquiera que había sido retirado de la institución desde

12 A folio 98 del expediente
13 A folios 28 al 37 del expediente
14 A folio 38 del expediente
15 A folio 46 del expediente
16 A folio 47 del expediente
17 A folios 50-51 del expediente
18 A folio 50 del expediente
19 A folios 48 al 49 del expediente

15

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

el 7 de mayo del 2018, sin que se hubiere realizado el pago de sus prestaciones
sociales20.

El 6 de febrero del 2019 presentó una segunda petición, en la cual solicitó a la
Policía Nacional, ordenar el pago de sus cesantías definitivas, al igual que la
moratoria por la tardanza en el pago de la prestación social21. Ante la falta de
respuesta de la entidad, el 12 de marzo del 2019, interpuso acción de tutela con el
fin de que se protegiera su derecho fundamental a obtener resolución de las
peticiones y recursos presentados, mecanismo constitucional que fue conocido por
el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá quien mediante fallo del 12 de marzo de
2019 amparó el derecho fundamental de petición y ordenó a la Policía Nacional
que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo profiriera los
actos administrativos que dieran respuesta a los recursos de reposición y en
subsidio apelación interpuestos contra la Resolución 1046 del 201822.

El 1 de abril del 2019 el subdirector de la Policía Nacional profirió la Resolución
109, por medio de la cual rechazó los recursos de reposición y en subsidio
apelación presentados por el actor el 8 de enero del 2019, en razón a que no
cumplían los requisitos de los artículos 77 y 78 del CPACA23, decisión contra la
cual el demandante el 4 de abril del 2019 interpuso recurso de queja y solicitó se
ordenara dar trámite al recurso de apelación incoado contra la Resolución 1046
del 2018 y reiteró la petición de reconocimiento de la indemnización moratoria por
la tardanza en el pago de sus cesantías definitivas, las cuales a esa fecha no
habían sido pagadas24.

El director general de la Policía Nacional el 10 de mayo del 2019 profirió la
Resolución 1967, mediante la cual revocó la Resolución 109 del 1 de abril del
2019 que había rechazado los recursos de reposición y apelación y en
consecuencia, ordenó dar el trámite pertinente a los recursos interpuestos por el
demandante25.

El 16 de agosto del 2019 el subdirector general de la Policía Nacional expidió la
Resolución 556, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto
por William Lancheros Casas y confirmó lo dispuesto por la Resolución 1046 del 5
de diciembre del 2018 y ordenó tramitar el recurso de apelación26 y el 3 de
septiembre del 2019, el director general profirió la Resolución 3721 que resolvió el
20 A folio 55 del expediente
21 A folios 56 al 58 del expediente
22 A folios 59 al 65 del expediente
23 A folios 66 al 67 del expediente
24 A folios 69 al 75 del expediente
25 A folios 77 al 79 del expediente
26 A folios 80 al 84 del expediente

16

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

recurso de apelación y confirmó lo dispuesto por la Resolución 1046 del 5 de
diciembre del 2018 y declaró agotada la actuación administrativa27.

El actor el 17 de septiembre del 2019 presentó nueva petición al tesorero general
de la Policía Nacional, en el cual solicitó se ordenara en el menor tiempo el pago
de sus cesantías definitivas, así mismo se le certificara la fecha exacta del
desembolso de ellas a su cuenta personal del banco BBVA28; ante lo cual, el 28 de
octubre del 2019, mediante Oficio No.S-2019-035944/DIRAF-ARFIN 38.10, dio
respuesta a la petición y le informó que para el 7 de octubre de esa anualidad se
realizó el abono a la cuenta de ahorros del banco BBVA a nombre del
demandante, por valor de $21.201.933. Así mismo, el descuento aplicado en la
precitada nómina de cesantías definitivas por valor de $21.201.933 a favor del
banco Popular, fue girado con fecha de pago 29 de octubre de 2019 a la cuenta
corriente destinada por esa entidad para el recaudo de los pagos por libranza29.

El a quo través de la sentencia recurrida negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el actor al haber ingresado al servicio el 13 de enero de 1997, es
decir, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1252 del 2000, le
asiste el derecho a la liquidación de sus cesantías definitivas de conformidad con
el régimen retroactivo; por lo tanto, no es viable el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, pues ésta se estableció para los afiliados al régimen de
cesantías anualizado cuando el empleador realiza su pago o consignación por
fuera del término previsto para el efecto más no se previó para el régimen
retroactivo, decisión ante la cual, el demandante solicitó se revoque la sentencia
de primera instancia.

La Sala reitera lo explicado en el marco normativo, en el sentido que el régimen de
cesantías anualizado para los miembros de la Fuerza Pública empezó a regir con
la expedición del Decreto 1252 del 2000, el cual dispuso que los servidores que se
vincularan a partir de su vigencia tendrían derecho al pago de sus cesantías en los
términos de las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, aun cuando el
servidor público perteneciera a un régimen especial; no obstante, la distinción
entre el régimen anualizado y el retroactivo solo reside en la forma cómo se
liquidan y consignan las cesantías, pues en el primero, se liquidan anualmente al
31 de diciembre y para ello se toma el salario actual de cada año devengado por
el servidor y su consignación se hace a más tardar el 15 de febrero de la
anualidad siguiente; mientras que, en el retroactivo, se liquidan por una sola vez y

27 A folios 87 al 90 del expediente
28 A folios 91 al 94 del expediente
29 A folios 95- 97 del expediente

17

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

para ello se toma todo el tiempo de servicios prestados y el último salario
devengado por el servidor.

Por lo tanto, el Decreto 1252 del 2000 al indicar que a partir de su vigencia los
servidores tendrían derecho al pago de sus cesantías en los términos de las Leyes
50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, hacía referencia exclusivamente al
momento y forma en cómo se liquidaría esta prestación, pues, tales normas
previeron una sanción moratoria para el empleador que no liquidara y consignara
al 15 de febrero de cada anualidad el auxilio de cesantías en la cuenta individual
del fondo de cesantías de cada trabajador. Entonces, la sanción moratoria prevista
por las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998 para la consignación de las
cesantías del régimen anualizado, difiere de la penalidad prevista en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, por cuanto la situación jurídica protegida ya no es la
consignación oportuna, sino el pago o la entrega parcial del auxilio en los términos
señalados por la ley.

En tal sentido, el demandante al ser retirado el 16 abril del 2018, notificado de tal
decisión el 7 de mayo del mismo año y dado de alta 3 meses siguientes a la fecha
de retiro, es decir, hasta el 7 de agosto de 2018 y al haber presentado la solicitud
de liquidación de sus cesantías definitivas el 15 de agosto del 2018, esto es, en
vigencia de la Ley 1071 del 2006, le asiste el derecho a que se le apliquen los
términos previstos para el reconocimiento y pago oportuno de sus cesantías
definitivas; adicional a ello, porque la ley extendió su campo de aplicación a los
miembros de la Fuerza Pública.

Ahora bien, al tener en cuenta que la finalidad de las cesantías definitivas, tanto en
el régimen de retroactividad como en el de liquidación anual, es igual, mal podría
darse un tratamiento diferenciado para efecto del término de liquidación y pago de
la prestación, razón de más para establecer que los términos perentorios
establecidos en la Ley 1071 de 2006 están dirigidos para la liquidación de
cesantías de los servidores enunciados en su numeral 2, sin discriminación del
régimen por el que estén amparados30. Entonces, a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 1071 de 2006 se amplió el espectro de la penalidad, inclusive a
la liquidación parcial de cesantías y extendió su ámbito de aplicación a todos los
servidores estatales, así como a las entidades que prestan servicios públicos y de
educación, es decir, involucró a todos los servidores del Estado no solo del nivel

30 La Corte Constitucional en sentencia SU-336 de 2017,30 en torno a los destinatarios de la Ley

1071 de 2006 consideró lo siguiente: «[…] (ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa
de la Ley 1071 de 2006 se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios
públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que prestan
servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel
nacional sino territorial …».

18

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

nacional sino territorial, lo cual permite que la sanción moratoria se torne viable
ante la tardanza en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o
definitivas, de los beneficiarios del régimen de retroactividad, en la medida que el
legislador no excluyó de la norma a los beneficiarios de tal régimen.

Distinta consecuencia tendría aquella reclamación de sanción moratoria por la
inoportuna consignación de las cesantías en el régimen de retroactividad, prevista
en la Ley 344 de 1996, artículo 13 y su Decreto reglamentario 1582 de 1998, así
como la Ley 50 de 1990, artículo 99, comoquiera que tales previsiones son
exclusivas del sistema de liquidación anual de la prestación.

Dilucidado la procedencia de la sanción moratoria del servidor público con régimen
de cesantías es el retroactivo, cuya fuente normativa invocada es la Ley 1071 de
2006 para su reconocimiento por el pago tardío de la liquidación de su prestación
social, encuentra la Sala que a pesar de que el actor se vinculara al servicio de la
Policía Nacional con anterioridad de la vigencia del Decreto 1252 del 2000 que
abrió paso al régimen de cesantías anualizado; en nada obstaculiza la aplicación
de dicha sanción moratoria, pues esta protege el pago oportuno de las cesantías
definitivas o parciales de los servidores públicos, situación disímil de la penalidad
del régimen anualizado para la consignación oportuna que debe hacer el
empleador en el fondo de cesantías el 15 de febrero de cada año.

Ahora bien, una vez aclarado que la sanción moratoria prevista para el pago
oportuno de las cesantías definitivas, se aplica de igual forma a los miembros de la
Fuerza Pública sin importar el régimen de cesantías al que pertenezcan, es
necesario verificar si en este caso se presentó el incumplimiento por parte de la
demandada. En el presente caso se presentaron los siguientes hechos:

Retiro del servicio 16 abril del 2018
Dado de Baja 7 de agosto del 2018
Presentación de la petición para el reconocimiento y pago de las cesantías 15 de agosto del 2018
Resolución que reconoce y ordena su liquidación y pago 5 de diciembre del 2018
Pago de la prestación 29 de octubre del 2019
Solicitud de reconocimiento de la indemnización moratoria 15 de agosto del 2018 y 6 de
febrero de 2019

Al tener en cuenta la fecha de la petición de reconocimiento de las cesantías
definitivas del actor, esto es, 15 de agosto de 2018 y de acuerdo con el artículo 4
de la Ley 1071 del 2006, la Policía Nacional debió expedir la resolución que
ordenaba el reconocimiento, liquidación y pago de la aludida prestación social
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, es decir,
tenía hasta el 6 de septiembre del 2018; no obstante, la entidad le reconoció el

19

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

auxilio hasta el 5 de diciembre del 2018, lo que deja ver claramente que resolvió la
petición por fuera del marco de temporalidad con que contaba para ello.

Al aplicarse la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, la cual estableció
que cuando el acto administrativo de reconocimiento de la prestación se expide de
forma extemporánea, la sanción moratoria empieza a correr una vez vencidos 70
días contados a partir de la presentación de la solicitud, hasta la fecha en que se
efectúe el pago total de la prestación. De tal manera que al 27 de noviembre del
2018 se vencieron los 70 días contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud del demandante, por lo que, la sanción moratoria empezó a correr desde
el 28 de noviembre del 2018.

Entonces, la penalidad se causó desde el 28 de noviembre de 2018, día posterior
al vencimiento de los 45 días con que contaba la Policía Nacional para pagar las
cesantías definitivas del actor, hasta el 28 de octubre de 2019, día anterior al pago
total de las cesantías definitivas que se realizó el 29 de ese mismo mes y año. La
penalidad se liquidará con base en la asignación básica vigente para el momento
de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación del tiempo, acorde
con la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 201831, esto es, con la
asignación del año 2018.

Ahora bien, en cuanto al medio extintivo de la prescripción, se tiene que en
sentencia de unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016, la Sección Segunda
estableció que la sanción moratoria está sujeta al término prescriptivo señalado en
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y su
exigibilidad es el momento mismo en que se produce la mora, por lo tanto, la
solicitud del empleado sobre un derecho o prestación debida, deberá efectuarse
dentro de los 3 años siguientes a la exigibilidad de la misma, so pena de la
prescripción.

Al descender al caso bajo estudio, observa la Sala que el actor elevó una primera
solicitud el 15 de agosto de 2018 y una segunda el 6 de febrero de 2019. En esa
medida, se tiene que la exigibilidad del derecho surgió a partir del 28 de noviembre
del 2018, de manera que, respecto de la primera petición es claro que no
resultaba posible que para ese momento solicitara el reconocimiento de la sanción
moratoria que aún no se había configurado. Respecto de la segunda petición,
encuentra esta colegiatura que entre la exigibilidad del derecho, esto es, 28 de
noviembre de 2018 y la fecha de la petición, valga decir, el 6 de febrero de 2019,
no transcurrió un término mayor de los 3 años con que contaba el actor para

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación por importancia jurídica, CE-SUJ-SII-012-2018, proceso
con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01

20

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

solicitar el reconocimiento de la penalidad, lo que permite concluir que el derecho
no prescribió.

2.5. Costas.

En el caso concreto, no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o
mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, razón por la cual, la Sala revocará la condena en costas
impuesta a la parte demandante.

3. Conclusión

La Sala encontró que el demandante tiene derecho al reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas, puesto que, la
Ley 1071 de 2006 hizo extensivo la aplicación de los términos para el pago
oportuno de dicha prestación social a los miembros de la Fuerza Pública, de modo
que, la penalidad prevista como consecuencia del incumplimiento en el término de
ley de la entidad empleadora en el pago del auxilio se aplica también a los
uniformados, sin perjuicio de que pertenezcan a un régimen especial. Además, el
hecho que el demandante gozara del régimen de retroactividad para la liquidación
de la aludida prestación social, no le impide ser beneficiario o destinatario de la
sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. – Revocar la sentencia proferida el 14 de junio del 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de la Ley 1071 del 2006 en el
proceso promovido por William Adenis Lancheros Casas contra la Nación,
Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por las razones expuesta en la parte
motiva de este proveído.

Segundo. - Declarar la nulidad parcial de la Resolucion 1046 del 5 de diciembre
del 2018 y en su totalidad de la Resolución 556 del 16 de agosto del 2019 y 3721
del 9 de septiembre del 2019 en cuanto negaron el reconocimiento de la
penalidad pretendida por el demandante.

21

Radicado: 25000234200020200022201 (4338-2022)
Demandante: William Adenis Lancheros Casas

Tercero.- Como consecución de la nulidad declarada, a título de restablecimiento
del derecho, condenar al Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reconocer y
pagar al demandante la sanción moratoria equivalente a un día de salario por
cada día de mora en el pago de las cesantías definitivas desde el 28 de
noviembre de 2018 hasta el 28 de octubre de 2019, penalidad que se liquidará
con base en la asignación básica vigente para el momento de la causación de la
mora, acorde con la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 201832,
esto es, con la asignación del año 2018.

Cuarto. - Sin condena en costas.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

32Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación por importancia jurídica, CE-
SUJ-SII-012-2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.